Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04527-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04527-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04527-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04527-01
Demandante: Nidia Stella Clavijo Núñez
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Fecha de radicación. Ley 1071 de 2006. Ley
1272 de 2018. Defecto fáctico. Defecto sustantivo.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y concede solicitud de
amparo.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia
de 16 de julio de 2026 de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 12 de junio de 2026, la señora Nidia Stella Clavijo Núñez presentó, a
través de apoderado, una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva, así como al principio pro homine, con ocasión de la Sentencia
de 4 de diciembre de 2025 proferida en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 54001-33-33-010-2023-00462-01.
2. A título de amparo, solicitó se dejara sin efectos la Sentencia de 4 de
diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en su lugar,
se le ordenara que profiriera decisión de reemplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que
el 18 de octubre de 2023 radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo No.
CUC2023ER009620 de 25 de mayo de 2023, mediante el cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en las Leyes 244 de 1995,
1071 de 2006 y 1955 de 2019. En consecuencia, solicitó, a título de restablecimiento
del derecho, que se declarara la responsabilidad del Municipio de San José de
Cúcuta y de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y se les
condenara al reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del retardo
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en la cancelación de las cesantías parciales, equivalente a un día de salario por
cada día de mora.
4. El 4 de julio de 2024, el Juzgado 10 Administrativo de Cúcuta declaró la
nulidad del oficio No. CUC2023ER009620 de 25 de mayo de 2023, mediante el cual
se negó el reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria por el
desembolso tardío de las cesantías parciales de la parte actora. En consecuencia,
a título de restablecimiento del derecho, condenó al Municipio de San José de
Cúcuta a pagar una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de
retardo en el pago oportuno de dichas cesantías, por el periodo comprendido entre
el 20 de mayo de 2022 y el 24 de julio de 2022, para un total de 66 días de mora.
Precisó que la sanción debía pagarse con fundamento en la asignación básica
vigente al momento de su causación, sin que esta variara por la prolongación del
tiempo, esto es, con la correspondiente al año 2022 y negó la indexación de la suma
reconocida por concepto de sanción moratoria.
5. El 18 de julio de 2024, la Alcaldía de San José de Cúcuta interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que se incurrió
en un defecto fáctico, debido a que el Juzgado no otorgó una valoración especial a
las pruebas allegadas en relación con la fecha exacta de radicación de la solicitud
de reconocimiento y pago de las cesantías presentada por la señora Clavijo Núñez.
Sostuvo que esta correspondía al 22 de abril de 2022 y no al 7 de febrero de 2022.
Agregó que el acto administrativo acusado fue expedido y notificado el 10 de mayo
de 2022 y que, por tanto, el despacho tampoco valoró de manera especial los
antecedentes administrativos relacionados con el trámite surtido a través del
aplicativo Humano, en el que se registraba en línea y en tiempo real el desarrollo de
dicha actuación.
6. El 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
revocó la Sentencia de 4 de julio de 2024 y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que no se configuraba mora alguna en el pago de las
cesantías solicitadas por la parte actora. Señaló que, al realizar el conteo de los días
hábiles transcurridos entre la radicación de la solicitud de reconocimiento de las
cesantías parciales y la fecha en que los recursos fueron puestos a disposición de
la beneficiaria, se constató que no se venció el término legal establecido en la Ley
1071 de 2006. Añadió que el desembolso se efectuó dentro del plazo previsto por
la normativa y en armonía con lo señalado en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-
SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, proferida por el Consejo de Estado. Concluyó
que la administración cumplió oportunamente su obligación de reconocer y pagar la
prestación, por lo que no se configuró mora alguna en el trámite.
7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en defecto fáctico al
establecer una fecha de inicio de la actuación administrativa distinta de la acreditada
en la constancia generada por el Sistema Humano en Línea. Explicó que la
radicación de la solicitud con la documentación completa ocurrió el 22 de marzo de
2022, fecha en la que remitió la totalidad de los documentos requeridos para el
reconocimiento de las cesantías parciales. Señaló que el Tribunal tomó como fecha
relevante el 22 de abril de 2022, al considerar que solo hasta entonces la gestión
se realizó en debida forma, circunstancia que no guardaba correspondencia con lo
probado en el proceso.
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8. Manifestó que, al desestimar la fecha consignada en la constancia de
solicitud de cesantías, el Tribunal omitió realizar un análisis probatorio completo e
imparcial, lo que implicaba un quebrantamiento grave y directo del principio de
verdad material que regía el actuar judicial. Sostuvo que la valoración de las pruebas
debía atender a criterios de racionalidad e imparcialidad, de manera que cada
elemento del expediente fuera apreciado en conjunto con los demás y no de forma
aislada o arbitraria, en garantía del debido proceso. Afirmó que el Tribunal tenía el
deber de examinar integralmente los medios de convicción allegados al proceso
para establecer si existía una circunstancia debidamente acreditada que demostrara
que la reclamación administrativa fue presentada de manera incompleta.
9. Consideró que se configuró un defecto sustantivo, pues el Tribunal
interpretó las normas aplicables de manera incompatible con los hechos del caso
concreto. Señaló que el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22
de la Ley 1272 de 2018 establecían que el término de 15 días hábiles comenzaba
a contabilizarse desde el momento en que el peticionario radicaba la documentación
completa a través del canal dispuesto para tal fin. Afirmó que el cómputo debía
iniciarse en el momento exacto en que el docente cargaba en el aplicativo Humano
en Línea la totalidad de la información requerida para el trámite del auxilio
económico, y no cuando la administración procedía a validar los documentos
allegados, por tratarse de una etapa posterior a la radicación formal.
10. Señaló que debía distinguirse entre la fecha de ingreso de la solicitud
completa de cesantías en la plataforma institucional y el momento en que la
administración efectuaba la revisión de los documentos aportados. Expuso que, de
acuerdo con la normativa invocada, el término de 15 días hábiles con que contaba
la entidad territorial certificada en educación para expedir el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación económica comenzaba a correr desde la ocurrencia
del primero de esos hechos, esto es, desde la radicación completa de la
documentación por parte del peticionario.
Intervenciones1
11. El Juzgado 10 Administrativo de Cúcuta envió el enlace de acceso al
expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54001-
33-33-010-2023-00462-00.
12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó que se negaran
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se configuraba
vulneración alguna de los derechos invocados por la parte accionante. Señaló que
las actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se desarrolló de conformidad con la normativa vigente y con la
jurisprudencia aplicable a la sanción moratoria de las cesantías, en particular, con
la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, en lo
1 Mediante Auto de 18 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, y vinculó al Juzgado 10 Administrativo de Cúcuta, a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Municipio de
San José de Cúcuta como tercero con interés en el resultado del proceso.
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relacionado con el cómputo de los términos para establecer la configuración de la
mora en el pago de dicha prestación social.
13. El Municipio de San José de Cúcuta solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial accionada
no incurrió en defecto fáctico ni en defecto sustantivo y que la Sentencia de 4 de
diciembre de 2025 fue adoptada dentro del margen de autonomía judicial
reconocido por la Constitución y la jurisprudencia. Explicó que, de acuerdo con la
Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del Consejo de Estado, la
responsabilidad de la entidad territorial certificada en educación por la sanción
moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 se generaba únicamente
cuando el pago extemporáneo obedecía al incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud de pago de las cesantías por parte de la
Secretaría de Educación territorial al FOMAG.
14. Afirmó que, en el caso de la accionante, y tomando como fecha de
radicación el 22 de abril de 2022, el desembolso efectuado el 25 de julio de 2022,
esto es, 2 días antes del vencimiento del plazo legal, previsto para el 27 de julio de
2022, permitía concluir que no se configuraba mora y, por tanto, tampoco había
lugar al reconocimiento de la sanción moratoria. Indicó que la Corte Constitucional
señaló de manera reiterada que la tutela contra providencias judiciales constituía un
mecanismo excepcionalísimo y que no habilitaba al juez constitucional para
convertirse en una tercera instancia encargada de revisar el criterio probatorio o
interpretativo adoptado por el juez natural. Indicó que, aunque la accionante
discrepaba de la valoración realizada por el Tribunal, dicha inconformidad, por sí
sola, no configuraba defecto constitucional alguno.
15. El Ministerio de Educación solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que no se evidenciaba vulneración alguna de los
derechos de la accionante y, en particular, que no se cumplía el requisito de
relevancia constitucional. Manifestó que, si bien el planteamiento de la accionante
se sustentaba en la presunta vulneración del derecho al debido proceso y en la
transgresión de algunos principios de naturaleza constitucional, no lograba
estructurar una argumentación clara acerca de la concreta relevancia constitucional
del asunto ni sobre la necesidad de la intervención del juez de tutela para hacer
cesar las presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales invocados.
Precisó que no bastaba con afirmar la vulneración del debido proceso, sino que era
necesario asumir una carga argumentativa mayor, orientada a demostrar una
amenaza o afectación real y concreta de los derechos fundamentales.
16. Afirmó que, en el caso bajo estudio, no se demostraba que las
vulneraciones alegadas respecto de las garantías procesales y fundamentales
comprometieran gravemente la existencia o supervivencia de la accionante ni su
acceso a la administración de justicia. Tampoco se acreditó la existencia de una
vulneración indirecta de sus derechos fundamentales.
17. La Fiduprevisora S.A.S. alegó falta de legitimación en la causa por pasiva
y, en consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al
considerar que no era responsable de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante. Sostuvo que no existía nexo de causalidad entre
alguna acción u omisión atribuible a la entidad y la afectación o amenaza de los
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derechos invocados. Indicó que la accionante manifestó, de manera equivocada,
que se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
jurídica; no obstante, afirmó que las autoridades judiciales actuaron de conformidad
con la normativa aplicable, sin que pudiera sostenerse que hubieran desconocido
los precedentes judiciales relacionados con el asunto objeto de controversia.
Sentencia impugnada
18. El 16 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se satisfacía el requisito
general de procedencia relativo a la relevancia constitucional. Concluyó que las
pretensiones de la parte actora tenían una connotación estrictamente económica,
puesto que estaban dirigidas al reconocimiento y pago de la indemnización
moratoria derivada del retardo en la cancelación de las cesantías parciales. Estimó
que la controversia escapaba al ámbito de competencia del juez de tutela. Señaló
que esta conclusión encontraba respaldo en el criterio pacífico sostenido por esa
Sección, según el cual los asuntos promovidos en sede de tutela relacionados con
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria correspondían a controversias de
naturaleza esencialmente legal y económica.
19. Consideró que los argumentos planteados por la parte actora, más que
poner de manifiesto la existencia de una cuestión de verdadera relevancia
constitucional susceptible de comprometer derechos fundamentales, evidenciaban
su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, como
si la acción de tutela constituyera un recurso o una instancia adicional. Sostuvo que
el juez constitucional no podía intervenir en dicho asunto, pues hacerlo supondría
atribuir a la tutela un alcance ajeno a su naturaleza y, al mismo tiempo, invadir el
ámbito de competencia y la independencia del juez natural.
20. Señaló que, de conformidad con los principios de libre valoración de la
prueba, autonomía e independencia judicial, los jueces gozaban de amplias
facultades para apreciar los medios de convicción incorporados al proceso, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Precisó que correspondía al juez natural
determinar el valor probatorio de cada elemento de juicio y que el cuestionamiento
de una providencia judicial por discrepancias con esa valoración únicamente tenía
cabida cuando la decisión contenía errores graves que desconocieran tales reglas;
circunstancias que no había ocurrido en el caso examinado, pues la parte
accionante pretendía controvertir el análisis probatorio realizado por el juez
contencioso. Concluyó que la acción de tutela estaba siendo utilizada como una
tercera instancia, con lo cual se desnaturalizaba este mecanismo constitucional.
Impugnación
21. El 5 de agosto de 2026, la parte actora interpuso impugnación, al considerar
que el cuestionamiento formulado en sede de tutela estaba dirigido a demostrar la
configuración de un defecto fáctico con incidencia directa en el derecho fundamental
al debido proceso. Sostuvo que el juez de la causa desestimó un medio de prueba
directo y determinante para acreditar un hecho relevante y otorgó plena credibilidad
a otro elemento probatorio, sin explicar las razones que justificaban tal decisión,
pese a que aquel no fue tachado de falso ni controvertido por la parte demandada.
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22. Señaló que, al afirmar que la acción de tutela pretendía convertirse en una
tercera instancia, el juez constitucional desconocía que los defectos específicos de
las providencias judiciales necesariamente se estructuraban a partir del asunto
decidido por el juez natural. Explicó que el amparo no tenía por objeto reabrir el
debate propio del proceso ordinario, sino poner de manifiesto que la decisión judicial
incurrió en una irregularidad de relevancia constitucional. Esta situación se
presentaba en el caso concreto, pues se acreditó la existencia de un error grave y
manifiesto en el juicio de valoración probatoria realizado por el Tribunal al resolver
el litigio, al apartarse de la realidad fáctica clara, concreta y evidente que se
desprendía del acervo probatorio.
23. Indicó que se aportó una constancia de presentación de la reclamación
administrativa de reconocimiento y pago de las cesantías, en la que se observaba
claramente la fecha en que se inició la actuación ante la entidad territorial, esto es,
el 22 de marzo de 2022. Afirmó que el Tribunal desestimó dicho medio de prueba y
privilegió la información consignada en el acto administrativo mediante el cual se
reconoció la prestación económica.
24. Expuso que, en un reciente pronunciamiento del Consejo de Estado 2,
contenido en la Sentencia del 29 de abril de 2026, se ampararon los derechos
fundamentales de una docente que fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo
del Cesar como consecuencia de una indebida valoración probatoria, al haber
tomado como fecha de radicación una distinta de aquella correspondiente al cargue
o envío efectivo de la documentación necesaria para la reclamación de las
cesantías. Insistió en que, en esa decisión constitucional, se dejó establecido que
la constancia generada por el Sistema Humano en Línea constituía el medio
probatorio idóneo para determinar con certeza el momento en que el docente
completó el cargue de la documentación exigida para reclamar sus cesantías, en
cuanto reflejaba el inicio real y verificable del trámite. Sostuvo que dicha constancia
no podía ser desplazada por una fecha secundaria consignada en el acto de
reconocimiento, cuya finalidad era reflejar una decisión posterior de la
administración y no el momento en que se ejercicio la solicitud.
25. Concluyó que el Tribunal interpretó erróneamente el marco normativo que
regulaba el procedimiento de reconocimiento y pago de las cesantías, al condicionar
el inicio del cómputo de la actuación administrativa a una etapa posterior a la
presentación de la solicitud mediante el aplicativo Humano en Línea. Afirmó que
esta interpretación daba lugar a un análisis del debate jurídico abiertamente
arbitrario e infundado, pues trasladaba a la parte actora el cumplimiento de
actuaciones que correspondían exclusivamente a la administración, como la
validación de la documentación y el estudio de la reclamación, para determinar si
esta incurría en mora en el reconocimiento y pago de las cesantías.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero
Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 29 de abril de 2026, Rad. No. 11001-03-15-000-2026-
02676-00, demandante Ledys Esther Salas Orozco contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
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II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si en el presente asunto
se satisface el requisito de relevancia constitucional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuya ausencia fue declarada por el juez de primera
instancia. Superado dicho análisis, deberá establecer si el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora con ocasión de la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 54001-33-33-010-2023-00462-
01, al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo alegados.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala revocará la Sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse:
29. Contrario a lo considerado por el juez de tutela de primera instancia, la
controversia planteada sí reviste relevancia constitucional, en tanto la parte actora
atribuyó a la Sentencia de 4 de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva, así como al principio pro homine, con fundamento en los
presuntos defectos fáctico y sustantivo que le endilgó. En particular, cuestionó la
valoración efectuada por la autoridad judicial accionada respecto de la prueba
relacionada con la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de
las cesantías parciales y, a partir de ello, la determinación del momento desde el
cual debía contabilizarse el término legal para establecer la eventual configuración
de la mora. Se trata, por tanto, de un reparo dirigido contra la forma en que una
autoridad judicial habría valorado el material probatorio y aplicado el marco jurídico
relevante, con posible incidencia en el derecho fundamental al debido proceso, y no
de una pretensión encaminada, por sí sola, a obtener el reconocimiento de una
prestación de contenido económico.
30. Frente a los demás requisitos generales de procedencia la Sala advierte
que: (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa como
pasiva, puesto que la accionante tenía la calidad de demandante dentro del proceso
No. 54001-33-33-010-2023-00462-01 y la decisión objeto de cuestionamiento fue
emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander; (3) se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos
judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de
tutela fue presentada el 12 de junio de 2026, esto es, dentro del plazo de 6 meses
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contados a partir de la ejecutoria de la providencia enjuiciada3; (5) no se alegó la
existencia de una irregularidad procesal con incidencia en la decisión cuestionada;
(6) los hechos que generaron la presunta vulneración, así como los derechos
fundamentales y defectos alegados, fueron identificados de manera razonable; y (7)
la tutela no fue presentada contra una providencia de la misma naturaleza.
31. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto
32. La Sala concederá la solicitud de amparo, por las razones que se exponen
a continuación:
33. Aunque la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
convertirse en una instancia adicional para reabrir debates propios del proceso
ordinario, en este caso la controversia planteada trasciende una simple discrepancia
con la valoración probatoria efectuada por el juez natural. Lo que se cuestiona es
un posible defecto fáctico que habría incidido directamente en el derecho
fundamental al debido proceso, derivado de la omisión de la valoración de la prueba
referente a las fechas consignadas en el aplicativo «Humano en Línea»; base para
la determinación de la fecha en que fue radicada la solicitud de reconocimiento y
pago de las cesantías parciales, aspecto del cual dependía el cómputo del término
legal y, por consiguiente, la configuración o no de la sanción moratoria.
34. Se observa que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander tuvo por
establecido que la solicitud de cesantías había sido radicada el 22 de abril de 2022,
y para ello soportó su decisión a la información contenida en la Resolución
CUCUTR2022000028 del 10 de mayo de 2022, en la que se identificó una solicitud
radicada con esa fecha. La autoridad judicial accionada consideró que, al tratarse
de un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad y cuyo contenido
no había sido controvertido, esa era la fecha que debía tomarse como punto de
partida para el cómputo de los términos.
35. No obstante, en el expediente obra la constancia generada por el Sistema
Humano en Línea, aportada desde el proceso ordinario, en la que se registra la
secuencia del trámite adelantado por la accionante. De acuerdo con dicho
documento, el 22 de marzo de 2022 se produjo el «envío de documentación» y, con
posterioridad, se registraron las etapas de «validación de documentos» y
«prestación en estudio» e incluso el propio escrito de impugnación puso de presente
que el 22 de abril de 2022 correspondía a esta última actuación y no al momento en
que la docente habría presentado por primera vez la documentación requerida.
36. Esta secuencia probatoria adquiere especial relevancia porque la
trazabilidad del aplicativo no solo registra una fecha aislada, sino que permite
diferenciar las distintas fases que integran el procedimiento administrativo
adelantado a través del Sistema Humano en Línea. En ese sentido, la información
contenida en dicho reporte guardaba relación directa con el aspecto fáctico que
debía dilucidarse en el proceso ordinario, esto es, la determinación de la fecha a
3 Decisión que se notificó a través de mensaje de datos, enviado el 11 de diciembre de 2025.
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partir de la cual debía entenderse presentada la solicitud para efectos de contabilizar
el término previsto en la Ley 1071 de 2006.
37. Asimismo, la información derivada de la trazabilidad debía ser examinada
de manera conjunta con los demás antecedentes administrativos incorporados al
expediente, en la medida en que todos ellos conformaban el marco probatorio
relevante para establecer el iter surtido durante el trámite administrativo de
reconocimiento de la prestación. Por consiguiente, correspondía al juez natural
efectuar una valoración integral de tales elementos y explicar la incidencia que les
atribuía dentro de la reconstrucción de los hechos jurídicamente relevantes.
38. De este modo, el Tribunal no podía limitarse a tener por acreditada la fecha
del 22 de abril de 2022 con fundamento exclusivo en la consignación efectuada en
el acto administrativo de reconocimiento, sin efectuar una valoración expresa de la
información contenida en la trazabilidad del Sistema Humano en Línea. Dado que
este documento provenía del mecanismo institucional dispuesto por la propia
administración para la gestión de las solicitudes prestacionales y guardaba relación
directa con el hecho objeto de discusión, resultaba exigible que la providencia
explicara su alcance probatorio y las razones por las cuales, en caso de estimarlo
procedente, otorgaba prevalencia a otros elementos de juicio obrantes en el
expediente.
39. La exigencia anterior no desconoce la autonomía e independencia judicial.
Por el contrario, parte de ellas, pues el juez natural conserva la facultad de valorar
el material probatorio y de determinar el alcance que corresponda a cada elemento
de juicio; lo que no resulta constitucionalmente admisible es que se descarte una
prueba objetiva y relevante sin explicar las razones que justifican ese apartamiento,
especialmente cuando de ella depende un aspecto decisivo para la solución del
litigio. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto fáctico se
configura cuando el error en la valoración probatoria es ostensible, manifiesto y
determinante, y ha reconocido una dimensión negativa cuando el juzgador omite
valorar elementos esenciales del material probatorio o los aprecia de manera
arbitraria.
40. En el presente asunto, la irregularidad adquiere relevancia constitucional
porque el Tribunal contaba con la trazabilidad generada por el Sistema Humano en
Línea, documento que fue aportado oportunamente al proceso y que guardaba
relación directa con el debate planteado por las partes. Sin embargo, al concluir que
la reclamación debía entenderse presentada el 22 de abril de 2022, la sentencia no
efectuó un análisis expreso de dicho elemento probatorio ni explicó la incidencia
que este tenía para la solución del caso. Tampoco expuso las razones que
justificaban otorgar un mayor valor demostrativo a la fecha consignada en la
resolución administrativa frente a la información contenida en el registro sistemático
del trámite. En tales condiciones, la decisión omitió pronunciarse sobre un medio de
convicción potencialmente relevante para la determinación del supuesto fáctico
controvertido, circunstancia que impide verificar el itinerario argumentativo seguido
por el juzgador para arribar a la conclusión adoptada.
41. A lo anterior se suma que el 22 de abril de 2022, fecha que el Tribunal
adoptó como momento de radicación, coincide, según la trazabilidad aportada con
la impugnación, con el inicio de la etapa denominada «Prestación en Estudio». Esta
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circunstancia evidencia que se trataba de una actuación posterior al envío de la
documentación y atribuible a la entidad territorial, por lo que no resultaba razonable
equipararla, sin una explicación adicional, con el momento en que la administrada
presentó su solicitud. La impugnación muestra, además, que el Sistema Humano
en Línea distingue expresamente entre el envío de la documentación, su validación
y el estudio de la prestación.
42. Esta conclusión resulta concordante con el precedente de esta Subsección,
contenida en la Sentencia de 29 de abril de 2026, en el que se examinó una
controversia sustancialmente semejante. En esa oportunidad, esta Sala revisó la
trazabilidad del Sistema Humano en Línea y concluyó que la solicitud se había
presentado de manera completa en la fecha registrada en el aplicativo, pues
después de ella no existía requerimiento alguno para completar la documentación y
las actuaciones posteriores correspondían a la validación y al estudio de la
prestación. Por ello, encontró configurado el defecto fáctico y dejó sin efectos la
sentencia cuestionada, sin considerar que ello implicara sustituir al juez natural en
la decisión del litigio.
43. La aplicabilidad de dicho precedente no obedece únicamente a una
coincidencia sustancial entre ambos asuntos. Por el contrario, se advierte una
identidad relevante en los elementos determinantes de la controversia, ya que en
los 2 casos se discutió la fecha jurídicamente relevante para la radicación de una
solicitud de cesantías tramitada a través del Sistema Humano en Línea; se aportó
como medio de prueba la trazabilidad generada por ese aplicativo; la autoridad
judicial ordinaria otorgó prevalencia a una fecha posterior consignada en
actuaciones administrativas relacionadas con el reconocimiento de la prestación; y
no se evidenció la existencia de requerimientos de subsanación o de actuaciones
posteriores del interesado que justificaran desplazar la fecha inicialmente registrada
por el sistema. Estas similitudes fácticas y jurídicas permiten acudir al referido
precedente como criterio de decisión útil para resolver el presente caso y garantizan,
además, el respeto de los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica en
la función judicial.
44. Ahora bien, la comparación con ese precedente no significa que toda
diferencia entre la fecha de cargue y la fecha consignada en el acto de
reconocimiento deba resolverse, por regla general, a favor de la primera. Lo que
resulta constitucionalmente reprochable en este caso es que el Tribunal hubiera
adoptado una fecha distinta a las registradas en el sistema sin acreditar ni explicar
la circunstancia que justificaba ese desplazamiento probatorio. La presunción de
legalidad del acto administrativo no podía extenderse, sin más, a un dato cuya
función dentro de ese acto era identificar la solicitud resuelta, cuando lo que debía
determinarse era el momento efectivo de presentación de la reclamación completa.
45. Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 dispone que el término
para expedir la resolución de reconocimiento se contabiliza a partir de la
presentación de la solicitud y prevé un tratamiento específico para aquellos eventos
en que la petición no reúna los requisitos exigidos, supuesto en el cual la entidad
debe requerir al interesado para que complete la documentación correspondiente.
En atención a ese marco normativo, la determinación de la fecha jurídicamente
relevante para iniciar el cómputo del término exigía un examen integral de los
elementos probatorios obrantes en el expediente y una motivación suficiente acerca
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de las razones por las cuales debía acogerse una determinada fecha de
presentación de la solicitud y no otra.
46. Nada de ello fue explicado en la providencia cuestionada. En efecto, aunque
el expediente contenía información relativa a las distintas actuaciones registradas
en el Sistema Humano en Línea, el Tribunal no examinó el alcance de dichos
registros ni precisó si de ellos podía derivarse alguna circunstancia relevante para
determinar la fecha jurídicamente aplicable al cómputo del término previsto en la
Ley 1071 de 2006. Tampoco expuso las razones por las cuales consideró suficiente
la fecha consignada en el acto administrativo de reconocimiento para resolver la
controversia, ni explicó la incidencia que podían tener los demás elementos
probatorios obrantes en el expediente. En esas condiciones, la conclusión adoptada
carece de la motivación necesaria para descartar un medio de convicción
directamente relacionado con el supuesto fáctico debatido.
47. En estas condiciones, la Sala encuentra configurado el defecto fáctico, pues
la autoridad judicial accionada se apartó de una prueba objetiva, directa y relevante
para establecer la fecha de radicación de la solicitud, sin ofrecer una justificación
suficiente que permitiera explicar por qué la información contenida en el Sistema
Humano en Línea debía ceder frente a la fecha consignada en el acto administrativo
de reconocimiento. El yerro no es meramente accesorio, comoquiera que de la
fecha de presentación dependía el inicio del cómputo de los términos legales y, por
tanto, la conclusión acerca de la existencia o inexistencia de la mora que constituyó
el objeto central del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
48. La relevancia constitucional del defecto advertido no deriva de la mera
existencia de una discrepancia respecto de la valoración de una prueba, sino de la
incidencia decisiva que dicha valoración tuvo en el sentido de la providencia
cuestionada. En efecto, la determinación de la fecha de radicación de la solicitud de
cesantías constituía el presupuesto fáctico indispensable para establecer el
momento a partir del cual debían contabilizarse los términos previstos en la Ley
1071 de 2006 y, en consecuencia, para definir si se había configurado o no la mora
que dio lugar al litigio. Por ello, la conclusión probatoria adoptada por el Tribunal no
incidió sobre un aspecto secundario o accesorio del debate, sino sobre uno de los
elementos estructurales de la decisión. De ahí que la irregularidad identificada tenga
la entidad suficiente para comprometer el derecho fundamental al debido proceso y
habilitar la intervención excepcional del juez de tutela.
49. Ahora bien, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo alegado
por la parte actora. Si bien la controversia involucra la interpretación del artículo 4
de la Ley 1071 de 2006 y de las disposiciones que regulan el trámite de
reconocimiento y pago de las cesantías a través del Sistema Humano en Línea, lo
cierto es que la autoridad judicial accionada no edificó su decisión sobre una
interpretación abiertamente irrazonable, contraevidente o incompatible con el
ordenamiento jurídico. El desacuerdo constitucionalmente relevante no recae sobre
el contenido normativo aplicado por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, sino sobre el supuesto fáctico que sirvió de base para su aplicación, esto
es, la determinación de la fecha de radicación de la solicitud de cesantías. De esta
manera, una vez fijada dicha fecha, el Tribunal aplicó las reglas legales pertinentes
para establecer el cómputo de los términos y determinar la existencia o no de mora;
por consiguiente, el problema advertido por la Sala es primordialmente probatorio y
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no interpretativo. De ahí que la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso derive de la configuración de un defecto fáctico y no de un defecto
sustantivo.
50. Por consiguiente, el amparo no comportará que el juez constitucional
determine de manera definitiva el derecho de la accionante al reconocimiento de la
sanción moratoria. La protección se circunscribe a dejar sin efectos la Sentencia de
4 de diciembre de 2025 y ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander
que profiera una nueva decisión en la que valore integralmente la trazabilidad del
Sistema Humano en Línea, la ausencia o existencia de requerimientos de
subsanación y los demás elementos probatorios pertinentes, y establezca, con
motivación suficiente, la fecha jurídicamente relevante para el cómputo de los
términos, en ese sentido, se advierte que la nueva decisión no tendrá que ser
necesariamente favorable a la accionante; lo que se exige es que sea el resultado
de una valoración probatoria completa, razonada y compatible con el derecho
fundamental al debido proceso.
Conclusión
51. La Sala revocará la Sentencia de 16 de julio de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. En su lugar, concederá el
amparo del derecho fundamental al debido proceso de la señora Nidia Stella Clavijo
Núñez, al encontrar configurado un defecto fáctico en la Sentencia de 4 de
diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, derivado de
la indebida valoración de la constancia generada por el Sistema Humano en Línea
respecto de la fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de las
cesantías. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia cuestionada y se
ordenará al Tribunal accionado proferir una nueva decisión en la que valore
integralmente el material probatorio y determine, con fundamento en este, la fecha
que corresponda para efectos del cómputo de los términos legales.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 16 de julio de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela promovida por la señora Nidia Stella Clavijo Núñez contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Nidia Stella Clavijo Núñez.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 4 de diciembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 54001-33-33-010-2023-
00462-01.
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CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una
nueva decisión dentro del referido medio de control, en la que valore de manera
integral y razonada la constancia generada por el Sistema Humano en Línea y los
demás elementos de convicción relacionados con la fecha de radicación de la
solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales, y determine, con
fundamento en el material probatorio obrante en el expediente, la fecha que
corresponda para efectos del cómputo de los términos legales y de la eventual
configuración de la sanción moratoria.
QUINTO. NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto sustantivo.
SEXTO. REMITIR la presente decisión a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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