Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02552-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02552-00
Accionante: Sayda Rosa Graciano Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
Tema: Derechos al debido proceso, igualdad, tutela judicial efectiva y
acceso a la administración de justicia. Nulidad y restablecimiento
del derecho. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.
CONCEDE AMPARO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Sayda Rosa Graciano
Ortega, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva, que considera vulnerados con la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
proferida por la autoridad judicial accionada dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-33-002-2023-00043-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
La accionante narró que el 14 de julio de 2021 radicó, ante la Oficina de
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02552-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de Educación del
• Archivo Central.
departamento de Antioquia, solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías, la
cual fue resuelta de manera favorable mediante Resolución núm. 2021060087781
del 23 de agosto de 2021, y el 18 de noviembre del mismo año, se realizó el
respectivo pago.
Que el 27 de mayo de 2022, presentó reclamación administrativa ante la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia,
para que se reconociera y pagara la sanción moratoria; sin embargo, no recibió
respuesta alguna, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.
Que el 30 de agosto de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Turbo declaró la nulidad del acto ficto demandado y ordenó el pago de la sanción
moratoria equivalente a 23 días.
Que el 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones,
bajo el argumento de que el reconocimiento y pago de las cesantías se dio dentro
del término legal y, por lo tanto, no había derecho a la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías.
Considera que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, por tener como fecha de
radicación de la solicitud de cesantías la que establece el acto administrativo de
reconocimiento y no la que consagra la constancia de presentación de la
reclamación administrativa, donde se registra que se realizó el 14 de julio de 2021,
documento que no fue tachado de falso ni cuestionado por la contraparte.
Señaló que el Consejo de Estado, en las sentencias del 6 de febrero1, 6 de marzo2,
17 de julio 3, 6 de noviembre 4 y 5 de diciembre de 2025 5, amparó el derecho
fundamental al debido proceso y estableció que la radicación de la solicitud de pago
de las cesantías constituye una prueba idónea para acreditar la fecha en la que se
presentó dicha petición.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Milton Chaves
García, sentencia del 6 de febrero de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-06039-01, actor: Diego Armando
Serje Cabana contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Milton Chaves
García, sentencia del 5 de marzo de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-05927-01, demandante Reynaldo
Alonso Toro López contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Luís Antonio
Rodríguez Montaño, sentencia del 17 de julio de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2025-03537-00, actor
Mauricio Jaramillo Suárez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, consejero
ponente: Juan Camilo Morales Trujillo, sentencia del 6 de noviembre de 2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2025-
04240-01, demandante:
Aidé del Carmen Valencia Cadavid contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Milton Chaves
García, sentencia del 5 de diciembre de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2024-05939-00, actor: Fabián Alberto
Duque Chancy contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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• Archivo Central.
PRETENSIONES
La accionante pide que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la
sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión, y, en consecuencia, se ordene a la autoridad
judicial accionada que emita una nueva decisión, donde analice de manera integral
todas las pruebas.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 7 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela; se vinculó como terceros
interesados a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento de Antioquia; y
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, expresó que
la acción de tutela no satisface el requisito de la relevancia constitucional, ya que se
utiliza el mecanismo constitucional como una tercera instancia y se plantea una
controversia de carácter legal y patrimonial, relacionada con la interpretación de
normas sobre la mora en el pago de las cesantías.
En relación con el defecto fáctico, adujo que tuvo como fecha de radicación de la
solicitud el 11 de agosto de 2021, según consta en el acto administrativo núm.
20210600087781 del 23 de igual mes y año, ya que dicho acto goza de presunción
de legalidad y en el expediente no se encuentra acreditado que la demandante
hubiera pedido aclaración o corrección de las fechas allí consignadas.
Adicionalmente, dijo que el Consejo de Estado, en sentencias del 19 de marzo de
2026, en las tutelas con radicados 11001-03-15-000-2026-00588-00 y 11001-03-15-
000-03537-01, casos similares al asunto, consideró que la tutela no revestía
relevancia constitucional.
Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare improcedente la acción
de tutela, por no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional, pues la
controversia que se plantea es de naturaleza económica, situación que excede la
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competencia del juez constitucional. - Archivo Central.
La Gobernación de Antioquia indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Sexta de Decisión, realizó una valoración razonada y completa del acervo
probatorio, incluyendo la Resolución núm. S2021060087781 del 23 de agosto de
2021, en la cual se establece la radicación de la solicitud, con núm. 2021-CES
059892, del 11 de igual mes y año.
Por otro lado, manifestó que la acción de tutela no resulta procedente, dado que se
encamina a controvertir hechos que ya fueron discutidos en el proceso ordinario,
pretendiendo utilizar este mecanismo como una tercera instancia.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), fue
debidamente notificado de la acción de tutela; sin embargo, guardó silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 6, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590 de
20057. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128
de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
6 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
7 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
• Archivo Central.
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
[...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
i. Violación directa de la Constitución.»8 - Archivo Central.
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada9.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada” 10. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela11.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Sayda Rosa Graciano Ortega considera que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, con la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05837-33-33-002-2023-00043-00 [01], porque incurrió en defecto fáctico,
al tomar como fecha de presentación de la reclamación administrativa de
reconocimiento de las cesantías la mencionada en la Resolución núm.
S2021060087781 del 23 de agosto de 2021, sin otorgarle valor probatorio a la
constancia de radicación de esa petición.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 29 de septiembre
de 2025 cumple los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia
constitucional en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en el defecto citado y la accionante argumentó
suficientemente la solicitud; b) la actora no cuenta con otro medio de defensa para
discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción
8 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Sentencia SU-074 de 2022.
10 Sentencia SU-074 de 2022.
11 Sentencia SU-072 de 2018.
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se presentó el 6 de abril de 2026, esto es, dentro de los seis (6) meses siguientes a
• Archivo Central.
la notificación de la sentencia, efectuada mediante mensaje de datos enviado el 2
de octubre de 2025, la cual cobró ejecutoria el 9 de igual mes y año y d) la tutela no
se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
En la sentencia discutida en esta sede, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Decisión, inicialmente señaló que estaba acreditado que la señora
Graciano radicó ante el departamento de Antioquia«el 14/7/2021 con número R
2021010266177 el formulario para tramitar el anticipo de cesantías parciales» y que
la Secretaría de Educación de la entidad expidió la Resolución núm. S
20210600087781 del 23 de agosto de 2021, en la que «reconoció y liquidó la suma
de $13.573.660, de la cual se le giró $10.000.0000 (02 p.31-35) y que la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías parciales fue radicada con número 2021-
CES-059892 el 11/8/2021».
Frente al pago dijo que fue puesto a disposición el 18 de noviembre de 2021 y el 27
de mayo de 2022 la demandante presentó la reclamación administrativa por la
sanción moratoria, de la cual no obtuvo respuesta.
Adujo que la entidad demandada en el recurso de apelación solicitó que se tuviera
como fecha de presentación de la reclamación administrativa de reconocimiento y
pago de las cesantías, la consignada en el acto de reconocimiento de la prestación,
esto es, el 11 de agosto de 2021, y no el 14 de julio de igual año.
Sobre el particular, el Tribunal consideró:
«(…) que debe tomarse la fecha consignada en el acto administrativo de
reconocimiento, toda vez que dicho acto se encuentra en firme y, por lo tanto,
se presume que lo allí consignado es verídico; además, dentro del expediente
no existe prueba alguna a partir de la cual se pueda inferir que la parte actora
solicitó aclaración o corrección de la información contenida en dicho acto, es
decir, que estuvo de acuerdo con lo allí consignado».
El Tribunal sostuvo que la entidad territorial tenía 15 días hábiles para expedir el
acto de reconocimiento y pago de las cesantías, por lo que en el caso la entidad
tenía hasta el 2 de septiembre de 2021 y expidió la Resolución núm. S
20210600087781 el 23 de agosto de 2021, es decir, antes del vencimiento de los
términos establecidos en la ley. Además, afirmó que FOMAG tenía 45 días con
posterioridad a la ejecutoria del acto para realizar el pago, esto es, hasta el 29 de
noviembre de 2021, y la suma reconocida fue puesta a disposición de la
demandante el 18 de igual mes y año, es decir, dentro del plazo determinado.
Conforme a lo expuesto, el Tribunal decidió revocar la providencia de primera
instancia que accedió parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, negar las
pretensiones.
Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta
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de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
de Decisión, le restó valor probatorio a la constancia de radicación de la reclamación
• Archivo Central.
de reconocimiento y pago de las cesantías del 14 de julio de 2021, sin justificación
razonable, y optó por tener como fecha de presentación de la solicitud la que registra
la Resolución núm. S 20210600087781 del 23 de agosto de 2021, por el simple
hecho de que dicho acto administrativo goza de presunción de veracidad y no fue
objeto de aclaración o corrección.
Para la Sala es claro que el Tribunal incurrió en defecto fáctico porque no valoró de
forma íntegra el material probatorio y desestimó una prueba que era determinante
para establecer si a la accionante le asistía o no derecho a la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, sin motivar de manera suficiente su decisión.
Ciertamente, exigir a la demandante que solicitara la aclaración o corrección del
acto administrativo, porque la fecha de presentación de la solicitud no correspondía,
resulta desproporcionado, más aún cuando dicha inconsistencia no incida de
manera directa en el reconocimiento de las cesantías parciales.
Igualmente, se advierte que el Tribunal extendió la presunción de legalidad del acto
administrativo a un aspecto que no constituyó el aspecto central de la decisión, que
no fue otro que dicho reconocimiento.
Así las cosas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante; se dejará sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión; y se
ordenará a la autoridad judicial accionada que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, expida una nueva decisión donde
tenga en cuenta las consideraciones aquí manifestadas.
Se aclara que el amparo que acá se está otorgando no implica que la decisión que
el Tribunal vaya a adoptar sea favorable a los intereses de la parte accionante, sino
que garantiza que se realice el análisis aquí expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Sayda
Rosa Graciano Ortega.
Segundo: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-
33-33-002-2023-00043-00 [01].
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02552-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Tercero: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión, que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, expida una nueva decisión donde tenga en cuenta las consideraciones
aquí manifestadas.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
9
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