Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04240-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04240-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04240-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04240-01
Demandante: Aidé del Carmen Valencia Cadavid
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de sanción
moratoria. Defecto fáctico. Fecha de radicación de la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales
Decisión: Revoca decisión de primera instancia y, en su lugar, concede el
amparo
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante1 contra la Sentencia
de 4 de septiembre de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por Aidé del Carmen
Valencia Cadavid.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 12 de febrero de 2025, Aidé del Carmen Valencia Cadavid, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia2, con ocasión de la Sentencia de
12 de febrero de 2025 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 05001-33-33-029-2023-00391-013.
2. A título de amparo constitucional, solicitó revocar la mencionada
providencia, para que, en su lugar, se profiriera decisión de reemplazo en la que se
accediera a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora expuso que en
su calidad de docente del departamento de Antioquia, el 26 de octubre de 2021,
solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales a las que tenía derecho.
4. Mediante Resolución No. S 2022060000752 del 14 de enero de 2022, la
Secretaría de Educación de Antioquia accedió a dicha petición.
1
Presentada el 17 de septiembre de 2025
2
Mencionó también la presunta vulneración de las garantías de tutela efectiva, y los principios de prevalencia del derecho
sustancial y «pro homine».
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Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 14 de febrero de 2025
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Demandante: Aidé del Carmen Valencia Cadavid
5. El monto correspondiente fue puesto a su disposición en la respectiva
entidad bancaria el 5 de marzo de 2022, razón por la cual, a juicio de la señora
Valencia Cadavid, aquel pago se efectuó de manera extemporánea, pues la entidad
territorial no expidió el acto administrativo dentro de los 15 días siguientes a la
presentación de la solicitud y el Ministerio de Educación Nacional no cumplió con el
término de 45 días hábiles que la ley establece para el pago de la prestación.
6. El 9 de marzo de 2022, la accionante solicitó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG – departamento de Antioquia el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria. No obstante, no obtuvo respuesta, configurándose
así un silencio administrativo negativo.
7. El 25 de septiembre de 2023, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho4 contra el acto administrativo ficto, con el propósito de
obtener el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la Ley 1071 de
2006.
8. Mediante Sentencia del 12 de noviembre de 2024, el Juzgado 29
Administrativo de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró
que las cesantías de la demandante no fueron canceladas dentro de los términos
que señala la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006; en
consecuencia, había lugar al reconocimiento de la sanción moratoria.
9. Inconforme con esta decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación
argumentando que de declararse nulo el acto administrativo demandado, el ente
llamado a asumir el pago de la sanción moratoria generada era el departamento de
Antioquia.
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia del 12 de
febrero de 2025, revocó la decisión de primera instancia. Señaló que la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales fue presentada el 27 de diciembre de 2021,
por lo que el término de 15 días con que contaba la entidad para expedir el acto
administrativo de reconocimiento, notificar y poner a disposición del FOMAG el
mismo, vencía el 18 de enero de 2022.
11. Indicó que el acto administrativo fue proferido el 14 de enero de 2022,
considerándose esta la fecha máxima para su notificación. Dicha fecha se tomó
como punto de partida para el cómputo de los 45 días hábiles de que dispone la
FIDUPREVISORA SA para efectuar el pago. Dicho término vencía el 6 de abril de
2022 y dado que los recursos fueron puestos a disposición el 5 de marzo de 2022,
el Tribunal concluyó que no se configuró mora alguna en el trámite de
reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías del docente.
12. Agregó que no era posible tomar como válida la fecha del 26 de octubre de
2021 como la de presentación de la solicitud, toda vez que en la Resolución No. S
2022060000752 del 14 de enero de 2022 se indicó expresamente que la petición
4
El proceso fue asignado al Juzgado 29 Administrativo de Medellín con radicado No. 05001-33-33-029-2023-00391-00.
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fue radicada el 27 de diciembre de 2021 y frente a dicho acto no se presentaron
solicitudes de corrección o aclaración ni se interpuso recurso alguno.
13. Como fundamento de la vulneración, manifestó la accionante que aportó
una constancia de radicación de la solicitud de cesantías el 26 de octubre de 2021.
No obstante, el Tribunal desconoció dicho documento dando prevalencia a lo
consignado en el acto administrativo que reconoció las cesantías, en el cual se
indicó que la petición se había presentado el 27 de diciembre de 2021, incurriendo
con ello en un defecto fáctico.
14. Resaltó que la resolución de controversias debe armonizarse con el
principio superior «pro homine». Por ello, ante la coexistencia de 2 documentos
oficiales que consignaban fechas distintas, esto es, la constancia del 26 de octubre
de 2021 y el acto administrativo que indica que aquello ocurrió el 27 de diciembre
de 2021, correspondía al Tribunal adoptar una interpretación más favorable y
garantista de los derechos del accionante.
Intervenciones5
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 presentó un resumen de las
actuaciones realizadas y de los argumentos expuestos dentro de la acción de tutela.
Sostuvo que el amparo resultaba improcedente, pues la parte accionante
fundamenta su solicitud en un reproche a la interpretación de los hechos y a la
valoración probatoria efectuada por el Tribunal, aspectos que son propios del ámbito
de la autonomía judicial. Indicó que todas las pruebas fueron valoradas conforme a
la lógica y a la sana crítica, por lo que la decisión cuestionada constituye una
manifestación legítima de dicho principio.
16. Explicó que la fecha válida de presentación y radicación de la solicitud de
cesantías corresponde a la que figura en el acto administrativo expedido por la
entidad demandada, el cual goza de presunción de legalidad, y no a la consignada
en una petición aportada como prueba por la parte demandante. Señaló que dicha
petición no permite establecer con certeza que se trate de la misma solicitud de
cesantías, pues no cualquier escrito tiene la capacidad de iniciar el conteo de
términos.
17. En consecuencia, el Tribunal concluyó que no se demostró la vulneración
de derechos fundamentales ni procesales, razón por la cual la acción de tutela
carece de relevancia constitucional.
18. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la providencia
cuestionada no puede ser excluida del ordenamiento jurídico mediante la acción de
tutela, puesto que pretender que el juez constitucional revise de fondo una decisión
adoptada por otro juez desconocería los principios de independencia y autonomía
judicial.
5
Mediante Auto del 15 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al Tribunal Administrativo
de Antioquia, así como al Juzgado 29 Administrativo de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento de Antioquia como terceros con interés.
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El tribunal adjunto el enlace para consulta del proceso de forma digital.
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19. Agregó que la tutela es improcedente por ausencia de vulneración de
derechos fundamentales y el Ministerio no era responsable de la conducta u omisión
que habría dado origen a la presunta afectación. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela y ordenar su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
20. El Juzgado 29 Administrativo de Medellín y el Departamento de Antioquia
no se pronunciaron a pesar de haber sido debidamente notificados.
Sentencia impugnada
21. El 4 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que se pretendía utilizarla
como una instancia adicional para controvertir la valoración probatoria efectuada
por el juez natural, desconociendo así el requisito de relevancia constitucional
exigido para la procedencia del amparo.
22. Señaló que el juez que resolvió la controversia actúo dentro del ámbito de
sus competencias, de modo que cualquier intervención del juez constitucional
implicaría invadir la órbita funcional del juez ordinario y vulnerar el debido proceso,
al realizar una nueva valoración de los hechos y del derecho aplicable con el fin de
modificar una decisión adoptada por la autoridad competente.
23. Finalmente, precisó que no se acreditó la relevancia constitucional del caso,
toda vez que la acción de tutela no puede emplearse para debatir asuntos de
naturaleza económica, como ocurre en el presente caso, en el que la controversia
se circunscribe al reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del
retraso en el pago de cesantías parciales.
Impugnación
24. La accionante interpuso escrito de impugnación a través de apoderado
judicial en el que sostuvo que la acción de tutela cumplió con los requisitos
especiales de procedibilidad, en particular con el de relevancia constitucional, al
plantear una vulneración de derechos fundamentales derivada de defectos en una
providencia judicial, específicamente en la valoración probatoria realizada por el
juez ordinario.
25. Argumentó que se configuró un defecto fáctico, pues el tribunal al
desestimar la fecha consignada en la constancia de radicación habría omitido
efectuar un análisis probatorio completo, integral e imparcial. Reiteró los
argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela, insistiendo en que la decisión
cuestionada desconoció los principios del debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
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Demandante: Aidé del Carmen Valencia Cadavid
II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos generales de procedibilidad para controvertir la Sentencia de 12
de febrero de 2025. De ser así, se deberá examinar si la providencia judicial
desconoció los derechos fundamentales fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia7, al no tomar como válida la fecha del 26 de octubre
de 2021 como la presentación de la solicitud de cesantías parciales.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La presente acción cumplió con los requisitos generales de procedencia,
dado que: (1) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que la hoy accionante actuó como demandante dentro del proceso
ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal
Administrativo de Medellín; (2) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que
la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la
defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela fue presentada el 9 de julio de 2025,
es decir, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la
providencia enjuiciada8; (4) no se alegó una irregularidad procesal; (5) los hechos y
fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron
identificados de manera razonable; y (6) la tutela no fue interpuesta contra una
providencia de la misma naturaleza.
29. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, se estima que
(7) el asunto tiene relevancia constitucional, pues (a) la discusión se centró en una
posible vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración,
(b) se identificaron con precisión las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial [defectos], y (c) los reparos fueron
dirigidos concretamente contra la decisión de segunda instancia del proceso
ordinario.
30. En consecuencia, ante el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, se revocará la
decisión de primera instancia y se procederá a estudiar de fondo el asunto de la
referencia.
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Mencionó también la presunta vulneración de las garantías de tutela efectiva y los principios de prevalencia del derecho
sustancial y «pro homine».
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La decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 14 de febrero de 2025.
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Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
31. La Sala concederá la protección de los derechos fundamentales invocados,
por las razones que se exponen a continuación:
32. En la Sentencia de 12 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia tomó como fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías parciales el 27 de diciembre de 2021, con fundamento en lo
consignado en la Resolución No. 2022060000752 del 14 de enero de 2022 (acto de
reconocimiento). Lo anterior, bajo el argumento de que la parte interesada no
recurrió dicha resolución.
33. Sin embargo, del examen del expediente se advierte la existencia de una
constancia de radicación de aquella petición presentada el 26 de octubre de 2021 y
número de radicación R 2021010422782, lo que demuestra que existió una petición
elevada en esa oportunidad ante el departamento de Antioquia. Aunado a ello, tal
como lo expuso la parte actora, no existe evidencia de que se hubiera requerido
información adicional a la peticionaria ni de que se hubiera presentado una nueva
solicitud con posterioridad, que justificara que el Tribunal desestimara la constancia
del 26 de octubre de 2021 y, en su lugar, tomara como válida la fecha del 27 de
diciembre de 2021.
34. El Tribunal, aunque mencionó la constancia de radicación de cesantías
parciales de 26 de octubre de 2021 allegada al proceso, no ofreció una justificación
razonable para no darle valor probatorio. Optó por dar por cierta la fecha consignada
en la resolución administrativa, sin que existiera soporte probatorio que acreditara
su veracidad, basándose únicamente en que el accionante no interpuso recursos
contra dicha resolución.
35. En otras palabras, el Tribunal estaba en la obligación de realizar una
valoración integral del material probatorio y no descartar una prueba determinante
sin motivación suficiente. Aunque la Resolución No. 2022060000752 del 14 de
enero de 2022 indicó como fecha de radicación el 27 de diciembre de 2021, no obra
en el expediente prueba que acredite que esa fue efectivamente la fecha en que el
actor allegó la documentación completa. Por el contrario, sí existe prueba idónea de
que la solicitud se radicó el 26 de octubre de 2021 a través de uno de los formatos
utilizados por la Secretaría de Educación de Antioquia para presentar peticiones.
36. Por otro lado, exigir al peticionario que recurriera la resolución únicamente
por la consignación equivocada de una fecha (que no tenía incidencia directa en el
reconocimiento de las cesantías parciales) resultó desproporcionado. Con mayor
razón si en el proceso no se demostró que la documentación presentada el 26 de
octubre de 2021 estuviera incompleta, circunstancia de la cual no dan cuenta los
antecedentes administrativos ni las pruebas recaudadas.
37. En ese orden de ideas, se encuentra acreditado el defecto fáctico alegado
por la parte actora; por lo que se amparará el derecho fundamental al debido
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Demandante: Aidé del Carmen Valencia Cadavid
proceso y se dejará sin efectos la Sentencia del 12 de febrero de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia. Asimismo, se ordenará a dicha autoridad
que, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera
una nueva decisión acorde con lo aquí expuesto.
38. Lo consignado en esta Sentencia no obliga al Tribunal a acceder a las
pretensiones del actor de forma automática, solo ordena realizar una nueva
valoración probatoria conforme a lo demostrado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 4 de septiembre de 2025 de la Sección
Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental
al debido proceso de Aidé del Carmen Valencia Cadavid, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 12 de febrero de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en consecuencia, ORDENAR
a esa misma autoridad judicial que, en el término de 20 días contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión de conformidad con la parte
motiva.
TERCERO. REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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