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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01733-00

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01733-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Leonardo José Mestre Socarrás en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01733-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

28 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01733-00
Accionantes: Leonardo José Mestre Socarrás
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01733-00
Accionantes: Leonardo José Mestre Socarrás
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medios de control de reparación
directa y de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2: revocatoria directa
de actos administrativos. Subtema 3: defectos procedimental absoluto y sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
interpuesta por el señor Leonardo José Mestre Socarrás en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Leonardo José Mestre Socarrás presentó acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y de
los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del expediente identificado con el radicado
núm. 20001-33-33-002-2021-00001-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. El señor Leonardo José Mestre Socarrás fue elegido concejal del municipio de
Valledupar y en ejercicio de sus funciones, junto con la mayoría del Concejo Municipal
de Valledupar, eligieron al señor Omar Javier Contreras Socarrás como contralor de
esa municipalidad.

3. Mediante sentencia del 19 de julio de 2018, se declaró la nulidad de la elección del
señor Contreras Socarrás y con posterioridad la Procuraduría Regional del Cesar inició
investigación en contra del señor Mestre Socarrás por haber elegido contralor a una
persona inhabilitada para el ejercicio de sus funciones. Dicha investigación culminó

1

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con los fallos del 18 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 mediante los cuales
se le destituyó e inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por 12 años.

4. Contra las decisiones de nulidad electoral, el señor Omar Contreras interpuso
acción de tutela ante esta corporación judicial para dejarlas sin efectos. No obstante,
tanto en primera como en segunda instancia se negó el amparo.

5. Posteriormente, la Corte Constitucional seleccionó para su revisión los fallos
emitidos por el Consejo de Estado en el anterior trámite de tutela y, mediante sentencia
SU-566 de 2019, concedió el amparo invocado y dejó sin efectos las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad electoral.

6. Por lo expuesto, el señor Leonardo Mestre y los demás concejales solicitaron la
revocatoria directa de los fallos disciplinarios emitidos en primera y segunda instancia,
solicitud a la que accedió la Procuraduría General de la Nación el 1 de enero de 2020;
de forma paralela, el accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual retiró el 19 de agosto de 2020.

7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Procuraduría General de la Nación, para que se le
reconociera una indemnización al demandante como consecuencia de los actos
sancionatorios proferidos en su contra. En primera instancia el Juzgado Segundo
Administrativo de Valledupar accedió a las pretensiones en sentencia del 19 de
diciembre de 2022.

8. Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar, en fallo del 24 de
octubre de 2024, la revocó, adecuó el trámite al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y declaró la caducidad.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. El señor Leonardo José Mestre Socarrás solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

Primera. AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad de trato jurídico, a la
seguridad jurídica, a la confianza legítima, al debido proceso que fueron violados
por el Tribunal Administrativo del Cesar al proferir la Sentencia de segunda instancia del
24 de octubre de 2024, en el que se REVOCÓ la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, de fecha 19 de diciembre de
2022, y, en su lugar, DECLÁRASE la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la parte actora, conforme a las razones
expuestas en esta providencia.
Segunda. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del 24 de octubre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de
reparación directa dentro del radicado 20001-33-33-002-2021-00001-00[.]
Tercera. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar proferir, dentro del término de
10 días, una nueva sentencia de segunda instancia en la que sí: (i) apliquen los
precedentes horizontales y en la materia (ii) y en consecuencia decida de fondo la acción
de reparación directa que formulé contra la Procuraduría General de la Nación, esto es,
para que aplique la tesis jurisprudencial que permite ejercer la acción de reparación
directa para reclamar perjuicios derivados de un acto administrativo particular que, por
ilegal, es revocado por la propia administración1.

1 Se transcribe incluso con errores de texto.

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10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la sentencia
atacada incurrió en los defectos procedimental absoluto y sustantivo por
desconocimiento del precedente, al no fallar bajo el medio de control de reparación
directa y adecuarlo a un medio de control que según el accionante no era procedente
toda vez que no existían actos administrativos para someter a control de legalidad.

11. Asimismo, indicó que la jurisprudencia aplicada al caso no era la vigente al
momento de los hechos y que no era similar a los supuestos de hecho de su proceso,
razón por la cual se debió optar por la interpretación más favorable, esta es, la
interposición de la demanda dos años después de la revocatoria directa.

2.3. Trámite procesal

El despacho ponente, mediante auto del 27 de marzo de 20252, admitió la solicitud de
amparo; vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar, a la Procuraduría General de la Nación y a los demandantes, demandados
y terceros vinculados en el proceso de reparación directa con radicado núm. 20-001-
33-33-002-2021-00001-00/01; requirió a las autoridades de primera y segunda
instancia para que aportaran, en medio digital, el expediente ordinario; y tuvo como
pruebas los documentos adjuntados con la demanda de tutela.

2.4. Intervención

12. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se negaran las pretensiones de
la demanda por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados,
o, en su defecto, que se declarara improcedente la acción de tutela al no demostrarse
la violación directa de la Constitución Política3.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo del
Cesar.

3.2. Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa por activa del señor Leonardo José Mestre Socarrás
se encuentra acreditada, porque fue la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 24 de octubre
de 2024 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró
fueron vulnerados.

2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01733-00, índice 4, certificado F3C4C690355A56CD
FCED76987D75CD74 9FDA62763D3D3D32 AD1FB5D901A31F17.
3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-01733-00, índice 9, certificado 0B48930D3A051455
BCF953949D2250F5 4AA24F8AE4AC3EAA 22AFE3FB5B080E29.

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15. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar, porque fue la autoridad que profirió la sentencia del 24 de
octubre de 2024, que, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

16. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado4 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional5.

17.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes aspectos:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

18. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales6 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

19. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución7.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

20. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
7 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia8.

21. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos procedimental absoluto y sustantivo por
desconocimiento del precedente expuestos en el escrito de tutela, prosperaría la
pretensión de amparo de ordenarle al tribunal accionado que emita una nueva
sentencia en la que se acceda al reconocimiento de una indemnización por los
perjuicios ocasionados con los fallos disciplinarios. En este escenario estarían
afectados los derechos fundamentales del tutelante, en particular, el debido proceso,
para cuyo amparo acudió a esta acción constitucional.

22. Respecto de los cargos atinentes a los defectos procedimental absoluto y
sustantivo por desconocimiento del precedente, el accionante no cuenta con otros
mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

23. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia del 24 de
octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar fue notificada el 28
de octubre siguiente y el escrito de tutela se presentó el 21 de marzo de 2025, esto es,
dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional9 y
del Consejo de Estado10 como razonable.

24. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos exponen una posible irregularidad procedimental consistente
en la indebida adecuación del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho al de reparación directa, lo cual, de encontrarse configurada, tendría
incidencia directa en la decisión de la sentencia del 24 de octubre de 2024. Finalmente,
la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.

25. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos planteados por la parte tutelante.

3.5. Problema jurídico

26. La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y los principios de seguridad jurídica

8 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
9 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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y confianza legítima del señor Leonardo José Mestre Socarrás. En concreto, deberá
determinar si la autoridad accionada incurrió, en la sentencia del 24 de octubre de
2024, en los defectos procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del
precedente.

3.5.1 Defecto procedimental – reiteración jurisprudencial

27. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.

28. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo de
los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de las
partes constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional nominó como defecto procedimental.

29. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales»11.

30. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido; o (iii) no realiza el debate probatorio»12.

31.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno de su derecho a la defensa y a la contradicción.

32. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:

(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta
la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulnerador de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo
con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea
atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior, se
presente una vulneración a los derechos fundamentales13.
11 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-008 de 2019 y T-367 de 2018.
12 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.

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3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

33. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.

34. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha considerado que el precedente se define
como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

35. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia
a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por
el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»15.

36. Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o
colegiado no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias. Su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena fe,
seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad16, lo cual no impide que los jueces,
según el asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara,
suficiente y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.

37. Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las
altas cortes o de los tribunales.

38. En este orden, toda decisión adoptada por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que se dirija a resolver una controversia originada en similares
circunstancias fácticas y jurídicas al asunto sometido a consideración del juez debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»17, salvo si existan razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.

39.Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional18 ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia en virtud de la cual
una autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa

14 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
16 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.

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del criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el
respeto del precedente.

40. Por ello, la Corte Constitucional19 permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso
de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.6. Caso concreto

41. El señor Leonardo José Mestre Socarrás presentó demanda de reparación directa
con la pretensión de que el juez declarara administrativa y patrimonialmente
responsable a la Procuraduría General de la Nación por los perjuicios morales, lucro
cesante y daño emergente causados al actor con los fallos que lo sancionaron y la
posterior revocatoria de estos.

42. El Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, en sentencia del 19 de
diciembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. En segunda instancia,
el Tribunal Administrativo del Cesar revocó dicha decisión el 24 de octubre de 2024 y,
en su lugar, adecuó el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y declaró la caducidad del mismo.

43. Ahora bien, el tutelante, en el escrito de amparo, consideró que el Tribunal
Administrativo del Cesar vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima porque, en primer
lugar, dio trámite de nulidad y restablecimiento del derecho a un proceso de reparación
directa y, en segundo lugar, aplicó jurisprudencia que no estaba vigente al momento
de la ocurrencia de los hechos y que consideró no era aplicable.

44. En concreto, manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto por una indebida escogencia del medio control y por el conteo
de la caducidad, pues utilizó razones formales y alejadas de la realidad procesal al
desconocer la posibilidad de que fueran reparados perjuicios ocasionados por la
revocatoria directa de unos actos. Agregó que incurrió en desconocimiento del
precedente al aplicar la jurisprudencia dispuesta en el proceso núm. 25000-23-36-000-
2015-02954-01, pues lo que se estudió en este caso es diferente al asunto que se
analizó en esa oportunidad.

45. Pues bien, de lo expuesto, es preciso advertir que los cargos de la tutela, lejos de
exponer la posible configuración de los defectos procedimental absoluto y sustantivo
por desconocimiento del precedente, realmente se dirigen a cuestionar la
interpretación realizada por el juez conforme a los supuestos fácticos del caso y a la
jurisprudencia vigente al momento de emitir sentencia.

19 Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013.

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46. A la anterior conclusión es posible llegar si se tiene en cuenta que, si bien se
manifestó que el medio de control de reparación directa era el adecuado para solicitar
el pago de los perjuicios, el ad quem, luego de evaluar todas las actuaciones realizadas
por los demandantes, concluyó que el medio de control correcto era el de nulidad y
restablecimiento del derecho en razón a que se pretendía la indemnización de un daño
causado por un acto administrativo que impuso una sanción disciplinaria. Así, se
atacan las interpretaciones del juez sin indicar por qué son caprichosas o contrarias a
la Ley.

47. En este punto es importante resaltar que la parte actora presentó, de manera
simultánea, la solicitud de revocatoria directa de los fallos disciplinarios y el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho a sabiendas de que la prosperidad
de la primera excluía cualquier restablecimiento del derecho ocasionado por los actos
a revocarse.

48. En ese orden, el accionante no podía pretender el reconocimiento de daños
ocasionados por los fallos sancionatorios, pese a que, como efectivamente sucedió en
su caso, se accedió a su petición de revocatoria directa, actuación que dejó sin
sustento la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa y que
obligó a la parte actora a retirar dicha demanda.

49. Entonces, no es admisible que, para lograr subsanar dicho error, se presente un
nuevo medio de control para revivir términos judiciales cuando ya se habían agotado
los mecanismos pertinentes para controvertir los actos administrativos dentro del
proceso disciplinario. En consecuencia, no resulta procedente que el accionante
procurara utilizar el medio constitucional de tutela para presentar inconformidades con
lo resuelto por los jueces naturales e insistir en una solución favorable a sus intereses,
con desconocimiento de los fundamentos que, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, sustentaron la decisión que adecuó el trámite y declaró la
caducidad del medio de control.

50. En todo caso, contrario a lo afirmado por el accionante, el Tribunal Administrativo
del Cesar dejó en claro, con el precedente judicial más reciente y vigente al momento
de proferir sentencia, esto es, la sentencia emitida el 1 de noviembre de 2023 dentro
del expediente núm. 25000-23-36-000-2015-02954-01, que la postura de las
providencias que abordaron la escogencia del medio de control y el término de
caducidad, que fueron proferidas en el año 2009 y con anterioridad, no eran
vinculantes ni constituían sentencias de unificación.

51. Luego de analizar lo dispuesto por el precedente que se mencionó, hizo un estudio
sobre el medio de control de reparación directa y concluyó que no era procedente por
las siguientes razones:

Como se advierte, el escenario que rodea el presente estudio sobre la procedencia
excepcional del medio de control de reparación directa, para solicitar el reconocimiento de
perjuicios que se derivaron de la revocatoria directa de los fallos disciplinarios, es aquella
según el cual, para que pueda ser admisible este medio de control, es necesario que la
decisión de revocatoria, cuando es a solicitud del interesado, se profiera por razones
distintas a los argumentos normativos o jurisprudenciales invocados por el petente, evento

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Accionantes: Leonardo José Mestre Socarrás
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar

que como se observa, no ocurre en esta oportunidad, en la medida en que el Procurador
General de la Nación decidió excluir del mundo jurídico los fallos sancionatorios,
admitiendo los fundamentos que fueron formulados por quien inicialmente promovió el
trámite de revocación directa, eventualidad que lógicamente establece como medio de
control procedente, el de nulidad y restablecimiento del derecho.

En virtud de lo anterior, para esta Sala de Decisión, no es admisible que la parte
demandante pretenda en sede de reparación directa, la indemnización de un daño
causado por un acto administrativo que impuso una sanción disciplinaria, con sustento en
una carga argumentativa que, bien pudo ser puesta de presente a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, vía judicial que al tenor del precedente
jurisprudencial, también le habilitaba la oportunidad de procurar la satisfacción de las
mismas pretensiones indemnizatorias que ha planteado en este proceso contencioso.

52. De igual forma, hizo un estudio del conteo del término de caducidad en los casos
en los que es el demandante quien advierte las falencias del acto administrativo y
solicita su revocatoria, lo que para el caso del señor Mestre Socarrás aplicó como se
muestra a continuación:

Se acota, que dado a que el Ministerio Público acogió los argumentos incoados por el
solicitante de la revocatoria, ello permite establecer que el actor pudo tener conocimiento
del daño desde el mismo momento de la notificación del acto disciplinario que le causó el
menoscabo, sin necesidad de tener que esperar que a través de la revocatoria se aclarara
esta situación. En suma, en el presente asunto, para esta Colegiatura se presentó una
indebida escogencia del medio de control.

53. Una vez analizó todos estos aspectos, adecuó el medio de control en debida forma
al de nulidad y restablecimiento del derecho, y estableció que se configuró la
caducidad, pues se interpuso fuera del término de 4 meses. Al respecto advirtió que:

En el presente caso, el acto administrativo de carácter disciplinario de segunda instancia,
el cual se aduce causó el daño que reclama el actor, cobró ejecutoria el día 23 de octubre
de 2019, por lo tanto, los 4 meses para interponer el medio de control se cumplieron hasta
el 24 de febrero de 2020, no obstante, las pruebas que militan en el plenario comprueban
que para cuando se presentó la solicitud de conciliación prejudicial para suspender el
fenómeno jurídico, esto es el 26 de octubre de 202013, ya la caducidad había ocurrido,
por ende, también cuando se impetró la demanda, el 14 de diciembre de 2020.

54. Pues bien, de lo expuesto, esta Sala considera que el Tribunal Administrativo del
Cesar, lejos de incurrir en los defectos alegados, estudió las actuaciones surtidas por
la parte actora, las pretensiones, las pruebas del proceso y los actos administrativos
aportados con la demanda y, bajo un análisis ajustado a derecho, adecuó el medio de
control ejercido. De igual forma, tuvo en cuenta el precedente judicial aplicable para el
caso concreto, vigente al momento de proferir sentencia de segunda instancia.

IV. CONCLUSIONES

55. En consecuencia, la Sala negará la solicitud de amparo, en la medida en que el
Tribunal Administrativo del Cesar no incurrió en los defectos procedimental absoluto ni
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y, por lo tanto, no vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, y los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima invocados por el tutelante.

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Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Leonardo José Mestre Socarrás en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a
través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

AC/SEJV

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