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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03871-01

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-03871-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03871-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03871-01
Accionante: María Josefa Restrepo Botero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 19 de junio del año en curso, la señora María Josefa Restrepo Botero instauró

acción de tutela, en busca de que se dejara sin efectos la sentencia del 29 de enero
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1 que promovió contra la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y otro2. Ello, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo
por medio del cual se le negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en
la Ley 1071 de 2006, derivada del pago tardío de sus cesantías parciales.

2. A través de la referida providencia, la autoridad accionada revocó la decisión de

primera instancia3 que accedió a las pretensiones de la demanda. Precisó que si bien
la actora manifestó haber presentado la solicitud de reconocimiento y pago de sus
cesantías el 14 de octubre de 2021, esta se entendería radicada el 9 de diciembre
de ese mismo año, por cuanto dicha fecha fue la consignada en la resolución que
reconoció y ordenó el pago de la prestación reclamada. Resaltó que dicho acto goza
de presunción de legalidad, en tanto su validez no fue cuestionada, ni en sede
administrativa ni en el marco del proceso.

1 Con radicado número 05001-33-33-009-2023-00270-01.
2 El departamento de Antioquia.
3 El fallo del 19 de junio de 2024, dictado por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Medellín.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03871-01
Accionante: María Josefa Restrepo Botero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Agregó que, al pronunciarse sobre los hechos de la demanda, el ente territorial

accionado sostuvo que aunque la solicitud se presentó el 14 de octubre de 2021,
cuando estas se encuentran incompletas, es necesario requerir al peticionario para
allegar la documentación faltante. En consecuencia, debe entenderse como fecha
de radicación aquella en que se presenta la petición completa. De ahí que, en su
criterio, no pudiera tenerse como válida una fecha anterior a la entrega íntegra de la
información exigida para el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías.

4. Una vez delimitada la fecha de presentación de la solicitud, el Tribunal concluyó

que las entidades demandadas no incurrieron en mora en el pago de las cesantías
parciales objeto de reclamo.

5. Laparte actora sostuvo que, al adoptar esa decisión, la autoridad enjuiciada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, al incurrir en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

6. Adujo que el Tribunal no efectuó un análisis integral, objetivo y razonable del acervo

probatorio, el cual resultaba determinante para establecer los hechos en discusión y
definir adecuadamente el derecho reclamado.

7. Manifestó que con la demanda se aportó el formato de radicación de la solicitud

del reconocimiento y pago de las cesantías, en el cual consta claramente la fecha en
que se inició la actuación ante la entidad territorial, esto es, el 14 de octubre de 2021.

8. Sin embargo, reprochó que el ad quem hubiese desestimado tal elemento de
convicción, privilegiando la información contenida en el acto administrativo que
concedió la acreencia económica. A su juicio, dicho análisis se aparta de la sana
crítica, pues la entidad demandada no presentó elementos que desacreditaran la
autenticidad y veracidad de la documentación aportada por la actora, ni la tachó de
falsa. Por tanto, no había lugar a restarle valor probatorio, ni otorgarle mayor
credibilidad al acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.

9. Señaló que si bien el juzgador sustentó su decisión en la presunción de legalidad

del acto administrativo, tal razonamiento resultado errado e incompleto, en la medida
en que desconoció que el documento que acredita la radicación de la petición
también ostenta valor probatorio. Lo anterior, por cuanto el mismo fue aportado
oportunamente con la demanda y debidamente decretado y practicado en el proceso.

10. Además, indicó que la autoridad accionada omitió considerar que en el expediente

obraban otros elementos de juicio que permitían corroborar que la fecha de
radicación de la solicitud fue la indicada en la demanda y no la consignada en el acto
administrativo. Entre ellos, la hoja de revisión de las cesantías, en la que igualmente
se dejó constancia expresa como fecha de radicación de la solicitud el 14 de octubre
de 2021.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03871-01
Accionante: María Josefa Restrepo Botero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11. Añadió que la entidad demandada tampoco aportó ninguna prueba que diera
cuenta del supuesto requerimiento para allegar la documentación faltante, por lo que
el Tribunal dio por sentado lo afirmado por la accionada, sin ningún respaldo
probatorio.

12. Expuso que la autoridad judicial demandada no explicó de forma suficiente las

razones por las cuales privilegió un medio de convicción sobre otro. Aseveró que,
ante una posible divergencia en torno a la fecha de radicación de la solicitud de
cesantías presentada por la actora, el Tribunal debió optar por una interpretación que
garantizara de mejor manera los derechos de la demandante, en aplicación del
principio pro homine.

13. También cuestionó que se le impusiera una carga probatoria excesiva y
desproporcionada, al exigirle demostrar su debida diligencia, en cuanto a la
notificación del acto que reconoció sus cesantías, cuando, en realidad, correspondía
a la entidad territorial allegar el expediente administrativo completo, en el cual debía
constar la fecha de citación y, de ser el caso, la inasistencia injustificada de la
interesada.

14. Porúltimo, mencionó que en recientes pronunciamientos4, en los que se ha
abordado el estudio de casos similares, esta corporación ha reconocido que la
controversia reviste relevancia constitucional, dada la evidente vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

B. Sentencia de primera instancia

15. A través de fallo del 24 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado

declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional. Consideró que el debate planteado se circunscribe a una
discusión estrictamente legal y económica, sin que se acreditara una verdadera
afectación de derechos fundamentales.

C. Impugnación

16. La parte accionante arguyó que el presente asunto reviste relevancia
constitucional, dado que el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico al omitir
valorar de forma integral todos los elementos probatorios obrantes en el expediente
contencioso administrativo.

17. Reiteró que el Consejo de Estado ha tenido por acreditado el requisito general de

relevancia constitucional en casos análogos. Para tales efectos, además de las
sentencias citadas en la demanda, hizo referencia al fallo del 3 de junio de 2025,
proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación, en el marco de

4 Trajo a colación las sentencias del 5 de diciembre de 2024 (exp. 11001-03-15-000-2024-05939-00), 6 de febrero

de 2025 (exp. 11001-03-15-000-2024-06039-01), 6 de marzo de 2025 (exp. 11001-03-15-000-2024-05927-00).

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03871-01
Accionante: María Josefa Restrepo Botero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01719-01.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

18. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

19. Se confirmará el fallo impugnado, tras estimar que la solicitud de amparo deviene

improcedente por no satisfacer el requisito general de relevancia constitucional.

20. Esta corporación ha indicado de manera reiterada que, para que se habilite la

procedencia excepcional de la acción de tutela contra una providencia judicial, es
necesario que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Para tales efectos, se requiere que el promotor del mecanismo de
amparo exponga con suficiencia la existencia de un vicio en la decisión objetada,
que se proyecte como una verdadera afrenta a un derecho fundamental y no
simplemente como la pretensión de generar una suerte de instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia que se acusa.

21. Tratándose de cuestionamientos de orden fáctico, esta exigencia argumentativa

cobra mayor relevancia, si se tiene en cuenta que la labor del juez de tutela no puede
estar orientada a realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara
de una instancia judicial adicional. Su labor se debe encaminar a verificar que la
solución de los procesos judiciales sea coherente y razonable con la valoración
ponderada de los elementos probatorios obrantes en el plenario, en aras de
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales que les asiste a las
partes en el marco del proceso que se cuestiona.

22. En el caso bajo estudio, la parte accionante endilgó la ocurrencia de un defecto

fáctico, al considerar que el Tribunal enjuiciado omitió valorar integralmente el
material probatorio obrante en el expediente. En particular, cuestionó que se
desestimara la fecha de radicación consignada en el formato de reconocimiento y
pago de las cesantías, otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto
administrativo que resolvió dicha reclamación.

23. Tales reparos, lejos de evidenciar una deficiencia probatoria que amerite una

protección constitucional, revelan la intención de la accionante de emplear el
mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario, en busca
de reabrir un debate probatorio que ya fue zanjado por el juez de la causa, bajo un
análisis acorde a la sana crítica y la autonomía judicial.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03871-01
Accionante: María Josefa Restrepo Botero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24. Al desatar el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia hizo

alusión a los elementos de juicio obrantes en el plenario. Entre ellos, la copia del
formato de radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías parciales,
la resolución que accedió a dicha petición, así como la hoja de revisión de las
cesantías.

25. A partir de un análisis conjunto tales elementos, estimó que si bien la actora afirmó

haber presentado la solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías el 14 de
octubre de 2021, esta se entendería radicada el 9 de diciembre de ese mismo año,
por ser la consignada en la resolución mediante la cual se reconoció y ordenó el
pago de la prestación reclamada. Expuso que dicho acto goza de presunción de
legalidad, toda vez que su validez no fue controvertida ni en sede administrativa ni
dentro del proceso judicial.

26. Además, señaló que, conforme a lo manifestado por el ente territorial accionado,

aunque la solicitud se presentó el 14 de octubre de 2021, al estar incompleta debió
requerirse al peticionario para que remitiera la documentación faltante. Por
consiguiente, la fecha de radicación debía entenderse como aquella en que se
presentó la petición completa. Razón por la cual consideró que no podía reconocerse
como válida una fecha anterior a la entrega íntegra de los documentos exigidos para
el trámite de las cesantías.

27. Con base en tales consideraciones, el Tribunal arribó a la conclusión de que no

se configuró la mora alegada, por lo que revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

28. Bajo ese escenario, el análisis probatorio efectuado por la autoridad accionada no

se antoja caprichoso, irracional o arbitrario. Por el contrario, se muestra coherente y
razonable de cara a los elementos arrimados al proceso y la convicción a la que
llevaron los mismos.

29. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han enfatizado que
corresponde al juez natural de la causa, como director del proceso, establecer el
valor y el alcance de cada medio de prueba, a partir de criterios objetivos, razonables,
discrecionales y bajo las reglas de la sana crítica. En ese orden, el juzgador cuenta
con la potestad de definir qué mérito le otorga a cada elemento de juicio.

30. Por tanto, el hecho de otorgarle mayor valor probatorio a un medio de convicción

sobre otro, no constituye, per se, un yerro en la valoración de la prueba, ni un actuar
arbitrario o ilegítimo por parte del juez natural, sino que se enmarca dentro del
ejercicio de la sana crítica y la autonomía judicial, siempre que se exponga de
manera clara, suficiente y coherente las razones que sustentan la decisión adoptada,
como ocurrió en el caso bajo estudio.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-03871-01
Accionante: María Josefa Restrepo Botero
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

31. En tales condiciones, para la Sala resulta claro que el objeto de la presente acción

es someter la discusión del caso a una instancia adicional, bajo discrepancias
valorativas que no trascienden la esfera de lo constitucional.

32. Debe precisarse que si bien la parte actora invocó una serie de decisiones
adoptadas por esta corporación en sede de tutela para justificar el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, tales pronunciamientos no resultan vinculantes
para esta Sala, por cuanto, al haber sido proferidos en el marco de acciones de tutela,
únicamente tienen efectos inter partes. A lo que se suma que ninguno de ellos fue
emitido por esta Subsección.

33. Por lo expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia del 24 de julio de 2025

proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

34.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 24 de julio de 2025 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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