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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02954-01

Fecha
1 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02954-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales. SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, DECLÁRASE la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la parte actora, conforme a las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02954-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

1 de noviembre de 2023

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185)
Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., primero (01) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185).
Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín, Andrés Felipe Fonseca
Carrillo y María Ingrid Aurora Albarracín de Fonseca.
Demandada: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de
Integración Social
Referencia: Medio de control de reparación directa.

Tema 1. Responsabilidad del Estado por acto administrativo revocado por la Administración.
Subtema 1.1. Escogencia del medio de control - procedencia excepcional del medio de control de
reparación directa contra actos administrativos. Subtema 1.2. Revocación directa a solicitud de parte
o de oficio. Subtema 1.3. Adecuación al medio de control procedente – caducidad del medio de
control.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS

Luis Yeferson Fonseca Albarracín ingresó a laborar en la Secretaría Distrital de
Integración Social de la Alcaldía de Bogotá. Con motivo de unas ausencias en su
trabajo, la mencionada entidad promovió proceso administrativo en contra del
servidor público en mención, que concluyó con una resolución del 9 de julio de 2010,
en la que se decretó la vacancia del empleo que estaba desempeñando el señor
Fonseca Albarracín, por abandono del cargo. En sede de reposición, esta decisión
fue confirmada. Por los anteriores sucesos, la citada Secretaría inició investigación
disciplinaria al señor Fonseca Albarracín, que culminó, el 20 de diciembre de 2010,
con la imposición de una sanción en su contra. Por solicitud del sancionado, la
Procuraduría General de la Nación, el 12 de agosto de 2013, revocó la aludida
sanción disciplinaria. La parte actora demanda al Estado, porque considera que las
decisiones de la Secretaría le produjeron un daño, consistente en el hecho de que
el señor Fonseca Albarracín no pueda sufragar los gastos del tratamiento médico
que requiere su hijo, Andrés Felipe Fonseca Carrillo, y de su manutención.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1

Luis Yeferson Fonseca Albarracín, Andrés Felipe Fonseca Carrillo y María
Ingrid Aurora Albarracín de Fonseca, el 15 de diciembre de 2015, presentaron

1 Demanda. Folios 1 a 31, cuaderno 1.

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185)
Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con la
pretensión de que esta Jurisdicción declare que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
– Secretaría Distrital de Integración Social es administrativamente responsable
del daño antijurídico que le fue causado, como consecuencia de estos actos
administrativos emitidos por la aludida secretaría: i) Resolución número 0834 del 9
de julio de 2010, en la que declaró la vacancia del cargo que venía desempeñando
en la entidad el señor Fonseca Albarracín; y ii) Fallo proferido el 20 de diciembre de
2010, en el que se impuso una sanción disciplinaria al señor Fonseca Albarracín.
Los demandantes también requirieron, como medida cautelar, la suspensión de los
efectos que provienen de las anteriores decisiones administrativas.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. La controversia fue repartida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, que, el 1° de febrero de 20162, inadmitió la
demanda, con el objeto de que la parte actora subsanara unas deficiencias del
escrito presentado, so pena de rechazo. En concreto, el Tribunal estimó que los
demandantes no discriminaron el monto de cada uno de los perjuicios por los cuales
deprecaba una indemnización, como tampoco cada rubro que integra la solicitud de
perjuicios materiales. También planteó la necesidad de adecuación de las
pretensiones de la demanda, al tener en cuenta que ya había operado la caducidad
del medio de control de reparación directa, respecto de las súplicas relativas a la
decisión administrativa de declarar la vacancia en el cargo que venía
desempeñando el señor Fonseca Albarracín. Destacó que las pretensiones
“relativas a los perjuicios que se ocasionaron en virtud de lo resuelto en el
procedimiento disciplinario tienen aún vigencia”3.

2.2.2. La parte demandante radicó escrito de subsanación de la demanda el 15
de febrero de 2016. En aquel documento, modificó solo el acápite de “pretensiones”,
en el sentido de precisar que sus súplicas estaban encaminadas a pedir que esta
Jurisdicción declarara que el demandado era administrativamente responsable del
daño sufrido únicamente como consecuencia “de la imposición de la sanción
[impuesta al señor Fonseca Albarracín] consistente en destitución e
inhabilidad general por el término de trece (13) años, como resultado del
proceso disciplinario que dicha entidad adelantó en su contra con flagrante violación
de los principios de dignidad, seguridad social, debido proceso y de defensa” 4
(Negrilla fuera del texto). Asimismo, que, en consecuencia de lo anterior, se
condene al demandado a cancelar: i) por concepto de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, el monto de $414.354.362 a favor de Luis Yeferson
Albarracín “correspondientes a los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir por el trabajador desde el momento de la separación del cargo hasta
la fecha de la ejecutoria de la sentencia que resuelva la presente
controversia”5 (Negrilla fuera del texto); y ii) por concepto “de indemnización por
daño inmaterial en la modalidad de alteración grave en las condiciones de
existencia”, la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(smlmv) a favor de cada uno de los demandantes6.

2 Auto inadmisión de la demanda. Folios 35 a 40, cuaderno 1.
3 Ibid. Folio 38, cuaderno 1.
4 Pretensiones primera, tercera, quinta y séptima. Escrito de subsanación de la demanda. Folios 43 a 45,
cuaderno1.
5 Pretensión segunda. Escrito de subsanación de la demanda. Folio 44, cuaderno 1.
6 Pretensiones cuarta, sexta y octava. Escrito de subsanación de la demanda. Folios 44 y 45, cuaderno 1.

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Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

2.2.3. Admitida la demanda7, notificado el auto admisorio y corridos los traslados
que ordena la ley8, la demandada presentó escrito de contestación a la
demanda9, en el que se opuso a las pretensiones de los demandantes y propuso
como excepciones: i) “Garantía de los fines esenciales del estado y buena fe”, toda
vez que había actuado en cumplimiento de los principios constitucionales y en favor
de garantizar la óptima prestación del servicio a las localidades del Distrito; ii)
“Legalidad de las resoluciones 0834 del 9 de julio de 2010 y 1013 del 25 de agosto
de 2010”, por cuanto la actuación administrativa se adelantó conforme a los
preceptos contenidos en los Decretos 101 de 2004 y 1950 de 1973, y con respeto
a los derechos fundamentales; y iii) “declaratoria de otras excepciones”, para el
evento en que el juez administrativo determinara la configuración de cualquier otra
excepción.

2.2.4. El Tribunal, el 7 de junio de 201610, negó la solicitud de medidas cautelares
formulada en la demanda. Luego, celebró audiencia inicial el 24 de enero de
201711, en la que: i) declaró saneado el proceso, por no encontrar alguna
irregularidad en su trámite; ii) no encontró configurada alguna excepción previa; iii)
agotó el trámite conciliatorio respectivo, que se declaró fallido por falta de ánimo
conciliatorio; iv) decretó las pruebas allegadas por la parte demandante; y v) fijó el
objeto del litigio así:

“¿Establecer si el señor LUIS YEFERSON FONSECA ALBARRACIN se encontraba
en el deber jurídico de soportar la sanción disciplinaria impuesta mediante el fallo
No V-30? || Y, en el evento de que se determine que el señor FONSECA
ALBARRACÍN no tenía el aludido deber legal de soportar dicha situación, ¿Hay lugar
a la reparación de los perjuicios materiales y morales que alega la parte actora haber
sufrido en razón de la sanción?”12.

2.2.5. En el trámite de la audiencia inicial, y con fundamento en los artículos 179 y
181 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal decidió prescindir de las audiencias de
práctica de pruebas13, por no haber solicitud en ese sentido14; y de alegatos y
juzgamiento, por su falta de pertinencia. En consecuencia, corrió traslado15 a las
partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera concepto de fondo de la controversia, como en efecto así ocurrió 16.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
profirió sentencia el 22 de febrero de 2017, en la que negó las pretensiones de la
demanda17.

El juez de primera instancia consideró que en este caso era procedente el medio
de control de reparación directa, comoquiera que los demandantes pretendían
que se declarara administrativamente responsable al demandado “por los perjuicios

7 Auto admisorio de la demanda. Folios 66 a 70, cuaderno 1.
8 Diligencias de notificación. Folios 73 a 79, cuaderno 1.
9 Contestación a la demanda. Folios 87 a 91, cuaderno 1.
10 Auto que resolvió la solicitud de medidas cautelares. Folios 95 a 101, cuaderno 1.
11 Acta de audiencia inicial. Folios 174 a 179, cuaderno 1.
12 Ibid. Folio 176, cuaderno 1.
13 Ibid. Folio 235, cuaderno 1.
14 Ibid. Folio 178, cuaderno 1.
15 Ibid. Folios 178 y 179, cuaderno 1.
16 Alegatos de conclusión de la parte demandante en primera instancia. Folios 180 a 188, cuaderno 1. Alegatos

de conclusión de la demandada en primera instancia. Folios 200 a 205, cuaderno 1. Concepto del Ministerio
Público en primera instancia. Folios 189 a 199, cuaderno 1.
17 Sentencia de primera instancia. Folios 207 a 224, cuaderno principal.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185)
Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

ocasionados, supuestamente, al señor Luis Yeferson Fonseca Albarracín y a su
familia en razón de fallo en materia disciplinaria dictado frente al primero”18. Luego,
estimó la presentación oportuna de la demanda, al tener en cuenta que la parte
demandante, a partir del momento en que le fue notificada la resolución que decretó
la revocación directa del fallo disciplinario proferido en contra del señor Fonseca
Albarracín, fue que se percató de la ilegalidad de la medida, y, por ende, conoció el
daño antijurídico que tuvo que sufrir.

Por otro lado, tras hacer una distinción entre el procedimiento administrativo y el
disciplinario, que se surtieron en contra del señor Fonseca Albarracín, el Tribunal
indicó que estos trámites, por su naturaleza y propósito disímil, no pueden
concebirse como lo entiende la parte actora, esto es, como una unidad causante de
un mismo daño. Precisado lo anterior, sostuvo que la órbita del daño objeto de
estudio debe girar únicamente en torno a la sanción disciplinaria que le fue
impuesta al señor Fonseca Albarracín. Indicó que lo anterior tenía sustento,
primero, en el hecho de que así fue que se definió en la audiencia inicial, y, segundo,
en que la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba el actor,
debió ser controvertida a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Luego, encontró el carácter cierto del daño invocado en la demanda, a partir del
entendimiento de que la sanción disciplinaria le produjo un menoscabo a la parte
demandante, al punto que transgredió sus derechos al debido proceso y a la
defensa. Ahora, determinó que la parte actora padeció un daño que estaba en el
deber jurídico de soportarlo, es decir, que no era antijurídico, por el hecho de que
el señor Fonseca Albarracín haya dejado prescribir las oportunidades legales que
el ordenamiento jurídico tenía establecidas para controvertir la decisión de carácter
disciplinario.

Finalmente, aclaró, en todo caso, que la indemnización de perjuicios deprecada en
la demanda no estaba llamada a prosperar, por las siguientes razones: i) la única
forma para acceder a la condena por concepto de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante, como lo pretende la parte actora, era presentar una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto que declaró
la vacancia del cargo del señor Fonseca Albarracín, porque es a partir de esa
decisión administrativa que los emolumentos, salarios y demás conceptos dejaron
de ingresar al patrimonio del demandante; ii) como la parte actora no acreditó una
afectación a la integridad psicofísica de cada uno de sus integrantes, no procede el
reconocimiento de una indemnización por concepto a “la alteración grave en las
condiciones de existencia”; y iii) tampoco es válido reconocer una condena por
concepto de perjuicios morales, si no fueron pedidos en la demanda.

2.4. El recurso de apelación

La parte demandante expuso los siguientes cargos en contra de la sentencia de
primera instancia19:

2.4.1. No tiene explicación que el juez de primera instancia “declare improcedente
una reparación directa respecto del acto administrativo revocado” 20, y, en su lugar,
“enderece el análisis sobre los actos administrativos que se ocuparon de la situación
administr

18 Ibid. Folio 212, cuaderno principal.
19 Recurso de apelación. Folios 232 a 241, cuaderno principal.
20 Ibid. Folio 233, cuaderno principal.

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Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

2.4.2. El medio de control de reparación directa es la vía judicial procedente en este
caso, por cuanto la revocación directa tenía como fundamento la vulneración de los
derechos del señor Fonseca Albarracín al debido proceso, a la dignidad y a la
seguridad social; y en vista de que la decisión del Ministerio Público, el superior
funcional de la oficina de asuntos disciplinarios de la Secretaría de Integración
Social, sacó “del mundo jurídico” el acto disciplinario de primera instancia.

2.4.3. El daño objeto de las pretensiones indemnizatorias es cierto, antijurídico y lo
padece de manera personal la parte demandante.

2.4.4. La decisión de la Procuraduría General de la Nación revela la manera en la
que la administración distrital transgredió el derecho del señor Fonseca Albarracín
al debido proceso, por no haber decretado ni practicado pruebas de oficio y no haber
permitido que el disciplinado rindiera descargos.

2.4.5. El Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 1998 (exp. 13685),
indicó que la acción de reparación directa es el mecanismo judicial procedente, si el
acto administrativo, que produjo el daño, “ha desaparecido del ordenamiento
jurídico en virtud de la aplicación del instituto de la revocatoria directa” 21, dado que
la lesión persiste en el administrado, quien no pierde su derecho a pedir la
reparación del menoscabo que le ha ocasionado un agente del Estado.

2.4.6. La reparación directa también procede en este caso, porque subsiste el
perjuicio que produjo la Administración con la sanción disciplinaria que le impuso el
señor Fonseca Albarracín, al desconocer los derechos del administrado al debido
proceso, a la dignidad humana y la seguridad social.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

El Magistrado Sustanciador de esta Subsección, el 7 de febrero de 201822, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; y, en providencia del
14 de marzo de 201823, corrió traslado a las partes para que formularan sus
alegaciones conclusivas y al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, en los que reiteró los
cargos expuestos en su recurso de apelación. La demandada, en sus
alegaciones24, solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia, bajo estas
consideraciones: i) al señor Fonseca Albarracín se le brindó la oportunidad de
ejercer su derecho a la defensa, durante el trámite de los procedimientos
administrativos y disciplinarios adelantados en su contra; ii) el afectado abandonó
de manera consciente su cargo; y iii) los perjuicios deprecados en la demanda no
están acreditados en este proceso.

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes
Corrales, emitió concepto el 4 de mayo de 201825, en el sentido de requerir a esta
Corporación que confirme el fallo de primera instancia. Indicó que la parte
demandante no demostró que el daño objeto de sus pretensiones indemnizatorias
fuera el resultado del procedimiento disciplinario adelantado en contra del señor

21 Ibid. Folio 238, cuaderno principal.
22 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 254, cuaderno principal.
23 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 257, cuaderno principal.
24 Alegatos de conclusión. Folios 269 a 274, cuaderno principal.
25 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia. Folios 275 a 280, cuaderno principal.

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Fonseca Albarracín. Precisó que, en este caso, la fuente del daño proviene de actos
frente a los cuales no es procedente el medio de control de reparación directa.

2.6. El 12 de octubre de 202326, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó
estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en el proceso
en calidad de agente del Ministerio Público. Con el fin de resolver el impedimento,
el doctor Yepes Corrales se retiró del recinto para que los demás integrantes de la
Sala decidieran de conformidad, luego de lo cual, aquellos encontraron fundada la
manifestación de impedimento y aceptaron la solicitud del doctor Yepes de
separarse del asunto.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 27-28— el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del CGP.

Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”29.

3.2. Precisado lo anterior, es relevante aclarar que en este caso es cierto que la
parte accionante, en su escrito de corrección de la demanda, modificó el acápite de
sus pretensiones declarativas, en el sentido de indicar que la fuente del daño se
encontraba únicamente en el acto administrativo que impuso una sanción
disciplinaria al señor Fonseca Albarracín, y que así lo entendió el juez de primera
instancia al momento de fijar el objeto del litigio en la audiencia inicial. Sin embargo,
el acápite de pretensiones condenatorias se mantuvo incólume, a tal punto que allí
se solicita la condena en perjuicios por lucro cesante desde el momento en que se
declaró la vacancia del cargo30, lo que denota una ambigüedad en la demanda que,

26 Índice 0031 SAMAI, Certificado 6A47E5878763E03E F1AC04EBD272F280 6070E2EF79F92AE3
E7A624DA90D65142
27 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original).
28 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de

2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
30 “La sanción consistente en declaratoria de abandono de cargo y destitución e inhabilidad por trece años

impuesta por la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a LUIS
YEFERSON FONSECA ALBARRACIN con desconocimiento de los principios del debido proceso, no solo
quebrantan la dignidad humana del accionante sino también la de su hijo menor especial, toda vez que con
dicha decisión el petente se ve impedido para proveer a este menor los tratamiento médicos exigidos por
su condición de autismo y retardo global, los medicamentos que requiere de manera inexorable para
paliar su grave estado psicomotriz y su respectiva manutención, colocando al infante en grave deterioro

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Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

se supera tanto, con la fijación del litigio que quedó circunscrita al acto administrativo
disciplinario, así como con el primero de los reproches de la apelación, en el cual
los demandantes expresan que lo que ellos protestan está referido únicamente a el
acto administrativo que se produjo dentro de la actuación disciplinaria y, por ende,
consideran impertinente que se analice el acto administrativo que declaró la
vacancia. Por ser así, la Sala prescinde de estudiar lo atinente a esta última decisión
administrativa y, todo el debate se concentrará en el acto revocado.

3.3. En ese sentido, la Sala, para efectos de garantizar el principio de congruencia
que debe girar en torno a las decisiones judiciales, adelantará el estudio de los
presupuestos procesales y, de ser el caso, el juicio de responsabilidad estatal, bajo
el entendimiento de que la parte demandante acude a esta jurisdicción con el objeto
de plantear que la Administración le produjo un daño con ocasión del
proferimiento de una decisión administrativa emitida en el marco de un proceso
disciplinario. Por lo anterior, y en atención a los argumentos que sirvieron de
fundamento para la sentencia de primera instancia y a los cargos que plantea el
recurrente en su escrito de apelación, corresponde verificar si esta Corporación es
competente para conocer esta controversia, y, luego, resolver el siguiente problema
jurídico, atinente al presupuesto procesal de la debida escogencia del medio de
control:

¿Es la reparación directa el medio de control procedente para solicitar la
indemnización del daño que ha sido causado por el acto administrativo emitido por la
Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, en el que impuso una
sanción disciplinaria a este último, aunque, posteriormente, fue revocado por la
Procuraduría General de la Nación?

3.4. En caso de que sea afirmativa la respuesta al anterior interrogante, y estén
acreditados los demás presupuestos para proferir sentencia de mérito (ejercicio
oportuno del medio de control y legitimación en la causa), esta Subsección se
pronunciará sobre este problema jurídico:

¿La parte actora demostró que el mencionado acto administrativo le produjo un daño
antijurídico?

3.5. En el evento en que esté satisfecho el anterior presupuesto que integra el juicio
de responsabilidad del Estado, esta Colegiatura adelantará el correspondiente
examen de imputación del daño y, si es el caso, verificará la configuración y el
monto de los perjuicios deprecados en la demanda, con fundamento en las
reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas en esa materia.

3.6. Ahora, es necesario precisar que las manifestaciones de inconformidad que
haya mencionado la parte actora en su demanda, y que tampoco fueron objeto de
modificación en el escrito de corrección a la demanda, respecto de unos supuestos
pronunciamientos (porque no están acreditados en el proceso) que haya efectuado
la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá el 23 de febrero, el 11
de marzo y el 11 de abril de 201531, no harán parte del análisis de esta controversia,
por no haber sido incluidas esas manifestaciones como fuente del daño al cual
deprecan los demandantes una indemnización de perjuicios.

IV. CONSIDERACIONES

de su dignidad humana, poniendo en riesgo su salud y su vida”. (Negrilla fuera del texto). Demanda. Folio 25,
cuaderno 1.
31 Demanda. Ver folios 12 a 15, cuaderno 1.

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Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

4.1. Hechos probados relevantes para la solución de los problemas jurídicos

Conforme a las pruebas documentales allegadas al expediente por los
demandantes, y que no fueron controvertidas por la contraparte que las aportó, en
el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos:

4.1.1. Luis Yeferson Fonseca Albarracín, el 8 de enero de 2003, ingresó a
laborar como servidor público en la Secretaría de Integración Social de la
Alcaldía de Bogotá D.C. Para el año 2010, el señor Fonseca Albarracín se
desempeñaba en el cargo de Profesional Universitario Código 219 Grado 07 en la
Subdirección Local para la Gestión Integral de la entidad32.

4.1.2. El servidor público en cuestión, luego de su periodo vacacional, debía
reintegrarse a sus labores el 26 de enero de 2010, pero lo hizo el 28 de enero
siguiente. Asimismo, dejó de asistir a laborar los días 2 y 3 de marzo de la misma
anualidad. Finalmente, no concurrió a su trabajo entre el 9 y 22 de marzo de 2010 33.

4.1.3. Con motivo de las anteriores ausencias, la Secretaría de Integración Social
de la Alcaldía de Bogotá D.C., por medio de la Resolución número 0834 del 9 de
julio de 201034, decretó la vacancia del empleo que venía desempeñando el señor
Fonseca Albarracín en la entidad, por configurarse la circunstancia de abandono del
cargo. Esta decisión fue confirmada en sede de reposición el 25 de agosto de
201035.

4.1.4. Por los anteriores acontecimientos, la oficina de asuntos disciplinarios de
la referida secretaría distrital inició un procedimiento disciplinario en contra del
señor Fonseca Albarracín, el cual concluyó con el Fallo No. V-30 emitido por esa
misma oficina el 20 de diciembre de 201036, en el que impuso una sanción en contra
del disciplinado, consistente en destitución e inhabilidad general por el término de
13 años, al encontrarlo culpable de abandonar en repetidas ocasiones su cargo, sin
justa causa. Esa decisión le fue notificada el 12 de enero de 201137.

4.1.5. El 16 de marzo de 201138, El señor Fonseca Albarracín solicitó, ante la
Procuraduría General de la Nación, la revocación directa del acto administrativo
que le impuso una sanción disciplinaria, con sustento en los siguientes cargos:

“1. Que la actuación preliminar se encuentra viciada al presentarse una acumulación
irregular de conductas y que esas acumulaciones son procedentes solo al momento
de la evaluación preliminar y que esta evaluación se realizó tres (3) meses después
de vencido el término. || 2. Que el operador disciplinario falló bajo la óptica de la
responsabilidad objetiva porque valoró la norma pero no tuvo en cuenta la dignidad
humana del disciplinable y la de su hijo, porque para esas fechas aquel no tenía con
quien dejar a su menor hijo quien sufre de autismo, porque su señora madre se
encontraba por esos días cuidando de una hermana enferma y así lo expuso en su
versión libre, lo cual no fue atendido en el fallo como explicación y que para el 9 de
marzo de 2010, cuando le dijeron que su hijo tenía una enfermedad irreversible, el
implicado entró en una gran depresión que le impidió ir a laborar, lo cual tampoco
fue tenido en cuenta ni se le ordenó practicar ningún examen para corroborar su

32 Fallo No. V-30 del 20 de diciembre de 2010. Folio 19, cuaderno de pruebas.
33 Fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Folio 34, cuaderno de pruebas.
34 Resolución número 0834 del 9 de julio de 2010. Folios 1 a 7, cuaderno de pruebas.
35 Resolución número 1013 del 25 de agosto de 2010 emitida por la Secretaría de Integración Social de la

Alcaldía de Bogotá D.C. Folios 8 a 14, cuaderno de pruebas.
36 Fallo No. V-30 del 20 de diciembre de 2010. Folios 15 a 32, cuaderno de pruebas.
37 Ibid. Folio 32, cuaderno de pruebas.
38 Sentencia de primera instancia. Folio 208, cuaderno principal.

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dicho. || 3. Que el ente investigador no valoró la prueba de manera integral, viendo
tanto lo favorable como lo desfavorable, al no ordenársele un examen psicológico,
por lo que se le violó su defensa material y el debido proceso al no presumirse su
inocencia. || 4. Que su conducta carece de antijuricidad material porque actuó bajo
la causal de fuerza mayor y que además actuó sin dolo ni culpa, y || 5. Que no hubo
defensa técnica porque el abogado nombrado de oficio se limitó a realizar una
ritualidad y porque no presentó recurso de apelación”39.

4.1.6. En respuesta a la mentada petición de revocación directa, la Procuraduría
General de la Nación, el 12 de agosto de 201340, revocó el fallo dictado el 20 de
diciembre de 2010 por la oficina de asuntos disciplinarios de la Secretaría de
Integración Social de la Alcaldía de Bogotá D.C., y, en su lugar, absolvió “de toda
culpa” al señor Fonseca Albarracín. Como sustento de su decisión, la
Procuraduría, coligió que la defensa técnica del peticionario se limitó a realizar “una
ritualidad procesal, sin haber hecho el más mínimo esfuerzo por profundizar en el
asunto encomendado”41, lo que constituía una violación del derecho a la defensa
del disciplinado. Luego, encontró que la Secretaría vulneró los derechos del señor
Fonseca Albarracín a la dignidad humana y al debido proceso, en el momento en
que omitió el decreto y la práctica oficiosa de los medios de prueba que resultaban
eficaces para determinar si la justificación presentada por el procesado, en cuanto
a las ausencias en su trabajo, se ajustaban a la verdad real o no. Frente a esto,
además, destacó que, si bien el apoderado del solicitante no pidió pruebas, “la
defensa material si había hecho referencia a ellas en sus intervenciones verbales y
escritas, por lo que el funcionario instructor estaba obligado a decretarlas y
practicarlas”42. Finalmente, se abstuvo de pronunciarse respecto de los cargos
restantes de la solicitud de revocación directa, bajo la consideración de que lo ya
analizado era suficiente para responder al pedimento del señor Fonseca Albarracín.

4.2. Sobre los presupuestos procesales

4.2.1. Competencia

La Sala conoce el caso objeto de estudio, habida consideración de la competencia
que le asiste para ello, por tratarse de un proceso con vocación de segunda
instancia43 y que supera la cuantía de la demanda exigida en el artículo 157 de la
Ley 1437 de 201144.

4.2.2. La debida escogencia del medio de control

La jurisprudencia consolidada de esta Corporación, al interpretar la normativa
rectora de las acciones contencioso administrativas, ha entendido que “(…) la
fuente del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos
que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para
la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para

39 Fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Folio 33, cuaderno de pruebas.
40 Ibid. Folios 33 a 39, cuaderno de pruebas.
41 Ibid. Folio 36, cuaderno de pruebas.
42 Ibid. Folio 37, cuaderno de pruebas.
43 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012 “El Consejo de

Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”.
44 Artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. “Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los

siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”. La sociedad demandante solicita el reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de
lucro cesante, tasados en $414.354.362. Escrito de corrección de demanda. Folio 44, cuaderno 1. El SMLMV,
para el año 2015, está tasado en $644.350.

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hacerlas valer por la vía jurisdiccional”45. En ese sentido, quien pretenda el
resarcimiento de daños causados por la administración, o el restablecimiento de
derechos vulnerados por ésta, no puede escoger a su libre arbitrio o
discrecionalidad el medio de control que ha de poner en ejercicio para el
efecto, puesto que son normas de orden público y de imperativo cumplimiento las
que establecen el criterio que rige el asunto46.

Esta Colegiatura, como regla general, ha indicado que, si la causa del daño reside
en la ilegalidad de una decisión de la administración (un acto administrativo) que
crea, modifica o extingue una relación jurídica particular y concreta, la acción
contencioso administrativa o el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho. Pero, también que, si la fuente del daño radica en
un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación de un
inmueble, entonces la vía judicial pertinente es el medio de control de reparación
directa47.

4.2.2.1. Como ya se mencionó, la parte demandante ha venido a esta jurisdicción
con la pretensión de que se profiera sentencia de condena a cargo de la
demandada, para efectos de que haya una reparación de los daños sufridos con
ocasión del acto administrativo que, por parte de la Secretaría de Integración
Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, impuso una sanción disciplinaria a Luis
Yeferson Fonseca Albarracín, y que, a la postre, fue revocado por la
Procuraduría General de la Nación.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en los últimos años48, ha identificado,
entre otros, un escenario de excepción, en el que la parte interesada puede hacer
uso de la acción o el medio de control de reparación directa, para obtener la
indemnización del daño que proviene de un acto administrativo de contenido
particular. Se trata de aquellos eventos en que la decisión contenida en el acto
administrativo haya sido revocada por la Administración, dentro del plazo que tenía
el afectado para formular la acción o el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (4 meses siguientes a la notificación del acto que
produjo el daño).

El fundamento para condicionar la revocación del acto al plazo de que dispone el
administrado para acudir en nulidad y restablecimiento del derecho, es que, de no
ser así, se iría en contravía de la disposición según la cual, la petición de revocación
directa de un acto y la decisión que sobre ella recaiga no pueden revivir los términos
legales para el ejercicio de los medios de control o las acciones contenciosas
administrativas. De manera que, si la decisión de revocación se da por fuera de ese
término, el asunto irremediablemente sigue la pauta general, esto es, la de la
procedencia de la nulidad y restablecimiento del derecho como el medio connatural
para tal reclamación y, por contera, se enerva toda posibilidad excepcional de acudir
en reparación directa. En otras palabras, en tales eventos, el afectado no puede
acudir al medio de control de reparación directa para obtener el resarcimiento del
45 Negrilla fuera del texto. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 26758.

Asimismo, ver, entre otras, las sentencias de 7 de junio de 2007, exp. 16474; del 19 de julio de 2007, exp.
30905; y del 31 de agosto de 2005, exp. 29511.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 1997, exp. 12432. Consejo de Estado,

Sección Tercera, 7 de junio de 2007, exp. 16474; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 3 de abril
de 2013, exp. 26437; exp. 43758; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, 21 de marzo de 2018, exp.
29352 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 29 de marzo de 2019, exp. 42961.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, fallo del 4 de junio de 2019, exp. 43758; y Subsección

A, sentencia del 16 de julio de 2021, exp. 50146.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 16 de julio de 2021, exp. 51390, y del 27

de agosto 2020, exp. 55650; Subsección B, sentencia del 1° de marzo de 2023, exp. 52133; y Subsección C,
fallos del 11 de julio de 2022, exp. 55222; y del 13 de septiembre de 2021, exp. 55608.

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daño originado en el acto ilegal que fue revocado, porque lo único que podría
inferirse de su actitud omisiva es que pretende habilitar el término que dejó caducar,
para sacar provecho de su propia negligencia49.

Esta Subsección ha venido acompañando esta regla jurídica excepcional, que fue
inaugurada en las sentencias proferidas por la Sección Tercera el 13 de mayo de
2009 (expedientes números 27422 y 15652). En esa oportunidad, se supeditó la
procedencia de la acción de reparación directa a que la revocación del acto se diera
dentro del mismo plazo que se tiene para demandar en nulidad y restablecimiento
del derecho. Es decir, se le impuso una cota temporal a la posibilidad excepcional
de gestionar el reclamo por daños provenientes de actos revocados a través de la
reparación directa.

Igualmente, en algunas de sus providencias50 esta Subsección ha considerado que
el anterior criterio proviene de un sentido de “unificación” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por el hecho de que las mentadas sentencias ─27422 y 15652─
fueron proferidas en el año 2009 por el pleno de la Sección Tercera. Sin embargo,
valga aclarar que los fallos del año 2009, que han servido de soporte para apuntalar
ese entendimiento de la regla de excepción, aunque constituyen un antecedente
relevante para el estudio del presupuesto de la escogencia del medio de control en
cuanto a actos administrativos revocados atañe, en realidad, no son propiamente
sentencias de unificación. Sobre estas providencias, es importante comprender que
el hecho de que hayan sido dictadas por el pleno de la Sección Tercera de esta
Corporación, obedeció, en su momento, a la estructura orgánica que
primigeniamente tenía la Sección Tercera, en la que estaba conformada como una
sala unitaria. Así, las aludidas sentencias del 2009 se profirieron con anterioridad
al periodo en que esta Sección distribuyó su funcionamiento en tres Subsecciones
─año 201051─ y, en esa medida, no suponen, de facto, que los efectos de esas
decisiones estén encaminados a unificar un criterio, o siquiera, a ser objeto de
control judicial a través de mecanismos como el de extensión de jurisprudencia o el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, a tal punto que, por ejemplo,
en el inventario de sentencias de unificación que aparecen en las publicaciones del
Consejo de Estado52, las precitadas sentencias no se registran como de ese talante.

De igual modo debe advertirse que la imposición de una cota temporal a la
revocación para que proceda la regla excepcional que considera adecuada la
reparación directa en esos eventos, no ofrece una respuesta que satisfaga todas
las aristas que el acceso a la administración de justicia plantea en el escenario de
la reparación de daños, puesto que al hacer valer el argumento formal de que la
revocación debe darse dentro de los cuatro meses porque ese es el término que se
tendría para demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, se pierde de vista
el hecho de que el acto a demandar desaparece por una ilegalidad que no siempre
ni en todos los casos está al tanto de ser advertida o conocida previamente por el
demandante.

De ahí, que una alternativa más armónica con el ordenamiento jurídico y con los
contenidos sustantivos del acceso a la administración de justicia, que posibilite
operativizar la procedencia excepcional de la reparación directa por daños
causados con actos administrativos revocados, necesariamente debe tomar en

49 Ibid.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 11 de julio de 2022, exp. 55222; 13 de

septiembre de 2021, exp. 55608; 16 de diciembre de 2020, exp. 56815; y 29 de abril de 2020, exp. 52853.
51 Acuerdo 140 del 23 de noviembre de 2010 del Consejo de Estado.
52 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil y Ministerio de Justicia y del Derecho (2014). Las

Sentencias de Unificación Jurisprudencial y el mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia.

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consideración, antes que la fijación de un plazo, la fuente de postulación que da
lugar a la revocación directa del acto administrativo propulsor del daño. Desde
luego, jurídicamente no puede tener las mismas consecuencias si la revocación
parte de la circunstancia en que la Administración decide dejar sin efecto una de
sus decisiones en el ordenamiento jurídico, por su propia determinación (de oficio),
a que si a la revocación se llega porque el afectado hizo uso de aquella posibilidad
en sede administrativa (petición de parte), pues, cuando la administración actúa
de forma oficiosa para corregir sus yerros, puede ocurrir que solo hasta ese
momento el afectado se percate de las razones de ilegalidad, entonces, imponerle
en tales circunstancias la obligación anticipativa en el sentido de que debía
impugnar la legalidad del acto, o las consecuencias de no haberlo hecho dentro del
tiempo que se tenía para ello, resulta lesivo de la oportunidad para acceder a la
justicia por un daño que hasta ese momento pudo conocer.

En cambio, si la revocación se produce a solicitud de parte, significa ello que el
administrado estaba al tanto de las razones de ilegalidad y, en lugar de demandar
en nulidad y restablecimiento del derecho como corresponde, optó por la vía de la
solicitud de revocatoria, trámite que, si bien satisface las pretensiones de lesividad,
no está procesalmente diseñado para procurar directa o indirectamente fines
resarcitorios. Por consiguiente, con independencia del momento en que se decida
la revocación ─dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto, o por
fuera de este término─, cuando es a solicitud de parte, no hay una razón
jurídicamente avenible para considerar que el administrado pueda acudir en
reparación directa, porque permitírselo, implicaría trasgredir la regla según la cual,
el medio de control no está al arbitrio de la escogencia del demandante.

De hecho, en relación con la revocación directa promovida a solicitud de parte,
es válido afirmar que permitir la procedencia excepcional del medio de control de
reparación directa respecto de daños que provienen de actos administrativos
revocados, en los términos que lo ha definido la jurisprudencia ─que aquella ocurra
dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto─, supone soslayar el
fundamento normativo que define el encuadramiento del tipo de fuente de daño con
el medio control procedente, y, por consiguiente, desconoce la regla general según
la cual, la causa del menoscabo patrimonial es la que determina cuál es la acción
contenciosa adecuada a unas pretensiones. Esto, por cuanto la escogencia del
medio de control ya no se somete a la génesis de la lesión causada al administrado,
sino al actuar temporal de la Administración, en el momento en que resuelve la
solicitud de revocación directa, que, sin tener la limitación de absolver aquella
petición en el plazo para presentar la nulidad y restablecimiento del derecho (artículo
125 de la Ley 734 de 200253 y título V del Decreto 01 de 1984), tiene a su disposición
la posibilidad de definir si el afectado por sus decisiones, puede hacer uso del medio
de control de reparación directa, o termina incurriendo en un inoportuno ejercicio del
mecanismo judicial que, por naturaleza, es el que corresponde, esto es, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, al punto que resulte cercenada la
oportunidad de procurar algún pedimento de carácter indemnizatorio.

Todo lo anterior, en consecuencia, trae consigo la desnaturalización del aludido
presupuesto procesal, al desligarlo del cumplimiento de normas de orden público y,
al contrario, restringirlo al arbitrio de quien precisamente podría estar causando un

53 “(…) La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro de los tres meses siguientes

a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el cual la actuación se remitirá
inmediatamente al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General
de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de un mes
designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación, resolverá
el Viceprocurador”.

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menoscabo patrimonial al administrado, lo que genera un desbalance injustificado
en la relación entre este último y el Estado. De ahí que se considere, que más allá
de supeditar la procedencia excepcional de la reparación directa al momento en que
se decida la revocación, lo verdaderamente determinante es evitar que, o bien que
el administrado pretenda la reviviscencia de términos y oportunidades procesales
que dejó atrás cuando optó por un trámite administrativo que no era idóneo para
cobijar todas sus pretensiones ─de lesividad y de resarcimiento─, o bien que la
administración determine, a partir del momento en que decide la revocación, la
suerte del daño que ella misma haya podido causar y, esto se logra, no desde un
tópico temporal, sino desde un criterio que tome en cuenta la fuente de postulación
que da lugar a la revocación.

Debe recordarse que la naturaleza jurídica del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho parte del evento en que el afectado conoce el daño
que le ha causado el Estado e identifica la necesidad de que haya una reparación
a dicho menoscabo, a través de un proceso judicial, desde el momento en que la
propia Administración le ha comunicado su decisión, contenida en un acto
administrativo, que se supone produce una lesión en sus intereses patrimoniales.
Asimismo, que quien vea afectado su patrimonio por cuenta de un acto
administrativo, tiene a su disposición, además del citado medio de control, una
opción de carácter administrativo en la que, aunque no contempla la posibilidad de
obtener la indemnización de perjuicios que se hubieran configurado, si ofrece una
expectativa de que la decisión, por su ilegalidad o inconstitucionalidad, pueda no
continuar produciendo efectos, al ser retirada del ordenamiento jurídico.

Lo anterior resulta relevante porque pone de presente otra dificultad vinculada con
la procedencia excepcional del medio de control de reparación directa, para casos
como el que es objeto de estudio y de la manera en que lo ha establecido la
jurisprudencia, y es que no resulta comprensible que a una persona que conoce el
daño que le ha causado un acto administrativo, se le habilite una oportunidad
adicional, no prevista en la ley, para deprecar en sede de reparación directa unas
pretensiones indemnizatorias, a las cuales, previamente, ya se había declinado al
momento de optar por el trámite administrativo de la revocación directa, en lugar del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como vía judicial
pertinente para ello. Esto, porque de antemano el administrado conoce que si opta
por el instrumento que le ofrece la vía administrativa ─revocación directa─ en ese
escenario no tienen cabida las pretensiones resarcitorias, mientras que si lo que
pretende es enervar la legalidad del acto y, a la vez, reclamar los perjuicios que
haya podido causarle, el medio judicial de nulidad y restablecimiento del derecho es
el idóneo para esos propósitos porque para ello fue concebido.

De hecho, como el caso objeto de estudio aborda el análisis de un daño cuya causa
reside en un acto administrativo emitido en el trámite de un proceso disciplinario,
resulta relevante indicar que el Código Único Disciplinario vigente para la época de
los hechos, en su artículo 125, plantea la posibilidad de que el afectado por la
decisión disciplinaria, de manera concomitante, pueda formular la solicitud de
revocación directa y la demanda de nulidad de restablecimiento del derecho,
siempre que de esta última opción, no se haya proferido un fallo definitivo; o, incluso
si ya hay una sentencia de mérito, que pueda presentar una petición revocatoria
“por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional”54; lo que pone de
presente esa viabilidad de agotar ese escenario judicial de la nulidad y
54 “La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el sancionado haya acudido a

la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se
hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la
decisión jurisdiccional”.

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restablecimiento del derecho y de la revocación directa, sin necesidad de
interpretaciones jurisprudenciales que revivan oportunidades legales ya fenecidas
para abordar el estudio de este tipo de causas litigiosas, como así lo ordena el
artículo 127 del mentado código55.

Esto último también se enlaza con una problemática adicional que presenta ese
aludido escenario excepcional como hasta ahora lo ha entendido la jurisprudencia,
y es que aquel desnaturaliza las condiciones de acreditación del presupuesto
procesal, que alude al ejercicio oportuno del medio de control, por cuanto pasa por
alto la regla general, y de orden legal, según la cual el cómputo del plazo para
presentar la demanda, ya sea de nulidad y restablecimiento del derecho o de
reparación directa, debe iniciar desde el momento en que ocurrió o se tuvo
conocimiento de la circunstancia (sea un acto administrativo, una ocupación de
bien inmueble, una omisión o una operación administrativa, entre otros) que le
causó un daño. Esto, debido a que plantea un supuesto en el que el sujeto
interesado, pese a que la Administración ya le notificó el acto administrativo y le
puso de presente el alcance del daño que le ha causado, únicamente puede tener
certeza de la lesión que le fue irrogada, a partir del pronunciamiento de la autoridad
que resuelva la petición de revocación directa; lo que no encuentra justificación,
pues si el demandante ya tiene certidumbre del agravio y entiende que ello merece
una indemnización, no es menester la intervención de terceros que confirmen lo que
ya es conocido, para activar el aparato jurisdiccional, porque así no lo preceptúa la
norma, en ninguno de los dos medios de control mencionados.

Todo lo anterior, entonces, conduce a una exploración de escenarios jurídicos que
le den plena realización a la referida regla excepcional, y que impidan la
instrumentalización de aquella para soslayar la vía adecuada y la debida
oportunidad para presentar reclamaciones que, desde un inicio, debieron ser
orientadas a rebatir la legalidad del acto administrativo, lo cual ocurre normalmente
en aquellas revocaciones directas a solicitud de parte, en las cuales haya una
coincidencia entre los cargos que fundamentan la solicitud de revocación y la
decisión misma de revocar el acto administrativo, porque no puede quedar el
presupuesto procesal de la escogencia del medio de control supeditado al proceder
o arbitrio de la autoridad que posiblemente está causando el daño, si la ley no lo ha
establecido de esa manera y, además, es claro que con la notificación del acto
administrativo, que supuestamente causó una lesión patrimonial, se entiende que
el afectado ya tiene conocimiento del daño que ha sufrido, y del medio de control
que puede inicialmente responder a cualquier interés indemnizatorio que se pueda
tener ante tal circunstancia, sin necesidad de un pronunciamiento ex post de un
tercero o autoridad.

En todo caso, un escenario de procedencia excepcional del medio de control de
reparación directa, frente a daños originados en la expedición de actos
administrativos que posteriormente han sido revocados por la propia administración,
y que efectivamente responda a las normas que regulan los presupuestos
procesales de la escogencia del medio de control y del ejercicio oportuno de este,
partiría del supuesto en que la autoridad que emitió el acto, o su superior funcional,
revoca la decisión administrativa con base en motivos distintos a los que fueron
formulados por quien inicialmente promovió el trámite de revocación directa. Lo
anterior, puesto que de tal hipótesis no resulta posible predicar que el actor ya tenía
certeza del daño que le fue causado, con la simple notificación o comunicación del
acto administrativo, si es claro que el agotamiento del trámite administrativo partió

55 “la petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve revivirán los términos legales para el

ejercicio de las acciones contencioso-administrativas”.

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de un convencimiento que no conducía a un alcance concreto de la lesión sufrida,
y al que, entonces, no podría esperarse el uso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por tanto, para estos casos cabría la posibilidad de
acudir en sede de reparación directa, para efectos de deprecar la indemnización del
daño que le fue puesto de presente con el pronunciamiento revocatorio de la
Administración.

En cuanto a la revocación directa provocada por la determinación oficiosa de
la Administración, es relevante comprender que existen tres eventos para que
proceda la decisión revocatoria -independiente de la norma procesal aplicable56: i)
cuando el acto administrativo no esté conforme con el interés público o social, o
atente contra él; ii) cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona;
y iii) cuando la decisión administrativa de manera manifiesta se opone a la
Constitución Política o a la ley. Frente a los dos primeros eventos, cabe decir, en
consonancia con lo anterior, que si el administrado no plantea algún tipo de protesta
al acto administrativo que incide en sus intereses, porque así no lo estimó, pero
luego, la Administración le revela la configuración de alguna de aquellas dos
circunstancias, que genera no solo la necesidad de ser retirado del ordenamiento
jurídico, sino también, si es procedente, de reparar los daños que se hayan causado,
entonces es procedente el medio de control de reparación directa, porque, de
un lado, es el pronunciamiento oficioso del Estado el que pone en conocimiento al
actor de la lesión que ha tenido que soportar y no la notificación del acto anterior a
su revocación; y, del otro, ya no se encuentra vigente un acto administrativo al cual
pudiera exigírsele el agotamiento del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, pero sí persisten los perjuicios que se hubieren producido. Ahora bien,
no ocurre la misma situación, respecto del último de los sucesos en mención (el
de la incompatibilidad legal o constitucional con los actos administrativos), toda vez
que no es menester un pronunciamiento de la administración para que el afectado
identifique un acto administrativo trasgresor del ordenamiento, pues, al tratarse de
decisiones adoptadas de espaldas a la Constitución y la ley, de bulto, resalta su
ilegalidad, la cual puede ser advertida desde su comunicación; por lo que el simple
conocimiento del acto administrativo basta para que acuda al escenario natural de
este tipo de controversias, esto es, el de la nulidad y restablecimiento del derecho,
en el cual es posible deprecar la reparación a que haya lugar.

Precisado lo anterior, como el caso objeto de estudio responde al escenario de un
acto administrativo revocado directamente por el máximo órgano del Ministerio
Público, en el marco de un procedimiento disciplinario y a solicitud de parte, la
Sala procederá a analizar si hubo una indebida escogencia del medio de control
promovido por la parte actora, conforme a los criterios que se han definido para el
primero de los escenarios estudiados, en cuanto a la variable que atiende al
origen de postulación del trámite de revocación directa.

Conforme al acápite de hechos probados en esta providencia, el señor Fonseca
Albarracín solicitó la revocación directa del acto administrativo, en el que la
Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá le impuso una sanción
disciplinaria, porque, en su criterio, esa decisión no se encontraba revestida de
legalidad, en otros motivos, al encontrarse justificada en una indebida valoración de
las pruebas allegadas a la actuación disciplinaria, o desconocer las deficiencias que
tuvo la defensa técnica del disciplinado. En respuesta a esto, la Procuraduría
General de la Nación ordenó la revocación del mentado acto administrativo, toda
vez que consideró plausibles las reclamaciones del peticionario.

56 Artículo 69 del Decreto 01 de 194 y artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185)
Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

La parte demandante promueve el medio de control de reparación directa, al
sostener que la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, con la
expedición del acto administrativo en el que impuso una sanción disciplinaria al
señor Fonseca Albarracín, produjo un daño, por no hacer uso de los medios
probatorios admitidos por la ley o adoptar actuaciones tendientes a buscar la verdad
real de los hechos, es decir, al desconocer el derecho del disciplinado al debido
proceso y las reglas de la sana critica. Todo lo anterior, soportado en la decisión de
la Procuraduría General de la Nación.

Visto lo anterior, para esta Sala es injustificable que la parte demandante pretenda
en sede de reparación directa, la indemnización de un daño causado por un acto
administrativo que impuso una sanción disciplinaria, con sustento en una carga
argumentativa que, sin ninguna limitación pudo ser puesta de presente a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, vía judicial que también
le habilitaba la oportunidad de procurar la satisfacción de las mismas pretensiones
indemnizatorias que ha planteado en este contencioso. Además, el hecho de que
los motivos que fundamentan la formulación de la causa litigiosa, sean los mismos
que acompañaron la petición de revocación directa, demuestra que la parte actora
pudo tener conocimiento del daño, con la notificación del acto causante del
menoscabo, sin necesidad de un tercero que le pudiera aclarar esa situación, como
así lo supone erradamente la parte apelante.

Por los motivos expuestos, resulta válido colegir que se configura la indebida
escogencia que del medio de control hizo la parte accionante, en cuanto al daño
cuya fuente de origen está en el acto administrativo sancionatorio; sin embargo,
con el fin de evitar, en lo posible, una sentencia inhibitoria, esta Subsección
procederá a adecuar la demanda, sin afectar el principio de congruencia, al medio
de control que resulte procedente para dar cauce a las pretensiones, este es, el de
nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 171
de la Ley 1437 de 201157. Y, así las cosas, continuará con el examen de los demás
presupuestos procesales.

4.2.2. Ejercicio oportuno del medio de control

El literal d) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la oportunidad para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a demandar a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, fenece al cabo de los cuatro
meses siguientes al día en que se publique, notifique, comunique o ejecute el acto
administrativo definitivo, según el caso, que pudo causar un daño.

La parte accionante solicitó la celebración de la audiencia de conciliación prejudicial
el veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015)58 y presentó la demanda el
quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015)59, esto es, por fuera de los
cuatro meses siguientes al día en que fue notificado (el doce (12) de enero de dos
mil once (2011)60) el acto administrativo que se supone causó un daño en su
patrimonio.

Por tanto, la Sala revocará la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su

57 “El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque

el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”.
58 Constancia de conciliación prejudicial. Folios 40 y 41, cuaderno de pruebas.
59 Acta de reparto. Folio 33, cuaderno 1.
60 Fallo disciplinario de la Secretaría de Integración Social. Folio 32, cuaderno de pruebas.

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Expediente: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185)
Demandantes: Luis Yeferson Fonseca Albarracín y otros

lugar, declarará la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la parte actora.

V. COSTAS

El concepto de costas procesales está íntimamente relacionado con todos los gastos
o expensas necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza, que se
denominan gastos ordinarios; de igual manera, incluye las agencias en derecho que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento de la parte vencedora en
el litigio. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que “la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”. En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 365
del CGP prevé que “[s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y en atención a que al declararse la
indebida escogencia del medio de control no se está resolviendo de fondo, ni haciendo
algún pronunciamiento de mérito y, por contera, en estricto sentido la demandante no
fue vencida en el proceso, ni el recurso como tal obtuvo decisión desfavorable, la Sala
se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales.

SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia proferida el 22 de febrero de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su
lugar, DECLÁRASE la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por la parte actora, conforme a las razones expuestas en
esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado (E) Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
SJVV

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