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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06072-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06072-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Beryenith Marcela Muñoz. En consecuencia, Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión. Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06072-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06072-00
Accionantes: Beryenith Marcela Muñoz
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión.

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Sanción moratoria docente. Valoración probatoria y aplicación normativa.
AMPARA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Beryenith Marcela
Muñoz en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión,
por la expedición de la sentencia del 28 de marzo de 2025 en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, al que le fue asignado el radicado 63001-
33-33-003-2022-00600-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así
como los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y pro
homine.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La parte actora señaló que el 30 de julio de 2021 solicitó el reconocimiento de sus
cesantías, a través del Sistema Humano en Línea, la cual fue resuelta
favorablemente en la Resolución 1714 del 1 de octubre de 2021, y el 12 de enero
de 2022 los recursos fueron girados por la Fiduprevisora S.A.

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Que solicitó a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y al municipio de
Armenia el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en las leyes 1071 de
2006 y 1955 de 2019, lo cual fue negado por este último mediante Oficio
ARM2022EE006723 del 27 de abril de 2022.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de lograr
la nulidad del acto administrativo señalado y del acto ficto configurado el 28 de abril
de 2022 y el 18 de diciembre de 2023, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia declaró la nulidad de aquellos y ordenó al municipio
referido pagar una sanción moratoria equivalente a 56 días de mora y al Fomag por
19 días correspondiente al tiempo en el que incurrieron en mora, según sus
competencias.

Que el municipio demandado interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión y el 28 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Primera de Decisión, revocó la sentencia porque determinó que los documentos
necesarios para tramitar la solicitud de reconocimiento se completaron el 28 de
septiembre de 2021, por lo cual esa era la fecha en la que debía tenerse como
presentada la petición, y dado que el pago se efectuó el 12 de enero de 2022, esto
es, dentro de los 67 días siguientes, no se presentó mora alguna.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en defecto fáctico
porque omitió que radicó la petición de reconocimiento de cesantías el 30 de julio
de 2021, como se observa de la constancia expedida por el «Sistema Humano en
Línea», y, en cambio, tomó como fecha de radicación el 28 de septiembre de ese
año, correspondiente al proceso de validación adelantado por la entidad territorial y
pese a que no constaba una devolución de la solicitud por encontrarse incompleta,
sino, por el contrario, estaba demostrado que se efectuaron las etapas propias de
toda actuación administrativa.

Que la Sala no dio cuenta de cuáles fueron los elementos de juicio conducentes,
pertinentes y útiles que le permitieron entender que presentó la petición de forma
incompleta y que, por ello, debía tenerse como data de radicación el 28 de
septiembre de 2021, por lo cual esa conclusión carece de sustento probatorio.

Que el propio Fomag elaboró la Guía del docente para solicitar cesantías en el
«Sistema Humano en Línea», publicada en la página web de la Fiduprevisora S.A.,
en la cual se describe detalladamente el procedimiento para adelantar el trámite de
la prestación económica, en el cual se precisa que la Secretaría de Educación
informará, a través del aplicativo, si la solicitud presenta inconsistencias, como la
ausencia de algún soporte, evento en el cual la plataforma reactiva la actuación bajo
la denominación «Solicitar Prestación», lo que no ocurrió en el caso.

Que la Sala también incurrió en un defecto sustantivo porque interpretó la norma
aplicable de manera incompatible con los hechos del caso, en la medida que en los

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artículos 4 de la Ley 1071 de 2006 y 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018 se
establece que el término de los 15 días hábiles inicia cuando el peticionario radica
la documentación completa a través del canal previsto para ese fin, lo que ocurre
cuando el docente carga toda la información requerida en el aplicativo para el
trámite del auxilio económico y no cuando la administración decide validar los
documentos allegados, por tratarse de una etapa posterior a la radicación formal.

Que su inconformidad encuentra respaldo tanto en la normativa aplicable como en
las pruebas que no fueron valoradas adecuadamente por la Sala, en tanto en el
artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 se establece que la entidad territorial debe expedir
la resolución correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción
de la solicitud de reconocimiento del auxilio económico y si la reclamación se
presenta de forma incompleta, la administración cuenta con un término de 10 días
hábiles para requerir la documentación faltante.

Que las etapas de validación de documentos y estudio de la prestación económica
hacen parte de las tareas administrativas propias de la autoridad pública, sin que
puedan asumirse como punto de partida para el conteo del término de los 15 días
hábiles, por corresponder a actuaciones posteriores al cargue de la documentación
exigida para la solicitud de cesantías.

Que en todo caso la Sala debió adoptar la interpretación del caso que resultara más
garantista de los derechos subjetivos de la parte actora, en atención a que la entidad
demandada en su intervención no allegó pruebas sobre una petición incompleta y
el correspondiente requerimiento.

PRETENSIONES

Solicitó ordenar al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión,
dejar sin efectos la sentencia del 28 de marzo de 2025 y proferir una nueva decisión,
en la que realice un análisis del caso conforme a las pruebas y aplique en debida
forma la normativa que reglamenta las competencias en el procedimiento
administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago
de las cesantías en favor de los docentes afiliados al Fomag.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 1 de octubre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Nación-Ministerio de
Educación Nacional-Fomag y al municipio de Armenia, como terceros con interés;
y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, guardó
silencio.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiduprevisora S.A. adujo que la argumentación de la parte actora es exigua en
relación con la configuración de las causales generales y específicas de
procedencia porque está utilizando el mecanismo con el ánimo de invalidar
actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

Indicó que no es responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales
de la accionante, pues no existe nexo de causalidad entre ella y la omisión o acción
vulneradora, por lo cual la acción es improcedente, ante su ausencia de legitimación
en la causa por pasiva, por lo cual solicitó declarar improcedente la acción y
desvincularla.

Que la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida, sin
que pueda señalarse que desconoció los precedentes judiciales sobre la materia.

El Ministerio de Educación Nacional afirmó que en el caso no se evidenciaba
alguna transgresión de los derechos de la parte accionante que comprometiera
gravemente su existencia o supervivencia ni su acceso a la administración de
justicia, sino que se trata de una discusión estrictamente económica y de interés
privado, por lo cual la acción carece de relevancia constitucional y debe declararse
improcedente.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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Caso concreto

Esta Subsección debe verificar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.

En primer lugar, se encuentran reunidas las exigencias generales, pues: i) el asunto
a resolver tiene relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección por la incursión en los defectos fáctico y
sustantivo; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues la sentencia discutida
adquirió ejecutoria el 7 de abril de 2025 y esta acción fue instaurada el 28 de
septiembre de este año; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de
la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; iv) se agotaron los
mecanismos judiciales con los que se contaba; v) no se trata de una sentencia de
tutela; y vi) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo cual no hay lugar
a exigir el cumplimiento de ese requisito.

Por lo anterior, se procede al estudio de fondo. En la sentencia del 28 de marzo de
2025, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, advirtió que,
si bien el 21 de julio de 2021 la demandante presentó la solicitud de reconocimiento
y pago de las cesantías parciales que le correspondían por los servicios prestados
como docente, lo cierto es que solo completó los documentos para ese efecto el 28
de septiembre de 2021, por lo cual tendría esa fecha en cuenta como la de la
petición. Para soportar esa afirmación, en una nota al pie, aludió al reporte de la
plataforma «Sistema Humano en Línea».

En ese entendido, concluyó que el acto administrativo en el que se reconoció y
ordenó el pago de las cesantías parciales, esto es, la Resolución 1714 del 1 de
octubre de 2021, fue expedida en término y que el dinero se puso a disposición de
la interesada desde el 12 de enero de 2022, esto es, dentro del plazo de los 67 días
hábiles con los que contaba la administración, conforme con la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de 2018 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

Revisado el expediente del proceso ordinario y la decisión adoptada por la autoridad
judicial, se advierte que con la demanda se aportó el reporte de la plataforma
«Sistema Humano en Línea» que fue tenido en cuenta por la autoridad judicial para
concluir que la solicitud de reconocimiento se radicó el 28 de septiembre de 2021,
el cual también obra en los antecedentes administrativos de la solicitud de
reconocimiento y pago de las cesantías parciales de la señora Beryenith Marcela
Muñoz, en el que se registró la siguiente información:

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En ese orden de ideas, se advierte que la accionante ciertamente radicó de forma
completa la solicitud el 30 de julio de 2021, distinto es que el 28 de septiembre de
ese año se estuvieran validando los documentos aportados y el 1 de octubre
siguiente ese trámite finalizara por parte de la Secretaría de Educación de la entidad
territorial, lo cual no puede ser atribuido a la solicitante.

La anterior conclusión, además, también encuentra respaldo en la ausencia de
requerimiento alguno de la administración dirigido a la peticionaria para que allegara
algún documento por estimarse que no estaba completa la solicitud.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el parágrafo del artículo 4 de la Ley
1071 de 2006 se establece que en caso de que la entidad observe que la solicitud

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de liquidación de las cesantías definitivas o parciales esté incompleta debe
informarle al peticionario dentro de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la
petición, señalando los documentos o los requisitos pendientes, y una vez estos
sean allegados, la solicitud debe resolverse en el término inicialmente previsto para
ese efecto, esto es, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de
esta, requerimiento que no ocurrió en el asunto.

En similares términos, en el parágrafo del artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1075
de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 942 de 2022, se prevé que, si la
entidad territorial observa que la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías
parciales está incompleta, debe informar al peticionario, para que allegue los
documentos o requisitos faltantes, evento en el cual la solicitud empieza a contar a
partir del día siguiente en que se aporten los documentos requeridos.

A su vez, en el artículo 2.4.4.2.3.2.25 del Decreto 1075 de 2015 se consagró que
en todos los casos las solicitudes de reconocimiento de cesantías por parte de la
entidad territorial deben resolverse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su
radicación completa por parte del solicitante.

En ese entendido, se advierte que en el proceso no se probó que la información
allegada el 30 de julio de 2021 no estuviera completa, pues de ello no dan cuenta
los antecedentes administrativos ni alguna prueba recaudada en el proceso y
referenciada por la autoridad judicial accionada para soportar su conclusión. En esa
medida, debe resaltarse que el ejercicio valorativo de las pruebas debe realizarse
en forma conjunta.

En consecuencia, se encuentran demostrados los defectos fáctico y sustantivo
invocados por la parte actora, por lo cual se amparará el derecho fundamental al
debido proceso de la accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la
sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Primera de Decisión, y se le ordenará que, en el término de 20 días
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión,
conforme a lo aquí expuesto.

Se aclara que la anterior orden no implica que forzosamente la autoridad judicial
deba acceder a las pretensiones, pues esta se dirige a que realice una valoración
probatoria y un análisis jurídico acorde con lo demostrado en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho y el ordenamiento jurídico, según los presentes
considerandos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Primero. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora
Beryenith Marcela Muñoz. En consecuencia,

Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión.

Tercero. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de
Decisión, que, en el término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, dicte una nueva decisión, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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