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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05598-00

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05598-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Dora Elena León Alzate. En consecuencia, Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 R a d ic a d o: 1 1 00 1- 03 - 1 5- 0 00- 2 0 25- 0 55 9 8- 0 0 Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05598-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05598-00
Accionantes: Dora Elena León Alzate
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sanción moratoria docente. Indebida valoración
probatoria. AMPARA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Dora Elena León
Alzate en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad,
por la expedición de la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-33-33-014-
2024-00132-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así
como los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y pro
homine.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La parte actora señaló que el 13 de febrero de 2023, solicitó el reconocimiento y
pago de sus cesantías; que el 30 de mayo de ese año su petición fue atendida
favorablemente, mediante la Resolución ANTIOL2023000003 y que el 28 de junio
de 2023 fueron girados los recursos.

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Que el 21 de diciembre de 2023, pidió a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), al
departamento de Antioquia-Secretaría de Educación y a la Fiduprevisora S.A. el
reconocimiento de la sanción moratoria establecida en las leyes 1071 de 2006 y
1955 de 2019.

Que la solicitud le fue negada a través del Oficio ANT2024EE000143 del 3 de enero
de 2024, por lo cual instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
para controvertirlo.

Que el 18 de diciembre de 2024, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Medellín negó las pretensiones porque determinó que la administración no incurrió
en una mora en el pago de las cesantías, por lo cual interpuso recurso de apelación,
y el 12 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, confirmó la decisión recurrida.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto fáctico,
al desestimar que radicó la solicitud de cesantías parciales el 13 de febrero de 2023
y concluir que la presentó hasta el 26 de mayo de ese año, con base en el
argumento de que solo hasta esta última fecha los documentos se presentaron de
forma completa, pese a que esa determinación carece de sustento probatorio.

Que el estudio del expediente administrativo allegado por el departamento de
Antioquia en el proceso ordinario permite evidenciar que el 13 de febrero de 2023
se allegó de manera completa la reclamación de cesantías, pues no se efectuó
algún requerimiento de remisión de información faltante para la resolución de la
solicitud ni esta fue devuelta por ese motivo, así como tampoco se recepcionó o
cargó documentación adicional.

Que en la constancia de radicación generada por el aplicativo «Sistema Humano en
Línea» se registró que la solicitud se elevó el 13 de febrero de 2023, sin que se
anotara alguna devolución por no cargar los soportes documentales requeridos para
el estudio correspondiente.

Que en la contestación el departamento de Antioquia aceptó que empleó la
plataforma mencionada para radicar su solicitud y que ello ocurrió el 13 de febrero
de 2023, sin aludir a alguna inconsistencia frente a la documentación allegada.

Indicó que la Sala accionada mencionó la sentencia del 8 de noviembre de 2024
proferida por el Consejo de Estado para justificar su postura, pero esa decisión no
constituye precedente para el caso, pues i) la controversia allí analizada se regía
por la normativa anterior, mientras la presente está regulada por el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019; ii) los medios allegados para acreditar la radicación de la solicitud
diferían en el sistema empleado; y iii) la cuestión jurídica debatida no era igual, ya
que en esa ocasión el estudio se circunscribió a determinar si se configuraba o no
la prescripción, por lo que no se definió una regla vinculante.

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PRETENSIONES

Solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad,
dejar sin efectos la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 y proferir una nueva
decisión en la que realice un análisis integral de los medios de convicción y aplique
en debida forma la normativa que reglamenta el procedimiento administrativo
definido para las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías a favor de
los docentes del Fomag.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 9 de septiembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio
de Educación Nacional-Fomag y al departamento de Antioquia, como terceros con
interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, expuso que
la acción es improcedente porque la accionante centró sus argumentos en un
desacuerdo con la interpretación de los hechos, lo que demuestra la irrelevancia
constitucional del asunto.

Adujo que las pruebas fueron valoradas conforme al marco legal, la autonomía
judicial, la lógica y la sana crítica, por lo que la tutela no puede utilizarse como una
tercera instancia de los razonamientos y valoraciones realizadas por los jueces
competentes.

Que aplicó la ley y la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 sobre la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, pero, a la luz de los
hechos probados, decidió que para el conteo de la mora debía tenerse en cuenta la
fecha de presentación de la solicitud de cesantías que se encontraba en el acto
administrativo expedido por la entidad demandada, el cual goza de presunción de
legalidad, y no la fecha de radicación que reposa en una petición aportada como
prueba documental por la parte demandante.

Que tanto el Juzgado como ese Tribunal dieron valor probatorio a la fecha de
radicación de la solicitud de cesantías que consta en dicho acto administrativo, por
cuanto debe prevalecer la mencionada presunción de legalidad, lo que conllevó
concluir que no existió mora en el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de
las cesantías.

Que la decisión emitida atendió al debate planteado por las partes, por lo que no se
incurrió en alguna arbitrariedad que afectara el derecho al debido proceso o al
acceso a la administración de justicia, por lo cual solicitó desestimar la acción.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que la sentencia discutida no puede
ser excluida del ordenamiento jurídico por la vía de la tutela, en la medida que se
desconocería la independencia y autonomía judicial del juez de la causa, así como
la presunción de acierto y legalidad de la providencia.

Consideró que el descontento de la parte actora no puede servir de base para abrir
la puerta a que la jurisdicción constitucional actúe como reemplazo de la autoridad
judicial a la que correspondía el conocimiento del asunto.

Que no se demostró que las vulneraciones a las garantías fundamentales y
procesales comprometan gravemente la existencia o supervivencia de la actora,
sino que se evidencia que se trata de una controversia de naturaleza estrictamente
económica que carece absolutamente de relevancia constitucional, por lo cual debe
declararse improcedente la acción.

Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no es el responsable
de la conducta que genera la vulneración alegada, por lo que solicitó su
desvinculación.

Los demás vinculados guardaron silencio.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

Esta Subsección debe verificar si se superan los requisitos generales de

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

En primer lugar, se encuentran reunidas las exigencias generales, pues: i) el asunto
a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección por la incursión en un defecto fáctico; ii)
la acción se presentó con inmediatez, pues el 13 de marzo de 2025 se envió
mensaje de datos para notificar la sentencia discutida y esta acción fue instaurada
el 8 de septiembre de este año; iii) se identificaron claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; iv) se
agotaron los mecanismos judiciales con los que se contaba; v) no se trata de una
sentencia de tutela; y vi) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo cual
no hay lugar a exigir el cumplimiento de ese requisito.

Por lo anterior, se procede al estudio de fondo. En la sentencia del 12 de marzo de
2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, advirtió
que la solicitud de pago de cesantías parciales de la señora Dora Elena León Álzate
quedó radicada completamente el 26 de mayo de 2023, conforme se consignó en
la resolución de reconocimiento de cesantías allegada con la demanda, la cual
estaba ejecutoriada y gozaba de presunción de legalidad, por no haber sido
recurrida administrativamente ni demandada. La anterior conclusión la ratificó
adicionalmente con la documentación aportada con la demanda y la contestación,
puntualmente, la información del sistema de radicación de la solicitud.

En ese entendido, concluyó que, si bien era cierto que el 13 de febrero de 2022 se
ingresaron los datos requeridos, también lo era que solo hasta el 26 de mayo de
2023 la entidad territorial tuvo por radicada la solicitud porque en esa fecha fue
presentada de forma completa; de allí que el 18 de abril de 2023, se le señalara a
la demandante que sus documentos estaban en estado de validación y que, si se
encontraban acorde con los requerimientos, la solicitud se entendería recibida y
radicada.

Revisado el expediente del proceso ordinario y la decisión adoptada por la autoridad
judicial, se advierte que con la demanda se aportó el reporte de la plataforma
«Sistema Humano en Línea», el cual también obra en los antecedentes
administrativos de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales
de la señora Dora Elena León Alzate, decretados y allegados al proceso, en el que
se registró la siguiente información:

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En ese orden de ideas, se advierte que la accionante ciertamente radicó de forma
completa la solicitud el 13 de febrero de 2023, distinto es que la validación de los
documentos se haya efectuado hasta el 26 de mayo de 2023 por parte de la entidad
territorial, lo cual no puede ser atribuido a la solicitante.

La anterior conclusión, además, también encuentra respaldo en la ausencia de
requerimiento alguno por parte del departamento de Antioquia dirigido a la
peticionaria para que allegara algún documento por estimarse que no estaba
completa la solicitud.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.22
del Decreto 942 de 2002, que sirvió de fundamento al Tribunal para establecer el
término de reconocimiento y pago de las cesantías, se prevé que, si la entidad
territorial observa que la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales
está incompleta, debe informar al peticionario, para que allegue los documentos o
requisitos faltantes, evento en el cual la solicitud empieza a contar a partir del día
siguiente en que se aporten los documentos requeridos, lo que no ocurrió en el
asunto.

Si bien el Tribunal aquí accionado consideró que debía darle prevalencia a la fecha
de radicación de la petición señalada en la resolución de reconocimiento de
cesantías, por encontrarse en un acto administrativo que gozaba de presunción de

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legalidad y no había sido controvertido, lo cierto es que extendió dicha presunción
a un aspecto que no constituyó el objeto central de la decisión, que no fue otro que
dicho reconocimiento.

Sumado a que exigirle a la peticionaria recurrir la decisión o demandarla únicamente
con fundamento en la consignación equivocada de una fecha, cuando esta no tenía
incidencia directa en el reconocimiento de sus cesantías, resulta una exigencia
excesiva, máxime cuando en el proceso no se probó que la información allegada el
13 de febrero de 2023 no estuviera completa, pues de ello no dan cuenta los
antecedentes administrativos ni alguna prueba recaudada en el proceso y señalada
por la autoridad judicial.

En esa medida, debe resaltarse que el ejercicio valorativo de las pruebas debe
realizarse en forma conjunta y no únicamente con lo señalado en un único elemento
probatorio que no guarda concordancia con la realidad del proceso.

En ese entendido, se encuentra demostrado el defecto fáctico invocado por la parte
actora, por lo cual se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 12 de marzo
de 2025 proferida por el Tribunal accionado y se le ordenará que, en el término de
20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva
decisión, conforme a lo aquí expuesto.

Se aclara que la anterior orden no implica que forzosamente la autoridad judicial
deba acceder a las pretensiones, pues esta se dirige a que realice una valoración
probatoria acorde con lo demostrado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, según los presentes considerandos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Dora
Elena León Alzate. En consecuencia,

Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad, que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, dicte una nueva decisión, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

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Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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