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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05609-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-05609-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el cual quedará así: «PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, al no superar el requisito general de relevancia constitucional. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el departamento de Antioquia, la Fiduprevisora S.A., y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-05609-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

11 de diciembre de 2025

Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05609-01
Demandante: ANDERSON MAURICIO PADILLA CASTRILLÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca, y en su lugar,
declara improcedencia por no superar el requisito general de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo proferido el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón, a través de apoderado judicial1,
presentó acción de tutela2, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Oralidad3, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, «prevalencia del derecho sustancial», y el principio pro homine.

La trasgresión a las citadas garantías constitucionales, la atribuyó a la sentencia
proferida el 12 de marzo de 2025, al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-035-2023-
00402-00/01, que revocó el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado Treinta
y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 27 de septiembre de
2024, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

1 Poder otorgado al abogado Yobany Alberto López Quintero, para promover la presente acción, mediante

mensaje de datos - índice 02 de Samai.
2 Presentada el 8 de septiembre de 2025 con secuencia: 9005 - Índice 01 de Samai.
3 Integrada por los magistrados Martha Nury Velásquez Bedoya Carlos Cristopher Viveros Echeverri, y Gonzalo

Zambrano Velandia.

1
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Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05609-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis
integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de
la situación fáctica del accionante Anderson Mauricio Padilla Castrillón y, (ii) aplicando
en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el
procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de
reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.4

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Anderson Mauricio Padilla Castrillón instauró demanda contra la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(en adelante, Fomag) y el Departamento de Antioquia, a efectos de que se declarara
la nulidad del acto ficto configurado el 12 de marzo de 2023, frente a la petición
radicada el 12 de diciembre de 2022, en la que solicitó el reconocimiento y pago de
la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006 y 1955 de 2019, equivalente
a un (1) día de su salario por cada día de retardo.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín que, mediante sentencia del 27 de septiembre
de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó al
Departamento de Antioquia a reconocer y pagar a favor del demandante, la sanción
por mora configurada entre el 20 de enero de 2022 y el 9 de febrero de la misma
anualidad, teniendo en cuenta la asignación básica diaria devengada en el año
2021.

Como sustento de lo analizado, la autoridad judicial accionada precisó que, de
acuerdo con las pruebas documentales aportadas y los términos señalados en la
Ley 1071 de 2006, se logró demostrar que la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia disponía de un plazo de quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías
parciales del actor para emitir el acto administrativo correspondiente, es decir, hasta
el 28 de octubre de 2021, sin embargo, la Resolución 2021060130728 fue emitida
el 2 de diciembre de 2021, esto es, 38 días hábiles después de la solicitud, por lo
que resulta evidente que el referido acto fue proferido por fuera del término
establecido para ello.

4 Transcripción original del texto con posibles errores.

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Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
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De igual forma, señaló que, de acuerdo con el certificado expedido por la
FIDUPREVISORA S.A., la suma de dinero correspondiente fue puesta a disposición
del señor Padilla Castrillón el 10 de febrero de 2022, es decir, por fuera del término
establecido por la ley, toda vez que, desde la formulación de la petición habían
transcurrido más de setenta (70) días hábiles.

Por lo expuesto, señaló que, en el asunto debatido se evidenció la existencia de la
mora alegada por un periodo de 21 días, la cual se configuró entre el 20 de enero
de 2022 y el 9 de febrero de 2022 (ambas fechas inclusive).

La anterior decisión fue recurrida por la parte demandada y revocada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad mediante fallo del 12 de
marzo de 2025, al considerar que, de conformidad con las pruebas allegadas al
plenario, se tendría como fecha de radicación de la solicitud de las cesantías
reclamadas por el actor el 24 de noviembre de 2021, ya que es la fecha que se
encuentra consignada en la Resolución 2021060130728 del 2 de diciembre de 2021
a través de la cual le fue reconocida la referida prestación, y que goza de plena
presunción de legalidad al encontrarse ejecutoriado, determinando a su vez que, la
información en él contenida surte plenos efectos jurídicos y prevalece sobre la copia
documental allegada por la parte demandante en tal sentido.

Acorde con lo expuesto, refirió que, los 15 días con los que contaba la entidad
territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento fenecían el 16 de
diciembre de 2021, y el Departamento de Antioquia expidió la Resolución No.
2021060130728 el 2 de diciembre de 2021, esto es, en tiempo.

En ese orden de ideas, el FOMAG tenía hasta el 21 de febrero de 2022 para
materializar el pago correspondiente, observándose que, según el certificado
expedido por la Fiduprevisora, los dineros correspondientes a las cesantías fueron
puestos a disposición de la parte interesada a partir del 10 de febrero de 2022 en la
entidad bancaria, esto es, dentro del término para el efecto, por lo que no se
presentó la mora alegada por el actor.

La sentencia aludida, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 13
de marzo de 20255.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada al momento de proferir
la sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico por haberse efectuado una
indebida valoración probatoria, ya que en la parte considerativa de la sentencia
acusada no se hizo referencia al formato de radicación de la solicitud de cesantías
presentado por el actor, aun cuando constituía prueba idónea y directa para
demostrar el momento exacto en que el docente acudió ante la autoridad
departamental y, en lugar de ello, otorgó pleno valor probatorio al contenido del acto

5 Índice 13 proceso radicado 05001-33-33-035-2023-00402-00/01.

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de reconocimiento de la prestación económica en el que se indicó que esta gestión
se llevó a cabo hasta el 24 de noviembre de 2021.

En línea con lo analizado refirió que la sentencia controvertida omitió efectuar un
análisis acucioso del formato de radicación de las cesantías para dejar claras las
razones por las cuales consideraba que la información allí registrada no resultaba
fiable para la resolución de la litis, siendo más exigente esta carga argumentativa
en consideración que el extremo pasivo de entrada no controvirtió su autenticidad
en el curso de la actuación judicial, por el contrario, tanto el Departamento de
Antioquia como la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG, en la etapa de
contestación, aceptaron los hechos expuestos en la demanda, siendo ese el
escenario procesal oportuno para aportar las pruebas destinadas a desvirtuar las
presentadas por la parte actora.

Afirmó que, si el tribunal accionado hubiere efectuado un examen riguroso de lo
analizado, se habría percatado que la prueba desestimada corresponde a una
constancia oficial dirigida a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación del
Departamento de Antioquia para el trámite de solicitudes relacionadas con
prestaciones económicas del personal docente.

En el caso particular, dicho documento fue diligenciado por el señor Anderson
Mauricio Padilla Castrillón para el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales,
consignando sus datos personales básicos con su rúbrica y, en el que, además
figura en su parte superior el sello de radicación que contiene número consecutivo,
fecha y hora, clase de gestión y nombre del funcionario que recibe, acompañado
del emblema institucional del ente territorial; de modo que, todos estos elementos
apreciados en conjunto, permitían inferir razonablemente la recepción de la petición
por parte de la autoridad competente el día 6 de octubre de 2021.

Señaló que, al interior del proceso ordinario no se demostró que la solicitud de
cesantías del señor Padilla Castrillón hubiere sido presentado de manera
incompleta y, que dicha falencia hubiere sido subsanada en la fecha anotada en el
acto administrativo para considerarse que tal información prevalece sobre la del
formato, siendo carga de la parte demandada cuestionar los hechos afirmados en
la demanda y obligación del juez resolver la controversia con fundamento exclusivo
en los hechos debidamente probados dentro del proceso.

Sostuvo que, el estudio efectuado por el Tribunal Administrativo de Antioquia resulta
arbitrario e injustificado, en tanto se fundamenta exclusivamente en la fecha de
radicación consignada en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías
[24 de noviembre de 2021], bajo el argumento de la presunción de legalidad; sin
embargo, omitió considerar que la constancia de radicación de la solicitud también
goza de presunción de autenticidad y veracidad ante la total ausencia de tacha de
falsedad, lo que imponía al juez realizar una valoración ecuánime del acervo
probatorio en aras de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la
prevalencia del derecho sustancial.

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Refirió que, la decisión de privilegiar la fecha contenida en el acto administrativo en
lugar de la registrada en la reclamación administrativa vulnera el principio de
igualdad procesal, ya que se le niega al docente el derecho a que sus pruebas sean
valoradas bajo las mismas condiciones que las emitidas por la entidad pública,
generando una presunción de veracidad a favor de la administración sin justificación
razonada; además de constituir una violación al principio de la buena fe que debe
primar en las actuaciones de los particulares frente al Estado.

Precisó que, la inadecuada apreciación de las pruebas por parte del tribunal
transgrede el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que su
materialización no se agota en la posibilidad de acceder formalmente al proceso,
sino que comprende el derecho a una resolución justa, motivada y fundada en una
adecuada valoración de los elementos de juicio.

Aseveró que, conforme a las pruebas allegadas al proceso ordinario, se logró
demostrar que la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías se radicó ante
la autoridad correspondiente el 6 de octubre de 2021, como se dejó ilustrado en el
documento aportado, lo que significa que la constancia de radicación allegada
constituye una prueba idónea para acreditar la fecha de presentación de su solicitud,
en tanto se trata de una constancia oficial expedida en el mismo momento de su
radicación, lo que le otorga validez y credibilidad, pues refleja de manera objetiva y
verificable la actuación administrativa inicial del solicitante; máxime cuando su
contenido no fue tachado ni desvirtuado en el proceso, lo que reafirma su idoneidad
como prueba determinante para establecer el hecho relevante.

Por último refirió que, en casos de connotaciones idénticas como el aquí analizado,
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 5 de diciembre de 2024
dentro del trámite constitucional identificado bajo el radicado 11001-03-15-000-
2024-05939-00, estimó procedente el amparo del derecho fundamental al debido
proceso por encontrar configurado el defecto fáctico alegado, situación que de igual
forma ocurrió en la providencia dictada por la misma Sección el 6 de febrero de 2025
dentro del proceso radicado 11001-03-15-000-2024-06039-00/01.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 10 de septiembre 2025, el magistrado ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad6, como autoridad
judicial accionada.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín7, a la Nación,
Ministerio Nacional de Educación8, al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio9 y al departamento de Antioquia10.

6 Notificación realizada a: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Notificación realizada a: adm35med@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Notificación realizada a: notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
9 Notificación realizada a: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co
10 Notificación realizada a: notificacionesjudiciales@antioquia.gov.co

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín.

Allegó escrito en el que remitió copia íntegra del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-33-33-035-2023-
00402-00, sin pronunciarse frente a los hechos que dieron lugar a la presente
acción, y respecto de los cuáles se predica la vulneración a los derechos
fundamentales del accionante.

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

Manifestó que el presente mecanismo se torna improcedente, toda vez que se
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica, y un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional.

Así mismo, refirió que en el caso sub examine no se cumplen ninguno de los
presupuestos establecidos en la sentencia C-590 de 2005, con relación a la
procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial, los cuáles fueron
reiterados en la sentencia SU-128 de 2001.

Por consiguiente, solicitó se declare improcedente el mecanismo de la referencia, y
se ordene su desvinculación del presente asunto.

1.6.3. Departamento de Antioquia

Refirió que, con relación a la mora en el pago de las cesantías, la Secretaría de
Educación de dicha entidad cumplió con los tiempos para expedir el acto
administrativo que reconoció el pago de cesantías parciales para reparación de
vivienda del actor.

Refirió que, conforme a las normas que regulan la materia, dicha entidad solo será
responsable de pagar la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos
eventos en los que el pago extemporáneo de la prestación se generó como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o
entrega de la solicitud de pago al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Manifestó que, en el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, no
encontró que la parte demandante acreditara mora en el trámite de las cesantías
parciales solicitadas y que le fuera imputable a la Secretaría de Educación de
Antioquia, por lo cual, determinó no imponer condena a la entidad, providencia que

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goza del principio de cosa juzgada, y frente a la cual no procede el presente
mecanismo constitucional.

Acorde con lo expuesto, solicitó que se declare la falta legitimación en la causa por
pasiva, al no tener injerencia en los fundamentos de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

1.6.4. Fiduprevisora S. A. quien actúa en calidad de vocera y administradora
de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG

Refirió que la acción formulada no cumple con los requisitos establecidos por la
jurisprudencia para su procedencia, además de señalar que la misma carece de
legitimación en la causa para soportar las pretensiones elevadas por el actor, razón
por la cual, considera de debe ordenar su desvinculación del presente trámite.

1.6.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, pese
a estar debidamente notificado del presente trámite, guardó silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 20
de octubre de 2025, negó el amparo solicitado por el accionante, al considerar que,
contrario a lo sostenido por el señor Anderson Mauricio, la autoridad judicial
accionada sí realizó un estudio integral y sistemático de las pruebas allegadas al
proceso y, particularmente, del formulario de radicación de solicitud de cesantías,
con base en lo cual determinó que la solicitud quedó debidamente radicada el 24 de
noviembre de 2021, tal y como se advirtió en la Resolución No. 2021060130728 del
2 de diciembre de 2021, la cual, gozaba de plena presunción de legalidad por no
haberse presentado recurso alguno contra esta.

Señaló que, de la revisión de la sentencia acusada, se logró corroborar que el
análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo de Antioquia fue
razonable y, en consecuencia, no se estima que hubiere incurrido en un error
manifiesto u omitido la valoración probatoria que predica el actor.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a través de los elementos de prueba aportados,
la autoridad judicial accionada concluyó que, si bien obraba constancia de que se
radicó la solicitud el 6 de octubre de 2021, lo cierto es que, la fecha que constaba
en la resolución de reconocimiento y pago de cesantías es la que debía tenerse en
cuenta para el conteo de términos de la sanción moratoria; interpretación que se
inscribe dentro del margen de independencia del juez natural, sin que pueda tildarse
de arbitraria o irrazonable, pues, solo hasta ese día se pudo contar con la
documentación completa requerida para dar trámite a la solicitud.

Por lo expuesto, concluyó que en el asunto debatido no se configuró el defecto
fáctico alegado y, por ende, no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso
del tutelante.

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1.8. Impugnación

La parte actora allegó escrito en el que reiteró de manera íntegra los argumentos
esgrimidos en el escrito de amparo, y como consecuencia, solicitó que se revoque
la decisión adoptada en la sentencia impugnada, y, en su lugar, se amparen los
derechos fundamentales invocados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el señor
Anderson Mauricio Padilla Castrillón, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de
1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

De la revisión de la sentencia impugnada se advierte que la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, pese haber resuelto las solicitudes de
desvinculación presentadas por el departamento de Antioquia y la Fiduprevisora
S.A., omitió pronunciarse con relación a la petición elevada por la Nación, Ministerio
de Educación Nacional en tal sentido, por considerar que carece de legitimación en
la causa para soportar las pretensiones elevadas por el actor.

Por lo anterior y, una vez revisados los argumentos expuestos en la solicitud,
considera la Sala que en el caso sub examine no hay lugar a acceder a lo
peticionado, comoquiera que la vinculación al proceso obedeció a que fungió como
demandada dentro del trámite ordinario que ahora se cuestiona.

2.3. Problema jurídico

Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por el actor,
y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma,
modifica o revoca la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B el 20 de octubre de 2025. Para lo cual, se deberán abordar los
siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, vulneró
los derechos fundamentales del actor, con ocasión de la sentencia dictada
en segunda instancia el 12 de marzo de 2025, al interior del medio de control

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de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 05001-
33-33-035-2023-00402-00/01.?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial; y iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 11
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará improcedente la acción
constitucional ante la falta de relevancia constitucional, puesto que no cumple con

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandante: Anderson Mauricio Padilla Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Oralidad
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las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202214.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal15 (Énfasis de la
Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional17.

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.

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Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21. (Resaltado de
la Sala)

2.6. Caso concreto

Como se señaló de manera previa, la parte actora cuestionó la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad el 12 de marzo
de 2025, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 05001-33-33-035-2023-00402-00/01, que revocó el fallo
dictado en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín el 27 de septiembre de 2024, para en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, al considerar que a través de la misma se incurrió en los defectos, fáctico
y desconocimiento del precedente.

Respecto al defecto fáctico, manifestó que la autoridad judicial accionada realizó
una indebida valoración del material probatorio allegado al proceso ordinario, toda
vez que tomó como fecha de presentación de la solicitud del reconocimiento y pago
de las cesantías parciales reclamadas por el actor, la consignada en la Resolución
2021060130728 del 2 de diciembre de 2021, y no la indicada en la constancia de
radicación allegada, sin que se hubiere justificado de manera adecuada por qué se
le dio mayor valor probatorio a la primera de las pruebas mencionadas, como
tampoco realizó un análisis profundo de los elementos obrantes en el proceso para
llegar a dicha postura.

En relación con lo analizado, y de acuerdo con lo consignado en la sentencia
acusada, se advierte que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Oralidad consideró probado que el actor presentó su solicitud de reconocimiento y

18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.

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pago de la referida prestación el 24 de noviembre de 2021, tal y como se indicó en
la Resolución No. 2021060130728 del 2 de diciembre de 2021 de la misma
anualidad, toda vez que dicho acto se encontraba ejecutoriado, por no haberse
presentado recursos en su contra y gozaba de presunción de legalidad.

Con base en ello, el a quem en la sentencia censurada arribó a la siguiente
conclusión:

Teniendo en cuenta lo anterior, el término de 15 días hábiles con que contaba la
entidad territorial para expedir y notificar el acto administrativo de reconocimiento
fenecían el 16 de diciembre de 2021, advirtiéndose que el Departamento de Antioquia
expidió la resolución No. 2021060130728 el 2 de diciembre de 2021, esto es, en
tiempo; además, en dicha fecha el interesado tuvo conocimiento del contenido del
acto administrativo, pues así se afirma en el hecho octavo de la demanda, razón por
la cual, de conformidad con los criterios temporales esbozados por el H. Consejo de
Estado en la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 2018 citada, los 45 días hábiles con
que contaba el FOMAG para el pago de las cesantías contaban pasados 10 días de
ejecutoria del acto, teniendo en cuenta que no se demostró que el demandante
hubiese renunciado a términos.

Así las cosas, resulta evidente que lo pretendido por el actor, es que se reabra el
debate ordinario y se realice nuevamente un análisis sobre la fecha en la cual debe
tenerse por presentada la solicitud de reconocimiento y pago parcial de las
cesantías. Esto, con el fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, sin
que la controversia planteada gire en torno al amparo de un derecho o garantía de
rango fundamental.

Por tanto, la Sala no contempla un argumento sólido que demuestre, de entrada, la
vulneración de garantías constitucionales que permitan superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial;
ello comoquiera, que pretende reabrir un debate legal ya zanjado en el proceso de
ordinario por el juez natural de la causa.

Desde el ámbito argumentativo, los reparos expuestos tanto en el escrito
introductorio como en la impugnación, pese a hacer una enunciación de garantías
y hacer un uso de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia
razones de peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime
cuando no se evidencia prima facie la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Por tanto, se hace notorio que el actor busca imponer su criterio, el cual estima más
acertado, sobre el del operador judicial, lo cual revela un desconcierto respecto al
sentido de la decisión. En este orden de ideas, se advierte que la administración de
justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e
independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es
procedente cuestionarlas vía acción de tutela.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-573 de 2019, fue enfática en señalar que la sanción moratoria «no

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reviste trascendencia constitucional, pues la inconformidad de los tutelantes se
restringe al pago de un derecho patrimonial - accesorio a las cesantías - que no
representa prima facie una amenaza directa o indirecta de los derechos
fundamentales a la seguridad social, igualdad, seguridad jurídica y debido
proceso.»

Así mismo, se hace menester reiterar que el juez constitucional no está instituido
como órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso
de los procesos, los cuales se adelantaron de conformidad con las etapas que para
tal efecto estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una
deformación de la acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

Ahora bien, respecto del desconocimiento del precedente judicial, advierte la
Sala que dicho cargo tampoco supera el requisito general de relevancia
constitucional, pues si bien el actor fue enfático en señalar que, frente a casos de
connotaciones idénticas como el aquí analizado, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en sentencia del 5 de diciembre de 2024 dentro del trámite constitucional
identificado bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-05939-00, estimó procedente
el amparo del derecho fundamental al debido proceso por encontrar configurado el
defecto fáctico alegado, situación que de igual forma ocurrió en la providencia
dictada por la misma Sección el 6 de febrero de 2025 dentro del proceso radicado
11001-03-15-000-2024-06039-01; se observa que se trata de fallos de tutela, cuyos
efectos son inter partes, y por lo cual, no constituyen precedente para el tribunal
accionado.

Al respecto, es necesario tener presente que esta Sección en reiterados
pronunciamientos22 ha explicado que el concepto de precedente hace referencia a
la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido
específico, sin que en el sub examine se evidencie el cumplimiento de dicha regla
por parte del tutelante.

Conforme a lo analizado, la Sala concluye que la discusión planteada en la acción
constitucional con relación a los defectos fáctico y desconocimiento del precedente,
no superó el requisito de relevancia constitucional, por lo que se modificará el
numeral primero de la decisión adoptada por la Sección Tercera, Subsección B de
esta colegiatura mediante sentencia del 20 de octubre de 2025, a través de la cual
se negó el amparo solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia del
presente mecanismo.

De igual forma, y teniendo en cuenta el análisis efectuado de manera previa con
relación a la falta de pronunciamiento frente a la solicitud de desvinculación elevada
por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, se modificará el numeral segundo
del fallo impugnado, en el sentido de incluir lo decidido mediante el presente
proveído.

22 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 6

de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida
el 20 de octubre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, el cual quedará así:

«PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
presentada por el señor Anderson Mauricio Padilla Castrillón, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, al no superar
el requisito general de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
departamento de Antioquia, la Fiduprevisora S.A., y la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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