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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02676-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02676-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ledys Esther Salas Orozco. Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-009-2024-00291-00 [01]. Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar, que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, expida una nueva decisión donde tenga en cuenta las consideraciones aquí manifestadas. Cuarto. NEGAR el amparo solicitado en relación con el defecto sustantivo. Quinto. NEGAR las solicitudes de desvinculación. Sexto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Séptimo. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02676-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02676-00
Accionante: Ledys Esther Salas Orozco
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Derechos al debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la
administración de justicia. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Indebida
valoración probatoria. CONCEDE AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ledys Esther Salas
Orozco, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.

ANTECEDENTES

La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así
como los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y pro
homine, que considera vulnerados con la sentencia del 2 de octubre de 2025
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 20001-33-33-009-2024-00291-00 [01].

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el 21 de septiembre de 2021, solicitó el reconocimiento de las cesantías, la cual
fue atendida de manera favorable, mediante la Resolución núm.
VALLER2021000089 del 23 de noviembre de 2021 y el 11 de febrero de 2022 fueron
girados los recursos.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0267 6 -00

Que el 30 de julio de 2024, pidió a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Municipio
de Valledupar el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en las leyes
1071 de 2006 y 1955 de 2019.

Que la solicitud le fue negada a través del Oficio núm. VAL2024ER013065 –
VAL2024EE029874 del 21 de agosto de 2024, por lo cual instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertirlo.

Que el 24 de julio de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar negó
las pretensiones porque determinó que la administración no incurrió en una mora
en el pago de las cesantías, por lo cual interpuso recurso de apelación, y el 2 de
octubre de la misma anualidad, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
decisión recurrida.

Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:

• Fáctico, al desestimar que radicó la solicitud de cesantías parciales el 21 de
septiembre de 2021 y concluir que la presentó hasta el 11 de noviembre de ese año,
fecha en la cual la Secretaría de Educación dio inicio al estudio de la prestación
económica.

Que, si bien el contenido de la constancia del Sistema Humano en Línea registra la
devolución en dos oportunidades de la petición de cesantías, lo cierto es que el 21
de septiembre de 2021 cargó la solicitud y su documentación de forma exitosa.

Que la aplicación citada no activó la opción «Envío de Documentación», la cual se
genera cuando la documentación cargada previamente por el docente presenta
inconsistencias, como se explicó en el instructivo elaborado por el Fomag para
facilitar la comprensión del funcionamiento de la plataforma al personal docente».

• Sustantivo, pues efectuó una interpretación incompatible con los artículos 4 de la
Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley 1272 de 2018, los cuales establecen
que los 15 días hábiles inician cuando el peticionario radica la documentación
completa en el canal dispuesto para tal fin y no desde que la administración decide
validar y estudiar la reclamación.

Indicó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 25 de septiembre de 2025 1, señaló que la petición de cesantías se
entiende formalmente radicada desde el momento en que se completa el cargue de
la documentación requerida.

PRETENSIONES

1 Radicado 11001-03-15-000-2025-05598-00. M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0267 6 -00

Pide que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia del
2 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-009-
2024-00291-00 [01]; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada
emitir una nueva decisión, donde se analicen de manera íntegra los medios de
prueba y se aplique en debida forma la normativa que regula el procedimiento y la
gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 10 de abril de 2026, se admitió la acción; se vinculó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y al Municipio de Valledupar, como terceros con interés; y se ordenó
notificar a las partes y los vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Cesar guardó silencio.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que la sentencia discutida no puede
ser excluida del ordenamiento jurídico por vía de la tutela, en la medida que se
desconocería la independencia y autonomía judicial del juez de la causa, así como
la presunción de acierto y legalidad de la providencia.

Consideró que el descontento de la parte actora no puede servir de base para abrir
la puerta a que la jurisdicción constitucional actúe como reemplazo de la autoridad
judicial a la que correspondía el conocimiento del asunto.

Que no se demostró que las vulneraciones a las garantías fundamentales y
procesales comprometan gravemente la existencia o supervivencia de la actora,
sino que se evidencia que se trata de una controversia de naturaleza estrictamente
económica que carece de relevancia constitucional, por lo cual debe declararse
improcedente la acción.

Indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no es el responsable
de la conducta que genera la vulneración alegada, por lo que solicitó su
desvinculación.

El Municipio de Valledupar pidió su desvinculación de la acción de tutela, bajo el
entendido que la persona responsable de dar cumplimiento a los fallos de tutela en
contra del ente territorial es la Secretaría de Educación.

Por otro lado, adujo que la acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, ya que con la misma se pretende reabrir el análisis del presunto

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derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, asunto que ya concluyó
en la jurisdicción ordinaria sin que se evidencie arbitrariedad judicial.

El Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) fue
debidamente notificado de la acción de tutela y guardó silencio.

Se decidirá previas a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590 de
20053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128
de 2021, se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»4

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:

«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente

4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada5.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, [...]. Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela7.»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

En síntesis, la señora Ledys Esther Salas Orozco considera que el Tribunal
Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, y los principios
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y pro homine, con la sentencia
del 2 octubre de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-009-2024-00291-00 [01],
porque incurrió en los defectos i) fáctico, por tomar como fecha de presentación de
la solicitud de reconocimiento de las cesantías, el día en que la administración inició
el estudio de la prestación económica y no en el que radicó de forma completa la
reclamación, y ii) sustantivo, por interpretar de manera contraria los artículos 4 de
la Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley 1272 de 2018.

La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 2 de octubre de
2025 cumple los requisitos de procedencia, ya que: a) tiene relevancia constitucional
en la medida en que se alega la presunta vulneración de los derechos
fundamentales por incurrir en los defectos citados y la accionante argumentó
suficientemente la solicitud; b) la accionante no cuenta con otro medio de defensa
para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de inmediatez, pues la
acción se presentó el 8 de abril de 2026, esto es, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la sentencia, efectuada mediante mensaje de datos
enviado el 7 de octubre de 2025, la cual cobró ejecutoria el 15 de igual mes y año y
d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

El Tribunal señaló que la demandante sostenía que la solicitud de reconocimiento y
pago de las cesantías fue presentada el 21 de septiembre de 2021, para lo cual
allegó un memorial que contiene la trazabilidad del trámite en el aplicativo Humano

5 Sentencia SU-074 de 2022.

6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.

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en Línea.

La autoridad judicial accionada estimó que del documento aportado por la
demandante se desprendía que la reclamación se radicó en varias oportunidades,
el 26 de julio, 2 de agosto y 21 de septiembre de 2021, y en todas ellas se registró
la observación «validación documentos devuelta»; circunstancia que no le permitía
inferir que el 21 de septiembre de 2021 se radicó la solicitud completa.

Precisó que, si bien no se evidencia la fecha en la que se remitieron todos los
documentos, «pues los registros posteriores se refieren a otras actividades, lo cierto,
es que el único criterio objetivo y verificable es el consignado» en la Resolución
núm. VALLER2021000089 del 23 de noviembre de 2021 8, donde se estableció que
la demandante presentó la solicitud el 11 de noviembre de 2021.

El Tribunal indicó que los quince días que tenía la Secretaría de Educación
Municipal de Valledupar para expedir el acto administrativo de reconocimiento de
las cesantías vencían el 3 de diciembre de 2021, y la entidad territorial lo emitió el
23 de noviembre de 2021, antes del vencimiento del término legal establecido; por
lo tanto, a la accionante no le asistía derecho a reclamar la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías.

Así las cosas, el Tribunal decidió confirmar la sentencia del 24 de junio de 2025,
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Valledupar, que negó las
pretensiones.

Revisado el expediente del proceso ordinario y la decisión adoptada por la autoridad
judicial, se advierte que con la demanda se aportó el reporte de la plataforma
«Sistema Humano en Línea», en el que se registró la siguiente información:

8 El acto administrativo no tenía fecha; sin embargo, el juez ordinario tuvo por fecha de expedición el 23 de

noviembre de 2021, en razón al reconocimiento que hacen las partes.

7

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En ese orden de ideas, se advierte que el Tribunal incurrió en defecto fáctico por
indebida valoración del reporte de la plataforma «Sistema Humano en Línea», del
cual se desprende que el 21 de septiembre de 2021 la demandante presentó la
reclamación completa, tan es así que posterior a esta fecha no hay requerimiento
alguno a la accionante para que complete la solicitud, sino que aparece «Validación

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de Documentos» el 4 de octubre de 2021 y «Prestación en Estudio» el 11 de
noviembre de ese año.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien el Tribunal afirmó que en las tres
oportunidades en que se realizó la solicitud, esto es, el 26 de julio, 2 de agosto y 21
de septiembre de 2021 se registró la observación «validación documentos
devuelta», lo cierto es que dicha anotación solo aparece en las dos últimas fechas,
lo cual resulta concordante con lo expuesto, dado que se trataba de dos registros
posteriores a la primera devolución, siendo el último el que siguió su trámite para el
estudio de la solicitud, como quedó previamente expuesto.

La autoridad judicial accionada también incurrió en el error citado por otorgarle pleno
valor probatorio al acto administrativo que resolvió como aspecto central sobre el
reconocimiento de la prestación económica y no sobre la fecha en la que se radicó
la reclamación, sin tener presente lo previamente expuesto.

Por otro lado, la accionante argumenta que el Tribunal interpretó de manera
contraria los artículos 4 de la Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley 1272 de
2018, por el hecho de contar el término de los 15 días hábiles que tiene la entidad
territorial, para expedir el acto administrativo de reconocimiento y pago de las
cesantías, desde que la entidad inició el estudio de la solicitud y no cuando la misma
se radicó de forma completa.

Sin embargo, no le asiste razón a la accionante, bajo el entendido que el Tribunal
no interpretó en indebida forma los artículos mencionados, sino que de la valoración
probatoria que realizó tuvo como fecha de presentación completa de la solicitud el
11 de noviembre de 2021 y no el 21 de septiembre de 2021.

Por último, no hay lugar a desvincular al Ministerio de Educación Nacional y al
municipio de Valledupar de la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que su vinculación fue como terceros con interés, a fin de
garantizar su debido proceso y defensa.

Así las cosas, se amparará el derecho fundamental al debido proceso de la
accionante; se dejará sin efectos la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar; y se ordenará a la autoridad judicial
accionada que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, expida una nueva decisión donde tenga en cuenta las consideraciones
aquí manifestadas; y se negará el amparo solicitado en relación con el defecto
sustantivo.

Se aclara que el amparo que acá se está otorgando no implica que la decisión que
el Tribunal vaya a adoptar deba ser favorable a los intereses de la parte accionante,
sino que se dirige a que se garantice la realización del análisis aquí expuesto.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Ledys
Esther Salas Orozco.

Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-009-2024-00291-00 [01].

Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar, que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, expida una nueva
decisión donde tenga en cuenta las consideraciones aquí manifestadas.

Cuarto. NEGAR el amparo solicitado en relación con el defecto sustantivo.

Quinto. NEGAR las solicitudes de desvinculación.

Sexto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Séptimo. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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