RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2024-05927-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05927-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05927-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en consecuencia, 2. Dejar sin efecto la sentencia de 18 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-024 2023 00294-01 y, en su lugar, 3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta providencia. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05927-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: REYNALDO ALONSO TORO LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Radicación solicitud de
reconocimiento de cesantías – conteo término en el cual inicia a
contar la mora. Defecto fáctico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 13 de diciembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de noviembre de 2024, el señor Reynaldo Alonso Toro López interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«2. (…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y, se profiera
una nueva decisión judicial (…)».

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El 27 de julio de 2021, el señor Reynaldo Alonso Toro López, docente vinculado al
departamento de Antioquia, presentó una solicitud para el reconocimiento y pago de
las cesantías ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el Departamento de Antioquia.

El 30 de agosto de 2021, mediante la Resolución No. 2021060088501, El FOMAG y
el departamento de Antioquia, reconocieron las cesantías solicitadas por el
demandante y estableció que el pago de dicha prestación debía realizarse de los 45
días hábiles siguientes a la ejecutoria de esa decisión, de conformidad con lo

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

establecido en la Ley 1071 de 2006. El 11 de noviembre de 2021, se realizó el pago
efectivo de las cesantías parciales.

El 16 de marzo de 2022, el señor Toro López radicó una solicitud ante el FOMAG y el
departamento de Antioquia para que se reconociera y pagara la sanción moratoria por
el retraso en el pago de las cesantías, pues fueron pagadas por fuera de los 45 días
hábiles que establece la norma, petición que no fue resuelta, razón por la cual se
configuró el acto ficto o presunto negativo demandado.

El señor Toro López presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el FOMAG y el departamento de Antioquia, en la que solicitó la nulidad del acto
administrativo ficto que negó el reconocimiento de la sanción moratoria, con
fundamento en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019.

El 20 de junio de 2024, el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Medellín profirió
sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones de la demanda.
En consecuencia, declaró la nulidad del acto ficto y, por ello, condenó al departamento
de Antioquia al pago de sanción moratoria correspondiente a 5 días de salario.

En el caso concreto, encontró que: (i) la demandante radicó la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales el 27 de julio de 2021; (ii) la Resolución N°
2021060088501 fue dictada el 30 de agosto de 2021, esto es, por fuera del término
de 15 días hábiles para hacerlo; (iii) el plazo para el pago de las cesantías, conforme
con las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-012- SUJ-012-S2 del 18 de Julio de 2018
vencieron el 5 de noviembre de 2021. Sin embargo, realizó el pago el 11 de noviembre
de ese año, esto es, transcurridos 5 días después de la fecha máxima de pago. De
ahí que, al FOMAG debía imponérsele la sanción reclamada pues fue la causante de
la mora.

Aclaró que, si bien, en la Resolución 2021060088501 del 30 de agosto de 2021
expedida por la Gobernación de Antioquia, se indicó que la petición se formuló el 20
de agosto de 2021, lo cierto era que con la demanda se aportó como prueba una
solicitud con fecha de radicación de 27 de julio de 2021, sin que se controvirtiera
sobre la veracidad de la fecha de la solicitud de reconocimiento y pago de las
cesantías.

El departamento de Antioquia interpuso recurso de apelación contra esa decisión con
fundamento en que, según lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 y la
Ley 2294 de 2023, no está legitimado ni tiene competencia para asumir con sus
propios recursos el pago de la sanción por mora derivada de retrasos en el trámite de
cesantías de docentes, pues esta obligación debe ser asumida únicamente por
Fiduprevisora S.A., entidad administradora de los recursos del Fonpremag.

Por otro lado, alegó que: no existió mora en el pago de las cesantías porque la
radicación de la solicitud fue registrada formalmente el 20 de agosto de 2021 bajo el
radicado 2021-CES-062402, de conformidad con lo señalado en la Resolución
S2021060088501 del 30 de agosto de 2021 y expresó que la resolución que reconoció
la cesantía cobró firmeza y no fue objeto de cuestionamiento por el demandante.

Agregó que, si se tenía en cuenta que la solicitud fue radicada el 20 de agosto de 2021
y el pago de las cesantías se efectuó el 11 de noviembre de 2021, este se hizo antes
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

del vencimiento del plazo previsto en la norma, por lo que no había fundamento para
reconocer la sanción moratoria. Sobre el mismo punto, sostuvo que, el Tribunal
Administrativo de Antioquia1, en otro asunto, ratificó que la fecha de radicación de la
solicitud de cesantías es la que aparece en el acto administrativo de reconocimiento
y, finalmente, señaló que la primera instancia pudo decretar pruebas de oficio para
esclarecer el asunto antes de emitir una decisión desfavorable.

El 18 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Séptima de Oralidad revocó la decisión inicial y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.

Señaló que en el presente asunto estaba demostrado que la solicitud de cesantías fue
radicada el 20 de agosto de 2021, de acuerdo en lo señalado en la Resolución No.
2021060088501 del 30 de agosto de 2021. Al respecto, advirtió que ese acto
administrativo goza de presunción de legalidad y no fue impugnado ni cuestionado por
el demandante, por lo que debía tomarse como referencia para el cómputo de
términos.

Además, anotó que la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia expidió
el acto de reconocimiento de las cesantías el 30 de agosto de 2021, esto es, dentro
del término previsto en la norma. Expresó que, al no haberse aportado constancia de
notificación, debía aplicarse el plazo de 10 días hábiles para que se considerara
notificada esa decisión, contados a partir del día siguiente a la fecha de expedición del
acto administrativo. En consecuencia, el término para la notificación feneció el 13 de
septiembre de 2021.

Explicó que, a partir de esa fecha, la Fiduprevisora tenía un plazo de 45 días hábiles
para efectuar el pago, el cual vencía el 18 de noviembre de 2021. En este caso,
destacó que el pago se realizó el 11 de noviembre de 2021, es decir, en cumplimiento
del plazo establecido en la normativa. Por lo tanto, concluyó que no se configuró mora
en el pago.

3. Argumentos de la acción de tutela

El señor Toro López afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico al omitir la valoración de pruebas relevantes incluidas en el expediente.
Expresó que, en el expediente administrativo, obra una constancia de radicación de
la solicitud de pago parcial de las cesantías, en el cual consta que fue radicada el 27
de julio de 2021. Además, resaltó que el tribunal demandado no expuso argumentos
para desconocer la falta de idoneidad de dicha prueba y simplemente descartó su
análisis, a pesar de que esta no fue tachada de falsa o fraudulenta por los sujetos
procesales.

Indicó que el tribunal demandado se limitó a una interpretación excesivamente
formalista y dio mayor peso probatoria a la presunción de legalidad del acto
administrativo, sin analizar a fondo el contenido probatorio.

Señaló que la autoridad judicial demandada no adoptó un enfoque pro homine, que
exige favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales, pues

1 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, radicado 05837-33-33-002-2021-00240-01, M.P.

Martha Cecilia Madrid Roldán.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

la prueba aportada por el demandante, consistente en el documento con fecha de
radicación del 27 de julio de 2021, no fue considerada adecuadamente, a pesar de
no haber sido tachada de falsa.

4. Trámite previo

El 6 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial
accionada. Adicionalmente, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Juzgado Veinticuatro
Administrativo de Medellín como terceros interesados.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional y el
accionante no acreditó los defectos alegados.

Respecto a la presunta configuración de defecto fáctico, advirtió que decidió tomar
como fecha de radicación de la solicitud la indicada en el acto administrativo de 30 de
agosto de 2021, el cual goza de presunción de legalidad, en lugar de la consignada
en un documento aportado por la parte actora. Resaltó que dicha decisión fue producto
del ejercicio del principio de autonomía judicial y de la valoración de las pruebas,
respetando el precedente judicial del Consejo de Estado y que, en todo caso, no
incurrió en arbitrariedades que afectaran los derechos fundamentales del actor.

6. Intervención de los terceros con interés

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare improcedente la acción
de tutela, porque no existe violación a los derechos fundamentales del accionante y la
decisión adoptada por el tribunal accionado se ajusta a derecho.

Manifestó que la solicitud de amparo no es procedente porque el caso planteado no
involucra derechos fundamentales de manera directa, sino una controversia de
carácter legal o patrimonial relacionada con la interpretación de normas sobre la mora
en el pago de cesantías.

Advirtió que la sentencia SU-098 de 2018, citada por el demandante, no es aplicable
al caso porque las circunstancias fácticas no son comparables. En este caso, el
docente estaba afiliado al FOMAG, mientras que en la sentencia invocada se trataba
de maestros no afiliados al fondo. Por ello, afirmó que el sub examine comparte
sustento fáctico y jurídico con la sentencia SU-573 de 2019, que establece que la mora
debe evaluarse bajo un régimen especial aplicable a los docentes afiliados al FOMAG.

Argumentó que el accionante busca reabrir un debate ya resuelto, lo cual contradice
el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela. Además, resaltó que el
tema de la aplicación de la Ley 50 de 1990 está pendiente de resolución en el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), el cual fue admitido mediante auto de 24 de agosto de 2023,
y en la actualidad se encuentra pendiente de emitir la sentencia respectiva.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

La Fiduprevisora, en calidad de administradora del FOMAG, solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la acción de tutela se
dirige contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Asimismo, solicitó que se declare
que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, pues no se demostraron la configuración de los requisitos de procedencia de
tutela contra providencia judicial.

El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Medellín no se pronunció sobre los
hechos que dieron origen a la presente acción.

7. Sentencia de primera instancia

El 13 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
profirió sentencia de primera instancia, que, declaró improcedente el amparo solicitado
por la parte actora, porque no cumplió con el requisito de relevancia constitucional,
pues el accionante pretende que se realice una nueva valoración probatoria, a pesar
de que esta ya había sido resuelta en el proceso ordinario.

Consideró que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia fue debidamente
motivada y se sustentó en la presunción de legalidad del acto administrativo en el que
se señaló la fecha de la solicitud de pago de las cesantías.

Anotó que el accionante no agotó los recursos ordinarios disponibles en el proceso
ordinario, porque guardó silencio frente a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuestos por la entidad demandada «sede que era el escenario principal
para elevar los argumentos que hoy trae a la acción constitucional (…)»

8. Impugnación

La accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que,
contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, sí se cumplieron los requisitos
de relevancia constitucional y subsidiariedad.

En cuanto a la relevancia constitucional afirmó el Tribunal Administrativo de Antioquia
desconoció una prueba fundamental para resolver el caso, esto es, la constancia de
radicación de la solicitud de cesantías, fechada el 27 de julio de 2021. Además, que
esa prueba documental fue incorporada legalmente en el proceso, no fue objetada por
la parte demandada y fue reconocida por el Ministerio de Educación en la contestación
de la demanda. De ahí que, la omisión de valorar esa prueba para resolver el asunto
configuraba una violación al debido.

Con respecto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, señaló que no existía
necesidad de interponer recursos adicionales en el proceso ordinario, porque la
sentencia de primera instancia le había sido favorable. Asimismo, explicó que la
vulneración del debido proceso ocurrió en la sentencia de segunda instancia, contra
la cual no existía un recurso ordinario adecuado para corregir la omisión probatoria.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

Aunado a lo anterior, expresó que en un asunto con similares supuestos fácticos y
jurídicos, la Sección Cuarta del Consejo de Estado2 dio por superados los requisitos
de procedibilidad y estudió el fondo del asunto.

Por otro lado, reiteró que estaba demostrada la configuración de defecto fáctico, pues,
el tribunal demandado desconoció una prueba válida que acreditaba la fecha real de
radicación de la solicitud de cesantías y privilegió, sin fundamento válido, la fecha
consignada en el acto administrativo, máxime si se tenía en cuenta que la fecha de
radicación consignada en el acto administrativo no puede prevalecer sobre una prueba
directa y auténtica, especialmente cuando no fue objetada por la contraparte.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de diciembre de 2024, expediente 2024-05939-00, C.P.
Milton Chaves García
3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En síntesis, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defecto fáctico al omitir la valoración de una constancia de radicación de la
solicitud de pago parcial de las cesantías, en el cual consta que fue radicada el 27 de
julio de 2021. Además, resaltó que el tribunal demandado no expuso argumentos para
desconocer la falta de idoneidad de dicha prueba y simplemente descartó su análisis,
a pesar de que esta no fue tachada de falsa o fraudulenta por los sujetos procesales.

Señaló que la autoridad judicial demandada no adoptó un enfoque pro homine, que
exige favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales, pues
la prueba aportada por el demandante, consistente en el documento con fecha de
radicación del 27 de julio de 2021, no fue considerada adecuadamente, a pesar de no
haber sido tachada de falsa.

De conformidad con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela interpuesta por la parte actora cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial. De ser afirmativa la respuesta, se
estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante al incurrir en defecto fáctico.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque
la parte actora invoca la protección de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, se sustentan con suficiencia las razones
por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un
asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la
ratio decidendi. Tampoco se emplea el mecanismo como una instancia adicional, en
el entendido que, la decisión de primera instancia del proceso ordinario fue favorable
y fue en el trámite de segunda instancia que fue revocada, lo cual resultó contrario a
sus intereses.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la

4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

parte actora, en la medida que no se reconocería el pago de la sanción por mora por
pago extemporáneo de las cesantías a la que tendría derecho.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 18 de septiembre de 2024, notificada
el 19 de septiembre de 2024, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 1 de
noviembre de 2024.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

Del defecto fáctico6 en el caso concreto7

En síntesis, la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada no tuvo en
cuenta la constancia de radicación de la solicitud de pago de las cesantías con fecha
de 27 de julio de 2021 y no expresó argumentos válidos para desconocer la falta de
idoneidad de esa prueba, a pesar de que esta no fue tachada de falsa.

De la lectura del expediente, la Sala observa que:

• En el escrito de demanda del proceso ordinario, en el acápite de hechos,
específicamente, en el hecho tercero, el demandante afirmó que el 27 de julio de 2021,
le solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de las cesantías. Se transcribe lo
pertinente:

«TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado (a),
por laborar como docente en los servicios educativos estatales en el Antioquia
(sic), le solicitó al Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el día 27 de julio de 2021, el reconocimiento y pago de
la cesantía a que tenía derecho.»

• En la contestación de la demanda por parte del FOMAG, frente a ese hecho expresó
que «ES CIERTO, de acuerdo a prueba documental, se efectuó el día 27 de julio de
2021».

6 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando

de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta
situación ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando
el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia
que de la misma emerge clara y objetivamente.
7 La Sala reitera el criterio asumido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado en casos con similares supuestos fácticos y jurídicos, en las sentencias del: 5 de diciembre de 2024,
expediente 2024-05939-00, C.P. Milton Chaves Garcia y del 6 de febrero de 2025, expediente 2024-06039-01,
C.P. Milton Chaves García.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

• El departamento de Antioquia, en la contestación de la demanda expresó que los
hechos «TERCERO Y CUARTO Son ciertos, de conformidad con la prueba
documental y de los antecedentes administrativos allegados al proceso».

• El 20 de junio de 2024, el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Medellín accedió a
las pretensiones de la demanda. Respecto a las pruebas obrantes en el expediente,
señaló que fue aportada «Solicitud de liquidación de las cesantías (folio 34, archivo 002).».
En cuanto al caso concreto, expresó que «De acuerdo con los documentos que obran en el
plenario, está demostrado que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se radicó
ante la respectiva entidad territorial el día: 27 de julio de 2021». Asimismo, advirtió que «Si
bien en la Resolución 2021060088501, expedida por la Gobernación de Antioquia, mediante la
cual se reconocen cesantías parciales, se indica que la petición se formuló el 20 de agosto de
2021 (folio 37, archivo 002); lo cierto es que con la demanda se aportó una solicitud con fecha
de radicación de 27 de julio de 2021 (folio 24, archivo 002), sin que se controvirtiera sobre la
veracidad de la fecha de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías.». Con
fundamento en ello, realizó el estudio del asunto y encontró que se configuró la sanción
moratoria equivalente a 5 días.

• El departamento de Antioquia apeló esa decisión. En síntesis, alegó que, de
conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la entidad encargada del pago
de las cesantías era el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
administrado por la Fiduprevisora.

Por otro lado, afirmó que no existió mora, porque la solicitud de cesantías fue radicada
el 20 de agosto de 2021, de conformidad con lo narrado en la Resolución
S2021060088501 del 30 de agosto de 2021, mediante la cual se resolvió esa solicitud.

Asimismo, indicó que debía tenerse en cuenta como fecha de radicación de la solicitud
de cesantías, la citada en esa resolución porque se trataba de un acto administrativo
que «ya ha cobrado fuerza ejecutoria y lo plasmado en tal sentido dentro del mismo, no fue
objeto de ninguna manifestación de inconformidad. Por lo cual, debemos entender, que la
resolución quedó en firme y conforme para la docente y que, en la fecha allí señalada, fueron
satisfechos a cabalidad la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
prestación pretendida».

Además, que ese criterio había sido acogido por el tribunal de Antioquia en otras
ocasiones

En este contexto, afirmó que no se causó el derecho al pago de sanción, pues el pago
de la cesantía se efectuó dentro del término previsto en la norma. Dicha afirmación fue
sustentada en la siguiente tabla:

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

• El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 18 de septiembre de 2024,
para realizar el cómputo de los términos de mora en el pago de las cesantías, tomó
como extremo inicial el 20 de agosto de 2021, fecha señalada en la Resolución
2021060088501 de 30 de agosto de 2021, al considerar que dicho acto administrativo
gozaba de presunción de legalidad. Asimismo, advirtió que, no era posible tener en
cuenta la copia de radicación allegada por el demandante, así:

«Así, para determinar si cabe razón a la recurrente, es menester abordar los
términos del trámite administrativo de reconocimiento de cesantías y analizar su
cumplimiento por parte de cada una de las entidades que participan en el mismo,
pues como quedó establecido en el marco jurídico de esta providencia, a partir
de allí es que, en el evento de configurarse una mora, se establece a quien
corresponde pagarla.

Para tal efecto, en el caso concreto se encuentra lo siguiente:

El 20 de agosto del 2021 quedó radicada ante la Secretaría de Educación
del Departamento de Antioquia la solicitud de pago de cesantías parciales
con destino a reparación de vivienda, por parte del docente Reynaldo
Alonso Toro López. Ello según resolución de reconocimiento de cesantías
2021060088501 del 30 de agosto del 2021, la cual goza de presunción de
legalidad en todo su contenido y que, además, al no haber sido recurrida
en vía administrativa por parte del demandante, ni demandada su nulidad
en este proceso, conlleva a determinar que aquel consintió totalmente en
su contenido y, por lo tanto, surte plenos efectos jurídicos, pues si la parte
demandante consideraba que la fecha que figura en el acto administrativo
no era la de la presentación de la solicitud, debió haber recurrido dicha
decisión o solicitado se corrija la misma, de lo cual, no emerge prueba en
el expediente.

(…)
El Departamento de Antioquia, expidió la Resolución de reconocimiento de la
prestación 2021060088501 el 30 de agosto del 2021, sin que de las pruebas
documentales aportadas por las partes se logre establecer la fecha de
notificación de la misma.

La Fiduprevisora S.A, puso el dinero reconocido a disposición de la demandante
en la entidad bancaria el 11 de noviembre del 2021.

En ese orden de ideas, si la solicitud de cesantías fue presentada el día 20
de agosto del 2021 -pues como ya se indicó, prevalece la fecha prevista en
el acto administrativo no recurrido que goza de presunción de legalidad y
surte plenos efectos jurídicos, sobre la copia de una radicación allegada
por la parte demandante -, los 15 días hábiles con que contaba el
Departamento de Antioquia para expedir el acto administrativo de
reconocimiento fenecían el 10 de septiembre del 2021, y siendo que el acto
administrativo fue proferido el 30 de agosto del 2021, no existe mora por
parte de la Entidad Territorial al expedir el acto de reconocimiento.

Ahora, dado que no se allega constancia de notificación del acto, la Sala contara
los 10 días establecidos jurisprudencialmente para el efecto, a partir del día
siguiente a su expedición, con lo cual, el termino para notificación fenecía el 13
de septiembre del 2021, fecha esta que se tomara para el conteo de los 45 días
hábiles con los que cuenta la FIDUPREVISORA para realizar el pago, lo que
aplicado al caso particular, nos indica que los mismos vencían el 18 de
noviembre del 2021, y debido a que los recursos fueron puestos a disposición el
11 de noviembre del 2021, no se presentó mora en el presente tramite de
reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías docentes.»
(Se destaca)

Ahora bien, la Sala procedió a revisar el material probatorio y encontró lo siguiente:
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

• En la Resolución 2021060088501 de 30 de agosto de 2021, proferida por el
departamento de Antioquia, mediante la cual se ordenó el pago de las cesantías
parciales al señor Toro López, se señaló en la parte considerativa, que la petición del
accionante fue radicada el 20 de agosto de 2021, bajo el número 2021-CES-062402,
de la siguiente forma:

«Mediante solicitud radicada bajo el número 2021-CES-062402 de 20 de agosto
2021 el (la) señor (a) REYNALDO ALONSO TORO LÓPEZ, (…), solicita el
reconocimiento y pago de las Cesantías Parciales para reparación de vivienda.»
(Se destaca)

• De igual forma, consta que la parte demandante aportó como prueba documental
«petición realizada a la entidad». Dicho documento contiene la siguiente información:

Como se aprecia, en la referida petición obra sello en el que la entidad receptora dejó
constancia que la radicación de la solicitud por parte del señor Toro López se hizo el
27 de julio de 2021.

En ese sentido, llama la atención que el tribunal demandado, restara validez a la
radicación de la solicitud de pago de cesantías el 27 de julio de 2021.

Dicho documento, que constituye una prueba idónea para acreditar la fecha de
presentación de la solicitud de pago de cesantías, al ser una constancia oficial
generada en el momento mismo de la radicación, tiene plena validez y credibilidad,
pues refleja de manera objetiva y verificable la actuación administrativa inicial del
solicitante. Además, su contenido no fue tachado de falso ni desvirtuado en el proceso,
lo que reafirma su idoneidad como prueba determinante para establecer el hecho
relevante.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

De este modo, no es posible desconocer ni minimizar el valor probatorio de dicha
constancia, porque cumple con los principios de autenticidad, pertinencia y suficiencia.

Por otro lado, si bien, el acto administrativo que ordenó el pago de las cesantías,
contenido en la Resolución 2021060088501 de 30 de agosto de 2021, goza de
presunción de legalidad, esta no se puede extender a hechos distintos al contenido
decisorio del acto, como la fecha de radicación de la solicitud.

Es decir, la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene como objetivo
garantizar la eficacia de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas,
pero no puede desconocer pruebas directas que acrediten hechos específicos dentro
del proceso.

En este caso, la fecha de radicación consignada en el acto administrativo no fue objeto
de prueba, sino que fue asumida por la entidad. Por tanto, no puede prevalecer sobre
la constancia de radicación allegada por el accionante, que es la prueba idónea y
objetiva que demuestra la presentación de la solicitud el 27 de julio de 2021.

En este contexto, la Sala concluye que está acreditado el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.

Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
demandante. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia de 18 de septiembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad
y ordenará que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera decisión de remplazo en la que tenga en cuenta lo señalado en la constancia
de radicado de la solicitud de pago de cesantías que se encuentra en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en
consecuencia,
2. Dejar sin efecto la sentencia de 18 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 05001-33-33-024 2023 00294-01 y, en su lugar,
3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta
providencia.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05927-01
Demandante: Reynaldo Alonso Toro López

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.