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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06039-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06039-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de 5 de diciembre de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, 2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en consecuencia, 3. Dejar sin efecto la sentencia de 26 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47-001-3333-008-2029-00203-01. 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta providencia. 5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06039-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06039-01
Demandante: Diego Armando Serje Cabana

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06039-01
Demandante: DIEGO ARMANDO SERJE CABANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 5 de diciembre de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de noviembre de 2024, el señor Diego Armando Serje Cabaña, mediante
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y, se profiera una nueva decisión judicial (…).».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 25 de julio de 2018, el señor Diego Armando Serje Cabana, docente vinculado
al departamento del Magdalena, presentó una solicitud para el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Magdalena.

El FOMAG y el departamento del Magdalena el 8 de febrero de 2019, mediante la
Resolución 0244, reconocieron las cesantías parciales solicitadas por el señor
Diego Armando Serje Cabaña y estableció que el pago de dicha prestación debía
realizarse de los 45 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esa decisión, de

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Demandante: Diego Armando Serje Cabana

conformidad con lo establecido en la Ley 1071 de 2006, sin embargo, indicó que el
pago efectivo de las cesantías parciales se realizó el 14 de marzo de 2019.

El 13 de junio de 2019, el señor Serje Cabana radicó solicitud ante el FOMAG y el
departamento de Antioquia para que se reconociera la sanción moratoria por el
retraso en el pago de las cesantías, pues fueron pagadas por fuera de los 45 días
hábiles que establece la norma, sin embargo, el señor Serje Cabana no recibió
respuesta.

El señor Serje Cabana presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el FOMAG y el departamento del Magdalena, en la que solicitó la
nulidad del acto administrativo ficto que negó el reconocimiento de la sanción
moratoria, con fundamento en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019 y, en
consecuencia, solicitó que se condenara a los demandados a reconocer y pagar la
sanción moratoria correspondiente.

El 13 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta
profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto y, por ello, condenó al
FOMAG al pago de sanción moratoria correspondiente a 127 días de salario.

Al respecto, anotó que, al no existir prueba de la notificación efectiva del acto
administrativo, debía aplicarse plazo de 10 días hábiles contados desde la
expedición del acto administrativo para que este se considere notificado y, una vez
vencido el plazo, se entendía que el acto administrativo cobró firmeza.

En el caso concreto, encontró que: (i) la demandante radicó la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales el 25 de julio de 2018; (ii) la Resolución
0244 fue dictada el 8 de febrero de 2019; (iii) el dinero fue puesto a disposición del
solicitante el 14 de marzo de 2019; (iv) desde el día 07 de noviembre de 2018, día
siguiente al vencimiento del plazo de los 45 días para haber efectuado el pago del
auxilio de cesantías, hasta el 13 de marzo de 2019, día anterior a la fecha en que
Fiduprevisora S.A. puso a disposición del demandante el dinero correspondiente a
su cesantía parcial, se causó la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales de la demandante lo cual generó un total de 127 días de mora;
(v) no se cumplió el plazo para el pago de las cesantías dentro de los 70 días hábiles
siguientes a la presentación de la petición de reconocimiento de la prestación,
conforme con las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-012- SUJ-012-S2 del 18 de
Julio de 2018. De ahí que, al FOMAG debía imponérsele la sanción reclamada,
pues fue la causante de la mora.

El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG apeló esa decisión con fundamento
en que estaba demostrado que realizó el pago de la sanción moratoria de las
cesantías el 20 de noviembre de 2020, por un valor de $2´721.104, pero el juez de
primera instancia no evaluó ese hecho. Además, indicó que la fecha de petición de
las cesantías, de acuerdo con la resolución que las concedió, fue el 24 de octubre
de 2018. De ahí que, solamente se configuraron 36 días de mora y no 127. Por ello,
solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y que se negaran las
pretensiones de la demanda.
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El 26 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena modificó la
decisión inicial en el sentido de precisar que solamente ocurrieron 35 días de
retraso.

Respecto al caso concreto, dijo que estaba demostrado que la solicitud de
cesantías fue radicada el 24 de octubre de 2018, de acuerdo con lo señalado en
el acto de reconocimiento de cesantía parcial. Además, que la Secretaría de
Educación del departamento del Magdalena expidió el acto de reconocimiento de
las cesantías el 8 de febrero de 2019. De igual forma, que el dinero fue puesto a
disposición del docente el 14 de marzo de 2019.

Explicó que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
Fiduprevisora tenía un plazo de 45 días hábiles para efectuar el pago, el cual vencía
el 6 de febrero de 2019. En este caso, destacó que el pago se realizó el 14 de
marzo de 2019, por lo que estaba demostrada mora de 35 días.

Por otro lado, anotó que la entidad demandada no demostró el pago de la sanción
moratoria porque, si bien, allegó certificación expedida por la Vicepresidencia del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de 4 de agosto de 2021, dicho
documento no permitía inferir que el pago se hizo por concepto de sanción
moratoria y, en todo caso, señaló que «Igualmente se verificó en el sistema que se
realizó el reintegro por no cobro» , lo que permite concluir que esta suma nunca fue
recibida por el señor Diego Armando Serje Cabana.

3. Argumentos de la acción de tutela

El señor Serje Cabana afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en
defecto fáctico al omitir la valoración de pruebas relevantes incluidas en el
expediente. Explicó que, en el expediente administrativo obró una constancia de
radicación de la solicitud de pago parcial de las cesantías, en el que consta que fue
radicada el 25 de julio de 2018. Además, resaltó que el tribunal demandado no
expuso argumentos para desconocer la falta de idoneidad de dicha prueba y
simplemente descartó su análisis, a pesar de que esta no fue tachada de falsa o
fraudulenta por los sujetos procesales.

Aunado a lo anterior, resaltó que la reclamación fue presentada mediante el
Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), que es la única plataforma oficial para la
radicación de peticiones de los docentes vinculados al FOMAG, en la cual deja
constancia de un número de radicado y fecha de presentación de la solicitud.

Señaló que la autoridad judicial demandada no adoptó un enfoque pro homine, que
exige favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales,
pues la prueba aportada por el demandante, consistente en el documento con fecha
de radicación del 25 de julio de 2018, no fue considerada adecuadamente, a pesar
de no haber sido tachada de falsa.

4. Trámite Previo

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El 12 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta admitió la
acción de tutela, ordenó notificar la actuación al demandante y al Tribunal
Administrativo del Magdalena. Además, vinculó como terceros con interés al
Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta, a la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) –
Fiduprevisora.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela presentada por el accionante, para lo cual reiteró
las consideraciones expuestas en el fallo proferido por ese tribunal.

6. Terceros con interés

La Fiduprevisora, en calidad de administradora del FOMAG, solicitó que se
declare improcedente la presente acción de tutela, porque no existió vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, pues no demostró la
configuración de los requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial.

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare improcedente la acción
de tutela, porque no existe violación a los derechos fundamentales del accionante
y la decisión adoptada por el tribunal accionado se ajusta a derecho.

Manifestó que la solicitud de amparo no es procedente porque el caso planteado
no involucra derechos fundamentales de manera directa, sino una controversia de
carácter legal o patrimonial relacionada con la interpretación de normas sobre la
mora en el pago de cesantías.

Advirtió que la sentencia SU-098 de 2018, citada por el demandante, no es
aplicable al caso porque las circunstancias fácticas no son comparables. En este
caso, el docente estaba afiliado al FOMAG, mientras que en la sentencia invocada
se trataba de maestros no afiliados al fondo. Por ello, afirmó que el sub examine
comparte sustento fáctico y jurídico con la sentencia SU-573 de 2019, que
establece que la mora debe evaluarse bajo un régimen especial aplicable a los
docentes afiliados al FOMAG.

Argumentó que el accionante busca reabrir un debate ya resuelto, lo cual contradice
el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela. Además, dijo que “el
tema de la aplicación de la Ley 50 de 1990 está pendiente de resolución en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado 66001-33-33-001-2022-00016-
01 (5746-2022), el cual fue admitido mediante auto de 24 de agosto de 2023 y, en la
actualidad, se encuentra pendiente de emitir la sentencia respectiva” .

Finalmente, indicó que el accionante no demostró la configuración de los requisitos
específicos de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial.

El Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta guardó silencio.

7. Sentencia de primera instancia

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Demandante: Diego Armando Serje Cabana

El 5 de diciembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia en la que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Al respecto, consideró que el accionante pretende reabrir el debate que se surtió
en el proceso ordinario y que se realice un nuevo análisis, con el fin de obtener una
sentencia favorable a sus intereses. Además de lo anterior, señaló que el caso gira
en torno a un tema netamente económico o legal.

8. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que la
solicitud de amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se
discute la infracción al derecho al debido proceso por la omisión en la valoración de
una prueba documental, específicamente, el formato en el que figuraba la fecha de
radicación de solicitud de las cesantías, que resultaba clave en el análisis del
proceso ordinario.

Insistió en que la omisión en la valoración de la prueba configura un defecto fáctico
en su dimensión negativa, lo que constituye una vía de hecho. Al respecto, afirmó
que en el expediente fue aportado documento que certificaba que la solicitud de
cesantías fue radicada el 25 de julio de 2018 con el número de radicación
2018PQR9929. Sin embargo, el Tribunal no valoró esta prueba y prefirió basarse
en la fecha consignada en la resolución que decidió el trámite administrativo, esto
es, el 24 de octubre de 2018, sin justificar de manera suficiente las razones para
privilegiar un medio probatorio sobre otro.

Alegó que el tribunal accionado concedió un valor privilegiado a los documentos
emitidos por la administración y desestimó sin justificación suficiente la certificación
emitida por el SAC, a pesar de que esta última gozaba de presunción de
autenticidad y veracidad, al no haber sido objeto de tacha de falsedad.

Señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del
principio pro homine y la valoración integral de las pruebas, pues el tribunal debió
realizar un análisis más garantista respecto a la fecha de radicación de la solicitud
de cesantías, en especial, en consideración a que el documento presentado por el
demandante no fue tachado de falso y su autenticidad no fue controvertida.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

De acuerdo con la impugnación presentada por el señor Serje Cabana,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con
los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial.

En caso de ser afirmativa la respuesta, la Sala evaluará si la decisión demandada
incurrió en defecto fáctico al omitir valorar pruebas relevantes aportadas al
expediente, específicamente, la constancia de radicación de la solicitud de pago
parcial de las cesantías de 25 de julio de 2018.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general
porque la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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proceso y de acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las
razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se
trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen
que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea el mecanismo como una
instancia adicional, en el entendido que, la decisión de primera instancia del
proceso ordinario fue favorable y en el trámite de segunda instancia la sentencia
fue modificada, en el sentido de disminuir la sanción moratoria.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en la medida que se estaría dejando de lado una prueba que incide
en la solución del asunto.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o
de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 26 de junio de 2024, notificada el
25 de octubre de 2024, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 7 de noviembre
de 2024.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los demás requisitos
generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv)
irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias
de tutela.

Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configura el defecto fáctico alegado.

Del defecto fáctico4 en el caso concreto5

En síntesis, la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada no tuvo
en cuenta la constancia de radicación de la solicitud de pago de las cesantías con
fecha de 25 de julio de 2018 y no expresó argumentos válidos para desconocer la
falta de idoneidad de esa prueba, a pesar de que esta no fue tachada de falsa.

De la lectura del expediente, la Sala observa que:

• En el escrito de demanda del proceso ordinario, en el acápite de hechos,
específicamente, en el hecho tercero, el demandante afirmó que el 25 de julio de
2018, le solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de las cesantías. Se transcribe
lo pertinente:

4
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación
ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez
simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente.
5
La Sala reitera el criterio adoptado en sentencia de 5 de diciembre de 2024, expediente 2024-05939-00, C.P. Milton Chaves
García.
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«TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado,
por laborar como docente en los servicios educativos estatales le solicitó a la
NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - Fondo de
Prestaciones Sociales el Magisterio, el día 25 DE JULIO DE 2018 el
reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.»

• En la contestación de la demanda por parte del FOMAG, frente a ese hecho expresó
que «ES CIERTO, conforme con lo que se evidencia en la resolución que solicita el
pago de la prestación.».

• En sentencia del 13 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo de
Santa Marta accedió a las pretensiones de la demanda. En cuanto al caso concreto,
expresó que «El acto debió expedirse en el término de los 15 días siguientes a la
radicación de la solicitud, presentada el 25 de julio de 2018, es decir, el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio tenía hasta el 16 de agosto de ese mismo año
para expedir el acto administrativo de reconocimiento de cesantías parciales.». Por
ello, concluyó que «procede el pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244
de 1995 y Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías parciales
solicitadas el 25 de julio de 2018, dicha sanción es equivalente a un día de salario
por cada día de retraso —en el presente caso por 127 días que equivale al retraso
en que incurrió la entidad demandada—(…)».

• La Fiduprevisora, en calidad de administradora del FOMAG en el recurso de
apelación que ejerció contra esa decisión. En síntesis, alegó que,
«Los motivos de inconformidad con la sentencia dictada tienen que ver como primera medida
que desde el escrito de la contestación de la demanda y los escritos de defensa sucesivos,
se advirtió al despacho que la sanción moratoria producto del pago tardío de las cesantías
reconocidas en la resolución 0244 de 08/02/2019 se había cancelado desde el 20 de
Noviembre de 2020 por valor de $2,721,104 , a través del Banco BBVA COLOMBIA por
ventanilla, en la Sucursal SANTA MARTA, sin embargo el despacho hizo caso omiso a la
advertencia, llevando el proceso hasta este punto, y dictando sentencia sin fundamento
alguno, provocando el detrimento de los recursos públicos al ordenar el pago de la sanción
moratoria.

Aunado a lo anterior, una vez revisados los anexos a la demanda, calculando la sanción
moratoria generada se evidencia la siguiente liquidación:

Proceso 2020-00203

Fecha petición cesantías 24 de octubre de 2018

70 días hábiles 06 de febrero 2019

Mora a partir de 7 febrero 2019

Fecha de pago 15 marzo 2019

Días de mora 36

Salario Mensual 2.040.828

Salario diario 68.028

Valor de la mora 2.448.994

La fecha de petición de las cesantías según se evidencia en la resolución es del 24 de octubre
de 2018, día 70 hábil con cumplimiento del 06 de febrero de 2019, la mora a partir del 07 de
febrero de 2019 y la fecha de pago el 15 de marzo de 2019, razón por la cual son 36 días de
mora con sueldo del año 2019 equivalente a $2.040.828, el valor de la mora que ascendía a

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$ 2.448.994, sin embargo se evidencia en el certificado de pago, que Fiduprevisora S.A.
como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
realizó pago por valor por valor de $2,721,104 monto que es superior al realmente adeudado.

Sumado a lo anterior el despacho de manera errada ordena el pago de 127 días, extremos
que desfasan totalmente de la realidad, toda vez que fueron solo 36 días de mora
generados.».

• El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 26 de junio de 2024, para
realizar el cómputo de los términos de mora en el pago de las cesantías, tomó como
extremo inicial el 24 de octubre de 2018, fecha señalada en la Resolución 0244 de
8 de febrero de 2019, así:

«En el plenario está probado que, el demandante en su condición de docente de vinculación
departamental/sistema general de participación, elevó solicitud de reconocimiento y pago de
cesantía parcial para reparación de vivienda el día 24 de octubre de 2018 (consideraciones
acto administrativo de reconocimiento de cesantía parcial).

De lo acreditado en el expediente, se tiene lo siguiente:

Término Fecha Caso concreto
24/10/2018 Fecha de
Reclamación cesantía parcial reconocimiento:
8/02/2019
16/11/2018
Término de 15 días hábiles para Fecha en la cual
expedición de acto administrativo quedó a disposición
(art. 4 L. 1071/06) para pago: 14/03/2019
30/11/2018
Ejecutoria de 10 días (L. 1437/11)

Vencimiento del término
para el pago - 45 días Período de mora: 7/02/2019 -
(art. 5 L. 1071/06) 6/02/2019 13/03/2019

33. En virtud de lo anterior, se puede constatar que la juez de primera instancia erró en el
cálculo del período de mora, pues, está demostrado que ésta transcurrió entre el 7 de febrero
de 2019 hasta el 13 de marzo de 2019, día anterior a que se puso a disposición para pago
las cesantías parciales, y no desde el 6 de noviembre de 2018 como lo indicó el a-quo.» (Se
destaca)

Ahora bien, la Sala procedió a revisar el material probatorio y encontró lo siguiente:

• En Resolución 0244 de 8 de febrero de 2019, proferida por el departamento de
Magdalena, mediante la cual se ordenó el pago de las cesantías parciales al señor
Serje Cabana, se señaló en la parte considerativa, que la petición del accionante
fue radicada el 24 de octubre de 2018, bajo el número No. 2018-CES-657882, de
la siguiente forma:

«Que mediante solicitud radicada bajo el No.2018-CES-657882 de 24/10/2018 el docente Diego
Armando Serje Cabana, (…), solicita el reconocimiento y pago de las Cesantías Parciales para
reparación de vivienda (…).» (Se destaca)

• De igual forma, consta que la parte demandante aportó como prueba documental
«Información Requerimiento. Sistema de Atención al Ciudadano (SAC)». Dicho
documento contiene la siguiente información:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06039-01
Demandante: Diego Armando Serje Cabana

Como se aprecia, en el informe expedido por el SAC se dejó constancia de que la
radicación de la solicitud por parte del señor Serje Castillo se hizo el 25 de junio
de 2018.

En ese sentido, llama la atención que el tribunal demandado, restara validez a la
radicación de la solicitud de pago de cesantías el 25 de julio de 2018. Dicho
documento, que constituye una prueba idónea para acreditar la fecha de
presentación de la solicitud de pago de cesantías, al ser una constancia oficial
generada en el momento mismo de la radicación, tiene plena validez y credibilidad,
pues refleja de manera objetiva y verificable la actuación administrativa inicial del
solicitante. Además, su contenido no fue tachado de falso ni desvirtuado en el
proceso, lo que reafirma su idoneidad como prueba determinante para establecer
el hecho relevante.

De este modo, no es posible desconocer ni minimizar el valor probatorio de dicha
constancia, porque cumple con los principios de autenticidad, pertinencia y
suficiencia.

Por otro lado, si bien, el acto administrativo que ordenó el pago de las cesantías,
contenido en la Resolución 2019060337407 del 8 de noviembre de 2019, goza de
presunción de legalidad, esta no se puede extender a hechos distintos al contenido
decisorio del acto, como la fecha de radicación de la solicitud.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06039-01
Demandante: Diego Armando Serje Cabana

Es decir, la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene como objetivo
garantizar la eficacia de las decisiones adoptadas por las autoridades
administrativas, pero no puede desconocer pruebas directas que acrediten hechos
específicos dentro del proceso.

En este caso, la fecha de radicación consignada en el acto administrativo no tuvo
respaldo probatorio, sino que fue asumida por la entidad. Por tanto, no puede
prevalecer sobre la constancia de radicación allegada por el accionante, que es la
prueba idónea y objetiva que demuestra la presentación de la solicitud el 4 de
octubre de 2019.

En este contexto, la Sala concluye que está acreditado el defecto fáctico por
indebida valoración probatoria.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia. En su lugar,
amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte demandante, en
consecuencia, dejará sin efecto la sentencia de 26 de junio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena y ordenará que, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de reemplazo en
la que tenga en cuenta lo señalado en la constancia de radicación de la solicitud de
pago de cesantías que se encuentra en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de 5 de diciembre de 2023, dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado. En su lugar,
2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en
consecuencia,
3. Dejar sin efecto la sentencia de 26 de junio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 47-001-3333-008-2029-00203-01.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva
decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta providencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06039-01
Demandante: Diego Armando Serje Cabana

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ
ARGÜELLO MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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