Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2022-01017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2022-01017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2022-01017-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
11 de agosto de 2025
Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 05001-23-33-000-2022-01017-01 (72178)
Demandante: ALIANZA MEDELLÍN - ANTIOQUIA E.P.S. S.A.S.
Demandado: SERVISOFT S.A.
TEMAS: CONTRATOS DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD – Se rigen
por el derecho privado si son sociedades de economía mixta con capital superior al 50%, y si prestan
sus servicios en condiciones de competencia. LIQUIDACIÓN BILATERAL – Es un negocio jurídico
que rige integralmente la relación negocial fenecida, salvo que se demuestre un vicio de validez -
nulidad absoluta o relativa- o que no concibió todas las circunstancias del iter contractual. ARCHIVO
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS – Debe hacerse con la debida cautela, preservando su contenido y
su fecha de radicado y/o recepción, según la Ley 594 de 2000. – Las fallas en torno a ello pueden
perjudicar aspectos como la eficacia de la decisión administrativa del Estado. ELEMENTOS PARA
LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL CON OCASIÓN A LOS CONTRATOS DEL ESTADO –
Se requiere un incumplimiento causante de un daño que sea imputable a uno de los cocontratantes.
RECURSO DE REPOSICIÓN – No es necesario para agotar la sede administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Alianza Medellín
– Antioquia E.P.S. S.A.S. – SAVIA E.P.S contra la sentencia anticipada del 18 de
septiembre de 2024, mediante la cual la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 27 de febrero de 2019 las sociedades Alianza Medellín – Antioquia E.P.S. S.A.S.
– SAVIA E.P.S -en lo sucesivo Savia- y Servisoft S.A. -en adelante Servisoft-
suscribieron el contrato No. 0037-2019, que tuvo por objeto la prestación de
servicios de atención y recepción, acuerdo que feneció el 30 de junio de 2020.
En el transcurso de la ejecución negocial, el 13 de marzo de 2020, la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -también se la
denominará ADRES- le notificó por aviso a Savia la Resolución No. 54567 del 23
de diciembre de 2019, en virtud de la cual le ordenó reintegrar unos recursos
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Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
económicos, decisión que fue incorporada por Servisoft en la plataforma “Mercurio”
el 16 de marzo de 2020.
En criterio de Savia, la inclusión del acto administrativo de la ADRES en la
plataforma “Mercurio” un día hábil después de cuando se allegó con fines de
notificación representó un incumplimiento del contrato de prestación de servicios
por Servisoft, no solo porque debía haberlo subido el mismo día en que se presentó,
sino porque al hacerlo tardíamente le hizo creer a la EPS que, en realidad, fue
radicado el 16 de marzo de 2020 y, a la postre, ello terminó haciéndola incurrir en
error, presentando así el recurso de reposición contra tal actuación de manera
tardía. Como consecuencia, Savia presentó demanda contra Servisoft, a efectos de
que se declare el incumplimiento del contrato No. 0037-2019, así como la nulidad
del acta de liquidación bilateral del acuerdo de voluntades y se condene al extremo
pasivo de la contienda a pagar el valor que asumió por dicho yerro.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 29 de agosto de 20221, Savia presentó demanda de controversias
contractuales contra Servisoft, con el fin de que se declarara: i) el incumplimiento
del contrato No. 0037-2019 del 27 de febrero de 2019, así como ii) la nulidad del
acta de liquidación del 3 de septiembre de 2020 suscrita con ocasión de aquel.
1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):
“PRINCIPALES.
PRIMERA: Que se declare la NULIDAD del acta de liquidación suscrita
entre las partes el día 03 de septiembre de 2020, toda vez que se
estableció paz y salvo, sin conocerse el detrimento causado que
posteriormente sería notificado el 02 de marzo de 2021 por la ADRES a
través de la Resolución 213 del 24 de febrero de 2021.
1 Archivos 3 y 5 del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI e índices 6 y 9
del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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SEGUNDA: Que se declare el INCUMPLIMIENTO del contrato 0037-2019
por parte del demandado, por las razones expresadas en el acápite de los
hechos.
CONSECUENCIALES
PRIMERA: Como consecuencia, se ordene al demandado a realizar pago
por un capital de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($985’337.543,39)
a favor de SAVIA SALUD EPS, por concepto detrimento patrimonial
causado a SAVIA SALUD EPS.
SEXTA: (Sic) Se condene al pago de intereses moratorios, causados
desde el mes de mayo de 2021, fecha en la que la ADRES confirma el
descuento por la auditoría en mención y hasta el momento del pago.
SÉPTIMA: (Sic) Se reconozca personería para actuar al abogado Juan
Mateo Pérez.
OCTAVA: (Sic) Que se condene al demandado al pago de costas y
agencias del proceso”.
1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:
1.3.1. Afirmó que, el 27 de febrero de 2019, Savia y Servisoft suscribieron el contrato
de prestación de servicios No. 0037-2019, cuyo objeto consistió en “prestar los
servicios de outsourcing a la atención en ventanillas, puesto de radicación
(recepción), registro en el sistema de gestión documental mercurio, alquiler de 200
licencias, administración de los contratos de SAVIA SALUD EPS, así como los flujos
de trabajo de tutelas, CTC, así como diligenciar, organizar, foliar, digitalizar e
indexar, 8 metros lineales de recibos de ingresos, egresos y bodegaje”.
A su vez, argumentó que como pago se convinieron desembolsos mensuales por la
suma de $96’352.846 “IVA incluido”, que habrían de realizarse a los 30 días
siguientes a la presentación de la factura.
1.3.2. Aseveró que el acuerdo de voluntades inició el 1° de marzo de 2019 y feneció
el 30 de junio de 2020, tras una adición de 4 meses.
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1.3.3. Anotó que, el viernes 13 de marzo de 2020, a Savia se le notificó por aviso la
Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, expedida por la ADRES,
mediante la cual se le ordenó reintegrar unos recursos económicos.
1.3.4. Señaló que hasta el lunes 16 de marzo de 2020, Servisoft, quien estaba
encargado de la recepción del edificio de Savia, incorporó en el sistema interno de
la EPS la decisión notificada por la ADRES en “la plataforma preestablecida por el
demandado”.
1.3.5. Arguyó que, el 1° de abril de 2020, interpuso recurso de reposición frente al
acto administrativo notificado por la ADRES, por considerar que, del total del saldo
cuyo retorno se pidió, no era dable devolver la suma de $985’337.543,39.
1.3.6. Consideró que, el 2 de marzo de 2021, la ADRES notificó a Savia la
Resolución No. 213 del 24 de febrero de 2021, mediante la cual rechazó el recurso
de reposición interpuesto “por presentarse […] de forma extemporánea”, con apoyo
en que la Resolución No. 42567 de 2019 fue notificada por aviso entre el 13 y el 16
de marzo de 2020, por lo que los 10 días para presentar el recurso de reposición
corrieron entre el 17 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020 y, no obstante, Savia
lo radicó hasta el 1° de abril de 2020, es decir, extemporáneamente.
1.3.7. Estimó que, el 21 de julio de 2021, Savia recibió por parte de Servisoft un
reporte de radicaciones en el sistema de gestión documental que revelan que la
Resolución No. 42567 de 2019 fue radicada por Servisoft en el sistema de Savia el
16 de marzo en lugar del 13 de marzo de 2020.
1.3.8. Adujo que Savia requirió a Servisoft para el pago por los supuestos perjuicios
causados en virtud del contrato No. 0037-2019 por un incumplimiento derivado de
su obligación de registrar en tiempo el acto administrativo notificado por la ADRES,
fundada en “el incumplimiento al marco normativo del tratamiento de
comunicaciones oficiales como lo establece el Acuerdo 060 de 2001”.
1.3.9. Precisó que Servisoft respondió el requerimiento en el sentido de manifestar
que no era responsable por el detrimento patrimonial padecido, pues a su juicio
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realizó las gestiones de recepción, radicación, digitalización y distribución
electrónica a su cargo de manera oportuna, así como se digitalizó en debida forma
la guía de transporte YG254918030CO, correspondiente a la recepción de la
Resolución No. 42567 de 2019, señalándose que su fecha de recibido fue el viernes
13 de marzo de 2020, de ahí que no hubiera desconocido sus obligaciones
derivadas del contrato No. 0037-2019.
1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que
Servisoft incumplió el contrato No. 0037-2019 y desconoció tanto “los fines de los
recursos que manejan las EPS actuando como delegatarias del sistema de
seguridad social para la captación de los aportes de los afiliados” como el artículo
48 de la Constitución, debido a que, en el marco de sus labores de recepción,
desatendió su deber de incorporar en tiempo la Resolución No. 42567 del 23 de
diciembre de 2019 en la plataforma “Mercurio”, pues cumplió tal diligencia no el
viernes 13 de marzo de 2020, cuando aquella fue allegada ante la entidad, sino
hasta el lunes 16 de marzo, lo que a la postre le hizo creer a la EPS que había sido
presentada en esa última fecha y, por consiguiente, terminó presentando el recurso
de reposición frente a tal declaración en forma extemporánea, causándosele así un
detrimento patrimonial por la negligencia del contratista.
En desarrollo de lo anterior, adujo que, para la fecha de notificación de la Resolución
No. 42567 de la ADRES, la persona encargada de la recepción del edificio era
Servisoft, quien incorporó internamente dicha decisión en el sistema “Mercurio”
hasta el lunes 16 de marzo de 2020 y, por lo tanto, Savia asumió que el término
para presentar los recursos de ley corrió desde el miércoles 18 de marzo y no desde
el 17 de marzo de 2020 como en efecto sucedió.
Sumado a lo expuesto, consideró que, como el acto administrativo de la ADRES no
se anexó por Servisoft “con anexos de la guía transportadora” la EPS no pudo
conocer con exactitud el tiempo en que empezó a correr el término para presentar
recurso contra aquella, de ahí que, ante la falta de soportes sobre la fecha en que
se allegó, se fundó en el día en que la decisión fue incorporada en el sistema
“Mercurio”, incurriendo en un error por culpa del contratista que la llevó a presentar
extemporáneamente la reposición frente a la decisión en cuestión y, a la postre, le
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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causó un detrimento patrimonial, pues se vio obligada a desembolsar sumas que,
en su criterio, no le correspondía retornar.
Finalmente, la cuantía se estimó en $985’337.543,39, monto consistente en el valor
que, a su juicio, tuvo que devolver a la ADRES por culpa de Servisoft.
2. Admisión de la demanda, contestación y traslado de excepciones
2.1. El 4 de noviembre de 20222, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada
debidamente.
2.2. El 19 de enero de 20233, Servisoft contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que no incumplió el contrato No. 0037-2019 del 27 de
febrero de 2019, ni sus obligaciones de recepción en la sede de Savia, de ahí que
no pudiera endilgársele responsabilidad por el hecho de que esa EPS presentó
extemporáneamente recurso de reposición contra la Resolución No. 42567 del 23
de diciembre de 2019. También advirtió que el acta bilateral de liquidación suscrita
no adoleció de ninguna irregularidad.
En tal virtud, formuló la excepción de “transacción - cosa juzgada mixta” pues a
su juicio, el acta de liquidación del contrato, suscrita el 3 de septiembre de 2020,
cumplió con los requisitos de validez de todo acto bilateral, por cuanto no adolece
de algún vicio en el consentimiento y, además, se celebró de común acuerdo entre
las partes, quienes se declararon a paz y salvo sin reparos, de ahí que ese negocio
jurídico surte plenos efectos de transacción y hace tránsito a cosa juzgada.
Así, señaló sobre los reparos que “el contrato se ejecutó a satisfacción según el
objeto del contrato, y al no existir salvedades, ninguna de las partes puede impetrar
pretensiones judiciales que impliquen desconocer la liquidación pactada”, así como
“no existió ni error, ni fuerza ni dolo ni ningún tipo de coacción física o moral”.
2 Índice 10 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
3 Índice 13 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Posteriormente formuló la excepción de “cumplimiento del contrato”, que motivó
en el hecho de que cumplió a plenitud el contrato No. 0037-2019 y, entre ello sus
labores de recepción. Sobre ello, aclaró que, satisfizo en debida forma el
procedimiento para radicación de comunicaciones oficiales del Acuerdo 060 de
2001, asignándosele a la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 un
único número de radicación, y dejando constancia de la hora y fecha de su
radicación en el sistema.
Al respecto precisó que, aunque recibió la notificación por aviso de la Resolución
No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, así como la copia de la decisión, “es falso
afirmar que también recibió la guía de transporte”, dado que el transportador no la
entregó, de ahí que no hubiera ningún documento pendiente por registrar en el
sistema además de los ya indicados.
A lo anterior sumó que en el clausulado del contrato No. 0037-2019 no se convino
la obligación de exigir al remitente la guía de transporte, máxime cuando “las
transportadoras no siempre dejan la guía como documento soporte”, sin que
entonces sea un documento esencial, de modo que “la totalidad de la información
recibida por Servisoft fue registrada en el sistema de gestión documental Mercurio”,
en concordancia con la cláusula 15 del negocio jurídico en cuestión y partiendo del
hecho de que tal plataforma se parametrizó según la estructura organizacional de
la EPS.
También detalló que la Resolución No. 42567 de 2019 no era un documento de
carácter urgente que requiriera radicarse por la ruta específica del “Workflow” que
se restringió a tutelas, contratos y peticiones, quejas y reclamos, de ahí que, como
el acto administrativo en comento no estaba incluido en tales determinaciones, sus
términos de vencimiento dependían única y exclusivamente del personal de SAVIA.
Entretanto, Servisoft presentó la excepción de “inexistencia de vulneración al
derecho de defensa”, con base en la cual adujo que desde el 21 de febrero de
2020 Savia tenía conocimiento de la Resolución No. 42567 de 2019 debido a la
incorporación de la notificación de la decisión en el sistema de gestión documental
“Mercurio” desde las 9:19 de la mañana del 16 de marzo de 2020, un día antes de
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que empezara a correr el término de 10 días hábiles para interponer el recurso de
reposición, momento a partir del cual “toda la gestión, análisis, estrategia, curso de
acción, control de tiempos, dependía única y exclusivamente de Savia Salud”, quien
contó con “11 días hábiles”, entre el 16 y el 31 de marzo de 2020 para conocer,
estudiar, estructurar y gestionar las acciones que considerara pertinentes respecto
al acto administrativo referenciado.
Por el contrario, pese al término que tuvo Savia para recurrir la resolución de la
ADRES, afirmó que dicha EPS actuó negligentemente, debido a que la actuación
“solo fue enviada a los abogados para su análisis 10 días después, esto es el 26 de
marzo de 2020 a las 6:28 pm”, circunstancia que revela errores tanto de Savia como
de las personas contratadas para interponer los recursos administrativos, pese a
que la información para conocer con certeza desde cuándo comenzaba a contar el
término siempre estuvo disponible para su consulta.
Igualmente, la demandada alegó la excepción de “buena fe e inexistencia de
vínculo de causalidad entre el actuar de Servisoft y la orden de ADRES de
restituir recursos”, con sustento en que, como ya se indicó, la Resolución No.
42567 del 23 de diciembre de 2019 fue incorporada en el sistema de gestión
documental “Mercurio” en debida forma, así como dicha plataforma no determinó la
interposición del recurso de reposición en un día específico, de ahí que no se haya
hecho incurrir en error a Savia.
A su vez, señaló que la prosperidad de la restitución de recursos en favor de Savia
de haber recurrido el acto administrativo de la ADRES en tiempo era una mera
eventualidad, pues no se tiene certidumbre sobre los supuestos perjuicios que
habría padecido la EPS, ni existe un vínculo de causalidad entre la ADRES y
Servisoft, por lo que este último se limitó a ser un simple tercero ajeno a tal
declaración administrativa, motivo por el cual no se le podía endilgar la negligencia
de la aquí demandante al interponer el recurso de reposición contra la Resolución
No. 42567 de 2019 en forma tardía.
Finalmente, formuló la excepción denominada “en cuanto a los fundamentos de
la demanda”, motivada en que Servisoft cumplió a cabalidad sus deberes
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Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
negociales, tanto así que continúa siendo el contratista encargado de gestionar el
servicio outsourcing de gestión documental de Savia. Igualmente, reiteró los demás
argumentos de defensa formulados en cuanto a los medios exceptivos anteriores.
2.3. El 20 de febrero de 20234, Savia descorrió las excepciones formuladas por
Servisoft, y para tal fin adujo que: i) no se configuró una transacción, habida cuenta
de que aunque el acta liquidatoria suscrita es un acuerdo de voluntades, aquella no
cobijó hechos que no conocía para el momento de su suscripción, pues la resolución
que rechazó el recurso de reposición fue posterior; ii) el contrato fue incumplido,
pues se avizora una clara negligencia en las labores de recepción del contratista al
haber radicado tardíamente y de forma incompleta la Resolución No. 42567 del 23
de diciembre de 2019 y su notificación; iii) no operó la inexistencia de vulneración
al derecho de defensa, por cuanto, al contrario, la demandada hizo incurrir en error
a la EPS frente a la decisión de la ADRES; y iv) las falencias de Servisoft le
causaron sendos perjuicios.
3. Decisión de excepciones previas
El 22 de febrero de 20235, el Tribunal Administrativo de Antioquia se abstuvo de
resolver la excepción de cosa juzgada, con base en que “la jurisprudencia ha
admitido la posibilidad de discutir la legalidad de la liquidación que surge en el marco
de un contrato estatal” en el fondo del asunto, por lo que el a quo se reservó analizar
el medio exceptivo “al momento de decidir decisión de fondo”.
4. Auto que ordenó dictar sentencia anticipada
El 10 de marzo de 20236, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó dictar
sentencia anticipada, según lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado
por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, por no haber pruebas pendientes de
decretar, al haberse aportado solamente documentos que no fueron tachados de
falsos.
4 Índice 17 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
5 Índice 15 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
6 Índice 18 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
En ese sentido, se incorporaron las pruebas documentales aportadas por los sujetos
procesales, y enseguida se fijó el litigio, en el sentido de determinar si se presentó
un incumplimiento contractual del contrato No. 0037-2019 que sustente la
declaratoria de nulidad del acta de liquidación suscrita entre las partes el 3 de
septiembre de 2020 y, de prosperar tal pretensión, si procede ordenar el pago de
$985’337.543,39 en favor de la demandante.
5. Alegatos de conclusión
En firme el auto que ordenó dictar sentencia anticipada, el 24 de marzo de 20237 el
Tribunal Administrativo de Antioquia corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para alegar de conclusión y presentar concepto por escrito.
5.1. Savia reiteró las consideraciones presentadas en su escrito inicial y al descorrer
las excepciones formuladas por Servisoft y, entre ello, aseveró que: i) presentó su
demanda en tiempo, partiendo de que el contrato se liquidó el 3 de septiembre de
2020 y el libelo introductorio se radicó el 29 de agosto de 2022; ii) el acta de
liquidación no incluyó la circunstancia presentada con el acto administrativo de la
ADRES, por haber sido posterior, desconocida o imposible de conocer, por cuanto
solo hasta el 24 de febrero de 2021 se le notificó la Resolución No. 213 de 2021
mediante la cual supo de la extemporaneidad del recurso de reposición; y iii)
Servisoft incumplió el contrato por una radicación tardía de la Resolución de la
ADRES8.
5.2. Servisoft reafirmó su tesis de defensa y, para el efecto, indicó que: i) la
liquidación del contrato incluyó las situaciones que ahora pretende el demandante
desconocer y, como no se formularon reparos, no era dable ahora desconocer el
corte de cuentas; ii) tal manifestación de voluntad no adoleció de vicios del
consentimiento; iii) cumplió sus deberes negociales a cabalidad y no incurrió en
ninguna irregularidad frente al acto administrativo de la ADRES, pues lo registro
7 Índice 20 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
8 Índice 22 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
junto con su notificación en debida forma; y iv) la suma perseguida en la demanda
no se encuentra sustentada y no está acreditada9.
5.3. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 18 de septiembre de 202410, la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, por
considerar que no se acreditó que Servisoft hubiera desatendido el contrato No.
0037-2019 en cuanto a sus labores de recepción documental, debido a que recibió
e incorporó debidamente la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 en
el sistema “Mercurio” y, por lo tanto, Savia no podía excusarse en que ello se hiciera
el día hábil siguiente a la recepción para presentar el recurso de reposición contra
dicha decisión en forma extemporánea.
Efectivamente, el a quo sostuvo que, aunque se acreditó que el 13 de marzo de
2020 Servisoft recibió la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su
notificación en la sede de Savia, para posteriormente incorporar tales archivos el 16
de marzo de 2020, del contrato No. 0037-2019 no se derivaba que tuviera que subir
la documentación recibida en la misma fecha en que fuera recepcionada.
A su turno destacó que, contrario a lo sostenido por Savia, “se advierte de la
información que aparece consignada tanto en el sello que fue impuesto al
documento físico, como en las anotaciones hechas en el sistema, que los datos allí
consignados, relativos a las fechas indicadas por la contratista, están referidos a las
fechas de radicación, sin que pueda observarse que en efecto y como lo pretende
argumentar la demandante, la contratista haya incurrido en un error al señalar
expresamente que el documento hubiese sido recibido el día 16 de marzo de 2020
y no el 13 de marzo anterior como en realidad sucedió”.
9 Índice 24 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
10 Índice 32 del expediente digital de primera instancia en SAMAI.
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Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
Sobre ello también adujo que no se derivaba de las obligaciones de recepción de
Servisoft la del control de términos de las actuaciones administrativas a cargo del
demandante, pues se trataba de un aspecto del entero resorte de Savia, ente que
de haber tenido dudas sobre la fecha de radicación pudo requerir al aquí
demandado para que precisara tal aspecto y, no obstante, no procedió en esos
términos.
Entretanto afirmó que, en línea con las pruebas de la demandada, no se pueden
ignorar las circunstancias con ocasión del Covid-19 que se presentaron para las
fechas de recepción de los documentos allegados por la ADRES, en el sentido de
una restricción de la presencialidad en la entidad, “circunstancia esta que a todas
luces pudo haber generado un impacto en las funciones a cargo del contratista”,
aspecto que, simplemente, reforzó el argumento según el cual no se evidenció un
incumplimiento de Servisoft en sus labores de recepción, ni mucho menos un
menoscabo para Savia, de ahí que con menor razón se vislumbre un vicio del
consentimiento que permita la declaratoria de nulidad del acta de liquidación.
Finalmente, el a quo condenó en costas a la demandada por el 3% del valor de lo
pedido, en consideración a que Savia resultó vencida en el proceso.
7. Recurso de apelación
El 1° de octubre de 202411, Savia interpuso recurso de apelación, que fue concedido
el 1° de noviembre de 202412 y admitido el 29 de noviembre de 202413.
En su escrito, el recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, contrario a lo
concluido por el a quo, existe evidencia de que el contrato No. 0037-2019 fue
incumplido por Servisoft en cuanto a su obligación de recepción, por la indebida
incorporación de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su
11 Índice 34 del expediente digital de SAMAI en primera instancia.
12 Índice 36 del expediente digital de SAMAI en primera instancia.
13 Índice 4 del expediente digital de SAMAI en segunda instancia.
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notificación en el sistema “Mercurio” que, a su juicio, derivó en que la EPS
presentara extemporáneamente el recurso de reposición contra esa decisión.
Al efecto, anotó que la afirmación del a quo, según la cual el demandado realizó el
cargue debido del documento allegado por la ADRES el 16 de marzo de 2020 carece
de peso suficiente para afirmar que se realizó en debida forma, no solo porque el
objeto del contrato No. 0037-2019 le exigía incorporarlo el mismo día de su llegada,
sino porque, según su experticia, tenía el deber de revisar y verificar quién era el
competente, sus anexos, el destino, los datos de origen de la entidad que los remitió,
y la dirección donde debía enviarse una respuesta “concluyendo que, si la
documentación estaba dirigida a Savia Salud EPS debía radicarse en el instante o,
en su defecto, debía remitirla sin radicar a la oficina de su competencia”.
Igualmente indicó que Servisoft debió disponer de servicios de alerta para realizar
el debido seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas,
lo que, junto con su deber de incorporar el mismo día los documentos que se le
presentaran a efectos de su radicación, era deducible de las obligaciones
contractuales “y de su campo de acción” aunque no estuviera consagrado
expresamente en estas.
Por otro lado, advirtió que el 13 de marzo de 2020 Servisoft tenía el deber de revisar
y verificar todos los documentos allegados por la ADRES y sus fechas; incorporarlos
en la plataforma “Mercurio” al instante o, en su defecto, remitirlos “sin radicar a la
oficina de su competencia”; así como contar con sistemas de control de plazos y
alerta tanto de los términos de respuesta como de los recursos. Como nada de lo
anterior fue satisfecho, pues el acto administrativo notificado por la ADRES el 13 de
marzo de 2020 se incorporó hasta el 16 de marzo siguiente sin la indicación de la
fecha de su recepción, indicó que ello reveló “una gestión defectuosa y tardía” que,
a la postre, llevó a la presentación tardía del recurso de reposición en su contra.
También argumentó que de la revisión del número de guía YG254918030CO en la
plataforma de la empresa de mensajería que entregó la documentación puede
visualizarse que esta fue entregada el 13 de marzo de 2020 a las 07:46 a.m., por lo
que Servisoft tuvo “mínimo siete (7) horas hábiles para realizar el proceso de
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análisis contemplado en la norma y cargar de manera efectiva el documento a la
plataforma mercurio”, sin que Savia tuviera que reemplazar al contratista en sus
tareas, pues precisamente la contratación realizada buscó “liberar a la contratante
de la carga administrativa que implica realizar el análisis de la gestión documental”.
A la sazón, sostuvo que la diligencia imperfecta a cargo de Servisoft generó un vicio
posterior en el consentimiento en el acta de liquidación bilateral, pues “dicha acta
se sujetaba a que las obligaciones y compromisos adquiridos por Servisoft hubiesen
sido satisfechos, situación que fehacientemente no fue real”. A lo anterior sumó que
para la fecha del corte de cuentas -3 de septiembre de 2020- no conocía el
incumplimiento de las obligaciones de Servisoft, pues solo hasta el 2 de marzo de
2021 se le notificó por la ADRES que el recurso de reposición contra la Resolución
No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 había sido extemporáneo.
Finalmente, la EPS apelante cuestionó la condena en costas en primera instancia,
por considerar que “el asunto […] se encuentra en primera instancia y no se
encuentra enmarcado en ninguno de los presupuestos planteados” en el CGP.
Por todo lo expuesto, concluyó que, en su criterio, no cabe duda de que Servisoft
desatendió el contrato No. 0037-2019 en cuanto a su obligación de recepción
documental, aspecto que, además, se descubrió luego de efectuado el corte de
cuentas del acuerdo de voluntades, de ahí que este no resulte vinculante y, por
consiguiente, se deba condenar a la demandada en virtud del petitum.
8. Actuación en segunda instancia
Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó para
fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el trámite de la
segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
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Estado para conocer el presente asunto, (2) régimen del contrato objeto de la
controversia, (3) procedencia del medio de control, (4) oportunidad de la demanda,
(5) legitimación en la causa, (6) problemas jurídicos, (7) solución a los problemas
jurídicos y (8) costas.
1. Jurisdicción y competencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10414 del CPACA, pues el contrato No. 0037-
2019 y el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020 convenida con
ocasión de aquel fueron suscritos por Savia, en tanto sociedad de economía mixta
departamental con un 73,3% de capital público15, en el marco de su actividad
contractual.
Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con el artículo 15016 y el numeral 4 del artículo 15217 del
14 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación
de la demanda -29 de agosto de 2022- es decir, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las
modificaciones de la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no
contemplados en el primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto
procesal. // “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
15 Según obra en el Manual de Contratación de la entidad, Savia es “una sociedad de naturaleza
mixta, con aportes públicos del departamento de Antioquia y el municipio de Medellín; y privados de
la caja de compensación familiar COMFAMA; siendo el aporte público predominante en ésta, así:
73.3% de capital público (36.65% por parte del Departamento de Antioquia y 36.65% del Municipio
de Medellín), y un 26.7% de aportes privados (caja de compensación familiar COMFAMA)”.
16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[Modificado por el artículo 615 del CGP]. // [Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de
2021]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También
conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado
en el artículo 245 de este código […]”.
17 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. [Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021]. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: […] 4. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de
funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de
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CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que
la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera los 500
SMLMV18.
2. Régimen del contrato de prestación de servicios No. 0037-2019
Antes de continuar con el estudio de los restantes presupuestos procesales, es
menester precisar el régimen jurídico del contrato No. 0037-2019 del 27 de febrero
de 2019, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular
incidencia en la naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo
sobre la base del cual se evaluará la existencia de un incumplimiento y la eventual
nulidad de su acta bilateral liquidatoria.
Al respecto, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, reformado por el artículo 93 de
la Ley 1474 de 201119, indicó que las sociedades de economía mixta con una
participación superior al 50% estarían sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, salvo aquellas que desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, caso en
el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.
Al punto, tal y como se mencionó en el acápite de jurisdicción y competencia, Savia
es una sociedad de economía mixta con un capital público superior al 50% que,
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
18 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento se formularon pretensiones de
controversias contractuales por la suma de $985’337.543,39, monto que excedió 500 veces la suma
de $1’000.000 (1’000.000 x 500 = 500’000.000), que correspondía al salario mínimo legal mensual
vigente para la fecha de presentación de la demanda -2022-.
19 “Artículo 14. Del régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado, las
sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del estado.
[Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011]. Las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación
mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13
de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29
de 1990 y las disposiciones normativas existentes”.
16
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además, desempeña una actividad comercial en competencia, no solo porque el
sistema de salud en virtud de la Ley 100 de 1993 está basado en la libre escogencia
y competitividad entre entidades prestadoras de tal servicio20, sino porque la EPS
mencionada incluyó dentro de su objeto social “actuar como entidad promotora de
salud en Colombia”21, circunstancia que reafirma que su labor la realiza bajo las
dinámicas del mercado y frente a otros órganos de la misma naturaleza que ofrecen
los mismos servicios, de ahí que la demandante se encuentre regida en su gestión
contractual por el derecho privado y no por la Ley 80 de 1993 y sus reformas.
3. Procedencia del medio de control
En virtud de lo previsto en el artículo 14122 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.
20 El artículo 153 de la Ley 100 de 1993 incluyó dentro de los principios fundantes del sistema de
salud el de libre escogencia: “ Artículo 153. Principios del sistema general de seguridad social en
salud. [modificado por el artículo 3 de la Ley 1438 de 2011]. Son principios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud: […] 3.12 Libre escogencia. El Sistema General de Seguridad Social en
Salud asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y
los prestadores de servicios de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo”. //
Igualmente, la Corte Constitucional ha afirmado que “El legislador al diseñar el modelo de seguridad
social en salud abrió unos espacios para la concurrencia privada en condiciones de libre
competencia, situación que impone un análisis del concepto de libertad económica”. Sentencia C-
616 del 13 de junio de 2001.
21 Archivo “8 Certificado Savia” de la carpeta “6. 04Anexos” del índice 2 del expediente digital de
segunda instancia en SAMAI.
22 “Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado
podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así
mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado
de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su
defecto, del término establecido por la ley. // Los actos proferidos antes de la celebración del contrato,
con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y
138 de este Código, según el caso. // El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo
podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan
intervenido las partes contratantes o sus causahabientes”.
17
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Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la
eventual responsabilidad contractual de Servisoft por un supuesto incumplimiento
respecto a su obligación de recepción documental, derivada del negocio jurídico No.
0037-2019 del 27 de febrero de 2019, y también se persigue la anulación del acta
bilateral de liquidación del 3 de septiembre de 2020 suscrita por los sujetos
negociales, el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
4. Oportunidad del medio de control
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general23, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24 y ofrecer estabilidad del
23 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.
Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.
18
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derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
Bajo el anterior contexto, conviene señalar que, según lo previsto en el literal j) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA y su acápite iii)25, en las pretensiones relativas
a contratos, el término para demandar será de 2 años, contados: i) a partir del día
siguiente al perfeccionamiento del contrato en caso de que se alegue su nulidad
absoluta o, ii) a partir del día siguiente al de la firma de la liquidación bilateral,
cuando se hubiere efectuado un corte de cuentas por los cocontratantes.
En la medida en que en el asunto de estudio se pretende: i) la declaratoria de
incumplimiento del contrato No. 0037-2019 respecto a la obligación de recepción
documental -responsabilidad contractual- y, consecuencialmente, ii) la nulidad del
acta de liquidación bilateral de dicho acuerdo de voluntades, suscrita el 3 de
septiembre de 2020, los dos años para ejercer el derecho de acción se deben
contabilizar a partir del día siguiente al corte de cuentas, pues tal momento fue
previsto por el legislador como punto de partida para computar los 2 años para
incoar el medio de control de controversias contractuales tanto en el evento de
incumplimiento obligacional, como de la solicitud de nulidad del corte de cuentas,
considerando que es un auténtico negocio jurídico.
25 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos
el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. // Cuando se
pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años
que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá
demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. // En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: […] iii) En los que requieran de liquidación y
esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta”.
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Así las cosas, dado que el acta de liquidación bilateral del contrato No. 0037-2019
fue suscrita el 3 de septiembre de 2020, los 2 años para ejercer el derecho de acción
corrieron entre el 4 de septiembre de 2020 y el 4 de septiembre de 2022, plazo que
se suspendió entre el 10 de junio y el 1° de agosto de 202226, es decir, por 1 mes y
22 días, por lo que se extendió hasta el 26 de octubre de 202227 y, como el escrito
inicial fue radicado el 29 de agosto de 2022, no cabe duda de que se allegó en
tiempo frente a todas las pretensiones, de ahí que no haya operado la caducidad.
5. Legitimación en la causa
Savia y Servisoft están legitimados en la causa por activa y por pasiva
respectivamente, ya que fueron suscribientes tanto del contrato No. 0037-2019
como del acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020.
6. Problemas jurídicos
El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP28, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
26 Como obra en el documento “15 CONSTANCIA-SAVIA SALUD EPS” de la carpeta “6. 04 Anexos”
del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
27 De conformidad con lo dispuesto en la sentencia T-323 del 2 de agosto de 2024 de la Corte
Constitucional, el conteo de términos se determinó con apoyo en la herramienta Microsoft Copilot
365, en virtud de la licencia otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura y considerando que,
según la decisión judicial en comento, el uso de herramientas de inteligencia artificial puede servir
de apoyo a la labor jurisdiccional, siempre que se funde en la transparencia, la responsabilidad, la
privacidad, la no sustitución de la privacidad humana, la seriedad y verificación, la prevención de
riesgos, la igualdad o equidad, el control humano, la regulación ética, la adecuación a buenas
prácticas y estándares colectivos, el seguimiento continuo y la adaptación, así como la idoneidad. //
Es por ello que, en atención al Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024 del Consejo
Superior de la Judicatura, se utilizó la herramienta en comento constatando la idoneidad de sus
resultados y sin que se viera reemplazada la labor a cargo de la Sala.
28 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
20
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fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”29.
En el caso de estudio Savia consideró que, contrario a lo señalado por el a quo, se
debió acceder tanto a su pretensión de incumplimiento del contrato No. 0037-2019,
como a la nulidad del acta liquidatoria del acuerdo de voluntades, pues, en esencia,
Servisoft incorporó inadecuadamente un acto administrativo allegado por la ADRES,
circunstancia que la EPS afirmó haber conocido en forma posterior al corte de
cuentas, cuando se le notificó que el recurso de reposición que presentó frente a
dicha decisión fue extemporáneo.
6.1. En ese orden de ideas, corresponde a la Sala comenzar por determinar si: i) el
acuerdo liquidatorio entre las partes del contrato de prestación de servicios No.
0037-2019, mediante el cual se declararon a paz y salvo por concepto de la relación
negocial incurrió o no en un vicio del consentimiento y, de no ser así, ii) si pese a
su eventual validez es posible o no estudiar la pretensión de incumplimiento del
acuerdo de voluntades, considerando que según la apelante, dicha desatención fue
conocida en forma posterior al cruce de cuentas.
Ello considerando que, prima facie, el corte de cuentas que las partes convengan,
incluida la conclusión de que no hubo incumplimientos, los ata, por lo que en general
no podrían desconocerlo, salvo que se encuentre acreditada la existencia de vicios
del consentimiento o de no haberse contemplado la situación alegada al momento
del balance de activos y pasivos30.
29 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala
Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018
(radicado 05001233100020010306801 (46005)), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem
frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2023. Radicado
25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711).
21
Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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6.2. En caso de que la liquidación no impida estudiar el incumplimiento alegado,
debe establecerse si Servisoft desatendió el contrato No. 0037-2019 en cuanto a su
obligación de recepción documental en las oficinas de Savia, al haber incorporado
internamente la Resolución No. 42567 de 2019 y su notificación hasta el 16 de
marzo de 2020 pese a que fue recibida el 13 de marzo de 2020 y sin poner de
presente su fecha de radicación, llevando así a que el recurso de reposición contra
dicha actuación fuera extemporáneo y si, como consecuencia, se configura su
responsabilidad contractual y, además, procede la indemnización de perjuicios.
6.3. Finalmente, debe revisarse si no procedía condenar en costas en primera
instancia al demandante por considerar que el asunto no se enmarcó en ninguno de
los presupuestos planteados en el CGP.
7. Solución a los problemas jurídicos
A efectos de determinar si le asistió razón a Savia en sus reproches de apelación,
corresponde verificar los sucesos alrededor de la ejecución y posterior liquidación
del contrato de prestación de servicios No. 0037-2019, respecto a la obligación de
recepción documental de Servisoft, y en lo estrictamente relacionado con la
radicación de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación,
para lo cual se analizarán las pruebas del expediente, incluidos los documentos
aportados al proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 24631 del CGP.
7.1. El iter del contrato No. 0037-2019 de 2019 y sus desavenencias
7.1.1. El contrato No. 0037-2019 de 2019 y sus prórrogas
7.1.1.1. El 27 de febrero de 201932, Savia y Servisoft suscribieron el contrato de
prestación de servicios No. 0037-2019, que tuvo por objeto “prestar los servicios de
31 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
32 Archivo “1. CONTRATO 0037-2019 SERVISOFT SA” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI. // Cabe precisar que, igualmente, se aportó la
propuesta de Servisoft presentada en el procedimiento de contratación de invitación a contrataer que
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outsourcing del sistema de gestión documental con el compromiso de darle
continuidad a la Atención en Ventanillas, puesto de Radicación (Recepción), registro
en el sistema de gestión documental mercurio, alquiler de 200 licencias,
administración de los contratos de Savia Salud, así como los flujos de trabajo de
tutelas, CTC, así como diligenciar, organizar, foliar, digitalizar e indexar, 8 metros
lineales de recibos de ingresos, egresos y bodegaje”.
Como valor del contrato se estipuló la suma de $1.156’234.150 y, a su vez, se fijó
un plazo de ejecución de 12 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio,
que habrían de concretarse en la sede de Savia en la ciudad de Medellín, así como
en las bodegas de Servisoft.
En la cláusula segunda se precisó que el contratista debía prestar su servicio en el
marco de labores como trámite de documentos electrónicos, reporte e informes de
correspondencia, creación y gestión de expedientes virtuales, ordenación de
documentos generados por todos los procesos de la EPS, organización del archivo
central, inventario, digitalización, sticker de numerada en consecutivo, punteo de
envío y recepción de documentos, almacenamiento y custodia documental con
confiabilidad y disponibilidad.
A su turno, la cláusula octava señaló que serían obligaciones del contratista, entre
otros: i) prestar el servicio de gestión documental, incluida la administración y
custodia de documentos y el archivo central; ii) poner a disposición de Savia su
infraestructura de almacenamiento y logística; iii) implantar el sistema de gestión
documental “Mercurio” y operarlo avanzadamente; iv) tener en cuenta los aspectos
contenidos en los Acuerdos 037 y 042 de 2002 en cuanto a conservación de
documentos y en virtud de la Ley General de Archivo 594 de 2000; v) cargar la
información respectiva en el aplicativo “Mercurio” según lo requerido; vi) permitir la
consulta física de documentos; vii) garantizar un servicio prioritario para
documentos urgentes; viii) garantizar el 100% de la calidad de las imágenes
culminó con la suscripción del contrato No. 0037-2019, donde dicha proponente ofreció servicios de
recepción y gestión documental y archivística, proponiendo similares obligaciones a las contenidas
en el contrato, entre ellas la debida incorporación de documentos en la plataforma Mercurio. Archivo
“1.1 PROPUESTA SERVISOFT 201990002641” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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digitalizadas; ix) proteger la confidencialidad de la información que se reciba por la
EPS; x) permitir la consulta de documentos digitalizados; y xi) las demás
obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados.
Contrario sensu, en la cláusula novena la entidad contratante se obligó a informar
oportunamente las modificaciones a los requerimientos y notificar por escrito
cualquier observación sobre el servicio, pagar el costo del servicio, ejercer la
supervisión del contrato y ejercer un debido seguimiento del mismo.
Enseguida, en la cláusula décima séptima, se estipuló que la liquidación del contrato
se haría según lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, que
modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado a su vez por el artículo 32
de la Ley 1150 de 2007 y “será discrecional por parte de Savia Salud EPS la
liquidación o no del presente contrato”.
Finalmente, la cláusula vigésima primera estableció que las partes se obligarían a
comportarse de buena fe en el desarrollo y ejecución del objeto del presente
contrato, de manera que se garantice el resultado de todas las actuaciones
relacionadas con el mismo.
7.1.1.2. El 1° de marzo de 201933, las partes del contrato suscribieron el “acta de
inicio del contrato de prestación de servicios”, de ahí que su plazo iría hasta el 29
de febrero de 2020.
7.1.1.3. El 9 de enero de 202034, las partes del contrato suscribieron el “acta de
prórroga y adición No. 1”, mediante la cual lo prorrogaron por 4 meses más, hasta
el 30 de junio de 2020, así como lo adicionaron por la suma de $630’342.150. Se
precisó que las demás condiciones se mantendrían en los mismos términos.
33 Páginas 343 a 344 del archivo “1.1 PROPUESTA SERVISOFT 201990002641” de la carpeta “6.
04 Anexos” del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
34 Archivo “1.2 justificación adición del contrato” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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7.1.1.4. El 18 de junio de 202035, los cocontratantes suscribieron el “acta de adición
No. 2.” Mediante la cual se incrementó el valor del acuerdo de voluntades en
$60’000.000. Se dispuso que las demás condiciones se mantendrían incólumes.
7.1.2. La Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 de la ADRES, su
radicación ante Savia y las actuaciones posteriores relacionadas
7.1.2.1. El 23 de diciembre de 201936, la ADRES emitió la Resolución No. 42567,
mediante la cual ordenó a Savia reintegrar los “recursos de la auditoría
ARS_BDEX002”, para lo cual ordenó que retornara la suma de $2.459’587.999,72
por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa y
$155’672.661,25 producto de la actualización del IPC con corte a enero de 2019.
La decisión advirtió que “contra el presente acto administrativo procede únicamente
el recurso de reposición, que podrá interponerse en los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su notificación […]”.
7.1.2.2. El 12 de marzo de 202037, Savia emitió la “Directriz No. 001 de 2020”, a
partir de la cual estableció “las medidas de contención del COVID-19 y prevención
de enfermedades asociadas al primer ciclo epidemiológico de enfermedades
respiratorias al interior de Savia Salud EPS” previendo medidas de autocuidado,
limpieza y aseo, protocolos de manejo de posibles casos positivos del virus, trabajo
en casa por aislamiento social preventivo de los trabajadores que presenten
síntomas de resfriado común y de cargos que “se puedan desempeñar haciendo
uso de las TIC’S desde el lugar de vivienda, siempre y cuando la persona tenga
conectividad a internet banda ancha”.
7.1.2.3. Una vez expedida la resolución anterior, la ADRES procedió a notificar por
aviso38 la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, junto con lo cual
35 Archivo “1.3 justificación adición del contrato 2” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
36 Archivo “6. Resolución ADRES con radicado del 16 de marzo de 2020” de la carpeta “6. 04 Anexos”
del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
37 Archivo “5.4 Directriz gerencial cuarentena” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del expediente
digital de segunda instancia en SAMAI.
38 Luego de que el 21 de febrero de 1020 se requiriera a Savia para que se notificara personalmente
de la decisión. Páginas 20 a 22 del archivo “20_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_18
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allegó la copia del acto administrativo e informó que la notificación se entendería
surtida al finalizar el día siguiente al certificado de entrega del aviso. Junto con el
acta de notificación obra la guía con número YG254918030CO de la empresa de
mensajería 4-72, donde se evidencia que los mencionados documentos se
allegaron el “13 mar 2020 [a las] 12:19 pm”39 (aclaración añadida).
La resolución reseñada en el párrafo anterior cuenta con acuse de recibido de Savia
del 16 de marzo de 2020 a las 9:19 AM40, fecha en la cual fue incorporada en el
sistema de gestión documental “Mercurio”. Así, se indicó que tenía como fecha de
entrada tal día.
En el mismo sentido, consta que el 26 de marzo de 2020 se remitió la resolución a
enfoque jurídico para interponer los recursos respectivos41.
7.1.2.4. El 1° de abril de 2020 a las 5:05 pm42, Savia interpuso recurso de reposición
contra la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, por considerar que no
había lugar a retornar los saldos cuya devolución se ordenó mediante tal actuación
administrativa.
7.1.2.5. El 24 de febrero de 202143, la ADRES rechazó por extemporáneo el recurso
de reposición presentado por la EPS Savia contra la Resolución No. 42567 del 23
de diciembre de 2019, con base en que dicha decisión fue notificada el 13 de marzo
de 2020 y el recurso de reposición se presentó después de los 10 días siguientes
predispuestos por la ley para tal efecto.
ContestacionDemand_17_20241126172713935” del índice 2 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI.
39 Archivo “6.1. guía 472” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI.
40 Página 1 del archivo “6. Resolución ADRES con radicado del 16 de marzo de 2020” de la carpeta
“6. 04 Anexos” del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
41 Páginas 18 y 19 del archivo “20_EXPEDIENTEDIGI_EXPTRIBUN_18
ContestacionDemand_17_20241126172713935” del índice 2 del expediente digital de segunda
instancia en SAMAI,
42 Archivo 6.2 “Recurso de Reposición Resolución No. 42567 de 2019” de la carpeta “6. 04 Anexos”
del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
43 Archivo “6.3 Rechaza recurso de reposición- 42567 SAVIA” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice
2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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7.1.3. Los requerimientos de Savia a Servisoft por una supuesta indebida
incorporación de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019
7.1.3.1. El 12 de mayo de 202144, Savia requirió a Servisoft para el pago de los
“perjuicios derivados del contrato 0037-2019”, debido a que consideró que este no
incorporó debidamente en el sistema “Mercurio” la Resolución No. 42567 del 23 de
diciembre de 2019 de la ADRES, allegada y notificada a la entidad el 13 de marzo
de 2020 y, no obstante, radicada internamente hasta el 16 de marzo siguiente,
desatendiendo sus obligaciones negociales y llevando a que la EPS terminara
recurriendo esa decisión tardíamente.
Asimismo, Savia precisó que solo se enteró de lo anterior hasta el 2 de marzo de
2021, cuando se notificó electrónicamente la Resolución No. 213 del 24 de febrero
de 2021, mediante la cual la ADRES rechazó el recurso de reposición que presentó
contra la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, aduciendo que se
radicó fuera de los 10 días de ley.
Por ello, advirtió que “verificada la guía del certificado de entrega No.
YG254918030CO, expedido por la empresa 4-72, se constató que el aviso se recibió
el día viernes 13 de marzo a las 12:19 pm (ver adjunto), fecha a partir de la cual
empezaron a contar los términos; situación que la Secretaría General no conoció,
en la medida en que no se hizo entrega de la guía de correo certificado, y por ende,
no pudo ejercer el derecho de contradicción oportunamente, generando perjuicios
para la EPS […]”.
También señaló que, de acuerdo con el Acuerdo 060 de 2021, la radicación de
comunicaciones oficiales debía indicar la fecha y hora de recibo y los términos de
vencimiento de ley, sin que Servisoft hubiera añadido tal información en la
plataforma Mercurio.
Finalmente, alegó que aunque en virtud de la pandemia del COVID-19 los trámites
de notificación sufrieron cambios, la declaratoria de emergencia por esa situación
fue declarada solo hasta el 28 de marzo, es decir, en forma notoriamente posterior
44 Archivo “5 Solicitud de pago 12 de mayo 2021 202130004555” de la carpeta “6. 04 Anexos” del
índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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a lo sucedido, de ahí que se evidencia un error de Servisoft respecto a su labor de
recepción documental que debía llevar a indemnizar a Savia por los montos que
tuvo que pagar a la ADRES por la resolución que no pudo recurrir en tiempo.
7.1.3.2. El 18 de mayo de 202145, Servisoft respondió el requerimiento de Savia, en
el sentido de advertir que no se configuró ninguna irregularidad y/o incumplimiento
del contrato No. 0037-2019 de 2019 pues, además de que se hicieron efectivas
todas sus obligaciones, se incorporó debidamente en la plataforma Mercurio la
Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 de la ADRES el 16 de marzo de
2020 y, sin embargo, solo hasta el 26 de mayo Savia comenzó a estudiarlo.
Al efecto, también precisó que el documento en cuestión no era de aquellos cuyos
términos debían advertirse directamente por Servisoft, debido a que tal tipo de
decisión no estaba incluida dentro de los “procesos de workflow” o, dicho de otro
modo, no se incluyó dentro de las obligaciones del contrato de prestación de
servicios esa labor.
Por lo demás aseveró que la emergencia económica por el COVID-19 fue declarada
el 12 de marzo de 2020, y que el 13 de marzo de 2020 hubo mucha congestión en
el trabajo de recepción de solicitudes, lo que justificó que la resolución en cuestión
se hubiera radicado internamente el lunes siguiente.
7.1.3.3. El 21 de julio de 202146, Servisoft le señaló a Savia, en relación con el
reporte de radicaciones en el sistema en el mes de marzo de 2020, que “se radicó
en el sistema de gestión documental MERCURIO un total de 12.358 radicados,
teniendo en cuenta que este mes se declaró la emergencia por COVID-19”.
De la mano con lo anterior, se allegó “reporte día a día Servisoft”, en el que obra
que, solo el viernes 13 de marzo de 2020, se recibieron 191 radicaciones y, el 16
de marzo de 2020, 320 más47.
45 Archivo “5.1 Respuesta solicitud de pago 12 mayo 2021 202120007275” de la carpeta “6. 04
Anexos” del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
46 Archivo “3. Reporte radicación marzo Servisoft” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
47 Archivo “3.1 Reporte día a día Servisoft marzo 2020” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del
expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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7.1.3.4. El 28 de julio de 202148, Savia elaboró un reporte de sistema de gestión
documental” en el que, “desde la supervisión de la administración del Sistema de
Gestión Documental de Savia Salud EPS”, advirtió que Servisoft realizó 12.358
actividades relacionadas con el contrato No. 0037-2019, dentro de las cuales 1.576
eran radicados externos y 74 radicados internos.
7.1.3.5. El 15 de septiembre de 202149, Savia reiteró a Servisoft que era responsable
de la indebida radicación de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019
de la ADRES y su notificación en la plataforma Mercurio, en los mismos términos
del requerimiento del 18 de mayo de 2021. Como consecuencia, exhortó al
contratista para que procuraran un acuerdo económico.
7.1.3.6. El 27 de septiembre de 202150, Servisoft le respondió a Savia, en línea con
su comunicado del 21 de julio de 2021, que no estaba de acuerdo con la
responsabilidad que se le atribuyó, pues satisfizo a cabalidad el contrato No. 0037-
2019, así como incorporó adecuadamente la Resolución No. 42567 del 23 de
diciembre de 2019 y su notificación en la plataforma “Mercurio”. A lo anterior sumó
que, dentro de los documentos incorporados incluyó la guía de envío del acto
administrativo, de ahí que la EPS tenía como saber el momento en que se remitió
por la ADRES.
7.1.4. La liquidación del contrato No. 0037-2019 de 2019
El 3 de septiembre de 202051, las partes del contrato No. 0037-2019 efectuaron
bilateralmente el cruce de cuentas de la relación negocial y, para tal fin, dispusieron
que “el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato [por lo que] se
48 Archivo “4. Certificación actividades Supervisor Servisoft” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice
2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
49 Archivo “5.2 Solicitud de pago septiembre 2021 202130008220” de la carpeta “6. 04 Anexos” del
índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
50 Archivo “5.3 SERVISOFT RESPUESTA a solicitud sept 2021 202120014767” de la carpeta “6. 04
Anexos” del índice 2 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
51 Archivo “2. Acta de liquidación Servisoft” de la carpeta “6. 04 Anexos” del índice 2 del expediente
digital de segunda instancia en SAMAI.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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procede a la liquidación de este” (aclaración añadida). En ese sentido, el balance
fue el siguiente:
CORTE DE CUENTAS
Saldo por liberar (si no se gasta todo el Total $0
valor del contrato)
Valor total del contrato (incluido Total $1.846’576.300
adiciones)
Total ejecutado en el contrato (total Total $ 1.846’576.000
pagado)
Así, se concluyó que “el contrato se ejecutó a satisfacción según el objeto”.
7.2. El acta de liquidación no adoleció de ningún vicio, pero tampoco reguló
el incumplimiento alegado por Savia
7.2.1. Savia aseveró en su alzada que debía anularse el acta de liquidación bilateral
del 3 de septiembre de 2020, pues allí erradamente los cocontratantes concluyeron
que Servisoft estaba a paz y salvo cuando en realidad Savia no conocía aún que
ello no era así, por haberse evidenciado un incumplimiento del contratista en cuanto
a su obligación de gestión documental de forma posterior al corte de cuentas,
aspecto que, a su juicio constituyó un vicio del consentimiento por una
incongruencia entre el balance de cuentas y la realidad.
Sin embargo, aunque en la demanda se evidencia que la solicitud de nulidad del
acta bilateral liquidatoria se ató al eventual incumplimiento del contrato 0037-2019
de 2019, allí no se indicó que hubiera habido un vicio del consentimiento de dicho
balance de activos y pasivos y, en todo caso, ni el escrito inicial o en la impugnación
se precisó el alcance de tal falencia en la voluntad, aspecto que, de entrada, a la
Sala le impide anular el corte de cuentas, como se pasa a explicar.
7.2.2. Para comenzar, es del caso precisar que la jurisprudencia de esta Subsección
ha sido consistente en precisar que, sin perjuicio del régimen aplicable al contrato
suscrito por el Estado, la liquidación de los contratos del Estado es un corte de
cuentas producto de la relación negocial donde se estipulan sus activos y pasivos
y, eventualmente, se emiten otras declaraciones como paz y salvos, así como se
pueden formular reparos sobre lo allí contenido si a bien lo tienen los
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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cocontratantes52. Cuando la anterior declaración se constituye en forma bilateral, es
un auténtico negocio jurídico que debe emitirse con capacidad, objeto, causa y
consentimiento sin vicios53.
La jurisprudencia de esta Corporación también ha considerado que, tratándose de
asuntos contractuales sometidos a derecho privado como el sub-judice, en caso de
que se liquide el contrato -diligencia que no resulta obligatoria pero que las partes
pueden llevar a cabo-, tal corte de cuentas resulta vinculante para los
cocontratantes, salvo que se acredite algún vicio del consentimiento o “que aquello
que se reclama en sede judicial no hubiere sido materia del cruce de cuentas
convenido”54.
Primero, en el evento en que se configuran vicios del consentimiento,
tradicionalmente denominados por la doctrina como error, fuerza o dolo55, aquellos
llevan a que el acto jurídico sea pasible de nulidad relativa56, pues aquellos no están
enlistados en el artículo 1741 del Código Civil57 como circunstancias de nulidad
absoluta, como sí sucedió con el objeto o causa ilícita, la falta de capacidad absoluta
y el desconocimiento de los requisitos ad substantiam actus de algunas actuaciones
para su nacimiento a la vida jurídica58.
Bajo esa senda argumentativa, la nulidad puede ser absoluta o relativa, y se
diferencia la una de la otra en que mientras la primera se puede declarar a petición
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01 (67567).
53 Consejo de Estado: i) Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Radicado 25000-
23-26-000-2002-01920-02 (32666), ii) Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de
2023. Radicado 85001-23-33-000-2015-00211-01 (58.634) y iii) Sala de Consulta y Servicio Civil.
Concepto del 28 de junio de 2016. Radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253).
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2023. Radicado
25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711).
55 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del contrato y del
negocio jurídico. Bogotá: 2022. Editorial TEMIS. P. 179-222.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021.
Radicado 25000-23-26-000-1999-01436-01 (36143S).
57 “Artículo 1741. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que
los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. // Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y
contratos de personas absolutamente incapaces”.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado
25000-23-26-000-2010-00556-01 (48955).
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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de parte o incluso de oficio por el juez, la segunda es saneable y solo se puede
estudiar y/o declarar siempre que el sujeto interesado lo haya así pedido59, de ahí
que, en caso contrario, el juez queda relevado para ese fin.
Segundo, también puede haber situaciones que no se entienden cobijadas por la
liquidación bilateral, lo que sucederá cuando aquella solo sea parcial, o cuando
siendo total no haya concebido situaciones que para la fecha de su suscripción no
se podían conocer, pues mal se haría en concluir que dicho negocio jurídico
incorpora un paz y salvo sobre toda situación presente y futura, así como conocida
o no conocida, pues de ser así figuras como la garantía de un bien y/o servicio
posterior a su realización quedarían inocuas o carentes de contenido con una
decisión liquidatoria.
No se puede perder de vista, entonces, que el consentimiento, como elemento
esencial de todo negocio jurídico, se formula bajo el entendido y según las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que para el momento en que se exterioriza
la voluntad son conocidas -determinadas o determinables-, en los términos del
artículo 1517 del Código Civil60, sin que aquellos aspectos que no fueron incluidos
expresamente o implícitamente según el contexto y la interpretación del clausulado
puedan tenerse como incorporados, lo cual desbordaría el querer negocial de las
partes.
7.2.3. Así pues, frente a la pretensión de nulidad del acuerdo de liquidación del
contrato No. 0037-2019 de 2019, de entrada se advierte que desde la demanda
Savia se abstuvo de concretar una causal de nulidad absoluta o relativa del acta de
liquidación del 3 de septiembre de 2020, desatendiendo así la carga que le asistía
de advertir el porqué de su petición anulatoria, y sin que ello se viera suplido con
que en la apelación afirmó que hubo un vicio del consentimiento sin precisar cuál,
no solo porque no podía añadir argumentos nuevos no previstos desde su escrito
59 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 16 de agosto de 2022.
Radicado 47001-23-33-000-2018-00416-01 (67959) y ii) Subsección C. Sentencia del 18 de
diciembre de 2020. Radicado 11001-03-26-000-2018-00178 00 (62573).
60 “Artículo 1517. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trata
de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración”.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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inicial, en virtud del principio de congruencia61, sino porque lo indicado no pasó de
ser una mera afirmación sin argumento.
En todo caso, si en gracia de discusión fuera dable analizar la nulidad del acta de
liquidación bajo la premisa de vicios del consentimiento, como se indicó en la
apelación -que no en la demanda-, aquellos se encuentran previstos dentro de las
causales de nulidad relativa que, sin que sean debidamente alegadas, no le
corresponde estudiar al juez de oficio, pues a diferencia de la nulidad absoluta, el
legislador no estableció que la nulidad relativa se habría de estudiar oficiosamente
por el juez, de ahí que solo puede ser analizada de ser debidamente pedida,
acreditada y motivada por el sujeto interesado.
Tampoco se encuentra que el acta de liquidación bilateral del 3 de septiembre de
2020 haya sido producto de alguna circunstancia de nulidad absoluta que habilite a
la Corporación a anularla, pues ni se alegó ni se deriva del petitum la existencia de
aspectos como un objeto o causa ilícitos, una falta de capacidad absoluta o el
desconocimiento de algún requisito adicional para su perfeccionamiento.
A partir de las consideraciones precedentes, la Sala considera que no cuenta con
elementos suficientes para analizar si el acta de liquidación bilateral del 3 de
septiembre de 2020 adoleció de alguna circunstancia de nulidad, pues Savia se
abstuvo de sustentar en debida forma tal pretensión desde su escrito inicial e,
incluso, en su apelación.
La consecuencia de lo anterior es que el acuerdo de liquidación del contrato No.
0037-2019 de 2019 se debe mantener incólume, en virtud del principio de pacta sunt
servanda62, por lo que se pasará a verificar si, en virtud de la jurisprudencia
esbozada en precedencia, reguló o no el incumplimiento alegado por Savia.
61 Mandato que reiteradamente esta Subsección ha reconocido para precisar que solo corresponde
resolver al juez de segunda instancia aquello ventilado en la apelación que, además, está incluido
dentro de la causa petendi de la demanda. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias: i) del 10 de marzo de 2025. Radicado 25000-23-36-000-2013-02100-02 (60180) y ii) del
14 de julio de 2025. Radicado 47001-23-33-000-2014-00400-01 (69520).
62 Código Civil. “Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes,
y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
7.2.4. Como se indicó párrafos atrás, Savia consideró que Servisoft incumplió la
obligación de gestión documental del contrato No. 0037-2019 de 2019 por haber
incorporado la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 de la ADRES y
su notificación en la plataforma Mercurio el 16 de marzo de 2020 pese a haber sido
allegada el 13 de marzo de 2020, lo cual solo vino a conocer hasta el 2 de marzo
de 2021 -después de la liquidación suscrita el 3 de septiembre de 2020- pues solo
hasta ese entonces se le notificó la decisión por la cual se rechazó su reposición
contra el acto administrativo radicado extemporáneamente.
Visto lo anterior, es oportuno precisar que, considerando que mediante el acuerdo
de liquidación bilateral del 3 de septiembre de 2020 los sujetos negociales del
contrato No. 0037-2019 de 2019 se declararon a paz y salvo al no vislumbrar un
incumplimiento, sin haber formulado reparos (hecho probado 7.1.4.), en principio no
correspondería estudiar el cargo de incumplimiento, pues bastaría indicar que Savia
se allanó a lo ejecutado por Servisoft respecto al acuerdo de voluntades y, por lo
tanto, asintió el desconocimiento obligacional de dicha entidad63.
Empero, en el asunto de estudio es claro que la situación considerada como
incumplimiento por Savia era una circunstancia posterior y subsecuente al acuerdo
de liquidación del 3 de septiembre de 2020, que solo pudo ser conocida por la EPS
hasta el 2 de marzo de 2021, de ahí que no se pueda entender que el paz y salvo
convenido sea extensible a dicha situación, como se pasa a explicar.
En efecto, el yerro presuntamente constitutivo del incumplimiento que según la
apelante cometió Servisoft consistió en no haber cargado en la plataforma Mercurio
la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación el 13 de
marzo de 2020, cuando fue allegada, sino hasta el 16 de marzo de la misma
anualidad, sin que además se hubiera señalado su fecha de recepción (hecho
probado 7.1.2.3.).
63 Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que, cuando con ocasión de una
liquidación se omite formular reparos, tal ausencia se ha de entender como un visto bueno de la
parte negocial sobre las condiciones del corte de cuentas. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024. Radicado 52001-23-33-000-2018-00555-01
(67567).
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
Dado que como se indicó en el hecho probado 7.1.2.3. no existe evidencia que
indique que Servisoft en efecto señaló la fecha en que el documento de la ADRES
arribó a la entidad -sin que en este cargo de apelación se estudie aún si ello
representó o no un incumplimiento-, es claro para la Sala que con los insumos de la
plataforma Mercurio la EPS no tenía cómo saber cuándo llegó dicha decisión.
Por ello, es plausible concluir que Savia solo vino a conocer la verdadera fecha de
radicación de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su notificación
hasta el 24 de febrero de 2021, cuando la ADRES rechazó el recurso de reposición
presentado contra tal actuación por ser extemporáneo, sin que se hubiera
demostrado que efectuó alguna gestión para determinar con certeza la fecha de
recepción del escrito que evidenciara que pudo conocer su fecha de llegada antes
-aspecto que, de nuevo, en este acápite aún no es valorado dentro del cargo
incumplimiento- (hecho probado 7.1.2.4).
Bajo el anterior contexto, la Sala considera que la liquidación del 3 de septiembre
de 2020 y su paz y salvo (hecho probado 7.1.4.) no pudo tener en cuenta, ni
gestionar el supuesto yerro que Savia le imputa a Servisoft, pues solo fue conocido
hasta el 24 de febrero de 2021, es decir, de forma posterior, fecha en que la entidad
descubrió que la Resolución del 23 de diciembre de 2019 había sido supuestamente
mal incorporada en la plataforma Mercurio.
En ese orden de ideas, debido a que el reproche de apelación de incumplimiento se
funda en una circunstancia posterior a la liquidación del contrato No. 0037-2019 de
2019, no se encuentra cobijada por el paz y salvo allí realizado y, por lo tanto, se ha
de estudiar detalladamente por la Sala a efectos de definir si hubo un incumplimiento
de Servisoft de sus labores de recepción y gestión documental configurativo de
responsabilidad contractual.
Así las cosas, la Sala deniega el segundo cargo de apelación, por no haberse
efectuado un reproche concreto frente al acuerdo de liquidación bilateral del 3 de
septiembre de 2020, circunstancia que releva a la Sala de determinar cuál de los
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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distintos escenarios de nulidad supuestamente cobijaron el corte de cuentas, y
pasará a estudiar el cargo de incumplimiento.
7.3. Aunque Servisoft incumplió el contrato No. 0037-2019 en cuanto a la labor
de recepción documental, no se configura su responsabilidad contractual
7.3.1. En el caso de estudio, Savia estimó en su apelación que el a quo debió
acceder a la pretensión de incumplimiento, debido a que, contrario a lo sostenido
en la decisión recurrida, se acreditó claramente que Servisoft desconoció el contrato
No. 0037-2019 de 2019 en cuanto a su obligación de recepción documental, al
incorporar indebidamente la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y
su notificación en el sistema “Mercurio” que, a su juicio, devino en que la EPS
presentara extemporáneamente el recurso de reposición contra esa decisión.
A manera de síntesis, lo anterior se motivó en que Servisoft cargó la decisión en el
sistema interno “Mercurio” el 16 de marzo de 2020 cuando en realidad la ADRES la
radicó con su notificación el 13 de marzo de 2020, según el número de guía
YG254918030CO y sin advertir su fecha de radicación, haciendo caer en error a
Savia en la presentación del recurso de reposición en su contra y, así,
desatendiendo deberes como señalar la fecha de recepción del acto administrativo
para que así la EPS pudiera determinar con exactitud el tiempo con el que contaba
para recurrirla.
7.3.2. Delimitado el cargo de apelación, cabe comenzar por precisar que, dentro de
las controversias atinentes a los contratos del Estado el juez contencioso
administrativo se encuentra investido para estudiar, entre otros, aspectos como la
existencia y/o validez del contrato, así como, de formularse pretensiones de
incumplimiento, queda habilitado para establecer si se reúnen los elementos propios
de la responsabilidad contractual, entendida como aquella que surge de la
inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación negocial y que causa
un menoscabo a uno de los cocontratantes, ello, en los términos del artículo 90 de
la Constitución -cláusula general de la responsabilidad estatal- que se predica
respecto de todo actuar donde se vea involucrado el Estado64.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de enero de 2024. Radicado
25000-23-36-000-2012-00568-02 (61269).
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
Por lo tanto, en aquellos eventos en que se alega un incumplimiento contractual, es
necesario encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del
negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera
defectuosa y/o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, igualmente,
que el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama
la responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño65.
En tal virtud, es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad
y, dentro de ello, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la
demandada, sino también el menoscabo que ello le produjo, para lo cual se debe
tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es
exigible, circunstancia que se presenta: i) cuando es pura y simple, desde su
nacimiento; ii) si está sujeta a plazo, al vencimiento del mismo y iii) si es condicional,
al cumplirse la condición66.
Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el
deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la
65 Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:
[…] Trátese aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabilidad civil contractual,
razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer término, de la
celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segundo lugar, de los
elementos que son propios a aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona a
quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno
y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se
persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado. […] Si
los contratos legalmente celebrados ‘son una ley para los contratantes’ (art. 1602 C.C.) y, por
consiguiente, ‘deben ejecutarse de buena fe’ y ‘obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen
a ella’ (art. 1603 ib.), lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado por la ley
misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para solicitar, por una
parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, cuando la infracción
le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma accesoria
a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible […] Sobre
el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: ‘El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y
las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones
que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o
el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo éstos últimos ya
de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o consecuencial (arts. 1546
y 1818 del C.C.), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria
de los daños ocasionados” (Subrayado fuera del texto original). Sala de Casación Civil. Sentencia
del 9 de marzo de 2021. Radicado 5659.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021.
Radicado 47001-23-33-001-2013-00363-01 (61641).
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo
permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario
además: i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; ii) que el acreedor haya
sufrido perjuicios como consecuencia de tal desatención obligacional y iii) que si la
obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora67.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “existe
responsabilidad contractual sólo a condición de que cualquiera de las partes deje
de ejecutar por su culpa el contrato y haya causado un perjuicio al acreedor. Para
que se estructure esa responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato,
debe demostrarse: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien
porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que
ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa
responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño
y el incumplimiento68”.
Bajo los anteriores derroteros se pasará a establecer si Servisoft incumplió el
contrato No. 0037-2019 de 2019 en cuanto a la obligación de gestión documental y
si ello le causó un menoscabo imputable al contratista.
7.3.3. En el presente caso se demostró que, el 27 de febrero de 2019, Savia y
Servisoft suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 0037-2019, que
tuvo por objeto la realización de labores de recepción de documentos, y en el cual
se atribuyó en cabeza del contratista un deber general de cargar debidamente los
radicados que se presentaran a la EPS en el sistema Mercurio (hecho probado
7.1.1.1.).
También se acreditó que, una vez se comenzó a ejecutar el acuerdo de voluntades
(hecho probado 7.1.1.2.), el 13 de marzo de 2020 la ADRES se acercó a las oficinas
físicas de Savia, operadas en su recepción por Servisoft, a efectos de notificarle por
67 Al respecto, establece el artículo 1615 del Código Civil que: “Se debe la indemnización de
perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde
el momento de la contravención”.
68 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de julio de 1992. Radicado
6461.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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aviso a la EPS la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, jornada en la
cual allegó tanto el acto administrativo como su constancia de notificación, incluidos
los términos para recurrir. (hecho probado 7.1.2.3.).
Luego de lo anterior, el 16 de marzo de 2020, Servisoft incorporó en la plataforma
Mercurio la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, documento en el
cual aparece que fue recibido ese mismo día, y sin que al subirse en tal herramienta
digital se hubiera precisado o diferenciado entre la fecha que fue recibido y la fecha
en que fue incluido en el sistema (hecho probado 7.1.2.3).
Finalmente, de las pruebas aportadas se evidenció que, el 1° de abril de 2020, Savia
interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre
de 2019, que fue rechazado por extemporáneo mediante proveído del 24 de febrero
de 2021, ya que como el acto recurrido se notificó el 13 de marzo de 2020, pasaron
más de los 10 días de ley para recurrirlo (hechos probados 7.1.2.4 y 7.1.2.5.).
7.3.4. Así pues, es del caso señalar que la cláusula octava del contrato No. 0037-
2019 de 2019 estableció en forma general la obligación de gestión documental en
cabeza de Servisoft, para lo cual indicó que la sociedad tenía a su cargo aspectos
como la prestación de dicho servicio, operar avanzadamente la plataforma
“Mercurio” e incorporar allí los escritos que se allegaran a la entidad, tener en cuenta
los aspectos contenidos en los Acuerdos 037 y 042 de 2002 del Archivo General de
la Nación en cuanto a conservación de documentos y en virtud de la Ley General
de Archivo 594 de 2000 “y las demás obligaciones que sean del carácter de la
prestación de los servicios contratados” (hecho probado 7.1.1.1.).
Así las cosas, la Sala encuentra que la cláusula octava del acuerdo de voluntades
le atribuyó a Servisoft una labor de manejo de documentos de Savia y su
incorporación en el sistema Mercurio y, como contexto de dicho deber, prescribió
que habría de entenderse sobre la base de varios acuerdos del Archivo General de
la Nación y la ley de archivística, normas que por expreso querer de los
cocontratantes se incorporaron de manera supletiva para determinar el alcance del
deber del contratista, y para deducir las demás obligaciones que pudieran surgir en
virtud de la naturaleza del objeto negocial.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
De ese modo, conviene destacar que, en virtud de los artículos 1601 y 1603 del
Código Civil69, los contratos son ley para las partes y se deben ejecutar de buena
fe, lo que tiene inevitables consecuencias respecto de su contenido y efectividad,
pues su clausulado debe ser entendido en el sentido de que es imperativo en su
totalidad, salvo que las partes modulen o excluyan alguna disposición en concreto
mutuamente70.
Es por ello que la cláusula octava debe entenderse bajo el entendido de que el
querer de las partes consistió en estipular un deber general de gestión documental
en cabeza del contratista, pero sujeto tanto a las labores adicionales que se
dedujeran por virtud de la praxis y esencia de tal actividad, lo cual es plenamente
válido en virtud del artículo 1603 del Código Civil citado en precedencia, como a la
normativa legal y administrativa sobre la materia que, además de que se entiende
incorporada al contrato según reza el artículo 1494 del mismo estatuto71, será
reseñada a continuación a efectos de establecer los deberes que tenía y no tenía
Servisoft sobre la materia.
En tal orden, mediante la Ley 594 de 2000, el legislador estableció el régimen del
archivo documental y en su artículo 2172 dispuso que se podrían constituir
programas de gestión de documentos, en cuya aplicación deben observarse los
principios y procesos archivísticos, que comprenden procesos como la producción
69 “Artículo 1602. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. // Artículo 1603. Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley
pertenecen a ella”.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 24 de julio de 2024. Radicado
25000-23-36-000-2017-01479-01 (66566).
71 Lo anterior, considerando que el artículo 1494 del Código Civil estableció que la ley también es
fuente directa de obligaciones, sin que necesite incorporarse por las partes al contrato salvo que se
trate de normas supletivas. “Artículo 1494. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las
voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario
de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los
cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como
en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.
72 “Artículo 21. Programas de gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar
programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes,
en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. // Parágrafo. Los
documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia de un documento
original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los
requisitos exigidos por las leyes procesales”.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
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o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la
disposición final de aquellos73, fases que persiguen garantizar la autenticidad y
preservación documental. Entre otros, el artículo 46 de la Ley 594 de 2000 74
prescribió que los archivos de la Administración deberían conservarse en cada una
de las fases de su ciclo vital, lo que, junto con los demás mandatos descritos, revela
un deber en cabeza de la persona -natural o jurídica- a cargo del archivo de
incorporarlo con su contenido completo y con toda la información necesaria para su
valoración.
Por su parte, los Acuerdos Nos. 042 de 200275, 002 de 201476 y 008 de 2014 del
Archivo General de la Nación establecieron los criterios para la organización de los
archivos de gestión en las entidades públicas y, entre ello, señalaron que estos se
sistematizarían bajo una dinámica de preservación y control y que en los procesos
de custodia y administración integral de archivo todo contratista deberá cumplir con
aspectos como garantizar la debida custodia documental y su protección,
disposiciones que, entonces, redundan en el deber de que el documento sea
incorporado internamente junto con toda su información relacionada.
73 Ley 594 de 2000. Artículo 22. Procesos archivísticos. “La gestión de documentación dentro del
concepto de archivo total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución,
la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos”.
74 “Artículo 46. Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública deberán
implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los
documentos”.
75 “Artículo 3. Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de unidades
administrativas. // Las unidades administrativas y funcionales de las entidades deben con
fundamento en la Tabla de Retención Documental aprobada, velar por la conformación,
organización, preservación y control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. El
respectivo Jefe de la oficina será el responsable de velar por la organización, consulta, conservación
y custodia del archivo de gestión de su dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en
el numeral 5 de la Ley 734 de 2002 para todo servidor público”.
76 “Artículo 1°. Finalidad del expediente. El expediente además de ser la esencia de las actuaciones
de la administración, pues reúne de manera orgánica los documentos que se producen o reciben en
desarrollo de un mismo trámite o actuación y se acumulan de manera natural reflejando el orden en
que dicho trámite es ejecutado, es la base de la organización archivística sobre la cual se establecen
las series y subseries documentales que conforman un archivo”.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
Si se leen las anteriores disposiciones en consonancia con los artículos 5977 y 6178
del CPACA, en virtud de los cuales se previó la posibilidad de conformar
documentos y expedientes electrónicos, pero garantizando sus requisitos de archivo
y conservación, así como se dispuso un procedimiento de recepción dentro del cual
se prescribió un deber de emitir y enviar mensajes de acuse de recibido o salida de
las comunicaciones, indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado,
resulta claro que la archivística de documentos públicos debe atender a un estricto
rigor en la gestión documental, lo que se encuentra ligado inescindiblemente a un
deber de que se conserve la integridad del escrito, así como su fecha de recepción.
Ello también es predicable respecto a los actos administrativos, en tanto
documentos públicos79, y resulta esencial no solo para su validez, sino para su
eficacia, que se materializa, en el caso de los actos particulares y concretos, con su
notificación y la indicación de los recursos de la sede administrativa, para que así el
destinatario de la decisión pueda, si a bien lo tiene, ejercer su derecho de defensa
y contradicción, de ahí que cuando existen fallas en la gestión documental que
77 “Artículo 59. Expediente electrónico [modificado por el artículo 11 de la Ley 2080 de 2021]. El
expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un
procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente
electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad. // La autoridad
respectiva garantizará la seguridad digital del expediente y el cumplimiento de los requisitos de
archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley. // Las entidades que
tramiten procesos a través de expediente electrónico trabajarán coordinadamente para la
optimización de estos, su interoperabilidad y el cumplimiento de estándares homogéneos de gestión
documental”.
78 “Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades. [Modificado por
el artículo 14 de la Ley 2080 de 20921]. Para la recepción de documentos electrónicos dentro de una
actuación administrativa, las autoridades deberán contar con un registro electrónico de documentos,
además de: 1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y
recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora
de recepción. // 2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las
medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.
// 3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o salida de las comunicaciones indicando la fecha
de esta y el número de radicado asignado”.
79 Al respecto, vale tener en cuenta el artículo 243 del Código General del Proceso, en virtud del cual:
“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías,
cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías,
talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. // Los
documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público
en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado
por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un
escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es
autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo,
se denomina escritura pública”.
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merman tal aspecto, el receptor pierde la posibilidad de conocer el alcance de la
actuación en cuestión80.
7.3.5. Los anteriores deberes de raigambre legal y también dispuestos en el contrato
No. 0037-2019 de 2019 fueron desconocidos por Servisoft, debido a que al recibir
la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su constancia de notificación
el 13 de marzo de 2020, debió registrar la fecha en que se allegó a las instalaciones
de Savia tal información y, sin embargo, tanto en la plataforma Mercurio como en el
propio acto administrativo solamente señaló que se radicó internamente el 16 de
marzo de 2020, sin haber distinguido entre la fecha de su presentación y la fecha
de incorporación interna (hechos probados 7.1.2.1. a 7.1.2.3.).
Ahora bien, contrario a lo indicado por el extremo activo de la litis, no es cierto, ni
se deriva del contrato objeto de la disputa que Servisoft tuviera que radicar
internamente el acto administrativo en cuestión el mismo día, pues no es un aspecto
que se deduzca del marco obligacional anteriormente reseñado. En realidad, es
claro que el contratista debía hacerlo en un período prudencial y según el flujo de
radicaciones que eventualmente recibiera, pues de lo contrario no tendría sentido
que se hubiera diferenciado entre documentos comunes y documentos de urgencia
como lo hizo la cláusula octava del contrato, dado que mientras los primeros no
exigen una radicación automática, los segundos sí.
No obstante lo anterior, la situación que sí se considera una desatención
obligacional de Servisoft consiste en no haber cumplido con la carga de distinguir
en el sistema Mercurio entre la fecha de recepción de la Resolución No. 42567 del
23 de diciembre de 2019 y su notificación, y la fecha de radicación interna, pues, tal
y como lo advirtió Savia, en el presente caso se pudo haber incorporado el número
de guía YG254918030CO (hecho probado 7.1.2.3.) o siquiera haber colocado un
sello en el documento con la constancia de la fecha cierta de recepción -13 de marzo
de 2020-, procederes que habrían permitido mantener la autenticidad y calidad
informativa del archivo y que se echan de menos.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de agosto de 2012. Radicado
54001-23-31-000-1999-0111-01 (23358).
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Sobre ello no se evidencia que el flujo de radicaciones o circunstancias como el
COVID-19 (hechos probados Nos. 7.1.3.3. y 7.1.3.4.) hubieran impedido que
Servisoft rotulara el acto administrativo de la ADRES con la fecha efectiva de su
radicación, de ahí que se trate de una situación inexcusable e injustificada, producto
de un actuar deficiente respecto de las obligaciones a su cargo en cuanto a la
gestión documental interna, frente a la cual Savia tenía derecho a estar
completamente informada de las solicitudes que se le allegaran en cuanto a sus
condiciones de tiempo, modo y lugar.
Es así como Servisoft incumplió con las obligaciones a su cargo, particularmente
aquella derivada de la cláusula octava del contrato No. 0037-2019 de 2019, que le
impuso la obligación de cumplir con la conservación documental y cargar la
información que se le presentara a la EPS en forma fidedigna, pues ciertamente la
parte demandada incorporó indebidamente en el sistema “Mercurio” la Resolución
No. 42567 del 23 de diciembre de 2019, dado que, habiendo sido allegada el 13 de
marzo de 2020, la subió al sistema el 16 del mismo mes y año sin haber precisado
la fecha en que tal documentación se remitió a la recepción, lo cual revela un actuar
defectuoso y ajeno a las máximas de la archivística de su parte.
Con todo, aun cuando en el presente caso se acreditó que Servisoft incumplió la
cláusula octava del contrato 0037-2019 de 2019, en cuanto a la gestión y el manejo
documental de la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 y su
notificación por no haber señalado su fecha de recepción, la Sala no encuentra
demostrado que dicha circunstancia hubiera sido directamente la causa del
supuesto menoscabo alegado, toda vez que, si bien Servisoft subió la resolución al
sistema “Mercurio” hasta el 16 de marzo de 2020 -con un sello de la misma fecha-,
cierto es que, al tratarse de un acto administrativo frente al cual procedían recursos
de ley, ante la falta de certeza o duda en la fecha de su notificación, le correspondía
a Savia validar la situación a efectos de determinar con plena claridad el vencimiento
del plazo para recurrir, de ahí que, al margen de las incertidumbres que se pudieron
suscitar con el actuar defectuoso de la parte demandada, si aquella no interpuso el
recurso de reposición en tiempo fue debido a su actuar negligente.
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A este efecto, y como se señaló en párrafos anteriores, no se puede olvidar que los
elementos constitutivos de la responsabilidad contractual en los asuntos del resorte
del juez contencioso administrativo son el incumplimiento de una obligación
derivada del contrato, un menoscabo por cuenta de tal situación y un nexo entre
una y otra cosa81.
Así las cosas, por más que se hubiera demostrado que Servisoft desatendió su labor
documental al haber registrado la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de
2019 en la plataforma Mercurio sin la precisión sobre la fecha en que dicha
actuación y su constancia de notificación fueron presentadas por la ADRES, la EPS
Savia debió requerirla a efectos de que aclarara el momento de llegada de los
documentos, o para que le remitiera la guía de envío de la empresa de mensajería
correspondiente, nada de lo cual sucedió -o por lo menos no se acreditó en el
proceso-.
En su lugar, lo que en realidad hizo Savia fue formular el recurso de reposición
contra la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019 sin contar con certeza
de la fecha de su recepción y, por tanto, la recurrió sin haber estudiado
juiciosamente el término con el que contaba para tal fin, de ahí que, por más que
Servisoft hubiera omitido añadir toda la información de ese acto administrativo en el
sistema interno Mercurio, dicha situación no llevaba a que automáticamente la EPS
tuviera datos claros que la llevaran a asumir erradamente que el término para la
reposición contaba desde el 16 de abril de 2020, cuando en realidad la demandada
nunca señaló expresamente que la fecha de radicación fuera esa última, sino que,
simplemente, incorporó internamente la decisión administrativa en esa fecha.
A lo anterior se suma que, de cualquier manera, en los términos del inciso tercero
del artículo 76 del CPACA82, los recursos de reposición y queja no son obligatorios,
por lo que en concordancia con el numeral segundo del artículo 161 del mismo
estatuto, su interposición no resulta necesaria para pretender la nulidad del acto
81 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 25 de febrero de 2009. Radicado
25000232600019920792901 (16103).
82 “Artículo 76. Oportunidad y presentación. […] Los recursos de reposición y de queja no serán
obligatorios”.
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administrativo particular83-84 y, por consiguiente, pese a la radicación extemporánea
de la reposición frente a la Resolución No. 42567 del 23 de diciembre de 2019,
Savia estaba totalmente habilitada para impugnarla en sede judicial de considerar
le representaba una merma.
Pese a ello, no se demostró que la EPS hubiera cuestionado judicialmente la
decisión, estadio en el cual habría podido reprochar la devolución de saldos que no
compartía, de ahí que se evidencie su descuido en impulsar medidas para evitar
que la decisión quedara en firme, sin que tal actuar le pueda resultar imputable a
Servisoft, por más que hubiera omitido señalar la fecha de radicación del documento
de la ADRES.
El anterior panorama evidencia que aunque Servisoft hubiera incumplido el contrato
No. 0037-2019 de 2019, la causa del menoscabo alegado fue el propio actuar
negligente de la EPS, quien se abstuvo de verificar y/o solicitar a su contratista
precisión sobre la fecha de radicación del acto administrativo de la ADRES y, en
cualquier caso, no lo cuestionó en sede judicial, de ahí que, aunque hay un
incumplimiento acreditado, no se satisfizo el supuesto de la responsabilidad
contractual de causación de un menoscabo derivado de la desatención obligacional,
de ahí que, como lo concluyó el a quo, no había lugar a acceder a la pretensión de
incumplimiento y, por lo tanto, el cargo de apelación estudiado no tiene vocación de
prosperar.
Por último, en la medida en que no prosperaron las pretensiones principales, no hay
lugar a analizar la procedencia de la indemnización pedida, pues para tal fin debía
demostrarse un incumplimiento causante de un menoscabo que, eventualmente,
llevara a revaluar el corte de cuentas, nada de lo cual sucedió.
83 “Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: […] 2. Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo
con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá
demandar directamente el acto presunto. // Si las autoridades administrativas no hubieran dado
oportunidad de interponer los recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere
este numeral […]”.
84 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025. Radicado
25000-23-36-000-2019-00697-01 (67948).
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7.4. Procedencia de la condena en costas en primera instancia
Savia cuestionó en su apelación que hubiera sido condenada a las costas en
primera instancia, por considerar que no se cumplieron los requisitos del CGP.
Al respecto cabe decir que el legislador del CPACA -artículo 188-85 y el CGP -
artículo 355-86 estableció un criterio objetivo para la condena de las costas, a
diferencia del régimen del Decreto 01 de 1984 -CCA- que requería de temeridad o
mala fe, de ahí que en la actualidad dicha situación ya no sea relevante, pues será
objeto de tal medida quien, entre otros, sea vencido en el proceso.
Vistos los cargos principales de la demanda y evidenciado que ninguno prosperó,
es claro que era dable condenar en costas a Savia en primera instancia, pues resultó
vencida en primera instancia en el proceso. Ahora bien, aunque la parte activa
señala que también debía acreditarse que aquellas estuvieran causadas, ello
también se satisfizo, por cuanto Servisoft actuó con apoderado en la primera
instancia, contestó la demanda y alegó de conclusión, circunstancias que
evidencian la configuración de agencias en derecho que, precisamente, motivan que
se hubiera condenado a la demandante a pagar el 3% del valor de las pretensiones,
en concordancia con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201687.
De ese modo, es claro que se está ante el escenario normativo planteado para la
condena en costas en primera instancia y, por ende, el a quo estaba habilitado para
85 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil. // [Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021]. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
86 “Artículo 355. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
87 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] En primera instancia. a. Por la
cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor
cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.”.
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Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
condenar a Savia en tal sentido, sin que por tal razón hubiera incurrido en ninguna
irregularidad, motivo por el cual la Sala desestima el cargo analizado.
8. Costas en segunda instancia
El numeral 1 del artículo 365 del CGP88 dispuso que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación89 .
Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a Savia, quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya
que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en
los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal
efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta
instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la demandada no intervino
en segunda instancia90, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre de 2024, proferida por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
88 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
89 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado
17001233300020120017601 (51034).
48
Radicado: 050012333000202201017-01 (72178)
Demandante: Alianza Medellín - Antioquia E.P.S. S.A.S.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la sociedad Alianza
Medellín – Antioquia E.P.S. S.A.S. – SAVIA E.P.S., las cuales serán liquidadas de
manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
VF
49
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