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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04608-01

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04608-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia del 25 de septiembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en su lugar: 2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Nancy Oliva Toro Quintero, en consecuencia, 3. Dejar sin efecto la sentencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-032- 2023-00222-01y, 4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta la motivación de la presente providencia. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04608-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

6 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – sanción moratoria por pago tardío
de cesantías. Defecto fáctico

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de Nancy Oliva
Toro Quintero contra la sentencia de tutela de 25 de septiembre de 2025, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió:

«PRMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la
señora Nancy Oliva Toro Quintero.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de julio de 2025, Nancy Oliva Toro Quintero, mediante apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y el principio pro homine. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia del
14 de febrero de 2025, dictado dentro del proceso identificado con No. 05001-33-33-032-
2023-00222 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
PRO HOMINE de la señora NANCY OLIVA TORO QUINTERO, al haber adoptado una
decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria
y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de
los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación
fáctica de la accionante Nancy Olivia Toro Quintero y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido
para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de
los docentes del Fomag.».
(sic para toda la cita)

1
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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa

Nancy Oliva Toro Quintero presta sus servicios como docente en la planta de personal
del departamento de Antioquia.

El 4 de octubre de 2019, la señora Toro Quintero solicitó el reconocimiento y pago de
sus cesantías parciales Dichas prestaciones fueron reconocidas mediante la
Resolución 2019060337416 de 8 de noviembre de 2019, y los recursos
correspondientes fueron puestos a disposición de la entidad bancaria el 30 de enero
de 2020.

Debido a la demora en el pago, el 1 de diciembre de 2021, la actora solicitó al
Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) el reconocimiento y pago de la sanción por mora. A su juicio, el plazo legal
con el que contaba la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento
vencía el 19 de noviembre de 2019. Sin embargo, señaló que, pese a que dicho
reconocimiento se realizó, los recursos correspondientes solo fueron puestos a
disposición de la entidad bancaria hasta el 30 de enero de 2020. Esto implicó un pago
extemporáneo, ya que los 70 días hábiles para efectuar el pago vencían el 20 de enero
de 2020, lo que, a su parecer, generó una mora de 25 días.

El ente previsional guardó silencio, razón por la que la actora consideró que se
configuró un acto ficto negativo.

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Nancy Oliva Toro Quintero promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el objeto de obtener la nulidad
del acto administrativo ficto que se configuró el 1° de marzo de 2022, de la petición
radicada el 1° de diciembre de 2021.

En consecuencia, solicitó condenar a las demandadas así:

«1. Condenar a la entidad ANTIOQUIA, al reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR
MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1)
día de su salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al
momento en que se radicó la solicitud de cesantía de mi representado (a), de conformidad
con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

2. Condenar a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FOMAG, al
reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 a
favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo,
contados desde los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, al momento en que
quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las cesantías a mi mandante.

3. Que se ordene a la entidad ANTIOQUIA-NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-
dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días
contados desde la comunicación de este tanto como lo dispone el artículo 192 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(C.P.A.C.A)».

2
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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

El Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín, en sentencia del 26 de junio
de 2024, accedió a las pretensiones, declaró la nulidad del acto administrativo
demandado y, en consecuencia, condenó al Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG a pagar a la demandante la sanción moratoria correspondiente al período
comprendido entre el 21 y el 29 de enero de 2020, correspondiente a 8 días, en los
términos de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, liquidable con
base en el salario devengado en el 2020.

Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación, con el
argumento que la responsabilidad de la mora recaía en el departamento de Antioquia,
al ser el emisor del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, conforme
con lo previsto en la Ley 1955 de 2019, pues la Secretaría de Educación de Antioquia,
emitió de forma extemporánea la resolución y, como consecuencia de ello se generó
una dilación en el pago de la prestación económica.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 14 de febrero de
2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda. En cuanto a la fecha de radicación de la solicitud adujo que debía tener en
cuenta la descrita en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, esto
es, el 17 de octubre de 2019, pues gozaba de presunción de legalidad.

Así concluyó que, no se configuró la mora alegada, porque los 15 días con los que
contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías se cumplieron el 8 de noviembre de 2019, fecha en la que se expidió la
Resolución 2019060337416, en la que se reconoció el pago de la prestación. Que, los
10 días siguientes, es decir, los de vencimiento de la ejecutoria, finalizaban el 25 de
noviembre de 2019, teniendo en cuenta que no hubo renuncia a términos por la parte
demandante. Por lo que los 45 días con los que contaba el FOMAG para efectuar el
pago irían hasta el 30 de enero de 2020.

Que, teniendo en cuenta que el pago se efectuó el 30 de enero de 2020, no se
configuró la sanción moratoria alegada, porque las entidades tenían plazo legal para
pagar las cesantías hasta esa fecha.

3. Argumentos de la acción de tutela

La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico
porque considera que no se efectuó una valoración integral y adecuada de las pruebas
aportadas al proceso. Al respecto, señaló que, en el caso concreto, «(…) la autoridad
demandada minimiza el valor probatorio de la información incluida en el formato de
reconocimiento y pago de las cesantías presentada por la parte demandante; concretamente,
desestima la fecha de radicación consignada, 4 de octubre de 2019, otorgando mayor
credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación, donde se
indica que este hecho acaeció el 17 de octubre de 2019».

Aseguró que, en segunda instancia, la autoridad judicial omitió valorar el formato de
radicación, que había sido aportado con la demanda, se reconoció como prueba válida
y no fue tachada de falsa o fraudulenta por la contraparte, desestimando un elemento
de juicio relevante para el esclarecimiento de los hechos, sin que mediara una
motivación suficiente que justificara su exclusión del análisis del caso concreto.

Que, de haberse valorado la referida prueba, la autoridad judicial accionada hubiese
podido advertir que se trataba de un formato genérico elaborado por el departamento

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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

de Antioquia y dirigido a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio – Dirección
de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación, destinado a la
tramitación de solicitudes relacionadas con prestaciones económicas del personal
docente, el cual fue diligenciado por la señora Nancy Oliva Toro Quintero para solicitar
el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.

Aseguró que, en el expediente no existe prueba que demuestre que los documentos
radicados por la actora carecían de algún requisito o documento esencial que
impidiera el inicio del cómputo del término de quince (15) días hábiles previsto en el
artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, ni tampoco existe evidencia que acredite que dicha
reclamación fue radicada o completada en la fecha consignada en el acto
administrativo (17 de octubre de 2019), circunstancia que considera relevante para
justificar que el término legal no comenzara a contarse desde el 4 de octubre de 2019.

Afirmó que, el ente territorial remitió a la Fiduprevisora S.A. el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías hasta el 26 de noviembre de 2019, fecha a partir de
la cual surge la obligación de pago para la fiduciaria, conforme con lo previsto en el
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Que, en esa medida, como la solicitud se radicó
el 4 de octubre de 2019 y la remisión del expediente ocurrió el 26 de noviembre del
mismo año, la actuación administrativa superó el término de los 15 días con que
contaba la entidad para adelantar las gestiones respectivas, configurándose un
retardo imputable al ente territorial.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

El 1° de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la accionante y al Tribunal Administrativo de
Antioquia como demandado. Además, vinculó al Juzgado Treinta y dos Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, a la Fiduprevisora S.A., y al
departamento de Antioquia, como terceros con interés.

5. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se declarara improcedente o se
negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no cumple los requisitos
generales de procedibilidad, concretamente el de inmediatez, pues aduce que la
sentencia cuestionada se profirió el 14 de febrero de 2025 y el recurso de amparo se
presentó cuando se había superado el término de seis meses.

Alegó que la decisión cuestionada, se sustentó en las normas que rigen el caso, las
pruebas aportadas al proceso y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado.
Que en la providencia se concluyó que, respecto a la controversia suscitada en torno
a la fecha en la que la accionante habría formulado la solicitud de las cesantías, debe
otorgarse prevalencia a la fecha consignada en el contenido del acto administrativo,
mediante el cual se efectuó el reconocimiento de estas, teniendo en cuenta que dicha
resolución no fue objeto de recurso, por lo tanto, quedó en firme, de donde se infiere
que la actora estuvo de acuerdo con el contenido de este.

6. Intervenciones de los terceros vinculados

El Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín remitió el link de acceso al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001333303220230022200,
sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.

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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se le desvinculara del presente
trámite de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que en
el presente caso se está cuestionando una providencia judicial en la cual no tuvo
injerencia.

Precisó que, que esa cartera ministerial no administra ni representa al FOMAG, ni
tiene injerencia directa sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a
cargo de este patrimonio autónomo. Por tanto, cualquier irregularidad o retraso en los
pagos relacionados no le puede ser atribuida.

En todo caso, aseguró que la acción de tutela no cumple el requisito general de
relevancia constitucional, pues no se acreditó la vulneración de algún derecho
fundamental de la actora y lo que evidencia es que, las pretensiones están orientadas
a constituir una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las
cesantías.

Además, precisó que en el presente caso la controversia es estrictamente económica,
un litigio que involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez de
tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional.

La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela,
porque carece de legitimación en la causa por pasiva, para el efecto señaló que, como
vocera y administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no es el
ente nominador y solo se encarga de administrar los recursos dispuestos por el plan
nacional de desarrollo para las prestaciones sociales de los docentes adscritos al
magisterio. Que, en esa medida, toda acción que ejecuta es respaldada por un acto
administrativo proveniente de las secretarias de educación a nivel nacional.

Señaló que no tiene la facultad para proferir, modificar o revocar providencias
judiciales, por lo tanto, no tiene relación con los hechos invocados por la actora como
transgresores de sus derechos fundamentales.

Refirió que, las decisiones judiciales proferidas dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho están conformes con las normas que rigen el caso y
no desconoció algún precedente jurisprudencial, que, por lo tanto, no es posible
afirmar que transgredió alguna de las garantías fundamentales de la accionante, pues
se respetó el debido proceso y la actuación se adelantó en debida forma y en atención
de los procedimientos legales.

7. Sentencia de primera instancia

El 25 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de tutela de primera instancia, en la cual negó las solicitudes de
desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A. y
declaró improcedente el amparo solicitado, porque no cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

Señaló que, la parte actora pretende que se realice nuevamente el estudio ya zanjado
ante el juez natural del asunto, con la única finalidad de obtener una decisión favorable
a sus intereses.

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Precisó que la autoridad judicial accionada, tomó como fecha de presentación de la
solicitud el 17 de octubre de 2019, por ser la prevista en la resolución de
reconocimiento de la prestación, la cual se encuentra en firme y no fue controvertida
dentro del medio de control.

Aunado a ello, indicó que el tribunal hizo el conteo de los términos delimitados en la
Ley 1071 de 2006, a partir del 17 de octubre de 2019, frente a lo cual señaló que para
que se configurara la sanción moratoria debían totalizarse 70 días hábiles contados
desde el momento en que se radicaba la solicitud, para lo cual la administración
contaba con 15 días posteriores a ello para expedir el acto de reconocimiento, 10 días
adicionales de término de ejecutoria y 45 siguientes para que el FOMAG cancelara
debidamente el pago.

Que, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada concluyó que «(…) los 15 días
con los que contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento se
cumplían el mismo día en que se expidió el acto. Los 10 días siguientes, es decir, los de
vencimiento de la ejecutoria, finalizaban el 25 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que
no hubo renuncia a términos por la parte demandante. Por lo que los 45 días con los que
contaba el Fomag para efectuar el pago irían hasta el 30 de enero de 2020». Que al
evidenciar que el pago de las cesantías se había hecho el 30 de enero de 2020, el
tribunal no encontró razón alguna para considerar la configuración de la sanción
moratoria solicitada.

8. Impugnación

La señora Nancy Oliva Toro Quintero impugnó el fallo de primera instancia, porque
considera que se satisface el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes
razones:

Insistió en que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, pues aseguró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la
constancia de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
parciales, de 4 de octubre 2019.

Que, en casos similares la Sección Cuarta del Consejo de Estado 1, ha revocado los
fallos de primera instancia que declaran improcedente la acción de tutela y entiende
superado el requisito de relevancia constitucional. Adicionalmente, indicó que la
misma Sección, en providencia del 6 de marzo de 20252, reafirmó la tesis de
procedencia de la acción de tutela y evidenció la configuración del defecto fáctico, por
omisión en la valoración del formato de radicación aportado por el demandante dentro
del proceso ordinario, la cual fue considerada prueba directa, idónea y auténtica para
acreditar la fecha de presentación de la reclamación de las cesantías, máxime cuando
su contenido no fue tachado de falso ni desvirtuado por el extremo pasivo.

Por otro lado, reiteró que estaba demostrada la configuración de defecto fáctico, pues,
el tribunal demandado desconoció una prueba válida que acreditaba la fecha real de
radicación de la solicitud de cesantías y privilegió, sin fundamento válido, la fecha
consignada en el acto administrativo, máxime si se tenía en cuenta que la fecha de
radicación consignada en el acto administrativo no puede prevalecer sobre una prueba
directa y auténtica, especialmente cuando no fue objetada por la contraparte.

1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Milton Chaves García,
sentencia del 6 de febrero de 2025, Rad.nro. 11001-03-15-000-2024-06039-01, demandante: Diego Armando Serje Cabana
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena
2
Radicado nro. 11001-03-15-000-2024-05927-01.

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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En síntesis, la accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defecto fáctico al omitir la valoración de una constancia de radicación de la
solicitud de pago parcial de las cesantías, en la cual consta que fue radicada el 4 de
octubre de 2019. Además, resaltó que el tribunal demandado no expuso argumentos
para desconocer la falta de idoneidad de dicha prueba y simplemente descartó su
análisis, a pesar de que esta no fue tachada de falsa o fraudulenta por los sujetos
procesales.

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

Señaló que la autoridad judicial demandada no adoptó un enfoque pro homine, que
exige favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales, pues
la prueba aportada por el demandante, consistente en el documento con fecha de
radicación del 4 de octubre de 2019, no fue considerada adecuadamente, a pesar de
no haber sido tachada de falsa.

De conformidad con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela interpuesta por la parte actora cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial. De ser afirmativa la respuesta, se
estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante al incurrir en defecto fáctico.

La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de la acción de tutela, al encontrar
configurado el defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la constancia de
radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial
cuestionada afecta dichos derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se
emplea el mecanismo como una instancia adicional, en el entendido que, la decisión
de primera instancia del proceso ordinario fue favorable y fue en el trámite de segunda
instancia que fue revocada, lo cual resultó contrario a sus intereses.

Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en la medida que no se reconocería el pago de la sanción por mora por
pago extemporáneo de las cesantías a la que tendría derecho.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 14 de febrero de 2025, notificada el
17 de febrero de 2025, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el 25 de julio de
2025.

En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.

Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

Del defecto fáctico6 en el caso concreto7

En síntesis, la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada no tuvo en
cuenta la constancia de radicación de la solicitud de pago de las cesantías con fecha
de 4 de octubre 2019 y no expresó argumentos válidos para desconocer la falta de
idoneidad de esa prueba, a pesar de que esta no fue tachada de falsa.

De la lectura del expediente, la Sala observa que:

• En el escrito de demanda del proceso ordinario, en el acápite de hechos,
específicamente, en el hecho tercero, el demandante afirmó que el 4 de octubre
de 2019, le solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de las cesantías. Se
transcribe lo pertinente:

«TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado
(a), por laborar como docente en los servicios educativos estatales en el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, le solicitó al Ministerio de Educación
Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día 04 DE
OCTUBRE DE 2019, el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía
derecho.»

• En la contestación de la demanda por parte de la Fiduprevisora S.A., frente a
ese hecho señaló que: «TERCERO: se admite como cierto, ya que una vez
verificada en la documentación adjunta se advierte lo manifestado en este
numeral».

• El 26 de junio de 2024, el Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín
accedió a las pretensiones de la demanda. En el estudio del caso concreto,
señaló que:

«… Previo a realizar un análisis de fondo, procederá el Despacho a determinar la
fecha en la que se radicó la solicitud, en tanto la parte actora afirmó que fue el 4
de octubre de 2019 y para probar el hecho allegó copia de la petición radicada
ante el Departamento de Antioquia, como consta en el folio 26 del escrito de la
demanda.

Sin embargo, se desprende del acto administrativo por medio del cual se
reconocen las cesantías indicó que la petición fue elevada el 17 de octubre de
2019, sin que se aporte documento alguno que dé cuenta de ello.

En virtud de lo anterior, advierte esta Agencia Judicial que las partes no
desvirtuaron ni tacharon el documento obrante a folio 29, de allí que el Despacho
tomara como fecha de solicitud de cesantías, el 4 de octubre de 2019, como consta
en la prueba documental aportada con la demanda.

Descendiendo al caso concreto se encuentra establecido que la demandante
presta sus servicios como directiva docente del régimen de pensiones nacional,
pagada por el Sistema General de Participaciones y mediante petición elevada el
4 de octubre de 2019, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías.

Asimismo, encuentra el Despacho que las cesantías solicitadas fueron
reconocidas mediante la Resolución 2019060337416, 8 de noviembre de 2019,
expedida por la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia.

También, se desprende de la prueba documental allegada al expediente, que las

6
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
7
La Sala reitera el criterio asumido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
casos con similares supuestos fácticos y jurídicos, en las sentencias del: 5 de diciembre de 2024, expediente 2024-05939-00,
C.P. Milton Chaves Garcia, del 6 de febrero de 2025, expediente 2024-06039-01, C.P. Milton Chaves García; del 6 de marzo de
2025, expediente 2024-05927-01, C.P. Milton Chaves García; y, del 4 de septiembre de 2025, expediente 2025-03034-01, C.P.
Claudia Rodríguez Velásquez.

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Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero

cesantías reconocidas, fueron pagadas a la docente en la entidad bancaria el 30
de enero de 2020 por valor de $16.337.895.

De acuerdo con la normatividad citada, a partir de la fecha de la solicitud, 4 de
octubre de 2019, la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia , tenía
quince (15) días hábiles para emitir el proyecto de acto de reconocimiento, término
entonces que culminaba el día 28 de octubre de 2019, y la entidad demandada
actuando a través del ente expidió el correspondiente acto administrativo, el 8 de
noviembre de 2019 (Como se deprende del folio 28 de la demanda), luego
entonces deben contabilizarse los diez (10) días hábiles de ejecutoria (artículo 76
del CPACA), para la fecha en que se debió expedir el acto, lo que nos ubica en el
13 de noviembre de 2019, debiendo contabilizarse, a partir de allí, los cuarenta y
cinco (45) días hábiles que tenía la entidad para efectuar el pago, los cuales se
cumplieron el 20 de enero de 2020 y a partir del día siguiente del vencimiento que
tenía la entidad para cancelarlas – 21 de enero de 2020- sería la fecha de la cual
se parte para comenzar a causar la sanción moratoria a cargo de la entidad
demandada; sin embargo, encuentra el Despacho que las cesantías reconocidas
fueron puestas a disposición de la parte demandante el 30 de enero de 2020 como
consta en la certificación de 22 de noviembre de 2021 expedida por la
FIDUPREVISORA como consta en el folio 31 del documento denominado
“02demanda”

En virtud de lo anterior, es claro que la entidad incurrió en mora al pago de las
cesantías, al momento de ponerse a disposición de la docente el valor de estas en
el banco, en fecha 30 de enero de 2020, en este sentido se causó una mora entre
el 21 de enero de 2020 y el 29 de enero de 2020, correspondiente a 8 días.»

• La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG apeló la decisión. Señaló que la Secretaría de
Educación de Antioquia es la responsable del pago de la sanción moratoria, al
ser el ente territorial emisor del acto administrativo de reconocimiento y pago de
las cesantías.

Que, dentro el expediente se encuentra acreditado que: (i) la solicitud de
cesantías se presentó el 4 de octubre de 2019; además; (ii) el 25 de mayo de
2019 entró en vigor la Ley 1955, «por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad»; (iii) el
reconocimiento de la prestación se efectuó mediante la Resolución 337416 del
8 de noviembre de 2019; y, (iv) el pago de la prestación se realizó el 30 de enero
de 2020.

Que conforme, con lo anterior, se evidencia que la secretaría de educación de
Antioquia profirió de forma extemporánea la resolución y, como consecuencia de
ello se generó una dilación en el pago de la prestación económica.

• El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 14 de febrero de 2025,
para realizar el cómputo de los términos de mora en el pago de las cesantías,
tomó como extremo inicial el 17 de octubre de 2019, fecha señalada en la
Resolución 2019060337416 del 8 de noviembre de 2019, al considerar que dicho
acto administrativo gozaba de presunción de legalidad. Asimismo, advirtió que,
no era posible tener en cuenta la copia de radicación allegada por el
demandante, así:
«Dentro del dossier obra prueba de la solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías radicada por Nancy Oliva Toro Quintero ante la entidad territorial, con
fecha del 4 de octubre de 201912, sin embargo, en la Resolución No.
2019060337416 del 8 de noviembre de 201913, el Departamento de Antioquia
consideró que la petición de reconocimiento prestacional fue radicada bajo el
número 2029-CES-810389 del 17 de octubre de 2019.La Resolución No.
2019060337416 no fue objeto de recursos por la parte demandante, por lo que
debe entenderse que el acto administrativo quedó en firme y la actora estuvo de
acuerdo con su contenido, razón por la que, para la Sala, la fecha de radicación
de la solicitud es la consignada en la Resolución No. 2019060337416, es decir, el
17 de octubre de 2019.

Así las cosas, la solicitud de prestaciones fue debidamente radicada en el

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Departamento de Antioquia el 17 de octubre de 2019, desde ese momento, la
entidad territorial contaba con un plazo de 15 días para expedir el acto
administrativo correspondiente, es decir, que tenían un límite temporal que no
podía superar el 8 de noviembre de 2019, y justamente el mismo día, el
Departamento de Antioquia expidió la Resolución No. 2019060337416 cumpliendo
así con el plazo legal y oportuno para hacerlo.

En razón a la Ley 1071 de 2006, la Sala precisa que, para que se configure la
sanción mora deben totalizarse 70 días hábiles, a contar desde el momento en el
que se radica la solicitud, en donde, la administración cuenta con quince (15) días
para expedir el acto de reconocimiento, diez (10) días adicionales
correspondientes al término de ejecutoria, y cuarenta y cinco (45) días hábiles que
son con los que cuenta la entidad fiduciaria -Fomag- para realizar el pago al que
haya lugar.

Para el 8 de noviembre de 2019, fecha en la que se expidió la Resolución No.
2019060337416, no se había causado la sanción moratoria, de hecho, los 15 días
con los que contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de
reconocimiento se cumplían el mismo día en que se expidió el acto. Los 10 días
siguientes, es decir, los de vencimiento de la ejecutoria, finalizaban el 25 de
noviembre de 2019, teniendo en cuenta que no hubo renuncia a términos por la
parte demandante. Por lo que los 45 días con los que contaba el Fomag para
efectuar el pago irían hasta el 30 de enero de 2020. Para ilustrar las fechas
enunciadas se propone el siguiente esquema:

Por lo expuesto, el pago se verificó el 30 de enero de 2020, razón por la cual, no
le asiste la razón al a quo al considerar que se configuró la sanción moratoria
pedida, en tanto, las entidades accionadas tenían plazo legal para pagar las
cesantías hasta el 30 de enero de 2020. Por lo expuesto, la Sala revocará la
sentencia de primera instancia».

Ahora bien, la Sala procedió a revisar el material probatorio y encontró lo
siguiente:

• En la Resolución 2019060337416 del 8 de noviembre de 2019, proferida
por el departamento de Antioquia, mediante la cual se ordenó el pago de
las cesantías parciales a la señora Toro Quintero, se señaló en la parte
considerativa, que la petición del accionante fue radicada el 17 de octubre
de 2019, 2019-CES-810389, de la siguiente forma:

«Mediante solicitud radicada bajo el número 2019-CES-810389 de 17 octubre
2019 el (la) señor (a) NANCY OLIVA TORO QUINTERO, identificado(a) con CC.
39.456.254 de RIONEGRO, solicita el reconocimiento y pago de las Cesantías
Parciales para CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA.
(Se destaca)

De igual forma, consta que la parte demandante aportó como prueba documental
«solicitud de anticipo cesantías parciales». Dicho documento contiene la siguiente
información:

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Como se aprecia, en la referida petición obra constancia de radicación de la solicitud
por parte de la señora Toro Quintero se hizo el 4 de octubre de 2019. En ese sentido,
llama la atención que el tribunal demandado, restara validez a la radicación de la
solicitud de pago de cesantías.

El documento referido, que constituye una prueba idónea para acreditar la fecha de
presentación de la solicitud de pago de cesantías, al ser una constancia oficial
generada en el momento mismo de la radicación, tiene plena validez y credibilidad,
pues refleja de manera objetiva y verificable la actuación administrativa inicial del
solicitante. Además, su contenido no fue tachado de falso ni desvirtuado en el proceso,
lo que reafirma su idoneidad como prueba determinante para establecer el hecho
relevante.

De este modo, no es posible desconocer ni minimizar el valor probatorio de los
documentos referidos, porque cumplen con los principios de autenticidad, pertinencia
y suficiencia.

Por otro lado, si bien, el acto administrativo que ordenó el pago de las cesantías,
contenido en la Resolución 2019060337416 del 8 de noviembre de 2019, goza de
presunción de legalidad, esta no se puede extender a hechos distintos al contenido
decisorio del acto, como la fecha de radicación de la solicitud.

Es decir, la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene como objetivo
garantizar la eficacia de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas,
pero no puede desconocer pruebas directas que acrediten hechos específicos dentro
del proceso.

En este caso, la fecha de radicación consignada en el acto administrativo no fue objeto
de prueba, sino que fue asumida por la entidad. Por tanto, no puede prevalecer sobre
la constancia de radicación allegada por el accionante, que es la prueba idónea y
objetiva que demuestra la presentación de la solicitud el 4 de octubre de 2019.

En este contexto, la Sala concluye que está acreditado el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.

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Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
demandante. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia de 14 de febrero de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y ordenará que, dentro de
los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de
remplazo en la que tenga en cuenta lo señalado en la constancia de radicado de la
solicitud de pago de las cesantías que se encuentra en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia del 25 de septiembre de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en su lugar:
2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Nancy Oliva Toro
Quintero, en consecuencia,
3. Dejar sin efecto la sentencia del 14 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 05001-33-33-032- 2023-00222-01y,
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte una nueva sentencia en
la que se tenga en cuenta la motivación de la presente providencia.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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