Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06070-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06070-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06070-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06070-00
Demandante: Luz Oneyda Palacios Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de sanción moratoria. Defecto fáctico.
Fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento de
cesantías parciales
Decisión: Ampara el derecho al debido proceso
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Luz Oneyda
Palacios Mosquera contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 29 de septiembre de 2025, Luz Oneyda Palacios Mosquera, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia1, con ocasión de la Sentencia de
28 de marzo de 2025 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 05837-33-33-002-2023-00176-012.
2. A título de amparo constitucional, solicitó que se revocara la mencionada
providencia y, en su lugar, se profiriera decisión de remplazo en la que se accediera
a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora expuso que en
su calidad de docente del departamento de Antioquia, el 24 de junio de 2021, solicitó
ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) el reconocimiento
y pago de las cesantías parciales a las que tenía derecho.
4. Mediante Resolución No. S 2021060084665 del 3 de agosto de 2021, la
Secretaría de Educación de Antioquia accedió a dicha petición.
1
Mencionó también la presunta vulneración de las garantías de tutela efectiva y gratuidad.
2
Decisión que se notificó a través de mensaje de datos enviado el 31 de marzo de 2025
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Demandante: Luz Oneyda Palacios Mosquera
5. El monto correspondiente fue puesto a su disposición, en la respectiva
entidad bancaria, el 10 de octubre de 2021, razón por la cual, a su juicio, aquel pago
se efectuó de manera extemporánea, pues la entidad territorial no expidió el acto
administrativo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud y el
Ministerio de Educación Nacional no cumplió con el término de 45 días hábiles que
la ley establece para el pago de la prestación.
6. El 2 de agosto de 2022, la accionante solicitó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG – departamento de Antioquia el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria. No obstante, no obtuvo respuesta, configurándose
así un silencio administrativo negativo.
7. El 23 de febrero de 2023, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho3 contra el acto administrativo ficto, con el propósito de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en la Ley 1071 de 2006.
8. Mediante Sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Juzgado 2
Administrativo de Turbo accedió a las pretensiones de la demanda. Consideró que
el departamento de Antioquia expidió el acto administrativo de reconocimiento de
las cesantías por fuera del plazo de 15 días hábiles siguientes a la radicación de la
solicitud, configurándose así el supuesto previsto en el parágrafo del artículo 57 de
la Ley 1955 de 2019. En consecuencia, declaró la responsabilidad de la entidad en
el pago de la sanción moratoria correspondiente al período comprendido entre el 6
y el 9 de octubre de 2021, equivalente a 4 días.
9. Inconforme con esta decisión, el departamento de Antioquia interpuso
recurso de apelación argumentando que la solicitud fue resuelta dentro del término
establecido en el Decreto 942 de 2022, esto es, 8 días hábiles después de su
radicación y el pago se efectuó el 10 de octubre de 2021. Sostuvo, por tanto, que
no se superó el plazo de 70 días hábiles previsto para el reconocimiento y pago de
las cesantías parciales.
10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia del 28 de
marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia. Señaló que la solicitud de
reconocimiento de cesantías parciales fue presentada el 22 de julio de 2021, por lo
que el término de 15 días con que contaba la entidad para elaborar y remitir el
proyecto de acto administrativo a la Fiduciaria vencía el 13 de agosto de 2021. No
obstante, el acto fue expedido el 3 de agosto del mismo año, lo que evidencia que
el trámite se adelantó dentro del plazo fijado en el artículo 3 del Decreto 2831 de
2005.
11. Agregó que no era posible tomar como válida la fecha del 24 de junio de
2020 como la de presentación de la solicitud, toda vez que en la Resolución No.
2021060084665 del 3 de agosto de 2021 se indicó expresamente que la petición
fue radicada el 22 de julio de 2021, bajo el número 2021-CES-055243, y frente a
3
El proceso fue asignado al Juzgado 2 Administrativo de Turbo con radicado No. 05837-33-33-002-2023-00176-00.
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dicho acto no se presentaron solicitudes de corrección o aclaración ni se interpuso
recurso alguno.
12. Como fundamento de la vulneración, manifestó que aportó una
constancia de radicación de la solicitud de cesantías el 24 de junio de 2021, con
número de radicado R 2021010235884. No obstante, el Tribunal desconoció dicho
documento dando prevalencia a lo consignado en el acto administrativo que
reconoció las cesantías, en el cual se indicó que la petición se había presentado el
22 de julio de 2021, incurriendo con ello en un defecto fáctico.
13. Resaltó que la resolución de controversias debe armonizarse con el
principio superior «pro homine». Por ello, ante la coexistencia de 2 documentos
oficiales que consignaban fechas distintas, esto es, la constancia del 24 de junio de
2021 y el acto administrativo que indica que aquello ocurrió el 22 de julio de 2021,
correspondía al Tribunal adoptar una interpretación más favorable y garantista de
los derechos del accionante, es decir, tomar como fecha de radicación el 24 de junio
de 20214.
14. Agrego que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo al desconocer que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la condena en costas solo procede cuando se demuestre que
la demanda fue presentada con carencia manifiesta de fundamento legal. En la
providencia cuestionada, el Tribunal omitió explicar las razones por las cuales
consideró que la reclamación judicial promovida por el docente carecía de sustento
jurídico o probatorio, dejando así la decisión sin una motivación suficiente que
justificara la imposición de dicha penalidad dentro del proceso.
Intervenciones5
15. El Juzgado 2 Administrativo de Medellín6 indicó que la acción de tutela
se refiere a la inconformidad del tutelante frente a la sentencia del 28 de marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
revocó la decisión emitida en primera instancia por ese despacho judicial, se
negaron las pretensiones de la demanda y se impusieron costas a la parte
demandante.
16. Hizo un resumen de las actuaciones procesales y manifestó que, durante el
trámite del proceso, no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, por
cuanto actuó conforme a la ley y los parámetros del debido proceso.
4
Citó las sentencias del Consejo de Estado con radicados No. (i) 11001-03-15-000-2024-05939-00, (ii) 11001-03-15-000-
2024-06039-01 y (iii) 11001-03-15-000-2024-05927-01, para reforzar su argumento.
5
Mediante Auto de 2 de octubre de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia y vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), FIDUPREVISORA SA, el departamento de Antioquia y el Juzgado 2 Administrativo de Medellín.
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El Juzgado envío el expediente del proceso de forma digital.
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17. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 efectuó un recuento de lo
expuesto en el escrito de tutela por la parte accionante en relación con los presuntos
defectos fáctico y sustantivo alegados.
18. En cuanto al defecto fáctico, precisó que dentro del expediente no obra
prueba alguna que permita concluir que la solicitud de reconocimiento y pago
mencionada por la actora sea la misma a la que se refiere el acto administrativo que
concedió las cesantías, el cual señala como fecha de radicación el 22 de julio de
2021. Agregó que, frente a dicho acto, no se solicitó corrección, aclaración ni se
interpuso recurso alguno, razón por la cual no puede afirmarse la existencia de error
en la valoración probatoria.
19. En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la controversia no reviste
relevancia constitucional, dado que: (i) se trata de un asunto estrictamente legal, y
(ii) la acción de tutela pretende reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, sin evidenciarse arbitrariedad o actuación ilegítima
por parte de las autoridades judiciales.
20. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), FIDUPREVISORA SA y el departamento de
Antioquia no se pronunciaron a pesar de haber sido debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en su calidad de juez de segunda instancia,
incurrió en defecto factico al tomar como fecha de radicación de la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías parciales la consignada en el acto
administrativo de reconocimiento y no la indicada en la constancia de radicación de
aquella petición, además si incurrió en defecto sustantivo al desconocer el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
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El Tribunal envío el expediente del proceso ordinario de forma digital.
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Demandante: Luz Oneyda Palacios Mosquera
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
23. La Sala declarará procedente la acción de tutela dado que: (1) posee
relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centró en la posible
vulneración del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, no se
trata de un asunto de mera legalidad o eminentemente económico y los reparos
fueron dirigidos concretamente contra la decisión de segundo grado en el marco del
proceso ordinario; (2) se encontró satisfecha la legitimación en la causa, tanto activa
como pasiva, puesto que la señora Palacios Mosquera participó como demandante
en el medio de control y la decisión objeto de cuestionamiento fue emitida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia; (3) se cumplió con el requisito de
subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos judiciales disponibles
para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela fue presentada el
29 de septiembre de 2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados a partir
de la notificación de la sentencia8; (5) no se alegó una irregularidad procesal; (6) los
hechos y fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos
fueron identificados de manera razonable; y (7) la tutela no fe interpuesta contra una
providencia de la misma naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos
24. La Sala concederá el amparo solicitado respecto al defecto fáctico por las
razones que se expone a continuación:
25. En la Sentencia de 28 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia tomó como fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago
de cesantías parciales el 22 de julio de 2021, con fundamento en lo consignado en
la Resolución No. 2021060084665 del 3 de agosto de 2021 (acto de
reconocimiento). Lo anterior, bajo el argumento de que dicha resolución no fue
recurrida por la parte interesada.
26. Sin embargo, del examen del expediente se advierte la existencia de una
constancia de radicación de aquella petición presentada el 24 de junio de 2021 y
número de radicación R 2021010235884, lo que demuestra que existió una petición
elevada en esa oportunidad ante el departamento de Antioquia. Aunado a ello, tal
como lo expuso la parte actora, no existe evidencia de que se hubiera requerido
información adicional a la peticionaria ni de que se hubiera presentado una nueva
solicitud con posterioridad, que justificara que el Tribunal desestimara la constancia
del 24 de junio de 2021 y, en su lugar, tomara como válida la fecha del 22 de julio
de 2021.
27. El Tribunal omitió valorar la constancia de radicación de cesantías parciales
de 24 de junio de 2021 allegada al proceso, sin ofrecer una justificación razonable
para su exclusión. Optó por dar por cierta la fecha consignada en la resolución
administrativa, sin que existiera soporte probatorio que acreditara su veracidad,
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Se notificó a través de mensaje de datos enviado el 31 de marzo de 2025.
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basándose únicamente en que el accionante no interpuso recursos contra dicha
resolución.
28. En otras palabras, el Tribunal estaba en la obligación de realizar una
valoración integral del material probatorio y no descartar una prueba determinante
sin motivación suficiente. Aunque la Resolución No. 2021060084665 del 3 de agosto
de 2021 indicó como fecha de radicación el 22 de julio de 2021, no obra en el
expediente prueba que acredite que esa fue efectivamente la fecha en que el actor
allegó la documentación completa. Por el contrario, sí existe prueba idónea de que
la solicitud se radicó el 24 de junio de 2021 a través de uno de los formatos utilizados
por la Secretaria de Educación de Antioquia para presentar peticiones.
29. Por otro lado, exigir al peticionario que recurriera la resolución únicamente
por la consignación equivocada de una fecha (que no tenía incidencia directa en el
reconocimiento de las cesantías parciales) resultó desproporcionado. Con mayor
razón si en el proceso no se demostró que la documentación presentada el 24 de
junio de 2021 estuviera incompleta, circunstancia de la cual no dan cuenta los
antecedentes administrativos ni las pruebas recaudadas.
30. En ese orden de ideas, se encuentra acreditado el defecto fáctico alegado
por la parte actora; por lo que se amparará el derecho fundamental al debido
proceso y se dejará sin efectos la Sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia. Asimismo, se ordenará a dicha autoridad
que, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera
una nueva decisión acorde con lo aquí expuesto.
31. Lo consignado en esta Sentencia no obliga al Tribunal a acceder a las
pretensiones del actor de forma automática, solo ordena realizar una nueva
valoración probatoria conforme a lo demostrado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
32. Comoquiera que la Sala encontró probado el defecto fáctico, se abstendrá
de pronunciarse sobre el defecto sustantivo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Luz Oneyda
Palacios Mosquera, por las razones expuestas anteriormente.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en consecuencia, ORDENAR a esa
misma autoridad judicial que, en el término de 20 días contados a partir de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06070-00
Demandante: Luz Oneyda Palacios Mosquera
ejecutoria de esta providencia, dicte una nueva decisión de conformidad con la parte
motiva.
TERCERO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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