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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01479-01

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01479-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 87 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 9 de agosto de 2017, cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”. 88 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. […]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En segunda instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”. 63 Radicado: 25000233600020170147901 (66566) Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14 mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por los motivos plasmados en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a las sociedades MICROHARD S.A. y PROVEDATA S.A.S., miembros de la unión temporal Delta 01- 14. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de Computadores para Educar. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01479-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de julio de 2024

Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - CPACA
Radicación: 25000-23-36-000-2017-01479-01 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14
Demandado: COMPUTADORES PARA EDUCAR

TEMAS: DERECHO DE ASOCIACIÓN - tiene como fuente el artículo 38 de la Constitución de 1991
y, en el ámbito estatal, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 predica que las entidades públicas pueden
asociarse mediante convenios o a través de la conformación de personas jurídicas sin ánimo de
lucro. / PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PÚBLICAS - están sometidas al régimen
que les aplique a las entidades que las conforman. / OBLIGATORIEDAD DEL CONTRATO - el
acuerdo de voluntades es ley para las partes y no puede ser invalidado salvo consentimiento mutuo,
asimismo debe ser ejecutado de buena fe, en virtud de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil. /
NOVACIÓN - consiste en la sustitución de una nueva obligación por otra anterior, según el artículo
1687 del Código Civil. / CLÁUSULAS CONTRACTUALES CLARAS EN SU CONTENIDO - según el
artículo 1618 del Código Civil, conocida con claridad la intención de las partes, debe estarse sujeto
a aquella. / TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO - es la cantidad de pesos colombianos por
un dólar de Estados Unidos. - Es expedida diariamente por la Superintendencia Financiera de
Colombia con base en las operaciones económicas efectuadas el día hábil anterior. / CLÁUSULA
DE REAJUSTE POR LA VARIACIÓN DE LA TRM - para su aplicación era necesario que se
acreditara la TRM al momento de adjudicarse el contrato y la del día en que se pagó en dólares
estadounidenses, so pena de que no pudiera tenerse en cuenta. / PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO
• corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen, en los términos del artículo 167 del CGP.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la unión temporal DELTA 01-
14 contra la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La entidad sin ánimo de lucro Computadores Para Educar -en lo sucesivo CPE- y la
unión temporal Delta 01-14 -en adelante UT DELTA- suscribieron el contrato
No.115-14 del 18 de junio de 2014, cuyo objeto fue el suministro de 33.880
computadores y ratones en un plazo de 6 meses. Desde el pliego de condiciones
se estipuló que, dado que los bienes objeto del negocio eran foráneos, las

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Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

variaciones de la Tasa Representativa del Mercado -TRM- frente al dólar
estadounidense mayores o menores al 8,81% serían asumidas por la contratante
en el primer caso y por el contratista en el segundo escenario.

El contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2018 fue desatendido por UT DELTA
debido a que no efectuó las entregas de los bienes del suministro en tiempo y se
vio imposibilitada a cumplir con la marca pactada, por lo que suscribió con CPE
varias modificaciones, de cara a ampliar el interregno para satisfacer el objeto
negocial y para cambiar las especificaciones de los productos tecnológicos.

UT DELTA afirma que, bajo el contexto anterior, durante la ejecución del acuerdo
de voluntades de suministro hubo fluctuaciones a la TRM mayores a las previstas
por las partes desde el pliego de condiciones, lo que debía llevar a que se aplicara
en su favor la fórmula contractual por la oscilación de dicho índice y, como
consecuencia, se le debían reconocer los costos en que incurrió por encima del
8,81% frente a tal mecanismo, en el marco de la materialización negocial, de ahí
que pretende, en sede judicial, que se le paguen los emolumentos en cuestión,
debidamente indexados y junto con sus intereses.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 9 de agosto de 20171, UT DELTA, conformada por las empresas
MICROHARD S.A. y PROVEDATA S.A.S. -en adelante UT DELTA-, presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra
CPE, con el fin de que: i) se declare el incumplimiento del contrato de compraventa
No.115-14 del 18 de junio de 2014 respecto de la fórmula contractual de previsión
anticipada de riesgos, relacionada con la fluctuación del dólar y su TRM; y ii) se
reconozca en su favor la suma total de $2.584’936.665, por concepto de la
aplicación de la fórmula de reajuste por la variación de la TRM.

1 Folios 4 a 37 del cuaderno 1. La demanda fue subsanada, luego de ser inadmitida mediante
proveído del 28 de agosto de 2017, como obra en los folios 41, 43 a 46 y 72 a 104 del cuaderno 1.

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1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“6.1. Que se DECLARE que COMPUTADORES PARA EDUCAR, entidad
sin ánimo de lucro, de carácter estatal, identificada con NIT 830.079.479-
5, representada legalmente por el señor REYNEL FERNANDO BEDOYA
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 91’492.768 o por
quien haga sus veces INCUMPLIÓ el contrato de compraventa No. 115-
14 celebrado con UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14, el dieciocho (18) de
junio de 2014, respecto a la inaplicación de la fórmula contractual de
previsión anticipada de riesgos, relacionada con la fluctuación del dólar y
su TRM, contentiva en la página 98 del pliego de condiciones del proceso
de selección No. 001-2014, documento integrante y preponderante en el
contrato, de conformidad a la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del mismo
y, cuyo fin fue precisamente, precaver una fórmula de equilibrio
contractual, teniendo en cuenta eventuales fluctuaciones del dólar.

6.2. Que se ORDENE a COMPUTADORES PARA EDUCAR dar
aplicación a la fórmula contractual establecida en la matriz de riesgo de
los pliegos de condiciones integrantes del contrato de compraventa 115
de 2014, celebrado entre las partes.

6.3. Que en consecuencia, se CONDENE a COMPUTADORES PARA
EDUCAR a pagar a favor de UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14, de
conformidad al dictamen pericial aportado a esta demanda, las siguientes
sumas de dinero:

6.3.1. Por concepto de valor diferencial del cambio como resultado de la
aplicación de la fórmula de la TRM al momento de cada una de las
entregas de los bienes objeto del contrato, la suma total de MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
($1.533’734.756).

6.3.2. Por concepto de indexación desde los meses en que se efectuaron
cada una de las entregas hasta el día del vencimiento del contrato, esto
es, al 20 de febrero de 2015, la suma de DIECIOCHO MILLONES
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($18’069.511).

6.3.3. Por concepto de los intereses moratorios respecto al valor
relacionado en el numeral 6.3.1. de estas pretensiones, desde el día
siguiente al vencimiento del plazo del contrato -21 de febrero de 2015-,
hasta la fecha de presentación de esta demanda, y de conformidad a lo
establecido en el dictamen pericial allegado a la misma, la suma de MIL
TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($1.033’132.398).

6.4. En subsidio de la pretensión anterior 6.3.3., en caso de que el
honorable Tribunal manifieste no reconocer los intereses moratorios
desde la fecha en que COMPUTADORES PARA EDUCAR debió liquidar
y pagar el ajuste del contrato a UT DELTA 01-14, respecto de la suma
relacionada en la pretensión 6.3.1., conceder entonces en su lugar, la
indexación de dicha suma hasta la fecha de la respectiva sentencia,
ordenando previamente su liquidación.

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6.5. Que se ORDENE a COMPUTADORES PARA EDUCAR a indexar las
sumas establecidas como condena en la respectiva sentencia, hasta la
fecha en que se haga efectivo el pago.

6.6. Que se CONDENE EN COSTAS a la parte demandada”2.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, mediante la resolución 045 del 1 de abril de 2014, CPE abrió el
proceso de selección abreviada 001 de 2014, cuyo objeto fue seleccionar a los
contratistas que suministraran, a título de compraventa, computadores portátiles y
ratones, conforme a las cantidades y características previstas en la convocatoria.

1.3.2. Destacó que, en la cláusula decimocuarta del pliego de condiciones, la
entidad contratante reguló la matriz de riesgos del contrato “precaviendo
anticipadamente la forma en que reestablecerían el equilibrio económico del
contrato ante las eventuales fluctuaciones del dólar”, considerando que los
productos objeto del negocio serían fabricados en el exterior e importados.

En desarrollo de lo anterior, adujo que, una vez entregados los productos objeto del
contrato, se haría una revisión de los movimientos de la TRM para establecer su
comportamiento y, de oscilar más o menos del 8,81%, la variación dentro de ese
rango “será asumida como riesgo previsible por el proponente, futuro contratista y
la entidad”; empero, de superar tal percentil se entendería como una circunstancia
configurativa de sobrecostos que sería asumida en su totalidad por CPE.

1.3.3. Aseveró que, en virtud de la resolución No. 110 del 11 de junio de 2014, el
procedimiento de selección fue adjudicado a las empresas COMPUFACIL S.A.S.,
COMPUMAX COMPUTER S.A.S. y a UT DELTA, que funge como demandada en
el presente asunto.

1.3.4. Argumentó que, el 18 de junio de 2014, CPE y UT DELTA suscribieron el
contrato 115-2014, cuyo objeto fue “entregar a título de compraventa treinta y tres

2 Folios 44 a 45 y 94 a 95 del cuaderno 1.

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mil ochocientos ochenta (33.880) computadores portátiles y treinta y tres mil
ochocientos ochenta (33.880) ratones […]”.

1.3.4.1. En ese sentido, adujo que, en la cláusula decimocuarta del contrato,
denominada “documentos del contrato”, se estableció que harían parte del acuerdo
de voluntades: i) la propuesta presentada por el contratista y aceptada por el
contratante, ii) el acto administrativo de adjudicación y iii) los pliegos de
condiciones, así como que, en caso de contradicción entre aquellos, primarían las
reglas de contratación.

1.3.4.2. Igualmente, resaltó que en la cláusula segunda del contrato se convino la
suma de $17.857’913.670 como pago, emolumento que se justificó así:

ÍTEM CANTIDAD PRECIO IVA PREVIO IVA
UNITARIO INCLUÍDO
Computador 33.880 $519.628,48353 N/A $17.605’013.022
portátil
Ratones 33.880 $5.650 $904 $222’049.520
Cable HDMI 6.778 $3.925 $628 $30’851.128
TOTAL 17.857’913.670

1.3.4.3. También indicó que la forma de pago del valor del contrato se efectuaría
así: i) un anticipo del 10% del contrato por $1.785’791.367 y ii) el saldo restante en
forma proporcional, conforme con los bienes entregados, su recibo a satisfacción y
la presentación de la factura, dentro de los 15 días siguientes desde su radicación.

1.3.4.4. Por otro lado, destacó que las partes fijaron como plazo del contrato 6
meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento.

1.3.5. Consideró que, durante el desarrollo del contrato No. 115-2014, CPE profirió
la resolución 175 del 15 de septiembre de 2014, mediante la cual le impuso a UT
DELTA una multa por incumplimiento parcial en la primera entrega, por
$325’248.000. La decisión anterior fue objeto de recurso de reposición por parte de
la destinataria, la cual fue despachada desfavorablemente mediante proveído de la
misma fecha. Posteriormente, se revocó el acto administrativo de multa, pero, a
través de un acuerdo de transacción, se le pidió a la contratista pagar $300’000.000

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por concepto de retraso en la entrega de los equipos, emolumento que, en su
consideración, fue debidamente abonado.

1.3.6. Arguyó que, el 7 de octubre de 2014, las partes del contrato 115-2014
suscribieron el otrosí modificatorio No. 172-14, mediante el cual se ajustaron las
características técnicas de los equipos objeto del negocio, el plazo negocial y su
forma de pago, por la imposibilidad de su fabricación por el proveedor inicial, por lo
que el objeto se extendió hasta el 15 de diciembre de 2014.

1.3.7. Adicionó que, el 19 de diciembre de 2014, las partes del contrato 115-2014
suscribieron el otrosí modificatorio No. 222-02, mediante el cual, además de cambiar
las características técnicas de los equipos “por error en la fabricación de Acer”, se
ajustó nuevamente el plazo del contrato hasta el 31 de enero de 2015.

1.3.8. Precisó que, el 30 de enero de 2015, las partes del contrato 115-2014
suscribieron el otrosí No. 002-03, que modificó su plazo hasta el 15 de abril de 2015.

1.3.9. Indicó que, el 20 de febrero de 2015, “estando el contrato 115-2014 en fase
de liquidación”, UT DELTA solicitó a la entidad demandada cuantificar la variación
de la TRM de acuerdo con lo fijado en los pliegos de condiciones.

1.3.10. Amplió que, el 16 de marzo de 2015, CPE despachó desfavorablemente la
solicitud de UT DELTA, con sustento en que, si bien es cierto que la contratista
asumió la diferencia del dólar por arriba de $2.022,20, dicha obligación debía ser
contraída por la contratante “siempre que la variación se presentara dentro de las
fechas previstas en el contrato de compraventa”, lo que no sucedió.

1.3.11. Manifestó que, el 26 de marzo de 2015, UT DELTA puso de presente a CPE
su desacuerdo con la anterior respuesta y sumó que se configuró un desequilibrio
económico del contrato, instándola a asumir lo pactado, comunicado que, a su juicio,
no tuvo respuesta. Por ello, afirmó que el 4 de agosto de 2015 reiteró su petición.

1.3.12. Destacó que, el 11 de agosto de 2015, CPE emitió respuesta a sus
comunicados, negando lo pedido con base en que, al presentarse una variación
mayor de la TRM, sí se podía presentar un riesgo imprevisible, pero en todo caso el

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contratista debía demostrar el detrimento económico, sin incluir la utilidad esperada.
Adicionalmente, argumentó que la entidad fundó su negativa en el hecho de que
hubo modificaciones al plazo del contrato por causas imputables al contratista quien,
al momento de solicitarlas, tenía conocimiento del aumento de la TRM. Finalmente,
adujo que la entidad aseveró que no era posible acceder a tal pretensión, pues UT
DELTA fue objeto de una multa por incumplimiento.

Así pues, la parte actora arguyó que, según CPE, aunque se demostró con
suficiencia que el costo de ejecución del negocio jurídico fue más oneroso para el
contratista, ello no se debió a las decisiones monetarias tomadas por el Banco de
la República, sino “a la misma falta de adopción de medidas de tipo contingente por
parte del contratista para afrontar las variaciones de la moneda”.

1.3.13. Manifestó que las partes efectuaron comunicaciones cruzadas los días 13
de agosto, 30 de octubre, 4 y 23 de noviembre de 2015, dirigidas al reconocimiento
de la fórmula contractual pactada y al pago de lo adeudado, frente a las cuales CPE
se rehusó, solicitando pruebas de la mayor onerosidad y resaltando que la fórmula
por la fluctuación de la TRM se dispuso exclusivamente para el término inicialmente
previsto, antes de las modificaciones de que fue objeto el negocio jurídico.

1.3.14. Afirmó que, el 15 de diciembre de 2015, presentó a CPE las pruebas
solicitadas frente a los sobrecostos, frente a lo cual nunca obtuvo respuesta.

1.3.15. Resaltó que la variación de la TRM fue la siguiente durante la ejecución de
las entregas: en la primera 8,31%, en la segunda 10,18% y en la tercera 29,38%,
superando la previsión de la TRM establecida en el pliego de condiciones.

1.3.16. Argumentó que, el 9 de mayo de 2017, UT DELTA recibió una citación de
CPE para asistir el 11 de mayo de 2017 a una audiencia para la liquidación del
contrato 115-14, donde destacó que, cuando la contratista advirtió que efectuaría
salvedades, la contratante se rehusó a dar continuidad al trámite, con el fin de iniciar
el corte de cuentas unilateralmente, situación que, en todo caso, no sucedió.

1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, UT DELTA manifestó que la
ejecución del contrato 115-2014 tuvo dificultades como el incremento del costo real

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de adquisición de los productos dados en venta, por el hecho de una variación por
encima de los rangos estipulados en la fórmula de riesgos prevista por la entidad
contratante, lo que, en virtud de tales mandatos, debía a llevar a que dicha situación
fuera asumida por la contratista solo frente a la primera entrega, mientras que,
respecto de la segunda y tercera, debía ser responsable CPE.

Corolario de lo anterior, cuestionó que, en contravía de los principios de buena fe y
lealtad, CPE se ha rehusado a reconocer y efectuar los pagos adicionales de los
bienes obtenidos, de conformidad con lo convenido en el contrato y sus documentos
adjuntos y excusada en argumentos improcedentes como el hecho de que las reglas
sobre la estimación del riesgo por la variación de la TRM establecidas en el pliego
de condiciones no eran extensibles tras la modificación del acuerdo de voluntades.

En punto a lo expuesto, consideró que, si bien se le interpuso una multa por retrasos
en la primera entrega, aquella fue revocada, no solo porque mediaron circunstancias
de fuerza mayor, sino porque la entidad contratante se tardó en aprobar un nuevo
modelo mejorado de procesador, por lo que no podía tenerse en cuenta para efectos
de denegar un reajuste por el incremento de la TRM.

Asimismo, adujo que el hecho de que hubiera acordado nuevos plazos con el
contratista a través de múltiples otrosíes tampoco solventó los sobrecostos por el
incremento de la TRM, pues, igualmente, UT DELTA pagó la suma de $300’000.000
por el retraso inicial del suministro. Al efecto, aseveró que, además, en tales
modificaciones no se ajustaron las reglas en caso de que variara considerablemente
la TRM, lo que, con mayor razón, tornaba en imperativa su aplicación. A su vez,
cuestionó que se le hubiera pedido probar la mayor onerosidad por la variación de
la TRM, lo que, en su opinión, contravino la buena fe y la lealtad, pues consideró
que el pliego de condiciones no exigía que se tuviera que acreditar tal aspecto.

Por lo expuesto, concluyó que, con la negativa al reconocimiento de un reajuste por
el incremento de la TRM, CPE infringió el artículo 83 de la Constitución de 1991, el
numeral 4 del artículo 3 del CPACA, los artículos 4, 23, 26, 27 y 50 de la Ley 80 de
1993, los artículos 15 y 36 del Decreto 1510 de 2013, y el artículo 1602 del Código
Civil, referidos a la buena fe, el principio de responsabilidad, la ecuación contractual

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y la interpretación de las reglas negociales, lo que debía llevar a un reconocimiento
de los emolumentos que la demandada se rehusó a pagar.

Finalmente, solicitó que los intereses de mora se calcularan según el artículo 36 del
Decreto 1510 de 2013 y la Ley 80 de 1993 y estimó la cuantía en $1.533’734.756.

2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones

2.1. El 18 de diciembre de 20173, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los
requisitos de ley, decisión que fue notificada debidamente.

2.2. El 9 de mayo de 20184, CPE contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, con sustento en que no se incumplió la fórmula de fluctuación de la
TRM del contrato No. 115 de 2014, dado que, lo que en realidad sucedió es que UT
DELTA desatendió el negocio jurídico, lo que llevó a sendas modificaciones del
acuerdo de voluntades con el fin de conjurar la situación en comento.

Entre otros, formuló las excepciones de: i) falta de prueba de existencia de la unión
temporal, ii) conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, iii)
excepción de contrato no cumplido, iv) inexistencia de desequilibrio contractual y v)
violación al principio de la buena fe.

2.2.1. Al respecto, sostuvo que en el contrato No. 115 de 2014 se fijaron como
fechas de entrega de los bienes del suministro el 19 y 29 de agosto y el 10 de
septiembre de 2014, dentro del plazo de 6 meses del acuerdo de voluntades, lo cual
fue incumplido por el contratista, dado que para el 15 de septiembre ni siquiera se
había iniciado la producción de los equipos, riesgo que asumió previamente, por lo
que, en esa misma fecha, se le impuso una multa de carácter conminatorio.
También adujo que, si bien la multa contra UT DELTA fue revocada con

3 Folio 107 del cuaderno 1. El 25 de enero de 2018, CPE interpuso recurso de reposición contra el

auto admisorio de la demanda, por considerar que no se agotó integralmente el trámite de la
conciliación extrajudicial, el cual fue denegado mediante providencia del 20 de marzo de 2018, con
sustento en que existió una coincidencia entre los hechos y fundamentos de derecho de la solicitud
de conciliación extrajudicial y los del escrito inicial, sin que una y otro debieran coincidir con exactitud.
Folios 116 a 122 y 147 a 149 del cuaderno 1.
4 Folios 152 a 184 del cuaderno 1.

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posterioridad, ello no se debió a que se hubiera cumplido el negocio, sino a que se
efectuó una transacción frente a ese punto, en la cual la proveedora aceptó haber
desatendido sus obligaciones, de ahí que CPE recibió en su favor la suma de
$300’000.0000 “por concepto de retraso en la entrega de equipos relacionados”.

Seguidamente, anotó que, con el propósito de procurar el cumplimiento del contrato
No. 115 de 2014, aunque fuere tardío, y de evitar una excesiva onerosidad, suscribió
varios otrosíes, mediante los cuales amplió el plazo de entrega de los equipos
tecnológicos y aceptó el cambio de parte de sus especificaciones. Así, aseveró que,
dado que tales ajustes fueron originados en el actuar del propio contratista, por
contravenir la cláusula quinta del acuerdo de voluntades referida al plazo, en virtud
de la cual debía entregar los bienes adquiridos dentro de los tiempos establecidos
por ambas partes, este debía asumir las consecuencias de las modificaciones, sin
que por tal circunstancia se hubiera configurado un sobrecosto.

Por otra parte, manifestó que, si bien se previó una matriz de riesgos en el pliego
de condiciones frente a la fluctuación de la TRM, aquella se dispuso bajo el
entendido de que el plazo del contrato era de 6 meses, por lo que, naturalmente, no
cubría aspectos acaecidos de manera posterior. Así, precisó que la contratista sabía
que las variaciones de la TRM tuvieron como origen su propio incumplimiento, al
punto de que nunca solicitó a CPE la revisión de los movimientos de dicho índice
en cada entrega, como lo exigía el pliego de condiciones, sin que fuera dable
efectuar tal reparo de manera posterior, pues las reglas de contratación previeron
que ello debía hacerse de manera concomitante con cada suministro.

Asimismo, advirtió que, de entenderse que aplicaba la fórmula de fluctuación de la
TRM a los otrosíes “se tendría que aceptar que el rango de variación cambiaría de
acuerdo con la TRM del día en que se suscribieron cada uno de los otrosíes, caso
en el cual cada una de las entregas estaría dentro de ese nuevo rango” o, en otras
palabras, se debían tener como mínimos y máximos para la regla de la TRM los
existentes al momento en que cada modificación fue suscrita, circunstancia que
llevaría a que estuvieran dentro del porcentaje de oscilación permitido por las partes.

En punto a lo expuesto, afirmó que, si bien UT DELTA solicitó que se le reconociera
un sobrecosto por la fluctuación de la TRM, y aunque se la requirió para que

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aportara pruebas en ese sentido, no solo no demostró dicha situación, sino que
actuó de mala fe, pues incluso presentó facturas expedidas en pesos con un
proveedor nacional para que se le reconociera un monto mayor en su favor por la
variación de la TRM, aspecto que a todas luces era improcedente, dado que la
cláusula de asignación de dicho riesgo solo aplicaba frente a compras en dólares
estadounidenses. A su vez, adujo que allegó otras certificaciones donde se indicó
el valor adeudado, pero no cuánto se pagó.

2.2.2. Ahora bien, frente a la excepción de falta de prueba de la existencia de la
unión temporal, señaló que el apoderado de UT DELTA no solo debió aportar el
certificado de existencia y representación de los miembros que conformaron el
esquema asociativo, sino que también debió acreditar su existencia. Como
consecuencia, solicitó que se otorgara claridad sobre la comparecencia de la unión
temporal al proceso.

2.2.3. En cuanto a la excepción de conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad, adujo que “no existe identidad en las pretensiones de ambos escritos
[en referencia a la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda]” por el hecho
de que, mientras que al agotarse el requisito de la conciliación se formuló una
pretensión prevalentemente de desequilibrio económico, al radicarse el escrito
inicial se pasó a formular exclusivamente un incumplimiento negocial.

2.2.4. Frente a la excepción de contrato no cumplido, afirmó, en consonancia con lo
ya indicado, que UT DELTA incurrió en una desatención de sus obligaciones
contractuales en cuanto al plazo del suministro de computadores y ratones, de ahí
que no podía formular un reparo por un supuesto desconocimiento de la fórmula de
la fluctuación de la TRM por CPE luego del interregno inicialmente convenido para
la ejecución del objeto contractual, en tanto cualquier circunstancia consolidada
fuera de los 6 meses inicialmente pactados no fue prevista dentro de dicha pauta.

2.2.5. Respecto a la excepción de inexistencia de desequilibrio contractual,
consideró que tal circunstancia no se configuró, ya que CPE mantuvo el equilibrio
de la ecuación financiera del contrato y solo fue modificado por causas atribuibles a
UT DELTA, aunado a lo cual el contratista no acreditó una mayor onerosidad, en
especial porque, en su opinión, el extremo pasivo de la relación negocial adquirió

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los computadores y ratones a un proveedor colombiano, de ahí que no se vio
afectado por la variación de la TRM.

2.2.6. En relación con la excepción de violación del principio de buena fe, indicó que
UT DELTA desatendió ese mandato por pretender el reconocimiento de un monto
adicional por variaciones de la TRM respecto a un plazo contractual adicional al
inicialmente pactado y extendido por su culpa, teniendo en cuenta que los bienes
objeto del suministro fueron comprados previamente a un distribuidor colombiano.

2.2.7. Finalmente, CPE solicitó que la parte demandante fuera condenada en
costas, pues no debía prosperar ninguna de sus pretensiones.

3. Audiencia inicial

3.1. El 5 de febrero de 20195, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevó a
cabo la audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno que debiera ser
saneado. Luego, se pronunció sobre las excepciones de falta de prueba de la
existencia de la unión temporal, falta de agotamiento del requisito de la conciliación
extrajudicial, caducidad y falta de legitimación en la causa (estas dos últimas de
oficio).

3.1.1. Frente a la excepción de falta de prueba de la existencia de la unión temporal
o inexistencia de la parte demandante, indicó que, contrario a lo señalado por la
parte demandada, se acreditó la existencia de UT DELTA, ya que los demandantes
aportaron el documento de conformación del esquema asociativo, por lo que se
desestimó el medio exceptivo.

3.1.2. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, estimó que no se configuró en el sub-lite, habida cuenta de que no
se requiere una congruencia exacta entre las pretensiones formuladas al agotar la
conciliación extrajudicial y las de la demanda y, en el asunto de estudio, si bien no
existe una identidad total entre aquellas, “lo cierto es que si tienen un mismo objeto
y es solicitar el cobro de lo no pagado respecto de la diferencia en el TRM del dólar”.

5 Folios 190 a 197 del cuaderno 1 y minutos 1:00 a 1:00:29 del CD allí anexado.

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3.1.3. Seguidamente, descartó que hubiera operado la excepción de falta de
legitimación en la causa, ya que UT DELTA fungió como contratista del acuerdo de
voluntades No. 115 de 2014 frente al cual se efectuaron reproches y,
correlativamente, CPE fue la entidad contratante del vínculo negocial, de ahí que
ambas se encuentran habilitadas para acudir al proceso.

3.1.4. Entretanto, también desestimó que hubiera operado la caducidad,
considerando que el plazo del contrato No. 115 de 2014, contando sus
modificaciones, feneció el 15 de abril de 2015 y que la oportunidad para liquidarlo -
bilateral y, luego, unilateralmente- finalizó el 16 de octubre de 2015. Así, como el
trámite de la conciliación extrajudicial se surtió entre el 22 de julio y el 31 de agosto
de 2016, la demanda podía ser presentada hasta el 6 de diciembre de 2017 y, dado
que se radicó el 9 de agosto de 2017, fue presentada en tiempo.

3.2. Posteriormente, se fijó el litigio, en el entendido de determinar si:

i) CPE incumplió el contrato de compraventa No. 115 de 2014, por no
aplicar la fórmula por la fluctuación de la TRM del dólar durante la
ejecución negocial.

ii) En caso de que prospere lo anterior, si CPE debe reconocer a UT DELTA
la suma de $1.533’734.756 y los intereses causados hasta la fecha de la
sentencia, así como la indexación de los emolumentos, por no haber
aplicado la regla de fluctuación de la TRM.

Finalmente, se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las
partes, el dictamen pericial allegado por UT DELTA y el interrogatorio de parte de
dicho esquema consorcial, por medio de su representante legal.

El dictamen pericial fue objetado por error grave por la parte demandada, con
sustento en que no era afín a la realidad económica del contrato y desconoció, entre
otros, que ya se había pagado un anticipo en favor de UT DELTA; sin embargo, el
a quo concluyó que resolvería tal aspecto en la sentencia.

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4. Audiencia de pruebas

El 17 de septiembre de 20196, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó
la audiencia de pruebas en la cual recaudó la declaración de parte de UT DELTA,
a través de su representante legal, el señor José Luis Amaya Morales, así como se
llevó a cabo la contradicción del dictamen pericial incorporado como prueba, por lo
que el perito Hernando Rodríguez Figueroa rindió el alcance de la experticia.

5. Alegatos de conclusión

Una vez finalizada la práctica de pruebas, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito,
respectivamente7.

5.1. UT DELTA presentó alegatos de conclusión8 y reiteró la posición formulada en
su escrito inicial, encaminada a advertir que CPE incumplió el contrato No.115-14
del 18 de junio de 2014 por no aplicar en su favor la fórmula de reajuste por
incremento de la TRM, aspecto frente al cual destacó que, si bien el acuerdo de
voluntades fue modificado en distintas ocasiones, la regla en comento debía ser
extensible a los ajustes, pues las partes no convinieron cláusula en contrario.

5.2. CPE alegó de conclusión9 y reafirmó los razonamientos presentados en
oportunidades procesales precedentes, entre ellos que UT DELTA incumplió el
plazo del contrato No.115-14 de 2014 y ello fue lo que originó los mayores costos
que viene reclamando, sin que a la entidad contratante le corresponda asumir
fluctuaciones de la TRM acaecidas luego de los 6 meses iniciales convenidos para
materializar el objeto negocial, entre otros, porque los bienes dados en suministro
fueron adquiridos en pesos colombianos y no en dólares, así como la reclamación
por tal motivo no se hizo en el interregno exigido en el pliego de condiciones.

5.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

6 Folios 204 a 206 del cuaderno 1 y minutos 1:00 a 1:22:30 del CD allí anexado.
7 Folio 205 del cuaderno 1.
8 Folios 215 a 229 del cuaderno 1.
9 Folios 207 a 214 del cuaderno 1.

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6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de julio de 202010, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
por considerar que fue UT DELTA quien incumplió el contrato No.115-14 del 18 de
junio de 2014 en cuanto a la fecha de entrega y las condiciones técnicas de los
bienes del suministro y, dado que ello fue la circunstancia que desencadenó que
tuviera que asumir una variación de la TRM, no podía endilgarle tal aspecto a CPE.

6.1. Al respecto, adujo que quedó acreditado que UT DELTA incumplió la obligación
de entregar los bienes adquiridos en suministro en las fechas de entrega pactadas
y según las especificaciones exigidas, dado que tuvo problemas con la provisión de
los elementos tecnológicos que llevaron a que tuviera que solicitar la modificación
del plazo negocial y a que se cambiara la marca de los productos, aspecto frente al
cual no se demostró que tales circunstancias hubieran acaecido por una fuerza
mayor o un caso fortuito sino que, en realidad, sus “causas fueron totalmente ajenas
a la esfera contractual, pues se originó por la falta de supervisión y control del estado
de fabricación de los equipos Heritage Group”.

En tal virtud, arguyó que, como el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 se
extendió por culpa del actuar negligente de UT DELTA, no podía aplicarse la fórmula
de reajuste por incremento de la TRM, establecida en los pliegos de condiciones,
en su favor, pues dicho mecanismo solo fue previsto para el plazo inicial del contrato
y no era extensible a interregnos adicionales ocasionados por un incumplimiento,
de ahí que “no era procedente su reconocimiento, toda vez que la misma [en
relación con la alteración de la TRM] fue responsabilidad absoluta del contratista
por no cumplir con los plazos de entrega” (aclaración añadida).

6.2. Por otra parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que UT
DELTA no formuló sus reparos frente a la variación de la TRM oportunamente, ya
que el pliego de condiciones indicó que debía manifestarlos al momento de efectuar
las entregas realizadas, pero aquellos se presentaron una vez finalizado el acuerdo

10 Archivo 18 del índice 3 del expediente digital en la plataforma SAMAI.

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de voluntades. De ese modo, concluyó que no había lugar a aplicar la fórmula de
reajuste por incremento de la TRM frente a las modificaciones del contrato No.115-
14 del 18 de junio de 2014, en tanto existía un intervalo para su procedencia, el cual
se dejó fenecer por la parte contratista.

6.3. Con base en todo lo expuesto, concluyó que, dado que UT DELTA incumplió el
contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014, lo que derivó en el cambio de la marca
de los bienes del suministro y en una ampliación del plazo por su mora, las
variaciones de la TRM acaecidas en el plazo adicional del negocio jurídico no podían
ser asumidas por CPE en virtud de la fórmula de reajuste por incremento de la TRM,
sino que eran de entera responsabilidad de la parte contratista, dado que acaecieron
en un período del contrato que se extendió por su mora obligacional.

7. Recurso de apelación

7.1. El 29 de julio de 202011 UT DELTA presentó recurso de apelación, que fue
concedido el 20 de octubre de 202012 y admitido el 19 de marzo de 202113.

En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 fue incumplido
por CPE, dado que se rehusó a aplicar la fórmula contractual por la fluctuación de
la TRM en su favor, excusada en las modificaciones de que fue objeto el acuerdo
de voluntades, sin que aquellas fueran suficientes para desestimar extender dicha
figura al contratista, ante la variación del cambio del dólar estadounidense.

7.1.1. En tal sentido, advirtió que el a quo desconoció la voluntad de las partes
plasmada en: i) los diferentes otrosíes, consistentes en modificaciones acordadas
respecto al plazo y algunas especificaciones técnicas de los equipos; ii) la
transacción efectuada entre las partes el 6 de octubre de 2015 y sus efectos y iii) la
liquidación que se intentó efectuar de forma bilateral, donde CPE reconoció el
cumplimiento integral del acuerdo de voluntades, dado que en tales actuaciones los

11 Carpeta 16 del índice 3 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
12 Carpeta 17 del índice 3 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
13 Folio 235 del cuaderno 1.

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sujetos negociales manifestaron su conformidad con la forma en que se venía
ejecutando el objeto negocial, tanto así que continuaron llevándolo a cabo, y aun
así el Tribunal concluyó que hubo un incumplimiento continuado de UT DELTA.

Efectivamente, advirtió que CPE aceptó modificar el contrato de suministro y, con
tal visto bueno, demostró que existía una aquiescencia con la forma en que se iba
ejecutando el negocio y que, sencillamente, era necesario efectuar ciertos ajustes
que no solo se originaron en circunstancias atribuibles a la contratista, sino también
a la parte contratante. Así pues, arguyó que las modificaciones no podían hacer
nugatoria la fórmula de fluctuación de la TRM ya que, aunque esta se estipuló en el
pliego de condiciones, estaba hecha para ser aplicada en el contrato y sus adendas
modificatorias sin distingo, sin que la parte demandada hubiera demostrado que se
restringió solo al contrato inicial.

A su turno, consideró que, con la transacción efectuada por su incumplimiento,
quedó solventada la situación de desatención negocial inicialmente acaecida.
Igualmente, con los otrosíes se otorgaron nuevos plazos, de ahí que hubo una
“novación” de las obligaciones a su cargo y no un incumplimiento reiterado.
Finalmente, con el intento de liquidación quedó constancia de que satisfizo el objeto
negocial integralmente. Así, en su criterio ninguna de aquellas circunstancias podía
llevar a que se le endilgara la variación de la TRM, so pena de infringir el principio
de pacta sunt servanda, por el hecho de que cualquier desatención que hubiera
habido de su parte fue superada por ambos sujetos negociales sin reparos, aunado
a lo cual se entregaron todos los bienes del suministro.

En ese contexto, cuestionó que se le hubiera atribuido el acaecimiento del riesgo de
variación de la TRM, bajo la premisa errada de que el contrato No.115-14 del 18 de
junio de 2014 no podía tener ninguna alteración, pues ello llevaría a que fuera
imposible aplicar la fórmula de fluctuación de la TRM, ya de que los negocios
jurídicos no son pétreos, sino que pueden ser ajustados durante su ejecución por
circunstancias imprevistas o extraordinarias y ello no puede llevar a que las reglas
para hacer frente a un desequilibrio económico resulten siendo inocuas.

7.1.2. Asimismo, puso de presente que, en caso de que CPE no hubiese querido
celebrar ninguno de los otrosíes, habría tenido que elegir a un nuevo contratista,

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teniendo que asumir el mayor costo del dólar a su cargo, de ahí que, con mayor
razón, debía hacerse responsable por las modificaciones del negocio jurídico de
suministro. En ese punto precisó que no todos los otrosíes se fundaron en un
incumplimiento y, además, que son herramientas comunes del negocio jurídico para
solventar situaciones que se presenten durante su ejecución.

7.1.3. Entretanto, aseveró que antes de los vencimientos de los plazos de entrega,
“el contratista le informaba a la entidad CPE -tal y como se estableció en el contrato
en la cláusula quinta- de cualquier obstáculo o problema que se le pudiera
presentar, lo cual terminaba en un acuerdo entre las partes plasmado en los
diferentes otrosíes”, de ahí que consideró que sí advirtió de las desavenencias por
la fluctuación de la TRM en tales momentos.

De todos modos, argumentó que las reclamaciones derivadas de la variación de la
TRM no solo se podían realizar al final de cada entrega del suministro, sino también
en la fase de liquidación del contrato, de suerte que sus reparos frente a ese aspecto
fueron formulados en tiempo, dado que a partir del 20 de febrero de 2015 puso en
conocimiento de CPE la necesidad de que aplicara la fórmula por tal desbalance.

7.1.4. En suma, el reproche de la apelación se encaminó a sostener que CPE
incumplió el contrato No.115-14 de 2014 por no aplicar la fórmula de variación de la
TRM sustentada en que hubo un incumplimiento negocial, cuando en realidad aquel
fue superado mediante varios otrosíes y una transacción, por lo que no podía
invocarse dicha situación para denegar un sobrecosto. Así, estimó que la conducta
descrita vulneró los mandatos de pacta sunt servanda, novación, buena fe,
responsabilidad, equivalencia contractual, e interpretación de las reglas negociales.

8. Actuación en segunda instancia

Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el 7 de mayo de 202114, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.

14 Folio 237 del cuaderno 1.

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8.1. CPE allegó alegatos de conclusión15 y reafirmó que, dado que UT DELTA
incumplió el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 en cuanto al plazo y las
especificaciones de los bienes dados en suministro, no era válido que se aplicara
en su favor la fórmula de reajuste de la TRM, pues las oscilaciones del valor del
dólar estadounidense luego del período inicialmente pactado para la ejecución
negocial debían ser asumidas a su cargo, dado que la extensión del tiempo de
ejecución fue imputable a su actuar. A su vez, reprochó que, de todos modos, la
reclamación sobre la fluctuación del dólar estadounidense fue tardía.

8.2. UT DELTA alegó de conclusión16 y ratificó que las modificaciones de que fue
objeto el contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014 en el plazo y las
especificaciones de los bienes del suministro no podían ser óbice para que se
reconociera la aplicación de la fórmula de reajuste de la TRM por la variación del
precio del dólar americano.

8.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) régimen del contrato No.115-14 del 18
de junio de 2014, (3) procedencia del medio de control, (4) oportunidad de la
demanda incoada, (5) legitimación en la causa, (6) problema jurídico, (7) hechos
probados, (8) solución al problema jurídico y (9) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10417 del CPACA, vigente para la fecha de

15 Índice 15 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
16 Índice 16 del expediente digital en la plataforma SAMAI.
17 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá

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presentación de la demanda, pues el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014
fue suscrito por Computadores Para Educar -en tanto persona jurídica pública sin
ánimo de lucro-, con ocasión del procedimiento de selección abreviada 001 de 2014,
como se pasa a explicar.

1.1. Mediante documento privado del 22 de noviembre de 2000 el otrora Fondo de
Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA constituyeron, por una vigencia de 10 años, la asociación sin
ánimo de lucro Computadores para Educar, con base en el documento CONPES
3063 del 23 de diciembre de 1999 y el Decreto 2324 de 2000, en los cuales se
instituyó la implementación de un programa con el mismo nombre dentro de la
estrategia de “acceso a la infraestructura de información” y se dictaminó que este
se llevaría cabo “mediante mecanismos de colaboración entre entidades públicas”.
Seguidamente, en 2010 y 2020, mediante asambleas generales de asociados, se
extendió la vigencia de la asociación por veinte años más, hasta el año 2030.

En la actualidad, CPE es una entidad con personería jurídica propia y patrimonio
independiente, con un 100% de capital público y sus asociados son el Fondo de TIC
-hoy Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-, el
Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA18.

1.2. Al respecto, el artículo 3819 de la Constitución prevé el derecho de asociación
para el desarrollo de todo tipo de actividades, normativa que, en el ámbito público-
administrativo, fue desarrollada por el artículo 9520 de la Ley 489 de 1998, en el cual

de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”. Se precisa que al presente asunto le son aplicables la
Ley 1437 de 2011 -CPACA- y la ley 1564 de 2012 -CGP-, en virtud de lo previsto en el artículo 306
del primer estatuto mencionado, sin incluir la reforma de la Ley 2080 de 2021, ya que no se
encontraba vigente para la fecha de presentación de la demanda y del recurso de apelación.
18 Tal y como consta en el manual de contratación CT-001-M de noviembre de 2023 de

Computadores para Educar y en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
Comercio de Bogotá del 22 de enero de 2018, obrante de folios 133 a 138 del cuaderno 1.
19 “Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas

actividades que las personas realizan en sociedad”.
20 “Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el

fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. // Las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones
previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos
internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”.

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se prescribió que las entidades públicas podrían asociarse para cooperar en el
cumplimiento de sus funciones o prestar conjuntamente servicios a su cargo,
mediante la celebración de convenios interadministrativos, o por la conformación de
personas jurídicas sin ánimo de lucro, en cuyo caso se sujetarían a las normas del
Código Civil únicamente “en las normas para las entidades de este género”.

Sobre el artículo en comento, la Corte Constitucional21 se pronunció respecto de su
constitucionalidad, en el sentido de declararlo exequible, pues era totalmente válido
que el legislador permitiera la asociación de entidades públicas para desarrollar
actividades propias de sus cometidos y funciones y en procura del interés general;
sin embargo, condicionó tal decisión a que, “en todo caso, el ejercicio de
prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la
contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades
estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias”.

Por tanto, el derecho de asociación explicado con anterioridad y concretado, en lo
relativo a las entidades públicas, por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se
materializa a través de, entre otros, la constitución de asociaciones sin ánimo de
lucro entre aquellas, de ahí que el ente conformado en virtud de tal figura también
sea considerado una entidad pública, dada su estructuración y, así, puede ser objeto
de procesos judiciales para defender sus derechos y/o oponerse a las pretensiones
del caso, máxime si se tiene en cuenta que el literal g) del numeral 2 del artículo 38
de la precitada normativa considera que serán entidades públicas descentralizadas
“las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree,
organice o autorice la ley, para que formen de la Rama Ejecutiva del Poder Público”.

21 Corte Constitucional. Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999. Se precisa que, no obstante,

la exequibilidad condicionada del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se declaró inexequible el
parágrafo único de dicha disposición por una falta de unidad de materia, debido a que “no guarda
ningún tipo de relación con el objeto de dicha ley, pues […] no versa sobre organización o
funcionamiento de entidades nacionales, ni su contenido normativo establece principios o reglas para
el ejercicio por el Presidente de la República de las atribuciones que, con sujeción a la ley, se le
asignan en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Carta, ni tampoco se trata en dicho parágrafo
de regular la "asociación entre entidades públicas", sino que lo que en él se disponen es que
entidades de derecho privado, cuales son las allí mencionadas se rijan "por sus actos de
conformación", lo que es apenas obvio y "en lo pertinente", por lo dispuesto en el referido artículo
95, asunto que es extraño por completo tanto al objeto de la ley en general como al de la norma a la
cual se integra el parágrafo aludido que no tiene, por ello, soporte constitucional sino que, al contrario,
aparece como violatorio de los preceptos contenidos en los artículos 158 y 169 de la Carta Magna
por ausencia de conexidad temática con la materia de la cual trata la ley en mención”.

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1.3. En virtud de lo expuesto, para la Sala no cabe duda de que Computadores para
Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con un
capital 100% estatal, que fue constituida en ejercicio de lo previsto en los artículos
38 de la Constitución de 1991 y 95 de la Ley 489 de 1998, que tiene a cargo el
acceso, uso y apropiación de la tecnología en el ámbito educativo nacional y que
cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales, ya sea como
demandante o como demandada.

1.4. Por lo anterior, es claro que la Subsección es competente para conocer del
asunto, debido a que el procedimiento de selección abreviada 001 de 2014 y el
contrato No. 115-14 de 2014 suscrito en virtud de aquel fueron efectuados por CPE,
en tanto persona jurídica sin ánimo de lucro de naturaleza pública.

1.5. Finalmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con el artículo 15022 y el numeral 5 del artículo 15223
del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta
que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda, 9 de agosto de
2017, supera los 500 S.M.L.M.V.24.

2. Régimen del contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014

Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico del contrato No. 115-14 del 18 de junio de

22 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
23 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
24 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de

controversias contractuales. La parte demandante estimó la mayor cuantía en $1.533’734.756,
monto que excedió 500 veces la suma de $737.717 (737.717 x 500 = $368’858.500), que
correspondía al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda
-9 de agosto de 2017-.

22

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2014 que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene especial
incidencia en su naturaleza y en el marco normativo sobre la base del cual se
evaluará la existencia de un incumplimiento de la obligación de aplicar la cláusula
por fluctuación de la TRM.

2.1. Sobre el particular y como ya se explicó, la Corte Constitucional, al estudiar la
conformidad con la Constitución del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, referido a las
asociaciones entre entidades públicas, condicionó su exequibilidad a que el ejercicio
de prerrogativas públicas y el régimen de sus actos administrativos y contratos
serían los propios de las entidades estatales. A su vez, advirtió que las asociaciones
se sujetarían al mismo régimen que, en consonancia con la naturaleza de las
entidades participantes y el régimen propio de función administrativa o de servicio
público a su cargo hubiere señalado la ley de creación o autorización de estas25.

Efectivamente, esta Subsección ha considerado que, en tratándose de asociaciones
constituidas en virtud del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, la normativa aplicable
en materia contractual “se encuentra sujeta al régimen de actos y contratos propio
de los entes que la conforman”26, por manera que se deben establecer las
disposiciones jurídicas en sede contractual que rigen las entidades que integran la
persona jurídica sin ánimo de lucro, para así determinar las fuentes de derecho a
las cuales esta última está sometida27.

2.2. En ese sentido, partiendo de la premisa de que para la fecha de los hechos de
la demanda CPE estaba conformada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, el Fondo TIC -Fondo Único de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones-, el Ministerio de Educación Nacional y el
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA28, corresponde determinar el régimen de
dichas entidades, para así definir el que rige a la asociación demandada,
suscribiente del negocio jurídico impugnado.

25 Op. Cit. Corte Constitucional. Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2023. Radicado

25000-23-36-000-2014-00450-01 (56370).
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado

05001-23-31-000-2012-00257-01 (60908).
28 En efecto, hasta 2019 CPE estuvo conformada por las entidades mencionadas y, a partir de 2020,

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones dejó de hacer parte de la
asociación, tal y como obra en los manuales de contratación CT-001-M de diciembre de 2019 y CT-
001-M de diciembre de 2020 de la entidad.

23

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2.2.1. Respecto a los Ministerios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y de Educación Nacional, así como frente al establecimiento
público del orden nacional denominado Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA29,
se evidencia que el régimen que los rige es el de la Ley 80 de 1993 y sus reformas,
así como el derecho civil y mercantil, debido a que su artículo 1330 indicó que
estarían sometidos a tales disposiciones jurídicas las entidades enlistadas en el
artículo 231, entre ellas las anteriormente referidas.

2.2.2. Ahora bien, inicialmente el Fondo TIC fue previsto como una unidad
administrativa especial de carácter nacional, según el artículo 34 de la Ley 1341 de
200932 lo que se mantuvo con la promulgación de la Ley 1978 de 201933. A su vez,

29 Ley 119 de 1994. “Artículo 1. Naturaleza. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un
establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
30 “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las

entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. // Los
contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde
se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia […]”. (Negrilla añadida).
31 “Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos

de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos,
las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones
de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación
pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes
y niveles. // b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías
departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las
superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos […]”. (Negrillas
añadidas).
32 “Artículo 34. Naturaleza y objeto del fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Fondo de Comunicaciones de que trata el Decreto 129 de 1976, en adelante se denominará Fondo
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial
del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. // El objeto del Fondo es financiar los planes,
programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal
cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, así como apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia
Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el
cumplimiento de sus funciones”. (Negrilla añadida).
33 “Artículo 21. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así: Artículo 34.

Creación del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), se denominará Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial
del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los recursos del Fondo Único de Tecnologías

24

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no se previó ningún régimen exceptuado a sus asuntos contractuales, por lo que se
rigen por la Ley 80 de 1993 y sus reformas, así como por el derecho común en lo
no regulado en dicho estatuto, considerando que el artículo 2 ejusdem enlistó a
dicho tipo de entidades dentro de las sometidas a tal normativa.

2.3. A partir del esbozo anterior, las entidades públicas que conformaron a la
persona jurídica sin ánimo de lucro CPE estaban totalmente regidas por la Ley 80
de 1993 y el derecho civil y mercantil, por lo que esta última asociación también
estaba sometida a esas disposiciones jurídicas, en especial, si se tiene en cuenta
que, según el pluricitado artículo 2 de dicho estatuto, toda persona jurídica con una
participación pública superior al 50%, como lo es la aquí demandada, es
considerada una entidad estatal y, en virtud del artículo 13 referido anteriormente,
se encuentra sujeta a las fuentes descritas, así como sus contratos son catalogados
estatales, por lo que la Sala estudiará el presente asunto bajo ese derrotero.

3. Procedencia del medio de control

En virtud de lo previsto en el artículo 14134 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que

de la Información y las Comunicaciones conformarán una cuenta especial a la que se le integrará el
Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV) de que trataba la Ley 1507 de
2012. Los derechos, el patrimonio y los recursos de FonTIC y de FonTV harán parte del Fondo Único
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley. Esto incluye la cesión de la posición contractual administrativa y judicial de FonTIC y
de FonTV. […]”. (Negrilla añadida).
34 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.

25

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acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

En la medida en que la controversia formulada en el sub judice se refiere a la
responsabilidad contractual de CPE por desconocer las obligaciones contenidas en
el contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014, el medio de control procedente es
el de controversias contractuales, ya que se está ventilando la desatención de
múltiples disposiciones de un contrato estatal por un incumplimiento.

4. Oportunidad del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general35, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial, que resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción36 y ofrecer estabilidad del

35 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.

Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.

26

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derecho, de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Efectuadas las precisiones conceptuales que anteceden, la Sala estima necesario
advertir que, según lo previsto en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo
16437 del CPACA, CPE contaba con dos años para impugnar el contrato, contados
a partir de cumplidos 2 meses desde el vencimiento del plazo convenido para
liquidarlo bilateralmente.

En ese sentido, se encuentra que el plazo del contrato No. 115-14 del 18 de junio
de 2014, luego de haber sido modificado mediante los otrosíes 172-14, 222-02 y
002-02, se extendió hasta el 15 de abril de 2015 y 4 meses más, es decir, hasta el
15 de agosto de 2015, fecha en la cual feneció el acuerdo de voluntades.

Así las cosas, dado que el contrato referenciado finalizó el 15 de agosto de 2015, y
en consideración a que los sujetos negociales estipularon en la cláusula
decimonovena38 del acuerdo de voluntades que se liquidaría en los términos del
artículo 11 de la Ley 1150 de 200739, esto es, de forma bilateral dentro de los 4
meses siguientes a la terminación y en forma unilateral dentro de los 2 meses

37 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento […]. En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] v) En los que requieran de liquidación y
esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”.
38 Folio 62 del cuaderno 2.
39 “Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará

de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. // Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. // Los
contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo”.

27

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posteriores, en el sub examine se contaba hasta el 16 de diciembre de 2015 para
convenir el cruce de cuentas, por lo que los 2 meses para que comenzara a correr
el derecho de acción finalizaron hasta el 16 de febrero de 2016, fecha a partir de la
cual los dos años para demandar transcurrieron hasta el 16 de febrero de 2018.

Debido a que UT DELTA radicó el escrito inicial el 9 de agosto de 2017, claramente
fue presentado en término, al margen de que la etapa de conciliación extrajudicial
se surtió entre los días 22 de julio de 2016, cuando se radicó la solicitud en tal
sentido y el 31 de agosto de 2016, cuando se profirió el acta de no conciliación40.

5. Legitimación en la causa

Los miembros de UT DELTA41 se encuentran legitimados en la causa por activa,
debido a que fungieron como la parte contratista del acuerdo de voluntades No. 115-
14 del 18 de junio de 2014, frente al cual se alega un incumplimiento. En el mismo
sentido, CPE se encuentra legitimado en la causa por pasiva, ya que llevó a cabo
el proceso de selección abreviada 001 de 2014 y en el marco de aquel suscribió el
negocio jurídico impugnado por UT DELTA.

6. Problema jurídico

En virtud de los antecedentes descritos, corresponde a la Sala determinar si CPE
incumplió el contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014 por rehusarse a aplicar la
fórmula de reajuste por variaciones de la TRM, prevista en el pliego de condiciones
del procedimiento de selección abreviada 001 de 2014, a los plazos adicionados
mediante los otrosíes de que fue objeto el negocio jurídico, o si por el contrario dicho
mecanismo no era extensible a aquellos, debido a que: i) se previó solamente para
el intervalo del acto jurídico sin los ajustes, ii) la contratista no formuló la solicitud
dentro del plazo prestablecido para tal efecto y/o iii) incumplió sus obligaciones, así
como tampoco allegó pruebas respecto del pago para poder determinar la oscilación
de la divisa, lo que impedía reconocer alguna suma adicional en su favor.

40 Folios 58 a 71 del cuaderno 1.
41 UT DELTA fue conformada por las sociedades Microhard S.A.S. y Provedata S.A.S. -cada una con

un porcentaje de participación del 50%- mediante documento del 23 de abril de 2014, como obra en
el documento de folios 56 a 57 del cuaderno 1.

28

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Solo en caso de que prospere lo anterior, se debe pasar a definir si hay lugar a
reconocer algún saldo en favor de los miembros demandantes de UT DELTA por
concepto de indemnización de perjuicios.

7. Hechos probados

En el marco de lo expuesto, se procederá a establecer cuáles son los hechos
probados que resultan jurídicamente relevantes para decidir la controversia
sometida a juicio en esta instancia. Para tal efecto, la Sala analizará los documentos
aportados al proceso y el interrogatorio de parte recaudado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 24642 del CGP.

7.1. La subasta No. 001 de 2014 para la adquisición de portátiles y mouses

7.1.1. El 10 de marzo de 201443 CPE dio apertura a la selección abreviada “bajo la
modalidad de subasta electrónica No 001 de 2014” luego de haber realizado los
estudios previos del caso, mediante la cual se buscó “seleccionar a los contratistas
que suministren, a título de compraventa, portátiles y ratones, conforme a las
cantidades y características previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones”.

Para el efecto, en el pliego de condiciones44 se indicó que la contratación a celebrar
se justificó en la necesidad de dotar a distintos colegios oficiales del país con
computadores de alta tecnología, para promover el desarrollo de competencias en
materia de innovación, sistemas y telecomunicaciones. A su turno, se precisó que
se entendería como riesgo previsible toda circunstancia que tenga potencial de
alterar el equilibrio económico del contrato, pero que haya sido estimado
anticipadamente por las partes y asignado a una de ellas.

42 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
43 Folios 62 a 95 del cuaderno 3.
44 Folios 1 a 61 del cuaderno 3.

29

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En cuanto al régimen aplicable, se precisó en el numeral 2.3. que al contrato le
aplicarían las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. Igualmente, se estimó como
presupuesto de la convocatoria la suma de $53.573’741.010.

De otro lado, en el numeral 3.8 se aclaró que los pliegos de condiciones serían
interpretados como un todo y no de manera aislada “por lo tanto, a ellos se integran
los formularios y adendas”.

7.1.2. Seguidamente, en el anexo 2, se hizo la tipificación, asignación y estimación
de riesgos y se diseñó una matriz, en la cual: i) el de orden público se asignó a CPE
y ii) los de dificultad y costos del servicio de transporte, capacidad financiera de
endeudamiento y variación en la tasa de cambio se atribuyeron al contratista. En lo
concerniente a la última situación mencionada, se estableció la siguiente regla que
ya venía siendo prevista desde la matriz de riesgos de los estudios previos 45 (se
transcribe en forma literal, incluso con eventuales errores):

Descripción Tipificación Pro.
Variación del Después de este análisis, la recomendación es que al momento 5%
incremento de la entrega se haga una revisión de los movimientos de la Imp.
de la tasa de TRM para establecer su comportamiento. Se debe fijar un rango 33%
cambio. de variación que oscile un 8,81% hacia arriba o hacia debajo de
Probabilidad la TRM, tomando como base la TRM oficial del cierre del día de Inc.
de la subasta. 10%
ocurrencia / Lote o
impacto La oscilación del dólar dentro del rango establecido en el pliego región
de condiciones será asumido como riesgo previsible por el
883.96
proponente, futuro CONTRATISTA y la entidad, en caso que las
Bajo 6.726.6
variaciones se presenten dentro de un rango de variación que
6
oscila entre -8,81% y + 8,81% del valor a la adjudicación y
Valor
dentro del cual no se estima afectará el equilibrio económico del
total
contrato. De presentarse variaciones por encima de esos
Asignación 883.96
porcentajes promedio CPE asumirá dicha contingencia. Si este
6.726.6
Contratista promedio fuese inferior el contratista deberá aportar a CPE un
6
número de unidades de bien equivalente al detrimento de CPE.

7.1.3. Mediante la resolución No. 110 del 11 de junio de 201446, CPE adjudicó el
procedimiento de selección abreviada por subasta inversa a UT DELTA, por contar
con el ofrecimiento más favorable para la entidad.

45 Folios 74 del cuaderno 2 y 48 a 49 y 91 del cuaderno 3.
46 Folios 98 a 100 del cuaderno 3.

30

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7.2. El contrato de suministro No. 115-14 del 18 de junio de 2014

7.2.1. El 18 de junio de 201447, CPE y UT DELTA suscribieron el “contrato de
compraventa No. 115-14”, que tuvo por objeto el suministro de 33.880
computadores portátiles y 33.880 ratones marca Heritage Group, con las siguientes
especificaciones (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

Parámetro Especificaciones
Marca Heritage Group
Modelo HGN-05-0119
Procesador Intel Celeron 1005M
Núcleos 2
Arquitectura 64 bits.
Velocidad de cada núcleo 1,9 GHz.
Compatibilidad PAE, NX Y SSE2
Memoria 4Gb
Tecnología DDR3 / 1600 MHz
Almacenamiento local y 500 GB – Serial ATA
tecnología
Disco duro Protegido contra impacto
Pantalla LED WXGA
Tamaño Diagonal 14”
Interfaz gráfica y resolución 1366 x 768
Memoria Compartida dinámicamente 256 MB
Teclado Español (internacional).
Dispositivo y apuntador Touchpad con botones equivalentes a mouse
estándar y dispositivo de desplazamiento en
pantalla “scroll”.
Cámara Integrada – video y fotografía
Formato video 640 x 480 @ 24 fps.
Audio Estéreo – doble canal
Tarjeta de audio integrada
Conectores entrada/salida Estándar 3.5 mm
Micrófono Incorporado
Parlantes Incorporados (estéreo).
Conectividad inalámbrica Wifi integrada
Estándar IEEE 802.11 b/g/n
Encripción WEP 64/128
Compatibilidad IPV4 / IPV6
Conectividad alámbrica Ethernet integrada
Velocidades 10/100 Mbps.
Tipo de conector RJ45
Interfaces externas adicionales Puertos USB 3.0 y 2.0
Slot tarjeta memoria SD
Salida video SVGA – Conector D-SUB15
Puerto HDMI Uno
Alimentación Adaptador AC Externo
Rango voltaje / frecuencia 110-240 VAC @ (50/60Hz).

47 Folios 54 a 63 del cuaderno 2 y 101 a 110 del cuaderno 3.

31

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Baterías Recargables Ion-litio
Autonomía 4 horas 30 minutos.
Otros datos - fabricante Heritage Group – una sola referencia HGN-05-
0119
Manuales de operación y uso Español
Accesorios 1 cable HDMI a HDMI por cada 5 computadores
portátiles, con longitud de 1.5 metros.

7.2.2. Como valor y forma de pago, la cláusula segunda del contrato dispuso la
suma de $17.857’913.670 “incluido IVA”, con el fin de remunerar todas las
obligaciones a cargo del contratista, dados los siguientes valores unitarios (se
transcriben en forma literal, incluso con eventuales yerros):

Ítem Cantidad Precio unitario IVA Precio total
incluido IVA
Computador portátil 33.880 $519.628,48353 N/A $17.605’013.022
Ratón 33.880 $5.650 $904 $222’049.520
Cable HDMI 6.778 $3.925 $628 $30’851.128
TOTAL $17.857’913.670

7.2.3. La cláusula tercera del contrato estableció que los bienes del suministro se
entregarían en las bodegas que CPE disponga y en los siguientes plazos (que se
pasan a transcribir de forma expresa, incluso con posibles errores):

Entregas 1ª entrega 2ª entrega 3ª entrega Total
Fecha o 19 de agosto de 29 de agosto de 10 de
momento 2014 2014 septiembre de
2014
Porcentaje de 13.552 13.552 6.776 33.880
entrega
Porcentaje caja 10.842 10.842 5.421 27.104
individual
Porcentaje caja 2.710 2.710 1.355 6.776
contenedora

Seguidamente, la cláusula cuarta del acuerdo de voluntades estableció como “plazo
de ejecución del contrato” 6 meses, contados a partir de la aprobación de la garantía
única de cumplimiento y el respectivo registro presupuestal, así como se dispuso,
como “plazo de duración del contrato” el mismo de ejecución “más 4 meses más”.

7.2.4. Como obligaciones del contratista se instituyeron en la cláusula quinta,
entre otras, las de informar por escrito todos los obstáculos o dificultades que se le
presenten, obrar con lealtad y buena fe, pagar las sanciones pecuniarias impuestas,

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

entregar los bienes del suministro según las especificaciones técnicas convenidas,
en buen estado y nuevos, y con las garantías por defectos de fábrica, instalar los
programas que requiera la entidad después de suscrito el contrato durante el
período de garantía de los bienes y presentar un plan de entregas detallado.

Igualmente, se indicó que, en el evento en que durante la ejecución del contrato los
bienes ofrecidos por el contratista hubieran salido del mercado o estén
descontinuados, el contratista debía allegar, con una antelación no inferior a 30 días,
certificación del fabricante donde indique la problemática y las características
técnicas del nuevo modelo, así como la muestra respectiva, lo cual sería evaluado
por el contratante y se aceptaría si los bienes cumplían con especificaciones
técnicas iguales o superiores a las avaladas en la diligencia de entrega de muestras
del proceso de compra.

7.2.5. Por su parte, la cláusula sexta dictaminó que serían obligaciones del
contratante las de designar los supervisores del contrato, requerir al contratista en
caso de incumplimiento, efectuar el pago por la ejecución del negocio y atender las
solicitudes presentadas por el contratista.

En línea con lo anterior, la cláusula séptima le asignó a la entidad contratante la
labor de supervisión del acuerdo de voluntades y, dentro de ello, estipuló que
recibiría los bienes del suministro; tramitaría la correspondencia del contratista y
haría las observaciones del caso, así como respondería sus solicitudes dentro de
los 2 días siguientes a su radicación; exigiría al contratista el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el contrato y los pliegos de condiciones; actuaría
oportunamente para evitar una mayor onerosidad por su culpa en el cumplimiento
de las obligaciones de las partes; y efectuaría la liquidación del contrato.

7.2.6. De otra parte, en la cláusula décima del contrato se incorporaron las
potestades excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilateral,
así como la caducidad. A su vez, la cláusula decimoprimera prescribió que, en caso
de mora o incumplimiento de las obligaciones convenidas se podrían hacer efectivas
las cláusulas exorbitantes o se impondría una multa diaria de hasta 30 SMLMV
hasta la entrega a satisfacción por el contratista. Asimismo, la cláusula
decimosegunda avaló a las partes a acudir a métodos como la conciliación o la

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

transacción para zanjar sus diferencias.

7.2.7. En la cláusula decimocuarta del contrato se dictaminó que aquel estaría
conformado por: i) la propuesta del contratista, ii) el acto de adjudicación y iii) los
pliegos de condiciones y, en caso de contradicción, prevalecería este último.

7.2.8. Finalmente, la cláusula decimonovena prescribió que el contrato se liquidaría
de común acuerdo a más tardar dentro de los 4 meses siguientes a su finalización,
y allí constaría el cruce de cuentas, así como los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que lleguen las partes. De no lograrse lo anterior, el balance de
activos y pasivos podría efectuarse de forma unilateral, según lo previsto en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

7.3. El procedimiento sancionatorio de multa contra UT DELTA por
incumplimiento

7.3.1. Mediante resolución No. 175 del 15 de septiembre de 201448 CPE impuso
una multa a UT DELTA debido a un incumplimiento de la obligación de suministro
en el plazo convenido y declaró constituido el siniestro, por el hecho de que, el 15
de agosto de 2014, 4 días antes de la primera entrega, solicitó una prórroga de 90
días por situaciones acaecidas en China, país donde se encontraba el proveedor
del contratista y, a la fecha de la decisión, no se contaba con equipos para ser
despachados, por lo que “el contratista no ha realizado la entrega de los bienes
correspondientes a la primera y segunda entrega, presentando un retraso de 26
días calendario en la primera entrega y 16 días calendario en la segunda entrega”.

En particular, en la decisión se desestimó que la desatención obligacional de UT
DELTA hubiera tenido como causa una fuerza mayor o caso fortuito, comoquiera
que las circunstancias naturales y catastróficas acaecidas en China e invocadas por
el contratista ocurrieron “con posterioridad a la fecha en que los equipos ya debían
estar, por lo menos, embarcados”. A su turno, puso de presente que para el 14 de
agosto de 2014 los equipos ni siquiera estaban en producción. Asimismo, descartó
que la escasez del procesador ofertado fuera una causa eximente de
responsabilidad, en tanto era una situación previsible, así como que “para el 22 de

48 Folios 75 a 83 del cuaderno 2 y 118 a 128 del cuaderno 3.

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
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julio de 2014 aún no se había ordenado por parte del dueño de la marca fabricante
la fabricación de los equipos”, entre otros.

Como consecuencia de lo expuesto, se le impuso una multa a UT DELTA por la
suma de $325'248.000, correspondiente a 30 SMLMV por cada día de retraso “ya
que con su incumplimiento la entidad no ha podido despachar y entregas a las
instituciones beneficiarias los equipos”.

7.3.2. Por medio de la resolución No. 176 del 15 de septiembre de 201449 CPE
resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora
Seguros del Estado, en virtud del cual advirtió una supuesta falta de competencia
de la coordinadora jurídica de la entidad contratante para imponer la sanción y pidió
que esta fuera descontada directamente del saldo a pagar a UT DELTA. Al respecto,
se indicó que CPE contaba con competencia para resolver la imposición de multas
en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y que la manera en que
se debitó fue adecuada.

7.3.3. El 16 de diciembre de 201450, CPE revocó directamente la resolución No. 175
del 15 de septiembre de 2014, con base en que, si bien no le asistió razón a UT
DELTA en que: se configuró una fuerza mayor que repercutió en el plazo, no se
precisó con claridad el modelo de bienes que debían entregarse, hubo demoras en
el pago del anticipo y su incumplimiento no se originó en un actuar deficiente que le
era imputable, lo cierto es que hubo un acuerdo de transacción entre las partes
negociales.

Así, CPE aseveró que, tal y como se indicó en la resolución cuya revocatoria se
pidió, no se configuró una fuerza mayor, ya que no se acreditó la imposibilidad de
cumplir el negocio por circunstancias ajenas a las partes. Seguidamente, advirtió
que los bienes fueron debidamente determinados y que el anticipo se pagó en el
plazo predispuesto, de ahí que la contratante no actuó de forma insuficiente, ni
ocasionó el incumplimiento de UT DELTA.

49 Folios 84 a 86 del cuaderno 2 y 127 a 129 del cuaderno 3.
50 Folios 87 a 97 del cuaderno 2 y 130 a 140 del cuaderno 3.

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

Con todo, advirtió que las partes acordaron la celebración de una mesa de trabajo
para lograr superar el incumplimiento, que concluyó con el acuerdo de transacción
del 6 de octubre de 2014, mediante el cual se convino “dar una satisfactoria solución
al conflicto que se está presentando respecto de la naturaleza de eximente de
responsabilidad de las causas que originaron los retrasos en los plazos de entrega
de los equipos […] para precaver cualquier litigio, acción o reclamación relacionada
con esos hechos”.

Como consecuencia, en virtud de dicha transacción se pactó aceptar la solicitud del
cambio de marca de los equipos, prorrogar las fechas de entrega y revocar las
resoluciones de imposición de multa, a cambio de que UT DELTA le pagara a CPE
la suma de $300’000.000 “por concepto de retraso en la entrega de los equipos
relacionados en el contrato 115 de junio 18 de 2014”.

7.4. Los otrosíes modificatorios del contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014

7.4.1. El 1 de octubre de 201451, CPE y UT DELTA suscribieron el otrosí
modificatorio No. 172-14 al contrato de compraventa No. 115-14, en cuanto al
plazo y las especificaciones de los bienes del suministro.

La modificación en comento tuvo como sustento que, desde el 15 de agosto, el
contratista solicitó prorrogar las entregas de 90 días corrientes, debido a la
paralización de las plantas de fabricación en China por fenómenos naturales, frente
a lo cual la entidad contratante se negó. En audiencia de descargos posterior, CPE
constató que Heritage Group no había comenzado la producción de los bienes del
suministro, de ahí que UT DELTA solicitó su cambio de marca por los fabricantes
Acer y Compumax.

7.4.1.1. De ese modo, se ajustó la cláusula primera del contrato de suministro para
pasarse a modificar las características técnicas y marcas de los computadores
portátiles y mouses a adquirir así (se transcribe de forma literal, incluso con
eventuales errores):

51 Folios 64 a 67 del cuaderno 2 y 141 a 148 del cuaderno 3.

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

MODELO 1
Parámetros Especificaciones
Marca Compumax
Modelo Bonga Portátil 2005-000-0000
Cantidad 9.000
Procesador Intel Celeron N 2830
Procesamiento Dos núcleos
Arquitectura 64 bits
Velocidad de cada núcleo 2.16 GHz
Compatibilidad PAE, NX Y SSE2
Memoria 4Gb
Tecnología DDR3 / 1600 MHz
Almacenamiento local 500 Gb
Tecnología Serial ATA – disco duro protegido contra impacto
Pantalla LED WXGA / Diagonal 14”
Interfaz gráfica 1366 X 768
Memoria Compartida dinámicamente 256MB
Teclado Español
Dispositivo apuntador Touchpad con botones equivalentes a “mouse”
estándar y dispositivo de desplazamiento vertical
en pantalla.
Cámara Integrada, con grabación de video y fotografía 640
x 480 @ 30 Fps.
Audio Estéreo – doble canal
Tarjeta de audio Integrada
Conectores entrada/salida Estándar 3.5 mm (micrófono/audífonos/parlantes).
Micrófono Incorporado
Parlantes Incorporados (estéreo).
Conectividad inalámbrica WIFI integrada – IEEE 802.11 b/g/n – WEP 64/128
IPV4 /IPV6
Conectividad alámbrica Ethernet integrada – 10/100 Mbps / RJ45
Interfaces externas adicionales Puerto USB 2.0 y 3.0
Slot tarjeta memoria SD
Salida video SVGA – Conector D-SUB15
Puerto HDMI Uno
Alimentación Adaptador AC Externo
Rango voltaje/frecuencia 110-240 VAC @ (50/60Hz).
Baterías Recargables Ion-litio
Autonomía Ocho (8) horas treinta (30) minutos.
Varios Fabricante Compumax, bonga portátil 2005-000-
0000

MODELO 2
Parámetros Especificaciones
Marca Acer
Modelo E14ES-411-C8QB
Cantidad 24.800
Procesador Intel Celeron N 2830
Procesamiento Dos núcleos
Arquitectura 64 bits
Velocidad de cada núcleo 2.16 GHz
Compatibilidad PAE, NX Y SSE2
Memoria 4Gb
Tecnología DDR3 / 1600 MHz

37

Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

Almacenamiento local 500 Gb
Tecnología Serial ATA – disco duro protegido contra impacto
Pantalla LED WXGA / Diagonal 14”
Interfaz gráfica 1366 X 768
Memoria Compartida dinámicamente 256MB
Teclado Español
Dispositivo apuntador Touchpad con botones equivalentes a “mouse”
estándar y dispositivo de desplazamiento vertical
en pantalla.
Cámara Integrada, con grabación de video y fotografía 640
x 480 @ 30 Fps.
Audio Estéreo – doble canal
Tarjeta de audio Integrada
Conectores entrada/salida Estándar 3.5 mm (micrófono/audífonos/parlantes).
Micrófono Incorporado
Parlantes Incorporados (estéreo).
Conectividad inalámbrica WIFI integrada – IEEE 802.11 b/g/n – WEP 64/128
IPV4 /IPV6
Conectividad alámbrica Ethernet integrada – 10/100 Mbps / RJ45
Interfaces externas adicionales Puerto USB 2.0 y 3.0
Slot tarjeta memoria SD
Salida video SVGA – Conector D-SUB15
Puerto HDMI Uno
Alimentación Adaptador AC Externo
Rango voltaje/frecuencia 110-240 VAC @ (50/60Hz).
Baterías Recargables Ion-litio
Autonomía Ocho (8) horas.
Varios Fabricante Acer, E14ES-411-C8QB

7.4.1.2. Asimismo, se modificaron las fechas de entrega así:

Entregas 1ª entrega 2ª entrega 3ª entrega 4ª entrega Total
Fecha o momento 10 de octubre 5 de 28 de 15 de
de 2014 noviembre noviembre diciembre
de 2014 de 2014 de 2014
Porcentaje de 2.440 9.000 10.000 12.440 33.880
entrega
Porcentaje caja 1.220 4.500 5.000 6.220 16.940
individual
Porcentaje caja 1.220 4.500 5.000 6.220 16.940
contenedora

7.4.1.3. El valor del contrato fue modificado, pero únicamente en cuanto a su forma
de pago, pues se cancelaría proporcionalmente, conforme con los bienes
entregados en las fechas pactadas, previo recibo a satisfacción de aquellos. En todo
lo restante se indicó que “las demás cláusulas del contrato de compraventa
permanecen en la forma inicialmente estipulada”.

38

Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

7.4.2. El 19 de diciembre de 201452, CPE y UT DELTA suscribieron el otrosí
modificatorio No. 222-02 al contrato de compraventa No. 115-14, en cuanto al
plazo y las especificaciones de los bienes del suministro.

Como antecedente, se indicó que el plazo de ejecución del contrato era hasta el 19
de diciembre de 2014 y que el contratista había entregado 11.440 equipos “y está
incumpliendo con la entrega de los 22.440 equipos restantes”, debido a que “Acer
cometió un error en la orden de producción de los equipos solicitados por el
contratista y fabricó estos con solo dos puertos USB y sin puerto VGA,
contraviniendo los requerimientos mínimos de la entidad”. El 20 de noviembre, UT
DELTA allegó el equipo de muestra, que no superó la prueba de verificación física.

El 24 de noviembre de 2014 el contratista manifestó que el fabricante había
elaborado los equipos con las falencias identificadas, por lo que solicitó que se
aceptaran los equipos Acer E14 ES1 411 con un adaptador, considerando que dicho
modelo era superior al anteriormente pactado.

7.4.2.1. De ese modo, se ajustó la cláusula primera del contrato mencionado para
modificarse las características técnicas de los computadores portátiles a adquirir:

Parámetros Especificaciones
Marca Acer
Modelo E14ES-1-411
Cantidad 24.440
Procesador Intel Celeron N 2840
Procesamiento Dos núcleos
Arquitectura 64 bits
Velocidad de cada núcleo 2.16 GHz
Compatibilidad PAE, NX Y SSE2
Memoria 4Gb
Tecnología DDR3 / 1600 MHz
Almacenamiento local 500 Gb
Tecnología Serial ATA – disco duro protegido contra impacto
Pantalla LED WXGA / Diagonal 14”
Interfaz gráfica 1366 X 768
Memoria Compartida dinámicamente 256MB
Teclado Español
Dispositivo apuntador Touchpad con botones equivalentes a “mouse”
estándar y dispositivo de desplazamiento vertical en
pantalla.
Cámara Integrada, con grabación de video y fotografía 640 x

52 Folios 68 a 70 del cuaderno 2.

39

Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

480 @ 30 Fps.
Audio Estéreo – doble canal
Tarjeta de audio Integrada
Conectores entrada/salida Estándar 3.5 mm (micrófono/audífonos/parlantes).
Micrófono Incorporado
Parlantes Incorporados (estéreo).
Conectividad inalámbrica WIFI integrada – IEEE 802.11 b/g/n – WEP 64/128 IPV4
/IPV6
Conectividad alámbrica Ethernet integrada – 10/100 Mbps / RJ45
Interfaces externas Puerto USB 2.0 y 3.0. Se entrega con HUB USB de 4
adicionales puertos.
Slot tarjeta memoria SD
Salida video HDMI – Se entrega con adaptador HDMI a VGA
Puerto HDMI Uno
Alimentación Adaptador AC Externo
Rango voltaje/frecuencia 110-240 VAC @ (50/60Hz).
Baterías Recargables Ion-litio
Autonomía Ocho (8) horas.
Varios Fabricante Acer, ES1-411 / se suma 1 adaptador HDMI
a VGA y un HUB USB de 4 puertos por computador.

7.4.2.2. Asimismo, se modificaron las fechas de entrega así:

Entregas 1ª entrega 2ª entrega 3ª entrega Total
Fecha o momento 10 de octubre 5 de noviembre 15 de enero de
de 2014 de 2014 2015
Porcentaje de 2.440 9.000 24.440 33.880
entrega
Porcentaje caja 1.220 4.500 11.220 16.940
individual
Porcentaje caja 1.220 4.500 11.220 16.940
contenedora

En consonancia con tal aspecto, se modificó la cláusula cuarta de plazo de
ejecución del contrato y se indicó que iría hasta el 31 de enero de 2015, contado a
partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento y el registro
presupuestal, así como “el plazo de duración será igual al plazo de ejecución más
cuatro meses más”. Finalmente, se prescribió que “en cuanto no se modifiquen o
adicionen mediante este otrosí, las demás estipulaciones del contrato de
compraventa No. 115 de 2014 permanecen sin alteración y tienen plena vigencia”.

7.4.3. El 30 de enero de 201553, CPE y UT DELTA suscribieron el otrosí
modificatorio No. 002-03 al contrato de compraventa No. 115-14, mediante el cual
se efectuó un incremento del plazo hasta el 15 de abril de 2015, contado a partir de

53 Folios 71 a 72 y 149 a 150 del cuaderno 2.

40

Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

la aprobación de la garantía única de cumplimiento y el registro presupuestal, así
como el plazo de duración será igual al plazo de ejecución más 4 meses más, “a fin
de que el proveedor verifique las existencias de computadores portátiles para una
posible adición al contrato”.

Igualmente se precisó que “en cuanto no se modifiquen o adicionen mediante este
otrosí, las demás estipulaciones del contrato de compraventa No. 115 de 2014
permanecen sin alteración y tienen plena vigencia”.

7.5. La ejecución del contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 y las
solicitudes de aplicación de la fórmula de reajuste por el incremento de la TRM

7.5.1. El 20 de febrero de 201554, UT DELTA solicitó a CPE cuantificar la fórmula
contractual por la fluctuación de la TRM prevista en el anexo de tipificación,
asignación y estimación de riesgos, sin indicar las razones para tal efecto.

7.5.2. El 16 de marzo de 201555, CPE respondió la solicitud de UT DELTA en el
sentido de advertir que no era viable proceder de tal forma, por cuanto “si bien es
cierto que CPE asumió la diferencia del dólar por arriba de $2.022,20, dicha
obligación debía ser asumida, siempre y cuando la variación se diera dentro de las
fechas previstas en el contrato de compraventa” y, como tal situación se presentó
fuera del plazo inicial del acuerdo de voluntades, era de la entera responsabilidad
del contratista asumirla. En otras palabras, la entidad contratante indicó que la
variación de la TRM mayor a la prevista entre -8,81% y +8,81% acaeció luego de
que acabara el interregno originalmente convenido y se extendió “como
consecuencia de los inconvenientes que ustedes tuvieron con el dueño o fabricante
de los equipos”, de ahí que no podía ser asumido por aquella.

7.5.3. El 26 de marzo de 201556, UT DELTA manifestó su desacuerdo con la
conclusión de CPE, dado que desde los pliegos de condiciones se indicó que
cualquier variación de la TRM entre -8,81% y + 8,81% en el marco de la ejecución
del contrato sería asumida por la entidad contratante, por lo que, al haberse
presentado ese fenómeno se debía proceder en tal sentido. Igualmente, advirtió que

54 Folio 98 del cuaderno 2.
55 Folio 99 del cuaderno 2.
56 Folios 100 a 105 del cuaderno 2.

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

el hecho de que el contrato hubiera sido ampliado en su plazo en distintas ocasiones
no era óbice para el reconocimiento de la fórmula por los cambios de la TRM, dado
que en los otrosíes que se suscribieron no se excluyó dicha pauta.

7.5.4. El 4 de agosto de 201557, UT DELTA recalcó a CPE que correspondía aplicar
en su favor la fórmula contractual por la fluctuación de la TRM, ya que: i) la diferencia
cambiaria ascendió a $2.505’803.000, y ii) después de la solicitud, el desequilibrio
económico se incrementó en $544’817.000 por la “pérdida de oportunidad que
tuvimos por no convertir los ($2.505’803.000 COP) a dólares con una TRM de
$2.438,79 COP (enero15/15), contra los $2.902,98 COP actuales (agosto 4/15).

7.5.5. El 11 de agosto de 201558, CPE respondió las solicitudes de UT DELTA y,
además de reiterar que no procedía aplicar la fórmula por la fluctuación de la TRM,
aseveró que tal aspecto solo podía solicitarse al momento de entregar los bienes,
por lo que debía analizarse como un riesgo imprevisible, el que de todos modos no
fue probado, debido a que lo que causó los mayores costos del contratista fue su
propio incumplimiento que extendió en el tiempo el plazo del contrato de suministro.

7.5.6. El 26 de agosto de 201559, UT DELTA reiteró a CPE que correspondía aplicar
en su favor la fórmula contractual por la fluctuación de la TRM y que no proceder de
esa forma le ha causado inmensos perjuicios económicos. En dicho punto, se
recalcó que, por más que el contrato hubiera sido extendido en su plazo, ello no
impedía reconocer los mayores costos por el incremento de la TRM frente al dólar
estadounidense. A su vez, resaltó que CPE no tuvo inconvenientes en aceptar las
modificaciones al contrato de suministro, por lo que ahora no podía excusarse en
tal aspecto para denegar la aplicación de la regla por la variación de la TRM, así
como que se estaba ante una circunstancia de incumplimiento de la entidad
contratante “por no asumir los costos por el incremento del valor del dólar”.

7.5.7. El 10 de septiembre de 201560, CPE le solicitó a UT DELTA que “nos envíe
además todas las órdenes de compra y facturas de bienes adicionales adquiridos

57 Folios 106 a 111 del cuaderno 2.
58 Folios 107 a 111 del cuaderno 2.
59 Folios 112 a 117 del cuaderno 2.
60 Folios 157 a 158 del cuaderno 2.

42

Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

para este contrato y servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones”,
frente a lo cual UT DELTA respondió que “en abril 28 de 2015 le habíamos enviado
la información solicitada”. En respuesta a dicha postura, CPE ratificó que se
necesitaban las órdenes de pedido de los equipos, sus facturas y el contrato de
compraventa celebrado con los distribuidores.

7.5.8. El 30 de octubre de 201561, CPE le reiteró a UT DELTA que ha respondido
cabalmente todas las peticiones efectuadas por el contratista, aunado a lo cual este
no ha acreditado ningún rompimiento del equilibrio económico del contrato, para lo
cual le indicó que debía allegar el negocio jurídico suscrito con los fabricantes de
los equipos que le suministró a la entidad (Acer y Compumax), y los soportes de los
pagos efectuados a aquellos, así como las respectivas facturas, órdenes de pedidos
y demás documentos que acrediten plenamente el supuesto perjuicio que se le
causó por la variación de la TRM.

7.5.9. El 4 de noviembre de 201562, UT DELTA recalcó, como lo hizo en
comunicados anteriores, que era dable que CPE le reconociera los mayores costos
en que incurrió por la variación de la TRM y que ello fue formulado oportunamente,
dado que se hizo una vez finalizado el contrato. Igualmente, amplió que cumplió los
requisitos para que procediera el reconocimiento de los emolumentos pretendidos
bajo la óptica de un desequilibrio económico del contrato y que no era necesario
allegar los acuerdos de voluntades suscritos con los fabricantes, pues dicha
información obraba en la documentación enviada con anterioridad.

7.5.10. El 23 de noviembre de 201563 CPE contestó el memorial de UT DELTA, en
el que ratificó que no era posible aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la
TRM, debido a que tal situación se presentó en un plazo adicional al del contrato
original y dicha figura solo se previó para el intervalo inicialmente pactado. Al punto,
amplió que, en el plazo convenido en un comienzo no se presentó una variación por
fuera de los límites previstos, y que todo lo que sucediera posteriormente solo podía
ser visto bajo la óptica de un desequilibrio económico del contrato, el que, de todos
modos, no fue acreditado.

61 Folio 118 del cuaderno 2.
62 Folios 119 a 122 del cuaderno 2.
63 Folios 123 a 127 del cuaderno 2.

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Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

Frente a la oscilación del dólar en las fechas inicialmente pactadas, incorporó el
siguiente cuadro para demostrar que estuvieron dentro del margen previsto en los
pliegos de condiciones:

Entregas inicialmente TRM Entregas modificadas TRM
previstas
19 de agosto de 2014 $1.884,81 10 de octubre de 2014 $2.041,71
29 de agosto de 2014 $1.935,04 5 de noviembre de 2014 $2.076,99
10 de septiembre de 2014 $1.962,84 15 de enero de 2015 $2.392,46

En ese sentido, partió de la base de indicar que el precio inicial del dólar era de
$1.899,90, de ahí que los rangos límite de fluctuación eran $1.732,52 y $2.067,28.
Así pues, arguyó que el período entre agosto y septiembre que era el plazo original,
la oscilación del dólar estuvo dentro de dicho margen; empero, entre noviembre de
2014 y enero de 2015 fue mayor al estimado, lo que, en todo caso, era una carga
que debía asumir UT DELTA, dado que ese período de tiempo adicional tuvo como
causa su incumplimiento, sumado a lo cual frente a aquel debía acreditar también
un desequilibrio, pues “el simple incremento del precio del dólar no tiene
necesariamente la potencialidad de afectar la ecuación económica del contrato”.

Incluso afirmó que “de la comunicación enviada por el contratista el 4 de noviembre
de 2015 solamente se puede extraer que el argumento central para alegar el
desequilibrio económico fue el aumento en el precio del dólar. Sin embargo, no se
aportaron las pruebas concretas que demuestran esta supuesta afectación”.

7.5.11. El 23 de noviembre de 201564 CPE convocó el “comité de conciliación y
defensa judicial de la asociación Computadores para Educar”, donde se analizaron
los documentos aportados por UT DELTA “quedando para los miembros del comité
claro que el contratista es enfático en manifestar que no cuenta con documentos
adicionales, que al parecer la relación contractual o el negocio jurídico se celebró
de manera verbal”. También se dijo que “se encontró que el contratista hasta la
fecha no ha podido demostrar la relación comercial o el negocio jurídico que hizo
con el proveedor de los equipos, esto es, la forma de pago que se pactó, la TRM a
la cual se pagarían los bienes y las fechas que acordaron para el pago”.

64 Folios 128 a 129 del cuaderno 2.

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Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

Como consecuencia, CPE se rehusó a conciliar, por no haberse acreditado ningún
desequilibrio económico del contrato.

7.5.12. El 15 de diciembre de 201565, UT DELTA indicó que, para acreditar el
desequilibrio por un incremento de la TRM durante la ejecución del contrato había
que “remitirse a las facturas de compra de nuestros proveedores ATC, Compumax
y MPS, en donde obra la información”. Al efecto, incorporó los siguientes cuadros,
cuya información se transcribe (de forma literal, incluso con eventuales errores):

COMPRA PORTÁTILES EN PESOS COLOMBIANOS
Proveedor Fact# DD/MM/AA Cantidad Unitario Total COP
COMPUMAX 9172 27/11/14 4522 $509.943 $2.305’966.130
COMPUMAX 9173 27/11/14 4478 $509.943 $2.284’518.870
ATC COLOMBIA 145 28/01/15 2440 $333.013 $1.300’549.182
MPS 1110488 29/01/15 880 $543.357 $478’153.808
TOTAL 12.320 $6.369’187.990

COMPRA PORTÁTILES EN DÓLARES AMERICANOS
Proveedor Fact# DD/MM/AA Cantidad Unitario Total USD
ATC USA 73224A 03/01/15 1368 $223 $305.064
ATC USA 73222 03/01/15 11334 $223 $2’527.482
ATC USA 68952 03/01/15 8208 $223 $1’830.384
ATC USA 73224 03/01/15 1140 $223 $254.220
ATC USA 74733 03/01/15 UTILIDAD ATC $166.390
TOTAL 22.050 $5’083.540

No está de más señalar que UT DELTA también precisó que el contrato suscrito con
ATC fue de compraventa internacional de mercaderías, en virtud del cual se
expidieron varias facturas soportadas en declaraciones de importación; no obstante,
advirtió que “las fechas de pago se encuentran en blanco, porque dichas datas
fueron objeto de negociación dentro del contrato de fiducia […]”.

7.6. Los elementos tecnológicos adquiridos por UT DELTA a proveedores
internacionales y nacionales

7.6.1. El 29 de diciembre de 201466, Provedata S.A.S. adquirió: i) a la sociedad ATC
Colombia S.A.S. 2.440 computadores Acer 151093 NX.MLQAL.002 11 C8QB CND

65 Folios 130 a 133 del cuaderno 2.
66 Folio 152 del cuaderno 2.

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2830 4G/500 LNX SPN con sus accesorios por la suma de $1.300’549.182 COP; ii)
a la sociedad MPS mayorista de Colombia S.A., 1.336 computadores modelo E5-
411-C8QB con sus accesorios, por la suma de $725’924.417,6 COP67; y iii) a la
sociedad Compumax 9.000 computadores Compumax Bonga Series por la suma
de $4.594’797.000,4 COP. En total, se compraron en el territorio nacional y con
pesos colombianos 12.776 computadores y sus accesorios.

7.6.2. El 3 de enero de 201568, Provedata S.A.S., miembro de UT DELTA compró
22.050 computadores Acer Aspire E14 – ES1-411-C5PV, productos que fueron
adquiridos a la sociedad “Abboud Trading Corporation” con domicilio en la ciudad
de Miami de Estados Unidos, en virtud de las facturas No. SO 73222, SO73224A,
68952. La suma total de la compra fue de $5’083.540 USD69.

7.6.3. Adicionalmente, el 29 de octubre de 2014 Provedata S.A.S. adquirió 16.700
mouses W7-3D OPT USB negros, por un valor total de $76’519.400 COP.

7.7. Los supuestos pagos efectuados por UT DELTA para la adquisición de los
bienes objeto del suministro

7.7.1. El 19 de febrero de 201570, UT DELTA informó a CPE que adquirió un crédito
con la sociedad Provedata S.A.S., por la compraventa de 22.060 computadores
portátiles, para lo cual “se constituyó un contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administración y fuente de pago con fines de garantía No. 4-2-47851”, denominado
“patrimonio autónomo Fidubogotá – UT Delta 01-14 Nit. 800.142.383-7”.

Como consecuencia, solicitó que desde ese momento “en virtud del contrato citado
en el asunto, deban realizarse [los pagos] a PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDUBOGOTÁ – UT DELTA-01-14 NIT 800.142.383.7”. A efectos de lo anterior,
indicó que la “UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14 incorporará en las facturas
emitidas por MICROHARD S.A.S. Y PROVEDATA S.A.S. y cuya sumatoria sea
VEINTIDOS MIL SESENTA PORTÁTILES (22.060 UND) MARCA ACER el
siguiente texto: «el contenido económico de esta factura será cancelada única y

67 Folios 153 a 154 del cuaderno 2.
68 Folios 134 a 151 del cuaderno 2.
69 Resultado producto de la siguiente sumatoria: 2’527.482+305.064+254.220+1’830.384+166.390.
70 Folios 158 a 159 del cuaderno 2.

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exclusivamente a COMPUMAX COMPUTER S.A.S»”.

En otras palabras, UT DELTA constituyó una fiducia para que dicho patrimonio
autónomo les pagara a sus proveedores.

7.7.2. El 3 de agosto de 201571, la sociedad ATC – Abboud Trading Group certificó
que el saldo adeudado por UT DELTA era de $1’453.540 USD.

7.7.3. Mediante correo electrónico sin fecha, el señor Fabian Mauricio López Acosta,
quien manifestó ser analista de negocios fiduciarios, le indico a la sociedad
Microhard S.A.S., miembro de UT DELTA, que “de acuerdo a nuestra conversación
telefónica se procedió a realizar el pago por valor de 110.000 USD a favor de
Abboud Trading Corporation […] valor pesos: 261’932.000”.

Al respecto, afirmó que, en su opinión, los pagos que se han realizado son los
siguientes (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

Valor factura Pago 27 Pago 29 de Saldo
marzo abril
1’830.384 1’470.000 110.000 250.384 68952 MICROHARD
254.220 254.220 73224 MICROHARD
166.390 166.390 74773 MICROHARD
2’250.994 1’470.000 110.000 670.994 TOTAL

305.064 305.064 73224A PROVEDATA
2’529.712 2’050.000 479.712 73222 PROVEDATA
2’834.776 2’050.000 0.00 784.776 TOTAL

Seguidamente, se adicionó el siguiente cuadro, correspondiente a los pagos a ATC:

4-2-47851 PATRIMONIO AUTÓNOMO UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14
RELACIÓN PAGOS MARZO A JUNIO DE 2016
Fecha Beneficiario Forma Concepto Valor neto Tasa Valor neto COP
pago de pago
27-03- ATC Abboud Traslado Abono fact USD 2559,5 $3’762.465
15 Trading swift 68952 $1’470.000
Corporation microhard
27-03- ATC Abboud Traslado Abono fact USD 2559,5 $4’246.975
15 Trading swift 73222 $2’050.000
Corporation provedata

71 Folio 160 del cuaderno 3.

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29-04- ATC Abboud Traslado Abono fact USD 2559,5 $261’932.000
15 Trading swift 68952 $110.000
Corporation microhard
3 TOTAL PAGOS 2015 $3’600.000 USD $9’271.372.000 COP

7.7.4. la Fiduciaria Bogotá elaboró los extractos del patrimonio autónomo unión
temporal Delta 01-14 por los meses del 1 de octubre de 2014 al 31 de octubre de
2014 y el 1 de marzo al 30 de junio de 2015, en donde obran varios de los ingresos
y egresos dinerarios que tuvo; sin embargo, allí no se indica por cuenta de quien se
hicieron los abonos y el destino hacia el cual se efectuaron los descuentos.

7.8. El dictamen pericial sobre los supuestos perjuicios ocasionados a UT
DELTA por la inaplicación de la fórmula de reajuste por la variación de la TRM

Mediante experticia del 8 de agosto de 201772, el señor Hernando Rodríguez
Figueroa, quien afirmó ser contador público73, concluyó que CPE le debía a UT
DELTA la suma total de $2.584’936.665 COP, producto de: i) $1.533’734.756 por
valor diferencial de cambio, ii) $18’069.511 por la indexación, y iii) $1.033’132.298
por los intereses de mora.

Como fechas de partida y finales para determinar la variación de la TRM se tuvo “la
adjudicación del contrato” y los días de entrega de los bienes del suministro, es
decir, el 10 de octubre y el 2 de noviembre de 2014, así como el 15 de enero de
2015. Por lo tanto, la mencionada experticia no se refirió, ni da cuenta de la fecha
en que se efectuó el pago por UT DELTA a los proveedores. Al respecto, indicó que
“las fechas me las da la parte demandante y yo con la parte jurídica no me meto”74.

7.9. El interrogatorio de parte de UT DELTA en torno a la ejecución del contrato
No.115-14 del 18 de junio de 2014

Durante la audiencia de pruebas se recaudó el interrogatorio de parte de UT DELTA,
rendido a través de su representante legal, el señor José Luis Amaya, donde aquel
dio cuenta de que, inicialmente se comprometió a suministrar a CPE computadores
Heritage Group; empero, terminó entregando otros de marca Acer y Compumax

72 Folios 183 a 198 del cuaderno 2 y Minutos 46:00 a 1:00:17 del CD anexo en los folios 204 a 206

del cuaderno 1.
73 Se precisa que en la audiencia de pruebas no se exhibió documento que acreditara la profesión

del individuo, ni tampoco se adjuntó junto con la experticia.
74 Minuto 1:14:50 del CD anexo en los folios 204 a 206 del cuaderno 1.

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luego de haber incumplido el plazo negocial, ya que, en su criterio, el proveedor no
entregó las máquinas según lo pactado, lo que en todo caso no impidió seguir
ejecutando el negocio, pues se cambiaron las especificaciones de los bienes75.

En cuanto al mecanismo de adquisición de los computadores y sus accesorios,
adujo que suscribió varias órdenes de compra con distintos proveedores, que eran
tanto nacionales como internacionales y que no ejerció ninguna acción contra los
que le incumplieron inicialmente; no obstante, sí le pidió a CPE modificar el contrato
en distintas ocasiones para solventar tal situación, pues era imposible satisfacer el
acuerdo de voluntades en las condiciones inicialmente pactadas.

Por otra parte, aseveró que reclamó sobre la variación de la TRM luego de que
hubiera finalizado la ejecución del contrato y que CPE incumplió aplicar la cláusula
prevista en la matriz de riesgos del pliego de condiciones para tal efecto.

En el marco de tal procedimiento, CPE preguntó a la parte actora si aportó los
documentos referidos al negocio suscrito entre UT DELTA y los proveedores, para
así poder determinar si hubo o no una variación de la TRM por encima de los rangos
previstos por los sujetos negociales del contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014,
aspecto frente al cual la parte actora se opuso, por considerar que la controversia
no versaba sobre la relación negocial entre aquella y sus proveedores.

Finalmente, resaltó que con los otrosíes no se modificó la cláusula de reajuste por
la variación de la TRM, por lo que se mantuvo incólume.

8. Solución a los problemas jurídicos

La Unión Temporal Delta interpuso demanda de controversias contractuales contra
CPE, con apoyo en que incumplió el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 por
el hecho de que no aplicó la fórmula de reajuste por el incremento de la TRM en su
favor, prevista en la matriz de riesgos del pliego de condiciones de la subasta
inversa que culminó en la suscripción de dicho negocio jurídico, según la cual,
cualquier oscilación superior al 8,81% del dólar estadounidense respecto del peso

75 Minutos 8:00 a 44:00 del CD anexo en los folios 204 a 206 del cuaderno 1.

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colombiano debía llevar a que se le reconociera la diferencia adicional por tal
incremento. Como consecuencia, solicitó que se le concedieran los emolumentos
derivados de la figura en comento.

CPE se opuso a las pretensiones de UT DELTA, con sustento en que, si bien se
estableció una cláusula de compensación por la variación de la TRM, solo era
aplicable al contrato en su plazo original, mas no a los períodos adicionales del
contrato que surgieron por el incumplimiento del contratista. También aseveró que
solo era posible pedir que se aplicara dicha estipulación al momento de cada
entrega, lo que no sucedió, dado que la reclamación se efectuó una vez finalizado
el acuerdo de voluntades. Finalmente, puso de presente que, de todos modos, no
se allegó ninguna prueba para reconocer en favor de la demandante el reajuste
pedido, ya que no se presentaron constancias del momento en que se realizó el
pago de los bienes del suministro a los proveedores, para poder determinar los
extremos sobre la base de los cuales se debía determinar la oscilación de la TRM.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la
demanda, por considerar que, como UT DELTA incumplió el contrato No.115-14 del
18 de junio de 2014 en cuanto al plazo, no era posible extender la aplicación de la
cláusula por la fluctuación de la TRM en su favor, dado que tales variaciones del
dólar estadounidense se presentaron precisamente en el interregno adicional al
convenido en primer momento, por lo que eran de la entera responsabilidad del
contratista. Por otro lado, consideró que la reclamación en torno a la variación de la
TRM efectuada por el extremo pasivo de la litis fue extemporánea, debido a que
solo podía llevarse a cabo al momento de cada entrega; sin embargo, se realizó
hasta que finalizó el acuerdo de voluntades.

Inconforme con la anterior decisión, UT DELTA solicitó que fuera revocada, apoyada
en que, en realidad, quien incumplió el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014
fue CPE, por el hecho de que debió aplicar la fórmula de reajuste por la variación
de la TRM incluso pese a que el acuerdo de voluntades fue objeto de una extensión
en su plazo, dado que tales modificaciones fueron convenidas por las partes y
novaron las obligaciones negociales y, si bien se originaron en un incumplimiento
de la contratista, en realidad este fue superado mediante los distintos otrosíes que
se suscribieron, por lo que no podía ser excusa para impedir la aplicación de la

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fórmula en cuestión, máxime si se tiene en cuenta que no se hicieron ajustes a la
cláusula por la oscilación de la TRM, por lo que se mantuvo incólume. También
aseveró que advirtió en tiempo a CPE sobre la oscilación de la TRM, al finalizar el
contrato.

En el contexto anterior, corresponde a la Sala determinar si CPE incumplió el
contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014 por haberse rehusado a aplicar la
fórmula de reajuste por la variación de la TRM en favor de UT DELTA, para lo cual
se estudiará si: i) aquella era aplicable al negocio jurídico con los ajustes de que fue
objeto, ii) la reclamación para que fuera tenida en cuenta fue efectuada en tiempo
y iii) existía prueba del pago efectuado por el contratista a sus proveedores para
contar con certeza sobre los extremos para determinar la oscilación de la TRM.

En caso de que se concluya que UT DELTA incumplió el acuerdo de voluntades en
los términos anteriores, se pasará a establecer si es dable reconocer los
emolumentos pedidos por la parte actora.

8.1. La cláusula de reajuste por la variación de la TRM era aplicable al contrato
No.115-14 de 2014, incluidas sus modificaciones

De entrada, la Sala estima que no le asistió razón a CPE y al a quo al considerar
que la cláusula de reajuste por la variación de la TRM no era aplicable al contrato
No. 115-14 del 18 de junio de 2014 con sus modificaciones, debido a que, pese a
que hubo un incumplimiento del contratista, lo cierto es que fue superado mediante
los otrosíes suscritos por los sujetos negociales y el contrato de transacción que
celebraron, sin que en aquellos se hubiera excluido la fórmula por la fluctuación del
dólar estadounidense, como se pasa a explicar.

En efecto, en la matriz de riesgos del pliego de condiciones se indicó, partiendo de
la premisa de que UT DELTA podría adquirir los bienes objeto del suministro a
proveedores foráneos, que si el dólar oscilaba por encima del 8,81%, CPE asumiría
dicha contingencia (hecho probado 7.1.2.), mandato que no fue supeditado a solo
ser aplicado al contrato originalmente convenido, sino que se previó para toda la
ejecución negocial, lo cual fue ratificado por las mismas partes contractuales
mediante múltiples otrosíes.

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En consonancia con lo anterior, el contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014
estipuló que el acuerdo de voluntades estaba conformado por la oferta del ahora
contratista, el acto administrativo de adjudicación y los pliegos de condiciones
(hecho probado 7.2.7.), lo que revela que la fórmula de reajuste por la variación de
la TRM, prevista en el anexo técnico del pliego de condiciones, era plenamente
aplicable al negocio jurídico y, como consecuencia, no se estaba ante un mandato
facultativo u opcional.

A la sazón, aunque está debidamente acreditado que la extensión en el plazo del
contrato de suministro de computadores tuvo por origen un incumplimiento de UT
DELTA, lo cierto es que aquel fue superado mediante los otrosíes que convinieron
las partes, encaminados a ampliar el plazo y cambiar las especificaciones de los
bienes del suministro, sin que la desatención obligacional tuviera la vocación de
hacer nugatoria la fórmula de reajuste por el incremento de la TRM, habida cuenta
de que CPE se allanó a la mora y, por lo tanto, otorgó un término adicional para que
se cumpliera el contrato, inclusive, con computadores y ratones con
especificaciones superiores a las iniciales.

En tal sentido, le asiste razón a la parte actora en que operó la novación de la
obligación de entrega de computadores y ratones en el contrato de suministro, en
concordancia con el artículo 1687 del Código Civil76, debido a que, si bien
inicialmente se convino tanto un plazo como unas especificaciones detalladas de
los productos que luego fueron incumplidos por UT DELTA (hechos probados
retratados en el acápite 7.2.), en realidad las partes modificaron el alcance del objeto
negocial en varias ocasiones por la mora obligacional, para pasar a fijar un nuevo
término y, adicionalmente, computadores y ratones con cualidades diferentes, por
lo que mal haría CPE en alegar ahora que dicho incumplimiento le impedía aplicar
la fórmula de reajuste por el incremento de la TRM cuando lo validó y superó.

A su turno, cuando se presentó el incumplimiento de UT DELTA y se suscribió tanto
el acuerdo de transacción del 6 de octubre de 2014, como los otrosíes Nos. 172-14,
222-02 y 002-03 (hechos probados 7.3.3., 7.4.1., 7.4.2., y 7.4.3.), en ninguno de

76 “Artículo 1687. La Novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda

por tanto extinguida”.

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tales convenios se excluyó la aplicación de la fórmula de reajuste por la variación
de la TRM, sino que, por el contrario, en todos los eventos se ratificó que las demás
disposiciones del acuerdo de voluntades se mantendrían vigentes, lo que debía
llevar a concluir que, con ello, la totalidad de los mandatos de los pliegos de
condiciones seguían rigiendo la relación negocial, por más de que se hubiera
incrementado su plazo.

De ese modo, es claro que la cláusula de reajuste por la fluctuación de la TRM era
aplicable al contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014 con todo y que aquel se
extendió en su plazo y se modificaron las especificaciones del suministro por cuenta
de un incumplimiento de UT DELTA, debido a que CPE se allanó a tal desatención
obligacional y, además, en los otrosíes suscritos para conjurar tal aspecto no se
excluyó la aplicación de dicha fórmula.

Al respecto, conviene destacar que, en virtud de los artículos 1601 y 1603 del
Código Civil77, aplicable a los asuntos sometidos a la Ley 80 de 1993 y sus reformas
como fue explicado en acápites anteriores, los contratos son ley para las partes y
se deben ejecutar de buena fe, lo que tiene inevitables consecuencias respecto de
su contenido y efectividad, pues su clausulado debe ser entendido en el sentido de
que es imperativo en su totalidad, salvo que las partes modulen o excluyan alguna
disposición en concreto por mutuo consentimiento.

Ciertamente, el derrotero expuesto es plenamente aplicable al asunto de estudio,
sobre la base de que, como se explicó, el contrato No. 115-14 del 18 de junio de
2014 previó una cláusula de reajuste por una variación de la TRM que no fue
suprimida o modulada por los sujetos negociales, aunque el acuerdo de voluntades
se hubiera modificado en cuanto al plazo y las especificaciones de los bienes objeto
del suministro, de ahí que tal fórmula se mantuvo vigente en el acto jurídico y, por
lo tanto, tenía la vocación de regir la ejecución aun con un intervalo adicional.

Al punto, si las partes hubieran querido excluir la cláusula de reajuste por la variación

77 “Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede

ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. // Artículo 1603. Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley
pertenecen a ella”.

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de la TRM, para que no rigiera el plazo contractual extendido con los otrosíes, habría
bastado que en las modificaciones se suprimiera dicho mandato, lo cual no sucedió,
ya sea por una falta de diligencia de CPE, o porque su querer real fue mantener tal
prescripción en el acto jurídico, sin que el simple hecho de que omitieran un
pronunciamiento expreso frente a esta llevara a concluir que ya no estaba vigente.

Por todo lo expuesto, la fórmula de reajuste por la variación de la TRM era aplicable
al contrato No. 115-14 de 2014 al margen de las modificaciones de que fue objeto,
por lo que no era dable negar las pretensiones de la demanda con sustento en que
UT DELTA incumplió el contrato, cuando CPE se allanó frente a ello.

8.2. La reclamación efectuada por UT DELTA para solicitar la aplicación de la
cláusula de reajuste por la variación de la TRM fue formulada en tiempo

La Sala considera que, contrario a lo indicado por CPE, UT DELTA no efectuó su
reclamación por la variación de la TRM de manera extemporánea, debido a que la
cláusula de reajuste por la fluctuación de dicho índice no estableció una restricción
en el tiempo para formular el reparo en cuestión, como se pasa a aclarar.

De la lectura e interpretación de la cláusula por la variación de la TRM se evidencia
que, si bien se dispuso la posibilidad de revisar los movimientos de tal índice durante
cada entrega, con el propósito de establecer su comportamiento, en realidad ello se
consagró como una “recomendación”, es decir, una eventualidad, que no una
obligación, circunstancia que, por tal motivo, no era exigible de manera imperativa
al contratista y, al no haberse restringido en el tiempo el momento para reclamar, se
podía efectuar cuando finalizara el acto jurídico o antes, como en efecto sucedió
(hecho probado 7.1.2.).

Sobre el particular, la Subsección pone de presente que, según el artículo 1618 del
Código Civil78, conocida con claridad la intención de las partes, debe estarse sujeto
a aquella, lo que tiene una repercusión directa en el asunto que ocupa la atención
de la Sala, ya que la revisión de la variación de la TRM al momento de cada entrega

78 “Artículo 1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que

a lo literal de las palabras”.

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fue dispuesta como una simple sugerencia o posibilidad y no como un deber 79,
situación que a todas luces habilitaba a UT DELTA a realizar sus reparos al respecto
inclusive al momento de finalizado el acuerdo de voluntades.

En ese contexto, a partir del 20 de febrero de 2015 (hecho probado 7.5.1.) UT
DELTA solicitó a CPE la aplicación de la cláusula de reajuste por la fluctuación de
la TRM, cuando el acuerdo de voluntades estaba vigente, dado que feneció hasta
el 15 de agosto de 2015 y, seguidamente, mediante memoriales del 26 de marzo, 4
y 26 de agosto, 4 de noviembre y 15 de diciembre de 2015 (hechos probados 7.5.3.,
7.5.4., 7.5.6., 7.5.9., 7.5.12.), reiteró dicha petición y se opuso a la negativa de la
entidad a reconocer los mayores emolumentos que, a su juicio, le correspondían, lo
que no puede ser considerado extemporáneo, no solo porque no existía un plazo
convencional para tal proceder, sino porque, incluso, se efectuó el reparo respectivo
desde que el negocio jurídico seguía en vigor.

Una vez más, si el querer de CPE y UT DELTA hubiera sido delimitar en el tiempo
la posibilidad de exigir la aplicación de la cláusula de reajuste por la variación de la
TRM, lo habrían establecido de forma imperativa y no como una simple
recomendación, de ahí que se estima que la parte demandada erra al indicar que la
reclamación incoada por la contratista fue extemporánea, al punto de que, en el
cruce de comunicaciones entre los sujetos negociales se denegó la solicitud de
reconocimiento de un mayor monto por argumentos de fondo y no solo por el simple
hecho del momento en que aquella se efectuó (hechos probados del acápite 7.5.).

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que, además de que la cláusula de reajuste
por la variación de la TRM era aplicable al contrato No. 115-14 del 18 de junio de
2014 y sus modificaciones, las reclamaciones efectuadas por UT DELTA para que
se hiciera efectivo dicho mecanismo se efectuaron en tiempo.

8.3. No se acreditó que hubiera existido una variación de la TRM superior al
8,81% y, por ende, que se tuviera que reconocer un monto adicional por ello

De la revisión del material obrante en el expediente, la Subsección encuentra que

79 Lo que era suficiente para determinar el querer de las partes, sin lugar a acudir a otras
disposiciones del acuerdo de voluntades. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 29 de agosto de 2012. Radicado 25000-23-26-000-1999-02639-01 (25390).

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no se cuenta con elementos materiales de juicio suficientes para determinar los
extremos sobre la base de los cuales osciló la TRM, lo que conlleva a que no sea
posible determinar si hubo una variación de tal figura superior al 8,81% y, por
consiguiente, CPE no estaba obligada a aplicar la cláusula por la fluctuación de
dicho factor en favor de UT DELTA.

8.3.1. Previo a la revisión de las pruebas aportadas para demostrar una variación
de la TRM, se encuentra que la cláusula de reajuste por oscilación de la TRM se
dispuso dentro del anexo técnico 2 del pliego de condiciones y dentro del ítem de
“variación del incremento de la tasa de cambio”, sobre la premisa de que, dado que
el objeto del negocio jurídico era el suministro de computadores y mouses, era
posible adquirirlos en el extranjero y, eventualmente, se hubiera podido pactar su
pago entre el contratista y el proveedor en divisas extranjeras como el dólar
estadounidense (hecho probado 7.1.2.).

La Tasa Representativa del Mercado – TRM es la cantidad de pesos colombianos
por un dólar de Estados Unidos, es decir, el valor de dicha divisa foránea respecto
de la moneda nacional, índice que es expedido diariamente por la Superintendencia
Financiera de Colombia con base en las operaciones económicas efectuadas el día
hábil anterior y que se lleva a cabo constantemente no solo por la prevalencia de la
primera de ellas a nivel global, sino con el fin de determinar su comportamiento a
nivel cambiario. Precisamente, a partir de esa figura, es posible establecer otros
aspectos tales como la devaluación monetaria nacional y la estimación de los
dólares que ingresan y salen del país80.

En esa medida, partiendo de la premisa anterior, la finalidad de la cláusula de
reajuste por la fluctuación de la TRM fue la de evitar que UT DELTA tuviera que
asumir fuertes variaciones del dólar estadounidense respecto del peso colombiano
por la adquisición de los bienes objeto del suministro con divisas foráneas, lo que,
naturalmente, solo era aplicable a las compras que efectuara con tal moneda, pues
aquellos bienes adquiridos con pesos colombianos no estaban sujetos directamente
al riesgo de la oscilación monetaria.

80 Banco de la República. Circular Reglamentaria Externa – DODM-146. Metodología de cálculo de

la tasa de cambio representativa del mercado.

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Igualmente, en tanto la oscilación de la TRM se predica frente al dólar
estadounidense respecto al peso colombiano, era imperativo que, para la aplicación
de la cláusula de reajuste por su variación se acreditaran los dos extremos
necesarios para establecer la fluctuación, a saber: i) la TRM al momento de la
adjudicación y ii) la TRM del día en que habrían de efectuarse los pagos en dólares
estadounidenses, sin que fuera dable tener otras fechas diferentes, en la medida en
que para verificar tal aspecto no bastaba, verbi gratia, con acreditar la fecha del
negocio entre el contratista y el proveedor, pues ello no da cuenta per se del
momento en que se pagaron los bienes, sino que debía demostrarse con total
claridad el instante en que se realizó el desembolso monetario, que es la fecha en
que queda clara la TRM final asumida por el sujeto negocial.

En suma, la cláusula de reajuste por la fluctuación de la TRM fue una previsión
efectuada por CPE desde el pliego de condiciones, aplicable cuando se paga en
dólares estadounidenses, que rige el contrato No.115-14 del 18 de junio de 2014 y
según la cual, toda oscilación de dicho índice superior al 8,81% genera que los
costos adicionales de tal circunstancia sean asumidos por la entidad contratante,
aspecto para el cual es necesario tener total claridad sobre tal figura el día que se
adjudicó el contrato y cuando se realizó desembolso dinerario por UT DELTA,
respecto de los bienes que adquirió a sus proveedores en divisa extranjera.

8.3.2. Retomando el análisis de la prueba de la oscilación de la TRM, vale la pena
destacar lo previsto en el artículo 16781 del CGP, según el cual corresponde a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen, lo que representa que, expresado en otros términos, en los
eventos en que, en sede del medio de control de controversias contractuales, se
efectúan reproches de incumplimiento de un acuerdo de voluntades, se debe
demostrar que los elementos para dicha mora se hayan configurado, so pena de
que se entienda que el contrato fue satisfecho debidamente82.

81 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 15 de julio de 2022. Radicado

25000-23-36-000-2017-00564-01 (67937). Corte Constitucional. Sentencia C-099 del 17 de marzo
de 2022.

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Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

Efectivamente, en virtud de los anteriores derroteros, obra en las pruebas aportadas
que, el 11 de junio de 2014, CPE adjudicó el contrato de suministro a UT DELTA
(hecho probado 7.1.3.), fecha para la cual la TRM era de $1.884,9783. Igualmente,
una vez celebrado el contrato No. 115-14 del 18 de junio de 2014, su plazo se
extendió mediante varios otrosíes, así como se cambiaron las especificaciones de
los bienes objeto de la venta continuada (hechos probados del acápite 7.4.).

Mediante comunicados del 20 de febrero, 26 de marzo, 4 y 26 de agosto, 4 de
noviembre y 15 de diciembre de 2015 (hechos probados 7.5.1., 7.5.3., 7.5.4., 7.5.6.,
7.5.9., 7.5.12.), UT DELTA le solicitó a CPE la aplicación de la cláusula de reajuste
por la variación de la TRM en su favor, con apoyo en que, desde el día en que el
negocio fue adjudicado y hasta tales fechas, se presentó una oscilación de la TRM
superior al 8,81%, por lo que era dable que la contratante asumiera dicho
sobrecosto. Para tal efecto, aportó las órdenes de compra que suscribió con
proveedores nacionales y extranjeros, así como un correo electrónico donde
supuestamente obran los pagos efectuados y varios extractos de la fiducia que
constituyó para cancelar sus obligaciones dinerarias con los fabricantes.

CPE despachó desfavorablemente la aplicación de la cláusula de reajuste por la
variación de la TRM mediante las respuestas del 16 de marzo, 11 de agosto, 10 de
septiembre, 30 de octubre y 23 de noviembre de 2015 (hechos probados 7.5.2.,
7.5.5., 7.5.7., 7.5.8., 7.5.10. y 7.5.11.), con sustento, entre otros, en que UT DELTA
no acreditó la oscilación de dicho factor, comoquiera que no aportó las constancias
de pago de los bienes respecto de los fabricantes.

Pues bien, del plenario de pruebas, entre ellas, varias órdenes de compra, consta
que únicamente 22.050 computadores y sus accesorios fueron adquiridos por UT
DELTA a una sociedad foránea, negocio que se pactó para ser pagado en dólares
estadounidenses (hecho probado 7.6.2.), sin que los demás contratos suscritos para
tal fin con proveedores nacionales puedan ser tenidos en cuenta para efectos de
determinar si la cláusula de reajuste por la fluctuación de la TRM era aplicable, en
la medida en que, como ya se explicó, esta se dispuso únicamente para las

83 Como obra en la serie histórica de la TRM del Banco de la República, disponible en el enlace

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm.

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transacciones efectuadas en la primera divisa extranjera mencionada.

Con todo, UT DELTA solamente aportó un certificado de que le debía a ATG
$1’453.540 USD, un correo electrónico sin firma ni identificación personal del
remitente donde se afirma que supuestamente efectuó varios pagos en dólares a
dicha proveedora y varios extractos de la fiducia que constituyó para cancelar sus
obligaciones dinerarias (hechos probados del acápite 7.7.); sin embargo, ninguno
de tales documentos da cuenta de los pagos que la parte demandante afirmó haber
realizado a su proveedor internacional. Lo mismo acontece con el dictamen pericial
aportado y el interrogatorio de parte recaudados en la audiencia de pruebas, como
se pasa a exponer.

Primero, el certificado donde consta que UT DELTA le adeudaba $1’453.540 a la
sociedad foránea ATG no da cuenta del pago, sino solamente de un préstamo,
aunado a lo cual el correo electrónico sin firma solo es una afirmación que no está
fundada en ningún soporte. Lo propio sucede con los extractos de fiducia, en los
que obran los ingresos y egresos del patrimonio autónomo, pero no a quién iban
dirigidos tales movimientos transaccionales, situación que evidencia que, frente a
las pruebas descritas no está acreditado el supuesto pago con divisa extranjera que
los aquí demandantes afirman haber realizado.

Segundo, el dictamen aportado adolece de distintas falencias, como el hecho de
que el perito no presentó los soportes de que es contador -se limitó a anexar su hoja
de vida-, ni referenció los insumos sobre la base de los cuales estableció la fecha
en que UT DELTA supuestamente efectuó el pago en divisa extranjera, al punto de
que, durante la práctica de la prueba afirmó que los datos sobre la base de los
cuales fundó sus cálculos fueron aportados directamente por la parte actora, sin
contar con soporte alguno sobre el particular (hecho probado 7.8.), todo ello, en
contravía de lo previsto en el artículo 226 del CGP 84, según el cual el peritaje debe

84 “Artículo 226. Procedencia. […] Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en

él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que
los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. // El dictamen suscrito por el
perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones: 1. La identidad
de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración […] 3. La profesión, oficio, arte o
actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.
Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos
y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. […] 10.
Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen”.

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basarse en soportes y se deben acreditar las cualidades de quien lo rinde.

En ese sentido, resulta evidente para la Sala que la experticia está fundada en datos
especulativos y no es congruente con las demás pruebas del expediente, en las que
no obra que se hubiera efectuado el pago en moneda extranjera a ATG, situación
que no podía estar basada en la simple afirmación del extremo activo de la litis, ni
en soportes de que se adeudaban tales emolumentos, sino que debía fundarse en
pruebas efectivas de que se llevó a cabo la cancelación de los saldos dinerarios
pendientes en moneda extranjera, nada de lo cual sucedió, de ahí que se le deba
restar eficacia probatoria al dictamen, por no ser congruente con la realidad y, por
ende, por ser inconducente e inútil.

Tercero, la declaración de parte de UT DELTA, efectuada por medio de su
representante legal, tampoco da cuenta del pago en dólares estadounidenses de
dicha entidad a su proveedor internacional e, incluso, durante el recaudo de dicha
prueba se evidenció que aquel y su apoderado se negaron a referirse a los
documentos negociales que suscribieron con los proveedores, excusados en que la
contienda no guardaba relación con ese acuerdo de voluntades (hecho probado
7.9), lo que a todas luces esta Subsección considera errado, comoquiera que era
necesario conocer la fecha en que la contratista hizo el pago a sus proveedores en
dólares estadounidenses para determinar los extremos sobre la base de los cuales
se estudiaría una oscilación de la TRM.

En ese orden de ideas, es claro que UT DELTA no demostró la fecha en que se
efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de 22.050
computadores que, según afirmó, se adquirieron con esa divisa, un aspecto en el
que, por más de que consten las órdenes de compra de dichos bienes, no puede
ser deducido, debido a que la contratante pudo haberlos pagado antes de
adquirirlos, de forma concomitante al negocio o posteriormente, lo cual tiene una
incidencia en su reclamación, pues esa fecha final era determinante para establecer
si la variación de la TRM fue superior al 8,81%.

Precisamente, para acreditar el pago en dólares estadounidenses no bastaba con
afirmarlo o indicar que se debía una suma determinada, sino que, tal y como se
explicó al principio del acápite 8.3., era esencial que UT DELTA demostrara la fecha

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exacta en que efectuó el pago en dólares americanos para obtener los bienes que
luego dio en suministro a CPE, pues solo con tal información habría sido posible
establecer si la oscilación de la TRM fue mayor al 8,81%, aspecto frente al cual no
existe una tarifa legal, ya que existen distintos medios probatorios que hubieran sido
conducentes, pertinentes y útiles para probar el pago, como los comprobantes de
las transacciones realizadas o un certificado proferido y suscrito debidamente por el
fiduciario, nada de lo cual se aportó al presente proceso.

Inclusive, la falta de prueba del pago en dólares estadounidenses por UT DELTA
fue advertida desde la etapa de reclamación directa ante CPE, cuando en
comunicado del 23 de noviembre de 2015 (hecho probado 7.5.11) la entidad le
señaló que no se aportaron documentos dirigidos a demostrar el alcance de la
relación comercial con sus proveedores y los pagos efectuados en dólares
estadounidenses, falencia que se replicó en sede judicial, según los términos
expuestos anteriormente.

En virtud de las consideraciones plasmadas en las páginas precedentes, la
Subsección concluye que UT DELTA no acreditó las fechas en que efectuó los
pagos en dólares de los bienes que posteriormente suministró a CPE, información
sin la cual la demandada no estaba obligada a aplicar en su favor la cláusula de
reajuste por la fluctuación de la TRM, ante la falta de información para determinar
tal aspecto, situación que refleja que el incumplimiento obligacional alegado por la
actora no se configuró.

Por lo tanto, no se evidencia ninguna infracción a los principios inherentes a la
contratación estatal por el hecho de que CPE se hubiera negado a aplicar la fórmula
de reajuste por la fluctuación de la TRM en favor de UT DELTA, pues no existían
elementos suficientes para concluir que el índice osciló en un porcentaje superior al
8,81%, de ahí que, contrario a lo advertido por la parte apelante, la demandada
actuó de buena fe, no solo porque basó su decisión en la ausencia de pruebas
existente, sino porque le garantizó al reclamante la posibilidad de plasmar los
argumentos de lo que pretendía, así como lo requirió para que allegara la
información faltante, sin que hubiera procedido en tal sentido.

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Demandante: UNIÓN TEMPORAL DELTA 01-14

Finalmente, debido a la falta de prosperidad de los cargos de incumplimiento contra
CPE, resulta inane referirse a las pretensiones encaminadas al reconocimiento de
una indemnización de perjuicios en favor de UT DELTA, debido a que, para
proceder en esos términos, era necesario primero la prosperidad del cargo en
comento, nada de lo cual sucedió.

Al punto, se precisa que, si bien en otros asuntos de esta Corporación en sede
contractual la oscilación de la TRM ha sido estudiada bajo la óptica de un
desequilibrio económico, en realidad en el sub examine no se solicitó analizar la
disputa de tal forma, sino con base exclusiva en un incumplimiento, dado que las
partes previeron el riesgo mencionado en el acuerdo de voluntades, de ahí que
también sea improcedente estudiar una mayor onerosidad imprevista85.

Como consecuencia de la improsperidad de todos los cargos de apelación, esta
Corporación confirmará la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, aunque por las
razones expuestas en esta decisión.

9. Costas

El artículo 188 del CPACA establece que, “[…] salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del CGP86 estableció que se condenaría en costas a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.

Bajo ese entendido, se condenará en costas a las sociedades MICROHARD S.A. y
PROVEDATA S.A.S., miembros de UT DELTA, quien interpuso el recurso de

85 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2023.
Radicado 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441).
86 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella […]”.

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apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que su
impugnación no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo,
en los términos del artículo 366 del CGP, tomando en consideración lo dispuesto
por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación
las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues CPE
actuó con apoderado en esa etapa y presentó alegatos de conclusión, motivo por el
cual la Sala las determinará, con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554
del 5 de agosto de 201687, según el cual, en los procesos declarativos en general,
cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las
agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV88.

En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en 5
salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de Computadores para
Educar, monto que deberá ser asumido en partes iguales por las sociedades que
conformaron UT DELTA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de julio de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

87 Aplicable al caso concreto, considerando que la demanda se presentó el 9 de agosto de 2017,

cuando ya se encontraba vigente tal normativa. “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en
derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
88 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.

[…]. En primera instancia. A. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario: […] (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […]. En segunda
instancia. Entre 1 y 6 SMMLV”.

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Radicado: 25000233600020170147901 (66566)
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mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por los motivos
plasmados en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a las sociedades
MICROHARD S.A. y PROVEDATA S.A.S., miembros de la unión temporal Delta 01-
14. Para el efecto, se fijan las agencias en derecho en 5 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, en favor de Computadores para Educar. Las costas se
liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF

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