Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06958-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06958-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06958-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
28 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Accionados: Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío
Referencia: Acción de tutela contra providencia judicial
La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la señora Clara
Inés Valencia Chavarro contra la sentencia proferida por la Sala segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío, que revocó la decisión del 30 de septiembre de 2024
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 63001 33-33-007-2024-
00040-01, promovido por la ahora tutelante en contra de la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria la
Previsora S.A. y el Municipio de Armenia (Quindío).
SÍNTESIS1
La accionante alegó que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío vulneró sus derechos al debido proceso, a la prevalencia del derecho sustancial,
al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio pro homine,
al revocar la sentencia que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovida por la ahora tutelante. La Sala declarará la
improcedencia de la demanda de acción de tutela por carecer el asunto de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 5 de noviembre del 2025, la señora Clara Inés Valencia Chavarro interpuso acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos a la prevalencia del derecho
sustancial, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al principio
pro homine. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas en la sentencia
del 02 de mayo de 2025 (notificada el 5 de mayo de 2025), proferida por la Sala segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, al revocar la sentencia del 30 de
septiembre de 2024, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Armenia, mediante la cual se declaró que el Municipio de Armenia le adeudaba a la
1
Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho / cesantías /
improcedencia / falta de relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
señora Valencia Chavarro una suma dineraria por concepto de sanción por mora en el pago
de las cesantías.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, en sentencia del 2 de
mayo de 2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 63001-33-33-007-
2024-00040 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO
PRO HOMINE de la señora CLARA INÉS VALENCIA CHAVARRO, al haber adoptado
una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración
probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de
los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación
fáctica de la accionante Clara Inés Valencia Chavarro y, (ii) aplicando en debida forma la
normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido
para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de
los docentes del Fomag. (Negrilla y mayúsculas originales).
B. Hechos
3. El 23 de febrero de 2022 la señora Clara Inés Valencia Chavarro radicó la petición de
reconocimiento de cesantías, el cual le fue aprobado mediante la Resolución 1099 del 26
de mayo de 2022. El pago de las cesantías se llevó a cabo el día 4 de agosto de 2022.
3.1. El 25 de septiembre de 2023 la señora Valencia Chavarro solicitó el pago de la sanción
por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, la cual fue negada
mediante el oficio ARM2023EE015466 del 9 de octubre de 2023.
3.2. La negativa al reconocimiento de la sanción por mora fue demandada a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el proceso 63001-33-33-007-2024-
00040-00. El 30 de septiembre de 2024, el juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia profirió sentencia de primera instancia, en la cual se declaró la nulidad
del acto administrativo ARM2023EE015466 y como restablecimiento del derecho se ordenó
al municipio de Armenia reconocer, liquidar y pagar la sanción por mora correspondiente a
39 días, comprendidos entre el 6 de junio de 2022 (día después de vencidos los 45 días
para pago) y el 3 de agosto de 2022 (día anterior al pago).
3.3. El 2 de mayo de 2025, en sede de apelación promovida por el demandado, la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío revocó la sentencia de primera
instancia argumentando que los quince días para la resolución de la solicitud de cesantías
debían contarse desde el 25 de mayo, como lo afirmó el Municipio de Armenia, y no desde
el 12 de febrero de 2022, como lo afirmó la demandante. Particularmente, afirmó que:
En tal virtud, el 21 de febrero del 2022 es la fecha que como se evidencia de la prueba
documental allegada, corresponde a aquella en que se solicitó por la docente demandante
la certificación de historia laboral necesaria, a la par que con los demás documentos previos
y necesarios exigidos por el FOMAG para dar inicio al proceso de radicación de la
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
prestación respectiva; solicitud que según el agotamiento del procedimiento solo se realizó
hasta el 25 de mayo de ese mismo año cuando la docente completó la documental
necesaria para su trámite de cesantía parcial.
Y es que, de la trazabilidad del historial del proceso en la plataforma o aplicativo Humano
en Línea - el cual fue allegado por la demandante -, se desprende que solo hasta el 25 de
mayo del 2022 fue radicada la solicitud arrojando un número que para este caso es
ARMEN20220225CN5036232; fecha y nomenclatura de radicación que concuerda con
aquella transcrita en el acto administrativo de reconocimiento de la prestación - Resolución
1099 del 26 de mayo del 2022 -. (…)
Conforme a lo expuesto, es claro que la situación fáctica de la señora Valencia Chavarro
encuadra en la cuarta hipótesis, en tanto el Municipio de Armenia expidió el acto de
reconocimiento de las cesantías el 26 de mayo de 2022 y lo notificó en esa misma fecha a
través del programa humano en línea, es decir dentro de los 15 días que tenía para tal
efecto, los cuales finiquitaban el 16 de junio del 2022. En este orden y en tanto la parte
actora renunció a términos, según se pudo verificar de la prueba documental recopilada,
que el acto administrativo se remitió de forma automática al FOMAG por medio del
programa Humano en Línea el día 31 de mayo del 2022 – fecha en que el docente aprobó
el acto –; luego se puede concluir que el ente territorial no desatendió los plazos y
procedimientos que señala el Decreto Nacional 1272 de 2018 para el reconocimiento y
pago de las prestaciones económicas a cargo del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, dado que el acto administrativo de reconocimiento de la prestación de la parte
actora quedó ejecutoriado el 31 de mayo del 2022, y se dio su traslado al Fondo para su
respectivo pago, donde la diligencia de pago acaeció el día 4 de agosto del 2022. Así
entonces, conforme la normativa referida y el precedente jurisprudencial citado, las
entidades accionadas tenían para el pago oportuno de la prestación hasta el día 8 de
agosto del 2022, y como se ha probado, el pago se reflejó antes de dicha fecha, lo que
indica un pago oportuno, sin posibilidad de generar una sanción 2.
3.4 La sentencia del 02 de mayo de 2025 fue notificada el 05 de mayo de 20253. El 05 de
noviembre de 2025 la señora Valencia Chavarro interpuso la acción de tutela que ahora se
resuelve, en contra de la sentencia dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, al considerar vulnerados sus derechos a la prevalencia del
derecho sustancial, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio pro homine.
C. Fundamentos de la vulneración
4. En su escrito, la accionante afirmó que la providencia contra la que se ejerce la acción
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, prevalencia del derecho sustancial y tutela judicial efectiva en tanto que “no guardó
correspondencia entre lo probado y lo resuelto en el debate jurídico”.
4.1. Afirmó que la solicitud para el reconocimiento de las cesantías, junto con toda la
documentación requerida, fue cargada a la plataforma ‘Humano en línea’ el 23 de febrero,
2
Índice 11 del rad. 63001333300720240004001 en Samai, aportada al presente proceso en el índice 02 de
Samai.
3
Índice 13 del rad. 63001333300720240004001 en Samai.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
que la Secretaría de Educación Municipal no puso de presente inconsistencia alguna con
la documentación, que por parte de la administración no se hizo requerimiento alguno para
la adición o modificación de la información cargada, razón por la cual, debía considerarse
el 23 de febrero de 2022 la fecha para el conteo de términos, pues no hubo actuación de
parte de la demandante, o cargue de documentos adicionales, que permitiesen entender
que hubo “suspensión o interrupción del plazo de quince días hábiles para adoptar una
decisión de fondo en el asunto”4.
4.2. Asimismo, indicó que las piezas procesales obrantes en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho,
no demuestran que la Secretaría de Educación del Municipio de Armenia hubiera requerido
información faltante para resolver la solicitud de cesantías parciales, tampoco acreditan la
devolución de la petición por tal motivo ni existe constancia alguna de recepción o cargue
de documentación adicional por parte de la docente; por consiguiente, la decisión
cuestionada carece de sustento probatorio, pues no obra elemento de juicio que permita
concluir que la reclamación en sede administrativa se formuló de manera incompleta por la
interesada ni que dicha gestión se hubiera efectuado en la fecha indicada por el tribunal
(25 de mayo de 2022)5.
4.3. También, puso de presente que la sentencia enjuiciada no verificó “los documentos que
se encontraban pendientes de entrega”, de modo que no hubo en la sentencia justificación
suficiente para establecer que el conteo de los quince días “iniciara en una fecha distinta a
la del registro de la actuación ‘Envío de Documentación’, lo que pone en evidencia una
conclusión construida sobre afirmaciones carentes de respaldo probatorio”6.
4.3.1. En el mismo sentido, trajo a colación casos semejantes en los que recientemente esta
corporación ha dictado sentencias favorables a los accionantes 7 , y a renglón seguido
concluyó que:
[L]a jurisprudencia constitucional ha estimado que el defecto fáctico se configura cuando el
juez omite valorar pruebas determinantes o basa su decisión en elementos probatorios
inadecuados, lo cual acaeció en el sub examine si se tiene en cuenta que se descartó la
fecha de presentación de la reclamación de las cesantías -23 de febrero de 2022-, bajo el
argumento que la misma se hizo de manera incompleta y, se subsanó dicha falencia hasta
el 25 de mayo de 2022, sin que en la sentencia se identificara los elementos de juicio que
permitían arribar a dicha conclusión. De manera que, se prescindió de un análisis objetivo,
racional, imparcial y suficiente del acervo probatorio para establecer si la entidad accionada
incumplió los plazos para resolver la solicitud y, por ende, si se configuraba la sanción
moratoria8.
4
Escrito de tutela, índice 02 de Samai.
5
Ídem.
6
Ídem.
7
Los fallos referidos fueron los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia del 25 de septiembre de
2025, Rad. No. 11001-03-15-000-2025-05598-00; y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia
del 23 de octubre de 2025, Rad. No. 11001031500020250607200
8
Escrito de tutela, índice 02 de Samai.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
4.4. El accionante sintetizó el defecto fáctico de la sentencia enjuiciada así:
(i) El Juez colegiado se limitó a afirmar que la señora Clara Inés Valencia Chavarro
completó su solicitud de cesantías en sede administrativa, el día 25/05/2022 y que, por ello,
debía tomarse esta fecha para el conteo de los plazos con que contaba la administración
para resolver la prestación económica. No obstante, no dio cuenta de cuáles fueron esos
elementos de juicio conducentes, pertinentes y útiles que le permitieron dar por sentado
este hecho para desvirtuar el contenido de la constancia de radicación generada por el
sistema Humano en Línea, en la cual se consignó que la cargue de la solicitud de prestación
económica se hizo el 23 de febrero de 2022.
(ii) La autoridad judicial no identificó cuál fue el requerimiento de documentación que, en
los términos del parágrafo del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, efectuó supuestamente el
Municipio de Armenia, pues, como podrá constatar señor Juez de tutela, en la sentencia
objeto de censura nada se menciona al respecto; en consecuencia, la conclusión según la
cual la petición se completó en una fecha distinta a aquella en que la docente diligenció y
cargó la solicitud de cesantías (23/02/2022), carece de respaldo probatorio.
(iii) El juez colegiado incumplió el deber de motivación, en tanto la tesis relativa a la
supuesta presentación incompleta de la solicitud no guarda correspondencia con el acervo
probatorio incorporado al expediente ordinario, razón por la cual la decisión adoptada
carece de sustento y legitimidad.
(iv) La contestación a la demanda constituye la oportunidad procesal para que el sujeto
pasivo aporte los medios de prueba destinados a desvirtuar los hechos y pretensiones
formulados en su contra; sin embargo, este deber procesal no fue cumplido por el Municipio
de Armenia, razón por la cual el argumento de defensa relativo a la supuesta presentación
incompleta quedó reducido a una mera afirmación sin respaldo alguno 9.
4.5. Hizo hincapié en que el Tribunal omitió llevar a cabo un análisis probatorio completo e
imparcial, por lo que, en su consideración hubo “un quebrantamiento grave y directo del
principio de la verdad material que rige el actuar judicial, desconociendo así que la
valoración probatoria debe regirse por criterios de racionalidad e imparcialidad”. Así, insistió
en que “resulta incomprensible que el juez colegiado afirmara que la radicación de la
solicitud de las cesantías parciales se realizó el 25 de mayo de 2022, cuando para esa fecha
la entidad territorial ya adelantaba el estudio de la prestación económica, actuación en la
que la peticionaria no tiene injerencia por tratarse de una gestión propia de la
administración”. Y concluyó que, de aceptarse que debe tenerse como fecha de inicio de la
actuación el 25 de mayo de 2022, se estaría imponiendo una “carga desproporcionada para
el docente, pues equivaldría a supeditar el inicio de la actuación administrativa a una
circunstancia diversa a la presentación y cargue la solicitud de prestación económica en el
Sistema Humano en Línea”.
4.6. Como fundamento del defecto sustantivo expuso que en la sentencia enjuiciada el
Tribunal interpretó la norma aplicable de manera contraria a los hechos del caso.
Concretamente, indicó que:
9
Ídem.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
[E]l artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 de la Ley 1272 de 2018
establecen que el término de los 15 días hábiles inicia cuando el peticionario radica la
documentación completa a través del canal dispuesto para tal fin; lo que significa que el
conteo comienza en el momento exacto en que el docente carga en el aplicativo Humano
en Línea toda la información requerida para el trámite del auxilio económico, y no cuando
la administración decide validar los documentos allegados por tratarse de una etapa
posterior a la radicación formal.
Así, debe distinguirse entre la fecha de ingreso de la solicitud completa de las cesantías en
la plataforma institucional y el momento en que se hace la respectiva revisión de los mismos
por parte de la administración, ya que la normativa establece con claridad que el cómputo
de los 15 días hábiles, con el que cuenta la entidad territorial certificada en educación para
expedir el acto administrativo de reconocimiento de la prestación económica, inicia con la
ocurrencia del primer hecho, es decir, con la radicación completa de la documentación por
parte del peticionario.
No obstante, el tribunal consideró que el trámite administrativo se inició cuando el Municipio
de Armenia procedió al estudio de la prestación económica reclamada por la parte
accionante, es decir, el 25 de mayo de 2022, por lo que desde esa fecha realizó el conteo
de los 15 días hábiles que tenía la secretaría de educación para la expedición del acto
administrativo, más los 10 días de ejecutoria y los 45 días previstos para el desembolso de
los recursos, concluyendo en consecuencia que no se configuró retardo alguno en la
actuación a cargo de las entidades demandadas10.
4.6.1. En tal sentido, concluyó que el Tribunal interpretó erradamente el marco normativo
aplicable, al condicionar el conteo del inicio de la actuación a una fecha posterior a la de la
presentación de la solicitud; reiteró que la única actuación a cargo del solicitante es cargar
la solicitud y los documentos correspondientes, lo cual ocurrió el 23 de febrero del 2022 y
que, siempre que la administración no requiera al solicitante para corregir o adicionar la
documentación, el resto de la actuación está a cargo de la autoridad pública y los términos
para resolver establecidos en la ley -15 días hábiles- deben aplicarse desde la presentación
de la solicitud.
D. Trámite procesal
5. Mediante auto del 07 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela11. La providencia fue debidamente notificada a la autoridad judicial accionada
(Tribunal Administrativo del Quindío) 12 y se vinculó al Municipio de Armenia, al Ministerio
de Educación Nacional, al Juzgado Séptimo Administrativo de Armenia, al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, a la Fiduciaria La Previsora S.A -
Fiduprevisora-13.
E. Oposiciones e intervenciones
10
Ídem.
11
Índice 05 de Samai.
12
Índice 08 de Samai.
13
Índice 05 y 08 de Samai.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
6. La Secretaría de Educación del Municipio de Armenia se pronunció solicitando negar o
declarar la improcedencia de la tutela14, basada en que el Tribunal no cometió error alguno
en su apreciación. Indicó que la normativa establece un plazo de quince días a partir de la
solicitud para expedir el acto administrativo correspondiente y que este término se debe
contabilizar a partir de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario. Indicó
que la solicitud “se considera completa cuando cuenta con todos los documentos
necesarios para que el ente territorial certificado la pueda validar y adoptar una decisión de
fondo al respecto, pues con la mera solicitud de validación del certificado laboral y salarial
es imposible hacerlo”.
6.1. Asimismo, señaló que la solicitud de cesantías de la señora Valencia Chavarro se basó
en la necesidad de construcción de vivienda y que los documentos necesarios para resolver
tal petición “no fueron aportados en la misma fecha en que solicitó la certificación laboral de
tiempo de servicios, sino en fecha posterior”. Por esta razón, afirmó que:
[L]a fecha de radicación de la petición de pago del auxilio de cesantías efectuada por la
señora Clara Inés Valencia Chavarro fue el día 25 de mayo de 2022 y no el 23 de febrero de
2022, como lo pretende la accionante, toda vez que se debe tener en cuenta como fecha de
radicación el día en que la peticionaria incorporó o cargó a la Plataforma Humano en Línea
la totalidad de los documentos que se requieren para la correspondiente prestación
reclamada (…). [C]oncretamente con el pantallazo del aplicativo humano en línea de cuya
trazabilidad se observa que la documentación requerida para el estudio de la solicitud de
cesantías parciales fue cargada por la accionante el día 25 de mayo de 2025, sin que para
ello hubiera sido necesario que la entidad la requiriera para que completara la petición, toda
vez que la señora Valencia Chavarro, en su condición de docente, tiene asignado un usuario
y contraseña para ingresar al aplicativo humano en línea como herramienta autogestionaria,
y cargar la documentación, de acuerdo con los lineamientos establecidos (…)15.
6.2. Con base en lo anterior, concluyó que la sentencia del Tribunal fue acertada y que no
vulneró derechos fundamentales de la accionante, en tanto que el momento en que se
completó la documentación necesaria para proceder con la solicitud fue el 25 de mayo de
2022, por lo tanto, esa es la fecha de que debe tenerse en cuenta para el conteo del término
de respuesta.
7. El Ministerio de Educación se pronunció solicitando la declaratoria de improcedencia de
la tutela y la desvinculación de tal cartera ministerial, al carecer de legitimación en la causa.
En consideración del Ministerio, en el presente caso no se demostró vulneración a las
garantías procesales y fundamentales, en tanto que no se compromete “gravemente la
existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia;
además, tampoco se acreditó que exista una vulneración indirecta de los derechos
fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la
respuesta a sus solicitudes”16.
14
Índice 09 de Samai.
15
Índice 09 de Samai.
16
Índice 11 de Samai.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
8. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia remitió el expediente17
y se pronunció solicitando no ordenar el cumplimiento, por parte de ese despacho, de
obligaciones relacionadas con los derechos fundamentales invocados. Puso de presente
que las actuaciones de ese despacho judicial no propiciaron violaciones a los derechos del
accionante, sino que las pretendidas vulneraciones ocurrieron en la segunda instancia18.
9. La Fiduciaria La Previsora S.A -Fiduprevisora- se pronunció solicitando negar el amparo
por improcedente y la desvinculación de la entidad fiduciaria. Como fundamento de su
solicitud indicó que la accionante no expuso de manera clara y detallada las causales
generales y específicas de procedibilidad, alegó la inexistencia de la vulneración a los
derechos fundamentales invocados al considerar que las autoridades judiciales conforme a
la normativa y a la jurisprudencia aplicable19.
10. La autoridad judicial accionada, Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta
Corporación.
G. Providencia objeto de análisis
12. La accionante cuestionó la sentencia proferida el 02 de mayo de 2025 (notificada el del
05 de mayo de 2025) por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 63001-33-33-007-
2024-00040-01.
13. El fundamento fáctico y jurídico de la providencia cuestionada tuvo por probado que la
solicitud de reconocimiento de cesantías parciales quedó radicada el 25 de mayo de 2022,
en tanto que, según afirmó, en esa fecha la solicitante completó la solicitud. Con base en
ello concluyó que el Artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018 debía aplicarse
tomando como fecha inicial, para el conteo del término para resolver la solicitud, el 25 de
mayo del 2022, por lo cual la solicitud fue resuelta en tiempo, y el pago de las cesantías no
generó la sanción moratoria pretendida.
H. Sentido de la decisión
17
Índice 14 de Samai.
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Índice 14 de Samai.
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Índice 14 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
14. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de acción de tutela, por carecer el
asunto de relevancia constitucional. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de
la demanda de tutela
I. Requisitos generales de procedibilidad
15. La Sala recuerda que, como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes: a) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: e) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela20.
16. En ese sentido, respecto de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional,
mediante sentencia SU-573 de 2019, estableció los eventos en los que un asunto carece
de tal requisito. En la referida sentencia afirmó:
Un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma de rango reglamentario o legal, salvo que
de esta se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales o (ii) cuando
sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no representen un
interés general.
17. Particularmente, en la sentencia de unificación en comento se analizó el problema
jurídico que la tutelante pretende amparar mediante la acción, y se concluyó que:
(…) la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter
irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo. Por tanto,
solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
20
Sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06958-00
Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de
las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo
o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de
tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no
es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella
pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los
tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del
Atlántico como se refiere, igualmente, en el apartado que sigue.
18. En el mismo sentido, esta corporación ha declarado la improcedencia por falta de
relevancia constitucional en casos semejantes 21, pues a pesar de que se solicite la tutela
del derecho fundamental al debido proceso por defectos fácticos y sustantivos manifiestos,
ha considerado que se debe “preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica, no está
superado”22, y que, de manera irrestricta, se debe “impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”23.
17. Lo anterior es concordante con la sentencia SU 215 de 2022, en donde la Corte
Constitucional reiteró que la tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y
no un juicio de corrección respecto del fallo cuestionado, lo cual, según indicó.
(…) excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021,
este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.
J. Caso concreto
18. Este despacho encuentra que la parte actora plantea una discusión relacionada con el
reconocimiento de su derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la
sentencia enjuiciada al incurrir en defectos que la llevaron a negar el reconocimiento y pago
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre
de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-06932-00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 2025, rad. 11001
03 15 000 2025 06136 00, C. P. Carlos Fernando Mantilla Navarro; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de diciembre de 2025, rad. 11001-03-15-000-
2025-07012-00, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre del 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-04494-01, C. P. Gloria
María Gómez Montoya Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 30 de octubre de 2025, rad. 11001 03 15 000 2025 06017 00, C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre
de 2025, rad. 11001 03 15 000 2025 06136 00, C. P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.
23 Idem.
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Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
de la la sanción moratoria establecida en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por el
retardo en el pago de las cesantías parciales solicitadas.
19. La parte actora pretende que por medio de este mecanismo constitucional se declare la
nulidad de la sentencia proferida por el tribunal accionado que, al analizar el fondo del
asunto sometido a su instancia, revocó la sentencia de primer grado y denegó el
restablecimiento del derecho pretendido, consistente en el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria pretendida por la accionante.
20. Debido a lo anterior, la actora pretende que este juez constitucional indague el acervo
probatorio del proceso contencioso, y haga un análisis y una valoración probatoria del
asunto de fondo, para dejar sin efectos la providencia enjuiciada, ordenar al juez natural
adoptar una decisión de acuerdo con la valoración probatoria que mejor satisface los
intereses de la actora.
21. En ese sentido, el asunto que la tutelante somete a discusión en el escenario
constitucional implica un debate probatorio que rodea una discusión meramente legal y
económica, esto es, la procedencia o no del restablecimiento del derecho y el consecuente
reconocimiento y pago de los derechos económicos pretendidos.
22. Ello no puede ser catalogado como constitucionalmente relevante en la medida que, de
acceder a lo pretendido, se vulneraría a la competencia e independencia del juez natural
que, en el escenario de la doble instancia del proceso contencioso, ya estudió y resolvió el
asunto de fondo. Aceptar lo contrario, implicaría permitir el uso de la tutela como una
instancia adicional para controvertir las decisiones de los jueces respecto de asuntos ya
concluidos, lo cual es abiertamente contrario a los postulados establecidos por la
jurisprudencia constitucional respecto de los requisitos de relevancia constitucional.
23. Así, la Sala advierte que, al no haber superado el requisito general de procedibilidad de
la relevancia constitucional, no resulta necesario examinar la concurrencia de los demás
requisitos generales ni los requisitos específicos, pues el asunto no se cumple con el mérito
suficiente para analizar de fondo los defectos invocados.
23. En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLÁRESE improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Clara
Inés Valencia Chavarro, por las razones expuestas.
SEGUNDO. NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
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Accionante: Clara Inés Valencia Chavarro
Acción de tutela
TERCERO. De no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
12
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