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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06933-00

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06933-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLÁRESE improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Clara Inés Valencia Chavarro, por las razones expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06933-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

28 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06933-00
Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela contra providencia judicial

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la señora Beatriz
Elena Gómez Arebalo contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la decisión del 20 de noviembre de 2024
dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05837-3333-003-2023-00574-01,
promovido por la ahora tutelante en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de Turbo (Antioquia).

SÍNTESIS1

La accionante alegó que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
principio de gratuidad, al revocar la sentencia que había accedido a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la ahora tutelante. La
Sala declarará improcedente la demanda de acción de tutela por carecer el asunto de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 5 de noviembre del 2025, la señora Beatriz Elena Gómez Arebalo interpuso demanda
en ejercicio de acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad. A su juicio,
dichas garantías constitucionales fueron vulneradas en la sentencia del 02 de mayo del
2025 (notificada el 5 de mayo de 2025 2 ), proferida por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, al revocar la sentencia del 20 de noviembre de 2024,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo, mediante la cual
se declaró que la Nación - Ministerio De Educación Nacional y al Fondo Nacional De

1
Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial / debido proceso / defecto fáctico / mora en el pago de cesantías i
falta de relevancia / improcedencia.
2 Índice 11 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837333300320230057401 en Samai. Aportado al

presente trámite en el índice 12 de Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06933-00
Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

Prestaciones Sociales Del Magisterio -Fomag- le adeudaba a la señora Valencia Chavarro
una suma dineraria por concepto de sanción por mora en el pago de las cesantías3.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia
proferida el día 2 de mayo de 2025 dentro del expediente radicado No. 05837-33-33-003-
2023-00574-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
GRATUIDAD y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA de la señora BEATRIZ
ELENA GÓMEZ AREBALO, habida cuenta que las razones de la decisión no se ajustan a
los postulados de la ley y al precedente judicial del órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis del caso
concreto congruente con los medios de prueba, con el fin de lograr el esclarecimiento de
los hechos objeto de litigio y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta
las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las
solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag
y, el régimen de la condena en costas. (Negrilla y mayúsculas originales).

B. Hechos

3. El 06 de septiembre de 2021 la señora Beatriz Elena Gómez Arebalo radicó la petición
de reconocimiento de cesantías, el cual le fue aprobado mediante la Resolución
TURBOE2021000006 del 22 de septiembre de 2021. El pago de las cesantías se llevó a
cabo el día 13 de diciembre de 2021.

3.1. El 30 de marzo de 2023 la señora Gómez Arebalo solicitó el pago de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías, ante lo cual no obtuvo respuesta, por lo que se configuró
el silencio administrativo negativo.

3.2. El acto ficto que negó el reconocimiento del pago de la sanción por mora fue demandado
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso
05837-3333-003-2023-00574-00. El 20 de noviembre de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Turbo profirió sentencia de primera instancia, en la cual
se declaró la nulidad del acto administrativo presunto, configurado el 30 de junio de 2023,
y como restablecimiento del derecho se ordenó a la Nación - Ministerio De Educación
Nacional y al Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio -Fomag-, reconocer
y pagar “la sanción por la mora en el pago de las cesantías parciales desde el 30 de
noviembre de 2021 hasta el 12 de diciembre de 2021, lo cual arroja un total de 13 días de
salario”4.

3.3. El 02 de mayo de 2025, en sede de apelación promovida por el demandado, la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera

3 Índice 20 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837333300320230057400 en Samai. Aportado al
presente trámite en el índice 12 de Samai.
4 Índice 20 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837333300320230057400 en Samai. Aportado al
presente trámite en el índice 12 de Samai.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06933-00
Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

instancia argumentando que los quince días para la expedición de la resolución de la
solicitud de cesantías debían contarse desde el 14 de septiembre de 2021, de modo que el
acto administrativo TURBOE2021000006, que reconoció el pago de cesantías, fue
expedido dentro del término legal de 15 días hábiles. Particularmente, afirmó que:

[E]n la Resolución No.TURBOE2021000006 del 22 de septiembre de 2021, el Municipio de
Turbo consideró que la petición de reconocimiento prestacional fue radicada bajo el número
TURBOE20210914EN5004828 con fecha 14 de septiembre de 2021. Ahora bien, la
Resolución No. TURBOE2021000006 no fue objeto de recursos por la parte demandante,
por lo que debe entenderse que el acto administrativo quedó en firme y la actora estuvo de
acuerdo con su contenido, razón por la que para esta Sala la fecha de radicación de la
solicitud es la consignada en esta resolución, es decir, el 14 de septiembre de 2021.

Así las cosas, la solicitud de prestaciones fue debidamente radicada en el Municipio de
Turbo el 14 de septiembre de 2021, desde ese momento la entidad territorial contaba con
un plazo de 15 días para expedir el acto administrativo correspondiente, esto es, tenían un
límite temporal que no podía superar el 5 de octubre de 2021. El Municipio de Turbo expidió
la Resolución No. TURBOE2021000006 el 22 de septiembre de 2021, es decir, dentro del
plazo legal oportuno para hacerlo.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe recordar que para que se configure la sanción mora
deben totalizarse 70 días hábiles contados desde el momento en el que se radica la
solicitud, en donde la administración cuenta con quince (15) días para expedir el acto de
reconocimiento, diez (10) días adicionales correspondientes al término de ejecutoria y
cuarenta y cinco (45) días hábiles que son con los que cuenta el Fomag para realizar el
pago al que haya lugar.

En el escrito de demanda, la accionante afirmó que renunció al término de ejecutoria y esto
lo tuvo en cuenta el juez de primera instancia para decidir el fondo del asunto, sin embargo,
no obra prueba de ello en el expediente, por tanto, sí se tendrán en cuenta los 10 días del
término de ejecutoria del acto administrativo.

(…) Continuando con el análisis del caso, si el 5 de octubre de 2021culminaban los 15 días
con los que contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento,
los 10 días siguientes, es decir, los de vencimiento de la ejecutoria, finalizaban el 20 de
octubre de 2021. Por lo que los 45 días con los que contaba el Fomag para efectuar el pago
irían hasta el 27 de diciembre de 2021 5.

3.4. Adicionalmente, la sentencia del 02 de mayo de 2025 en comento condenó a la señora
Gómez Arebalo al pago de las costas de ambas instancias por considerar que su demanda
carecía de fundamento legal alguno.

3.5. La sentencia del 02 de mayo de 2025 fue notificada el 05 de mayo de 20256. El 05 de
noviembre de 2025 la señora Valencia Chavarro interpuso la acción de tutela que ahora se
resuelve, en contra de la sentencia dictada por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal

5 Índice 10 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837333300320230057401 en Samai.

aportada al presente proceso en el índice 12 de Samai.
6 Índice 13 del rad. 63001333300720240004001 en Samai.

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Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

Administrativo de Antioquia, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad.

C. Fundamentos de la vulneración

4. En su escrito, la accionante afirmó que la providencia contra la que se ejerce la acción
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y al principio de gratuidad en tanto que “incurrió en un yerro en el juicio valorativo
de la prueba que derivó en una incongruencia entre lo demostrado en el proceso y lo
decidido en la controversia laboral”.

4.1. Afirmó que la solicitud para el reconocimiento de las cesantías, junto con toda la
documentación requerida, fue cargada a la plataforma ‘Humano en línea’ el 06 de
septiembre de 2021, que la Secretaría de Educación territorial no puso de presente
inconsistencia alguna con la documentación, que por parte de la administración no se hizo
requerimiento alguno para la adición o modificación de la información cargada, razón por la
cual, debía considerarse el 14 de septiembre de 2021 la fecha para el conteo de términos,
pues no hubo actuación de parte de la demandante, o cargue de documentos adicionales,
de modo que “no se configuró la condición legal que permitiera la suspensión o interrupción
del plazo de quince días hábiles para adoptar una decisión de fondo en el asunto”7.

4.2. Asimismo, indicó que las piezas procesales obrantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho,

no demuestran que la Secretaría de Educación del Municipio de Turbo hubiera requerido
información faltante para resolver la solicitud de cesantías parciales, tampoco acreditan la
devolución de la petición por tal motivo ni existe constancia alguna de recepción o cargue
de documentación adicional por parte de la docente; por consiguiente, la decisión
cuestionada carece de sustento probatorio, pues no obra elemento de juicio que permita
concluir que la reclamación en sede administrativa se formuló de manera incompleta por la
interesada ni que dicha gestión se hubiera efectuado en la fecha indicada por el tribunal
(14 de septiembre de 2021)8.

4.3. También, puso de presente que la sentencia enjuiciada no verificó el momento en el que
se aportó la documentación necesaria para la solicitud, lo cual era determinante para la
decisión a adoptar.

4.3.1. En el mismo sentido, trajo a colación casos semejantes en los que recientemente esta
corporación ha dictado sentencias favorables a los accionantes 9 , y a renglón seguido
concluyó que:

[L]a jurisprudencia constitucional ha estimado que el defecto fáctico se configura cuando el
juez omite valorar pruebas determinantes o basa su decisión en elementos probatorios

7 Escrito de tutela, índice 02 de Samai.
8 Ídem.
9 Los fallos referidos fueron los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 25 de septiembre de 2025, Rad. No. 11001-
03-15-000-2025-05598-00; y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 23 de octubre de 2025, Rad. No.
11001031500020250607200.

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Acción de tutela

inadecuados, lo cual acaeció en el sub examine si se tiene en cuenta que se descartó la
fecha de presentación de la reclamación de las cesantías -29 de septiembre de 2021-, bajo
el argumento que la misma se hizo de manera incompleta y, se subsanó dicha falencia
hasta el 7 de diciembre de 2021, sin que en la sentencia se identificara los elementos de
juicio que permitían arribar a dicha conclusión. De manera que, se prescindió de un análisis
objetivo, racional, imparcial y suficiente del acervo probatorio para establecer si la entidad
accionada incumplió los plazos para resolver la solicitud y, por ende, si se configuraba la
sanción moratoria10.

4.4. La accionante sintetizó el defecto fáctico de la sentencia enjuiciada así:

(i) El Juez colegiado se limitó a afirmar que “… la solicitud de prestaciones fue debidamente
radicada en el Municipio de Turbo el 14 de septiembre de 2021”. No obstante, no dio cuenta
de cuáles fueron esos elementos de juicio conducentes, pertinentes y útiles que le
permitieron dar por sentado este hecho para desvirtuar el contenido de la constancia de
radicación generada por el sistema Humano en Línea, en la cual se consignó que la cargue
de la solicitud de prestación económica se hizo el 6 de septiembre de 2021.

(ii) La autoridad judicial no identificó cuál fue el requerimiento de documentación que, en
los términos del parágrafo del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, efectuó supuestamente el
Municipio de Turbo, pues, como podrá constatar señor Juez de tutela, en la sentencia
objeto de censura nada se menciona al respecto; en consecuencia, la conclusión según la
cual la petición se completó en una fecha distinta a aquella en que la docente diligenció y
cargó la solicitud de cesantías (6/09/2021), carece de respaldo probatorio.

(iii) El juez colegiado incumplió el deber de motivación, en tanto la tesis relativa a la
supuesta presentación correcta de la solicitud hasta el 14 de septiembre de 2021 no guarda
correspondencia con el acervo probatorio incorporado al expediente ordinario, razón por la
cual la decisión adoptada carece de sustento y legitimidad.

(iv) La contestación a la demanda constituye la oportunidad procesal para que el sujeto
pasivo aporte los medios de prueba destinados a desvirtuar los hechos y pretensiones
formulados en su contra; sin embargo, este deber procesal no fue cumplido por el Municipio
de Turbo, razón por la cual el argumento de defensa relativo a la supuesta presentación
incompleta o inconsistente quedó reducido a una mera afirmación sin respaldo alguno11.

4.5. Hizo hincapié en que el Tribunal omitió llevar a cabo un análisis probatorio completo e
imparcial, por lo que, en su consideración hubo “un quebrantamiento grave y directo del
principio de la verdad material que rige el actuar judicial, desconociendo así que la
valoración probatoria debe regirse por criterios de racionalidad e imparcialidad”. Así, insistió
en que “resulta incomprensible que el juez colegiado afirmara que la radicación de la
solicitud de las cesantías parciales se realizó el 14 de septiembre de 2021, cuando para
esa fecha la entidad territorial ya adelantaba el estudio de la prestación económica,
actuación en la que la peticionaria no tiene injerencia por tratarse de una gestión propia de
la administración”. Y concluyó que, de aceptarse que debe tenerse como fecha de inicio de
la actuación el 14 de septiembre de 2021, se estaría imponiendo una “carga
desproporcionada para el docente, pues equivaldría a supeditar el inicio de la actuación

10 Escrito de tutela, índice 02 de Samai.
11 Ídem.

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Acción de tutela

administrativa a una circunstancia diversa a la presentación y cargue la solicitud de
prestación económica en el Sistema Humano en Línea”.

4.6. Como fundamento del defecto sustantivo expuso que en la sentencia enjuiciada el
Tribunal interpretó la norma aplicable de manera contraria a los hechos del caso.
Concretamente, indicó que:

[E]l artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley 1272 de 2018
establecen que el término de los 15 días hábiles inicia cuando el peticionario radica la
documentación completa a través del canal dispuesto para tal fin; lo que significa que el
conteo comienza en el momento exacto en que el docente carga en el aplicativo Humano
en Línea toda la información requerida para el trámite del auxilio económico, y no cuando
la administración decide validar los documentos allegados por tratarse de una etapa
posterior a la radicación formal.

Así, debe distinguirse entre la fecha de ingreso de la solicitud completa de las cesantías en
la plataforma institucional y el momento en que se hace la respectiva revisión de los mismos
por parte de la administración, ya que la normativa establece con claridad que el cómputo
de los 15 días hábiles, con el que cuenta la entidad territorial certificada en educación para
expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación económica, inicia con la
ocurrencia del primer hecho, es decir, con la radicación completa de la documentación por
parte del peticionario. (…)

No obstante, el tribunal consideró que el trámite administrativo se inició cuando el Municipio
de Turbo procedió al estudio de la prestación económica reclamada por la parte accionante,
es decir, el 14 de septiembre de 2021, por lo que desde esa fecha realizó el conteo de los
15 días hábiles que tenía la secretaría de educación para la expedición del acto
administrativo, más los 10 días de ejecutoria y los 45 días previstos para el desembolso de
los recursos, concluyendo en consecuencia que no se configuró retardo alguno en la
actuación a cargo de las entidades demandadas12.

4.6.1. En tal sentido, concluyó que el Tribunal interpretó erradamente el marco normativo
aplicable, al condicionar el conteo del inicio de la actuación a una fecha posterior a la de la
presentación de la solicitud; reiteró que la única actuación a cargo del solicitante es cargar
la solicitud y los documentos correspondientes, lo cual ocurrió el 14 de septiembre de 2021
y que, siempre que la administración no requiera al solicitante para corregir o adicionar la
documentación, el resto de la actuación está a cargo de la autoridad pública y los términos
para resolver establecidos en la ley -15 días hábiles- deben aplicarse desde la presentación
de la solicitud.

4.7. Finalmente, acusó a la sentencia enjuiciada de incurrir en defecto sustantivo por la
imposición de costas. Para ello afirmó que la condena en costas resultaba improcedente en
tanto que, en la demanda,

(…) se expusieron de manera fundada las razones de hecho y de derecho que justificaban
acudir a la administración de justicia en defensa de los derechos de la accionante, de modo
que, aunque el tribunal concluyó que la señora Beatriz Elena Gómez Arebalo no acreditó
la configuración de la sanción moratoria, tal conclusión obedeció a una indebida valoración

12 Ídem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06933-00
Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

del material probatorio aportado al proceso, por lo cual no se cumple la condición legal de
manifiesta carencia de fundamento jurídico que haría procedente esta penalidad.

D. Trámite procesal

5. Mediante auto del 06 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela13. La providencia fue debidamente notificada a la autoridad judicial accionada
(Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo Antioquia)14 y se vinculó al Municipio
de Turbo, al Ministerio de Educación Nacional, al Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Turbo, al Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG- y a la
Fiduciaria La Previsora S.A -Fiduprevisora-15.

E. Oposiciones e intervenciones

6. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Turbo remitió el expediente y se
pronunció relatando brevemente cuál fue la actuación desarrollada en su despacho16.

7.El Alcalde del Municipio de Turbo se pronunció solicitando la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela. Sustentó su argumento en que la sentencia enjuiciada
había sido proferida el 02 de mayo de 2025, por lo cual, al haber presentado la tutela el 05
de noviembre del 2025, no se cumplía con el requisito de procedencia de la inmediatez17.

8. La autoridad judicial accionada, Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, allegó el expediente digital del proceso y se pronunció afirmando que:

[E]mitió decisión motivada con base en los documentos que oportunamente fueron
allegados al proceso. En ese orden, con la demanda se presentó la constancia del trámite
en el aplicativo «humano en línea», de ahí la Sala pudo evidenciar que la fecha de
radicación fue el 14 de septiembre de 2021, fecha a partir de la cual inició el cómputo para
el reconocimiento de la prestación, pues no se destacó prueba adicional que haya dado
cuenta de una radicación en fecha distinta.

Por otro lado, en la contestación de la demanda el Municipio de Turbo tampoco allegó
prueba que diera cuenta de las fechas en las que se surtieron las actuaciones, quedando
como único elemento para tal fin la Resolución No. TURBOE202100006, en donde se
consignó que la solicitud fue radicada el 14 de septiembre de 2021 bajo el consecutivo
TURBO20210914EN5004828.

De ahí que la Sala, por un tema estrictamente probatorio, no haya tenido certeza de que la
solicitud de la prestación se hubiese radicado en fecha distinta al 14 de septiembre de
2021. Máxime cuando lo que aportó la parte demandante fue un simple pantallazo del
aplicativo «humano en línea» (…)

Si bien, adicionalmente aparecen otras fechas con los nombres de: «solicitar certificación»
y «generar certificación» no existieron elementos de juicio que permitieran concluir a la
Sala que se trató de la solicitud de la prestación, cuando en la fecha general aparece como
radicación el 14 de septiembre de 202118. (Subrayado propio).

13 Índice 05 de Samai.
14 Índice 08 de Samai.
15 Índice 05 y 08 de Samai.
16 Índice 10 de Samai.
17 Índice 11 de Samai.
18 Índice 12 de Samai.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06933-00
Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

9. El Ministerio de Educación se pronunció solicitando la declaratoria de improcedencia de
la tutela. En consideración del Ministerio, el presente asunto carece de relevancia
constitucional por presentarse “como debate procesal una controversia estrictamente
económica”19.

10. La Fiduciaria La Previsora S.A -Fiduprevisora- se pronunció de manera extemporánea,
solicitando negar el amparo por improcedente y la desvinculación de la entidad fiduciaria20.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta
Corporación.

G. Providencia objeto de análisis

12. La accionante cuestionó la sentencia proferida el 02 de mayo de 2025 (notificada el 05
de mayo de 2025) por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 05837-3333-003-2023-00574-
01.

13. El fundamento fáctico y jurídico de la providencia cuestionada tuvo por probado que la
solicitud de reconocimiento de cesantías parciales quedó radicada el 14 de septiembre de
2021, en tanto que, según afirmó, “la Resolución No. TURBOE2021000006 no fue objeto
de recursos por la parte demandante, por lo que debe entenderse que el acto administrativo
quedó en firme y la actora estuvo de acuerdo con su contenido, razón por la que para esta
Sala la fecha de radicación de la solicitud es la consignada en esta resolución, es decir, el
14 de septiembre de 2021”. Con base en ello concluyó que la fecha de radicación de la
solicitud de cesantías por parte de la accionante fue el 14 de septiembre de 2021 y afirmó
que “la entidad territorial contaba con un plazo de 15 días para expedir el acto administrativo
correspondiente, esto es, tenían un límite temporal que no podía superar el 5 de octubre de
2021”.

En el mismo sentido, señaló que, a pesar de la afirmación de la accionante de haber
renunciado al término de la ejecutoria, al no encontrar prueba de ello en la actuación, tuvo
en cuenta los diez días de ejecutoria de la resolución TURBOE2021000006 y calculó que
el pago de las cesantías se hizo dentro del término legal, por lo cual descartó la causación
de la sanción moratoria por demora en el pago de las cesantías.

19 Índice 14 de Samai.
20 Índice 16 de Samai.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06933-00
Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

H. Sentido de la decisión

14. La Sala declarará improcedente la demanda de acción de tutela instaurada por la señora
Clara Inés Valencia Chavarro, dado que el asunto sometido a discusión no supera el
requisito general de relevancia constitucional. En ese sentido, y por razones metodológicas,
en esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia de la demanda de tutela.

I. Requisitos generales de procedibilidad

15. La Sala recuerda que, como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: e) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela21.

16. En ese sentido, respecto de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional,
mediante sentencia SU-573 de 2019, estableció los eventos en los que un asunto carece
de tal requisito. En la referida sentencia afirmó:

Un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma de rango reglamentario o legal, salvo que
de esta se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales o (ii) cuando
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no representen un
interés general.

17. Particularmente, en la sentencia de unificación en comento se analizó el problema
jurídico que la tutelante pretende amparar mediante la acción, y se concluyó que:

(…) la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter
irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo. Por tanto,
solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría

21
Sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005.

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Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de
las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo
o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de
tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no
es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella
pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los
tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del
Atlántico como se refiere, igualmente, en el apartado que sigue. (se subraya).

18. En el mismo sentido, esta corporación ha declarado la improcedencia por falta de
relevancia constitucional en casos semejantes22, pues a pesar de que se solicite la tutela
del derecho fundamental al debido proceso por defectos fácticos y sustantivos manifiestos,
ha considerado que se debe “preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica”23, y que, de
manera irrestricta, se debe “impedir que […] se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”24.

19. Lo anterior es concordante con la sentencia SU-215 de 2022, en donde la Corte
Constitucional reiteró que la tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y
no un juicio de corrección respecto del fallo cuestionado, lo cual, según indicó:

(…) excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021,
este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

J. Caso concreto

20. Este despacho encuentra que la parte actora plantea una discusión relacionada con el
reconocimiento de su derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la
sentencia enjuiciada al incurrir en defectos que la llevaron a negar el restablecimiento del
derecho, consistente en el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre
de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-06932-00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 2025, rad. 11001
03 15 000 2025 06136 00, C. P. Carlos Fernando Mantilla Navarro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de diciembre de 2025, rad. 11001-03-15-000-
2025-07012-00, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre del 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-04494-01, C. P. Gloria
María Gómez Montoya Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 30 de octubre de 2025, rad. 11001 03 15 000 2025 06017 00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre
de 2025, rad. 11001 03 15 000 2025 06136 00, C. P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
24 Idem.

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Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por el retardo en el pago de las cesantías parciales
solicitadas.

21. En tal sentido, la parte actora persigue que mediante este mecanismo constitucional se
deje sin efectos la sentencia proferida por el tribunal accionado, que al analizar el fondo del
asunto sometido a su instancia revocó la sentencia de primer grado y denegó el
restablecimiento del derecho pretendido, consistente en el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria pretendida por la accionante.

22. En razón de lo anterior, la actora pretende que este juez constitucional indague el acervo
probatorio del proceso contencioso, y haga un análisis y una valoración probatoria del
asunto de fondo, para dejar sin efectos la providencia enjuiciada, ordenar al juez natural
adoptar una decisión de acuerdo con la valoración probatoria que mejor satisface los
intereses de la actora.

23. En ese sentido, el asunto que la tutelante somete a discusión en este escenario
constitucional implica un debate probatorio que rodea una discusión meramente legal y
económica, esto es, la procedencia o no del restablecimiento del derecho y el consecuente
reconocimiento y pago de los derechos económicos pretendidos.

24. Ello no puede ser catalogado como un asunto constitucionalmente relevante, en la
medida en que, de acceder a lo pretendido, se vulneraría a la competencia e independencia
del juez natural que, en el escenario de la doble instancia del proceso contencioso, ya
estudió y resolvió el asunto de fondo. Aceptar lo contrario, implicaría permitir el uso de la
tutela como una instancia adicional para controvertir las decisiones de los jueces respecto
de asuntos ya concluidos, lo cual es abiertamente contrario a los postulados establecidos
por la jurisprudencia constitucional respecto de los requisitos de relevancia constitucional.

25. Así, la Sala advierte que, al no haber superado el requisito general de procedibilidad de
la relevancia constitucional, no resulta necesario examinar la concurrencia de los demás
requisitos generales ni de los requisitos específicos, pues el asunto no cumple con el mérito
suficiente para analizar de fondo los defectos invocados.

26. En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLÁRESE improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Clara
Inés Valencia Chavarro, por las razones expuestas.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

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Accionante: Beatriz Elena Gómez Arebalo
Acción de tutela

TERCERO. De no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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