Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04542-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04542-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-04542-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
6 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04542-00
Demandante: Yecenia Rocío Quintero Cruz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04542-00
Demandante: YECENIA ROCÍO QUINTERO CRUZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Contra providencias dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento de sanción moratoria
de cesantías. Defecto fáctico y sustantivo. Fecha de radicación de
reconocimiento de cesantías para efecto de contabilización de
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías parciales. Ampara
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Yecenia Rocío Quintero Cruz
contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 12 de junio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y, a través de apoderado, la
señora Yecenia Rocío Quintero Cruz pidió la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 4
de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-006-2024-00125-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, en sentencia del 4 de diciembre de
2025 proferida dentro del medio de control identificado con No. 20-001-33-33-006-2024-00125-01,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora YECENIA
ROCÍO QUINTERO CRUZ, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana
crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión
judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin (sic) de
lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la parte accionante y, (ii) aplicando en debida forma
la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la
gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del
Fomag.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandante: Yecenia Rocío Quintero Cruz
3.1. De la actuación administrativa
El 4 de febrero de 2022, la señora Yecenia Rocío Quintero Cruz cargó en la plataforma
“Sistema Humano en Línea” la solicitud y documentación para el reconocimiento de
cesantías parciales, en su condición de docente oficial afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Mediante Resolución CESARV2022000326 de 17 de agosto de 2022, expedida por la
Secretaría de Educación del departamento del Cesar, en nombre y representación del
FOMAG, se reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales de la demandante.
Según dicho acto administrativo, la radicación de la solicitud correspondió al 12 de agosto
de 2022 y las cesantías fueron efectivamente pagadas por la Fiduprevisora S.A. el 15 de
septiembre de 2022.
El 19 de febrero de 2024, la señora Quintero Cruz radicó ante el FOMAG, la Fiduprevisora
S.A. y la Secretaría de Educación del departamento del Cesar, reclamación
administrativa dirigida a obtener el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista
en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.
La reclamación fue resuelta de manera desfavorable mediante Oficio
CES2024ER009860/CES2024EE005086 de 11 de marzo de 2024, suscrito por la
Secretaría de Educación Departamental, acto que constituyó el fundamento del posterior
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3.2. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El 11 de junio de 2024, la accionante formuló demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, previsto en el artículo 138
del CPACA, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG –
Fiduprevisora S.A. y el departamento del Cesar – Secretaría de Educación con el fin de
obtener la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción
moratoria.
El proceso fue identificado con el radicado 20001-33-33-006-2024-00125-00 y conocido
en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar, que, en
sentencia de 17 de febrero de 2025, denegó las pretensiones de la demanda y declaró
probadas las excepciones de fondo de inexistencia actual de la obligación, ausencia
actual de objeto litigioso y cobro de lo no debido, propuestas por FOMAG, así como la
excepción de falta de causa e inexistencia de la obligación, propuesta por el
departamento del Cesar.
Explicó que la solicitud de reconocimiento de cesantías fue radicada el 12 de agosto de
2022, fecha a partir de la cual contabilizó los 15 días hábiles con que contaba la entidad
territorial para expedir el acto de reconocimiento, y encontró que el oficio demandado fue
expedido el 17 de agosto de 2022 y notificado el 18 de agosto de 2022, esto es, dentro
del término legal.
Con fundamento en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 18 de julio de
2018, contabilizó 55 días posteriores a la notificación del acto como plazo límite para el
pago, con vencimiento el 4 de noviembre de 2022, y constató que el pago se efectuó el
15 de septiembre de 2022, esto es, dentro de dicho término, por lo que concluyó que no
se configuró mora en el pago de las cesantías.
Contra la anterior decisión, la apoderada de la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que alegó que el a quo incurrió en una apreciación errada en la
contabilización de los términos previstos en la sentencia de unificación del 18 de julio de
2018, al haber tomado como fecha de radicación de la solicitud de cesantías el 12 de
agosto de 2022, fecha en la que la Secretaría de Educación inició el estudio de la
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prestación, cuando, en su criterio, la verdadera fecha de radicación correspondía al 4 de
febrero de 2022, momento en que la docente cargó la documentación completa en el
aplicativo “Humano en Línea”.
Argumentó que el comprobante generado por dicho aplicativo constituye documento
público con presunción de autenticidad, no tachado de falso por la parte demandada, y
que la etapa de validación de documentos correspondía a una actuación interna de la
entidad territorial, ajena a la carga del administrado. Sostuvo que la sanción moratoria
debía contabilizarse desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2022.
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 4 de diciembre de 202312,
confirmó la sentencia de primera instancia. Señaló que, según el acto acusado, la
solicitud de reconocimiento de cesantías fue radicada el 12 de agosto de 2022, toda vez
que la documentación remitida con anterioridad debía ser objeto de verificación por la
entidad, sin que el envío del 4 de febrero de 2022 pudiera tenerse como radicación formal.
Indicó que la validación de documentos se realizó el 11 de agosto de 2022 y que, por
tanto, la Secretaría de Educación procedió a radicar la solicitud y a darle trámite el 12 de
agosto de 2022. Señaló que no obraba prueba de la notificación de la resolución de
reconocimiento en los términos del artículo 56 del CPACA, razón por la cual aplicó la
hipótesis de “acto expedido en tiempo, sin prueba de notificación”, conforme a la cual el
término para el pago era de 67 días hábiles contados desde la expedición del acto. Al
verificar que el pago se realizó el 15 de septiembre de 2022, dentro de dicho término,
concluyó que no se configuró la sanción moratoria y confirmó la decisión de primera
instancia.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, identificó como defectos los siguientes:
Defecto fáctico como quiera que el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció el valor
probatorio de la constancia generada por el aplicativo “Humano en Línea», en la que se
registró el 4 de febrero de 2022 como fecha de cargue de la documentación de la solicitud
de cesantías y que, en su lugar, tomó como fecha de radicación el 12 de agosto de 2022
correspondiente a la etapa de estudio de la prestación por parte de la Secretaría de
Educación, sin que existiera prueba de que la solicitud hubiera sido devuelta por
inconsistencias o se hubiera formulado requerimiento alguno a la docente en los términos
del artículo 4 de la Ley 1071 de 2006.
Argumentó que la anterior conclusión carecía de sustento probatorio y que el tribunal
omitió motivar por qué la radicación debía entenderse surtida en una fecha distinta a la
del cargue de la documentación, lo que configuró un error de apreciación probatoria
ostensible, flagrante y manifiesto, con incidencia directa en la decisión, conforme a los
criterios fijados en la Sentencia SU-048 de 2022 de la Corte Constitucional.
Defecto sustantivo pues, el tribunal interpretó de manera manifiestamente errada el
artículo 4 de la Ley 1071 de 2006 y el artículo 2.4.4.2.3.2.22 del Decreto 1272 de 2018,
al considerar que el término de 15 días hábiles para resolver la solicitud de cesantías se
contaba desde la etapa de validación y estudio de la prestación y no desde la fecha en
que la docente cargó la documentación completa en el aplicativo “Humano en Línea”.
Señaló que, conforme a la normativa citada, la única excepción para desplazar el
cómputo del término desde la radicación es la existencia de un requerimiento de la
administración por documentación incompleta, circunstancia que no se encontraba
2 Notificada por correo electrónico el 10 de diciembre de 2025
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acreditada en el proceso, por lo que la interpretación adoptada por el tribunal resultaría
contra legem y contraria a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-453 de 2019 y por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 12 de
noviembre de 2015 (radicado 11001-03-15-000-2015-01844-00).
5. Trámite procesal
Por auto del 19 de junio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar. Asimismo, dispuso vincular como terceros con interés, al juez
Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, al ministro de Educación, al director de
la Fiduprevisora S.A. y al secretario de Educación del departamento del Cesar.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 24 de junio de 2026.
6. Intervenciones
La gerencia jurídica de Fiduprevisora S.A. solicitó declarar improcedente la acción de
tutela y desvincular a la entidad y a su director general.
Resaltó la ausencia de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, por considerar exigua la argumentación de la accionante
sobre su configuración, con cita de la Sentencia T-233 de 2007 de la Corte Constitucional.
Alegó una falta de legitimación en la causa por pasiva, al no existir, en su criterio, nexo
de causalidad entre la Fiduprevisora S.A. y la presunta vulneración de derechos
fundamentales alegada, dado que la entidad no intervino en la decisión judicial
cuestionada.
Esgrimió la inexistencia de la vulneración alegada, por considerar que las entidades
demandadas actuaron conforme a la normativa aplicable, sin que se hubiera desconocido
el precedente judicial sobre la materia.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica y representante judicial de la Nación –Ministerio
de Educación Nacional, pidió declarar improcedente la acción de tutela. Advirtió la falta
de acreditación del requisito de subsidiariedad, por no evidenciarse el agotamiento de los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial ni la configuración de un perjuicio
irremediable.
Agregó que no se cumplió ninguno de los defectos específicos reconocidos por la
jurisprudencia constitucional (orgánico, procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, error
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente o violación directa de
la Constitución), con cita, entre otras, de las Sentencias C-590 de 2005 y T-069 de 2022.
Destacó la ausencia de relevancia constitucional del asunto, por tratarse, en su criterio,
de una controversia de naturaleza estrictamente económica y de intereses particulares,
ajena al ámbito de protección de la acción de tutela.
Aludió al respeto a la autonomía e independencia judicial, con fundamento en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política y en la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
El Tribunal Administrativo del Cesar, el juez Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Valledupar y el secretario de Educación del departamento del Cesar guardaron
silencio pese a haber sido debidamente notificados de la presente acción.
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II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa - sobre la falta de legitimación
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando esta resulte demostrada.
Asimismo, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.
En el presente asunto, el demandante discute la providencia de 4 de diciembre de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la sentencia que negó las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-006-
2024-00125-01, adelantado contra el FOMAG y otros.
En la contestación de la tutela, la representante de la Fiduprevisora S.A. alegó su falta
de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación, ya que no tuvo
injerencia en la expedición de providencia cuestionada.
Sobre el particular se advierte que la referida entidad solo se vinculó al trámite como
tercero con interés y no como demandada que deba cumplir una eventual orden de
amparo, de suerte que no se considera procedente su solicitud, la cual será negada.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por la señora
Yecenia Rocío Quintero Cruz para dejar sin efectos la sentencia del 4 de diciembre de
2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 20001-33-33-006-2024-00125-01, que confirmó la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de amparo ante la configuración de los
defectos fáctico y sustantivo alegados, pues la autoridad accionada consideró que el
anuncio de un sitio web tenía la virtualidad de modificar la fecha en que se entiende
presentada una petición sin que exista norma que así lo autorice.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
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específicos4 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que se
discute la presunta afectación de derechos fundamentales como el debido proceso y
acceso a la administración de justicia, en un caso en el que se discute el ejercicio de un
derecho.
Sumado a ello, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estarían afectando los derechos invocados, en la medida
en que la decisión cuestionada implica el no reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por pago extemporáneo de las cesantías a la que tendría derecho la
accionante.
La Sala no desconoce que la decisión en ambas instancias se profirió en el mismo
sentido; sin embargo, los cargos alegados pueden involucrar una afectación a derechos
fundamentales, lo que amerita el estudio de fondo de los defectos formulados.
La demanda también cumple el requisito de inmediatez, por cuanto, de acuerdo con la
verificación del expediente 20001333300620240012501, el correo electrónico con el que
se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 10 de diciembre de 2025, por lo
que se entiende notificada de conformidad con el numeral 2 del artículo 2055 del CPACA,
y la tutela fue presentada el 12 de junio de 2026, es decir, dentro de los 6 meses
jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que
contra la sentencia cuestionada no procedía ningún recurso por proferirse en única
instancia. Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de
procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del
CPACA, ni del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto
es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos
fáctico y sustantivo.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la tutelante ataca una
providencia que resolvió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la providencia del 4 de diciembre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cesar, incurrió en defecto fáctico y sustantivo al confirmar el
fallo que denegó pretensiones en la demanda; para el efecto, señala que se ha debido
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 «La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación».
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contabilizar el término de la sanción moratoria de cesantías desde el momento en que se
radicó la solicitud de reconocimiento prestacional en la plataforma “Humano en Línea”,
registrada el 4 de febrero de 2022.
Como quiera que los defectos se proponen con el fin de controvertir la manera como el
tribunal accionado valoró la prueba y aplicó la norma para establecer cuál fue la fecha
efectiva de radicación de la solicitud de reconocimiento de cesantías, los argumentos se
analizarán en conjunto.
En primer lugar, la Sala advierte que las pruebas que fueron tenidas en cuenta en las
sentencias de primera y segunda instancia fueron las siguientes:
• Resolución No. CESARV2022000326 del 17 de agosto de 2022 en la que se indicó que
la solicitud fue radicada el 12 de agosto de 2022 y reconoció las cesantías parciales a
favor de la accionante por $14.208.232.
• Captura de pantalla del aplicativo "Humano en Línea" de envío de documentos, donde
se consignó que (i) el envío de documentación se realizó el 4 de febrero de 2022 con
constancia de “Revisión certificado aprobada” de la misma fecha, (ii) la fecha de radicado
asignado a la solicitud fue del 12 de agosto de 2022, (iii) la generación del acto
administrativo fue del 17 de agosto de 2022 y (iv) la notificación se efectuó el 18 de agosto
de 2022.
• Certificación de pago efectivo de cesantías en la que se acreditó que los recursos fueron
puestos a disposición de la accionante el 15 de septiembre de 2022.
• Reclamación administrativa por sanción moratoria presentada por la demandante ante
las entidades accionadas el 19 de febrero de 2024.
• Oficio CES2024ER009860-CES2024EE005086 que negó el reconocimiento de la
sanción moratoria.
Para negar las pretensiones de la demanda, en la sentencia de 17 de febrero de 2025 el
Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar estableció el 12 de agosto de 2022 como
fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento de cesantías y no el 4 de febrero
de 2022 como se indicó en la demanda, por considerar que la documentación remitida
por la usuaria antes de su radicación formal debía ser objeto de verificación por parte de
la entidad.
Verificó que el acto de reconocimiento se expidió dentro de los 15 días hábiles siguientes
a esa radicación y aplicó la hipótesis de la sentencia de unificación SUJ-012-2018 (acto
escrito en tiempo, notificado personalmente), para concluir que la sanción moratoria
correría 55 días después de la notificación realizada el 18 de agosto de 2022, es decir,
hasta el 4 de noviembre de 2022, de manera que, como el pago se hizo el 15 de
septiembre de 2022, no hubo mora de la entidad.
Por su parte, en la sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cesar, confirmó la tesis del a quo según la cual la solicitud de reconocimiento se presentó
el 12 de agosto de 2022, con el mismo argumento de que la documentación enviada
antes de esa fecha debía ser objeto de verificación por la entidad, y que la actora no
acreditó que su envío del 4 de febrero de 2022 no hubiera requerido subsanación.
Adicionalmente, consideró que no estaba probada la notificación del acto, porque el
registro del aplicativo no acreditaba la notificación personal o por aviso a la accionante,
de modo que no podía tenerse por acreditada la notificación del 18 de agosto de 2022.
En consecuencia, cambió la tesis de la sentencia SUJ-012-2018 de acto escrito en
tiempo, notificado personalmente, aplicada por el a quo, y consideró que se trataba de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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un “escrito sin notificar o notificado fuera de término", escenario en el cual la mora corría
67 días hábiles después de la expedición del acto, y no desde su notificación.
Pese a la modificación evidenciada, consideró que el pago del 15 de septiembre de 2022
también se efectuó dentro del plazo de 67 días, por lo que tampoco encontró acreditada
la mora.
En el presente caso, el expediente administrativo aportado en el proceso ordinario
acreditó, de manera objetiva y verificable, que la señora Quintero Cruz remitió su solicitud
y documentación desde el 4 de febrero de 2022, dato que registra el propio historial del
aplicativo “Humano en Línea” bajo el evento “Envío de Documentación”, con la constancia
adicional de “Revisión certificado aprobada” en esa misma fecha, registro que constituye
una prueba idónea y objetiva del momento de presentación de la petición.
Frente a esa prueba, los jueces de instancia le restaron todo valor y, en su lugar,
privilegiaron sin más, el dato generado unilateralmente por la propia entidad demandada
y que denominó “radicado” del 12 de agosto de 2022, bajo el argumento de que “la
documentación remitida por el usuario antes de su radicación formal debe ser objeto de
verificación por parte de la entidad” y que, mientras esa verificación no se surtiera, “no es
posible tener como fecha de radicación” la del envío.
Ese razonamiento adolece de un vacío probatorio esencial, pues en ningún momento se
verificó, ni las entidades demandadas acreditaron, que la solicitud del 4 de febrero de
2022 hubiera estado incompleta, ni que se hubiera formulado a la peticionaria el
requerimiento que exige el art. 4, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006 y el art. 17 del
CPACA dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recibo.
Así entonces, al construir una demora de más de 6 meses atribuible en exclusiva a la
propia administración como si fuera imputable a la actora, los jueces de instancia
incurrieron en una valoración probatoria arbitraria y contraevidente, que ignoró la prueba
directa del envío de la solicitud sin razón jurídica valedera para hacerlo.
Por otra parte, en lo que alude al defecto sustantivo alegado, se considera que, al
identificar la “fecha de radicación” de la solicitud con el momento en que el aplicativo
institucional “aprobó” o “validó” internamente la documentación y no con el momento en
que esta fue efectivamente recibida por la entidad, los jueces de instancia aplicaron una
regla de cómputo que no tiene respaldo en ninguna disposición legal.
Lo anterior, por cuanto los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 hablan, sin matices, de
“presentación de la solicitud” como hito que activa el término. En armonía con esta
disposición, los artículos 14, 15 y 17 del CPACA, establecen que el término corre desde
la recepción de la petición (art. 14), que “ninguna autoridad podrá negarse a la recepción
y radicación de las peticiones” (art. 15) y que solo un requerimiento formal, expreso y
oportuno por incompletitud puede alterar ese cómputo (art. 17). En ninguna de esas
normas, ni en la Ley 1955 de 2019, ni en los Decretos 1272 de 2018 y 942 de 2022, ni
tampoco en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018, se contempló que la fecha
de “aprobación” o “validación” interna de documentos desplace el momento de
presentación de la solicitud.
En consecuencia, un mensaje o aviso generado por una plataforma de gestión
documental interna, en este caso, la advertencia de “Humano en Línea”, según la cual “la
fecha de radicado se generará con la aceptación de la información y documentación
enviada”, no tenía la entidad de fuente de derecho, ni tenía la capacidad de derogar,
suspender o modificar los efectos jurídicos que la ley asigna a la presentación de una
petición. Se trata, en el mejor de los casos, de una práctica administrativa de gestión
interna que no puede prevalecer sobre el texto claro de la ley ni sobre el principio de
eficacia que informa el derecho de petición (art. 3 del CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04542-00
Demandante: Yecenia Rocío Quintero Cruz
En efecto, el validar judicialmente esa práctica equivaldría a permitir que la propia
administración determine a su arbitrio y en su propio beneficio cuándo empieza a correr
el término para resolver la petición que ella misma está llamada a atender, consecuencia
que la Sección Segunda del Consejo de Estado calificó, en la Sentencia de Unificación
de 2018, como el efecto “perverso” que precisamente se buscaba evitar con la sanción
moratoria.
Las anteriores consideraciones encuentran respaldo en sentencias de tutela de esta
Corporación en las que se ha concluido que la fecha de radicación inicial de la petición
equivale a la “presentación de la solicitud” a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley
1071 de 20066.
En este orden de ideas, la Sala considera que no es jurídicamente admisible que un juez
de lo contencioso administrativo valide, como si tuviera la entidad de una fuente de
derecho, el contenido de un simple aviso generado por una plataforma informática de
gestión interna de la administración, en este caso, el mensaje del aplicativo “Humano en
Línea” según el cual “la fecha de radicado se generará con la aceptación de la información
y documentación enviada por parte de la Secretaría de Educación” para trasladar la fecha
de presentación de la petición al momento en que, unilateralmente y sin conocimiento ni
control del peticionario, la propia entidad decidió “aprobar” o “validar” documentos que ya
obraban en su poder.
Así las cosas, la Sala encuentra que la sentencia acusada incurrió en defecto fáctico y
sustantivo, motivo por el cual (i) amparará los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia de la demandante, (ii) dejará sin efectos el fallo
del 4 de diciembre de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar decidió
en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
20001333300620240012501; y (iii) le ordenará a la autoridad judicial demandada que,
dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita un nuevo fallo
en ese expediente en atención a las anteriores consideraciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la accionante. En consecuencia, se dispone:
2. Dejar sin efectos la sentencia del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 20001333300620240012501.
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cesar que, dentro de los 20 días siguientes a
la notificación de esta providencia, dicte una nueva sentencia en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 20001333300620240012501, en atención a las
consideraciones expuestas en la presente determinación.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6 Sección Cuarta. C.P. Claudia Rodríguez Velásquez. 22 de enero de 2026 Radicado. 11001-03-15-000-2025-07169-00.
Sentencias del 5 de diciembre de 2024 (rad. 2024-05939-00), 6 de febrero de 2025 (rad. 2024-06039-01), 6 de marzo de 2025 (rad.
2024-05927-01), 19 de junio de 2025 (rad. 2025-01127-01) y 17 de julio de 2025 (rad. 2025-03537-00).
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Demandante: Yecenia Rocío Quintero Cruz
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 7
7 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho
ponente, a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y
judicial, empleó un sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4,
desarrollado por OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica
del texto previamente elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado
en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa
de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática
(concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de palabras, ambigüedad semántica
y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real Academia Española
y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones
expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna
sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el
formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento,
tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta
fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial, quien determinó
autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado transcripciones
literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto reformulaciones de
contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se utilizó
exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción,
estructura argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados
íntegramente por el funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la
herramienta datos personales, información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de
las partes o del proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido
proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta
se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del
artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos
para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la
Rama Judicial".
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