Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06861-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06861-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06861-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-00
Demandante: Oscar Luis Lara Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de sanción moratoria. Defecto fáctico.
Fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento de
cesantías parciales
Decisión: Ampara
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Oscar Luis
Lara Quintero contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 31 de octubre de 2025, Oscar Luis Lara Quintero, a través de apoderado
judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia1, con ocasión de la Sentencia de 30 de abril
de 2025 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
05837-33-33-004-2022-00005-012. A título de amparo constitucional, solicitó que se
revocara la mencionada providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de
remplazo en la que se accediera a las pretensiones de la demanda.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora expuso que en
su calidad de docente del departamento de Antioquia, el 28 de octubre de 2021,
solicitó ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales a las que tenía derecho.
3. Mediante Resolución No. S 202206000760 del 14 de enero de 2022, la
Secretaría de Educación de Antioquia accedió a dicha petición.
4. El monto correspondiente fue puesto a su disposición, en la respectiva
entidad bancaria, el 5 de marzo de 2022, razón por la cual, a su juicio, aquel pago
se efectuó de manera extemporánea, pues la entidad territorial no expidió el acto
administrativo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud y el
Ministerio de Educación Nacional no cumplió con el término de 45 días hábiles que
la ley establece para el pago de la prestación.
1
Mencionó también la presunta vulneración de las garantías de tutela efectiva y principio pro homine.
2
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 2 de mayo de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-00
Demandante: Oscar Luis Lara Quintero
5. El 28 de marzo de 2022, el accionante solicitó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG – departamento de Antioquia el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria. No obstante, no obtuvo respuesta, configurándose
así un silencio administrativo negativo.
6. El 12 de agosto de 2023, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho3 contra el acto administrativo ficto, con el propósito de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la Ley 1071 de 2006.
7. Mediante Sentencia del 21 de febrero de 2025, el Juzgado 4 Administrativo
de Turbo accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que el departamento
de Antioquia expidió el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías por
fuera del plazo de 15 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud,
configurándose así el supuesto previsto en el parágrafo del artículo 57 de la Ley
1955 de 2019. En consecuencia, declaró la responsabilidad de la entidad en el pago
de la sanción moratoria correspondiente al período comprendido entre el 10 de
febrero y el 4 de marzo de 2022.
8. Inconforme con esta decisión, el departamento de Antioquia interpuso
recurso de apelación argumentando que la fecha que se debe tener en cuenta para
el inicio del conteo de términos es la que se plasma en el acto administrativo que
reconoció las cesantías, esto es, el 27 de diciembre de 2021 y no la que se tuvo en
cuenta en la sentencia de primera instancia.
9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia del 30 de abril
de 2025, revocó la decisión de primera instancia. Señaló que la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales fue presentada el 27 de diciembre de 2021,
por lo que el término de 15 días con que contaba la entidad para elaborar y remitir
el proyecto de acto administrativo a la Fiduciaria vencía el 18 de enero de 2022. No
obstante, el acto fue expedido el 14 de enero de 2022, lo que evidencia que el
trámite se adelantó dentro del plazo fijado en el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005.
10. Agregó que no era posible tomar como válida la fecha del 28 de octubre de
2021 como la de presentación de la solicitud, toda vez que en el acto administrativo
de reconocimiento de las cesantías parciales, se indicó expresamente que la
petición fue radicada el 27 de diciembre de 2021 y frente a dicho acto no se
interpuso recurso alguno.
11. Como fundamento de la vulneración, manifestó que aportó una
constancia de radicación de la solicitud de cesantías el 28 de octubre de 2021, con
número de radicado R 2021010427429. No obstante, el Tribunal desconoció dicho
documento dando prevalencia a lo consignado en el acto administrativo que
reconoció las cesantías, en el cual se indicó que la petición se había presentado el
27 de diciembre de 2021, incurriendo con ello en un defecto fáctico.
3
El proceso fue asignado al Juzgado 4 Administrativo de Turbo con radicado No. 05837-33-33-004-2022-00005-00
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Demandante: Oscar Luis Lara Quintero
12. Resaltó que la resolución de controversias debe armonizarse con el
principio superior «pro homine». Por ello, ante la coexistencia de 2 documentos
oficiales que consignaban fechas distintas, esto es, la constancia del 28 de octubre
de 2021 y el acto administrativo que indica que aquello ocurrió el 28 de diciembre
de 2021, correspondía al Tribunal adoptar una interpretación más favorable y
garantista de los derechos del accionante, es decir, tomar como fecha de radicación
el 28 de octubre de 20214.
Intervenciones5
13. El Juzgado 4 Administrativo de Turbo6 realizó un resumen de las
actuaciones adelantadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el accionante.
14. El Ministerio de Educación Nacional aclaró que no administra ni representa
al FOMAG, ni tiene injerencia en el reconocimiento o pago de las prestaciones
sociales a cargo de dicho patrimonio autónomo. En consecuencia, señaló que
cualquier irregularidad en los pagos no puede ser atribuida al Ministerio. Añadió que
no se evidencia que las supuestas vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales afecten de manera grave la existencia o supervivencia del
accionante, ni que limiten su acceso a la administración de justicia. Tampoco se
acreditó la existencia de una vulneración indirecta de sus derechos fundamentales.
Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincularlo por falta
de legitimación pasiva en la causa.
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia efectuó un recuento de los
planteamientos expuestos en el escrito de tutela y concluyó que la acción resulta
improcedente, pues el accionante basa sus argumentos en un desacuerdo con la
valoración de los hechos que sustentaron la negativa de las pretensiones en el
proceso ordinario. Señaló, además, que la decisión cuestionada aplicó lo dispuesto
en la Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 sobre sanción moratoria por el
pago extemporáneo de cesantías, y que la valoración probatoria se realizó conforme
al marco legal, la lógica y la sana crítica. Concluyó que no se cumple el requisito de
relevancia constitucional.
16. La Fiduprevisora manifestó que no es responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, dado que no existe nexo
causal entre la entidad y la acción, omisión o amenaza que se alega. Por tanto,
consideró que la acción es improcedente por falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó su desvinculación del trámite.
17. El departamento de Antioquia no se pronunció a pesar de haber sido
debidamente notificado.
4
Citó las sentencias del Consejo de Estado con radicados No. (i) 11001-03-15-000-2024-05939-00, (ii) 11001-03-15-000-
2024-06039-01 y (iii) 11001-03-15-000-2024-05927-01, para reforzar su argumento.
5
Mediante Auto de 5 de noviembre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia y vinculó al Juzgado 4 Administrativo de Turbo Antioquia, el Departamento de Antioquia y la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
6
El Juzgado envío el expediente del proceso de forma digital.
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Demandante: Oscar Luis Lara Quintero
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
19. No se accederá a la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduprevisora debido a que intervinieron dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho como demandados.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en su calidad de juez de segunda instancia,
incurrió en defecto fáctico al tomar como fecha de radicación de la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías parciales la consignada en el acto
administrativo de reconocimiento y no la indicada en la constancia de radicación de
aquella petición.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala declarará procedente la acción de tutela dado que: (1) posee
relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en la posible
vulneración del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, no se
trata de un asunto de mera legalidad o eminentemente económico y los reparos
fueron dirigidos concretamente contra la decisión de segundo grado del proceso
ordinario; (2) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que Oscar Luis Lara Quintero participó como demandante en el
medio de control y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia; (3) se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya
que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles para procurar la
defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela fue presentada el 28 de octubre de
2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de
la sentencia7; (5) no se alegó una irregularidad procesal; (6) los hechos y
fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron
identificados de manera razonable; y (7) la tutela no fe interpuesta contra una
providencia de la misma naturaleza.
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Se notificó a través de mensaje de datos enviado el 2 de mayo de 2025.
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Demandante: Oscar Luis Lara Quintero
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
22. La Sala concederá el amparo solicitado respecto al defecto fáctico por las
razones que se expone a continuación:
23. En la Sentencia de 30 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia tomó como fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías parciales el 27 de diciembre de 2021, con fundamento en lo
consignado en la Resolución No. 2022060000760 del 14 de enero de 2022 (acto de
reconocimiento). Lo anterior, bajo el argumento de que dicha resolución no fue
recurrida por la parte interesada.
24. Sin embargo, del examen del expediente se advierte la existencia de una
constancia de radicación de aquella petición presentada el 28 de octubre de 2021 y
número de radicación R 2021010427429, lo que demuestra que existió una petición
elevada en esa oportunidad ante el departamento de Antioquia. Aunado a ello, tal
como lo expuso el actor, no existe evidencia de que se hubiera requerido
información adicional a la peticionaria ni de que se hubiera presentado una nueva
solicitud con posterioridad, que justificara que el Tribunal desestimara la constancia
del 28 de octubre de 2021 y, en su lugar, tomara como válida la fecha del 28 de
octubre de 2021.
25. El Tribunal omitió valorar la constancia de radicación de cesantías parciales
de 28 de octubre de 2021 allegada al proceso, sin ofrecer una justificación razonable
para su exclusión. Optó por dar por cierta la fecha consignada en la resolución
administrativa, sin que existiera soporte probatorio que acreditara su veracidad,
basándose únicamente en que el accionante no interpuso recursos contra dicha
resolución.
26. En otras palabras, el Tribunal estaba en la obligación de realizar una
valoración integral del material probatorio y no descartar una prueba determinante
sin motivación suficiente. Aunque la Resolución No. 2022060000760 del 14 de
enero de 2022 indicó como fecha de radicación el 27 de diciembre de 2021, no obra
en el expediente prueba que acredite que esa fue efectivamente la fecha en que el
actor allegó la documentación completa. Por el contrario, sí existe prueba idónea de
que la solicitud se radicó el 28 de octubre de 2021 a través de uno de los formatos
utilizados por la Secretaria de Educación de Antioquia para presentar peticiones.
27. Por otro lado, exigir al peticionario que recurriera la resolución únicamente
por la consignación equivocada de una fecha (que no tenía incidencia directa en el
reconocimiento de las cesantías parciales) resultó desproporcionado. Con mayor
razón si en el proceso no se demostró que la documentación presentada el 28 de
octubre de 2021 estuviera incompleta, circunstancia de la cual no dan cuenta los
antecedentes administrativos ni las pruebas recaudadas.
28. En ese orden de ideas, se encuentra acreditado el defecto fáctico alegado
por la parte actora; por lo que se amparará el derecho fundamental al debido
proceso y se dejará sin efectos la Sentencia del 30 de abril de 2025 proferida por el
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Demandante: Oscar Luis Lara Quintero
Tribunal Administrativo de Antioquia. Asimismo, se ordenará a dicha autoridad que,
dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una
nueva decisión acorde con lo aquí expuesto.
29. Lo consignado en esta Sentencia no obliga al Tribunal a acceder a las
pretensiones del actor de forma automática, solo ordena realizar una nueva
valoración probatoria conforme a lo demostrado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por el
Ministerio de Educación Nacional y por la Fiduprevisora por los argumentos
expuestos anteriormente.
SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Oscar Luis
Lara Quintero, por las razones expuestas anteriormente.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 30 de abril de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en consecuencia, ORDENAR a esa
misma autoridad judicial que, en el término de 20 días contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión de conformidad con la parte
motiva.
CUARTO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
6
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