Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01719-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01719-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01719-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
3 de junio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01719-01
Demandante: CARLOS ALBERTO BEDOYA ORTIZ
Demandado: SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
• DEFECTO FÁCTICO - SE REVOCA LA DECISIÓN QUE
DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA Y EN SU LUGAR SE
CONCEDE EL AMPARO.
Síntesis del caso: el demandante cuestionó la sentencia proferida en segunda instancia en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo ficto mediante
el cual se negó el pago de una sanción por mora en el reconocimiento del auxilio de cesantías,
pues consideró que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico. La Sala revocará la
sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional y, en su lugar, concederá el amparo al debido proceso.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la que se decidió:
“(…) SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por
el señor Carlos Alberto Bedoya Ortiz contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por no superar el requisito de la
relevancia constitucional” (negrillas del original - archivo disponible a índice
15 en SAMAI).
I. ANTECEDENTES
El 21 de marzo de 2025, el señor Carlos Alberto Bedoya Ortiz promovió acción de tutela
en contra de la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia para
la protección a sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
acceso a la administración de justicia, en conexidad con las garantías de prevalencia
de lo sustancial y tutela judicial efectiva, supuestamente vulnerados con ocasión de la
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Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
Acción de tutela – Impugnación fallo
sentencia proferida el 16 de octubre de 2024 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-33-33-033-2023-00412-01.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):
1) El 9 de noviembre de 2021, el señor Carlos Alberto Bedoya Ortiz presentó una
reclamación en la cual solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías.
2) El 20 de enero de 2022, la Gobernación de Antioquia expidió la Resolución no.
20220600001174, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de cesantías parciales
en favor del demandante.
3) El 4 de marzo de 2022, el demandante recibió el desembolso del auxilio de cesantías
a través de consignación bancaria.
4) El 19 de octubre de 2022, el demandante presentó una petición ante el Ministerio de
Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), la Fiduprevisora SA y la Secretaría Departamental de Educación de
Antioquia en la cual solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.
5) Como el demandante no recibió una respuesta, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo ficto configurado el 19
de enero de 2023.
6) Mediante sentencia del 30 de julio de 2024, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín declaró la nulidad del acto ficto y condenó al Departamento de
Antioquia a pagar la sanción moratoria correspondiente al período comprendido entre
el 19 de febrero de 2022 (fecha en que se configuró la mora en el reconocimiento) y el
3 de marzo de 2022 (día anterior al pago efectivo).
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Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
Acción de tutela – Impugnación fallo
7) El Departamento de Antioquia presentó recurso de apelación1 contra esa decisión y,
con sentencia de 16 de octubre de 2024, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó el fallo de primera instancia; en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda por considerar que la solicitud de cesantías no fue
presentada el 9 de noviembre de 2021, sino el 29 de diciembre del mismo año; por lo
tanto, concluyó que no se configuró mora en el trámite para el reconocimiento y pago
del auxilio solicitado.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante adujo que la sentencia proferida el 16 de octubre de 2024 por la Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia porque adolece de un defecto fáctico, debido a que se desconoció el material
probatorio obrante en el expediente respecto de la fecha en que radicó la solicitud de
cesantías (índice 2 en SAMAI).
En particular, señaló que el tribunal incurrió en un error al considerar que la solicitud de
cesantías fue presentada el 29 de diciembre de 2021, cuando en realidad fue radicada
el 9 de noviembre de 2021, de conformidad con los documentos incorporados en el
expediente; en especial, el formato de radicación de la solicitud de cesantías, el cual
consta con sello institucional de radicación.
El tribunal demandado no fundamentó de manera sólida las razones por las cuales le
otorgó mayor peso a otros elementos probatorios para determinar la fecha de
radicación de la reclamación, máxime cuando aquel documento no fue tachado de
falsedad en el curso del proceso ordinario.
3. Las pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD, en la sentencia proferida el día 16 de octubre
de 2024, en el expediente radicado No. 05001-33-33-033-2023-00412-01,
1 Para sustentar el recurso, sostuvo que la reclamación de reconocimiento y pago del auxilio de cesantías no se
radicó en la fecha indicada por la parte demandante, sino el 29 de diciembre de 2021 bajo la radicación no. 2021
CES 081921, como consta en los considerandos de la resolución que accedió al reconocimiento; por lo tanto, no se
presentó la mora aludida.
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Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
Acción de tutela – Impugnación fallo
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de
la parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y, a la jurisprudencia constitucional y del
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar
sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y, se profiera una
nueva decisión judicial procediendo a un análisis integral de los medios de
convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica
del docente Carlos Alberto Bedoya Ortiz en prevalencia de los principios de
favorabilidad, pro homine, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
y, justicia material” (mayúsculas y negrillas del original - archivo disponible a
índice 2 en SAMAI).
4. La actuación en primer grado
Por auto de 27 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Antioquia y vinculó como terceros interesados al Juzgado 33
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, el Ministerio de Educación Nacional, el
FOMAG y el Departamento de Antioquia, entregándoles copia de la demanda y los
anexos (índice 4 en SAMAI).
5. La sentencia de primera instancia
El 24 de abril de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia que
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional y declaró la falta de legitimación en la causa pasiva del titular del
Despacho 022 de la Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
(índice 15 en SAMAI).
A juicio del a quo, la controversia planteada por el demandante se reducía a un asunto
de mera legalidad, pues no se evidenció una tensión entre derechos fundamentales
frente a lo decidido por el tribunal demandado, sino que se pretendió convertir el
mecanismo de amparo en una instancia adicional para debatir la valoración probatoria
efectuada por el juez ordinario.
Expuso que la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no de corrección; por ende, no
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Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
Acción de tutela – Impugnación fallo
puede utilizarse como un escenario para controvertir cuestiones probatorias o de
interpretación normativa que fueron resueltas por el juez natural, ni para cuestionar
decisiones de legalidad en las que no se advierta una vulneración ostensible de
derechos fundamentales, ya que dichas controversias deben ser definidas por los
jueces ordinarios.
6. La impugnación
El demandante impugnó la sentencia de primera instancia (índice 20 en SAMAI) y le
fue concedida por auto de 12 de mayo de 2025 (índice 28 en SAMAI).
Como motivo de inconformidad, señaló que la acción de tutela sí cumplió con el
requisito de procedencia relativo a la relevancia constitucional, pues la omisión en la
valoración de pruebas determinantes configura una vía de hecho y un defecto fáctico
en su dimensión negativa.
En particular, alegó que el tribunal demandado debió pronunciarse de manera integral
sobre el conjunto probatorio y agotar una argumentación detallada respecto de las
razones por las cuales consideró que el documento contentivo de la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías no resultaba del todo fiable.
La providencia objeto de reproche se fundó en una apreciación arbitraria de las pruebas
al considerar que el acto administrativo de reconocimiento contenía la fecha cierta de
radicación de la solicitud, lo cual desconoció que el formato de radicación de la solicitud
de cesantías también goza de una presunción de autenticidad. En consecuencia,
consideró que se vulneraron los principios de igualdad procesal, buena fe,
imparcialidad, debida motivación de las providencias judiciales y verdad material.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) caso concreto.
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Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
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1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Séptima
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales supuestamente vulnerados con ocasión de
la sentencia proferida el 16 de octubre de 2024, mediante la cual se revocó el fallo de
primera instancia y se negaron las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia de
primera instancia, por las razones que se exponen a continuación.
2.1 El cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
La Sala advierte que la acción de tutela sí cumplió con los requisitos genéricos de
procedibilidad, pues no comparte el criterio expuesto por el a quo, quien señaló que el
presente asunto no superaba el requisito de relevancia constitucional.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
1) El asunto es de evidente relevancia constitucional, habida cuenta de que se plantea
una vulneración a derechos fundamentales por presuntos defectos en una providencia
judicial; planteamientos que no pudieron discutirse en el proceso ordinario porque se
controvierte la sentencia de segunda instancia que revocó aquella en la que se accedió
a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por la parte actora para –en su lugar– negarlas.
2) El debate que se propone en esta sede constitucional pone de manifiesto reproches
en contra de la providencia de segunda instancia y, por ende, no se trata de una mera
reiteración de lo debatido en el proceso ordinario.
3) El solo hecho que la discusión planteada en el escrito de tutela gire en torno a la
valoración probatoria efectuada por el juez ordinario no configura la falta de relevancia
constitucional, pues puede ocurrir que en el debate probatorio resuelto en el proceso
se hubiese incurrido en el defecto fáctico.
4) Por lo demás, la acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedencia
enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) el demandante identificó
de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos que se
transgredieron, ii) se agotaron los medios de defensa judicial disponibles al alcance de
la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, iii) la acción
se promovió dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia2
y, iv) no se ataca una sentencia de tutela.
2.2 Caracterización del defecto fáctico
1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico
de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del
2 La sentencia proferida el 16 de octubre de 2024 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia se notificó por correo electrónico de 17 de octubre de 2024 (índice 12 en SAMAI del proceso con radicación
05001-33-33-033-2023-00412-01) y la tutela se presentó el 21 de marzo de 2025 (índice 3 en SAMAI).
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supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o iii) no decretar pruebas de oficio en
los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.
3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello,
ya sea i) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o ii) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
2.3 El análisis del defecto fáctico en el caso concreto
Para la parte demandante, la decisión objeto de reproche se fundó en una valoración
incompleta y arbitraria de los medios de prueba porque no se tuvo en cuenta que
presentó la solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías docentes el 9 de
noviembre de 2021. Al respecto, esta Sala observa que le asiste razón al demandante
cuando reprocha que la autoridad judicial no valoró una realidad probatoria
determinante, con lo cual incurrió en un defecto fáctico.
1) El Tribunal Administrativo de Antioquia sustentó la decisión de negar las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho con base en que la
Gobernación de Antioquia no excedió el plazo para expedir el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías del demandante, pues, según lo señalado en la
Resolución no. 20220600001174 de 2022, la solicitud se presentó el 29 de diciembre
de 2021. Textualmente indicó:
“El 29 de diciembre del 2021 quedó radicada ante la Secretaría de
Educación del Departamento de Antioquia la solicitud de pago de cesantías
parciales con destino a reparación de vivienda, por parte del docente Carlos
Alberto Bedoya Ortiz. Ello según resolución de reconocimiento de cesantías
2022060001174 del 20 de enero del 2022, la cual goza de presunción de
legalidad en todo su contenido y que, además, al no haber sido recurrida en
vía administrativa por parte del demandante, ni demandada su nulidad en
este proceso, conlleva a determinar que aquel consintió totalmente en lo allí
expuesto y, por lo tanto, surte plenos efectos jurídicos (…)
Lo anterior, permite a esta Sala de Decisión no estar de acuerdo con la
conclusión a la que arrimó el A quo, con relación a la existencia de la mora,
cuya decisión, si bien emerge de tomar como fecha de radicación de la
solicitud la que figura en copia documental allegada por la parte demandante,
lo cierto es que, la misma, no podía ser tomada como prueba de ese hecho
ante la existencia de un acto administrativo dotado de presunción de legalidad
que afirma que la mencionada petición fue presentada en una fecha posterior;
fecha esta, que siempre será la que se debe tener en cuenta para realizar el
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Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
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conteo hasta tanto el acto no haya sido revocado por la autoridad competente
o anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo” (negrillas del
original - archivo “023SentenciaSegundaInstancia.pdf” del expediente digital
del proceso con radicación no. 05001-33-33-033-2023-00412-01 - índice 12
en SAMAI).
2) Como se observa, la autoridad judicial consideró que la Resolución no.
20220600001174 de 2022 consignaba la fecha cierta en que Carlos Alberto Bedoya
Ortiz solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías; no obstante, en el plenario
obraba prueba directa de la radicación de esta solicitud, en la cual consta que la fecha
de presentación fue el 9 de noviembre de 2021.
3) La conclusión del tribunal desconoció abiertamente la fecha de radicación contenida
en el documento con el formato de radicación de la solicitud de cesantías3, la cual se
aportó al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho junto con la demanda y en
la cual figura un sello institucional de radicación de la Gobernación de Antioquia con
fecha de 9 de noviembre de 2021.
4) Adicionalmente, el solo hecho que la Resolución no. 20220600001174 de 2022 de
la Gobernación de Antioquia indicase otra fecha de radicación de la petición no lo
habilitaba para desconocer la prueba documental en cita, toda vez que esta no fue
tachada y también gozaba de presunción de autenticidad, de conformidad con el
artículo 244 del Código General del Proceso.
5) Para la Sala resulta claro que la autoridad judicial desestimó injustificadamente el
valor probatorio del documento con el formato de radicación de la solicitud de
cesantías, a pesar de que en este se consignó sin lugar a equívocos que la
Gobernación de Antioquia recibió la petición de cesantías de Carlos Alberto Bedoya
Ortiz el 9 de noviembre de 2021.
6) Así las cosas, la Sala concederá el amparo a los derechos constitucionales
fundamentales de la parte demandante, dejará sin efectos la sentencia objeto de
reproche y ordenará que la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia profiera una providencia de reemplazo en la que observe los lineamientos
de esta sentencia frente a la valoración del documento con el formato de radicación de
la solicitud de cesantías.
3 Disponible en la página 27 del archivo “01Demanda.pdf” del expediente digital del proceso con radicación no.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01719-01
Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
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7) Finalmente, esta Sala considera que es pertinente precisar que el amparo que aquí
se concede no implica, en modo alguno, ningún tipo de direccionamiento ni insinuación
acerca del sentido del fallo que debe emitir el tribunal demandado en cumplimiento de
esta sentencia, pues, en el ejercicio autónomo e independiente de su competencia,
deberá valorar los elementos de prueba obrantes en el respectivo proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho y consecuentemente adoptar la decisión de segunda
instancia que en derecho deba proferirse.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Revócase la sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar:
1º) Ampárase el derecho fundamental al debido proceso del demandante Carlos
Alberto Bedoya Ortiz, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
2º) Déjase sin efectos la sentencia proferida el 16 de octubre de 2024 por Sala
Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-33-33-033-2023-00412-01.
3º) Ordénase a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, profiera una providencia de reemplazo en la cual valore la prueba
documental con el formato de radicación de la solicitud de cesantías de Carlos Alberto
Bedoya Ortiz, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-01719-01
Demandante: Carlos Alberto Bedoya Ortiz
Acción de tutela – Impugnación fallo
6º) Ejecutoriada esta providencia remítasele a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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