Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2017-00359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2017-00359-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2017-00359-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)
Demandante: Pear Solutions S.A.S.
Demandada: Departamento del Quindío
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – REQUISITOS / Se
requiere, además de un desbalance grave, sustancial, anormal del equilibrio
prestacional, la comprobación de una causa extraordinaria, sobreviniente,
imprevisible e inimputable a las partes / RIESGO CAMBIARIO / potencial variación
económica derivada de las fluctuaciones de la tasa de cambio / GESTIÓN DEL
RIESGO CONTRACTUAL PREVISIBLE / Deberes de las partes frente a las
circunstancias que pueden afectar el equilibrio contractual; el demandante a cargo
del riesgo, no lo gestionó.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la sociedad
demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La controversia versa en torno a la reclamación de compensación por desequilibrio
contractual, derivado de la variación de la TRM1, en el marco de un negocio estatal
donde el demandante vendió al ente territorial demandado, tabletas y tableros
digitales destinados a diferentes instituciones públicas.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión antes indicada, adoptada el 15 de marzo de 2018, por
la cual se decidió la demanda presentada por la sociedad Pear Solutions S.A.S. (en
adelante el contratista, la parte actora o la demandante), en contra del departamento
del Quindío (la entidad pública, el contratante o el demandado), cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación:
1 La tasa de cambio representativa del mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera,
corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos de América; se calcula con
base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado
cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación.
Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)
Demandante: Pear Solutions S.A.S.
Demandada: Departamento del Quindío
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Pretensiones
2. Como principales, la sociedad demandante solicitó declarar que: (i) entre ésta y el
demandado se celebró el contrato 13 del 10 de abril de 2015, cuyo objeto consistió
en la “adquisición de herramientas tecnológicas (tabletas y tableros) para mejorar la
calidad educativa del Departamento (sic) del Quindío”2; (ii) el demandante cumplió
con las obligaciones derivadas del citado contrato estatal; y, (iii) se presentó un
desequilibrio económico del contrato en detrimento del contratista; además, (iv)
requirió la liquidación judicial del negocio jurídico.
3. Como pretensiones consecuenciales y de condena, pidió ordenar al demandado
pagar a su favor, incluyendo tales valores en la liquidación del contrato: (i) la suma
de $1.060’673.207, para compensar el desequilibrio económico que se presentó
durante la ejecución del contrato; (ii) los intereses moratorios a la máxima tasa
certificada por la Superintendencia Financiera sobre las sumas declaradas como
debidas por el desequilibrio económico, hasta la fecha efectiva de pago; y, (iii) la
condena al demandado al pago de las costas y agencias en derecho3.
Hechos
4. Antecedido por los análisis de los estudios previos y definición de la necesidad,
el 16 de enero de 2015, el departamento del Quindío publicó en el Portal Único de
Contratación el proyecto de pliego de condiciones para la “adquisición de
herramientas tecnológicas (tabletas y tableros) para mejorar la calidad educativa en
la población del departamento del Quindío”, para lo cual, recurrió a la modalidad de
selección abreviada por subasta inversa presencial.
5. El 27 de febrero de 2015 el demandado publicó el pliego de condiciones
definitivo, el 12 de marzo de 2015 cerró el proceso de selección y el 20 de marzo de
ese año evaluó las propuestas, entre ellas, la suya; finalmente, el 27 de marzo de
2015, en audiencia, el comité evaluador recomendó seleccionar al demandante, en
función de su oferta (por valor de $8.222’672.947). Como consecuencia de lo
anterior, mediante Resolución 559 del 27 de marzo de 2015, se adjudicó a favor del
demandante el contrato por el valor ofertado.
6. El 10 de abril de 2015, demandante y demandado firmaron el contrato donde
aquél se comprometió a entregar a éste tableros y tabletas digitales en las
cantidades, plazos, puestas en marcha y capacitaciones pactadas. El valor total del
contrato sería pagado, un 30% como anticipo, y un 70% a la entrega de la totalidad
de los bienes acordados. El plazo de ejecución fue establecido en 60 días calendario.
7. El 6 de mayo de 2015 comenzó la ejecución del contrato y en acta se fijó el 5 de
julio de 2015 como fecha de finalización. El 29 de mayo de 2015, el demandado
transfirió a la fiducia constituida para el manejo del anticipo, el 30% del valor del
contrato conforme a lo pactado.
2 Folio 2 c. 1.
3 Folios 1 y 2 c. 1.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)
Demandante: Pear Solutions S.A.S.
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8. El contrato fue suspendido del 3 de julio al 7 de julio de 2015, mientras se resolvía
la petición de prórroga del plazo de ejecución propuesta por el demandante,
sustentada en: (i) la imposibilidad de brindar las capacitaciones de manejo de los
tableros digitales al personal docente, debido a la temporada de vacaciones y, (ii)
problemas que adujo respecto al desembarque, revisión, embalaje e instalación de
los bienes. El 8 de julio de 2015 se pactó la prórroga del contrato -modificación
contractual 01 del 9 de julio- hasta el 31 de ese mes y año, con fundamento en las
anteriores consideraciones.
9. El 31 de julio de 2015 se amplió el plazo del contrato por 10 días más -
modificación contractual 02 de ese mismo día- hasta el 10 de agosto, de nuevo, con
base en las dificultades expuestas por el contratista relacionadas con demoras en el
trámite de nacionalización de los bienes a entregar.
10. El 6 de agosto de 2015 las partes decidieron suspender el contrato hasta el 12
de agosto, para que el demandante evaluara la posibilidad de adicionar el contrato
en el sentido de agregar bienes y su correlativo precio. El 19 de agosto siguiente
suscribieron la adición 01 pactando que el contratista entregaría 5102 tabletas más
a cambio de un único pago, después del recibo a satisfacción, de $2.699’985.889,
en un plazo de 45 días; ese mismo día finalizó “la suspensión” y se reanudó la
ejecución del contrato.
11. El 8 de septiembre de 2015 el demandante remitió un oficio al demandado
indicando una variación abrupta del dólar durante el término de ejecución del negocio
jurídico, que ya acumulaba un aumento del 22%, por lo que solicitó la revisión del
equilibrio contractual, petición frente a la cual la entidad contratante solicitó facturas
y manifiestos de aduana para atender el requerimiento.
12. El 17 de septiembre de 2015, el demandado pagó el valor pendiente del contrato
inicial (70%), previo informe de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor
designado por la contratante.
13. El 29 de septiembre de 2015 y para efectos de cumplir con la adición 01, el
demandante solicitó la extensión del plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de
2015, en atención a problemas del proveedor para la consecución de elementos
electrónicos.
14. El 1 de octubre de 2015 las partes suspendieron el contrato hasta el 7 de octubre,
para evaluar la petición de revisión económica del negocio y el 8 de octubre,
acordaron prorrogar el contrato por 15 días. Posteriormente, el demandante expresó
que la prórroga era insuficiente, por lo que el 23 de octubre de 2015 las partes
firmaron la prórroga 05 y definieron un término de 14 días adicionales.
15. Sin indicarse el día exacto, se dijo que el demandado negó la solicitud de
compensación, comoquiera que no encontró desequilibrio económico de las
prestaciones pactadas. El 2 de diciembre siguiente el demandante reiteró su petición
de revisión de la economía del negocio, para lo cual hizo una explicación detallada
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Demandante: Pear Solutions S.A.S.
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de las razones financieras que lo justificaban; no obstante, el 24 de diciembre de
2015, el demandado reiteró su postura, en el sentido de negar la solicitud recibida.
16. Debido a la falta de reajuste contractual, el demandante no pudo cancelar las
facturas de venta 4608 y 4652 de software y empaque a sus proveedores, cuyo valor
conjunto es de $1.086’327.495, incluidos los intereses moratorios a 31 de diciembre
de 2015.
17. El 28 de enero de 2016, el demandante requirió al demandado para que liquidara
el contrato, por lo que, en febrero siguiente, éste remitió un acta donde las partes se
declaraban a paz y salvo, sin reconocer el desequilibrio económico que se presentó.
Ese mismo mes, el demandante remitió oficio por el cual informaba que cumplió las
obligaciones pactadas en el contrato, su adición y prórrogas, haciendo constar que
el demandado no se hallaba a paz y salvo, comoquiera que no había solventado el
desequilibrio que presentó el contrato, oficio que fue reiterado el 27 de mayo de 2016,
sin respuesta4.
18. El demandante precisó que su reclamo no recae sobre las prestaciones definidas
en la adición del 19 de agosto de 2015, sino en aquellas ejecutadas en los términos
del contrato inicial, pues entre la adjudicación del contrato (27 de marzo de 2015) y
el primer y segundo pago (25 de mayo y 17 de septiembre de 2015), la TRM varió de
forma abrupta e incidió directamente en la justicia económica del negocio jurídico –
tuvo un aumento de $437–, impactando la adquisición de los bienes a entregar por
el demandante y que se efectuaba en dólares.
19. Señaló que resulta procedente la compensación económica deprecada, porque,
la variación de la divisa fue una condición prevista como riesgo altamente posible y
asumido por el demandado de forma clara en el pliego de condiciones. Indicó que
fue una condición que salió de los márgenes esperables y la tendencia histórica que
el actor previó, lo que supuso recibir “$1.060’673.207 menos de lo esperado” y, por
ende, “dejó de percibir la utilidad esperada, teniendo como parámetro una utilidad de
4.08% sobre el contrato”5.
Contestación de la demanda
20. El demandado reconoció el vínculo contractual con el demandante y las
diferentes prórrogas y adiciones que tuvo el acuerdo de voluntades; sin embargo,
hizo varias precisiones con base en las cuales se opuso a las pretensiones,
esencialmente, con base en la excepción que denominó inexistencia de condiciones
de desequilibrio contractual.
21. Explicó que el contrato era uno de compraventa y aunque se pactó un plazo de
60 días para la entrega total de los bienes adquiridos, ello no implicaba que fuera de
ejecución sucesiva; si bien el plazo se suspendió y extendió en varias oportunidades,
ello se hizo a petición y por causa imputable al demandante (demora en la
4 Folios 3 a 12 c. 1.
5 Folios 13 a 43 c. 1.
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nacionalización, el traslado, embalaje y despacho de los bienes), de manera que no
resulta viable que adujera la supuesta alteración de las condiciones económicas
durante las prórrogas que por conducta suya, se consintieron.
22. Explicó que al momento de negociar las condiciones de la adición del contrato,
que agregó bienes a comprar y estableció un precio por ellos, las partes pactaron un
precio por ítem de acuerdo con la variación del dólar que para ese momento se
registraba (los artículos pasaron de $445.400 a $529.201.47), pero aclaró que la
definición de ese precio en la adición no era extensible al dispuesto en el contrato
inicial, pues este estuvo definido a partir del análisis del mercado, la presentación de
las propuestas y las observaciones realizadas.
23. Finalmente, explicó que las condiciones de selección fueron claras en señalar
que el contrato sería pagado en pesos colombianos, sin relación o dependencia
cambiaria, cuestión que no fue objeto de observación u oposición del demandante,
quien por el contrario, presentó su oferta y aceptó el componente de moneda
corriente, aunque los bienes o servicios fueran de origen extranjero y requirieran su
importación, condiciones que eran de su conocimiento y frente a las cuales expresó
su voluntad férrea de contratar, así como de cumplir los plazos y condiciones
definidas en el pliego de condiciones6.
Alegatos en primera instancia
24. Agotado el período probatorio7, el demandado expresó iterar los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en la oposición a las
pretensiones8.
25. El demandante expuso que la economía del contrato no estuvo determinada por
las prórrogas pactadas, pues incluso de no haberse ampliado el plazo inicial,
igualmente se hubiera alterado el equilibrio financiero; añadió que la fluctuación de
la divisa en los términos acaecidos desbordó la noción de riesgo previsible, y
finalmente, que tan pronto se conocieron las afectaciones al contrato por esa
variación, cumplió con el deber de probidad y buena fe informándolas a tiempo y
haciendo las respectivas salvedades, razones todas estas que, en su parecer,
justificaban la procedencia de las pretensiones9.
6 Folios 102 a 130 c. 1.
7 En audiencia inicial del 26 de agosto de 2015 (folios 402 a 408, c. 1), el Magistrado Ponente decretó como
pruebas todos los documentos que fueron aportados por la parte actora con su demanda: (i) contratos 2009/09,
2009/10 y 2009/11, otrosíes, actas parciales de obra y cuadros de intereses causados en cada uno de esos
contratos desde el 31 de enero de 2010 (folios 41 a 360, c. 1); (ii) ordenó que se oficie al Distrito para que allegara
los expedientes administrativos de los contratos. Se allegó la información en medio magnético (folio 418, c.1); y
(iii) Requirió a la Fiduprevisora para que remita copia de las constancias de pago que se hicieron a VALORCON
por concepto de los referidos contratos. La información se allegó en medio magnético (folio 414, c. 1). A través
de auto del 23 de agosto de 2016, de oficio el Tribunal requirió al Distrito para que, “en casos de existir en sus
archivos”, remitiera al proceso las copias de las actas de avance y de entrega de obra de los contratos 2009/09,
2009/10 y 2009/11, las actas de liquidación parcial y/o definitiva de los mismos, así como las respectivas facturas
de cobro. La documentación se allegó en medio magnético (no se encuentran actas de liquidación) (folios 462 a
471, c. 1).
8 Folios 640 a 643 c. 3.
9 Folios 644 a 663 c. 3.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00359-01 (61441)
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26. El Ministerio Público no se pronunció.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
27. El Tribunal Administrativo del Quindío negó el restablecimiento deprecado y
accedió a las demás pretensiones10.
(i) El Tribunal a quo luego de exponer el marco conceptual y legal del
restablecimiento judicial de la ecuación económica del contrato, mencionó que la
variación del dólar era un riesgo previsible para el demandante. Estimó que el
demandante no reclamó la compensación como tampoco hizo constar salvedad
sobre el particular de forma oportuna, con lo cual contravino los postulados de la
buena fe, toda vez que en las prórrogas que solicitó y en la adición al contrato que
suscribió, no avisó al demandado sobre la variación del dólar aducida como tampoco
el supuesto impacto que generó en las condiciones negociales del contrato.
28. Tras efectuar los cálculos pertinentes, procedió a liquidar el contrato,
considerando que las partes se encontraban a paz y salvo.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
29. El demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con
fundamento en los siguientes argumentos:
(i) Las prórrogas celebradas, a pesar de que fueron a petición suya, se produjeron
por causas imprevisibles y ajenas a su responsabilidad, toda vez que el término de
vacancia profesoral, motivo de la primera prórroga, no fue informada en el pliego de
condiciones, como tampoco se anexó resolución alguna que las definiera, además,
era una carga excesiva exigir al contratista que las buscara y tuviera noticia de su
contenido antes de presentar su propuesta; agregó que el cambio de puerto de recibo
de los bienes enajenados, fundamento de la segunda prórroga, se produjo por el paro
camionero que bloqueó el transporte de 500.000 toneladas de mercancía, así como
por el cierre temporal de un tramo vial que comunicaba a Buenaventura con el interior
del país.
(ii) El desequilibrio económico del contrato no se produjo por la extensión del plazo
de ejecución que pactaron las partes, ya que la real causa fue el alza súbita del dólar
por lo que, aún sin las prórrogas contractuales, el desbalance contractual habría
acaecido, tal como se derivaba del dictamen pericial practicado y las declaraciones
testimoniales recaudadas.
(iii) La evidencia demuestra que sí avisó e hizo oportunamente las reclamaciones
respectivas por la injusticia financiera del contrato, y explicó que no hizo ningún
pronunciamiento ni comunicación al respecto en las prórrogas que se celebraron,
comoquiera que para esa época el desequilibrio no se había presentado, sólo fue
10 Folios 693 y 694 c. principal.
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desde el 17 de septiembre de 2015, cuando el ente demandado pagó el 70%
restante, que se configuró el citado desbalance; afirmó que no de otro modo se
explicaba que al momento de decidir sobre la adición contractual propuesta por el
demandado, tuvo que efectuar un estudio que permitiera determinar el precio de los
bienes a adicionar para poder concretar el acuerdo de voluntades, teniendo en
cuenta la sobrevenida alza del dólar, que no mantenía una uniformidad suficiente
para ser prevista de forma definitiva11.
Alegatos de segunda instancia
30. El demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación12 y el demandado
se pronunció de forma extemporánea; por su parte, el Ministerio Público guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
Objeto de la apelación
31. Atendiendo a los fundamentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde
a la Sala establecer si la variación de la cotización de la TRM durante la ejecución
del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con
afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del
demandante, quien la advirtió oportunamente a su cocontratante.
Caso concreto
32. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos
estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que, si dicha
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado,
deben adoptarse las medidas necesarias para su restablecimiento. Como lo ha dicho
reiteradamente la jurisprudencia, la equivalencia de las prestaciones pactadas
puede verse afectada por factores externos a las partes, como ocurre con las aleas
que se gobiernan por la teoría de la imprevisión, así como por causas atribuibles a
la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su autoridad.
Adicionalmente, el restablecimiento del equilibrio del contrato solo es procedente
respecto de causas que no deriven de la conducta antijurídica del extremo
contratante13 y en la medida que la afectación sea real, grave y significativa.
33. Por tanto, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de
la simetría prestacional originalmente pactada por razones ajenas a la conducta del
contratista, en tanto tiene génesis en la existencia de circunstancias sobrevenidas,
imprevisibles no imputables a las partes (teoría de la imprevisión), o se presenta
11 Folios 698 a 718 c. principal.
12 Folios 739 a 743 c. principal.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Exp. 50.907; sentencia del 16 de diciembre de 2020. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Exp.
47997; sentencia del 22 de octubre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Exp. 55541.
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como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la
administración (hecho del príncipe), cuyo impacto es capaz de romper la medida de
equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los
contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada.
34. En términos generales, para que se configure este evento de rompimiento del
equilibrio económico del contrato con el consecuente reconocimiento económico a
favor del contratista, se requiere acreditar que: (i) con posterioridad a la celebración
del contrato, se presentó un hecho ajeno o exógeno a las partes, o no conocido, es
decir, no atribuible a ninguna de ellas; (ii) esa nueva circunstancia fue imprevista o
imprevisible, esto es, que no pudo ser razonablemente predecible por las partes; y,
(iii) el hecho alteró de manera anormal y grave la ecuación financiera del contrato,
haciendo mucho más gravosa su ejecución, sin imposibilitar su continuación.
35. Precisado lo anterior, la Sala anticipa que el fallo de instancia será confirmado,
comoquiera que la variación de la TRM bajo el contrato objeto de controversia: (a)
fue un riesgo previsible para el demandante, cuyas consecuencias debía soportar; y
(ii) no causó una afectación grave en la economía del contrato.
36. Debe tenerse en cuenta que la pretensión de compensación por reequilibrio
económico sólo recae sobre las obligaciones pactadas de forma primigenia el 10 de
abril de 2015, tal como precisó el demandante desde la demanda, de modo que el
análisis de la Sala sólo comprenderá tal escenario, sin alcanzar las modificaciones
contractuales ulteriores que sobrevinieron por común acuerdo entre las partes,
pactadas en la adición 01 del 19 de agosto de 2015.
La variación de la TRM fue un riesgo previsible al demandante
37. Revisado el trasegar pre y contractual del negocio 13 de 2015, se evidencia que,
desde el principio, esto es desde el mismo proyecto de pliego de condiciones, el
departamento demandado estableció que el precio por las tabletas y tableros
digitales que vendrían a constituir el objeto del contrato sería pagado en pesos
colombianos, de hecho, definió de forma clara que los recursos disponibles para
soportar el pago de la contraprestación a recibir por el contratista sería de
$8.323’350.000 “pesos moneda corriente”, condición que no era ajena para el
demandante, comoquiera que la oferta que presentó con la finalidad de ser elegido,
refleja que aceptaba esos términos, se comprometía a cumplirlos, e incluso, que
renunciaba a “cualquier reclamación futura por falta de información o información
parcial”, teniendo en cuenta que “con la presentación de esta oferta calculamos
todos y cada uno de los costos para cumplir a cabalidad con la propuesta
presentada”14.
38. En el pliego de condiciones no se definió si los bienes debían ser adquiridos en
el país o no, pero de su lectura se puede extraer que era posible que fueran
importados, teniendo en cuenta que como requisito para los proponentes se exigía
la certificación de calidad de distribuidor y/o comercializador autorizado en
14 Prueba 6.
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Colombia15; igualmente, el formato de oferta adjunto al pliego de condiciones,
contenía una casilla en la que se informaba si el origen de los bienes era extranjero
o no16, formato en el cual el demandante indicó que su propuesta era de bienes que
se consideraban no nacionales.
39. Esta condición implicaba que Pear Solutions S.A.S., previo a la presentación de
su oferta, debía efectuar un análisis económico y financiero de cara a su
ofrecimiento, toda vez que pretendía adquirir y entregar bienes que al ser de origen
no nacional podían ser negociados en divisas distintas al peso colombiano, como en
efecto ocurrió en este caso, en el que los bienes fueron negociados por el
demandante en dólares, exponiéndose a un riesgo cambiario17.
40. La condición inflacionaria de la economía colombiana es un hecho conocido para
todo aquel que comercia bienes importados, según informa el dictamen de Heritage
Financial Advisor S.A.S18, por lo que riesgos como el cambiario constituyen una
15 “4.4 CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO EN COLOMBIA. El
proponente deberá adjuntar con su propuesta la certificación de distribuidor autorizado de los equipos ofrecidos,
expedida por el fabricante, la cual deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario,
contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso. Dicha certificación deberá estar dirigida al
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
En el evento que la (s) certificación (s) sea expedida por un distribuidor mayorista, se deberá anexar igualmente
la certificación de distribuidor autorizado de esta mayorista expedida por el fabricante.
Cuando se trate de un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar dicha
certificación.
4.5. CERTIFICACIÓN DE LA GARANTÍA MÍNIMA EXPEDIDA POR EL FABRICANTE. El Proponente deberá
adjuntar en su propuesta la certificación expedida por el fabricante, dirigida al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
y deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha del cierre
del presente proceso, en donde otorgue garantía de los equipos ofertados por tres (3) años para las tabletas,
cinco (5) años para los tableros y dos (2) años para los video proyectores de los tableros digitales contado a partir
de la fecha de suscripción del acta de recibo de los equipos.
4.6. CERTIFICACIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS. El proponente deberá presentar un certificado expedido
por el fabricante dirigido al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO de los equipos ofertados, donde garantice el
suministro de repuestos para los equipos objeto del presente contrato, por cinco (5) años, contados a partir de la
suscripción del acta de recibo.
El oferente deberá allegar certificado de existencia y representación legal, en el cual se acredite que cuenta con
centro de servicio autorizado o la presentación de la copia del contrato suscrito por el Centro de Servicios con el
fabricante de las tabletas, el cual debe contar con al menos una antigüedad de experiencia de un (1) año previa
a la presentación de la oferta, con el ánimo de acreditar que se tiene el soporte necesario para atender cualquier
contingencia, así como adjuntar copia de la hoja de vida del Ingeniero de Sistemas de dicho establecimiento de
comercio, quien deberá estar capacitado y certificado por la casa de la marca de las tabletas que se oferten, para
ello con la Hoja de Vida se deberá adjuntar los certificados, diplomas o constancias de capacitación por parte del
fabricante”.
16 “Que los Bienes y/o servicios ofertados SI___NO___, son en su totalidad de originen nacional o extranjeros
considerados de origen nacional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 816 de 2003. (Marcar con X
de acuerdo a lo ofertado).
Que los bienes o servicios son extranjeros, que NO sean considerados nacionales de acuerdo a lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, pero el proponente SI___NO___, se compromete a la
incorporación de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativo, discriminando
los mismos (en caso afirmativo deberá anexarse carta de compromiso identificando el componente colombiano
que se incorporará en la ejecución del contrato)”.
17 Entendido este como la potencial variación económica derivada de las fluctuaciones de la tasa de cambio.
18 “La mayoría de los productos tecnológicos son importados, de tal manera que la comercialización de estos
siempre se verá afectado por la tasa de cambio. En el proceso de compra de productos importados, el precio de
adquisición estará determinado dos elementos principalmente: 1. El precio en dólares. 2. El tipo de cambio. De
tal manera que, para un comercializador de tecnología, el costo está directamente relacionado con el tipo de
cambio al momento de adquirir sus productos. Cuando el tipo de cambio COP/USD disminuye, su costo en pesos
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circunstancia plenamente conocida y previsible para comerciantes como el
demandante, pues, (i) se dedica profesionalmente a tal actividad comercial19; (ii)
demostró con los anexos de su oferta que ya había ejecutado contratos análogos (3
negocios con diferentes entidades públicas y privadas por valor de 25.978 SMLV20);
(iii) en la demanda y en la reclamación administrativa de reequilibrio contractual 21
admitió que antes de ofertar consideró la posible fluctuación de la divisa (previó el
riesgo cambiario), aunque sin los alcances que, afirma, finalmente tuvo.
41. Como condición eventual pero previsible para el contratista, inherente y derivada
de sus propias operaciones comerciales, el riesgo cambiario era una condición de
potencial ocurrencia que, al derivarse del modelo de negocio que contempló (ofertar
en pesos y luego adquirir los bienes en dólares), debía ser mitigado por él bajo la
modalidad jurídica o financiera que estimara oportuna v.gr., comprando
anticipadamente o acudiendo a contratos a plazos (forwards22, delivery23 o non
delivery24) u otras herramientas disponibles. Así mismo, considerando que la
tipología del contrato celebrado fue el de una compraventa con ejecución diferida,
los riesgos relacionados con los bienes a entregar estaban a cargo del demandante
en su calidad de vendedor, al estar en mejores condiciones de controlarlos, tal como
es dispuesto por los artículos 92825 y 92926 del Código de Comercio.
42. Además, aunque el demandante afirma que el riesgo acaecido, esto es, el de
“tipo de cambio” o “cambiario”, fue asumido por el departamento demandado en la
medida en que contempló como de su responsabilidad la posibilidad de que
“incremente o disminuya el valor de los bienes a adquirir”, y en últimas, la variación
de la divisa influyó en el citado precio, lo cierto es que ambos riesgos poseen una
naturaleza distinta; mientras el riesgo de variación de precios refiere a la probabilidad
de alzas o pérdidas en el valor de los bienes en el mercado, derivado usualmente de
disminuye, pero cuando el tipo de cambio aumenta (se devalúa) el costo de sus productos se incrementa
directamente proporcional al aumento del tipo de cambio”.
19 Conforme con el objeto social de la empresa, certificado de existencia y representación legal, prueba 6,
“propuesta Pear Solutions”, USB.
20 Formado de experiencia, adjunto a la propuesta allegada al departamento demandado, prueba 6, USB.
21 Prueba 31 “solicitud de revisión de contrato”, USB.
22 Por medio del cual una entidad financiera y el interesado se comprometen a comprar y/o vender una cantidad
de divisas en una fecha futura, a un precio determinado desde el inicio, por medio de contratos de opción, por el
cual el importador o exportado adquiere, por el pago de una prima, el derecho de vender o comprar un monto de
divisas, a una tasa de cambio dada en una fecha en el futuro, así, si la tasa de cambio le favorece al cliente, éste
puede ejercer su derecho de no realizar la operación, pero si no le favorece puede realizar la operación o por
medio de la estrategia que considerara pertinente. Martínez Aldana, C. (2007). Herramientas de cobertura con
futuros y opciones en mercados internacionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
23 Con entrega: Al terminar el plazo las dos partes deben hacer entrega de los montos acordados.
24 Sin entrega: Al llegar la fecha de vencimiento del contrato se liquida por compensación, es decir, no existe
entrega física del monto total negociado, sino que se recibe o se entrega la diferencia en pesos entre la tasa
pactada en el forward y la tasa de mercado del día del vencimiento en función del monto de divisa negociado.
25 “El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, con todos sus accesorios, en las mismas
condiciones que tenía al momento de perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará obligado a
conservarla hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador, salvo que la pérdida o deterioro
se deban a fuerza mayor o caso fortuito, cuya prueba corresponderá al vendedor”.
26 “En la venta de un "cuerpo cierto", el riesgo de la pérdida por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de
su entrega, corresponderá al vendedor, salvo que el comprador se constituya en mora de recibirlo y que la fuerza
mayor o el caso fortuito no lo hubiera destruido sin la mora del comprador. En este último caso, deberá el
comprador el precio íntegro de la cosa”.
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su oferta y demanda, o de los precios y disponibilidad de sus materias primas, el
riesgo cambiario se produce como consecuencia de las posibles variantes de
cotización de una divisa ante otra, de manera que, a diferencia del costo de un activo,
refiere a aquellos eventos en los que, las fluctuaciones en los tipos de cambio entre
dos monedas distintas, afectan negativamente el valor de una inversión o
transacción en moneda extranjera.
43. En este sentido, aunque el demandado asumió el riesgo de variación del precio
de los bienes, el cual mitigaría con la realización de un estudio para establecer el
valor en el mercado de las herramientas tecnológicas a ser adquiridas, representado
finalmente en el presupuesto oficial, ello no equivale a que hubiese asumido las
consecuencias derivadas de las decisiones y operaciones comerciales propias del
contratista para efectos de adquirir los bienes que se obligó a suministrar; como se
expuso, el pliego de condiciones no estableció restricción respecto del origen de los
bienes o que para el momento de la negociación ya se encontraran adquiridos y/o
sometidos al mercado nacional, de modo que su adquisición en moneda extranjera,
y el momento en que ello se hizo, fueron circunstancias que decidió voluntariamente
asumir el demandante en función del esquema de negocio que concibió frente al
contrato.
44. La variación de la divisa influye en el mercado nacional de precios de diversos
bienes, pero no porque sean de origen extranjero, sino por diversas razones
macroeconómicas en las que tal variable interviene, pero no es la única, pues entran
en juego condiciones como la relación oferta y demanda, disponibilidad mediata e
inmediata, etc., por manera que el riesgo de mercado no es igual ni tampoco
subsume el riesgo cambiario, que se produce como consecuencia de los posibles
cambios de cotización de una divisa ante otra, asunto que, se itera, en el caso
concreto correspondía asumir al demandante, quien podía controlarlo y mitigarlo,
pero además, reconoció que lo había previsto. En estas condiciones, no resulta
admisible que el demandante reconozca como factor determinante en los precios del
contrato la variación del precio del dólar, pero que luego en la etapa de ejecución
indique que esa circunstancia no había sido contemplada como un riesgo con la
virtualidad de alterar su estructura económica, pretextando que el riesgo del precio
de los bienes fue el que se realizó, cuando ello no fue así.
45. Ahora, la previsibilidad del riesgo cambiario se evalúa no sólo desde su propia
naturaleza sino también desde su magnitud, premisa sobre la cual el apelante
soporta su disertación en el recurso de alzada, al expresar que, no obstante prever
la volatilidad de la TRM, su variación desbordó las proyecciones que esperaba, con
lo cual sufrió una excesiva onerosidad en las obligaciones a su cargo.
46. Frente a este aspecto, se observa que en el pliego de condiciones y el contrato
definitivo no se estableció un término o plazo para la adquisición de las tabletas y
tableros digitales, sólo que el contratista debía asegurar su respectiva entrega dentro
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de 60 días contados desde el inicio de ejecución del contrato27, es decir, entre el 6
de mayo de 2015 y el 5 de julio de 2015, conforme a la respectiva acta de inicio28.
47. Sin embargo, está acreditado que el demandante, aun consciente de ello,
llegado el vencimiento del citado término ni siquiera había adquirido los bienes, pues
comenzó a comprarlos 10 días después a la fecha de vencimiento, de la siguiente
forma29:
48. El comportamiento del demandante, observado en el solo plano de la compra,
avizoraba un incumplimiento; no obstante, por solicitud suya, se procedió con la
ampliación del plazo, el cual fue concedido por el departamento demandado, eso sí,
bajo motivos que en criterio de la Sala no eran sólidos.
49. Para la prórroga 01 de 2015, que extendió el término hasta el 31 de julio, se tuvo
como sustento, la alegada imposibilidad de capacitación de los tableros digitales por
la vacancia docente, así como por dificultades en el desembarque, registro,
embalaje, envío e instalación de los bienes a sus lugares de destino30 y para la
prórroga 02 de 2015, que alargó el plazo hasta el 12 de agosto de 2015, se tuvo
como fundamento las supuestas vicisitudes en la nacionalización de los bienes
importados31. Estas hipótesis no referían a eventos que imposibilitaran la adquisición
y pago de los bienes a los proveedores o, incluso, a decisiones propias de un
comerciante para la cobertura del riesgo cambiario.
50. Fue entonces el comportamiento del demandante que soslayó su propia
diligencia, con proyección a una mayor exposición en la variación de la TRM. De
aquí que no fue la variación de la divisa la condición que afectó la economía del
contrato, sino las omisiones del contratista no solo en prever medidas de cobertura
al riesgo cambiario, sino al propio cumplimiento del contrato. La información que
obra en el expediente y la propia manifestación de la demandante acredita que para
el 5 de julio de 2015, la TRM tenía un valor de $2642.9732, valor sustancialmente
cercano a aquellos reportados para la época de la adjudicación, e incluso del pago
27 Prueba 12 “contrato 013 de 2015”, USB.
28 Prueba 13 “acta de iniciación”, USB.
29 Conforme con las facturas de compra expedidas por PCSmarTechonologies Corp., y Etraining S.A.S., prueba
15, “facturas proveedores”, USB.
30 Prueba 21 “prórroga no. 001 del 9 de julio de 2015”, USB.
31 Prueba 23 “prórroga 002 del 31 de julio de 2015”, USB.
32 Página 36 de la demanda.
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del anticipo (variación de $91.67 aproximadamente), evidenciando que las
principales alzas del dólar se suscitaron durante las prórrogas solicitadas por el
demandante, quien solo se preocupó de posicionarse como contratista dispuesto a
cumplir, guardando silencio frente a la variación de la TRM, a la vez que solicitaba
extensiones del plazo.
51. Tal como ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación, quien alega la
mayor onerosidad en la ejecución de las prestaciones a su cargo con ocasión de
hechos o circunstancias sobrevinientes, no sólo debe demostrar que él no fue el
causante de las circunstancias que generaron el desequilibrio económico, sino
también que desplegó todos los mecanismos o medios tendientes o morigerar su
impacto, lo cual no ocurrió en el presente caso.
52. Lo anterior sin considerar, de manera principal, que, para el momento de las
prórrogas pedidas por el demandante, la variación de la TRM ya era una condición
conocida por éste, lo cual desvirtúa su imprevisibilidad.
53. De acuerdo con el dictamen pericial de Heritage Financial Advisor S.A.S., la
previsión financiera para 2015 era que la TRM disminuyera33; sin embargo, tal como
lo reflejan las tasas de cambio de las fechas de importación, para el vencimiento del
plazo contractual primigenio (5 de julio de 2015) la TRM desarrolló y mantuvo una
tendencia al alza “hasta llegar a niveles de $3.135 en septiembre”, como se aprecia
en la gráfica del perito:
54. El demandante tenía conocimiento de esta tendencia al alza, pues como se
explicó, es una condición de pleno conocimiento de los comercializadores de bienes
importados, pero además, porque en cada transacción que realizó con su proveedor,
tenía la oportunidad de advertirla, por manera que, al margen de la exposición a la
variación de la TRM por su conducta, tanto el riesgo cambiario como sus
magnitudes, fueron siempre circunstancias de dominio del actor que efectivamente
advirtió, pero que además podía y debía mitigar, descartando la configuración de
una circunstancia imprevisible e irresistible como presupuesto para acceder a la
pretensión de desequilibrio económico.
33 “el consenso de los analistas, según el Banco de la República, esperaban que se revirtiera levemente la
tendencia devaluacioncita reciente, lo cual significaba una disminución en la TRM para los 12 meses siguientes
al mes de marzo de 2015”., carpeta peritaje, archivo peritaje completo, USB.
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No se acreditó una afectación económica grave del negocio jurídico en
detrimento del demandante, con ocasión de la variación de la TRM
55. A la previsibilidad del riesgo cambiario para el demandante y la ausente acción
diligente de un hombre de negocios, se suma que no está probado que el contrato
sufrió la afectación económica grave que alega, pues las pruebas recaudadas dan
cuenta de que la variación de la TRM no conllevó una excesiva onerosidad en las
obligaciones que asumió por el citado vínculo contractual.
56. De acuerdo con la factura expedida por Etraining S.A.S., los tableros digitales
fueron adquiridos el 4 de agosto de 2015, por un valor total en pesos colombianos
de $980’733.600, así:
FACTURA FECHA VALOR TOTAL (COP) UNIDADES
468 04/08/2015 $980’733.600 90
57. Las tabletas fueron adquiridas en distintos momentos por la demandante, todas
fueron negociadas y sufragadas en dólares, pero con tasas de cambio que variaron
en función de la fecha de importación34, tal como lo reflejan las facturas expedidas
por PCSmarTechonologies Corp., y las declaraciones de importación presentadas
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN35. La información es
la siguiente:
FACTURA FECHA VALOR TOTAL TRM UNIDADES
(USD)
4509 16/07/2015 $174.966,13 $ 2.727,23 2000
5416 23/07/2015 $ 311.777,17 $ 2.727,23 3500
4518 28/07/2015 $ 308.216,64 $ 2.807,36 3500
4519 30/07/2015 $ 308.216,64 $ 2.807,36 3499
4520 03/08/2015 $ 327.844,83 $ 2.807,36 3650
4522 06/08/2015 $ 28.639,11 $ 2.945,97 323
TOTAL $ 1.459.660,52 16472
58. Estos datos reflejan que las mercancías no fueron pagadas al valor de la TRM
del 17 de septiembre de 2015 y, por ende, no costaron el correlativo valor en pesos,
que es lo afirmado por el demandante, pues las pruebas indican que gran parte
fueron adquiridas con evidente antelación a esa fecha, y la otra, ni siquiera fue
adquirida en moneda extranjera sino en pesos colombianos, aunado a que, si se
efectúa la operación aritmética para establecer el total pagado en pesos por los
bienes con base en las tasas cambiarias vigentes al día de su adquisición, el total
que se obtiene resulta muy inferior al valor total del contrato, pactado en
$8.323’350.000. Para el efecto, obsérvese la siguiente tabla:
34 De acuerdo con las facturas la importación se hizo bajo la modalidad CIF, esto es, “cost, insurance and fright”
(costo, seguro y flete), según las normas INCOTERMS 2000, sobre transporte de mercaderías internacionales,
lo que implica que los valores indicados, pagados por el demandante, incluyeron tales conceptos.
35 Prueba 15, “factura proveedores”, USB.
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Asunto: Sentencia de segunda instancia
59. Así las cosas, si bien una variación de la TRM tuvo injerencia en las
negociaciones que realizó la demandante, no fue una circunstancia que hubiera
afectado gravemente la economía del contrato en perjuicio del demandante, pues no
causó que las obligaciones a su cargo salieran del alea normal del negocio, como
tampoco se observa que se hubiese afectado la utilidad esperada al momento de la
celebración del negocio, y mucho menos, que hubiese incurrido en pérdidas por esa
circunstancia.
60. Por lo tanto, en atención a que: (i) la variación de la TRM fue previsible, (ii) la
exposición del contrato a esta variable fue por culpa de la parte que la alega y, en
todo caso, (iii) no se acreditó que tal variación hubiese generado una excesiva
onerosidad en las prestaciones a cargo del demandante, no caben los reproches de
la apelación y, en su lugar, se impone con razonado juicio confirmar la sentencia de
primera instancia.
Costas
61. Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del
CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala
condenará en costas a la parte actora en la medida en que se confirmará la sentencia
de primera instancia. Bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria, toda vez que
dicha condena se impone a partir de la verificación objetiva de quién resultó vencido,
“siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley”.
62. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
63. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que estas se
regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda36. De conformidad
36 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las
pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la derogatoria
que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia del CGP. El
Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha
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con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de
la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás
circunstancias relevantes.
64. En este caso, la Sala advierte que, la demandante no fue condenada a pagar
por agencias en derecho en primera instancia, en la medida que se accedió
parcialmente a las pretensiones, suerte que no corrió en esta instancia en la que
todos los cargos que fundaron la apelación resultaron sin acierto.
65. En lo que tiene que ver con las agencias en derecho en segunda instancia, éstas
deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la
sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. Se advierte que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 ibidem, hubo gestión procesal del
apoderado de la parte demandada en esta instancia. En tal virtud, se fija las agencias
en derecho en diez millones seiscientos seis mil setecientos treinta y dos pesos
($10’606.732), teniendo en cuenta la relación porcentual del 1% del valor de las
pretensiones económicas del demandante37.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío el 15 de marzo de 2018.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Pear Solutions S.A.S.,
por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser liquidadas de
manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: FIJAR las agencias en derecho de la segunda instancia en diez millones
seiscientos seis mil setecientos treinta y dos pesos ($10’606.732) a favor del
departamento del Quindío.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera
especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”.
37 La cuantía se estimó en $1.060’673.207, valor que en sentir del demandante correspondía a la compensación
por el desequilibrio económico que presentó el contrato 13 de 2015, folio 43 c. 1.
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Demandada: Departamento del Quindío
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Asunto: Sentencia de segunda instancia
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema SAMAI.
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