RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01705-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01705-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01705-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Francisco Javier Restrepo Peláez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00 Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01705-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de mayo de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: FRANCISCO JAVIER RESTREPO PELÁEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
TERCERA DE ORALIDAD

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Francisco Javier
Restrepo Peláez, en contra de la sentencia proferida el 21 de noviembre
de 2024 por la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado nro. 05837 33 33 002 2016 00027 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Francisco Javier Restrepo Peláez, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada
providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

“[…] PRIMERO: RUEGO A LOS HONORABLES MAGISTRADOS Y
MAGISTRADAS DEL CONSEJO DE ESTADO: TUTELAR los
derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD,
IGUALDAD, AL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, SEGURIDAD JURIDICA, AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD, DERECHO AL TRABAJO, MINIMO VITAL,
PROTEGER A SU VEZ LA CONSTITUCION Y LA LEY 909 DEL
2004 POR INFRACCION DIRECTA Y DESCONOCIMIENTO A
LOS PRESEDENTES (sic) JURISPRUDENCIALES APLICABLES
AL CASO EN CONCRETO, AMPARANDO AL ACTOR.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia S-3 -217 del
21 Noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia en su sala tercera de oralidad. Dentro del proceso con
radicado 05837-33-33-002-2016-00027-01

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia sala
tercera de oralidad que, en el término de esta providencia, profiera
una nueva sentencia dentro del proceso ordinario Laboral
promovido, teniendo en cuenta los lineamientos vigentes,
establecidos por la constitución, la ley y la jurisprudencia que versa
sobre la presente Litis. Sin violación al debido proceso, la
constitución, la ley 909 del 2004 y el principio de legalidad […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que mediante la Resolución nro. 0012 del 6 de
septiembre de 2010 fue nombrado en provisionalidad en el cargo de
citador grado 3 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo Antioquia.

Relató que “(…) el día 13 de enero del año 2014 la jefa inmediata del
despacho evaluó el desempeño laboral del actor, en el periodo
comprendido entre el 01 de abril del año 2013 y el 19 de diciembre del
2013. Obteniendo como puntaje 87, lo cual lo situaba como un excelente
empleado Y desde la fecha de la anterior evaluación del desempeño
laboral, realizada el 13 de enero del 2014. El despacho no lo volvió a
evaluar y dicha omisión de conformidad con el acuerdo nro. 137 del 14
de enero del 2010 de la comisión nacional de servicio civil. Equivale para
enero 2015 considerar que el desempeño del actor fue satisfactorio. Y la

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

próxima evaluación estaría programada para enero del 2016 (…)”2; sin
embargo, el 8 de septiembre de 2015 fue declarado insubsistente.

Señaló que no fue separado del cargo producto de un proceso
disciplinario, ni de una evaluación insatisfactoria en el desempeño de sus
funciones, sino que “(…) los fundamentos que tuvo su jefa inmediata para
desvincularlo, fue que lo hacía por razones del buen servicio, cuando
manifestó en la resolución en la que lo declar[ó] insubsistente “la única
salida viable que se observa es la desvinculación del cargo que
desempeña en provisionalidad con el propósito único y exclusivo de
mejorar en el servicio. Esta resolución desarrolla los postulados
establecidos en la ley 909 del 2004 en su artículo 41 y en especial lo
mandado en su parágrafo segundo y de igual manera, la jurisprudencia
constitucional y del concejo (sic) de estado en lo que a la motivación del
retiro del servicio en estas circunstancias se refiere” (…)”3.

Aseguró que la causal invocada para separarlo del cargo es la dispuesta
en el literal c del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 que, anotó, fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-501
del 17 de enero del 2005.

Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del acto administrativo contenido en la Resolución nro. 010 del
8 de septiembre de 2015 que lo declaró insubsistente y que, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, en sentencia del 30 de
mayo de 2019 negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de apelación y la
Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en
sentencia del 21 de noviembre de 2024 la confirmó.

2
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
3
Ibidem.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

Explicó que el debido proceso, además de ser un derecho, es una garantía
que goza de plena protección constitucional. Al efecto, citó un aparte del
artículo 29 de la Constitución Política que dispone que “Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes prexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio” y adujo que “(…) en el caso en concreto el actor
fue retirado de su cargo conforme a una normatividad no prexistente al
acto que se le imputa por razones de mejoramiento del servicio, por
cuanto esta fue declarada inexequible por la corte constitucional
violándole así el debido proceso. Por cuanto al momento de su retiro no
hacia parte del ordenamiento jurídico colombiano (…)”4.

Argumentó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-954 de 2006,
determinó como principales elementos integrantes del derecho al debido
proceso, entre otros, el derecho a obtener decisiones ceñidas
exclusivamente al ordenamiento jurídico, debido a los principios de
legalidad de la función pública y la independencia funcional del juez, por
lo que aseveró que “(…) en el caso en concreto se tomó una decisión no
ceñida al ordenamiento jurídico, por cuanto se tomó una decisión con una
causal que no hacia parte del ordenamiento jurídico por cuanto había sido
declarada inexequible por la corte constitucional, violándole así al actor
su debido proceso (…)”5.

Finalmente arguyó que “(…) con las acciones y omisiones de los
honorables magistrados de la sala tercera de oralidad del tribunal
administrativo de Antioquia, al confirmar la sentencia de primera
instancia, se vulneran derechos fundamentales del actor como lo son: El
debido proceso, defensa y contradicción, igualdad, seguridad jurídica,
acceso efectivo a la administración de justicia, estado social de derecho,
principio de legalidad, se infringe directamente la constitución y la ley 909
del 2004 y los precedentes jurisprudenciales de la corte constitucional con
relación a la estabilidad relativa de los nombrados en provisionalidad en

4
Ibidem.
5
Ibidem.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

cargos de carrera y las causales que son regladas para su retiro. Se viola
el derecho al trabajo, mínimo vital del actor y sobre todo se constituye en
unas violaciones de carácter arbitrario (vía de hecho), y se genera una
falla en la administración de justicia, por cuenta de quienes el estado ha
conferido la misión de administrarla, cuando (…) El tribunal superior de
Antioquia en su sala tercera de oralidad, al referirse al título LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA indic[ó] en el último párrafo “Indico
que por haberse declarado inexequible el literal C del artículo 41 de la ley
909 del 2004, no se tenga que sostener a un empleado que no logr[ó]
adquirir las competencias para el cargo o que no logr[ó] cumplir con las
funciones de citador, a pesar del tiempo que se le concedió, pues se
requiere que el empleado tenga compromiso, capacidad y disposición en
la prestación eficiente del servicio.” Lo que permite promover esta acción
constitucional de protección para que se otorgue el amparo oportuno y
eficaz. Máxime si se están violando derechos fundamentales, tomando
decisión con una norma que fue declarada inexequible por la corte
constitucional (…)”6.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 20 de marzo de 20257 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 31 de marzo de 20258 la admitió y dispuso
notificar9 a la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, como parte accionada, así como vincular10 al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo y a la Nación – Rama Judicial –

6
Ibidem.
7
Visto en los índices 2 y 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
8
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
9
Esta orden se cumplió el 8 de abril de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
10
Ibidem.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como terceros interesados
en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Turbo y a la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia, para que allegaran copia digital del expediente identificado con
el radicado 05837 33 33 002 2016 00027 00/01, el cual fue remitido11.

3.2. El profesional universitario de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial allegó escrito12 en el que
solicitó que se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

Manifestó que “(…) en atención a la excepcionalidad del mecanismo de la
acción tutela es improcedente alegar una presunta vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales invocados frente a las decisiones
adoptadas por la autoridad judicial demandada, sin que sea permitido
para el funcionario de tutela desplazar la autonomía del juez natural, en
el marco del principio de la sana crítica y la debida apreciación probatoria
adoptada en su momento por las autoridades judiciales (…)”.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que, “(…) en gracia de discusión, mi
representada no es la llamada a responder por las decisiones adoptadas
por esa Corporación, la cual se encuentran amparadas bajo los principios
de autonomía e independencia judicial, conforme lo previsto en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política (…)”, comoquiera que “(…)
verificadas las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, contenidas en la Ley 270 de 1996, no figura aquella atinente a
dejar si efectos decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales
(…)”.

11
Visto en los índices 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
12
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

Alegó que “(…) la DEAJ como una entidad de naturaleza técnica y
administrativa de la Rama Judicial- Nivel Central- no tiene injerencia en
las decisiones judiciales adoptadas por los jueces y magistrados, máxime
cuando no intervino en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como extremo accionado. Por el contrario,
se advierte que, en virtud de la desconcentración administrativa, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín es la entidad
llamada a comparecer como tercero vinculado en el marco de la acción
constitucional, toda vez que ejerció la representación de la Nación- Rama
Judicial, conforme lo previsto en el numeral 7 del artículo 103 de la Ley
270 de 1996, adicionado por el artículo 46 de la Ley 2430 de 2024 (…)”.

Por último, expuso que “(…) en todo caso, esta defensa advierte que los
argumentos de la actora no tienen vocación de prosperidad, porque no
existe claridad en los defectos alegados, así como no aportó pruebas
conducentes que soporten sus argumentaciones, máxime cuando no
expresó con claridad los defectos en que incurrió la sentencia censurada.
Por el contrario, se considera que la presente acción constitucional se
presentó para intentar reabrir un debate probatorio propio del proceso
ordinario (…)”.

3.3. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe13
en el que solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante.

Sostuvo que “(…) lo pretendido por el accionante es que por medio de la
acción de tutela se reabra un debate respecto de la ilegalidad de la
Resolución No. 010 del 08 de septiembre de 2015, mediante la cual fue
declarado insubsistente del cargo de citador Grado 3, que venía
ejerciendo, el cual ya se controvirtió ante el juez ordinario, por lo que no
es procedente realizar nuevamente el estudio que se pretende (…)”.

13
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

Argumentó que, “(…) al momento de proferirse la sentencia de segunda
instancia por parte de esta Corporación, se analizaron las pruebas
obrantes en el expediente y se pudo determinar que no se desvirtuó la
legalidad del acto administrativo, mediante el cual se declaró
insubsistente el cargo que desempeñaba el accionante, pues su
motivación se ajustó a la realidad, tal y como lo determina la ley y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado (…)”

Resaltó que “(…) si bien, no se desconoce que el literal c) del artículo 41
de la Ley 909 de 2004 se declaró inexequible por la Corte Constitucional,
mediante la sentencia C-501 de 2005, no sólo por este hecho el
nominador perdió la facultad de retirar del servicio a quienes ostenten un
nombramiento en provisionalidad de un cargo de carrera, pues la facultad
para desvincular a los empleados en provisionalidad es una atribución
legal, que está atada a un grado de confianza para su desempeño, que
fue precisamente la razón que condujo al nominador a declarar la
insubsistencia del demandante y que se fundamentó en motivos que
fueron debidamente expuestos en el acto administrativo (…)”

Finalmente arguyó que “(…) no es cierto lo indicado por el accionante, en
cuanto a que la Corporación al momento de proferir la sentencia no tuvo
en cuenta la Constitución Política, la ley y el precedente jurisprudencial,
pues fue debido a su estudio y aplicación que se confirmó la decisión de
negar las pretensiones, toda vez que el acto administrativo demandado
fue debidamente motivado y no se logró desvirtuar que estuviera viciado
por falsa motivación (…)”.

3.4. El titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo
presentó escrito14 en el que hizo un breve recuento del trámite impartido
en primera instancia al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de debate e indicó que “(…) no es cierto que se le estén o hayan
vulnerado los derechos que invoca en el escrito tutelante, pues queda

14
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

claro que durante el trámite del proceso anteriormente referenciado,
tanto en primera como en segunda instancia, contó con todas las
garantías y oportunidades procesales para que se pronunciara sobre sus
inconformidades; es por ello que la tutela en esta oportunidad se torna
improcedente y, en consecuencia, se solicita sea denegada (…)”.

3.5. La apoderada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín allegó escrito15 en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, comoquiera que “(…) los argumentos
esgrimidos por el accionante ya fueron discutidos ante su juez natural
donde se cuestionó la validez del acto administrativo con el cual fue
declarado insubsistente y fue dentro del proceso Contencioso
administrativo que tuvo todas las garantías para desvirtuar la legalidad
del mismo acto (…)”.

Adujo que “(…) el accionante, más allá de exponer sus motivos de
inconformidad contra los actos administrativos objeto de controversia, no
advierte ni acredita la existencia de un perjuicio irremediable que torne
imperiosa la intervención de esta Corporación en sede constitucional y
que tenga que ver con las providencias cuestionadas, se reitera, el Acto
Administrativo que lo declaró insubsistente, ya paso el examen de
legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa (…)”.

3.6. El expediente ingresó al despacho para fallo el 23 de abril de 202516.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de

15
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
16
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

noviembre de 199117 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,18 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202119, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201920, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:

4.2.1. El señor Francisco Javier Restrepo Peláez, actuando por conducto
de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento en contra
de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, pretendiendo lo siguiente:

“[…] 1) Se declare la nulidad de la Resolución nro. 010 del 08 de
septiembre del 2015 por medio del cual se declar[ó] insubsistente al
actor, del cargo de citador grado 3 que desempeñaba en el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Turbo.

2) Que como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, sea reintegrado al cargo que ocupaba
antes de su desvinculación y se le reconozcan y paguen los salarios
y los demás emolumentos salariales y prestaciones a que tenga
derecho. Dejados de percibir desde el día 08 de septiembre del 2015
hasta que opere el reintegro efectivo en el cargo que desempeñaba
por concepto de salarios, cesantías y sus intereses, prima de
servicio, de navidad y de vacaciones, vacaciones, horas extras,
dominicales, festivos, bonificaciones por servicios, aportes para
pensión y salud dejados de percibir, se realice la indexación sobre
las sumas adeudadas y se me paguen los intereses comerciales y de

17
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
18
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
19
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
21
Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05837 33 33 002 2016
00027 00/01. Visto en los índices 10, 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

mora sobre ellas conforme al artículo 177 del CCA y el artículo 195
del CPACA y demás normas concordantes,

3) Que se condene en costas y agencias en derecho al demandado
[…]”.

En la precitada demanda, se invocaron los siguientes cargos:

“[…] PRIMER CARGO. Debe declararse la nulidad del acto
administrativo por medio del cual fue declarado insubsistente el
convocante del cargo de citador grado 3 por cuanto fue expedido
con FALSA MOTIVACIÓN.

(…)

SEGUNDO CARGO. Debe declararse la nulidad del acto
administrativo por medio del cual fue declarado insubsistente el
convocante del cargo de citador grado 3 por cuanto fue expedido
con INFRACCIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY EN QUE DEBERIA
FUNDARSE.

Por cuanto al tomarse la decisión para destituir al convocado por
razones del buen servicio. Dicha causal contemplada en la ley 909
del 2004, artículo 41 literal c) fue declarada inexequible mediante
sentencia de la Corte Constitucional C-501 del 17 de mayo del 2005
(…).

TERCER CARGO. Debe declararse la nulidad del acto administrativo
por medio del cual fue declara insubsistente el convocante del cargo
de citador grado 3 por cuanto VIOLO EL DEBIDO PROCESO artículo
29 de nuestra CN […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de la demanda).

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo que, por auto del 17 de mayo de
2016 la admitió y dispuso notificar a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

4.2.3. Surtido el trámite procesal correspondiente, en sentencia del 30
de mayo de 2019 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Turbo negó las pretensiones de la demanda.

4.2.4. Inconforme con la decisión anterior, el señor Restrepo Peláez, hoy
accionante, interpuso recurso de apelación reiterando los cargos
invocados en la demanda y la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

Administrativo de Antioquia, en sentencia del 21 de noviembre de 2024,
la confirmó.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En cuanto a la solicitud de desvinculación formulada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Sala advierte que esta no es
procedente, comoquiera que dicha entidad fue vinculada al trámite tutelar
por tener interés en el resultado del proceso, atendiendo a que la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto de esta
acción, fue promovida en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe
verificar es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá
en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”22.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional23.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades24:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

22
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
23
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
24
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia25. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que “la tutela no
es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera
legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal” (…)”. (Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial”. (Se destaca).

25
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.

Lo anterior, debido a que, a través de la acción de tutela, el accionante
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que sus inconformidades están
encaminadas a insistir en la ilegalidad del acto administrativo que lo
declaró insubsistente del cargo de citador grado 3 que ocupada en el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo con Funciones de
Conocimiento, comoquiera que, según alegó, fue retirado del cargo
conforme la causal dispuesta en el literal c del artículo 41 de la Ley 909
de 2004, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-501 del 17 de enero del 2005, lo cual ya fue expuesto en el
precitado proceso.

Al respecto, en el trámite del proceso ordinario, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Turbo, en la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda, señaló lo siguiente26:

26
Aparte tomado de la sentencia de primera instancia proferido en el proceso ordinario
objeto de debate, aportada por el accionante. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

“[…] tampoco puede alegarse que por haberse declarado inexequible
el literal c, del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, que condicionaba
el retiro de los empleados por razones del buen servicio, se tenga
que sostener a un empleado que no logró adquirir las competencias
para el cargo, o que no cumplió con las funciones propias del Citador,
en este caso, a pesar del tiempo que se le concedió.

Se reitera entonces, el nombramiento en un cargo público exige que
se reúnan las condiciones y requisitos para ejercerlo, se requiere
que el empleado tanga compromiso, capacidad y disposición en la
prestación eficiente del servicio, circunstancias que, en el caso
analizado, no se lograron demostrar.

Así las cosas, el acto administrativo por medio del cual se retiró del
servicio al señor Francisco Javier, en su condición de Citador del
Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento,
se presume expedido con fundamento en supuestos de hechos
serios, objetivos y ciertos, presunción legal que no logró ser
desvirtuada en sede judicial […]”.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo
utilizada como una tercera instancia o un recurso adicional para
controvertir lo resuelto por el juez natural de la causa en el proceso
ordinario y plantear nuevamente los reproches aducidos en sede judicial,
por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la petición de amparo no cumple con el tercer criterio de
la relevancia constitucional.

Ahora, frente al argumento indicado en el escrito de tutela, respecto a
que “(…) con las acciones y omisiones de los honorables magistrados de
la sala tercera de oralidad del tribunal administrativo de Antioquia, al
confirmar la sentencia de primera instancia (…) se infringe directamente
(…) los precedentes jurisprudenciales de la corte constitucional con
relación a la estabilidad relativa de los nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera (…)”27, es preciso anotar que el accionante no determinó
cuáles son las providencias que constituyen precedente, que eran
aplicable a su caso y que fueron desconocidas por la autoridad judicial
accionada.

27
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01705 00.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida; pero ese no es el
supuesto en el caso que aquí se examina, ya que la parte accionante no
alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto
en el proceso.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor Francisco Javier Restrepo Peláez, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01705 00
Accionante: Francisco Javier Restrepo Peláez

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.