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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02417-01

Fecha
28 de junio de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02417-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, 112 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará”. 113 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. 114 “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”. 115 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 81 yiSvLI ss Radicado:25000-23-36-000-2016-02417-01 (61.711] oe: Deniandante: REDCOM LTDA Y OTRO las cuales seran liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con Io expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideracion Io dispuesto en los articulos 366 y 365.8 del Codigo General del Proceso. Fijar por concepto de agendas en derecho en segunda instancia la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2,000,000) en favor de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-02417-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de junio de 2023

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio dos mil veintitrés (2023)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA. Y
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
(INTEGRANTES DEL CONSORCIO AGUAS DE
CUNDINAMARCA 2011)
Demandado: EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Temas:
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - En los contratos regidos por el derecho privado –
Teoría de la imprevisión. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO - Elementos.
SALVEDADES EN OTROSÍES - Se debe analizar el alcance de los otrosíes - Su ausencia no impide
per se el estudio de las reclamaciones. MAYOR PERMANENCIA EN CONTRATO DE
INTERVENTORÍA - originada en la ampliación del plazo de ejecución de los contratos de obra
sujetos a la interventoría. LIQUIDACIÓN BILATERAL - Concepto - En contratos regidos por el
derecho privado. CARGA DE LA PRUEBA - Quien demanda tiene la carga de acreditar los supuestos
de hecho que pretende hacer valer. DICTAMEN PERICIAL - Tiene por finalidad la verificación de
hechos que interesan al proceso y requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o
artísticos - Debe estar debidamente fundamentado y no puede versar sobre puntos de derecho.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la
actora y negó la objeción por error grave formulada por la demandada contra el
dictamen pericial allegado al proceso.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de abril de 2011, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en
adelante EPC, y el Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011, en lo sucesivo el
consorcio o el contratista, celebraron el contrato de interventoría n.º PDA-C-078-

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

2011, cuyo objeto consistió en realizar la “INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA QUE SE EJECUTARÁN EN LOS MUNICIPIOS MIEMBROS
DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SUSCRITOS POR EMPRESAS
PÚBLICAS DE CUNDINMARCA”. En el alcance del objeto quedó establecido que
el contratista, en principio, adelantaría la interventoría de varios contratos de obra.
El plazo inicial del contrato fue de 9 meses contados a partir de la suscripción del
acta de inicio, que tuvo lugar el 29 de abril de 2011. En diversas oportunidades las
partes prorrogaron el plazo de ejecución y adicionaron su valor y alcance y en otra
ocasión modificaron su forma de pago. El negocio jurídico fue liquidado
bilateralmente el 13 de marzo de 2015.

El demandante afirma, por un lado, que la Administración incumplió el contrato de
interventoría, puntualmente la modificación introducida a la forma de pago, de tal
suerte que le adeuda un saldo a favor y, por el otro, que los contratos de obra sujetos
a la interventoría fueron prorrogados y suspendidos, lo que derivó en una mayor
permanencia del contrato de interventoría, por lo que deben serle reconocidos los
mayores costos de personal para todos y cada uno de los frentes de trabajo, de
administración, de personal técnico no facturable, financieros y de impuestos,
pólizas, seguros y legalizaciones.

Con fundamento en lo anterior, el demandante pretende que se declare: (i) la
responsabilidad contractual de EPC por incumplir la modificación introducida a la
forma de pago; y (ii) el desequilibrio económico del contrato de interventoría
originado en la mayor permanencia por causas que no le son imputables, con
ocasión de los “inconvenientes” que se presentaron en los contratos de obra n.os
001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011, PDA-O-057-2011, PDA-O-072-2011, 002-
2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-O-042-2010, EPC-O-044-2010 y 038-2010
que llevaron a que estos fueran prorrogados y suspendidos. Como consecuencia
de lo anterior, solicita que se condene a la entidad al reconocimiento y pago del
saldo adeudado con ocasión del incumplimiento de la modificación de la forma de
pago del contrato de interventoría, junto con los mayores costos de personal para
todos y cada uno de los frentes de trabajo, de administración, de personal técnico
no facturable, financieros y de impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones y los
intereses.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 24 de noviembre de 20161, las sociedades Redes y Comunicaciones de
Colombia Ltda. -REDCOM Ltda.- y Servicios de Ingeniería y Construcción Ltda. -
SERVINC Ltda.-, integrantes del Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, presentaron demanda en contra de EPC, misma que fue admitida por
medio de auto del 12 de diciembre de 20162.

1.2. En la demanda, la parte actora formuló las siguientes pretensiones, que se
transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores:

“PRETENSIONES

DECLARATIVAS

PRIMERO: DECLARAR que las Empresas Públicas de Cundinamarca debe al
Consorcio Aguas de Cundinamarca el saldo correspondiente al Parágrafo Cuarto de
la Cláusula Cuarta de la Adición No. 6, Prórroga No. 3 y Modificatorio No. 1 al
contrato EPC-PDA-C0787-2012, por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS ($479.662.578.00) o el valor que se logre probar en el
proceso.

SEGUNDO: DECLARAR que el contrato No. PDA-C078-2012, fue alterado en sus
condiciones técnicas, financieras y económicas existentes al momento de proponer
con las EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, debido a la mayor
permanencia en obra no imputable al interventor.

TERCERO: Como consecuencia de la pretensión previa, declárese que el Consorcio
Aguas de Cundinamarca debió asumir costos y gastos mayores así:
• Mayores costos de personal para todos y cada uno de los frentes y proyectos
de obra objeto de interventoría.
• Mayores gastos generales de administración, personal técnico no facturable
y otros.
• Mayores gastos por impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones.
• Mayores costos financieros, debido a la modificación del flujo de caja
esperado al momento de contratar, en tanto que los ingresos del consorcio
se desplazaron en el tiempo y fueron menores a los previstos por
ampliaciones y suspensiones a los contratos de obra por razones no
imputables al interventor.

1 Fl. 4 a 134, C. 1.
2 Fl. 138 a 140, C. 1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CUARTO: Declárese que las EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA
ESP debe al CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011 los intereses
comerciales por las sumas dejadas de percibir según las pretensiones anteriores.

CONDENATORIAS

PRIMERA: Como consecuencia de la primera pretensión declarativa se condene a
las EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA a pagar al CONSORCIO AGUAS
DE CUNDINAMARCA la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS $479.662.587, o lo que se logre probar en el proceso.

SEGUNDA: Como consecuencia de las pretensiones declarativas segunda y tercera
se condene a las EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA a pagar al
CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011 la suma de novecientos treinta y
cuatro millones cierto veintiocho mil ciento dos pesos ($934.128.102) o lo que se
logre probar en el proceso.

TERCERA: Como consecuencia de la cuarta pretensión declarativa se condene a
las EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 2011 a pagar al CONSORCIO
AGUAS DE CUDINAMARCA la suma de cuatrocientos veinte millones quinientos
setenta y dos mil doscientos setenta y tres pesos ($420.572.273), o lo que se logre
probar en el proceso.

CUARTA: que los valores de las pretensiones de condena sean actualizadas al
momento de su pago efectivo y sobre ellas procedan los intereses a la tasa legal
aplicable”.

1.3. Como fundamentos fácticos, la parte actora enunció lo siguiente:

1.3.1. Afirmó que EPC adelantó el proceso de selección n.º CM-PDA-001-2011,
para contratar la interventoría de los contratos de obra pública que la entidad
ejecutaría en el departamento de Cundinamarca.

1.3.2. Manifestó que en el marco del proceso de selección, el Consorcio Aguas de
Cundinamarca 2011 presentó propuesta, la cual fue seleccionada por EPC,
suscribiéndose en consecuencia el contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011
del 19 de abril de 2011.

1.3.3. Adujo que en virtud de lo acordado y conforme las adiciones, el consorcio
realizó la interventoría de los siguientes contratos de obra:

1. Contrato de obra n.º 001-2011 -construcción de obras para la optimización
del sistema de acueducto urbano del municipio de Pacho-.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

2. Contrato de obra n.º 002-2011 -construcción del colector de aguas lluvias
de la calle 6 del municipio de Choachí-.
3. Contrato de obra n.º PDA-O-053-2011 -construcción del alcantarillado de
aguas lluvias de emergencia del municipio de Pacho y construcción del
acueducto regional Sucuneta fase II, Ramal vereda Patio Bonito y otras
(Nemocón)-.
4. Contrato de obra n.º 013-2011 -optimización y rehabilitación del sistema de
acueducto urbano (bocatoma Cune y Namay) del municipio de Villeta-.
5. Contrato de obra n.º PDA-O-057-2011 -terminación de la línea de
conducción y construcción de viaductos del acueducto regional Nocaima, La
Vega, Quebradanegra, Nimaima y Villeta fase II-.
6. Contrato de obra n.º PDA-O-072-2011 -construcción de la planta de
tratamiento de agua potable del acueducto regional del municipio de Pandi;
construcción del acueducto de las veredas La Salada, Malberto, Vila, Altos
de la Viga, El Asomadero, El Verdal, Capotes, La Mata y Morro Azul,
municipio de Tocaima; y construcción del empalme del alcantarillado Mesa
del Medio-Planta de tratamiento de aguas residuales San Roque del
municipio de Arbeláez-.
7. Contrato de obra n.º 017-2011 -construcción de colectores matrices del
alcantarillado pluvial y sanitario del área de expansión del plan parcial vía El
Rosal del municipio de Facatativá-.
8. Contrato de obra n.º 004-2011 -construcción redes de alcantarillado
sanitario y pluvial zona norte etapa I del municipio de El Colegio-.
9. Contrato de obra n.º PDA-O-100-2011 -construcción de redes de
distribución para incrementar cobertura etapa I, II, III y IV del municipio de
Mosquera; optimización del acueducto urbano del municipio de La vega
(Bocatoma rio ila y perucho); desarenador y ampliación del acueducto de la
vereda Arrayan del municipio de San Francisco-.
10. Contrato de obra n.º EPC-O-044-2010 -construcción del acueducto regional
fruticas de los municipios de Chipaque y Cáqueza fase IV.
11. Contrato de obra n.º EPC-O-042-2010 -construcción del acueducto regional
Anapoima La Mesa fase IV.
12. Contrato de obra n.º 038-2010 -construcción para la terminación y puesta
en marcha del embalse Mancilla del sistema de acueducto del municipio de
Facatativá-

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

13. Contrato de obra n.º EPC-O-025-2013 -rehabilitación de las redes de
acueducto y alcantarillado para la urbanización Brisas del Magdalena I,
Centro Poblado de Gramalotal del municipio de Beltrán Cundinamarca-.

1.3.4. Refirió que el plazo pactado fue de 9 meses contados a partir de la suscripción
del acta de inicio, que tuvo lugar el 29 de abril de 2011, por lo que el contrato
inicialmente se extendía hasta el 29 de enero de 2012, y que el valor acordado fue
de $1.296.743.688.

1.3.5. Señaló que el contrato fue adicionado en su valor en diez ocasiones y
prorrogado en su plazo en otras siete, de tal suerte que su valor final fue de
$2.110.264.627 y su término de ejecución finalizó el 28 de marzo de 2013.

1.3.6. Manifestó que en el parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato,
modificada mediante la adición n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1, las partes
acordaron que en caso de que los contratos de obra no se ejecutaran en un 100%
por razones no imputables al interventor, la entidad pagaría a este último el saldo
pendiente, de acuerdo con la oferta económica, previa aprobación del supervisor.

1.3.7. Afirmó que el 13 de marzo de 2015, las partes suscribieron el acta de
liquidación bilateral, en la que el consorcio dejó plasmadas salvedades en cuanto a
reclamar: (i) los valores dejados de pagar con ocasión de lo acordado en el
parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato; y (ii) los sobrecostos por mayor
permanencia.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, expuso lo siguiente

1.4.1. De una parte, adujo que la entidad pública incumplió el contrato de
interventoría, pues no reconoció al consorcio el saldo pendiente por valor de
$479.662.578, tal y como quedó pactado en el parágrafo cuarto de la cláusula
décima del contrato, bajo el entendido de que el pago al contratista estaba
condicionado a la ejecución de los contratos de obra.

1.4.2. De otra parte, indicó que durante la ejecución de los contratos de obra, n.os
001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011, PDA-O-057-2011, PDA-O-072-2011, 002-

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-O-042-2010, EPC-O-044-2010 y 038-2010
se presentaron “inconvenientes” por razones ajenas a la interventoría, que llevaron
a que aquellos fuesen prorrogados y suspendidos, lo que a su vez derivó en una
mayor permanencia en el contrato de interventoría, por lo que deben serle
reconocidos los mayores costos de personal para todos y cada uno de los frentes
de trabajo, de administración, de personal técnico no facturable, financieros y por
impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones.

1.4.2.1. A este efecto, precisó que el contrato de obra n.º 001-20113 debía
ejecutarse en un plazo de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, esto es, desde el 2 de marzo de 2011, pero por cuenta de los inconvenientes
con los estudios y diseños, la demora en el trámite de su adición, así como a
problemas en la ejecución, fue prorrogado y suspendido, de tal suerte que terminó
el 26 de agosto de 2013, aspecto que, a su juicio, “alteró las condiciones iniciales
del contrato de interventoría, por cuanto se oferto (sic) realizar unas actividades en
4 meses, siendo necesarios 30 meses más para su culminación”.

1.4.2.2. Con relación al contrato de obra n.º PDA-O-053-20114 , manifestó que su
plazo de ejecución fue de 5 meses contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, que tuvo lugar el 5 de marzo de 2011; sin embargo, por cuenta de los
inconvenientes en los estudios y diseños y la demora en la ejecución del contrato,
aquel fue prorrogado y suspendido, finalizando el 4 de junio de 2014, situación que
“alteró las condiciones iniciales del contrato de interventoría, por cuanto se ofertó
realizar unas actividades en cinco meses, siendo necesarios 34 meses más para su
culminación”.

1.4.2.3. Frente al contrato de obra n.º 013-20115 , refirió que su plazo de ejecución
era de 4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, del 1
de marzo de 2011, no obstante lo cual, con ocasión de los inconvenientes en los
estudios y diseños y la demora en su ejecución, el negocio jurídico fue prorrogado

3 Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de

Pacho.
4 Construcción del alcantarillado de aguas lluvias de emergencia del municipio de Pacho,

construcción acueducto regional sucuneta fase II Ramal vereda Patio Bonito y otras, municipio de
Nemocón.
5 Optimización y rehabilitación del sistema de acueducto urbano, bocatomas Cune y Namay.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

y suspendido, finalizando el 14 de octubre de 2012, circunstancia que “alteró las
condiciones iniciales del contrato de interventoría, por cuanto se ofertó realizar unas
actividades en cuatro meses, siendo necesarios 17.9 meses más para su
culminación”.

1.4.2.4. En lo atinente al contrato de obra n.º PDA-O-057-20116 , indicó que su plazo
de ejecución fue de 8 meses contados a partir del 15 de marzo de 2011, fecha en
la que se suscribió el acta de inicio, a pesar de lo cual, debido a los inconvenientes
en los estudios y diseños y la falta de permisos, predios y servidumbres, el contrato
de obra mencionado se prorrogó y suspendió, finalizando el 10 de octubre de 2012,
lo que “claramente que alteró las condiciones iniciales del contrato de interventoría,
por cuanto se oferto (sic) realizar unas actividades en ocho meses, siendo
necesarios 10.9 más para su culminación”.

1.4.2.5. En cuanto al contrato de obra n.º PDA-O-072-20117 , refirió que el plazo de
ejecución inicialmente pactado fue de 8 meses contados a partir de la suscripción
del acta de inicio, es decir, del 23 de mayo de 2011; sin embargo, el contrato fue
prorrogado y suspendido debido a inconvenientes con los predios, estudios y
diseños, así como también a la demora en el trámite de sus adiciones, razón por la
cual finalizó el 8 de octubre de 2014, lo que a su modo de ver “alteró las condiciones
iniciales del contrato de interventoría, por cuanto se oferto (sic) realizar unas
actividades en 8 meses, siendo necesarios 32.5 meses más para su culminación”.

1.4.2.6. Con relación al contrato de obra n.º 002-20118 , manifestó que su plazo de
ejecución fue de 4 meses, que comenzaron a correr desde la suscripción del acta
de inicio, lo que ocurrió el 10 de junio de 2011, pero por cuenta de los inconvenientes
con los estudios y diseños y la demora en el trámite de las adiciones se prorrogó y
suspendió, todo lo cual llevó a que finalizara el 8 de junio de 2013, añadiendo que
lo anterior “claramente que alteró las condiciones iniciales del contrato de
interventoría, por cuanto se oferto (sic) realizar unas actividades en cuatro meses,
siendo necesarios 20 meses más para su culminación”.

6 Terminación de la línea de conducción y construcción de viaductos del acueducto regional Nocaima

– La Vega – Quebradanegra – Nimaima y Villeta fase II.
7 Construcción de la planta de tratamiento de agua potable del acueducto regional municipio de

Pandi.
8 Construcción del colector de aguas lluvias calle 6 del municipio de Choachí.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

1.4.2.7. Frente al contrato de obra n.º 004-20119 , resaltó que su plazo de ejecución
fue de 5 meses contados a partir del 5 de julio de 2011, fecha en la que se suscribió
el acta de inicio, pero se presentaron inconvenientes con el presupuesto y los
precios unitarios que condujeron a su suspensión y, por ende, a que su finalización
tuviera lugar el 25 de enero de 2012, situación que “alteró las condiciones iniciales
del contrato de interventoría, por cuanto se ofertó realizar unas actividades en cinco
meses, siendo necesarios 1.5 meses más para su culminación”.

1.4.2.8. En cuanto al contrato de obra n.º PDA-O-100-201110 , expuso que su plazo
de ejecución fue de 8 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, esto es,
del 1 de agosto de 2011; sin embargo, por cuenta de inconvenientes con permisos,
predios y servidumbres y la demora en el trámite de adiciones, el contrato se
prorrogó y suspendió, por lo cual finalizó hasta el 18 de junio de 2014, lo que “alteró
las condiciones iniciales del contrato de interventoría, por cuanto se oferto (sic)
realizar unas actividades en ocho meses, siendo necesarios 26.7 meses más para
su cumplimiento”.

1.4.2.9. Frente al contrato de obra n.º EPC-O-042-201011 , refirió que su plazo de
ejecución fue de 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que
tuvo lugar el 1 de septiembre de 2010, pero con ocasión de inconvenientes en los
estudios y diseños y ante la falta de permisos, predios y servidumbres se prorrogó
y suspendió, finalizando hasta el 13 de marzo de 2014, lo que a su vez alteró “las
condiciones iniciales del contrato de interventoría, por cuanto se oferto (sic) realizar
unas actividades en seis meses, siendo necesarios 26.7 meses más para su
culminación”.

1.4.2.10. En lo atinente al contrato de obra n.º EPC-O-044-201012 , manifestó que
su plazo de ejecución fue de 8 meses contados a partir del 7 de septiembre de 2010,

9 Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial de la zona norte etapa I cabecera
municipal de El Colegio Cundinamarca.
10 Construcción de redes de distribución para incrementar cobertura etapa I, II, III y IV del municipio

de Mosquera; optimización del acueducto urbano del municipio de La vega (Bocatoma rio ila y
Perucho), desarenador y ampliación del acueducto de la vereda Arrayan del municipio de San
Francisco.
11 Construcción del acueducto regional La Mesa Anapoima.
12 Construcción acueducto regional fruticas municipios de Chipaque y Cáqueza fase IV.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

fecha en la que se suscribió el acta de inicio, pero se suspendió y prorrogó por
cuenta de inconvenientes en las obras de la fase anterior y la demora en el trámite
de sus adiciones, todo lo cual llevó a que finalizara el 2 de marzo de 2014 “situación
claramente que alteró las condiciones iniciales del contrato de interventoría, por
cuanto se oferto (sic) realizar unas actividades en ocho meses, siendo necesarios
33.7 meses más para su culminación”.

1.4.2.11. En lo que respecta al contrato de obra n.º 038-201013 , afirmó que su plazo
inicial fue de 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es,
del 29 de noviembre de 2010; sin embargo, se presentaron inconvenientes en las
obras de la fase anterior y demoras en la entrega de diseños y especificaciones,
que condujeron a que el contrato se prorrogara y suspendiera, razón por la cual
finalizó hasta el 7 de marzo de 2014.

1.4.2.12. Finalmente, precisó que por cuenta de las prórrogas y suspensiones a los
contratos de obra objeto de la interventoría, “el interventor debía seguir contando
con todo el personal ofertado, sin importar que las obras objeto de la interventoría
se extendieran por razones ajenas a éste”. Además, refirió que “debió asumir los
gastos asociados a la ejecución de la interventoría de forma continuada, sin recibir
contraprestación a cambio, es decir que debió atender la ejecución del contrato con
unos costos y gastos de administración superiores a los establecidos inicialmente,
dado que el contrato se expendió en el tiempo más allá de los planeado”.

2. Contestación de la demanda

El 25 de septiembre de 2017 EPC14 contestó la demanda, mediante escrito en el
que se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó
unos, negó otros, manifestó estarse a lo probado respecto de otro tanto e indicó que
unos cuantos eran apreciaciones subjetivas del demandante.

2.1. A este efecto, en punto de lo acordado en el parágrafo cuarto de la cláusula
décima del contrato, relativa a la forma de pago, manifestó que la entidad pública

13 Construcción para la terminación y puesta en marcha del embalse mancilla del sistema de
acueducto del municipio de Facatativá.
14 Fl. 154 a 181, C 1.

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no incumplió el negocio jurídico, pues dicha cláusula debía interpretarse en conjunto
con las demás reglas previstas en el contrato y en el pliego de condiciones. A partir
de lo anterior, adujo que el pago estaba condicionado al avance de las obras.

2.2. En lo concerniente al desequilibrio económico del contrato de interventoría,
fundado en la extensión de los plazos de ejecución de los contratos de obra, precisó
que el consorcio interventor no probó su reclamación y que no planteó salvedades
al suscribir las prórrogas y adiciones al contrato de interventoría, de tal suerte que
lo pretendido no es procedente.

2.3. A su turno, formuló las siguientes excepciones:

(i) “CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – PREVALENCIA DE LA
INTENCIÓN DE LAS PARTES”, frente a lo cual afirmó que EPC cumplió
sus obligaciones.

(ii) “COBRO DE LO NO DEBIDO”, pues la entidad cumplió el contrato.

(iii) “AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A. ESP”, reiterando que la entidad cumplió el
contrato.

(iv) “INDEBIDA INTEGRACIÓN DE LA PARTE PASIVA”, puesto que la actora
también debió demandar al departamento de Cundinamarca, comoquiera
que el contrato cuestionado se celebró en virtud de la Política del Plan
Departamental de Aguas del año 2007 -CONPES 346 de 2007-, en la que
EPC actuó como “GESTOR”.

(v) “INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Y EN CONSECUENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR MAYOR TIEMPO”,
bajo el entendido de que no existe prueba de los sobrecostos por mayor
permanencia.

(vi) La genérica.

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Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

3. Audiencia inicial y audiencia de pruebas

3.1. El 25 de enero de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial15 , en el marco de la
cual el Tribunal adelantó las etapas de saneamiento del proceso 16, excepciones
previas17, fijación del litigio18, conciliación judicial19, medidas cautelares20, decreto
de pruebas21 y fijó fecha para la audiencia de pruebas.

3.2. El 22 de marzo de 2018 tuvo lugar la audiencia de pruebas22, en la que se
practicaron aquellas que fueron decretadas en la audiencia inicial.

4. Alegatos de conclusión

Una vez finalizada la práctica de pruebas se declaró cerrada la etapa probatoria y
se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y
presentar concepto por escrito, respectivamente23.

4.1. La parte demandante24 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda. Al
efecto, en punto del incumplimiento alegado indicó que en el proceso se acreditó el
saldo adeudado al consorcio por valor de $479.662.587, para lo cual trajo al caso lo
manifestado en el acta de liquidación bilateral, así como las conclusiones a las que
llegó el perito sobre este particular.

15 Fl. 287 a 296 y 297(CD), C. 1.
16 El Tribunal manifestó que hasta ese momento procesal no se advertía situación alguna que
invalidara el proceso, frente a lo cual las partes e intervinientes no manifestaron observación alguna.
17 A este efecto, en cuanto a la excepción de indebida integración de la parte pasiva formulada por

las EPC, el Tribunal consideró que no había lugar a vincular al proceso al departamento de
Cundinamarca, pues aquel no suscribió el contrato, decisión frente a la cual no se interpuso recurso
alguno.
18 El Tribunal fijó el litigio de la siguiente manera: “1. Determinar si existe saldo a favor de la parte

actora derivado de la ejecución del contrato No. EPC-PDA-C078-2012. 2. Determinar si la parte
demandante incurrió en mayor permanencia en obra y sobrecostos durante la ejecución del contrato
en mención. 3. Como consecuencia, establecer si hay lugar al reconocimiento de los valores
pretendidos en la demanda”.
19 Sobre este particular, el a quo concedió el uso de la palabra a las partes, quienes manifestaron

que no les asistió ánimo conciliatorio, razón por la cual la etapa se declaró fallida.
20 En la audiencia se dejó constancia que en el presente caso no se solicitó medida cautelar alguna.
21 El Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes que consideró necesarias, conducentes

y pertinentes,
22 Fl. 330 (CD) y 331 a 335, C. 1.
23 Fl. 335, C. 1.
24 Fl. 384 a 405, C 1.

13

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Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Con relación al desequilibrio alegado por mayor permanencia debido a la extensión
del plazo de ejecución de los contratos de obra, insistió en el argumento según el
cual los inconvenientes que se presentaron en los contratos de obra “generaron
trabajos adicionales para el interventor”.

En cuanto a la exigencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, manifestó
que no había lugar a dejar consignadas las mismas, “por cuanto tales adiciones y
prórrogas se realizaron en el marco de actividades que no fueron contempladas
inicialmente, es decir, obras que no fueron incluidas en la oferta inicial”.

4.2. EPC25 solicitó negar las pretensiones de la demanda. Al respecto, insistió en el
argumento según el cual el consorcio, al suscribir las prórrogas y adiciones del
contrato no planteó salvedad alguna. Además, precisó que en cada uno de los
acuerdos modificatorios quedó establecido que su celebración no daba lugar a
“ajuste de precios, costos adicionales o rompimiento del desequilibrio económico
del contrato en forma alguna”.

De otro lado, en punto al incumplimiento del parágrafo cuarto de la cláusula décima
del contrato, manifestó que dicha cláusula debía leerse e interpretarse de forma
armónica con la totalidad de las estipulaciones del negocio celebrado entre las
partes y con el pliego de condiciones.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

5.1. Mediante sentencia del 3 de mayo de 201826, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la
demandante y negó la objeción por error grave formulada por la demandada contra
el dictamen pericial allegado al proceso.

25 Fl. 406 a 438, C. 1.
26 Fl. 440 a 454, C. Ppal.

14

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5.2. En lo que atañe al saldo adeudado por cuenta de lo pactado en el parágrafo
cuarto de la cláusula décima del contrato, incorporado mediante la adición n.º 6,
prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1, consideró que, contrario a lo afirmado en la
demanda, la entidad pública debía reconocer los saldos pendientes de cara a las
actividades ejecutadas por la interventoría, más no la totalidad del valor del contrato.

A este efecto, precisó lo siguiente:

“[…] no hay lugar al reconocimiento de la suma de dinero que dice la parte actora
se le adeudaba, por cuanto, claramente la interventoría en este caso dependía de
los contratos de obra, por tanto, al no haber ejecución en el contrato de obra, el
objeto del contrato de interventoría se iba a alterar […] no resultaría lógico reconocer
una prestación frente a algo que ni siquiera se ejecutó”.

5.3. Frente al desequilibrio económico del contrato alegado por la actora, indicó que
el demandante no plasmó salvedades al suscribir los acuerdos modificatorios, razón
por la cual su reclamación no era procedente. En efecto, sostuvo el Tribunal:

“[…] como se ha venido señalando, que el contratista se encontraba en la facultad
o más bien en la obligación, en virtud del principio de buena fe contractual, de
solicitar en dicho momento, esto es, al suscribir los adicionales al contrato, la
correspondiente compensación que considerará en su favor se debía dar, no
obstante, dichas salvedades en este proceso brillan por su ausencia […]”

De otro lado, tras referirse al equilibrio económico del contrato y al negocio jurídico
celebrado entre las partes, el a quo examinó las pruebas allegadas al expediente y
advirtió que si bien el contrato de interventoría se prorrogó en siete ocasiones, se
adicionó en otras diez y se modificó en una, “circunstancias que evidentemente
alteraban el pacto original”, en cada acuerdo se adoptaron medidas “para preservar
en perfecto equilibrio la economía del contrato”, razón por la cual consideró que no
se encontraba acreditado el desequilibrio alegado.

A este respecto indicó lo siguiente:

“[…] en la ejecución del contrato de interventoría EPC-PDA-C-078-2012, no se
presentó un desequilibrio económico del contrato, por cuanto como se adujo, en las
condiciones en que se determinó la necesidad de prorrogar el contrato se adoptaron
las medidas pertinentes para suprimir sus efectos, evitándose en consecuencia la
ocurrencia de una alteración financiera del contrato y ello se demuestra con las
respectivas adiciones que se presentaron en el contrato
[…]

15

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
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En conclusión, respecto del presunto desequilibrio económico del contrato, debe
señalarse que respecto de los efectos económicos de la mayor permanencia en obra
en cada una de las prórrogas y/o adiciones se plasmó certeramente las
consecuencias que tendría sobre la ecuación financiera del contrato, pues en todas
se decidió adicionar el valor del contrato”.

5.4. Con relación a la objeción por error grave presentada por EPC al dictamen
pericial allegado al proceso, manifestó que lo aducido para sustentar dicha objeción
constituía un desacuerdo frente al análisis y conclusiones a las que llegó el perito y
no un error, por lo que la negó.

5.5. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante, las cuales fueron
tasadas en el 0.1% del valor de las pretensiones de la demanda, esto es, en la suma
de $1.413.791, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 1887
de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

6. Recurso de apelación

6.1. El 22 de mayo de 2018 la demandante interpuso recurso de apelación27, el cual
fue concedido el 29 de mayo de 201828 y admitido el 13 de agosto de 201829.

6.2. En su escrito30 la parte recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Al efecto, formuló los siguientes
reparos.

6.2.1. Con relación al incumplimiento del parágrafo cuarto de la cláusula décima del
contrato, incorporado mediante la adición n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1,
manifestó que el a quo dejó sin efectos dicho acuerdo y, además, desconoció las
reglas de interpretación del contrato, pues la intención de las partes fue la de
establecer una forma excepcional de pago, a partir de la cual en el evento en el que
los contratos de obra no se ejecutaran en un 100% por hechos no atribuibles al
interventor, procedía el reconocimiento del saldo restante de acuerdo con el valor
ofertado, razón por la cual en el caso concreto la ejecución de los contratos de obra

27 Fl. 462 a 498, C. Ppal.
28 Fl. 501, C. Ppal.
29 Fl. 514, C. Ppal.
30 Fl. 853 a 860 y 862 a 876, C. Ppal.

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no podía condicionar el pago del contrato de interventoría.

6.2.2. En lo que corresponde a la mayor permanencia en obra y a los sobrecostos
derivados de la misma, manifestó que no era procedente exigir salvedades en los
acuerdos modificatorios, pues dicha circunstancia va en contra de la tutela judicial
efectiva.

De otra parte, insistió en el argumento según el cual las adiciones al contrato de
interventoría “se suscribieron para atender nuevas obras, no para reequilibrar el
contrato original”. A este efecto, tras relacionar el objeto de cada adición, manifestó
que las mismas se suscribieron con el propósito “[…] de ampliar el objeto de la
vigilancia no la de pelear, atenuar, eliminar o disminuir las situaciones y de alguna
manera las anomalías que daban lugar [a] que se presentaran los desequilibrios
económicos advertidos por el demandante durante el transcurso del contrato”.

En tal sentido, afirmó que durante la ejecución de los contratos de obra se presentaron
“inconvenientes” por motivos ajenos a la interventoría, que conllevaron a prorrogarlos
y adicionarlos, lo que a su turno implicó “mayores costos a la interventoría debido a
que los plazos establecidos en el contrato general y en las adiciones y prorrogas del
contrato de interventoría para cada una de las obras”.

6.2.3. Finalmente, junto con el recurso allegó en medio magnético (CDS) los oficios
que dan cuenta de la comunicación cruzada entre el interventor, el contratista de obra
y la entidad demandada, los cuales, según se adujo, fueron echados de menos por el
Tribunal a pesar de que se aportaron con la demanda.

7. Actuación en segunda instancia

7.1. Mediante auto del 14 de enero de 201931 se resolvió tener como pruebas en
segunda instancia los CDS aportados por la parte actora con el escrito de apelación,
contentivos de la comunicación cruzada entre el interventor, el contratista de obra y
la entidad demandada.

31 Fl. 518 y 519, C. Ppal.

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7.2. Por medio de providencia del 30 de abril de 201932 se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.

7.2.1. EPC33 solicitó confirmar la sentencia apelada.

7.2.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) medio de
control procedente; (3) legitimación en la causa; (4) caducidad; (5) problemas
jurídicos; (6) análisis de la Sala; (6.1.) régimen del contrato sometido a juicio; (6.2.)
consideración frente al equilibrio económico del contrato y el incumplimiento
contractual; (6.3.) alcance del acta de liquidación bilateral del contrato; (6.4.) caso
concreto; (6.4.1.) hechos probados y pruebas relevantes; (6.4.2.) solución al caso
concreto; y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

Con fundamento en el artículo 104 del CPACA34, se advierte la competencia de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto, el cual versa
sobre el incumplimiento y el desequilibrio económico del contrato de interventoría
n.º PDA-C-078-2011 del 19 de abril de 2011, suscrito por Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P., que ostenta la calidad de empresa de servicios públicos

32 Fl. 522, C. Ppal.
33 Fl. 524 a 528, C. Ppal.
34“Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa. //Igualmente conocerá de los siguientes
procesos: (…) 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.”

18

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domiciliarios35, de donde se desprende claramente su naturaleza pública de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 36-37.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia la sentencia del 3 de mayo de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble
instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 201638 supera
los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 15039 y 152-540
del CPACA, vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.

35 “Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo

objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.
Parágrafo 1o. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos
propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de
empresa industrial y comercial del estado”.
36 “Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades
públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas
especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto
principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la
administración al cual están adscritas”.
37 Al respecto, en Sentencia de Unificación del 3 de septiembre de 2020, Rad. 42003, esta

Corporación, tras realizar un recuento de las posturas adoptadas para establecer la jurisdicción que
debe conocer las controversias de las empresas de servicios públicos, acogió la postura vigente “[…]
que encuentra fundamento en una solución de derecho positivo: si el problema surge frente a un
vacío normativo, todas las situaciones en las que la Ley no sea clara sobre el conocimiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo o de la jurisdicción ordinaria, deben solucionarse de la
mano de la norma contentiva de la cláusula general de competencia de la primera, ya que esta existe,
entre otras, para cubrir este tipo de lagunas interpretativas”. Así, en la providencia mencionada esta
Corporación fijó como regla de unificación, la siguiente: “Cuando no exista norma expresa legal sobre
la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios
públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío
normativo; si, con base en ello, no se desprende el conocimiento de esta jurisdicción, corresponderá
a la jurisdicción ordinaria”.
38 Para el año 2016 el valor del salario mínimo legal mensual vigente era de $689.455. Información

obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para este año, el tope correspondiente a los 500 SMLMV
equivalía a $344.727.500. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un monto de
$3.200.000.000.
39 “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de
queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia”.
40 “ARTÍCULO 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en

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2. Medio de control procedente

De acuerdo con el artículo 14141 del CPACA, el medio de control de controversias
contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura
de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del
negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta
procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y
liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos
proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar:
(i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las
declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su
revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable
a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras
declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero
que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del
contrato.

En el presente caso el medio de control de controversias contractuales ejercido por
la parte actora es adecuado, por cuanto a través de su demanda persigue que se
declare el incumplimiento del contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011 del 19
de abril de 2011, así como también su desequilibrio económico por causas ajenas
al contratista, originadas en la mayor permanencia en obra.

los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
41 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”

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3. Legitimación en la causa

3.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14142 del CPACA, según el
cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio43, en
cabeza de las partes, la Sala concluye que las sociedades REDCOM Ltda. y
SERVINC Ltda., integrantes del Consorcio44 Aguas de Cundinamarca 2011 y
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.45 están legitimadas en la causa
por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que son los extremos de la
relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial
(hecho probado 6.4.1.1.4.).

42 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”
43 Es menester señalar que además de las partes del contrato, tanto el Ministerio Publico como los

terceros que acrediten un interés directo podrán acudir al medio de control de controversias
contractuales para solicitar la nulidad absoluta del contrato.
44 Al efecto, conviene recordar que sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, Rad.:

19933, la Sección Tercera del Consejo de Estado rectificó su jurisprudencia y dispuso que los
consorcios y las uniones temporales están facultados para concurrir, por conducto de su
representante, a los procesos judiciales originados con ocasión del procedimiento de selección, la
celebración o la ejecución del contrato. Al respecto, en este providencia se indicó que, “a partir del
presente proveído se concluye que tanto los consorcios como las uniones temporales sí se
encuentran legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos
judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de
selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales en relación con
los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que
naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o uniones temporales
también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos
exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a los procesos judiciales –bien como
demandantes, bien como demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de
litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–, opción que de ser ejercida deberá
consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con la debida integración del
contradictorio, por manera que, en aquellos eventos en que varios o uno solo de los integrantes de
un consorcio o de una unión temporal concurran a un proceso judicial, en su condición individual e
independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las particularidades de
cada caso específico, para que los demás integrantes del correspondiente consorcio o unión
temporal deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o necesarios,
según corresponda”.
45 Cfr. Acta Consorcial del 4 de marzo de 2011. CDS Fl. 499 y 499A, Carpeta “LEGAL”, C. Ppal.

21

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4. Caducidad

El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, aplicable al caso concreto46,
dispone que el medio de control de controversias contractuales caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento,
para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de
ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de
un contrato que sí la requiera.

A su turno, la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de unificación
estableció que en aquellos casos en los cuales las partes hayan llevado a cabo de
mutuo acuerdo la liquidación del contrato con posterioridad al término convencional
y/o legalmente dispuesto para su liquidación, pero dentro de los dos años
posteriores a dicho vencimiento, el conteo del término de caducidad del medio de
control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente al de la firma
del acta de liquidación47.

46 Para efectos del cómputo de la caducidad se debe acudir a las reglas contenidas en las normas

vigentes al momento en que inició a correr el término. Al respecto, Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera. Auto del 24 de abril de 2017. Rad.: 50602. En esta providencia se puso de presente que,
“[e]n punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la regla
de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable
deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados
en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente.”
47 Auto de unificación de jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, providencia

del 1 de agosto de 2019. Expediente 62009, en donde se resolvió:
“En los términos indicados en la parte motiva de esta providencia, UNIFÍCASE la jurisprudencia de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con el término de caducidad del medio de
control de controversias contractuales de contratos que han sido liquidados después de haber
vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación, pero dentro de los dos
años posteriores al vencimiento de este último. La Sala unifica el criterio que ha de ser observado
para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en tales
casos, para indicar que éste debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta o de la
ejecutoria del acto de liquidación del contrato, conforme al ap. Iii del literal j. del numeral 2 del artículo
164 del CPACA; y es de precisar que, en consecuencia, el apartado v) del literal j del mismo numeral

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Al respecto, resulta pertinente destacar que el derecho común no contempla la
liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos que se encuentren sujetos al
derecho privado aquella no se requiere, a menos que las partes, en ejercicio de su
autonomía de la voluntad, hubieren acordado llevar a cabo la liquidación del
contrato, en cuyo caso el plazo convenido para dicho efecto deberá tenerse en
cuenta en el conteo del término preclusivo.

En el presente asunto, el contrato materia de la controversia se rige de modo
preferente por las normas del derecho privado (F.J. 6.1.), de tal suerte que no le son
aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y, por tal motivo, en
principio, no requiere de liquidación. Sin embargo, las partes acordaron la
liquidación del contrato y en cuanto al plazo para llevarla a cabo en forma bilateral
estipularon que se llevaría a cabo dentro de los cuatro (4) meses contados a partir
de su terminación (hecho probado 6.4.1.1.4.).

De acuerdo con lo anterior y siguiendo la jurisprudencia de unificación atrás referida,
la Sala efectuará el cómputo de caducidad a partir del día siguiente a la fecha de
suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, comoquiera que aquella se
realizó -13 de marzo de 2015- vencido el plazo de 4 meses pactado en el contrato
para la liquidación de mutuo acuerdo, pero dentro de los 2 años siguientes al
vencimiento de dicho lapso.

En el caso sub judice la Sala encuentra establecido que la demanda fue presentada
dentro de los dos (2) años de que trata literal j) del numeral 2º del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta: (i) que el contrato finalizó por vencimiento
de su plazo el 28 de marzo de 2014 (hecho probado 6.4.1.1.20.); (ii) que las partes
liquidaron de común acuerdo el negocio jurídico, mediante acta suscrita el 13 de
marzo de 2015 (hecho probado 6.4.1.1.20.), de tal manera que la oportunidad para
interponer la demanda vencía 14 de marzo de 2017; (iii) este término se suspendió
con la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la demandante el 19 de
mayo de 201648, trámite que finalizó el 18 de agosto de 2016 cuando se declaró

solo se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la demanda, el operador judicial
encuentre que no hubo liquidación contractual alguna”.
48 Fl. 20 y 21, C. de Pruebas 2.

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fallida la conciliación49; y (iv) que el líbelo introductorio se radicó el 24 de noviembre
de 201650.

5. Problemas jurídicos

Teniendo en cuenta los reparos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si de conformidad con los hechos
probados la entidad pública demandada incumplió el contrato y si se reúnen los
presupuestos de la responsabilidad contractual.

En segundo lugar, esta colegiatura deberá establecer si en el presente caso se
configuran los presupuestos de la teoría de la imprevisión, esto es, si se presentaron
circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que hubiesen generado
una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista.

6. Análisis de la Sala

Antes de resolver los problemas jurídicos, conviene referirse brevemente al régimen
del contrato objeto de la litis, al acta de liquidación bilateral del contrato suscrita por
las partes y a la diferencia entre al equilibrio económico del contrato y el
incumplimiento contractual.

6.1. Régimen jurídico aplicable al contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011
del 19 de abril de 2011

De acuerdo con la naturaleza de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.,
se advierte que el régimen de sus contratos es el previsto en el artículo 31 de la Ley
142 de 199451, según el cual:

“Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios
públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del

49 Ibídem.
50 Fl. 4 a 134, C. 1.
51 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.

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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la
presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos
de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes
y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea
forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas
cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción
contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15)
días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos
domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos
contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo.

PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas
de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de
uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la
prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para
todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación
pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993".

Bajo el anterior contexto normativo, los contratos celebrados por las entidades
estatales que prestan servicios públicos, de los que trata la Ley 142 de 1994, por
regla general no están sujetos a las disposiciones previstas en el estatuto de
contratación de la administración pública, salvo que la misma ley disponga algo
contrario, así como en los aspectos relativos a las cláusulas exorbitantes cuando su
inclusión sea forzosa y finalmente también en aquellos casos en los cuales los entes
territoriales celebren contratos con las empresas de servicios públicos con el objeto
de que estas asuman la prestación de uno o varios servicios públicos o para que
sustituyan la prestación de otra empresa que entró en causal de disolución o
liquidación.

En este orden de ideas, la Sala advierte que el contrato de interventoría n.º PDA-C-
078-2011 del 19 de abril de 2011, cuyo objeto consistió en realizar la interventoría
a los contratos de obra pública que ejecutaría en el departamento de Cundinamarca,
se rige de modo preferente por el derecho privado52.

52 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 2016. Rad.: 45607.

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6.2. Del equilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual

6.2.1. El equilibrio o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos
es un instituto que propende por asegurar que durante la ejecución de los contratos
sujetos al Estatuto de Contratación Pública se mantengan las mismas condiciones
económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de
presentar oferta y de celebrar el contrato53. Al efecto, el artículo 27 de la Ley 80 de
1993 establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 27. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al
momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes
adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento.

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre
cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de
costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las
disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo
caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la
efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la
siguiente vigencia de que se trate”.

En tal sentido, las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron
en cuenta al momento de presentar la oferta y de celebrar el contrato, deben
mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente
al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza
y solidez del vínculo contractual54, se erige la denominada “cláusula rebus sic
stantibus”55, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son
acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento

53 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449.
54 En el ordenamiento jurídico colombiano el principio pacta sunt servanda se encuentra contenido

en el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual todo contrato acordado entre las partes
tiene fuerza de ley para quienes lo celebran, de tal suerte que las obligaciones que de él emanan no
pueden ser desconocidas ni modificadas por uno solo de los contratantes. Su observancia, por tanto,
es piedra angular de la seguridad jurídica. Cfr. Hinestrosa, Fernando. “El principio del pacta sunt
servanda: y la estipulación de intereses”. Con-Texto (12), 32-38. 2001.
55Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el principio del rebus sic stantibus

“postula la implícita inclusión en su contenido de una condición necesaria, esencial, fundamental e
imprescindible para el cumplimiento, atañedera a la permanencia constante del marco de
circunstancias fácticas o jurídicas, o estado de cosas primario, a cuya invariabilidad sujeta su
obligatoriedad, y aún cuando, hay distintas posturas acerca de su exacto origen, suele atribuirse a
la escuela del derecho medieval inspirada en las fuentes romanas”. Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012.

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en el que son convenidas; si bien los contratos son ley para las partes, ante la
alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias
sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento
del equilibrio económico56.

Por otra parte, es importante precisar que tratándose de contratos sujetos al
derecho privado, como el que nos ocupa en el presente caso, la procedencia de un
eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio
económico sobreviniente no se abre paso desde la perspectiva del artículo 27 de la
Ley 80 de 1993, sino a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”,
siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles,
posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que generen una
excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración
fundamental en el equilibrio prestacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 868 del Código de Comercio57, que establece:

“Artículo 868. Revisión del Contrato por Circunstancias Extraordinarias. Cuando
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la
celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o
agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado
tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión.

El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del
contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso
contrario, el juez decretará la terminación del contrato.

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea”.

En tal sentido, para que se estructure la teoría de la imprevisión se requiere: (i) que
el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida;
(ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles,
posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias
extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo
de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que

56 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449
57Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2020. Rad.: 39386;
Sentencia del 19 de marzo de 2020. Rad.: 63572; Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.:
15476.

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el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en
el contrato58.

Además, los anteriores presupuestos, que son concurrentes, deben encontrarse
plenamente acreditados, carga probatoria que recae en el demandante, a quien le
corresponde demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un
hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con
posterioridad a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos
extraordinarios derivados del mismo.

6.2.2. Por su parte, el incumplimiento contractual, que se ubica en el marco de la
responsabilidad contractual, supone la inobservancia de las obligaciones contraídas
por virtud de la celebración del negocio jurídico, bien sea por su inejecución absoluta
o por su ejecución imperfecta o tardía, a lo que cabe agregar que la configuración
del incumplimiento no solo se presenta por la infracción de las estipulaciones
plasmadas en el texto contractual, sino también de aquellas contenidas en todos los
documentos que lo integran, como es el caso, por ejemplo, de los pliegos de
condiciones59. De igual modo, puede tener ocurrencia cuando la actuación de las
partes desconoce los principios que orientan la contratación, los cuales igualmente
se entienden incorporados en el negocio jurídico60.

Como lo ha precisado esta Subsección, la responsabilidad civil contractual
demanda la existencia de una obligación derivada de un contrato, cuyo
cumplimiento haya sido omitido por el demandado, ocasionando con ello un
menoscabo a un interés jurídicamente protegido en cabeza del demandante y, a su
turno, la responsabilidad contractual de la administración requiere la existencia una
obligación surgida de un contrato, cuyo cumplimiento sea imputable a la
administración contratante y haya ocasionado el menoscabo de su derecho a la
prestación61.

58 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.: 15476;

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Rad.:
11001-3103-040-2006-00537-01.
59 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del del 6 de febrero de 2020. Rad.: 63.123.
60 Ibidem. En el mismo sentido puede consultarse, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera.

Sentencia del 22 de agosto de 2013, Rad.: 22.947.
61 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2019.

Rad.: 40992.

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En este orden de ideas, le corresponde al juez del contrato determinar si se reúnen
los elementos propios de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge
de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un
contrato existente y válido. Por tanto, además de la existencia y validez del contrato,
es necesario encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del
negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera
defectuosa o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, igualmente, que
el incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la
responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño62.

Adicionalmente, como es bien sabido, en principio es carga del actor demostrar
todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, no solamente el
incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada, sino también el perjuicio.

Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el
deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que
se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al
vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición.

62 Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

[…] Trátese aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabilidad civil contractual,
razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer término, de la
celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segundo lugar, de los
elementos que son propios a aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona a
quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno
y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se
persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado.
[…]
Si los contratos legalmente celebrados ‘son una ley para los contratantes’ (art. 1602 C.C.) y, por
consiguiente, ‘deben ejecutarse de buena fe’ y ‘obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen
a ella’ (art. 1603 ib.), lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado por la ley
misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para solicitar, por una
parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, cuando la
infracción le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma
accesoria a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible
[…]
Sobre el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: ‘El contrato legalmente celebrado vincula a las
partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las
obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva
el contrato o el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo
éstos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o
consecuencial (arts. 1546 y 1818 del C.C.), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida
una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados” (Subrayado fuera del texto original). Sentencia
CSJ Sala de Casación Civil, 9 de marzo de 2001, rad. 5659.

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Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el
deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la
obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo
permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario
además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya
sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es
positiva, el deudor esté constituido en mora63.

Bajo esta óptica, de conformidad con las pretensiones y hechos de la demanda, la
Sala advierte que la parte demandante reclama, por un lado, el incumplimiento del
contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011 del 19 de abril de 2011, puntualmente
del parágrafo cuarto de la cláusula décima, y, por otro, el reconocimiento de
sobrecostos originados como consecuencia de la mayor permanencia en obra por
causas que, según aduce, no le son imputables, y a partir de estos razonamientos
se llevará a cabo el examen de los argumentos expuestos en la alzada.

6.3. Alcance del acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes

Antes de abordar el estudio de los argumentos presentados por la parte actora en
el recurso de apelación, es importante detenerse a revisar el objeto y alcance del
acuerdo de voluntades contenido en el acta de liquidación que las partes firmaron
el 13 de marzo de 2015, con el fin de establecer, bajo las reglas del derecho privado
que rigen el contrato, cuáles fueron los aspectos materia del pacto y si el mismo
cobijó o no las reclamaciones a que se refieren las pretensiones de la demanda.

Sobre el particular, debe recordarse que la liquidación bilateral de los contratos
sujetos al Estatuto General de Contratación Administrativa es una actuación
posterior a la terminación normal o anormal del contrato, que supone un acuerdo de
voluntades que finiquita la relación negocial64, en virtud del cual las partes
establecen si existen acreencias pendientes a favor o a cargo de las partes, realizan

63 Al respecto, establece el artículo 1615 del Código Civil: “CAUSACION DE PERJUICIOS. Se debe

la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es
de no hacer, desde el momento de la contravención”
64 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de octubre de 2014. Rad.: 27777.

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un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y
reconocimientos a que haya lugar como resultado de la ejecución del contrato
celebrado65.

Ahora bien, en tratándose de regímenes exceptuados es claro en el derecho
privado no está contemplada la liquidación del contrato, lo que, por supuesto, no es
óbice para que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad pacten llevar
a cabo esta etapa y en la práctica celebren un acuerdo de voluntades en virtud del
cual realicen de consuno un balance de las contraprestaciones del negocio jurídico
que han celebrado, evento en el cual, sin lugar a dudas, dicho acuerdo de
voluntades tiene fuerza vinculante, de modo que, en virtud de su obligatoriedad
para las partes, de los postulados de la buena fe y del respeto por los actos propios
(venire contra factum propium non valet), tal acuerdo no puede ser desconocido
posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribió, salvo que
se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o que aquello que
se reclama en sede judicial no hubiere sido materia del cruce de cuentas convenido.
Así ha sido reconocido por la Sección Tercera, al considerar que este último criterio
resulta aplicable “a todos los contratos celebrados por el Estado, tanto aquellos que
se sujetan exclusivamente al derecho privado como aquellos regulados por la Ley
80 de 1993, pues en ambos casos, el acta de liquidación bilateral constituye en
forma indiscutible un contrato, llamado por el derecho común a ser ley para las
partes”66.

En efecto, el artículo 1602 del Código Civil, que le confiere al negocio jurídico
efectos de ley entre los contratantes, sin duda es predicable respecto de la
liquidación del contrato que las partes acuerden, pues tal acto ciertamente entraña
una naturaleza contractual, tanto por su formación como por sus efectos, de modo
que lo allí acordado por las partes produce las consecuencias a que se refiere la
citada disposición, siendo también aplicables a dicho acuerdo de voluntades los
principios de la buena fe y el que dicta que nadie debe obrar contra sus propios
actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil y 871
del Código de Comercio.

65 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2007. Rad.:16370.

66 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de agosto de 2020, Rad. 48284.

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En suma, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil y en
el principio de la buena fe, si los contratantes han liquidado de común acuerdo el
contrato que han celebrado el juez ha de estarse a lo convenido, pues dicha
liquidación es un negocio jurídico vinculante que tiene efectos de ley para los sujetos
intervinientes.

En este orden de ideas, en el análisis del acuerdo liquidatorio que suscribieron las
partes el 13 de marzo de 2015, corresponde al juez del contrato desentrañar el
alcance de las estipulaciones pactadas, de acuerdo con las reglas de interpretación
de los negocios jurídicos y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato, con
el fin de establecer la común intención de los contratantes, determinando,
concretamente, si las partes procuraron con dicho acuerdo de voluntades regular
los asuntos cuya reclamación se formula en la demanda y los términos de dicha
regulación.

A la vista de las anteriores consideraciones, la Sala procede a examinar el acta de
liquidación bilateral del contrato de interventoría objeto de la litis, a efectos de
establecer el alcance del acuerdo de voluntades y determinar si en el mismo
quedaron cobijados los conceptos que son materia de las pretensiones propuestas
por la actora en el libelo introductorio y si, en consecuencia, su formulación en sede
judicial desconoce o no lo pactado, es decir, si las desavenencias que son objeto
de reclamación en la demanda formaron parte del cruce de cuentas convenido o
quedaron resueltas mediante el cruce final de cuentas.

Así las cosas, descendiendo al caso concreto se observa que en el texto del acta
de liquidación bilateral (hecho probado 6.4.1.1.20.), las partes consignaron la
información atinente al objeto del contrato, su valor, forma de pago, plazo de
ejecución, fecha de celebración, disponibilidad presupuestal, adiciones, prórrogas,
fecha de terminación -28 de marzo de 2014- y garantías. Además, acordaron el
balance financiero del contrato, en el que reflejaron que su valor total fue de
$2.110.264.627,39, consignando que de dicho monto la interventoría ejecutó
$1.630.602.041,96 que la entidad ordenó liberar, quedando un monto no ejecutado
de $479.662.585,43.

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De igual modo, en el texto del acta de liquidación bilateral el contratista manifestó
estar en desacuerdo con lo siguiente:

“DEL CONTRATISTA INTERVENTOR:

El interventor se reserva a reclamar judicial y extrajudicialmente el saldo
correspondiente al Parágrafo Cuarto de la Cláusula Cuarta de la Adición No. 6,
Prórroga No. 3 y Modificatorio No. 1 al contrato de Interventoría, toda vez que por
razones no imputables al interventor no se llegó a una ejecución del 100% de las
obras, por lo tanto se estima un valor para cada proyecto así:

[…]

El saldo total a reclamar, sin perjuicio de los intereses y correcciones por este
concepto es de $479.662.585,43.

Adicionalmente, LA INTERVENTORÍA, también hace las siguientes salvedades y se
reserva el derecho de presentar reclamaciones o demandas posteriores por los
siguientes aspectos:

1. El desequilibrio económico imputable a la alteración de las condiciones
técnicas, financieras y económicas existentes al momento de proponer y
contratar, en tanto y en cuento se tuvo que asumir mayores costos con
ocasión de la mayor permanencia en obra no imputable al interventor.
Concretamente se identifican los siguientes aspectos:
1.1. Mayores costos de personal para todos y cada uno de los frentes
y proyectos de obra objeto de la vigilancia
1.2. Mayores Costos por equipos de topografía para todos y cada uno
de los frentes y proyectos de obra objeto de vigilancia
1.3. Mayores costos de desplazamiento para todos y cada uno de los
frentes y proyectos de obra objeto de vigilancia.
1.4. Mayores costos de administración de los recursos que
permanecieron en el contrato.
1.5. Mayores costos de personal técnico no facturable que
permanecieron en el contrato
1.6. Mayores costos financieros.

2. Utilidad dejada de percibir para la interventoría de los contratos de obra
mencionados en el numeral anterior:

Bajo el contexto que ha quedado expuesto, la Sala, tras realizar un análisis
contextual y sistemático del acta de liquidación final acordada entre las partes el 13
de marzo de 2015 con miras a desentrañar su común intención, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, concluye que es viable estudiar la
prosperidad de las pretensiones atinentes al reconocimiento y pago: (i) del
incumplimiento del parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato de
interventoría; (ii) de los mayores costos de personal para todos y cada uno de los
frentes de trabajo objeto de la interventoría; (iii) de los mayores gastos de

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Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

administración; (iv) de los mayores costos de personal técnico no facturable; y (iv)
de los mayores costos financieros, por cuanto, frente a estos aspectos, resulta
evidente que no existió consenso entre las partes y que, antes bien, el contratista
dejó expresa constancia de su inconformidad, resultando claro, por tanto, que lo
atinente a dichos puntos no fue materia del acuerdo, subsistiendo al respecto las
divergencias que el Consorcio plantea en su demanda. En otras palabras, la
interpretación sistemática, racional y lógica del referido negocio jurídico permite
concluir que se trata de asuntos que no fueron objeto de la liquidación estipulada
por las partes y que, frente a los mismos, sin duda, subsistieron discrepancias que
no fueron resueltas o zanjadas en el convenio tantas veces mencionado.

Por el contrario, en cuanto a la pretensión dirigida al cobro de mayores costos por
impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones, esta no es pasible de reclamación en
sede judicial, pues el contratista no expresó desacuerdo alguno y, antes bien,
manifestó su conformidad con el balance financiero convenido, salvo en los precisos
puntos respecto de los que se reservó el derecho a reclamar, de donde se concluye
que las partes se encuentran a paz y salvo respecto de los mencionados conceptos.

Así las cosas, en virtud del negocio jurídico celebrado entre los contratantes con
efectos vinculantes, pacto negocial que no puede ser desconocido por el juez del
contrato, no hay lugar a reclamar por vía judicial los mayores costos asociados a
impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones, pues al establecer de consuno el saldo
final adeudado a favor del contratista, ambas partes convinieron expresamente el
cruce final de cuentas, con excepción de los específicos aspectos en los que el
contratista manifestó su desavenencia, encontrándose, por tanto, plenamente
conforme frente a todo lo demás. No sobra también añadir, para finalizar, que los
conceptos en cuestión no se fundan en hechos o circunstancias posteriores a la
suscripción del acta liquidatoria, lo que nuevamente conduce a la conclusión de que
quedaron cobijados en el pluricitado acuerdo de voluntades.

6.4. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado por las sociedades REDCOM Ltda. y
SERVINC Ltda., integrantes del Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011, contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de mayo de

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Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

2018, que negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas a la
demandante y negó la objeción por error grave formulada por la demandada contra
el dictamen pericial allegado al proceso, las recurrentes centran su reproche en los
argumentos según los cuales en el caso concreto, por un lado, la Administración
incumplió el contrato y, por el otro, se presentó un desequilibrio económico del
contrato originado en la mayor permanencia en obra, por causas que no le resultan
imputables al consorcio. Por tanto, comoquiera que solo la parte demandante
presentó recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
32067 y 32868 del CGP.69, se resolverá el asunto sub-lite únicamente en relación con
los reparos expuestos por la recurrente70.

A partir de lo anterior, se analizará: (i) la presunta responsabilidad contractual de
EPC, como se desprende de las pretensiones y hechos de la demanda, mediante
la cual los integrantes del consorcio solicitan el resarcimiento de los perjuicios que
alegan haber sufrido como consecuencia del incumplimiento de lo acordado en el
parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato, incorporado mediante la adición
n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1; y (ii) la eventual configuración de los

67 “Artículos 320: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […]”.
68 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
69La aplicación del Código General del Proceso en el caso concreto se fundamenta en lo resuelto

por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto del 5 de junio de 2014, mediante el cual
se unificó la jurisprudencia para señalar que el Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo entró a regir a partir del 1º de enero de 2014 y que “en los eventos de
remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las
dispuestas en la nueva legislación procesal”, sin perjuicio del régimen de transición previsto en el
artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Cfr.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014.
Rad.:49299.
70 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.:

21060. “En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor
de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco
fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias
conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los
planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin
perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que
en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio
dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del
recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce
del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre
el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’.

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presupuestos para la aplicación de la teoría de la imprevisión, por cuenta de los
“inconvenientes” que el contratista aduce se presentaron en los contratos de obra
n.os 001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011, PDA-O-057-2011, PDA-O-072-2011,
002-2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-O-042-2010, EPC-O-044-2010 y 038-
2010, que llevaron a que estos fueran prorrogados y suspendidos, aspecto que, a
su juicio, condujo a que el contrato de interventoría se tuviese que ejecutar durante
un plazo mayor al inicialmente pactado, lo que le generó una mayor onerosidad71.

Bajo esta óptica y de cara los cargos que serán objeto de decisión en esta instancia
se establecerán cuáles son los hechos probados en el proceso. De igual manera,
se relacionarán los oficios y la comunicación cruzada, así como las pruebas
adicionales relevantes para resolver el caso sub judice.

6.4.1. Hechos probados, oficios y comunicaciones y pruebas adicionales
relevantes

En el caso concreto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso en
copia, de conformidad con lo previsto en el artículo 24672 del C.G.P.

6.4.1.1. Hechos probados

6.4.1.1.1. Está acreditado que EPC adelantó el concurso de méritos n.º CM-PDA-
001-2011, con el objeto de contratar la “INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE
OBRA PÚBLICA QUE SE EJECUTARÁN EN LOS MUNICIPIOS MIEMBROS DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS
DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.”, según da cuenta copia simple del acto
administrativo de apertura73 y del pliego de condiciones definitivo74.

71 Sobrecostos costos de personal, administración, personal técnico no facturable y financieros.
72 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
73 Fl. 46 y 47, C, Pruebas 3.
74 Fl. 23 a 110, C. Pruebas 2 y Fl. 48 a 83, C. Pruebas 3.

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Al tenor de lo establecido en el numeral 1.2 del pliego de condiciones, se destaca
que el presupuesto estimado del contrato fue de $1.302.559.526; sin embargo, la
entidad aclaró que dicho valor sería ajustado “aplicando el valor del porcentaje de
interventoría al valor de adjudicación de cada contrato de obra” y reiteró que “de los
nueve (9) proyectos de obra cuya interventoría es el objeto del presente Concurso
de Méritos, seis (6) de ellos se encuentran en proceso de ser adjudicados y tres (3)
ya fueron adjudicados, el porcentaje de interventoría se aplicará al valor del contrato
de obra adjudicado y no con respecto al presupuesto oficial estimado para cada
contrato”.

Con relación al alcance del objeto, en el numeral 4.1. del pliego se estableció que
en desarrollo del contrato el interventor debería verificar la ejecución de los
siguientes contratos:

“1. Construcción colector de aguas lluvias calle 6 del Municipio de Choachí.
2. Optimización y rehabilitación sistema de acueducto urbano (bocatoma Cune y
Namay) Municipio de Villeta
3. Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto urbano
del Municipio de Pacho.
4. Construcción redes de alcantarillado sanitario y pluvial zona norte Etapa I
Municipio de El Colegio.
5. Construcción del alcantarillado de aguas lluvias emergencia del Municipio de
Pacho y Construcción acueducto regional Sucuneta fase II – ramal vereda Patio
Bonito y otras del Municipio de Nemocón.
6. Terminación línea de conducción y construcción de viaductos del acueducto
regional Nocaima La Vega Quebrada negra Nimaima y Villeta fase II.
7. Construcción redes de distribución para incrementar cobertura etapa I, II, III y IV
Municipio de Mosquera, Optimización acueducto urbano Municipio de La Vega
(bocatoma rio lla y Perucho) desarenador y Ampliación acueducto Vereda Arrayan
Municipio de Can Francisco – Cundinamarca.
8. Construcción planta de tratamiento de agua potable acueducto regional,
Municipio de Pandi; Construcción del acueducto de las veredas la Salada,
Malberto, Vila, Altos de la Viga, el Asomadero, el Verdal, Capotes, la Mata y Morro
Azul, Municipio de Tocaima y Construcción del empalme alcantarillado mesa del
medio – planta de tratamiento de aguas residuales San Roque Municipio de
Arbeláez.
9. Construcción colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de
expansión plan parcial vía El Rosal del Municipio de Facatativá”.

A su vez, en cuanto al cronograma aproximado para la ejecución de la interventoría,
en el numeral 4.3 del pliego se establecieron los siguientes plazos:

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• Para la construcción de colectores en el municipio de Facatativá se
dispuso un plazo de ocho meses y un mes más para la elaboración del
informe final y la liquidación del contrato.
• Para la construcción PTAP de Pandi, acueducto de Tocaima y
alcantarillado de Arbeláez se dispuso un plazo de ocho meses y un mes
más para la elaboración del informe final y la liquidación del contrato.
• Para la construcción de las redes en los municipios de La Vega y San
Francisco se dispuso un plazo de ocho meses y un mes más para la
elaboración del informe final y la liquidación del contrato.
• Para la terminación de la línea de conducción y construcción de
viaductos del acueducto regional Nocaima, La Vega, Quebradanegra,
Nimaima y Villeta Fase III se dispuso un plazo de ocho meses y un mes
más para la elaboración del informe final y la liquidación del contrato.
• Para la construcción del colector de aguas lluvias del municipio de Pacho
y el acueducto de Nemocón se dispuso un plazo de cinco meses y un
mes más para la elaboración del informe final y la liquidación del
contrato.
• Para la construcción de las rederes del municipio de El Colegio se
dispuso un plazo de seis meses y un mes más para la elaboración del
informe final y la liquidación del contrato.
• Para la construcción del acueducto del municipio de Pacho se dispuso
un plazo de cinco meses y un mes más para la elaboración del informe
final y la liquidación del contrato.
• Para la construcción del acueducto del municipio de Villeta se dispuso
un plazo de cuatro meses y un mes más para la elaboración del informe
final y la liquidación del contrato.
• Para la construcción del colector de aguas lluvias del municipio de
Choachí se dispuso un plazo de cinco meses y un mes más para la
elaboración del informe final y la liquidación del contrato.

Por otro lado, en el numeral 7.2. del pliego quedó establecido que el plazo del
contrato sería de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de
inicio “y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro meses más”.

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En punto de los ajustes al precio, en el numeral 7.6 del pliego se dispuso que el
contrato no sería objeto de ajuste alguno, pues su modalidad correspondía “a precio
y plazo fijo, sin fórmula de reajuste”.

6.4.1.1.2. Se probó que en el marco del concurso de méritos, el Consorcio Aguas
de Cundinamarca 2011 presentó oferta, según da cuenta copia simple del acta de
cierre y recepción de propuestas75.

6.4.1.1.3. Está acreditado que mediante Resolución No. 56 de 2011 del 4 de abril
de 2011, EPC adjudico el proceso contractual al Consorcio Aguas de Cundinamarca
2011, según da cuenta copia simple del acto de adjudicación76.

6.4.1.1.4. Consta que el 19 de abril de 2011, EPC y el Consorcio Aguas de
Cundinamarca 2011 suscribieron el contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011,
cuyo objeto consistió en realizar la “INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE
OBRA PÚBLICA QUE SE EJECUTARÁN EN LOS MUNICIPIOS MIEMBROS DEL
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SUSCRITOS POR EMPRESAS PÚBLICAS
DE CUNDINMARCA”, según da cuenta copia simple del contrato77.

En cuanto al alcance del objeto a contratar, en la cláusula primera del contrato se
acordó que el contratista debería realizar la interventoría a los siguientes proyectos:
“1. Construcción colector de aguas lluvias calle 6 del Municipio de Choachí. 2.
Optimización y rehabilitación sistema de acueducto urbano (bocatoma Cune y
Namay) Municipio de Villeta. 3. Construcción de obras para la optimización del
sistema de acueducto urbano del Municipio de Pacho. 4. Construcción redes
alcantarillado sanitario y pluvial zona norte Etapa I Municipio de El Colegio. 5.
Construcción del alcantarillado de aguas lluvias emergencia del Municipio de Pacho
y Construcción acueducto regional Sucuneta fase II- ramal vereda Patio Bonito y
otras del Municipio de Nemocón. 6. Terminación línea de conducción y construcción
de viaductos del acuerdo regional Nocaima La Vega Quebrada negra Nimaima y
Villeta fase III. 7. Construcción redes de distribución para incrementar cobertura
etapas I, II, III y IV Municipio de Mosquera, Optimización acueducto urbano

75 Fl. 84 y 85, C. Pruebas 3.
76 Fl. 112 a 115, C. Pruebas 2 y Fl. 89 a 92, C. Pruebas 3.
77 Fl. 125 a 134, C. Pruebas 2 y Fl. 93 a 102, C, Pruebas 3.

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Municipio de La Vega (bocatoma rio lla y Perucho) desarenador y Ampliación
acueducto Vereda Arrayan Municipio de San Francisco – Cundinamarca. 8.
Construcción plante de tratamiento de agua potable acueducto regional, Municipio
de Pandi; Construcción del acueducto de las veredas la Salada, Malberto, Vila, Altos
de la Viga, el Asomadero, el Verdal, Capotes, la Mata y Morro Azul, Municipio de
Tocaima y Construcción del empalme alcantarillado mesa del medio – planta de
tratamiento de aguas residuales San Roque Municipio de Arbeláez. 9. Construcción
colectores matrices alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial
vía El Rosal del Municipio de Facatativá”.

En cuanto al plazo de ejecución del contrato, en la cláusula séptima las partes
acordaron que el negocio jurídico “tendría un plazo de ejecución de NUEVE (9)
MESES contados a partir de la suscripción del acta de iniciación y el cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución”

El valor estimado del contrato, al tenor de su cláusula octava, se fijó en
$1.296.743.688; sin embargo, en el parágrafo segundo se acordó que dicho valor
sería ajustado, aplicando el porcentaje de interventoría definido, al valor de
adjudicación de cada contrato de obra y en el parágrafo tercero quedó previsto que
si alguno de los contratos de obra no se ejecutaba el valor de contrato de
interventoría debería ajustarse.

Con relación a la forma de pago, en la cláusula décima del contrato se estableció
que el 90% de su valor se pagaría mediante actas parciales, de acuerdo con el
porcentaje de avance de cada contrato de obra, previa amortización del anticipo,
que correspondería al 30% del valor del contrato, y el 10% restante al suscribir el
acta de liquidación. A su turno, en el parágrafo segundo de la misma cláusula quedó
dispuesto que el pago sería proporcional al avance de la obra. Finalmente, en el
parágrafo tercero, se acordó que el valor pactado incluiría los gastos de
administración, salarios, prestaciones sociales, indemnización de personal,
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentación de todo el equipo de trabajo, así como el desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales y herramientas y toda clase de honorarios
relacionada con la ejecución del contrato.

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En cuanto a la liquidación, en la cláusula decimocuarta se estableció que el contrato
se liquidaría de común acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses siguientes,
contados a partir de su terminación.

Finalmente, en las cláusulas decimoséptima y decimoctava las partes estipularon
facultades exorbitantes de EPC la terminación, modificación e interpretación
unilateral y la caducidad del contrato, respectivamente.

6.4.1.1.5. Está acreditado que el 21 de octubre de 2011, las partes suscribieron la
adición n.º 1, en virtud de la cual adicionaron el valor del contrato en $135.483.754,
con el fin de ampliar la interventoría a ciertos aspectos adicionados al contrato de
obra n.º EPC-O-042 de 2010 -construcción del acueducto regional La Mesa–
Anapoima-. Asimismo, acordaron que las demás estipulaciones se mantendrían
incólumes. Lo anterior, según da cuenta copia simple del acuerdo de voluntades78.

6.4.1.1.6. Consta que el 30 de diciembre de 2011, las partes celebraron la adición
n.º 2, cuyo objeto consistió en adicionar el valor del contrato en la suma de
$92.816.054 con el fin de que el contratista ejecutara la interventoría integral al
contrato de obra n.º EPC-O-042 de 2010 -construcción del acueducto regional La
Mesa–Anapoima-. Asimismo, las partes acordaron que las demás estipulaciones se
mantendrían incólumes. Lo anterior, según da cuenta copia simple del acuerdo
modificatorio79.

6.4.1.1.7. Se probó que el 30 de diciembre de 2011, las partes suscribieron la
adición n.º 3 y prórroga n.º 1, en el que adicionaron el valor del contrato en la suma
de $153.436.610 y prorrogaron su plazo en cinco (5) meses con el propósito de que
el contratista ejecutara la interventoría al contrato de obra n.º EPC-O-044-2010 -
construcción del acueducto regional fruticas de los municipios de Chipaque y
Cáqueza fase IV-. Además, se convino que el resto de las estipulaciones se
mantendrían vigentes. Lo anterior, según da cuenta copia simple del negocio
jurídico80.

78 Fl. 136 y 137, C. Pruebas 2 y Fl. 103 y 104, C. Pruebas 3.
79 Fl. 139 y 140, C. Pruebas 2 y Fl. 105 y 106, C. Pruebas 3.
80 Fl. 107 a 109, C. Pruebas 2 y Fl. 141 a 143, C. Pruebas 3.

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6.4.1.1.8. Está acreditado que el 18 de mayo de 2012, las partes celebraron la
adición n.º 4, que tuvo por objeto adicionar el valor contrato en $53.451.392,39, con
el fin de continuar adelantado la interventoría al contrato de obra n.º 017-2011 -
construcción de colectores matrices del alcantarillado pluvial y sanitario del área de
expansión del plan parcial vía El Rosal del municipio de Facatativá-, en razón a que
dicho contrato de obra fue adicionado y prorrogado. Asimismo, acordaron que el
resto de las estipulaciones se mantendrían vigentes. Lo anterior, según da cuenta
copia simple del acuerdo de voluntades81.

6.4.1.1.9. Consta que el 29 de junio de 2012, las partes suscribieron la adición n.º 5
y prórroga n.º 2, en la que acordaron adicionar el valor del contrato en la suma
$33.773.260 y prorrogar su plazo por cuatro (4) meses, con el fin de continuar
desarrollando la interventoría al contrato de obra n.º 002-2011 -construcción del
colector de aguas lluvias de la calle 6 del municipio de Choachí-, lo anterior, en
atención a que el contrato de obra fue prorrogado y adicionado. Además, acordaron
que el resto de las estipulaciones se mantendrían vigentes. Lo anterior, según da
cuenta copia simple del negocio jurídico82.

6.4.1.1.10. Se probó que el 29 de diciembre de 2012, las partes, previa solicitud del
consorcio, suscribieron la adición n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1, en el que
acordaron: (i) adicionar el valor del contrato en $239.057.427, con el fin de continuar
ejecutando la interventoría a los contratos de obra n.os PDA-O-072-2011,002-2011,
PDA-O-100-2011, EPC-042-2011,EPC-044-2011; (ii) prorrogar su plazo por el
término de cinco (5) meses; y (iii) modificar la cláusula décima, relacionada con la
forma de pago, en el sentido de incluir el parágrafo cuarto, en el que se acordó que
“Para los casos en que el contrato de obra, por razones no imputables al
INTERVENTOR, no llegase a una ejecución del 100%, la entidad pagará al
INTERVENTOR el saldo pendiente de acuerdo con su oferta económica, previa
aprobación por parte del supervisor del informe final de ejecución de las obras, que
deberá incluir la justificación de los recursos empleados por la interventoría durante
el plazo del contrato”. Asimismo, en la cláusula séptima las partes acordaron que

81 Fl. 110, C. Pruebas 2 y Fl. 146, C. Pruebas 3.
82 Fl. 111 a 114, C. Pruebas 2 y Fl. 146 a 149, C. Pruebas 3.

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las demás estipulaciones se mantendrían vigentes. Lo anterior, según da cuenta
copia simple del acuerdo de voluntades83

Al efecto, según se desprende del contenido del acuerdo de voluntades, el consorcio
solicitó la adición, prorroga y modificación del contrato, con fundamento en lo
siguiente:

“El plazo del contrato de la referencia llegará a su vencimiento el próximo 29 de
octubre de 2012, sin embargo los proyectos objeto de Interventoría, por diversos
motivos ajenos a nuestra responsabilidad, para esta fecha no se habrán terminado
en su totalidad y según el caso requerirán de un mayor plazo para su terminación.
Producto del análisis realizado en las sesiones de trabajo, se estima que para
terminar la interventoría de los contratos PDA-0-072-2011, 002-2011, PDA-O-100-
2011, EPC-042-2011 y EPC-044-2011, se requerirá una adición de $239.057.427,
incluido el IVA en el valor del contrato de Interventoría. Este consorcio ve necesaria
la continuidad al seguimiento y una reforma a la forma de pago incluyendo en (sic)
nuevo parágrafo en los términos que hemos planteado en la solicitud”.

6.4.1.1.11. Se probó que el 8 de marzo de 2013, las partes suscribieron la solicitud
de modificación contractual n.º 7 -adición y prórroga-, según da cuenta copia simple
del formato de solicitud de modificación contractual84.

Al tenor de lo establecido en el numeral 3, correspondiente a la justificación, se
determinó como necesidad para suscribir la adicción y prórroga al contrato de
interventoría, la siguiente:

“-Necesidad: Para la terminación del objeto contractual de la Interventoría PDA-C-
078-2011 en los Frentes de los Contratos de Obra No. 072-20011 y 001-2011. Se
hizo necesario realizar la solicitud de recursos adicionales para dar cumplimiento
a los alcances de los proyectos, por lo anterior se solicitó adicionar al Cto de Obra
No. 072-011 Municipio Pandi, Arbeláez y Tocaima y al Cto de Obra No. 001-11
Municipio de Pacho y con el Certificado presupuestal No. 2013000926 del 11 de
Marzo de 2013 por valor de $9.718.689 y No. 2013000715 del 10 de enero de 2013
por valor de $20.524.098”.

En el numeral 5 del documento, quedó referenciada la solicitud de adición y prórroga
radicada por el consorcio, en el siguiente sentido:

“El Contratista Consorcio Aguas de Cundinamarca a través de la comunicación de
fecha febrero 08 del 2013 radicada en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.

83 Fl. 150 a 153, C. Pruebas 2 y Fl. 115 a 118, C. Pruebas 3.
84 Fl. 122 a 127, C. 3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

ESP, la cual hace parte integral de este documento, solicita la Adición del contrato
de Interventoría sobre el adicional al contrato de obra No. 072-2011 suscrito por
Consorcio Cundinamarca y Empresa[s] Públicas Cundinamarca S.A. E.S.P. -por
Valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.718.689,oo) argumentando, que “… el
consorcio ve la necesaria la (sic) continuidad al seguimiento y verificación del
proceso constructivo y administrativo que se ha venido realizando, por lo que
solicita la adición en dinero, acorde con el valor de los recursos aprobados …” se
adjunta a la solicitud cuadro que relaciona las decisiones de personal técnico y
profesional, equipos, gastos de desplazamiento y vehículo de acuerdo al valor del
adicional y El Contratista Consorcio Aguas de Cundinamarca a través de la
comunicación de fecha Enero 30 de 2013 radicada en Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. ESP solicita la Adición del contrato de Interventoría sobre el
adicional al contrato de obra No. 001-2011 suscrito por la Empresa de Servicios
Públicos S.A. E.S.P. – por Valor de VEINTE MILLONES QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($20.524.098,oo),
argumentando, que “…el consorcio ve la necesaria la (sic) continuidad al
seguimiento y verificación del proceso constructivo y administrativo que se ha
venido realizando, por lo que solicita la adición en dinero, acorde con el valor de
los recursos aprobados…” se adjunta a la solicitud cuadro que relaciona las
dedicaciones de personal técnico y profesional, equipos, gastos de
desplazamiento y vehículo de acuerdo al valor adicional”.

6.4.1.1.12. Consta que el 27 de marzo de 2013, las partes, previa solicitud del
Consorcio, suscribieron la adición n.º 7 y prórroga n.º 4 al contrato de interventoría,
en el que se adicionó su valor en $30.242.787 y se prorrogó su plazo por cuatro (4)
meses, con el fin de continuar desarrollando la interventoría a los contratos de obra
n.º 072-2011 y n.º 001 de 2011. Asimismo, al tenor de su cláusula quinta,
convinieron que las demás estipulaciones se mantendrían incólumes. Lo anterior,
según da cuenta copia simple del negocio jurídico85.

6.4.1.1.13. Consta que el 17 de julio de 2013, las partes suscribieron la solicitud de
modificación contractual n.º 8 -adición y prórroga-, según da cuenta copia simple del
formato de solicitud de modificación contractual86.

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del formato, atinente a la
justificación, la necesidad para suscribir el acuerdo modificatorio fue la siguiente:

“-Necesidad: Para la terminación del objeto contractual de la Interventoría PDA-
C078-2011 en los Frentes del Contrato de Obra No. EPC-PDA-O100-2011. Se hizo
necesario realizar la solicitud de recursos adicionales para dar cumplimiento a los
alcances de los proyectos por lo anterior se solicitó adicionar al Cto de Obra No.
EPC-PDA-O100-2011 para los frentes de las Etapas I, II y III para Incrementar
Cobertura del Acuerdo Urbano del Municipio de Mosquera y Ampliación del

85 Fl. 154 a 156, C. Pruebas 2 y Fl. 119 a 121, C. Pruebas 3.
86 Fl. 128 a 130, C. Pruebas 3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Acueducto Vereda Arrayan del Municipio de San Francisco con los Certificados
presupuestales No. 2013001251 del 09 de Julio de 2013 por valor de $4.908.017
de los cuales solo se tomarían $4.362.119 se debe a que en el momento en que
se realizó la adición del contrato de obra y se procedía a iniciar actividades, la
interventoría y el contratista, se encuentran con la situación que algunos (sic) de
las actividades objeto de la adición correspondiente al frente de San Francisco ya
habían sido ejecutados por parte del operador del Acueducto de la Vereda Arrayan
del Municipio de San Francisco, lo que disminuye el valor de la adición de la
interventoría anteriormente contemplado, No. 2013001253 del 9 de Julio de 2013
por valor de $1.055.706, No. 2013001255 del 09 de Julio de 2013 por valor de
$901.341 y No. 2013001257 del 09 de Julio de 2013 por valor de $1.738.234,
respectivamente y se emitió el concepto de APROBACIÓN para adicionar a la
interventoría el valor total de $8.057.400".

En el numeral 5 del formato se hizo mención a la solicitud de adición y prórroga
radicada por el consorcio, en los siguientes términos:

“El Contratista Consorcio Aguas de Cundinamarca a través de la comunicación de
fecha Julio 02 de 2013 radicada en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A.
ESP, la cual hace parte integral de este documento, solicita la Adición del contrato
de Interventoría sobre el adicional al contrato de obra No. Epc-pda-o-100-2011
suscrito por Consorcio Cundinamarca y Empresas Públicas Cundinamarca S.A.
E.S.P. para los frentes de obra del Municipio de Mosquera y San Franciso – por
Valor de OCHO MILLONES seis cientos (sic) tres mil doscientos noventa y ocho
pesos M/CTE ($8.603.298), teniendo en cuenta que estos frentes de obra fueron
objeto de adición y aprobados por la ventanilla única del Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio por un monto de $122.904.245”.

6.4.1.1.14. Está acreditado que el 29 de julio de 2013, previa solicitud del consorcio,
las partes suscribieron la adición n.º 8 y prórroga n.º 5, en el que adicionaron el valor
del contrato en la suma de $8.057.400 y prorrogaron su plazo por tres (3) meses,
con el fin de continuar adelantando la interventoría al contrato de obra n.º PDA-O-
100-2011, pues varios de sus frentes de trabajo se adicionaron. Asimismo, de
conformidad con la cláusula quinta se acordó que las demás cláusulas del contrato
se mantendrían vigentes. Lo anterior, según da cuenta copia simple del acuerdo de
voluntades87.

6.4.1.1.15. Quedó acreditado que el 17 de octubre de 2013, las partes suscribieron
la solicitud de modificación contractual n.º 9 -adición y prórroga-, tal y como consta
en copia simple del formado de solicitud de modificación88.

87 Fl. 159 a 161, C. Pruebas 2 y Fl. 131 y 132, C. Pruebas 3.
88 Fl. 133 a 135, C. Pruebas 3.

45

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

A partir de lo establecido en el numeral 3 del formato, atinente a la justificación, las
partes indicaron que la necesidad para suscribir la modificación contractual era la
siguiente:

“- Necesidad: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP se encuentra
ejerciendo la interventoría transitoria del proyecto “Terminación del embalse
Mancilla en el Municipio de Facatativá”, por lo que es necesario contar con una
interventoría permanente que cuente con el personal requerido para el control y
seguimiento de un proyecto de tal magnitud”.

6.4.1.1.16. Se probó que el 24 de octubre de 2013, las partes suscribieron la adición
n.º 9 y prórroga n.º 6, acuerdo de voluntades por medio del cual se adicionó el valor
del contrato en $53.237.636 y se prorrogó su plazo por cuatro (4) meses, con el fin
de adelantar la interventoría al contrato de obra n.º 038-2010 -terminación del
embalse mancilla en el municipio de Facatativá-. Asimismo, de conformidad con la
cláusula quinta, se acordó que las demás cláusulas del contrato se mantendrían
vigentes. Lo anterior, según da cuenta copia simple del negocio jurídico89.

6.4.1.1.17. Consta que 5 de diciembre de 2013, las partes suscribieron la solicitud
de modificación contractual n.º 10 -adición y prórroga-, según da cuenta copia
simple del formato de solicitud de modificación contractual90.

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del formato, atinente a la
justificación, quedó establecido que la necesidad para suscribir el acuerdo
modificatorio fue la siguiente:

“-Necesidad: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP dentro de su papel de
Gestor de Plan de Agua Para la Prosperidad PAP-PDA se encuentra adelantando
en el municipio de Bituima, la contratación para la construcción de un Tanque de
Almacenamiento pare el Acueducto Veredal La Montaña, Caracolí, Aposentos,
Volcan y Gualiva, en el Municipio de Beltrán, la contratación para la Rehabilitación
de la Red de Acueducto y Alcantarillado para la Urbanización Brisas del
Magdalena, en el centro poblado de Gramalotal, por lo que se hace necesario
contar con una interventoría integral la cual pueda realizar el acompañamiento
necesario con el cual se pueda desarrollar dichas obras con las calidades y
cantidades requeridas”.

89 Fl. 162 a 164, C. Pruebas 2 y Fl. 136 y 137, C. Pruebas 3.
90 Fl. 138 a 141, C. Pruebas 3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

6.4.1.1.18. Consta que el 26 de diciembre de 2013, las partes suscribieron la adición
n.º 10 y prórroga n.º 7 al contrato de interventoría, en el que acordaron adicionar su
valor en $13.964.619 y prorrogar su plazo por un (1) mes, con el fin de adelantar la
interventoría al contrato de obra para la construcción de un tanque de
almacenamiento para el Acueducto Veredal del municipio de Beltrán rehabilitación
de las redes de acueducto y alcantarillado para la urbanización Brisas del
Magdalena, en el Centro Poblado de Gramalotal. Asimismo, de conformidad con la
cláusula quinta, se acordó que las demás cláusulas del contrato se mantendrían
vigentes.

6.4.1.1.19. Sin fecha determinada, el consorcio y el supervisor del contrato
suscribieron el “Acta de Recibo de Interventoría”, en la cual se indicó que el valor
total del contrato de interventoría, tras sus adiciones y prórrogas, fue de
$2.110.264.627,39, de los cuales la interventoría ejecutó $1.630.602.041,96 y, por
lo tanto, el saldo no ejecutado fue de $479.662.585,43, según da cuenta copia
simple del acta referida91.

6.4.1.1.20. El 13 de marzo de 2015, las partes suscribieron el acta de liquidación
bilateral del contrato de interventoría, según da cuenta copia simple del acta 92. En
el acuerdo de voluntades, además de los desacuerdos consignados por el
contratista sobre las reclamaciones frente a las que expresamente se reservó el
derecho a reclamar en sede judicial, se incluyó la información atinente al objeto del
contrato, su valor, forma de pago, plazo de ejecución, fecha de celebración,
disponibilidad presupuestal, adiciones, prórrogas, fecha de terminación -28 de
marzo de 2014-, garantías, balance financiero en el que se reflejó que el valor total
del contrato fue de $2.110.264.627,39, de los cuales la interventoría ejecutó
$1.630.602.041,96, de tal suerte que el saldo no ejecutado fue de $479.662.585,43,
suma que la entidad ordenó liberar, y quedaron reflejadas las observaciones
presentadas por el supervisor del contrato.

91 Fl. 1732 a 182, C. Pruebas 2.
92 Fl. 184 a 195, C. Pruebas 2 y Fl. 144 a 149, C. Pruebas 3.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

6.4.1.2. Oficios y comunicaciones

6.4.1.2.1. La actora allegó con su recurso de apelación dos CDS 93, que fueron
incorporados al proceso mediante auto del 14 de enero de 2019, contentivos de: (i)
las solicitudes elevadas por el consorcio al supervisor designado por la entidad
demandada en el marco de la ejecución de los contratos de obra objeto de la
interventoría, tales como problemas en los diseños, inconvenientes técnicos,
observaciones al presupuesto, solicitudes de prorrogas y adiciones, solicitudes para
declarar el incumplimiento e imponer multas, solicitudes de información de las
obras, solicitudes de planos, solicitudes para liquidar los contratos, solicitudes de
permisos, presentación de informes; y (ii) las reclamaciones presentadas en torno
a la ejecución y el desequilibrio del contrato de interventoría, las cuales se
relacionarán y serán valorados más adelante.

6.4.1.3. Pruebas adicionales

6.4.1.3.1. Obra el interrogatorio de parte que rindió el representante legal94 de
SERVINC Ltda., Miguel Ángel Bettin Jaraba95, quien manifestó que la sociedad, a
través del Consorcio Aguas Cundinamarca 2011, participó como proponente en el
marco del concurso de méritos n.º CM-PDA-001-2011, luego de lo cual y después
de haberse surtido el trámite correspondiente y de resultar adjudicatario del proceso
contractual, suscribió el contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011. Al respecto
dio cuenta de los nueve contratos de obra sujetos a la interventoría y afirmó que el
consorcio realizó el 100% de las actividades contratadas y que la gran mayoría de
los contratos de obra no terminaron por causas que no le son atribuibles al
consorcio. Con relación a la forma de pago, aseveró que en un principio debía
pagarse el valor acordado conforme el avance de los contratos de obra, pero el
contrato se modificó para garantizar que el consorcio continuara adelantando la
interventoría en el sentido de incorporar el parágrafo cuarto a la cláusula de pago,
en el que se pactó una forma de pago especial.

93 Fl. 499 y 499ª, C. Ppal. Pruebas incorporadas al proceso en segunda instancia mediante auto del

14 de enero de 2019.
94 “ARTÍCULO 194. CONFESIÓN POR REPRESENTANTE. El representante legal, el gerente,

administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el
ejercicio de sus funciones.
La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación”.
95 CD. Fl. 330, C. 1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

6.4.1.3.2. Reposa el interrogatorio de parte que rindió el representante legal96 de la
sociedad REDCOM Ltda., Juan Felipe Martínez Plata97, quien afirmó que el
consorcio cumplió con el 100% de la ejecución del contrato de interventoría, que las
EPC no canceló el total del valor de la oferta, como consta en el acta de liquidación.
Además, indicó que el consorcio ejerció vigilancia respecto de contratos de obra
que no tuvieron avance del 100%.

Con relación a los interrogantes mencionados, la Sala advierte que de la versión de
los interrogados no se deriva ninguna confesión en los términos establecidos en el
artículo 191 del C.G.P.98; se circunscriben a aspectos inherentes a la ejecución del
contrato sometido a juicio y a las obligaciones a cargo de las partes, puntualmente
la de pago, los cuales se encuentran acreditados con las pruebas documentales
allegadas al proceso, de tal suerte que no serán objeto de valoración.

6.4.1.3.3. Igualmente, obra el dictamen pericial elaborado por la empresa
Consultores Donovan S.A.S.99, allegado por la parte demandante, que tuvo por
objeto determinar: (i) el costo total del personal para todos y cada uno de los frentes
y proyectos de obra objeto de interventoría; (ii) el gasto total en cuanto a la
administración del contrato y personal técnico no facturable; (iii) los gastos por
impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones; y (iv) los costos financieros por la
modificación del flujo de caja, el cual será valorado más adelante.

96 “ARTÍCULO 194. CONFESIÓN POR REPRESENTANTE. El representante legal, el gerente,
administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el
ejercicio de sus funciones.
La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación”.
97 CD. Fl. 330, C. 1.
98 “ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión requiere:

1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de
apreciación de las pruebas”.
99 Fl. 1 a 72, C. 4. La Experticia fue firmada por el gerente general de la empresa.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

6.4.2 Solución del caso concreto

Procede la Sala a resolver la materia objeto de debate en esta sede judicial y que,
de conformidad con lo expuesto por la parte actora en su demanda, en concordancia
con lo indicado en el recurso de apelación, se concreta en determinar: (i) la eventual
responsabilidad contractual de EPC, como consecuencia del incumplimiento de lo
acordado en el parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato de interventoría,
incorporado mediante el adicional n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1; y (ii) la
eventual configuración de los presupuestos para la aplicación de la teoría de la
imprevisión, originada en la mayor permanencia por los “inconvenientes” que se
presentaron en los contratos de obra n.os 001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011,
PDA-O-057-2011, PDA-O-072-2011, 002-2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-
O-042-2010, EPC-O-044-2010 y 038-2010, que llevaron a que estos últimos se
suspendieran y prorrogaran y si, en consecuencia procede el reconocimiento de los
mayores costos de personal para todos y cada uno de los frentes de trabajo objeto
de la interventoría, los mayores gastos de administración y de personal técnico no
facturable y los mayores costos financieros.

6.4.2.1. Del incumplimiento del contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011
del 19 de abril de 2011

Aduce la actora que la entidad demandada incumplió el contrato de interventoría n.º
PDA-C-078-2011 del 19 de abril de 2011, puntualmente lo estipulado en el parágrafo
cuarto de la cláusula décima, incorporado mediante la adición n.º 6, prórroga n.º 3
y modificatorio n.º 1, pues no reconoció a favor del contratista el saldo no ejecutado
por valor de $479.662.585,43, a pesar de que las partes acordaron que la
Administración pagaría dicho saldo aun cuando los contratos de obra no se
ejecutaran en un 100% por causas no atribuibles al consorcio, previa aprobación
del supervisor. Por su parte, EPC manifiesta que la entidad no incumplió el contrato
de interventoría y que, por tanto, no hay lugar a reconocer el valor reclamado,
puesto que el pago estaba condicionado al avance en la ejecución de los contratos
de obra.

Descendiendo al caso concreto, se advierte que la responsabilidad contractual que
el consorcio pretende atribuirle a la entidad demandada recae sobre la forma de

50

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

pago, puntualmente aquella comprendida en el parágrafo cuarto de la cláusula
décima del negocio jurídico, de tal suerte que, para resolver si la actuación de la
administración en este aspecto se ajustó a derecho o, por el contrario, constituyó un
incumplimiento de lo pactado por las partes, es menester ahondar en lo que sobre
el particular fue acordado en el contrato.

A este propósito, conviene resaltar que cuandoquiera que no exista suficiente
claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o
se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de
voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes
le atribuyen un significado divergente, corresponde al juez adelantar la labor de
interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los
contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual “conocida claramente
la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las
palabras”.

De vieja data la Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente que la
interpretación del contrato tiene por objeto dilucidar la común intención de las partes
a partir de la aplicación de las distintas reglas de hermenéutica establecidas en la
ley y en aras de encontrar el genuino sentido del acuerdo de voluntades, pues más
allá del tenor literal del contrato “es la voluntad interna y no la declarada la que rige
la hermenéutica contractual”100, por lo que “no ha de limitarse siempre el exégeta a
una interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal del contrato, pues
casos hay en los que debe acudir a auscultar la intención común, de lo que han
querido o debido querer los contratantes […] Y a ese propósito se encaminan las
reglas que siguen al mencionado artículo 1618”101.

100 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 1º de agosto de 2002, Rad.:

6907.
101Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de mayo de 2008. Rad.:

11001-31-03-028-2000.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

A su turno, en cuanto a las mencionadas pautas de hermenéutica que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido aplicables a la interpretación
de los contratos estatales102, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

“Ahora bien, el criterio basilar en esta materia -mas no el único, útil es mencionarlo-
es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida
claramente la intención de los contratantes ha de estarse a ella más que a lo literal
de las palabras, en cuya puesta en práctica sirve de fundamento, entre otras pautas
o reglas, la prevista en el inciso final del artículo 1662 ib., a cuyo tenor las cláusulas
de un contrato se interpretarán por la aplicación práctica que hayan hecho ambas
partes, o una de las partes con aprobación de la otra.

Esa búsqueda -o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe ser
erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen,
prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común
de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor
literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por
ende, desfigurar, la verdadera voluntad de los convencionalistas, ratio medular del
laborío hermenéutico. […]

El mismo artículo 1622 -ya citado- sienta otras reglas más de acentuada valía,
como aquella que prevé que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas
por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en
su totalidad, en clara demostración de la relevancia que tiene la interpretación
sistemática y contextual, brújula sin par en estos menesteres.

O, en fin, la contemplada en el artículo 1621, que dispone que cuando no aparezca
voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la
naturaleza del contrato, sin dejar de tener su propia fuerza y dinámica, en veces
definitiva para casos específicas, la asentada en el artículo 1620, según la cual, el
sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel
en que no sea capaz de producir efecto alguno, lo que significa que si la
interpretación de una cláusula puede aparejar dos sentidos diversos, uno de los
cuales le restaría -o cercenaría- efectos, o desnaturalizaría el negocio jurídico, dicha
interpretación debe desestimarse, por no consultar los cánones que, de antiguo,
estereotipan esta disciplina.

Todas estas directrices, en últimas, tienen el confesado propósito de evidenciar la
común voluntad de los extremos de la relación negocial, lo mismo que fijar unos
derroteros enderezados a esclarecer la oscuridad o falta de precisión que, in casu,
puede presentar el texto contractual, bien desestimando interpretaciones que,
inopinada o inconsultamente, conduzcan a privar de efectos a la cláusula objeto de
auscultación, ya sea otorgándole relevancia a la naturaleza del contrato, bien
interpretándolo de modo contextual, esto es, buscando armonía entre una cláusula
y las demás, etc.”103

102 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 9 de mayo de 2012, Rad. 22.714 y del

5 de marzo de 2021. Rad.: 39249

103 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de febrero de 2005, Rad.:

7504.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

En este orden de ideas, el contrato debe ser interpretados de acuerdo con la
naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin
de establecer la voluntad común de los contratantes o dándole a cada cláusula el
sentido que mejor convenga a convenga al contrato en su totalidad o deberá estarse
a la interpretación que mejor encuadre con la naturaleza del contrato.

A partir de las anteriores premisas, en el presente asunto a juicio de la Sala emerge
con claridad que la voluntad de las partes, al modificar la cláusula décima del
contrato en el sentido de incorporar a la misma el parágrafo cuarto, consistió en
pactar una nueva forma de pago en virtud de la cual la entidad se comprometió a
pagar al contratista el saldo pendiente de acuerdo con el valor total ofertado, aun en
el evento de que los contratos de obra no se ejecutaran en un 100%, previa
aprobación por parte del supervisor del informe final de ejecución de las obras,
informe que debería incluir la justificación de los recursos empleados por la
interventoría.

En efecto, en el parágrafo cuarto de la cláusula décima del contrato, incorporado al
negocio jurídico mediate la adición n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1 (hecho
probado 6.4.1.1.10.), las partes acordaron lo siguiente:

“CLAUSULA DECIMA – FORMA DE PAGO: La tesorería de EPC SA ESP pagará al
interventor el valor del presente contrato, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Consorcio FIA de la siguiente forma: El noventa por ciento (90%)
mediante actas parciales de acuerdo con el porcentaje de avance de cada contrato
de obra, previa amortización del anticipo y aprobación por parte de la Interventoría
y el diez por ciento (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación bilateral
a los contratos de obra objeto de vigilancia y control y/o a la firmeza de la liquidación
unilateral de los mismos y finalmente con la suscripción del acta de liquidación
bilateral del contrato de interventoría […] PARÁGRAFO PRIMERO: Las actas
consolidadas mensuales deben presentarse dentro de los diez (10) primero días
comunes, y deben contener la información del mes inmediatamente anterior. En
consecuencia el INTERVENTOR solo podrá presentar un (1) acta consolidada por
cada mes de cada uno de los contratos a los cuales se les hace Interventoría. Todo
pago está sujeto a la programación Anual Mensualizado de Caja – PAC de EPC SA
ESP. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago de la Interventoría será proporcional al
avance de la obra, de tal forma que se garantice la permanencia en obra del
INTERVENTOR durante la ejecución y recibo de la obra. PARÁGRAFO TERCERO:
En el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración
los cuales son comunes a todas las interventorías a desarrollar, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestaciones, desplazamientos, trasporte, alojamiento y alimentación de la totalidad
del equipo de trabajo, desplazamientos, transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en
actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de

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actuación de software; la totalidad de tributos originados por la celebración,
ejecución y liquidación del contrato; las adecuaciones a que haya lugar; en general,
todos los costos en lo que debe incurrir el INTERVENTOR para la cumplida
ejecución del contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Para los casos en que el
contrato de obra, por razones no imputables al INTERVENTOR, no llegase a
una ejecución del 100%, la entidad pagará al INTERVENTOR el saldo pendiente
de acuerdo con su oferta económica, previa aprobación por parte del
supervisor del informe final de ejecución de las obras, que deberá incluir la
justificación de los recursos empleados por la interventoría durante el plazo
del contrato”. (negrillas fuera de texto)

Como se advierte, en el parágrafo cuarto de la cláusula décima las partes
estipularon expresamente que en el evento en el que los contratos de obra no se
ejecutaran en un %100 por hechos no atribuibles al interventor, la entidad debería
pagarle a este último el saldo pendiente de acuerdo con el valor total ofertado, previa
aprobación por parte del supervisor del informe final de ejecución de las obras, el
cual debería incluir la justificación de los recursos empleados por la interventoría,
todo lo cual permite concluir que las partes de consuno excluyeron el
condicionamiento inicialmente pactado, según el cual el pago quedaría supeditado
al avance en la ejecución de los contratos de obra, para en su lugar determinar que
la entidad pagaría el saldo del valor ofertado siempre y cuando el supervisor
aprobara el informe final de ejecución de las obras, el cual, se itera, debería
contener la respectiva justificación de los recursos empleados por la interventoría.

La anterior conclusión se ve reforzada al revisar los documentos preliminares que
llevaron a las partes a suscribir la adición n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1,
a partir de los cuales se advierte que el consorcio solicitó el pago total de lo ofertado
y pidió que aquel se realizara de conformidad con el porcentaje de obra realmente
ejecutado, pero esto último sin desconocer que todo caso debería serle reconocido
el saldo total de la oferta, para lo cual propuso incorporar un nuevo parágrafo a la
cláusula décima del contrato.

A este efecto, en el oficio CO-CADC-0399-2012 del 23 de diciembre de 2012104
(oficio y comunicaciones 6.4.1.2.1.), contentivo de la propuesta presenta por el
consorcio a EPC, se manifestó lo siguiente:

“la forma de pago acordada es proporcional al avance de obra, sin embargo existen
situaciones no contempladas en el contrato que están afectando efectividad en la

104 CDS Fl. 499 y 499ª, Carpeta “INTERVENTORIA”, “2012”, C. Ppal.

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facturación de la interventoría e incluso, lo que es peor, que cabe la posibilidad que
la interventoría no pueda facturar gran parte de los servicios prestados

1. Suspensiones de los contratos de obra o prórrogas sin adición de recursos por
inconvenientes que afectan el rendimiento normal de las obras no imputables al
interventor como la necesidad de realizar cambios o ajustes por situaciones no
previstas en los diseños iniciales, inconvenientes con predios o interferencias en
el trasado, incumplimientos de contratistas, entre otros.
2. Obra física ejecutada que no puede ser reconocida en pago al contratista hasta
[que] no se surtan trámites de tipo jurídico-administrativo, como trámite de actas
de cobro por parte del contratista, liquidación de convenios (caso El Colegio) etc.

Esta situación implica que actualmente los contratos tienen un avance
acumulado del 73% de obra ejecutada y hasta ahora solo ha sido posible para
la interventoría facturar el 40%, lo que equivale a aproximadamente
$450.000.000 de pesos son poder facturar y que paradójicamente corresponde
a obra ya ejecutada.

Por lo tanto sugerimos se revise la interpretación dada a esta cáusula (sic), creemos
que se está interpretando erróneamente, y en esto se basa nuestra solicitud al
respecto y que presentamos a continuación:

• La cáusula (sic) decima (sic) se refiere a la forma de pago, es decir la manera
en que gradualmente se nos realizarán los desembolsos hasta completar la
totalidad de nuestro ofrecimiento económico. Téngase en cuenta que forma
de pago no es igual a presupuesto y nuestro presupuesto ofrecido no se
presentó ni así lo solicita la entidad, basado en el monto de las obras
ejecutadas sino en la disposición de unos recursos en el tiempo de ejecución
de la obra y cuya utilización no depende de manera directa del avance de la
misma, asó la forma de pago sea esa.

En este sentido solicitamos que, sin cambiar la forma de pago, se nos permita
en la liquidación realizar el cobro del saldo total de nuestra oferta, previa
justificación de los recursos utilizados.

Para la formalización de lo anterior, proponemos incluir un nuevo parágrafo
así:

PARAGRAFO CUARTO: Para los casos en que el contrato de obra, por
razones no imputables al INTERVENTOR, no llegase a una ejecución del
100%, la entidad pagará al INTERVENTOR el saldo pendiente de acuerdo
con su oferta económica, previa aprobación por parte del supervisor del
informe final de ejecución de las obras, que deberá incluir la justificación de
los recursos empleados por la interventoría durante el plazo del
contrato”.

• El avance de las obras no está determinado por el avance obrado o
liquidado por el contratista de obra, este avance es independiente de
estos trámites jurídico administrativos, es medible y palpable
físicamente en sitio y además reportado.

Por lo tanto al respecto solicitamos se nos permita realizar el cobro de
acuerdo con el avance físico de las obras reportado en los informes de
interventoría y supervisión y no contra actas de cobro o liquidación de
los contratistas. (negrillas fuera de texto)

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Así las cosas, en sentir de la Sala la intención de las partes al modificar el contrato
de interventoría -artículo 1618 del C.C.-, puntualmente en cuanto a incorporar el
parágrafo cuarto de la cláusula décima, tal y como se desprende de la solicitud
elevada por el consorcio, así como también de las consideraciones expuestas en la
adición n.º 6, prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1, fue la de modificar la forma de pago
inicialmente prevista en el contrato, la cual estaba condicionada estrictamente al
avance en la ejecución de los contratos de obra, para en su lugar acordar que la
entidad pública pagaría el saldo pendiente de acuerdo con el valor total ofertado,
aun cuando los contratos de obra no se ejecutaran en un 100%, previa aprobación
por parte del supervisor del informe final de ejecución de las obras, el cual debería
incluir la justificación de los recursos empleados por la interventoría,

EPC centró su defensa en el argumento según el cual la entidad no incumplió el
contrato porque el pago a favor del consorcio estaba condicionado a la ejecución de
los contratos de obra. Para la Sala esta interpretación no solamente desconoce la
intención de las partes, sino que también le resta todo efecto útil a la modificación
acordada entre ellas; si no se pretendía cambiar la forma de pago no tendría por
qué haberse incorporado el parágrafo cuarto a la cláusula décima del negocio
jurídico.

En suma, la Sala encuentra que la interpretación lógica, sistemática, integral y
racional del negocio convenido entre los contratantes, conduce a concluir, sin duda
alguna, que la entidad debía reconocer al contratista el saldo pendiente de acuerdo
con el valor total ofertado, previa aprobación por parte del supervisor del informe
final de ejecución de las obras, el cual debería incluir la justificación de los recursos
empleados por la interventoría, sin que para tal efecto incluyera el porcentaje de
ejecución de los contratos de obra.

Como quedó visto (F.J. 6.3.2.), la responsabilidad civil contractual demanda la
existencia de una obligación derivada de un contrato, cuyo cumplimiento haya sido
omitido por el demandado, ocasionando con ello un menoscabo a un interés
jurídicamente protegido en cabeza del demandante y, a su turno, la responsabilidad
contractual de la administración requiere la existencia de una obligación surgida de

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un contrato, cuyo cumplimiento sea imputable a la administración contratante y haya
ocasionado el menoscabo de su derecho a la prestación105.

En este orden de ideas, al margen de la interpretación que EPC efectuó al parágrafo
cuarto de la cláusula décima del contrato, en el sub judice la Sala no encuentra
configurada la responsabilidad contractual de la entidad demandada, pues no se
encuentra acreditado que haya incumplido la obligación establecida en el parágrafo
cuarto de la cláusula décima del contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011 del
19 de abril de 2011, como pasa a explicarse.

Al efecto, a pesar de que en el parágrafo referido las partes acordaron que la
Administración debería pagarle al contratista el saldo pendiente de acuerdo con el
valor total ofertado, aun en el evento en el que los contratos de obra no se ejecutaran
en un 100%, también lo es que aquellas estipularon que dicho pago quedaría sujeto
a la “aprobación por parte del supervisor del informe final de ejecución de las obras,
que deberá incluir la justificación de los recursos empleados por la interventoría
durante el plazo del contrato”.

En este sentido, tal y como se desprende del contenido del acta de recibo final de
la interventoría (hecho probado 6.4.1.1.19.), suscrita por el supervisor del contrato
y por el representante legal del consorcio, se advierte que en aquella expresamente
quedó consignado que la interventoría ejecutó un valor total de $1.630.602.041,96,
de lo cual se desprende que la supervisión del contrato únicamente justificó el uso
de estos recursos por parte del contratista en el marco de la ejecución del contrato.

Precisamente esta suma de dinero fue la que se vio reflejada en el acta de
liquidación bilateral, en cuyo balance financiero quedó previsto que el valor total del
contrato, con sus respectivas adiciones, fue de $2.110.264.627,39, y que respecto
del mismo el consorcio ejecutó la suma de $1.630.602.041,96 ($1.489.242.505,48
de actas parciales y $141.359.536,48 de saldo por pagar) restando un saldo no
ejecutado por valor de $479.662.585,43, que la entidad ordenó liberar (hecho
probado 6.4.1.1.20.).

105 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2019.

Rad.: 40992.

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Ahora bien, aun cuando se observa que el supervisor del contrato dio cuenta de la
aprobación del informe final de ejecución de las obras, pues en efecto en el acta de
liquidación bilateral dejó constancia expresa que, “revisada la información
presentada por la interventoría de los frentes de obra terminados, los mismos se
realizaron a satisfacción, al igual que la interventoría de los mismos, por lo cual la
supervisión deja constancia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
Contrato de Interventoría EPC-PDA-C-078-2011” (hecho probado 6.4.1.1.20.), en
criterio de la Sala dicha manifestación por sí sola no da lugar al pago del saldo total
del contrato, pues además de la aprobación era menester incluir la justificación de
los recursos empleados por la interventoría.

De hecho, al plenario no fue allegada prueba alguna, diferente al acta de recibo final
de interventoría (hecho probado 6.4.1.1.19.), que dé cuenta o que justifique que
durante la ejecución del contrato el consorcio empleo la suma total ofertada, esto
es, los $2.110.264.627,39, y que, por tanto, tenía derecho al reconocimiento del
saldo restante no ejecutado por valor de $479.662.585,43.

En este sentido, a partir de las pruebas allegadas al plenario, resulta claro que EPC
no incumplió lo estipulado en el parágrafo cuarto de la cláusula décima del negocio
jurídico sometido a juicios, pues dentro del proceso consta que el supervisor del
contrato únicamente justificó que la interventoría, para efectos de adelantar las
labores encomendadas, empleo recursos por valor de $1.630.602.041,96, de donde
salta a la vista que en el caso concreto no había lugar a pagar el saldo no ejecutado
de $479.662.585,43, todo lo cual permite concluir que la Administración no
incumplió el contrato.

A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo de recordar que el soporte sobre el
que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes
que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la
autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico
libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. 106

106 Sobre el particular, señala la doctrina:

“(…) que las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con su tenor,
en su conjunto y en cada una de sus cláusulas.

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El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica,
constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento
en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y
obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base
del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de
conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre
y voluntariamente.

En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las
partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para
asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro
ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen
este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales
los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser
invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales107.

6.4.2.2. De la mayor permanencia y los sobrecostos de personal,
administración, personal técnico no facturable y financieros

La parte actora manifiesta que no es necesario plasmar salvedades en los otrosíes
y refiere que en el caso concreto las adiciones y prorrogas de que fue objeto el
contrato de interventoría se suscribieron para “ampliar su objeto”, pero no para
“equilibrar su economía”, de tal suerte que resulta procedente su estudio.

(…) En el fondo, en la observancia del contrato y en la ejecución, reside el resultado práctico del
contrato; es el resultado para cuya consecución se estipuló este. Y que el contrato deba ser
observado, es decir, que las partes cumplan con lo que se estableció en él, es un principio que deriva
de aquel (de orden ético) del respeto a la palabra dada y de la consideración de que (aún
prescindiendo del hecho de que el contrato es por lo común de prestaciones recíprocas y que, por
consiguiente, la observancia por uno de los contratantes es el presupuesto de la observancia por el
otro) el contrato suscita legítimas expectativas en cada uno de los contratantes; expectativas que no
deben ser defraudadas…” Messineo, Francisco: Doctrina general del contrato. EJEA: Buenos Aires.
1952, p. 143 y ss.
107El artículo 1602 del Código Civil dispone: “LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS

PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio, dispone: “PRINCIPIO DE BUENA FE. Los
contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo
pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según
la ley, la costumbre o la equidad natural”.

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A este efecto, aduce que en el sub judice se configuró un desequilibrio económico
del contrato originado en la mayor permanencia en obra por causas que no le son
imputables, puntualmente por los “inconvenientes” suscitados en los contratos de
obra n.os 001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011, PDA-O-057-2011, PDA-O-072-
2011, 002-2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-O-042-2010, EPC-O-044-2010
y 038-2010, que llevaron a que estos fueran prorrogados y suspendidos, lo que le
ocasionó sobrecostos costos de personal para todos y cada uno de los frentes de
trabajo, administración, personal técnico no facturable y financieros.

Sobre este particular, es menester comenzar por señalar, tal y como lo ha indicado
esta Sala, que la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes -acuerdos
modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones- no exime al juez del contrato de
la tarea de “ […] desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su
alcance y así establecer si las partes pretendieron, con ese acuerdo, regular los
asuntos cuya reclamación ahora se le formula y los términos de esa regulación”108,
por lo tanto su presentación no puede establecerse como una exigencia formal para
el estudio y reconocimiento de la pretensión109.

A partir de la aplicación de la buena fe contractual, expresamente consagrada en los
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, le corresponde al juez
del contrato, en cada caso, interpretar los acuerdos celebrados entre las partes y el
comportamiento jurídicamente relevante que hubieren observado, junto con las demás
particularidades del asunto sometido a su decisión, para establecer si lo pretendido en
la demanda se encuentra en contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las
manifestaciones de la voluntad y a la conducta observada por las partes durante la
ejecución del contrato.

Por tanto, contrario a lo afirmado por el a quo, resulta claro que el hecho de que el
demandante no hubiese formulado salvedades en los acuerdos modificatorios
suscritos en el marco de la ejecución del contrato de interventoría no se erige en una
exigencia que torne improcedente el examen de las pretensiones de la demanda, pues

108 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de noviembre de 2020.

Rad.: 38.097 y Sentencia del 13 de agosto de 2020. Rad.: 51833.
109 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de noviembre de 2021.

Rad.: 52430.

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en efecto, tal y como quedó visto, le corresponde al juez del contrato en cada caso
analizar las reclamaciones planteadas, determinar las circunstancias que rodearon los
acuerdos modificatorios y su alcance y apreciar las demás actuaciones de las partes.

De los hechos probados en el plenario la Sala encuentra demostrado que el 19 de
abril de 2011 EPC y el Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011 suscribieron el
contrato de interventoría n.º PDA-C-078-2011, cuyo plazo inicial fue de nueve (9)
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tuvo lugar el 28
de abril de 2011 y su valor estimado fue de $1.296.743.688 (hechos probados
6.4.1.1.4. y 6.4.1.1.20.).

Además, según el alcance del objeto contratado consta que, en principio, el
consorcio adelantaría la interventoría a los siguientes proyectos del plan
departamental de agua (hecho probado 6.4.1.1.4):

1. Contrato de Obra n.º 002-2011 -Construcción colector de aguas lluvias
calle 6 del Municipio de Choachí-.
2. Contrato de obra n.º 013-2011 -Optimización y rehabilitación sistema de
acueducto urbano (bocatoma Cune y Namay) Municipio de Villeta-.
3. Contrato de obra n.º 001-2011 -Construcción de obras para la
optimización del sistema de acueducto urbano del Municipio de Pacho-.
4. Contrato de obra n.º 004-2011 -Construcción redes alcantarillado
sanitario y pluvial zona norte Etapa I Municipio de El Colegio-.
5. Contrato de obra n.º PDA-O-053-2011 -Construcción del alcantarillado
de aguas lluvias emergencia del Municipio de Pacho y Construcción
acueducto regional Sucuneta fase II- ramal vereda Patio Bonito y otras
del Municipio de Nemocón-.
6. Contrato de obra n.º PDA-O-057-2011 -Terminación línea de
conducción y construcción de viaductos del acuerdo regional Nocaima La
Vega Quebrada negra Nimaima y Villeta fase III-.
7. Contrato de obra n.º PDA-O-100-2011 -Construcción redes de
distribución para incrementar cobertura etapas I, II, III y IV Municipio de
Mosquera, Optimización acueducto urbano Municipio de La Vega
(bocatoma rio ila y perucho) desarenador y Ampliación acueducto Vereda
Arrayan Municipio de San Francisco – Cundinamarca.

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8. Contrato de obra n.º PDA-O-072-2011 Construcción plante de
tratamiento de agua potable acueducto regional, Municipio de Pandi;
Construcción del acueducto de las veredas la Salada, Malberto, Vila,
Altos de la Viga, el Asomadero, el Verdal, Capotes, la Mata y Morro Azul,
Municipio de Tocaima y Construcción del empalme alcantarillado mesa
del medio – planta de tratamiento de aguas residuales San Roque
Municipio de Arbeláez.
9. Contrato de Obra n.º 017-2011. -Construcción colectores matrices
alcantarillado pluvial y sanitario área de expansión plan parcial vía El
Rosal del Municipio de Facatativá-.

Igualmente, quedó demostrado en el proceso que el contrato de interventoría n.º
PDA-C-078-2011 fue objeto de diez adiciones, siete prórrogas y una modificación,
de tal suerte que finalizó hasta el 28 de marzo de 2014 (hechos probados 6.4.1.1.5.
a 6.4.1.1.18 y 6.4.1.1.20), a saber:

Acuerdo Fecha Objeto
modificatorio
Adición n.º 1 21 de octubre Adicionar su valor en $135.483.754 para que el
de 2011 consorcio adelantara la interventoría a ciertos
aspectos sin determinar que fueron adicionados al
contrato de obra n.º EPC-O-042 de 2010 -
construcción del acueducto regional La Mesa –
Anapoima-.
Adición n.º 2 30 de Adicionar el valor del contrato en $92.816.054. para
diciembre de que el contratista ejerciera la interventoría integral al
2011 Contrato de Obra n.º EPC-O-042 de 2010 -
construcción del acueducto regional La Mesa –
Anapoima-.
Adición n.º 3 y 30 de Adicionar el valor del contrato en $153.436.610 y
Prórroga n.º 1 diciembre de prorrogar su plazo en cinco (5) meses, con el fin de
2011 realizar la interventoría al Contrato de Obra n.º EPC-
O-044-2010 -construcción del acueducto regional
fruticas de los municipios de Chipaque y Cáqueza
fase IV-.
Adición n.º 4 12 de mayo Adicionar el contrato en $53.451.392,39 para que el
de 2012 contratista continuara adelantando la interventoría al
Contrato de Obra n.º 017-2011 -, pues dicho contrato
de obra se adicionó y prorrogó.
Adición n.º 5 y 29 de junio de Adicionar el valor del contrato en $33.773.260 y
Prórroga n.º 2 2012 prorrogar su plazo por cuatro (4) meses, para que el
contratista continuara adelantando la interventoría al
contrato de obra n.º 002-2011, pues dicho contrato
se adicionó y prorrogó.

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Adición n.º 6, 29 de Adicionar el valor del contrato en $239.057.427, para
Prórroga n.º 3 y diciembre de que el contratista continuara adelantando la
Modificatorio n.º 1 2012 interventoría a los contratos PDA-O-072-2011,002-
2011, PDA-O-100-2011, EPC-042-2011, EPC-044-
2011; prorrogar su plazo por el término de cinco (5)
meses; y (iii) modificar la cláusula décima,
relacionada con la forma de pago en el sentido de
incluir el parágrafo cuarto.
Adición n.º 7 y 27 de marzo Adicionar el valor del contrato en $30.242.787 y
Prórroga n.º 4 de 2013 prorrogaron su plazo por cuatro (4) meses, para que
el contratista continuara adelantando la interventoría
a los contratos de obra n.º 072-2011 y n.º 001 de
2011, los cuales fueron adicionados.
Adición n.º 8 y 29 de julio de Adicionar el valor del contrato en $8.057.400 y
Prórroga n.º 5 2013 prorrogar su plazo por tres (3) meses, para que el
contratista continuara adelantando la interventoría al
contrato de obra n.º PDA-O-100-2011, el cual fue
adicionado.
Adicional n.º 9 y 24 de octubre Adicionar el valor del contrato en $53.237.636 y
Prórroga n.º 6 de 2013 prorrogar su plazo por cuatro (4) meses, para que el
contratista adelantara la interventoría al contrato de
obra n.º 038 -terminar el embalse mancilla en el
municipio de Facatativá-.
Adicional n.º 10 y 26 de Adicionar el valor del contrato en $13.964.619 y
Prórroga n.º 7 diciembre de prorrogar su plazo por un (1) mes, para que el
2013 contratista adelantara la interventoría al contrato de
obra para la construcción de un tanque de
almacenamiento para el Acueducto Veredal del
municipio de Beltrán.

En este orden, resulta claro que el contrato de interventoría se extendió más allá del
término inicialmente pactado, pues en efecto el negocio jurídico fue objeto de 7
prorrogas (adición n.º 3 y prórroga n.º 1, adición n.º 5 y prórroga n.º 2, adición n.º 6,
prórroga n.º 3 y modificatorio n.º 1, adición n.º 7 y prórroga n.º 4, adición n.º 8 y
prórroga n.º 5, adicional n.º 9 y prórroga n.º 6, adicional n.º 10 y Prórroga n.º 7) que
condujeron a que su plazo expirara el 28 de marzo de 2014, es decir, 2 años y 2
meses más allá de lo previsto en un principio; no obstante, también se advierte que
cada prórroga estuvo acompañada de la respectiva adición en su valor. Además, se
aprecia que el contrato fue adicionado en 3 ocasiones más (adicional n.º 1, adicional
n.º 2 y adicional n.º 4), con el fin de que el contratista realizara la interventoría
respeto de proyectos que inicialmente no quedaron previstos en el alcance del
objeto contrato, todo lo cual lleva a concluir que respecto de las prórrogas y
adiciones relacionadas existió un acuerdo definitivo y vinculante entre ambas
partes.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Ahora bien, en la demanda y en el recurso de apelación la parte actora adujo que,
al margen de los acuerdos modificatorios referidos, los contratos de obra sujetos a
la interventoría por diversas vicisitudes se prorrogaron y suspendieron, lo que
originó una mayor permanencia en obra para el consorcio, generando mayores
gastos de personal, administración, personal técnico no facturable y financieros, de
tal suerte que al amparo de dicho argumento la sala procederá a examinar la
reclamación planteada.

Sobre este particular, en el proceso quedó acreditado que el Consorcio Aguas de
Cundinamarca 2011, durante la ejecución del contrato elevó solicitudes al
supervisor, en las que le puso de presente diferentes situaciones acaecidas en el
desarrollo de los contratos de obra n.os 001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011,
PDA-O-057-2011, PDA-O-072-2011, 002-2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-
O-042-2010, EPC-O-044-2010 y 038-2010 (oficios y comunicaciones 6.4.1.2.1.).

A este efecto, del contenido de los documentos allegados al proceso se destaca lo
siguiente:

Interventoría al contrato de obra n.º 001-2011 -Construcción de obras para la
optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de Pacho-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
La interventoría presentó observaciones a la obra en
CO-CADC- 15 de junio cuanto a lo siguiente: “No se encontraron memorias de
0060-2011 de 2014 cálculo del diseño estructural del desarenador. Se
evidencia una posible sub dimensión de los espesores
de muros y cuantías de refuerzo, la cual podrá ser
verificada con las memorias completas del diseño. El
documento entregado no se encuentra ordenado
apropiadamente”.
CO-CADC- 21 de junio La interventoría solicitó la prórroga del contrato de obra
0091-20 de 2011 por tres (3) meses.
CO-CADC- 16 de La interventoría solicitó la revisión de la ubicación de las
0194-2011 agosto de “chapaletas para las cámaras.
2011
CO-CADC- 20 de La interventoría solicitó la prórroga del contrato de obra
0267-2011 septiembre por un (1) mes.
de 2011
CO-CADC- 26 de La interventoría solicitó la prórroga del contrato de obra
0366-2011 octubre de por un (1) mes.
2011

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CO-CADC- 28 de La interventoría solicitó la suspensión del contrato de
0408A-2011 noviembre obra hasta tanto se validara su adición.
de 2011
CO-CADC- 15 de La interventoría solicitó información concerniente a la
0110-2012 marzo de “reformulación y adición del presupuesto de obra”.
2012
CO-CADC- 8 de mayo La interventoría da respuesta a una comunicación de
0094-2013 de 2013 EPC, en la que puso de presente las actividades
desplegadas por el consorcio para efectos de que el
contratista de obra reiniciara las labores y recomendó la
imposición de multas ante el incumplimiento contractual.
CO-CADC- 5 de junio La interventoría solicitó la imposición de multa al
0103-2013 de 2013 contratista de obra por incumplimiento.
CO-CADC- 17 de enero La interventoría solicitó hacer efectiva la cláusula penal
0002-2014 de 2014 por incumplimiento del contratista.
CO-CADC- 3 de marzo La interventoría solicitó información con relación a las
0018-2014 de 2014 medidas adoptadas frente al incumplimiento del
contratista.

Interventoría al contrato de obra n.º 002-2011 -Construcción colector de aguas lluvias
calle 6 del municipio de Choachí-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
13 de La interventoría solicitó prorrogar el contrato de obra por
CO-CADC- septiembre el término de dos (2) meses, con ocasión de las
0255-2011 de 2011 inconsistencias en los diseños.
CO-CADC- 10 de La interventoría solicitó adicionar y prorrogar el contrato
0397-2011 noviembre de obra
de 2011
CO-CADC- 21 de La interventoría solicitó prorrogar del contrato de obra
0121-2012 marzo de por el término de dos (2) meses.
2012
CO-CADC- 27 de abril La interventoría puso de presente “el inconveniente
0192-2012 de 2012 técnico presentado para construcción de tramo
comprendido entre Cámara 3 a Encole Colector Calle 6”.
CO-CADC- 5 de junio La interventoría solicitó la suspensión del contrato de
0251-2012 de 2012 obra.
CO-CADC- 31 de La interventoría solicitó prorrogar la suspensión del
0354-2012 agosto de contrato de obra.
2012
CO-CADC- 26 de La interventoría solicitó información con relación a los
0432-2012 noviembre diseños.
de 2012
CO-CADC- 4 de La interventoría solicitó prorrogar la suspensión del
0437-2012 diciembre contrato de obra.
de 2012
CO-CADC- 7 de marzo La interventoría solicitó prorrogar la suspensión del
0050-2013 de 2013 contrato de obra.
CO-CADC- 30 de mayo La interventoría solicitó una reunión para discutir
0106-2013 de 2013 aspectos atinentes al proyecto, pues “a la fecha no se
ha suscrito la respectiva acta de inicio”.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Interventoría al contrato de obra n.º 004-2011 -Construcción redes alcantarillado
sanitario y pluvial zona norte etapa I cabecera municipal de El Colegio Cundinamarca-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
4 de La interventoría solicitó adicionar el contrato de obra,
CO-CADC- octubre de pues se requerían ítems no previstos.
0307-2011 2011
CO-CADC- 6 de marzo La interventoría presentó observaciones al presupuesto
0100-2012 de 2012 del contrato de obra y al convenio.
CO-CADC- 12 de La interventoría presentó observaciones al presupuesto
0105-2012 marzo de del contrato de obra y al convenio.
2012
CO-CADC- 14 de enero La interventoría, en respuesta a una comunicación de
0010-2013 de 2013 EPC, informó que para liquidar el contrato de obra se
requerían los APU´s.
CO-CADC- 31 de enero La interventoría dio cuenta de las actividades
0029-2013 de 2013 desarrolladas para la liquidación del contrato de obra.
CO-CADC- 7 de La interventoría propuso una conciliación de los precios
0196-2013 octubre de unitarios para liquidar el contrato.
2013
CO-CADC- 3 de enero La interventoría presentó una propuesta actualizada de
0001-2014 de 2014 conciliación de los precios unitarios para liquidar el
contrato.

Interventoría al contrato de contrato de obra n.º 013-2011 -Optimización y
rehabilitación del sistema de acueducto urbano, bocatomas Cune y Namay-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
1 de junio La interventoría solicitó modificar el alcance del contrato
CO-CADC- de 2011 de obra.
0042-2011
CO-CADC- 18 de La interventoría solicitó imponer multa al contratista de
0202-2011 agosto de obra por incumplir sus obligaciones.
2011
CO-CADC- 27 de La interventoría solicitó información de las actividades
0296-2011 septiembre del plan de emergencia.
de 2011
CO-CADC- 11 de La interventoría solicitó imponer multa al contratista de
0332-2011 octubre de obra por incumplir sus obligaciones.
2011
CO-CADC- 12 de La interventoría solicitó imponer multa al contratista de
0341-2011 octubre de obra por incumplir sus obligaciones.
2011
CO-CADC- 12 de La interventoría solicitó información de las actividades
0342-2011 octubre de del plan de emergencia.
2011
CO-CADC- 27 de enero La interventoría reiteró la solicitud para imponer multa al
0017-2012 de 2012 contratista de obra por incumplir sus obligaciones.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CO-CADC- 29 de enero La interventoría puso de presente el estado de la obra,
0021-2012 de 2012 pues las actividades se reiniciaron a finales del año
2012.
CO-CADC- 22 de La interventoría reiteró la solicitud para imponer multa al
0124-2012 marzo de contratista de obra por incumplir sus obligaciones.
2012
CO-CADC- 22 de La interventoría reiteró la solicitud para imponer multa al
0125-2012 marzo de contratista de obra por incumplir sus obligaciones.
2012
CO-CADC- 20 de abril La interventoría solicitó declarar la caducidad del
0182-2012 de 2012 contrato.

Interventoría al contrato de obra n.º 038-2010 -Construcción para la terminación y
puesta en marcha del embalse mancilla del sistema de acueducto del municipio de
Facatativá-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 29 de La interventoría solicitó los diseños y protocolos de
0209-2013 octubre de instalación y prueba de las redes.
2013
CO-CADC- 2 de La interventoría informó no haber recibido los accesorios
0229-2013 diciembre y su estado y protocolos de instalación.
de 2013
CO-CADC- 17 de La interventoría informó no haber recibido la válvula
0236-2013 diciembre mariposa.
de 2013
CO-CADC- 27 de La interventoría dio cuenta de ciertos aspectos
0243-2013 diciembre relacionados con la obra, puntualmente en cuanto al
de 2013 Jarillón, las escaleras y la entrega de la válvula
mariposa.

Interventoría al contrato de obra n.º EPC-O-042-2010 -Construcción acueducto
regional La Mesa Anapoima-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 22 de La interventoría informó acerca del avance y
0047-2012 febrero de seguimiento al contrato de obra.
2012
CO-CADC- 26 de La interventoría solicitó prorrogar el contrato de obra por
0128-2012 marzo de un término de tres (3) meses.
2012
CO-CADC- 10 de julio La interventoría informó acerca de la ejecución y diseños
0290-2012 de 2012 de algunas actividades.
CO-CADC- 5 de La interventoría solicitó información atinente a la
0358-2012 septiembre ejecución del contrato de obra.
de 2012
CO-CADC- 21 de enero La interventoría solicitó información atinente a la
0019-2013 de 2013 ejecución del contrato de obra.

Interventoría al contrato de obra n.º EPC-O-044-2010 -Construcción acueducto
regional fruticas municipios de Chipaque y Cáqueza fase IV-

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 31 de julio La interventoría solicitó el cambio de la tubería.
0322-2012 de 2012
CO-CADC— 1 de La interventoría presentó informe de la rehabilitación de
407-2012 noviembre la Fase I.
de 2012
CO-CADC- 11 de La interventoría solicitó suspender el contrato de obra
0451-2012 diciembre por 90 días.
de 2012
CO-CADC- 9 de abril La interventoría solicitó se informara si el acuerdo
0073-2013 de 2013 modificatorio que dio lugar a la suspensión se
encontraba legalizado.

Interventoría al contrato de obra n.º PDA-O-053-2011 -Construcción alcantarillado de
aguas lluvias emergencia municipio de Pacho, construcción acueducto regional
sucuneta fase II Ramal vereda Patio Bonito y otras, municipio de Nemocón-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 29 de junio La interventoría solicitó los planos de la obra.
0103-2011 de 2011
CO-CADC- 19 de julio La interventoría solicitó prorrogar el contrato por tres (3)
0131-2011 de 2011 meses.
CO-CADC- 11 de La interventoría solicitó imponer multa al contratista.
0179-2011 agosto de
2011
CO-CADC- 17 de La interventoría solicitó informar la fecha para la entrega
0199-2011 agosto de de los diseños del muro de contención.
2011
CO-CADC- 27 de La interventoría solicitó informar la fecha para la entrega
0287-2011 septiembre de los diseños del muro de contención.
de 2011
CO-CADC- 28 de La interventoría cuantificó la mula a imponer al
0303-2011 septiembre contratista de obra.
de 2011
CO-CADC- 25 de La interventoría solicitó la suspensión del contrato de
0370-2011 octubre de obra.
2011
CO-CADC- 25 de La interventoría solicitó informar la fecha para la entrega
0371-2011 octubre de de los diseños del muro de contención.
2011
CO-CADC- 30 de enero La interventoría informó acerca del incumplimiento del
0020-2012 de 2012 contratista de obra.
CO-CADC- 3 de febrero La interventoría solicitó la suspensión del contrato de
0020-2012 de 2012 obra.
CO-CADC- 20 de La interventoría solicitó aclaraciones respecto del diseño
0037-2012 febrero de estructural del disipador de energía.
2012
CO-CADC- 7 de junio La interventoría solicitó liquidar el contrato.
0255-2012 de 2012
CO-CADC- 7 de marzo La interventoría puso en conocimiento el concepto del
0051-2013 de 2013 especialista estructural.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CO-CADC- 17 de La interventoría solicitó citar audiencia para imponer
0203-2012 octubre de multa al contratista de obra.
2013
CO-CADC- 28 de La interventoría solicitó información acerca del estado
0226-2012 noviembre de la imposición de la multa al contratista.
de 2013

Interventoría al contrato de obra n.º PDA-O-057-2011 -Terminación línea de
conducción y construcción de viaductos del acueducto regional Nocaima – La Vega –
Quebradanegra – Nimaima y Villeta fase II-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 3 de mayo La interventoría solicitó suspender el contrato.
0008-2011 de 2011
CO-CADC- 3 de junio La interventoría solicitó especificaciones relacionadas
0044-2011 de 2011 con la tubería.
CO-CADC- 2 de agosto La interventoría solicitó prorrogar la suspensión.
0156-2011 de 2011
CO-CADC- 19 de La interventoría solicitó los diseños definitivos de la obra.
0358-2011 octubre de
2011
CO-CADC- 8 de La interventoría recomendó suspender el contrato por
0390-2011 noviembre “falta de diseños definitivos”.
de 2011
CO-CADC- 26 de La interventoría solicitó suspender el contrato.
0390-2011 diciembre
de 2011
CO-CADC- 25 de enero La interventoría dio cuenta de la parálisis “reiterativa” de
0013-2012 de 2012 la obra.
CO-CADC- 10 de abril La interventoría solicitó copia del permiso de concesión
0156-2012 de 2012 de aguas.
CO-CADC- 11 de mayo La interventoría informó acerca del estado del contrato.
0212-2012 de 2012

Interventoría al contrato de obra n.º PDA-O-072-2011 -Construcción plante de
tratamiento de agua potable acueducto regional municipio de Pandi-
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 7 de junio La interventoría solicitó una reunión para aclarar ciertos
0121-2011 de 2011 aspectos relacionados con los diseños.
CO-CADC- 9 de agosto La interventoría solicitó la aclaración de los diseños.
0171-2011 de 2011
CO-CADC- 18 de La interventoría solicitó información frente a la compra
0347-2011 octubre de de un bien inmueble requerido para el proyecto.
2011
CO-CADC- 25 de La interventoría informó acerca de problemas con los
0374-2011 octubre de diseños de la caja de recolección Arbeláez
2011
CO-CADC- 23 de La interventoría informó acerca de problemas con el
0404-2011 noviembre reinicio de los trabajos.
de 2011

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CO-CADC- 18 de enero La interventoría solicitó la aclaración de los diseños.
0003-2012 de 2012
CO-CADC- 9 de marzo La interventoría remitió observaciones acerca del
0104-2012 de 2012 estudio de suelos.
CO-CADC- 9 de abril La interventoría solicitó la aclaración de los diseños.
0154-2012 de 2012
CO-CADC- 9 de mayo La interventoría remitió un informe de ejecución de la
0209-2012 de 2012 obra -sector Pandi-.
CO-CADC- 11 de mayo La interventoría remitió un informe de ejecución de la
0213-2012 de 2012 obra -sector Arbeláez-
CO-CADC- 7 de La interventoría informó acerca de problemas en el
0359-2012 septiembre sector Arbeláez.
de 2012
CO-CADC- 20 de La interventoría solicitó los planos de la obra -sector
00453-2012 diciembre Pandi-.
de 2012
CO-CADC- 6 de marzo La interventoría solicitó gestionar lo pertinente a efectos
0048-2013 de 2013 de adquirir el predio denominado “FINCA LA FLORIDA”.
CO-CADC- 22 de abril La interventoría solicitó suspender el contrato de obra
0089-2013 de 2013 por dos (2) meses.

Interventoría al contrato de obra n.º PDA-O-100-2011 -construcción de redes de
distribución para incrementar cobertura etapa I, II, III y IV del municipio de Mosquera;
optimización del acueducto urbano del municipio de La vega (Bocatoma rio ila y
Perucho), desarenador y ampliación del acueducto de la vereda Arrayan del municipio
de San Francisco-.
Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 26 de La interventoría solicitó diligenciar los permisos de
0208-2011 agosto de servidumbres de las etapas III y IV
2011
CO-CADC- 13 de La interventoría informó acerca de los problemas en el
0345-2011 octubre de predio en donde estaba proyectado construir el
2011 desarenador.
CO-CADC- 24 de La interventoría informó acerca de las pretensiones
0365-2011 octubre de económicas del dueño del predio en donde quedaría
2011 ubicado el desarenador, lo que, a su juicio, impediría
llevar a cabo su construcción.
CO-CADC- 17 de La interventoría solicitó informar el estado de los
0365-2011 noviembre permisos para la ejecución de las obras en el municipio
de 2011 de Mosquera.
CO-CADC- 28 de La interventoría solicitó prorrogar el contrato por tres (3)
0133-2012 marzo de meses.
2012
CO-CADC- 20 de junio La interventoría solicitó la suspensión del contrato.
0266-2012 de 2012
CO-CADC- 9 de agosto La interventoría solicitó prorrogar el contrato.
328-2012 de 2012
CO-CADC- 2 de julio de La interventoría solicitó informar acerca del estado de
0133-2013 2013 pago del importe a FENECO

70

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Asimismo, consta que el consorcio solicitó a la entidad demandada en diversas
oportunidades el restablecimiento de la equivalencia contractual, según dan cuenta
las diferentes comunicaciones allegadas al plenario, de las cuales se destaca lo
siguiente (oficios y comunicaciones 6.5.1.2.1.):

Oficio Fecha Objeto de la comunicación
CO-CADC- 9 de agosto La interventoría solicitó mantener el equilibrio
0168-2011 de 2011 económico del contrato por cuenta de la suspensión de
los contratos de obra.
CO-CADC- 11 de La interventoría solicitó adicionar el contrato de
0386-2011 noviembre interventoría con ocasión de la prórroga del contrato n.º
de 2011 PDA-O-053-2011
CO-CADC- 14 de La interventoría solicitó se le dé respuesta frente a la
0044-2012 febrero de reclamación elevada en torno a mantener el equilibrio
2012 económico del contrato.
CO-CADC- 1 de marzo La interventoría solicitó dar respuesta a las
0074-2012, de 2012 reclamaciones elevadas con anterioridad, relacionadas
CO-CADC- con aportes parafiscales, pago de facturas aprobadas y
0095-2012, el equilibrio económico del contrato.
CO-CADC-
0096-2012,
CO-CADC-
0097-2012,
CO-CADC-
0098-2012
CO-CADC- 19 de julio La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0305-2012 de 2012 de $595.775.599, con ocasión de la prórroga al contrato
de obra n.º EPC-O-042-2010.
CO-CADC- 25 de julio La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0310-2012 de 2012 de $84.055.017, con ocasión de la prórroga al contrato
de obra n.º PDA-100-2011.
CO-CADC- 25 de julio La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0311-2012 de 2012 de $113.355.159, con ocasión de la prórroga al contrato
de obra n.º PDA-072-2011.
CO-CADC- 25 de julio La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0312-2012 de 2012 de $123.192.000, con ocasión de la prórroga al contrato
de obra n.º PDA-0253-2011.
CO-CADC- 25 de julio La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0314-2012 de 2012 de $35.181.408, con ocasión de la prórroga al contrato
de obra n.º 001-2011.
CO-CADC- 25 de julio La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0315-2012 de 2012 de $27.890.808, con ocasión de la prórroga al contrato
de obra n.º 013-2011.
CO-CADC- 25 de julio La interventoría solicitó una reunión con el fin de revisar
0316-2012 de 2012 asuntos inherentes a la ejecución del contrato.
CO-CADC- 6 de agosto La interventoría solicitó adicionar el contrato, con el
0317-2012 de 2012 objeto de continuar adelantando la interventoría al
contrato de obra n.º EPC-O-044-2010.

71

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CO-CADC- 23 de La interventoría solicitó adicionar el contrato en la suma
0399-2012 octubre de de $248.776.111, prorrogarlo y modificar su cláusula
2012 décima, relativa al pago, en el sentido de incluir un nuevo
parágrafo.
CO-CADC- 16 de mayo La interventoría remitió documentos relacionados con el
0317-2013 de 2013 contrato de obra n.º PDA-057-2011.
CO-CADC- 20 de junio La interventoría expuso su situación en torno a
0121-2013 de 2013 restablecer el equilibrio económico del contrato.
CO-CADC- 20 de junio La interventoría expuso su situación en torno a
0122-2013 de 2013 restablecer el equilibrio económico del contrato.
CO-CADC- 23 de julio La interventoría dio cuenta del desequilibrio económico
0157-2013 de 2013 del contrato, por cuenta de los inconvenientes en el
CO-CADC- contrato de obra n.º PDA-053-2011.
0158-2013
CO-CADC- 23 de julio La interventoría dio cuenta del desequilibrio económico
0159-2013 de 2013 del contrato, por cuenta de los inconvenientes en el
CO-CADC- contrato de obra n.º 002-2011.
0160-2013
CO-CADC- 23 de julio La interventoría dio cuenta del desequilibrio económico
0161-2013 de 2013 del contrato, por cuenta de los inconvenientes en el
CO-CADC- contrato de obra n.º PDA-O-100-2011.
0162-2013
CO-CADC- 23 de julio La interventoría dio cuenta del desequilibrio económico
0163-2013 de 2013 del contrato, por cuenta de los inconvenientes en el
CO-CADC- contrato de obra n.º PDA-O-072-2011.
0164-2013
CO-CADC- 23 de julio La interventoría dio cuenta del desequilibrio económico
0165-2013 de 2013 del contrato, por cuenta de los inconvenientes en el
CO-CADC- contrato de obra n.º EPC-O-042 de 2010
0165-2013
CO-CADC- 23 de julio La interventoría dio cuenta del desequilibrio económico
0167-2013 de 2013 del contrato, por cuenta de los inconvenientes en el
CO-CADC- contrato de obra n.º EPC-O-044-2010.
0168-2013
CO-CADC- 23 de julio La interventoría reiteró el contenido del oficio CO-CADC-
0169-2013 de 2013 0121-2013.
CO-CADC-
0170-2013
CO-CADC- 26 y 27 de La interventoría solicitó el pago del saldo pendiente, de
0058-2014 agosto de conformidad con lo acordado en el parágrafo cuarto de
CO-CADC- 2014 la cláusula décima del contrato.
0059-2014
CO-CADC-
0060-2014
CO-CADC-
0061-2014
CO-CADC-
0062-2014
CO-CADC-
0063-2014

72

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

CO-CADC-
0064-2014
CO-CADC-
0065-2014

A partir de lo anterior, resulta claro que el Consorcio Aguas de Cundinamarca 2011,
con ocasión de las obligaciones a su cargo, allegó diferentes oficios al supervisor del
contrato en los que presentó observaciones en el marco de los contratos de obra n.os
001-2011, PDA-O-053-2011, 013-2011, PDA-O-057-2011, PDA-O-072-2011, 002-
2011, 004-2011, PDA-O-100-2011, EPC-O-042-2010, EPC-O-044-2010 y 038-2010,
relacionadas con los diseños, presupuestos, aspectos técnicos, conciliación de
precios unitarios, avance en la ejecución y seguimiento de las obras y temas atinente
la liquidación de los contratos de obra, y también elevó diversas solicitudes de
reuniones e información, de prorrogas, de suspensiones, de modificaciones, también
solicitudes para imponer multas y declarar caducidades, lo que da cuenta de algunos
de los inconvenientes referidos por la parte actora en su escrito de demanda.

No obstante, la Sala echa de menos elementos de prueba que permitan corroborar si
en efecto los contratos de obra referidos se prorrogaron y suspendieron y si, por tanto,
su plazo se extendió en los términos señalados por la parte actora, así: el contrato de
obra n.º 001-2011 durante 30 meses más, el contrato de obra n.º PDA-O-053-2011
durante 34 meses más, el contrato de obra n.º 013-2011 durante 17.9 meses más,
contrato de obra n.º PDA-O-057-2011 durante 10.9 meses más, el contrato de obra
n.º PDA-O-072-2011 durante 32.2 meses más, el contrato de obra n.º 002-2011
durante 20 meses más, el contrato de obra n.º 004-2011 durante 1.5 meses más, ell
contrato de obra n.º PDA-O-100-2011 durante 26.7 meses más, el contrato de obra
n.º EPC-O-042-2010 durante 26.7 más, el contrato de obra n.º EPC-O-044-2010
durante 33.7 meses más y el contrato de obra n.º 038-2010 hasta el 7 de marzo de
2014 y si dicha circunstancia derivó en una mayor permanencia para la interventoría.

De hecho, en el proceso no reposan los contratos de obra ni sus modificatorios,
documentos sin los cuales, a juicio de la Sala, no es posible determinar con plena
certeza lo aducido por la parte actora, esto es, si en efecto aquellos se suspendieron
y prorrogaron durante el término referido y mucho menos si esto último, en caso de
haberse presentado, obedeció a los “inconvenientes” indicados por el consorcio en la
demanda.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

En este orden, resulta forzoso concluir que en el caso concreto no está probado la
mayor permanencia alegada por la parte demandante, pues las únicas pruebas que
sobre este particular fueron aportadas al proceso, esto es, los oficios y
comunicaciones allegadas por la parte actora con su recurso de apelación, por sí solos
no dan cuenta de que los contratos de obra se hubiesen prorrogado y suspendido
durante el periodo de tiempo y en las condiciones aludidas en la demanda, de tal
suerte que no es posible determinar si se presentaron circunstancias extraordinarias,
imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato, que hubiesen
alterado o agravado las prestaciones a cargo del contratista.

Además de lo anterior, la parte actora tampoco probó la excesiva onerosidad
resultante de las circunstancias alegadas, puntualmente los mayores costos de
personal, administración, personal técnico no facturable y financieros.

A este efecto, al proceso fue allegado el dictamen pericial elaborado por la empresa
Consultores Donovan S.A.S., el cual, de conformidad con la demanda y en
concordancia con lo ordenado en el marco de la audiencia inicial, tuvo por objeto
determinar: (i) el costo total del personal para todos y cada uno de los frentes y
proyectos de la obra sujetos a la interventoría; (ii) el gasto total en cuanto a la
administración del contrato y personal técnico no facturable; (iii) los gastos por
impuestos, pólizas, seguros y legalizaciones; y (iv) los costos financieros por la
modificación del flujo de caja.

En la experticia, en capítulo preliminar, se empezó por hacer referencia al plazo
inicial de cada uno de los contratos objeto de la interventoría, a la adjudicación del
proceso contractual, a la suscripción del contrato, su objeto, alcance del objeto,
plazo, valor inicial, fecha de suscripción y forma de pago, luego de lo cual se
concluyó que a partir de “dichas novedades [se refiere a las prórrogas y adiciones],
se puede deducir que estas eran imprevisibles al momento de la elaboración del
estudio previo y sus causales son ajenos a la interventoría CONSORCIO AGUAS
DE CUNDINAMARCA”. Además, tras hacer mención puntual a las adiciones y
prórrogas al contrato de interventoría, se afirmó que en el caso concreto se presentó
“una mayor permanecía de 26 meses y 7 días” y que durante la misma “la
interventoría cumplió con sus funciones a cabalidad”, tras lo cual se indicó que, de

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

conformidad con la revisión documental realizada, puntualmente la entrega de los
informes mensuales de interventoría de cada proyecto, el consorcio ejecutó la labor
encomendada a lo largo de 35 meses.

En tal sentido, se concluyó que:

“El término inicial estaba para que la interventoría se realizara del 29 de Abril de
2011 hasta el 29 de Enero de 2012, plazo que no se cumplió y se tuvo que hacer
una ampliación de tiempo para terminarlo. Como muestra de que la interventoría
estuvo presente 100% durante el periodo de ejecución del 29 de Abril de 2011 al 28
de marzo de 2014 realizando sus funciones, se tienen los informes mensuales
mencionados anteriormente, además se considera que las razones de ampliación
fueron ajenas a este.

Por otro lado, las condiciones iniciales se vieron alteradas ya que la interventoría
debió asumir los gastos asociados a la ejecución del proyecto de forma continuada,
sin recibir contraprestación a cambio, es decir que debió atender la ejecución del
contrato con unos costos y gastos de administración superiores a los establecidos
inicialmente, dado que el contrato se extendió en el tiempo más allá de lo planeado”.

Posteriormente, en el dictamen se abordaron los interrogantes que hicieron parte
del objeto de la prueba, frente a los cuales se adujo lo siguiente:

(i) En cuanto al costo total del personal de los frentes y proyectos de obra, se afirmó
que el valor del personal asignado al consorcio, a partir de la oferta y de las
adiciones fue de $560.708.977, suma que, según se indicó, es inferior al costo en
que incurrió el consorcio demandante para sufragar los gastos de personal.

Sobre el particular, se precisó que, de conformidad con los balances y soportes de
pago del consorcio, así como también los de la sociedad SERVINC Ltda., integrante
del consorcio, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 el valor total del personal
contratado para ejecutar la interventoría ascendió a la suma de $1.009.658.016.,
información que se cuantificó de cara a cada uno de los contratos sujetos a la
interventoría.

(ii) Frente a los gastos de personal técnico no facturable, se puso de presente que
dichos gastos comprenden el valor sufragado por “las personas que tenían como
función apoyar las tareas directamente relacionadas con el consorcio pero que su
ayuda no estuvo prevista dentro de la oferta económica”, suma que para los años
2011, 2012, 2013 y 2014 se calculó en un total de $13.707.573.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

(iii) Con relación a los gastos de administración, en el dictamen se relacionó un
listado de ítems para la estimación de gastos generales con su respectivo valor,
después de lo cual se manifestó que “la mayor parte de los gastos generales durante
los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que incluye los servicios prestados por la
empresa SARVINC LTDA al CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011 por
los conceptos de administración del recurso humano (elaboración de contratos,
afiliaciones, nóminas, liquidaciones, certificaciones, etc.) gestión del sistema HSEQ
(capacitaciones, exámenes de ingreso, auditorias, dotaciones, vacunación, etc)
manejo de contabilidad (gestión de proveedores, pagos, facturas, elaboración de
estados financieros, impuestos, etc.) alquiler de oficina con dotación, servicios
públicos, asesorías legales, asesorías financieras, representación legal, etc, los
cuales fueron ejecutados a lo largo de toda la vigencia del contrato de interventoría,
inclusive hasta su liquidación”, cuyo valor depurado y tras eliminar las partidas
dobles, se calculó en $500.293.712,59.

(iv) Frente a los gastos por concepto de impuestos, pólizas, seguros y
legalizaciones, en la experticia, tras relacionar las pólizas que adquirió el contratista,
se afirmó que su valor aproximado fue de $5.174.018

(v) En lo que corresponde a los costos financieros, en el dictamen se realizó una
comparación del flujo de caja real frente al flujo de caja mensual que debió recibir el
demandante de conformidad con su oferta y, a partir de su diferencia, se estimó la
rentabilidad del flujo de caja real en $ 724.100.576, que actualizado arrojó un monto
de $900.155.471 y sobre el cual se calcularon intereses moratorios y se sumó el
valor de las utilidades, para un saldo final de $1.747.196.221 a enero de 2018.

(vi) Finalmente, en la experticia, a partir de lo establecido parágrafo cuarto de la
cláusula décima del contrato, se hizo mención a los valores adeudados por EPC al
consorcio y se concluyó que el monto era de $479.662.586,56.

De conformidad con lo establecido en los artículos 232 y 235 del Código General
del Proceso, el juez debe apreciar el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, teniendo en cuenta para tal efecto su solidez, claridad, exhaustividad
y calidad. Asimismo, debe observar que se encuentre debidamente fundamentado

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

y que el perito sea competente para rendir el dictamen, es decir, que sea un experto
en la materia científica, técnica o artística analizada. Además, es deber del juez
valorar la imparcialidad del perito, pudiendo negarle efectos a la prueba cuando
existan circunstancia que afecten gravemente su credibilidad.

En este orden, tras valorar el contenido del dictamen, la Sala considera que la
prueba, en punto a los aspectos objeto de debate, es decir, en lo que concierne a
los sobrecostos reclamados por el consorcio con ocasión de la mayor permanencia
en obra, originada en los “inconvenientes” que condujeron a que los contratos de
obra se prorrogaran y suspendieran, carece de eficacia probatoria, como pasa a
explicarse.

Al respecto, se observa que en la experticia se desarrolló un capítulo preliminar en
el que, como si se tratara del análisis jurídico y probatorio a cargo del juez del
contrato, se concluyó que en el caso concreto se configuró una mayor permanencia
en obra por hechos no atribuibles al demandante y que dicha circunstancia alteró el
equilibrio económico del contrato, aspecto que, en criterio de esta Sala, además de
poner en entredicho la imparcialidad de la empresa que rindió el dictamen, pues de
forma anticipada se establecen conclusiones que marcan el derrotero de las
respuestas frente a cada uno de los interrogantes objeto de la prueba, va en
contravía de los postulados contenidos en el artículo 232 del CGP, según el cual
resultan inadmisibles las cuestiones que versen sobre puntos de derecho.

En este sentido, las consideraciones que sobre el particular se incluyeron en la
experticia corresponden a conclusiones basadas en apreciaciones personales
sobre aspectos de orden jurídico cuyo análisis corresponde exclusivamente al juez
del contrato. Por tanto, en este punto la prueba referida carece de eficacia
probatoria, pues ciertamente este medio de prueba tiene por objeto el estudio de
aspectos técnicos, científicos o artísticos que requieran especiales conocimientos,
sin que tengan cabida puntos de derecho.

De otra parte, en lo que guarda relación con los costos de personal, llama la atención
que en el dictamen se realizó un cálculo general de los mayores valores reclamados,
sin descontar los valores pagados al contratista con ocasión del contrato de
interventoría y sus adiciones.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

Asimismo, en lo que atañe a los gastos de personal técnico no facturable, se
advierte que el fundamento para reconocer el valor se centra en el argumento según
el cual ciertas personas apoyaron las labores del consorcio pero su ayuda no quedó
incorporada en la oferta, lo cual, en criterio de la Sala, va en contravía de lo
estipulado en el contrato, puntualmente en el parágrafo tercero de la cláusula
décima, en el que se acordó que el valor del contrato comprendía todos los gastos
de administración, salarios, prestaciones sociales, indemnización de personal,
incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentación de todo el equipo de trabajo, así como el desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales y herramientas y toda clase de honorarios
relacionada con la ejecución del contrato, de tal suerte que cualquier valor
relacionado con personal debió ser previsto por el contratista al momento de
formular su oferta.

Ahora, en lo que guarda relación con los gastos por concepto de impuestos, pólizas,
seguros y legalizaciones, la Sala se abstendrá de valorar lo manifestado en la
experticia, pues, tal y como quedó visto, esta reclamación quedó cobijada en el acta
de liquidación bilateral y, por tanto, no es procedente su estudio en esta sede
judicial.

Finalmente, en cuanto a los valores adeudados por EPC al consorcio frente a cada
uno de los proyectos, se aprecia que dicho interrogante no hizo parte del objeto de
la prueba. De hecho, ni en la demanda ni en la audiencia inicial se solicitó absolver
esta pregunta, lo cual, en criterio de la Sala, nuevamente pone en entredicho la
imparcialidad de la empresa que elaboró el dictamen, pues aquella entró a
pronunciarse sobre aspectos que, si bien hacen parte del proceso, no fueron
incorporados en la prueba y sobre los cuales no tendría por qué tener conocimiento
alguno. De hecho, el objeto de la experticia se encaminó a determinar los
sobrecostos por la mayor permanencia en obra, pero no se centró en establecer los
perjuicios derivados de la responsabilidad contractual de la demandada.

En este orden de ideas, la Sala considera que el dictamen pericial carece de eficacia
probatoria, pues, tal y como quedo visto, existen circunstancias que afectan la
credibilidad de lo dicho en el informe. Además, las conclusiones a las que se llegó

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

en el informe técnico no son del todo precisas, se refieren a puntos de derecho y
desbordaron el objeto de la prueba110.

En suma, para la Sala las pruebas allegadas al plenario no resultan suficientes a
efectos de demostrar que en el caso concreto se presentaron circunstancias
extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del
contrato, que hubiesen generado una excesiva onerosidad para el contratista. De
hecho, no bastaba con sostener que se presentaron inconvenientes que causaron
una mayor permanencia en obra, los cuales generaron sobrecostos; era
indispensable aportar las pruebas que soportaran la configuración de las
circunstancias alegadas, así como la causación de los valores reclamados, lo cual
no se encuentra acreditado en el proceso.

A partir de lo anterior, la Sala estima que el consorcio demandante no cumplió con
la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”, de donde las circunstancias extraordinarias, imprevistas e
imprevisibles que presuntamente generaron una excesiva onerosidad del contrato
requieren de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal
onus, impide su reconocimiento.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, condenó en costas a la demandante y negó la objeción por error grave

110 De tiempo atrás esta Corporación ha sostenido que la eficacia probatoria del dictamen pericial

requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus
conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las
materias objeto de examen y no de otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que
pueda utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad;
(iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un
motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave;
(vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y
consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el
hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del
perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta
de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas. Al respecto Cfr. Consejo de Estado.
Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En el mismo sentido Cfr. Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, Rad.: 27959 y Sentencia del 21 de
marzo de 2012. Rad.: 24250.

79

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

formulada por la demandada contra el dictamen pericial allegado al proceso, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al
constatar: (i) que EPC no incumplió lo establecido en el parágrafo cuarto de la
cláusula décima del contrato de interventoría, y (ii) que no se acreditaron
circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles que hubiesen generado
una excesiva onerosidad para el contratista.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, por concepto de agencias en derecho111, pues interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su

111 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.

80

Radicado: 25000-23-36-000-2016-02417-01 (61711)
Demandante: REDCOM LTDA Y OTRO

liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366
del Código General del Proceso.

Al efecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 3112 y 4113 del artículo
366 ibídem, en concordancia con el artículo 5114 del Acuerdo No. PSAA16-10554
del 5 de agosto de 2016, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en
derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual
tratándose de procesos declarativos en general la tarifa de agencias se ubicará
entre 1 y 6 SMLMV, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en tres
(2) SMLMV, que corresponden a la suma de $2.000.000 y que se consideran
causadas y comprobadas en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso,
así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora 115.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,

112 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos

judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de
los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas,
el juez los regulará”.
113 “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
114 “ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
[…]
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
115 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

81
yiSvLI
ss Radicado:25000-23-36-000-2016-02417-01 (61.711]
oe: Deniandante: REDCOM LTDA Y OTRO

las cuales seran liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con Io expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideracion Io dispuesto en los articulos 366 y 365.8 del Codigo
General del Proceso.

Fijar por concepto de agendas en derecho en segunda instancia la suma de DOS
MILLONES DE PESOS ($2,000,000) en favor de Empresas Publicas de
Cundinamarca S.A. E.S.P.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Seeretarla REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE

ILL.
GUILLERMCLS LUQUE
Magistrado
Aclaracion de voto. Cfr. Rad. 53.814-22 #1
y voto disidente Cfr. Rad. 62.009-19.

JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
Aclaracion de voto
i
GC2

i

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