Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03836-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03836-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03836-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03836-00
Accionante: Guadencio Hernández Olivero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Guadencio Hernández Olivero
en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El tutelante interpuso esta acción constitucional en procura de la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la prevalencia del derecho sustancial,
a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia, así como del
principio pro homine, los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia
proferida el 13 de noviembre de 2025 por la autoridad convocada, dentro del medio
de control con radicado No. 20001333300720240013300/01, mediante la cual se
confirmó la dictada el 10 de marzo de 2025 por el Juzgado 7º Administrativo de
Valledupar.
2.- Hechos
2.1.- Gaudencio Hernández Olivero, en su calidad de docente oficial en el
departamento del Cesar, solicitó en mayo de 2023 al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de sus cesantías.
Dicha prestación se reconoció mediante la Resolución CESARR2023000223 del 24
de mayo de 2023 y se puso a disposición para pago el 20 de junio de 2023.
Transcurrieron más de 372 días de mora desde el vencimiento del término de 70
días hábiles para cancelar la prestación. El 21 de febrero de 2024 reclamó el
1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
3B06DEA18B60C442 FA5CF941BAFD8BF8 83EA8DF8310A8F06 73AAC56535408AF5.
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reconocimiento de la sanción moratoria, petición que se negó a través de la
Resolución No. CES2024ER010223-CES2024EE005278 del 13 de marzo de 20242.
2.2.- Con base en esas circunstancias, el afectado, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del departamento del Cesar. El
proceso fue repartido al Juzgado 7º Administrativo de Valledupar bajo No.
20001333300720240013300.
2.3.- El a quo ordinario, en providencia del 10 de marzo de 20253, negó las súplicas
de la demanda. Lo anterior con fundamento en la decisión de unificación CE-SUJ2-
012-18 y en el artículo 17 del CPACA, a partir de los cuales determinó que la
solicitud de reconocimiento radicada el 27 de mayo de 2022 estaba incompleta, por
lo cual el término legal para resolverla solo se activó el 24 de mayo de 2023, fecha
en que se validó la información y el peticionario cumplió con su carga. En ese
sentido, concluyó que el acto administrativo de reconocimiento se expidió dentro del
plazo de 15 días y se notificó el 25 de mayo de 2023, de modo que el término de 55
días para realizar el pago vencía el 17 de agosto de 2023. Por ende, dado que la
respectiva consignación se efectuó el 20 de junio de 2023, estimó que el pago se
realizó de forma oportuna.
2.4.- Inconforme, la parte vencida propuso recurso de apelación. Mediante
providencia del 13 de noviembre de 20254 el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión recurrida. Para ello, en primer lugar, desestimó el argumento
referente a que la solicitud de cesantías se radicó el 27 de mayo de 2022, toda vez
que en los hechos de la demanda se afirmó que la petición se elevó en mayo de
2023 y el libelo nunca se reformó. Consideró que analizar una fecha distinta
vulneraría el derecho de defensa de las demandadas. Por otra parte, con base en
la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, aplicó la excepción de ilegalidad
sobre el Decreto Reglamentario 2837 de 2005 para dar prevalencia a la Ley 1071
de 2006, la cual otorga 15 días hábiles para expedir la resolución, 10 días para su
ejecutoria y 45 días para efectuar el pago. Al examinar el caso concreto, verificó que
el reconocimiento se expidió en tiempo el 24 de mayo de 2023 y se notificó el 25 de
2 A folio 62 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado E4CAD5A0B52D69F2
F1CF4EA396E5ACD6 666C7CDD78A599EA D2567896612CFD10.
3 Ibidem, a folios 64-65.
4 Obra sentencia a folios 62-74 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
E4CAD5A0B52D69F2 F1CF4EA396E5ACD6 666C7CDD78A599EA D2567896612CFD10.
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mayo siguiente. Entonces estableció que la ejecutoria transcurrió del 26 de mayo al
8 de junio de 2023 y el plazo para el pago corrió del 9 de junio al 17 de agosto de
2023. Dado que el desembolso se realizó el 20 de junio de 2023, concluyó que no
se causó la sanción moratoria reclamada.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora considera que se vulneraron sus derechos, pues el Tribunal
Administrativo del Cesar incurrió en un defecto fáctico, ya que omitió realizar una
valoración conjunta e integral del acervo probatorio, específicamente de la
constancia generada por el aplicativo “Sistema Humano en Línea”, la cual
demostraba de manera directa e idónea que la solicitud de cesantías fue radicada
con la documentación completa el 27 de mayo de 2022. Sostiene que la colegiatura
concluyó, sin sustento demostrativo, que la petición se elevó en debida forma hasta
el 24 de mayo de 2023, fecha que, en realidad, corresponde a una etapa
administrativa posterior referente al estudio de la prestación y no a la presentación
inicial a cargo del ciudadano. En ese sentido, advierte que las entidades
demandadas no tacharon la prueba, no acreditaron que la solicitud original estuviera
incompleta, ni demostraron haber realizado requerimiento alguno para subsanar
falencias conforme al artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.
Asimismo, el convocante aduce la configuración de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, toda vez que la autoridad judicial se abstuvo de analizar la
referida constancia bajo el argumento formalista de que en la narrativa de la
demanda inicial se había indicado una fecha distinta. En su criterio, marginar un
documento técnico no objetado, a causa de una imprecisión en el libelo, constituye
una renuncia a la verdad jurídica objetiva y una aplicación irreflexiva de las normas
procesales. Con ello afirma que se desconoció el principio pro homine y se le impuso
una carga desproporcionada que impidió esclarecer el hecho determinante para
contabilizar los plazos legales y resolver sobre la sanción moratoria reclamada.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) declarar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar; y (iii) ordenar a dicha
autoridad la expedición de una nueva decisión en el asunto.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
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5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 21 de mayo de 2026, el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó al Juzgado 7º Administrativo de Valledupar, al Ministerio de
Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
al departamento del Cesar.
5.2.- El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación del trámite por
falta de legitimación en la causa por pasiva, al argumentar que no administra ni
representa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni tiene
injerencia en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a cargo de dicho
patrimonio autónomo. Asimismo, pidió declarar la improcedencia de la acción, toda
vez que el asunto carece de relevancia constitucional. En ese sentido, advirtió que
la parte actora pretende utilizar el amparo como una instancia adicional, lo cual
desconoce el principio de subsidiariedad, la presunción de acierto y legalidad de la
providencia y la autonomía e independencia de los jueces de la República.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Guadencio
Hernández Olivero en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de
1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
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3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad5 y de procedencia6 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”7.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber8: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 20229, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
5 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
6 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
8 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
9 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, la parte actora cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Cesar (i) incurrió en un defecto fáctico al omitir la valoración de la
constancia del aplicativo “Sistema Humano en Línea”, la cual demostraría la
radicación completa de la solicitud de cesantías el 27 de mayo de 2022; (ii) concluyó,
sin sustento probatorio, que la petición se elevó en debida forma el 24 de mayo de
2023, fecha que correspondería a una etapa administrativa posterior; (iii)
desconoció que las demandadas no tacharon dicha prueba, no acreditaron que la
solicitud estuviera incompleta ni efectuaron requerimientos para subsanar
eventuales falencias; y (iv) incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al abstenerse de analizar dicha constancia por una imprecisión en la
demanda inicial, lo cual, en su criterio, implicó una renuncia a la verdad jurídica, el
desconocimiento del principio pro homine y la imposición de una carga
desproporcionada.
4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos formulados no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo constituyera una
instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 13 de noviembre
de 2025, se advierte el siguiente análisis:
“Respecto a lo alegado en la apelación de que el A quo no tuvo en cuenta que la solicitud de
cesantías se efectúo a través del aplicativo humano en línea el día 27 de mayo de 2022 y no el 24
de mayo de 2023 como lo tomó, de la revisión del expediente digital encuentra la Sala que en el
hecho tercero de la demanda claramente se afirma que el demandante solicitó al Ministerio de
Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales el Magisterio - Fiduprevisora, el día 25 DE
MAYO DE 2023, el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho y en el hecho cuarto
se indica que mediante Resolución CESARR2023000223 DEL 24 DE MAYO DE 2023 expedida por
la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar le fue reconocida la cesantía solicitada, tal
como se observa en la siguiente imagen: (…)
Asimismo, se evidencia que la demanda no fue reformada para indicar que la solicitud de cesantías
se efectuó a través del aplicativo humano en línea el día 27 de mayo de 2022, por lo tanto, al no
haberse dicho nada sobre este aspecto en la demanda sin que esta haya sido reformada, no es
posible abordar el estudio de este extremo porque se estaría violando el derecho de defensa de las
entidades demandadas, por no haber tenido la oportunidad de controvertir dicha afirmación y se les
sorprende con este planteamiento que solo vino a ponerse de presente con el recurso de apelación
cambiando la fecha indicada en la demanda en que se elevó la solicitud de cesantía.
Pues bien, en la demanda se solicita la nulidad del acto contenido en el Oficio CES2024ER010223
CES2024EE005278 de fecha 13 de marzo de 2024, suscrito por el Profesional Especializado Jurídica
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
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de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, que negó el pago por la mora de las
cesantías parciales, al considerar que al actor le es aplicable lo preceptuado en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, en aras de que se le realice el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
evitando así un perjuicio económico. En tal sentido, de acuerdo a los parámetros contenidos en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 18 de julio de 2018, se dispondrá la
aplicación para el sub examine de la excepción de ilegalidad consagrada en el artículo 168 de la Ley
1437 de 2011 respecto del Decreto Reglamentario 2837 de 2005, y en este sentido se dará aplicación
a la normatividad que garantiza en mayor medida los derechos del trabajador, concretamente los
principios de igualdad en el régimen de seguridad social, es decir la Ley 1071 de 2006.
Así las cosas, luego de que la docente radica su solicitud de reconocimiento y pago de cesantías
definitivas o parciales la entidad cuenta con el término de 15 días hábiles para expedir la resolución
correspondiente, sí cumple con los requisitos (artículo 4 ley 1071 de 2006), de no contar con toda la
información requerida la entidad debe comunicar a la parte solicitante dentro de los 10 días de tal
situación, señalándole de manera expresa los requisitos faltantes. A su vez, luego de ejecutoriado el
acto que le reconozca la prestación social la entidad cuenta con 45 días para cancelar la prestación
social; disponiendo así la entidad con un término total de 70 días para realizar el pago efectivo de la
referida prestación. (…)
En ese sentido, encuentra la Sala que desde la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento
de las cesantías hasta la fecha en que se emitió el acto administrativo que reconoce la cesantía
parcial al señor GAUDENCIO HERNÁNDEZ OLIVERO, no transcurrieron los 15 días hábiles
(vencían el 15 de junio de 2023) con los que contaba legalmente la entidad para pronunciarse acerca
de dicha solicitud, lo que traduce que el acto de reconocimiento fue expedido en tiempo el 24 de
mayo de 2023 (mismo día de la solicitud), siendo notificado por medios electrónicos el 25 de mayo
de 2023.
Por tanto, ha de darse aplicación a la hipótesis relativa a la ‘existencia de acto escrito en tiempo con
notificación electrónica’ y en tal sentido la ejecutoria corre 10 días posteriores a certificación de
acceso al acto, es decir, del 26 de mayo al 8 de junio de 2023; el término para el pago de la cesantía
es de 45 días posteriores a la ejecutoria, o sea, desde el 9 de junio hasta el 17 de agosto de 2023;
y la sanción moratoria corre 55 días posteriores a la notificación, es decir, a partir del 18 de agosto
de 2023. Y al estar acreditado que el pago de las cesantías parciales fue realizado al actor el día 20
de junio de 2023, es evidente que no se causó indemnización moratoria alguna”10.
4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado desestimó el
argumento relativo a la fecha de radicación de la solicitud, al considerar que el
análisis de una distinta a la consignada en los hechos de la demanda vulneraría el
derecho de defensa de las accionadas. De igual manera, la autoridad judicial
determinó que, en aplicación de la Ley 1071 de 2006, la administración contaba con
un término total de 70 días para resolver la solicitud y efectuar el pago.
Al examinar el caso concreto, verificó que el acto de reconocimiento se expidió y
notificó oportunamente por medios electrónicos, lo que permitió fijar como plazo
límite para el desembolso el 17 de agosto de 2023. En consecuencia, al acreditarse
que el pago se realizó el 20 de junio de 2023, concluyó que no se causó la
indemnización moratoria reclamada.
4.6.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues, como se evidenció,
10 A folios 71-73 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado E4CAD5A0B52D69F2
F1CF4EA396E5ACD6 666C7CDD78A599EA D2567896612CFD10.
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Accionante: Guadencio Hernández Olivero
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la autoridad judicial analizó de manera integral los elementos probatorios que
obraban en el expediente, en particular aquellos relacionados con el momento de la
radicación de la solicitud, y concluyó que no se encontraba acreditada la sanción
moratoria reclamada. En ese contexto, se advierte que las inconformidades
elevadas por el convocante se limitan a cuestionar lo resuelto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que prevalezca su
postura jurídica y valorativa frente a la adoptada por el Tribunal Administrativo del
Cesar.
Ahora bien, la Sala observa que Hernández Olivero allegó dos providencias
proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación11, en las
cuales se tuvo por superado el requisito de relevancia constitucional frente a
debates probatorios similares, relacionados con las constancias de radicación en
aplicativos digitales. No obstante, en dichas decisiones se concluyó, de manera
general, que la acción de tutela se orientaba a establecer si en las providencias
cuestionadas se vulneraron derechos fundamentales por la eventual configuración
de defectos específicos, y que la parte interesada había sustentado de forma
suficiente su solicitud.
Si bien en las referidas providencias existe una coincidencia fáctica con el presente
asunto, lo cierto es que esta Subsección no comparte el criterio adoptado en esos
casos para estimar demostrada la relevancia constitucional, pues asumir el
conocimiento de fondo del litigio bajo tales parámetros generales implica una
interferencia injustificada en el ámbito de decisión del juez natural, quien ostenta la
competencia para dirimir la controversia.
En ese sentido, la simple discrepancia valorativa que pueda tener el juez
constitucional frente a lo resuelto en el proceso ordinario no puede erigirse como un
presupuesto válido para desconocer los principios de autonomía judicial y de sana
crítica que amparan la decisión de la autoridad llamada a resolver el asunto.
Adicionalmente, debe precisarse que las decisiones allegadas reflejan la postura
particular de una de las Subsecciones del Consejo de Estado, razón por la cual
dicho razonamiento no resulta vinculante ni de obligatoria observancia para las
demás Subsecciones que integran la corporación.
11 Radicados Nos. 11001031500020250559800 y 11001031500020260267600.
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En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada12, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario13.
5.- En consecuencia, se observa que ninguno de los reproches formulados satisface
el requisito general de relevancia constitucional, razón por la cual el depreco resulta
improcedente en su totalidad y así se declarará.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones expuestas ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
12 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
13 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03836-00
Accionante: Guadencio Hernández Olivero
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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