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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03781-01

Fecha
31 de agosto de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03781-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 26 de junio 2026, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo promovida por Rubia del Carmen Vargas Vera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03781-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

31 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico - Confirma
improcedencia – Relevancia constitucional

Síntesis del caso: El accionante enjuició la sentencia que revocó la decisión de primera
instancia que había reconocido y ordenado el pago de la sanción moratoria reclamada
por consignación tardía de las cesantías.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 26 de
junio de 2026, por la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no haber
superado el requisito de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 19 de mayo de 2026, Rubia del Carmen Vargas Vera, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva y al principio “pro homine”, con ocasión de la Sentencia de 12 de
noviembre de 2025, proferida en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 05837-33-33-004-2023-00525-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en sentencia del
12 de noviembre de 2025 proferida dentro del medio de control identificado
con No. 05837-33-33-004- 2023-00525-01 transgredió los derechos fundamentales

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la señora Martha Cecilia Cortés

Jerez.” Si bien se observa que el nombre del accionante no coincide, lo cierto es que se trata de una trascripción
textual que corresponde a la sentencia de primera instancia de 26 de junio de 2026,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora RUBIA DEL CARMEN
VARGAS VERA, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios
de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo
vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Rubia del Carmen
Vargas Vera y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta
las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión
de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los
docentes del Fomag.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) El 6 de octubre de 2021, Rubia del Carmen Vargas Vera, en su
calidad de docente, solicitó, el reconocimiento y pago de sus cesantías
parciales ante la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia.

5. 2) Mediante la Resolución No. 2021060130718 de 2 de diciembre de
2021, la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia tomó
como fecha de radicación de la solicitud el 24 de noviembre de 20213 y
reconoció y ordenó el pago de cesantías parciales, en favor de la señora
Vargas Vera, por valor de $31.415.7884.

6. 3) Las cesantías parciales reconocidas fueron puestas a disposición de
la accionante el 22 de febrero de 2022, por consignación bancaria5.

7. 4) El 1 de noviembre de 2022, la parte actora solicitó ante el FOMAG
y el departamento de Antioquia el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por la no
consignación oportuna de las cesantías. Dicha solicitud fue negada por el
departamento de Antioquia, mediante acto administrativo No.
ANT2023EE016303 de 1 de junio de 20236, y el FOMAG guardó silencio.

8. 5) El 3 de octubre de 2023, la señora Vargas Vera presentó, mediante
apoderado, demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional

3 Bajo No. 2021-CES-077953.
4 “ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER UN ANTICIPO DE CESANTIAS EN TIEMPO DEL COVID-19, a favor del señor (a)

RUBIA DEL CARMEN VARGAS VERA, identificado (a) con C.C. 39.420.189 de APARTADO, ANTIOQUIA, por la suma
de $31.415.788, que le corresponde por el tiempo de servicios como docente Departamental, Sistema General de
Participaciones.”
5 Mediante Oficio No. CPC2022102801080290103 de 28 de noviembre de 2022, el FOMAG emitió certificado de

pago de cesantías.
6 Índice 11 del aplicativo SAMAI, en el expediente de primera instancia 2026-03781-00, anexos de la demanda

archivo “003 Anexos” (se trascribe): “En virtud de la competencia y capacidad para determinar las
responsabilidades por la existencia de la mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas, la jurisdicción
contenciosa administrativa está actualmente dirimiendo estos conflictos. Por lo tanto, no procede ningún pago
hasta que exista la orden judicial que declare la mora y la responsabilidad en cabeza de la Secretaría de
Educación y su monto.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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– FOMAG y el departamento de Antioquia, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, orientada a obtener la nulidad
del acto administrativo No. ANT2023EE016303 de 1 de junio de 2023,
expedido por el departamento de Antioquia, y el acto administrativo
presunto, derivado del silencio administrativo del FOMAG frente a la solicitud
que presentó el 1 de noviembre de 2022 y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada a su favor.

9. 6) Mediante Sentencia de 29 de agosto de 2025, el Juzgado 4
Administrativo de Turbo declaró la nulidad del acto administrativo No.
ANT2023EE016303 de 1 de junio de 2023 del departamento de Antioquia,
reconoció la existencia del acto presunto, declaró su nulidad y, en
consecuencia, ordenó el pago de la sanción moratoria a favor de la señora
Vargas Vera y a cargo del departamento de Antioquia, por la consignación
tardía de las cesantías parciales reconocidas, equivalente a un día de
salario por cada día de retraso, entre el 20 de enero de 2022, día siguiente
al que vencía el término de 70 días con los que contaba la entidad para
poner a disposición el dinero a favor de la demandante, y el 21 de febrero
de 2022, día anterior a aquel en que se verificó el pago, es decir 33 días de
sanción7.

10. 7) La anterior decisión fue apelada por el departamento de Antioquia.
Argumentó que debía tomarse como fecha de presentación de la solicitud
el 24 de noviembre de 2021, con radicado No. 2021-CES-077953, de acuerdo
con lo previsto en la Resolución No. 2021060130718 de 2 de diciembre de
2021, pues, si bien se radicó la solicitud el 6 de octubre de 2021, esta se debía
entender formalmente radicada solo hasta que se completaron los requisitos
necesarios para iniciar con el estudio de reconocimiento de sus cesantías
parciales.

11. En esa medida, expuso que el pago de las cesantías se efectuó dentro
del término de 70 días hábiles, habida cuenta de que, al tomar como fecha
de la solicitud el 24 de noviembre de 2021, el plazo para efectuar el pago
fenecía el 4 de marzo de 2022 y las cesantías fueron puestas a disposición
de la docente el 22 de febrero de 2022, es decir que no se incurrió en mora.

7 “PRIMERO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo ANT2023EE016303 del 01 de junio de 2023 por medio del

cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la señora Rubia del Carmen Vargas Vera por el
pago tardío de sus cesantías parciales reconocidas mediante Resolución No. 2021060130718 del 02 de diciembre
de 2021, de conformidad con la Ley 1071 de 2006.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, condenar al Departamento de Antioquia a reconocer y
pagar a la señora Rubia del Carmen Vargas Vera la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006, del 20 de
enero al 21 de febrero de 2022. Sanción que será liquidada de conformidad con la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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12. 8) El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la Sentencia de
12 de noviembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda8.

13. El tribunal no encontró acreditada la presunta mora en el trámite de
consignación de cesantías. Precisó que, conforme con el artículo
2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 942 de 2022 y al artículo 17 del CPACA, el conteo
de los términos para el trámite de reconocimiento y pago de cesantías no
se iniciaba con la simple presentación de la solicitud, sino con la fecha en
que la entidad territorial certificaba su radicación completa.

14. Con fundamento en ello, estableció que dicha fecha correspondió al
24 de noviembre de 2021, según constaba en la Resolución No.
2021060130718 de 2 de diciembre de 2021, expedida por el Departamento
de Antioquia, acto que gozaba de presunción de legalidad y no fue
controvertido por la demandante, y no al 6 de octubre de 2021 alegado en
la instancia previa. Bajo ese conteo, concluyó que la entidad territorial
cumplió los términos legales para expedir, notificar y remitir el acto de
reconocimiento, y que el pago efectuado por la Fiduprevisora S.A. el 22 de
febrero de 2022 se produjo dentro del plazo, razón por la cual no se configuró
la mora endilgada.

15. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
entidad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio.

16. Sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció las reglas de
la sana crítica al restarle valor probatorio a la constancia de radicación de
la solicitud de cesantías del 6 de octubre de 2021, documento que, a su
juicio, no fue tachado ni desvirtuado por las entidades demandadas y que
fue aportado por ambos extremos de la litis, y al privilegiar, sin motivación
suficiente, la fecha consignada en el acto administrativo de
reconocimiento, 24 de noviembre de 2021, pese a que dicho acto gozaba
de presunción de legalidad únicamente respecto de su contenido decisorio
y no de hechos ajenos a este.

17. Adicionalmente, señaló que el tribunal omitió valorar la hoja de
revisión obrante en el expediente administrativo, que registraba como fecha
de radicación el 6 de octubre de 2021, y que no existió constancia de
requerimiento alguno de documentación adicional que respaldara la tesis
de una radicación incompleta.

8 “PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el veintinueve (29) de agosto del dos mil veinticinco (2025) por parte

del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Turbo – Antioquia, y en su lugar, SE NIEGAN LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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18. Invocó, varios pronunciamientos de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado9 que, en casos de connotaciones similares contra el mismo tribunal,
ampararon el derecho al debido proceso por indebida valoración
probatoria.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación10

19. Mediante Sentencia de 26 de junio de 2026, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo al considerar que no se superó el requisito de relevancia
constitucional. Para ello, sostuvo que la decisión censurada estuvo
debidamente motivada, en la medida en que la justificación expuesta por
el Tribunal Administrativo de Antioquia para desestimar el contenido de la
constancia de radicación y privilegiar la fecha consignada en el acto
administrativo de reconocimiento resultó razonable y no merecía reproche
desde una perspectiva constitucional. Precisó, con apoyo en
pronunciamientos previos de la misma Subsección11, que otorgar mayor
valor probatorio a un medio de convicción sobre otro no constituía per se
un yerro en la valoración de la prueba, siempre que se expusieran, de
manera clara, suficiente y coherente, las razones que sustentaban la
decisión adoptada.

20. Adicionalmente, indicó que las sentencias de tutela invocadas por la
parte actora, proferidas por la Sección Cuarta de la Corporación en casos
similares, tenían efectos exclusivamente inter partes y no resultaban
vinculantes. Por último, con fundamento en la Sentencia SU-573 de 2019,
concluyó que los asuntos relacionados con la sanción moratoria por
consignación tardía de cesantías carecían de relevancia constitucional, al
ostentar un carácter netamente económico que no alcanzaba a transgredir
derechos fundamentales.

21. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que indicó que el juez de tutela de
primera instancia omitió analizar los argumentos mediante los cuales se
demostró que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció las reglas
de la sana crítica al restarle mérito probatorio a la constancia de radicación
de la solicitud de cesantías de 6 de octubre de 2021, documento que, a su

9(se trascriben las sentencias citadas): Consejo de Estado, Sección Cuarta, 5 de diciembre de 2024 (Rad. 11001-

03-15-000-2024-05939-00), de 6 de febrero de 2025 (Rad. 11001-03-15-000-2024-06039-01), de 6 de marzo de 2025
(Rad. 11001-03-15-000-2024-05927-01), de 17 de julio de 2025 (Rad. 11001-03-15-000-2025-03537-00) y de 22 de enero
de 2026 (Rad. 11001-03-15-000-2025-07169-00).
10 Mediante Auto de 20 de mayo de 2026, el despacho ponente de primera instancia resolvió (1) admitir la solicitud

de amparo, (2) tener como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia y, (3) vincular a la Nación – Ministerio
Nacional de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al procurador 170 judicial I para asuntos
de conciliación administrativa y al departamento de Antioquia, como terceros con interés en el asunto.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 26 de septiembre de 2025, expediente 2025-

03871-01. Sentencia de 30 de enero de 2026, expediente 2025-07477-00. Sentencia de 16 de junio de 2026,
expediente 2026-03389-00.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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juicio, constituía el medio de prueba idóneo y directo para acreditar dicho
hecho, porque (a) hacía parte del expediente administrativo allegado por
la entidad demandada en cumplimiento de un requerimiento judicial; (b) su
contenido encontraba respaldo en otros medios de prueba, como (se
trascribe) “la hoja de revisión”; y (c) las entidades accionadas no
desvirtuaron su autenticidad ni validez. Cuestionó, además, que el juez de
primera instancia avalara la conclusión de la autoridad judicial accionada
según la cual la solicitud se presentó de manera incompleta, sin que tal
consideración tuviera respaldo en los medios de prueba obrantes en el
expediente.

22. Aunado a lo anterior, indicó que pasó por alto que las entidades
demandadas en el proceso, en sus escritos de contestación, aceptaran
como ciertos los hechos relativos a la fecha de radicación sin formular
objeción alguna dentro de la oportunidad procesal prevista, y que el
Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió la controversia bajo la premisa
de que no era posible establecer que el formato de radicación
correspondiera al trámite objeto de análisis, pese a que dicho documento
obraba en el expediente administrativo remitido por la Secretaría de
Educación del departamento de Antioquia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1 Fijación de la controversia

23. Determinar, una vez verificados los requisitos de la acción de tutela
contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de Antioquia, como
juez de segunda instancia, al proferir la Sentencia de 12 de noviembre de
2025, incurrió en un defecto fáctico, por no realizar un estudió íntegro la
solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías radicada el 6 de
octubre de 2021, al revocar la sentencia que decidió acceder a las
pretensiones de ordenar el pago de la sanción moratoria por consignación
tardía de sus cesantías parciales. En consecuencia, se procederá a
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado.

2.2 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional:

25. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los

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jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.

26. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional12.

27. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

28. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto14; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario15 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad16.

29. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito porque el debate que la parte actora
pretende dilucidar en sede de tutela ya fue tratado por el juez natural de la
causa.

30. Con ellos se advierte que, si bien la parte actora no presentó recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, lo cierto es
que los argumentos aquí planteados fueron objeto de pronunciamiento, por
parte de la autoridad judicial accionada, con ocasión del recurso

12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
14 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
15 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
16 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
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Decisión: Confirma
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presentado por departamento de Antioquia17 en los siguientes términos (se
trascribe):

“De otra parte, se debe decir que, en los anexos de la demanda figura un
documento, en el cual consta que el demandante presentó una solicitud de
pago de cesantías parciales, pero, sin que se pueda determinar
fehacientemente que, de una parte, son las cesantías que nos ocupan en el
presente proceso y, de otra, que la documentación estuviese completa
conforme a lo requerido por la entidad, pues fuera de una radicación del 6 de
octubre del 2021, que no se discute, ninguna constancia emanada de la
entidad establece que dicha solicitud así presentada, cumplía con todos los
requisitos exigidos para dar inicio al trámite correspondiente. Cuando la norma
y la jurisprudencia refieren a la entrega de la documentación como principio de
contabilización del término procedimental, de manera lógica se debe entender
que el mismo se inicia cuando exista constancia de que la documentación se
entregó de manera completa, pues lo contrario, llevaría al absurdo de admitir
que la entrega de cualquier tipo de documento da inicio al trámite prestacional.

De esta manera, se concluye que la fecha de radicación que se debe tener en
cuenta a efectos de iniciar el conteo de los términos, es aquella en la cual la
entidad radica la solicitud con la certificación de que la documentación
requerida ya está completa, y no otra, fecha ésta que puede vislumbrarse
expresamente en la parte considerativa del acto administrativo de
reconocimiento o en el documento de trazabilidad que emite la entidad
territorial, y que, puede diferir notoriamente de la fecha en la cual se presenta
la solicitud, pues, la misma puede ser devuelta al peticionario para que sea
corregida o subsanada tal y como lo ordena la norma.

En el presente, la parte demandante no allega un documento de trazabilidad
conforme a su carga probatoria, y, el único documento que da cuenta de que
la solicitud se presentó de manera completa es el acto administrativo de
reconocimiento, al cual, en virtud de la presunción de legalidad del acto
(incluido el hecho de que la motivación debe tomarse como cierta dado que
no se alegó la falsa motivación del mismo), se le otorgara mayor peso
probatorio.

Sumado a ello, se debe tener en cuenta que lo dispuesto en el acto
administrativo de reconocimiento, nunca fue discutido o recurrido por parte de
la demandante, ni demandada su nulidad en el presente proceso, lo cual,
conlleva a establecer que aquella consintió además en lo allí expuesto.

• El Departamento de Antioquia, expidió la Resolución N° 2021060130718 de
reconocimiento de la prestación el día 2 de diciembre del 2021, misma que fue
notificada el 9 de diciembre del 2021, y entregada a FIDUPREVISORA el 13 de
enero del 2022, con renuncia a recursos y a términos por parte de la docente. •
La Fiduprevisora S.A, puso el dinero reconocido a disposición de la demandante
en la entidad bancaria el 22 de febrero del 2022.

En ese orden de ideas, si la solicitud de cesantías fue radicada con la
documentación completa el día 24 de noviembre del 2021, los 15 días hábiles
con que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el acto
administrativo de reconocimiento, notificar y poner a disposición de
FIDUPREVISORA el mismo, fenecían el 16 de diciembre del 2021, y, dado que el
acto administrativo fue expedido el 2 de diciembre del 2021 y notificado el 9 de
diciembre siguiente con renuncia a términos y recursos por parte de la docente,
pero entregado a Fiduprevisora el 13 de enero del 2022, la entidad territorial
incumplió los términos a ella exigibles.

17 Ver párrafo 10 de la presente providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
_____________________________________________________________________________________________________________

Ahora bien, siendo el termino inicial extemporáneo, conforme a las reglas del
Consejo de Estado, a partir del 16 de diciembre del 2021 se contabilizan los 10
días de ejecutoria del acto administrativo, los cuales corren hasta el 30 de
diciembre del 2021, fecha a partir de la cual se contabilizan los 45 días dispuestos
para el pago y que fenecían el 4 de marzo del 2022 y, como el pago se efectuó
el 22 de febrero del 2022, no se presentó mora en el pago de la prestación.

Lo anterior, permite a esta Sala de Decisión NO estar de acuerdo con la
conclusión a la que arrimó el A quo con relación a la existencia de la mora,
diferencia que emerge de i) no haber tomado como fecha de inicio del conteo
de términos aquella en que la entidad certifica que la documentación se
entregó de manera completa y, ii) restarle peso probatorio a un acto
administrativo que goza de presunción de legalidad en su contenido, lo cual, da
validez a su motivación, sobre un documento en el cual no consta que se trate
de las mismas cesantías que ocupan al presente proceso o que la
documentación entregada estaba completa.”

31. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
revocar la decisión de primera instancia, que accedió las pretensiones de la
demanda, al considerar que el departamento de Antioquia no excedió el
plazo para expedir el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías del demandante, pues, de acuerdo con la Resolución No.
2021060130718 de 2 de diciembre de 2021, la solicitud se debía tener como
presentada el 24 de noviembre de 2021, cuando estaba completa, y no el
6 de octubre de 2021.

32. Lo que observa la Sala es que la parte actora no está conforme con
la valoración de las pruebas que hizo la autoridad judicial accionada y
pretende que se adopte una apreciación probatoria más ajustada a sus
intereses, con lo cual, se aclara que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional18.

2.3 Conclusión

33. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y confirmará la sentencia de primera instancia.

18 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03781-01
Demandante: Rubia del Carmen Vargas Vera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
_____________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 26 de junio 2026, por medio de la
cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo promovida por Rubia del Carmen
Vargas Vera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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