Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07169-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07169-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07169-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07169-00
Demandante: Didier Jaminton Urrutia Mosquera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07169-00
Demandante: Didier Jaminton Urrutia Mosquera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Tutela contra providencia judicial – proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho- sanción moratoria por pago de
cesantías-docente. Defecto fáctico.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Didier Jaminton Urrutia
Mosquera contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva y el principio pro homine. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en sentencia del 30 de
abril de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 05837-33-33-003-
2023-00437-01 transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO
HOMINE del señor DIDIER JAMINTON URRUTIA MOSQUERA, al haber adoptado una
decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria
y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera
una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción,
con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica del actor Didier Jaminton
Urrutia Mosquera y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las
competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes
de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El 8 de noviembre de 2019, el señor Didier Jaminton Urrutia Mosquera, docente
vinculado al departamento de Antioquia, solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales ante ese ente territorial.
El 18 de diciembre de 2019, mediante la Resolución 2019060436796, el departamento
de Antioquia reconoció las cesantías solicitadas y, el 13 de marzo de 2020, realizó el
pago efectivo de las cesantías parciales.
1
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Demandante: Didier Jaminton Urrutia Mosquera
El 25 de febrero de 2022, el señor Urrutia Mosquera radicó solicitud ante el FOMAG y
el departamento de Antioquia para que se reconociera y pagara la sanción moratoria
por el retraso en el pago de las cesantías, dado que se hizo después de los 45 días
hábiles que establece la norma. Esa petición no se resolvió, por lo que se configuró
un acto ficto o presunto negativo.
Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-
33-003-2023-00437-01
El señor Urrutia Mosquera promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Antioquia, en la que solicitó la nulidad
del acto administrativo ficto que negó el reconocimiento de la sanción moratoria.
En primera instancia conoció el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Turbo,
que, en sentencia de 31 de enero de 2025, declaró la nulidad del acto ficto que se
configuró el 25 de mayo de 2022 y condenó al departamento de Antioquia al pago de
la sanción moratoria del 21 al 29 de febrero de 2020 y al FOMAG al pago por el mismo
concepto del 1º al 12 de marzo de 2020.
El Ministerio de Educación Nacional - FOMAG y el departamento de Antioquia
interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.
En sentencia de 13 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala
Séptima de Oralidad- revocó la decisión inicial y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:
La solicitud de tutela supera los requisitos generales de procedibilidad. En relación
con los requisitos específicos, en este caso el Tribunal demandado incurrió en defecto
fáctico al restarle valor probatorio a la constancia de radicación de la solicitud de pago
parcial de las cesantías con fecha 8 de noviembre de 2019 y privilegiar el contenido
del acto administrativo que resolvió esa solicitud, en el que se consignó como día de
radicación el 27 de noviembre de 2019.
La prueba desestimada se trata de un formato genérico elaborado por el departamento
de Antioquia, dirigido a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio – Dirección
de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación, destinado a la
tramitación de solicitudes relacionadas con prestaciones económicas del personal
docente. Ese formato contiene los datos básicos del actor y en la parte superior figura
un sello de radicación que contiene número consecutivo, fecha y hora, tipo de solicitud
y nombre del funcionario que recibió, acompañado del emblema institucional, lo que
demuestra la efectiva recepción de la petición por la entidad destinataria.
No quedó demostrado en el proceso ordinario que la solicitud de cesantías presentada
el 8 de noviembre de 2019 estaba incompleta y que fue subsanada en la fecha
indicada en el acto que resolvió la petición. Así que a la demandada le correspondía
cuestionar los hechos afirmados en la demanda y al juez, resolver la controversia con
fundamento exclusivo en los hechos debidamente probados en el proceso.
Además, el Tribunal demandado no consideró que el formato de radicación fue
aportado con la presentación de la demanda y que no fue tachado de falso o
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fraudulento por la contraparte. Con esa actitud, el demandado desestimó un medio de
prueba idóneo que acreditaba un hecho relevante para el litigio, sin una motivación
sólida que justificara su exclusión del análisis del caso.
En consecuencia, el cuerpo colegiado se separó por completo de los hechos
debidamente acreditados en el proceso y resolvió a su arbitrio el asunto debatido,
incurriendo de este modo en una evidente incongruencia entre lo demostrado y lo
decidido.
La autoridad judicial demandada no acogió el principio pro homine, según el cual debe
preferirse la interpretación más garantista de los derechos fundamentales. Al
contrario, le impuso al demandante una carga probatoria desproporcionada al tener
que acreditar que la solicitud de cesantías fue radicada el 8 de noviembre de 2019,
pese a que dicha actuación correspondía de manera exclusiva al departamento de
Antioquia en su calidad de entidad responsable del trámite administrativo.
También, en la sentencia atacada, el Tribunal valoró como prueba el «Formato de Hoja
de Revisión», allegado por el FOMAG con el recurso de apelación, sin acreditar alguna
de las causales del artículo 212 del CPACA. Así que ese documento se aportó en
forma extemporánea, pues debió hacerlo en la contestación de la demanda, razón
suficiente para que no fuera tenido en cuenta al momento de fallar.
Por último, el actor citó varios pronunciamientos de tutela del Consejo de Estado en
los que se han amparado los derechos fundamentales invocados en casos análogos
al aquí debatido1.
3. Trámite procesal
En auto del 20 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal Administrativo de Antioquia,
en calidad de demandado. Adicionalmente, vinculó a la Nación – Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al departamento
de Antioquia y al Juzgado Tercero Administrativo de Turbo, en condición de terceros
con interés.
4. La respuesta del demandado
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó declarar improcedente la presente
acción de tutela porque no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
Aunado a que el actor no acreditó los defectos alegados.
En todo caso, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados. En el proceso
ordinario se garantizaron los derechos de las partes y la decisión está sustentada
jurídica y jurisprudencialmente, por tanto, contiene una interpretación válida, dentro
del principio de autonomía judicial, sin que pueda predicarse arbitrariedad o ilegalidad
alguna.
En efecto, la sentencia acusada analizó, además de la fecha de expedición del acto,
la información que reposa en la Hoja de Servicios del FOMAG que fue aportada, en la
que obra la fecha de radicación. También se resaltó que la parte demandante no probó
que la solicitud presentada en la fecha inicial no fue objeto de requerimientos o
1
Sentencias de 5 de diciembre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-05939-00; de 6 de febrero de 2025, exp. 11001-03-15-
000-2024-06039-01; de 6 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2024-05927-01 y de 17 de julio de 2025, exp. 11001-03-15-
000-2025-03537-00.
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devoluciones, lo cual es factible de demostrarse a partir de la trazabilidad del Sistema
Humano en Línea, de acceso al docente demandante.
La anterior valoración que ha sido utilizada en otros procesos fue analizada en sede
de tutela por el Consejo de Estado, quien determinó en providencia del 25 de
septiembre de 2025 que se trató de un ejercicio valorativo en conjunto y no solo en un
único elemento de prueba que no guarda concordancia con la realidad del proceso2.
5. Intervención de los terceros vinculados
El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declare improcedente la acción
de tutela en lo que a esa cartera se refiere, porque no existe una relación de
subordinación o control con la autoridad judicial que adoptó la decisión cuestionada,
ni está acreditada una vulneración de derechos atribuible a esta entidad. Y en concreto
planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva para realizar un pronunciamiento
de fondo.
El departamento de Antioquia solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela
porque lo que el actor pretende es revivir la cuestión discutida en el proceso 05837-
33-003-2023-00437-00/01. Sustentó su oposición con los siguientes argumentos:
El Tribunal Administrativo de Antioquia valoró en forma razonada y completa el acervo
probatorio, incluida la Resolución 2019060436796 del 18 de diciembre de 2019, en la
que se estableció que la radicación de la petición fue la 2019-CES-823017 del 27 de
noviembre de 2019. A la luz del procedimiento determinado para los educadores por
el Fonpremag (Guía Docente Sistema Humano en Línea), del que estos tienen pleno
conocimiento, sin la valoración de la documentación requerida, como lo es la historia
laboral, no es posible iniciar la solicitud en debida forma.
La referida resolución goza de presunción de legalidad y no fue objeto de nulidad. Así
que, tal como lo concluyó la sentencia atacada, no se configuró mora ni derecho a
sanción y, en ese entendido, no es predicable la existencia de un defecto fáctico.
Tampoco existe evidencia de que ni el departamento de Antioquia ni el Tribunal
Administrativo de Antioquia hayan vulnerado los derechos fundamentales invocados
por el actor, que, por vía tutelar, como si fuera una tercera instancia, busca dejar sin
efecto una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada.
El departamento no pretermitió el término para expedir la Resolución 2019060436796
de 18 de diciembre de 2019 que reconoció las cesantías parciales al señor Urrutia
Mosquera. Y, el 7 de enero de 2020, entregó el expediente al FOMAG, que lo digitalizó
el 10 siguiente y aprobó el pago el 19 de febrero del mismo año. Ese pago se efectuó
el 13 de marzo de 2020.
De lo anterior, se concluyó que el conteo del término legal para el pago de las
cesantías inició el 27 de noviembre de 2019 (fecha en la que se completaron los
documentos necesarios) y que para la fecha en la que efectivamente se realizó el
pago habían corrido 73 días, es decir que se hizo con tres días de mora.
De todas formas, en caso de que se presente mora en el pago, el ente territorial no es
el responsable de asumir suma alguna por ese concepto. La entidad competente es
la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora de los recursos del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fonpremag).
2
Exp. 11001-03-15-000-2025-05598-00, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Didier Jaminton Urrutia Mosquera
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín solicitó su
desvinculación del trámite de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en
la causa por pasiva, pues no podría dar cumplimiento al fallo, en caso de concederse
el amparo.
El Juzgado Tercero Administrativo de Turbo no se pronunció sobre los hechos que
dieron origen a la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
4 5
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Problema jurídico
El señor Didier Jaminton Urrutia Mosquera invoca los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva
que considera vulnerados con la sentencia de 13 de mayo de 2025 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dictada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-33-003-2023-00437-
01, providencia que incurrió en defecto fáctico.
En ese orden, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia contra providencia judicial. De ser afirmativa la respuesta,
se estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor al incurrir en defecto fáctico.
La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de amparo ante la configuración del
defecto fáctico alegado.
Sin embargo, de manera previa, se resolverán las solicitudes de falta de legitimación
por pasiva invocadas por la Nación – Ministerio de Educación Nacional y por el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Legitimación en la causa por pasiva
En relación con la solicitud de la Nación – Ministerio de Educación Nacional ,se aclara
que este se vinculó al presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés
porque actuó como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se dictó la sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación.
Por lo tanto, se negará la solicitud.
Frente a la solicitud de desvinculación del distrito de Medellín, al revisar el auto
admisorio de la demanda de tutela se observa que el citado distrito no se incluyó como
parte ni tercero interesado en este trámite, además se consultaron los oficios de
notificación de esa providencia6, de los que se observa el remitido al departamento de
Antioquia al correo notimedellin.oralidad@medellín.gov.co, el cual corresponde a una
de las direcciones electrónicas que el referido departamento tiene dispuesta para esta
clase de notificaciones7. En consecuencia, se negará la solicitud, en el entendido que
el mencionado distrito no fue vinculado al presente trámite.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional. La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, y sustenta con suficiencia las razones por las que
la decisión judicial cuestionada afecta dichos derechos.
Además, porque no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi ni se emplea como una
instancia adicional, porque el proceso ordinario en primera instancia accedió a las
6
Samai, índice 8
7
Así lo informó una de las funcionarias de la Secretaría General del Consejo de Estado encargada de realizar la notificación de
las providencias dictadas en asuntos constitucionales, como consecuencia de la consulta telefónica que el despacho sustanciador
hizo el 15 de diciembre de 2025.
6
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pretensiones del demandante y fue con ocasión de la providencia de segunda
instancia (acá cuestionada) que se revocó, lo cual resultó contrario a sus intereses.
Sumado a ello, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de
tutela contra providencia judicial se estarían afectando los derechos invocados, en la
medida en que la decisión cuestionada implica el no reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías a la que tendría derecho
el actor.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno porque la providencia
de segunda instancia que se cuestiona por esta vía se profirió el 13 de mayo de 2025,
se notificó por correo ese mismo día8, y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el
13 de noviembre de 20259.
En lo demás, la Sala observa que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la parte actora: (iv) alega irregularidades
que generan un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales invocados;
(v) identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) no
se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configura el defecto fáctico invocado.
(ii) Del defecto fáctico10 en el caso concreto11
El señor Didier Jaminton Urrutia Mosquera ejerce la presente acción con el fin de que
se deje sin efecto la sentencia de 13 de mayo de 2025 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por la cual se revocó la decisión de primera
instancia del Juzgado Tercero Administrativo de Turbo y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por
el señor Urrutia Jaminton contra el acto ficto que negó el reconocimiento de una
sanción por mora en el pago de las cesantías, dictado por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional, FOMAG y el departamento de Antioquia (rad. 05837-33-33-003-
2023-00437-00/01).
En síntesis, el actor sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
defecto fáctico al omitir la valoración de una constancia de radicación de la solicitud
de pago parcial de las cesantías de fecha 8 de noviembre de 2019. Además, resaltó
que el Tribunal demandado no expuso argumentos para desconocer la falta de
idoneidad de dicha prueba y simplemente descartó su análisis, a pesar de que esta
no fue tachada de falsa o fraudulenta por los sujetos procesales.
8
Se consultó el proceso ordinario en Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia, rad. 05837 33 33 003 2023 00437 01, índice
12.
9
Samai, índice 1.
10
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
11
La Sala reitera el criterio asumido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
casos con similares supuestos fácticos y jurídicos, en las sentencias del: 5 de diciembre de 2024, exp. 2024-05939-00, C.P.
Milton Chaves Garcia; 6 de febrero de 2025, exp. 2024-06039-01, C.P. Milton Chaves García; 6 de marzo de 2025, exp. 2024-
05927-01, C.P. Milton Chaves Garcia; 19 de junio de 2025, exp. 2025-01127-01, C.P. Wilson Ramos (E) y de 17 de julio de 2025,
exp. 2025-03537-00, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
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Demandante: Didier Jaminton Urrutia Mosquera
Señaló que la autoridad judicial demandada no acogió el principio pro homine, que
exige favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales.
De la lectura del expediente12, la Sala observa los siguientes hechos relevantes:
1. En el escrito de demanda del proceso ordinario, en el acápite de hechos,
específicamente, en el «TERCERO», el demandante afirmó que el 8 de noviembre de
2019, le solicitó al FOMAG el reconocimiento y pago de las cesantías. Se transcribe
lo pertinente:
TERCERO: Teniendo de presente estas circunstancias, mi representado (a), por laborar
como docente en los servicios educativos estatales en el ANTIOQUIA (sic), le solicitó al
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el día
11/8/2019, el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.
2. En la contestación de la demanda del FOMAG, frente a ese hecho expresó que «No
es cierto, como se advierte en la Resolución 436796 del 18 de diciembre de 2019, en la cual
precisa que la solicitud de las cesantías fue el día 27 de noviembre de 2019».
3. El departamento de Antioquia, en la contestación de la demanda al referirse a los
hechos, no lo hace en el mismo orden de la demanda, pues al indicar «AL HECHO
TERCERO: Es parcialmente cierto», al leer la argumentación no guarda coherencia con
el hecho tercero de la demanda referido a la fecha en la que radicó la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías.
4. El 31 de enero de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo de Turbo accedió a las
pretensiones de la demanda. Respecto a la fecha de presentación de la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías del señor Didier Jaminton Urrutia Mosquera,
el juzgador de primer grado advirtió que «si bien obran dentro del plenario dos documentos
que indican fechas diferentes, acto de reconocimiento, 27 de noviembre de 2019 (Pág.28
PDF003 del Exp. Digital) y documento de fecha cierta, 08 de noviembre de 2019 (Pág.26,
PDF003 del Exp. Digital), la fecha que debe tomar es la última pues: i) El documento que
contiene esta data genera certeza sobre el momento en el cual se presentó ante la autoridad
administrativa;/ ii) Dicha fecha nunca fue controvertida por parte de las entidades demandadas
con la contestación de la demanda.»
Con fundamento en lo anterior, se estudió el asunto y se encontró que el departamento
de Antioquia incurrió en un retardo de 12 días y el FOMAG de 16 días, para un total
de 28 días hábiles de retraso en el pago de las cesantías, lo que generó la sanción
moratoria del 21 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020 (21 días de mora).
5. El Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el departamento de Antioquia
interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. De una
parte, el FOMAG sostuvo que no puede responder por sanciones moratorias,
causadas con posterioridad a la Ley 1955 de 2019, así que la condena debía asumirla
el ente territorial.
De todas formas, en este caso, el pago se hizo dentro de los 45 días hábiles, dado
que la fecha de radicación de la solicitud de cesantías fue del 27 de noviembre de
2019 y no del 8 de noviembre de ese año.
De otra parte, el departamento de Antioquia advirtió que el acto de reconocimiento de
las cesantías se expidió en tiempo. El juzgador de primera instancia se equivocó
porque la fecha correcta de presentación de la solicitud es el 27 de noviembre de
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Remitido por el Juzgado Tercero Administrativo de Turbo.
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2019, pues ese día se tuvieron por aportados en debida forma los documentos
necesarios para estudiar la petición.
Además, el 7 de enero de 2020, el ente territorial entregó el expediente prestacional
al FOMAG, así que la tardanza en el pago no puede endilgársele al departamento y
debe ser el fondo el que responda por la mora generada.
6. En sentencia de 13 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
revocó la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. La
autoridad judicial para realizar el cómputo de los términos de mora en el pago de las
cesantías tomó como extremo inicial el 27 de noviembre de 2019, fecha señalada en
la Resolución 2019060436796 de 18 de diciembre de 2019, al considerar que dicho
acto administrativo gozaba de presunción de legalidad. Asimismo, advirtió que, no era
posible tener en cuenta la copia de radicación allegada por el demandante, así:
[…] con las demandas suelen aportar es la copia de un formato de solicitud de prestación
que, de un lado, contiene un número de radicación que no es relacionado al interior del
acto administrativo, lo que no permite tener certeza de que sea la radicación de la
solicitud que específicamente se está resolviendo en dicho acto y no de otra anterior o
posterior y, de otro lado, de todas formas no podría tomarse la fecha de dicho formato,
dado que la normatividad que regula el trámite de cesantías contempla el escenario en
el que la solicitud es radicada en forma incompleta y deben requerirse documentos, por
lo que la petición quedaría presentada correctamente en fecha posterior, razón por la
que sería injusto comenzar el cómputo de los términos a partir de un momento en que la
entidad territorial no tiene la información suficiente para pronunciarse de fondo; por lo
anterior es que se considera que el formato que suele aportarse con las demandas no
es prueba de la efectiva radicación y por ende se toma la fecha consignada en la
resolución.
Ahora, en el presente caso la Sala observa que al plenario fue allegado el formato
denominado “Hoja de Revisión” del FOMAG, relacionado con la solicitud de cesantías
presentada por la actora, en la que dicha petición fue radicada el 27 de noviembre de
2019, tal como lo señala la siguiente imagen:
Fecha que incluso coincide con la consignada en la resolución No. 2019060436796 del
18 de diciembre del 2019 que reconoció las cesantías parciales al demandante, por lo
que no existe fundamento para que el Juez de Primera Instancia hubiese adoptado una
fecha de radicación diferente, pues la constancia aportada con la demanda y que data
del 8 de noviembre de 2019, no es prueba suficiente de ello, ya que, como quedó visto,
debe tenerse en cuenta que existen situaciones en las que la documentación allegada
inicialmente resulta incompleta o incorrectamente diligenciada, supuesto en el cual la
entidad territorial está facultada para requerir al solicitante, y mientras no se presente la
documentación en debida forma, no puede considerarse radicada formalmente la
petición. Esto implica que la fecha valida de radicación será aquella en la que se haya
cumplido con los requisitos exigidos, y es dicha fecha la que debe consignarse en el acto
administrativo de reconocimiento. Este tipo de situaciones puede verificarse a través del
sistema “Humano en Línea”, el cual permite realizar la trazabilidad del trámite
administrativo, discriminando cada una de las etapas del proceso, como por ejemplo la
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fecha de validación de la documentación por parte de la entidad territorial o las fechas
en las que se efectuaron requerimientos al interesado. Cabe resaltar que dicho sistema
es accesible al docente, quien puede consultar personalmente el estado de su solicitud.
En consecuencia, le correspondía a la parte actora la carga de demostrar que la solicitud
presentada el 8 de noviembre de 2019 no fue objeto de requerimiento ni existió
deficiencia alguna en la documentación, y que, por tanto, cualquier dilación en la
validación, expedición del acto administrativo o remisión al FOMAG, sería atribuible
exclusivamente a la administración, lo que permitiría contabilizar los términos legales
desde la fecha inicial de la solicitud. Sin embargo, la parte demandante no acreditó tales
circunstancias y, por el contrario, la “Hoja de Revisión” reafirma la fecha consignada en
el acto administrativo de reconocimiento, por lo que se le otorgará plena validez a la
misma, esto es, se tiene por radicada la solicitud de cesantías el 27 de noviembre de
2019, por lo que en este punto le asiste razón a las entidades recurrentes.
Definido lo anterior, para el caso concreto se encuentran las siguientes actuaciones
administrativas:
• El 27 de noviembre de 2019 se tiene por radicada ante la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia la solicitud de pago de cesantías parciales para reparación
de vivienda presentada por el demandante, máxime teniendo en cuenta pronunciamiento
del 8 de noviembre de 2024 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictado en
sede de apelación de una sentencia proferida por esta Sala de Decisión en un caso
similar y en el que la Alta Corporación, para establecer los extremos temporales de la
mora, señala lo siguiente:
“Así las cosas, para resolver el problema jurídico planteado, se evidencia
que el demandante solicitó el reconocimiento de sus cesantías parciales el
11 de marzo de 2015, tal y como lo evidenció el tribunal, toda vez que el
número de radicación contenido en el escrito de anexo de documentos
radicados por el demandante ante la Oficina de Prestaciones Sociales del
Magisterio para el trámite de las cesantías parciales no coincide con los
datos de la Resolución 201500298062 del 25 de septiembre de 2015, por
medio la cual la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia, en
representación del Fomag, le reconoció la prestación reclamada y ordenó
un pago a su favor por concepto de «anticipo de cesantías». Además, esta
decisión del a quo, no fue cuestionada por el demandante.”13 (Negrillas de
la Sala)
• La entidad territorial expidió la Resolución 2019060436796 el 18 de diciembre del 2019,
sin que en el expediente obre constancia de su notificación.
-El expediente prestacional fue remitido al FOMAG el 10 de enero de 2020
• La Fiduprevisora S.A, pago el dinero a la demandante el 13 de marzo de 2020.
Así las cosas, los 15 días hábiles con que contaba la entidad para expedir y notificar el
acto administrativo vencían el 18 de diciembre de 2019 y, si bien el mismo fue proferido
en tiempo, lo cierto es que no existe constancia de su notificación, pues aunque las
entidades demandadas indican que ello ocurrió el 2 de enero de 2020, esto no pasa de
una mera manifestación y, de todas formas, si así fuera, ello implicaría una notificación
extemporánea, por lo que la hipótesis de la sentencia de unificación del 18 de julio de
2018 a que debería acudirse para el conteo de términos, sería la misma, esto es, la 6,
según la cual: cuando el acto se dicta a tiempo pero no se notifica o se notifica por fuera
de tiempo la mora comenzará a correr tras 67 días hábiles contados a partir de la
expedición de la resolución, los que, para el caso concreto, fenecían el 26 de marzo de
2020. En ese orden de ideas, como la Fiduprevisora pagó los recursos el 13 de marzo
de 2020, tal como está probado en el expediente, resulta claro que no se configuró la
mora reclamada con la demanda, por lo que lo procedente era negar las pretensiones
incoadas, razón por la que se revocará la sentencia apelada y, en esa medida, por
sustracción de materia no hay lugar a efectuar pronunciamiento sobre la procedencia o
no de condenar al FOMAG al pago de sanciones moratorias.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 8 de noviembre de 2024, Radicado: 05001-23-33-000 2021-00865-01
(6904-2023), C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Reseñadas como quedaron las decisiones en el proceso ordinario y en extenso, la
dictada en segunda instancia que es objeto de tutela, la Sala procedió a revisar el acto
administrativo que reconoció las cesantías solicitadas por el señor Urrutia Mosquera,
que corresponde a la Resolución 2019060436796 de 18 de diciembre de 2019, en la
que el departamento de Antioquia reconoció un anticipo de cesantías a favor del señor
Urrutia Mosquera y ordenó su pago. En la parte considerativa de ese acto se lee que
la petición del actor fue radicada el 27 de noviembre de 2019, de la siguiente forma:
Mediante solicitud radicada bajo el número 2019-CES-823017 de 27 de noviembre de
2019 el (la) señor (a) DIDIER JAMINTON URRUTIA MOSQUERA, (…), solicita el
reconocimiento y pago de las Cesantías Parciales para REPARACIÓN DE VIVIENDA.
(Resaltado del texto original)
De igual forma, se verificó que la parte demandante en el proceso ordinario aportó
como prueba documental la petición de cesantías elevada. Dicho documento contiene
la siguiente información:
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Del anterior pantallazo se aprecia, en la parte superior central, el sello de la entidad
receptora (Secretaría de Educación de Antioquia) en el que se dejó constancia que la
solicitud del señor Urrutia Mosquera se radicó el 8 de noviembre de 2019. En la parte
final del formato se observa un espacio que parece reservado a la referida secretaría
en la que en el campo de fecha se diligenció también «8-11-2019» con una grafía
distinta a la del peticionario.
En ese sentido, llama la atención que el Tribunal demandado, restara validez a la
radicación de la solicitud de pago de cesantías en la referida fecha.
Dicho documento, constituye una prueba idónea para acreditar la fecha de
presentación de la solicitud de pago de cesantías, al ser una constancia oficial
generada en el momento mismo de la radicación, que refleja de manera objetiva y
verificable la actuación administrativa inicial del solicitante, razón suficiente para darle
plena validez y credibilidad. Además, su contenido no fue tachado de falso ni
desvirtuado en el proceso, lo que reafirma su idoneidad como prueba determinante
para establecer el hecho relevante.
Pues, en principio, era a la demandada a quien le correspondía ejercer la defensa de
sus derechos con los argumentos que explicaran por qué la fecha de radicación inserta
en la solicitud de reconocimiento no podía ser valorada y, en cambio sí, la fecha
contenida en el acto administrativo de reconocimiento y pago.
De este modo, no es posible desconocer ni minimizar el valor probatorio de dicha
constancia, porque cumple con los principios de autenticidad, pertinencia y suficiencia.
Por otro lado, si bien, el acto administrativo que ordenó el pago de las cesantías,
contenido en la Resolución 2019060436796 de 18 de diciembre de 2019, goza de
presunción de legalidad, esta no se puede extender a hechos distintos al contenido
decisorio del acto, como la fecha de radicación de la solicitud.
Es decir, la presunción de legalidad de los actos administrativos tiene como objetivo
garantizar la eficacia de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas,
pero no puede desconocer pruebas directas que acrediten hechos específicos dentro
del proceso.
En este caso, la fecha de radicación consignada en el acto administrativo y en la hoja
de revisión (aportada por el FOMAG) no fue objeto de prueba, sino que fue asumida
por las entidades. Por tanto, no puede prevalecer sobre la constancia de radicación
allegada por el actor, que es la prueba idónea y objetiva que demuestra la
presentación de la solicitud el 8 de noviembre de 2019.
Valga agregar que el departamento de Antioquia en el recurso de apelación que
interpuso en el proceso ordinario advirtió que se tomó como fecha el 27 de noviembre
de 2019, por ser ese día en que se reunieron los documentos necesarios para estudiar
la petición. Empero, en el expediente no se acreditó que con posterioridad al 8 de
noviembre de 2019 se hubiera requerido al peticionario para aportar algún documento
adicional para el estudio de su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías. Así
que no procedía tener como fecha de radicación una distinta a la que aparece en el
formato de solicitud.
En este contexto, la Sala concluye que está acreditado el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria.
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Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental al debido proceso de la parte
demandante. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia de 13 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad y
ordenará que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera decisión de remplazo en la que tenga en cuenta lo señalado en la constancia
de radicado de la solicitud de pago de cesantías que se encuentra en el expediente.
Por último, en relación con el argumento de la demanda de tutela relacionado con que
el Tribunal en la sentencia de 13 de mayo de 2025 no debió valorar la «Hoja de
Revisión» aportada por el FOMAG con el recurso de apelación, es preciso indicar que
en el término otorgado en el artículo 247, numeral 4, ib, pudo pronunciarse frente a
los recursos de apelación interpuestos y pedir que no se le diera valor probatorio
porque se aportó extemporáneamente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las solicitudes formuladas por la Nación-Ministerio de Educación Nacional y
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en
consecuencia,
3. Dejar sin efecto la sentencia de 13 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 05837-33-33-003-2023 00437-01 y, en su lugar,
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Séptima de Oralidad que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta lo dispuesto en esta
providencia.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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