Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07012-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07012-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07012-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
3 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00
Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00
Demandante: JAIME ROBERTO SILVERA TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Procedencia
excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, porque se
pretende provocar un nuevo análisis del caso sometido a consideración de los jueces
ordinarios, a manera de una tercera instancia.
La Sala1 decide la acción de tutela presentada por el señor Jaime Roberto Silvera
Torres contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1.El 7 de noviembre de 20252, el señor Jaime Roberto Silvera Torres, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual con posibles errores):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia
del 8 de mayo de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con
No. 20-001-33-33-008-2024-00114-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE del
señor JAIME ROBERTO SILVERA TORRES, al haber adoptado una decisión
que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un
análisis integral de los medios de convicción, con el fin de lograr el
esclarecimiento de la situación fáctica del accionante Jaime Roberto Silvera
Torres y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las
competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
1 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 25 de noviembre
de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
SAMAI, índice 2.
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Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes
del Fomag.
2.Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos jurídicamente
relevantes:
3.El 24 de agosto de 2021, el señor Jaime Roberto Silvera Torres solicitó el
reconocimiento de sus cesantías, a través del Sistema Humano en Línea, la que,
en Resolución «VALLE2021000007» del 4 de octubre de 2021, el municipio de
Valledupar la resolvió favorablemente, y, el 13 de diciembre de 2021, los recursos
fueron girados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3.
4.El 15 de diciembre de 2023, solicitó al municipio de Valledupar el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, la que,
en «Oficio VAL2023EE025171 del 29 de diciembre de 2023», fue negada.
5.El señor Silvera Torres instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho4 contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -Fomag, con el fin de
que se dejara sin efectos la decisión que le negó el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías y se ordenara efectuar el pago de esos
dineros.
6.Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Octavo
Administrativo de Valledupar negó las pretensiones de la demanda, la cual fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 8 de mayo de
2025.
7.A juicio de la parte accionante, la autoridad judicial de segunda instancia incurrió
en defecto fáctico, dado que consideró que la solicitud de reconocimiento y pago de
sus cesantías fue radicada el 24 de agosto de 2021, fecha que consta en la
certificación expedida por el sistema «Humano en Línea». En su lugar, tuvo en
cuenta la fecha del 15 de septiembre de 2021, correspondiente al proceso de
validación interna adelantado por la entidad territorial.
8.Resaltó que, pese a la diferencia de fechas, no existió devolución de la solicitud
por estar incompleta, sino que, por el contrario, se demostró que el trámite surtió
etapas propias de toda actuación administrativa.
9.Sostuvo que el propio Fomag elaboró la guía del docente para solicitar cesantías
en el Sistema Humano en Línea, publicada en la página web de la fiduciaria La
Previsora S.A., mediante la cual se describe detalladamente el procedimiento para
adelantar el trámite del reconocimiento y pago de la cesantía, precisando que la
respectiva Secretaría de Educación informará al docente, a través del aplicativo, si
la solicitud presenta inconsistencias o la ausencia de algún soporte. Solo en ese
evento, el aplicativo deberá activar la actuación bajo la denominación de «solicitar
prestación», aspecto que, según el accionante, no ocurrió en el presente caso.
10.Afirmó que también se incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que interpretó
erróneamente los artículos 4 de la Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto
3
En adelante Fomag.
4
Al proceso le correspondió el radicado 20-001-33-33-008-2024-00114-00/01.
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1272 de 2018, pues allí se estableció que el término de 15 días inicia cuando el
peticionario radica la documentación completa en el canal previsto para ese fin. Ello
ocurre cuando el docente carga toda la información requerida en el aplicativo para
el trámite de las cesantías, y no cuando la administración decide validar los
documentos allegados, por tratarse esta de una etapa posterior a la radicación
formal.
11.Recordó que el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 fija un plazo de 15 días para
la expedición de la resolución de reconocimiento tras la recepción de la solicitud. En
caso de documentación incompleta, la misma norma establece un término de 10
días para realizar el requerimiento al peticionario.
12.Insistió en que las etapas de validación y estudio son propias de la gestión
administrativa y no constituyen el punto de inicio para el término de los 15 días. El
conteo debe comenzar con el cargue de la documentación, ya que las actuaciones
subsiguientes son posteriores a la radicación formal de la solicitud de cesantías.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 13 de noviembre de 20255 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada y, como terceros
con interés, al Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al municipio de Valledupar. Además, se ordenó notificar a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14. El Municipio de Valledupar6 pidió que se declarara improcedente la solicitud
de amparo, dado que la controversia sobre el «cálculo de una eventual sanción
moratoria» es de naturaleza legal y económica.
15.Agregó que la acción de tutela busca reabrir un debate ya zanjado por el juez
natural, dado que el accionante cuestiona la interpretación probatoria y la Ley 1071
de 2006, aspecto que se aleja de objeto de este valioso mecanismo constitucional.
16.Sostuvo que cumplió con el plazo para expedir la resolución de reconocimiento.
Indicó, además, que el Fomag obró de manera oportuna respecto al término para el
pago de las cesantías reclamadas por el demandante, por lo cual no incurrió en
mora.
17.Resaltó que, a través del sistema utilizado por el municipio para la radicación de
peticiones, a los usuarios se les informa que la solicitud solo se entenderá radicada
cuando se completen todos los documentos necesarios para el trámite.
18.Por lo anterior, concluyó que no transgredió los derechos fundamentales del
accionante. Aseguró que, si se llegara a considerar la petición presentada desde el
primer momento, sin que se hubieran aportado todos los documentos requeridos,
se podría causar dolosamente una mora atribuible a las autoridades y, en
consecuencia, obligarlas a pagar la sanción moratoria por mora en el pago.
5
SAMAI, índice 5.
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SAMAI, índice 10.
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19.Ministerio de Educación Nacional7 indicó que no cuenta con legitimación en la
causa por pasiva, pues la decisión cuestionada fue proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional porque es un debate de naturaleza estrictamente
económica que involucra intereses privados, lo cual, en su criterio, excede la
competencia del juez de tutela.
20. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido
notificado del auto admisorio de la demanda8.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Competencia
21.La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
22.La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela. Solo en el evento de que se reúnan estas exigencias, se
analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por
ende, vulneró los derechos fundamentales del señor Jaime Roberto Silvera Torres.
E. Análisis de la Sala
Requisitos generales de procedibilidad
23.Inmediatez. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de segunda
instancia fue proferida el 8 de mayo de 2025 y la tutela se instauró el 7 de noviembre
siguiente, es decir, dentro de un término razonable.
24.La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante otra acción
de la misma naturaleza9. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte
7
SAMAI, índice 12.
8
SAMAI, índice 8.
9
En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción
de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia
de tutela ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta (…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la
sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede,
(…). Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de
las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener
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Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de
inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad10, ni de sentencias
interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del Tribunal para la
Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de
dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y
abstracto»11.
25.Subsidiariedad. Este requisito también está acreditado, pues se agotaron todos
los recursos procedentes en el proceso ordinario.
26. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente12 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
28. Al revisar las premisas expuestas por la parte demandante, la Sala concluye
que la solicitud de amparo posee relevancia constitucional, por cuanto reúne la
carga argumentativa mínima exigida para considerar una posible vulneración de
derechos de raigambre constitucional, como el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia.
29. Adicionalmente, el reproche elevado apunta a la aplicación rigorista y excesiva
de formalidades procesales, en desmedro de la garantía sustancial de la justicia
material, lo que, en criterio de la accionante, conllevó la adopción de una decisión
injusta y violatoria de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. Esta discusión, valga mencionar, no fue abordada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
30. En ese entendido, no se aprecia que la intención de la demandante sea utilizar
esta acción constitucional como una tercera instancia, pues sus esfuerzos se
encaminaron a demostrar la configuración del defecto procedimental que le enrostra
a la decisión judicial cuestionada, yerro que, valga mencionar, en sentir de la
impugnante, se tradujo en una restricción desproporcionada a sus derechos
fundamentales.
la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
10
Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022,
SU 114 y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
11
Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215
de 2022, así como la sentencia T-131 de 2021.
12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Caso concreto y solución del problema jurídico
31.De entrada, la Sala observa que la presente solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
32.Se pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos
fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
33.En efecto, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Octavo
Administrativo de Valledupar negó las pretensiones de la demanda, puntualmente,
por la siguiente razón:
34. Resaltó que la entidad contaba con el término 70 días para el reconocimiento y
pago de las respectivas cesantías, de conformidad con las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. Dijo que, revisadas las pruebas obrantes en el expediente, tuvo en
cuenta que la solicitud fue radicada el 15 de septiembre de 2021, por lo que el plazo
máximo de pago se cumplía el 28 de diciembre de 2021. Por tanto, dado que el
pago se realizó el 13 de diciembre de 2021, se concluye que las entidades
demandadas no incurrieron en la mora alegada por el señor Silvera Torres. Para
mayor claridad, elaboró el siguiente cuadro:
FECHA MÁXIMA LEGAL FECHA REAL DE LA
PARA ADELANTAR LA ACTUACIÓN
ACTUACIÓN SEGÚN LA ADMINISTRATIVA
FECHA DE LA
PETICIÓN
Petición 15 de septiembre de
2021
Expedir el acto de 6 de octubre de 2021 5 de octubre de 2021
reconocimiento de las
cesantías parciales (15
días hábiles)
Firmeza del acto 21 de octubre de 2021 20 de octubre de 2021
administrativo (10 días
hábiles siguientes)
Pago efectivo de la 28 de diciembre de 2021 13 de diciembre de
prestación – 45 días 2021
hábiles contados a partir
del día siguiente a la
fecha en que quedó en
firme el acto
35.El señor Silvera Torres apeló la decisión, bajo los siguientes argumentos:
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• El Juzgado incurrió en un error en la contabilización de los términos al determinar
la fecha de solicitud de cesantías. Ello, porque tomó como fecha de inicio el 15 de
septiembre de 2021, omitiendo analizar de forma completa y coherente las
actuaciones adelantadas en el aplicativo «Humano en Línea». Por tanto, para él, es
inadmisible tomar como fecha de solicitud aquella en la que la Secretaría finalmente
aprueba el estudio de los documentos.
• Resaltó que la solicitud de cesantías se radicó el 24 de agosto de 2021, a través
del aplicativo «Humano en Línea». Entonces, el plazo máximo con que contaba la
entidad para expedir y notificar el acto administrativo de reconocimiento era el 14
de septiembre de 2021. De ahí que el referido plazo fue incumplido, por cuanto la
resolución fue expedida extemporáneamente el 21 de septiembre de 2021 y
notificada el 6 de octubre de 2021.
• Concluyó que los 70 días corrieron desde el 25 de agosto de 2021 hasta el 3 de
diciembre de 2021, por lo que la mora debe contarse a partir del 4 de diciembre de
2021 y hasta el 13 de diciembre de 2021, fecha en la que se efectuó el pago efectivo
de las cesantías.
36. De otra parte, reprochó que el aplicativo «Humano en Línea» ha desnaturalizado
el procedimiento para la solicitud de cesantías, dificultando el cumplimiento de los
estrictos términos normativos. Además, señaló que este medio es el único
autorizado por el Ministerio de Educación —Fomag para que los docentes realicen
sus solicitudes de prestaciones.
37.En sentencia del 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:
38. En primer lugar, explicó que el aplicativo «Humano en Línea» persigue
garantizar la eficiencia en la tramitación de la solicitud de cesantías que radiquen
los educadores. Sobre el funcionamiento del referido sistema, dijo lo siguiente:
[Al] revisar el instructivo para solicitar cesantías en el sistema “Humano en
Línea”,nota la Sala que, para el trámite de cesantías, se debe previamente
tramitar una etapa que es obligatoria y requerida, esto es, se debe solicitar
el certificado de historia laboral, paso éste que no implica la radicación de la
prestación, pues la radicación de la cesantía sólo puede realizarse hasta
contar con la certificación de historia laboral y salarial, tal como textualmente
consagra la guía: “La solicitud de Certificación de historia Laboral y Salarial
es una etapa previa y requerida para el trámite de la cesantía. La solicitud
de la certificación laboral NO implica la radicación de la solicitud de la
cesantía pues la radicación solo puede realizarse hasta contar con la
certificación de historia laboral y salarial.
Por consiguiente, el aplicativo «Humano en Línea» debe ser conocido y
respetado por todas las secretarías de Educación Nacional, como quiera
que, como ya se señaló, se persigue garantizar la efectividad en el trámite
de las cesantías a favor de los docentes, por lo tanto, los pasos que allí se
señalen, y, las instrucciones que se indiquen, deben ser de obligatorio
acatamiento, lo que se traduce en que, en cuanto a la radicación de las
solicitudes de cesantías, sólo deberá tenerse en cuenta la fecha en la cual
el docente ya cuenta con la certificación de historia laboral y salarial
generada y sin observaciones.
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39. En segundo lugar, aseguró que si bien en el expediente ordinario obra un
«pantallazo que contiene el proceso de radicación de cesantías presentado por el
señor Silvera Torres», en el que se evidencia que el 13 de agosto de 2021, se
presentó petición de reconocimiento de las cesantías, lo cierto es que el paso
inmediatamente siguiente era la expedición y generación del certificado de historia
laboral y salarial, lo que indica que la solicitud inicial no se encontraba completa en
el sistema.
40. Añadió que solo hasta la generación de la certificación y la solicitud del envío de
la documentación para el trámite de la solicitud de cesantías— que se materializó
con la validación de los documentos el 15 de septiembre de 2021— es cuando debe
iniciarse el cómputo del término para la configuración de la sanción moratoria.
41. Concluyó que, revisados los elementos materiales probatorios obrantes en el
expediente, no hubo lugar a la configuración de la sanción moratoria en el
reconocimiento, dado que la petición fue radicada ante la Secretaría de Educación
del Municipio de Valledupar el 15 de septiembre de 2021. Entonces, los 15 días con
que contaba la entidad para la expedición de la correspondiente resolución vencían
el 6 de octubre de 2021, pero la entidad territorial emitió la resolución reconociendo
las cesantías parciales el 4 de octubre de 2021, por lo que el acto administrativo fue
expedido de manera oportuna.
42. Por último, dijo lo siguiente:
Como el acto administrativo fue expedido el día 4 de octubre de 2021, los
67 días para que se efectuara el pago iban hasta el 12 de enero de 2022, no
obstante, los recursos fueron puestos a disposición del actor el día 13 de
diciembre de 2021, es decir, dentro del plazo de los 67 días de que trata la
regla jurisprudencial del Consejo de Estado, tal como indicó el a quo.
Se aclara, que la contabilidad de la sanción moratoria es contraria a la
realizada por el a quo, como quiera que éste, pese a determinar que el acto
administrativo que reconoció la prestación fue en tiempo, aplicó
equivocadamente la regla jurisprudencial en el cual la sanción moratoria
corre 70 días siguientes a la petición, la cual no era procedente en el caso
de autos, pues ésta sólo se da cuando el acto administrativo se emite de
manera extemporánea, el cual se repite, no fue lo acontecido en esta
oportunidad.
Sin embargo, como quiera que el a quo señaló que no se configuró la
sanción moratoria pretendida, ello permite confirmar la sentencia apelada,
pero por las razones esbozadas en esta instancia.
43. La Sala observa que el Tribunal Administrativo del Cesar revisó cada reparo del
recurso de apelación y, conforme a las pruebas obrantes en el expediente ordinario,
concluyó razonablemente que los elementos de convicción allegados no eran
suficientes para desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado.
44. De igual modo, se advierte que el señor Jaime Roberto Silvera Torres no revela
ni demuestra que las conclusiones de la autoridad judicial accionada sean
abiertamente antagónicas, contrastadas objetivamente con los elementos de
prueba, sino que hace una interpretación propia para enarbolar una teoría y una
conclusión diferentes a las del fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión se
adoptó con total desconocimiento de las pruebas arrimadas.
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45. Ahora, en el caso bajo estudio, la parte accionante afirmó que la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto fáctico y sustantivo, al considerar que (i) no se
valoraron integralmente los elementos materiales probatorios obrantes en el
expediente y se (ii) interpretaron erróneamente los artículos 4 de la Ley 1071 de
2006 y 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018. En particular, cuestionó que no se
tuvo en cuenta la fecha de radicación del 24 de agosto de 2021 y, en su lugar, acogió
la data del 15 de septiembre de 2021, correspondiente al momento en que validó la
completitud de los documentos.
46. En ese sentido, se tiene que el Tribunal accionado valoró cada una de las
pruebas aportadas en el expediente ordinario, entre ellos, el reporte de la plataforma
«Humano en Línea», en la que se expone el trámite administrativo que finalizó en
el reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas por el accionante.
47. De hecho, la autoridad judicial accionada coincidió con el hoy accionante sobre
la fecha de la solicitud del reconocimiento y el pago de las cesantías (13 de agosto
de 2021); sin embargo, le explicó que aquella se entendería radicada el 15 de
septiembre de 2021, por cuanto la información cargada inicialmente era incompleta,
requería la aportación de un certificado laboral, y estaba sujeta a la posterior
validación de los documentos para que la solicitud pudiera considerarse
formalmente radicada y completa, circunstancias que se reunieron en la segunda
fecha en mención.
48. Una vez revisada la jurisprudencia del Consejo de Estado 13 y las normas
aplicables al caso bajo estudio, el Tribunal explicó que como el acto administrativo
de reconocimiento se expidió oportunamente (el 4 de octubre de 2021), la entidad
tenía hasta el 12 de enero de 2022 para pagar, lo cual ocurrió el 13 de diciembre de
2021, es decir, de forma oportuna; por ende, no incurrió en la mora alegada por el
señor Silvera Torres.
49.A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que la parte actora no los
comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue
decidido razonablemente por el Tribunal Administrativo del Cesar.
50.La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en el único y el preferido medio
de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus intereses. Las
diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico, son
cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para zanjarlas.
Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de todos los
procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural14.
51. Finalmente, conviene precisar que, si bien la parte accionante se refirió a
múltiples sentencias de tutela 15 adoptadas por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, que tienen ciertas similitudes con el caso bajo
13
Analizó la sentencia de unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, dictada por la Sección
Segunda de esta Corporación, dentro del proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 25 de febrero de 2016, expediente 2016-03419-
00.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 23 de septiembre de 2025 y
23 de octubre de 2025, dictados, en su orden, dentro de los procesos de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2025-05598-00 y11001-03-15-000-2025-06072-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07012-00
Demandante: Jaime Roberto Silvera Torres
estudio, lo cierto es que no son decisiones vinculantes, pues, como se sabe, los
fallos proferidos en sede de tutela tienen efectos inter partes.
52. Como consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
53.Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jaime Roberto Silvera Torres, conforme a las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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