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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2025-00180-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2025-00180-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar: 2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Miguel Ángel Mosquera Becerra. En consecuencia: 3. Dejar sin efecto el auto de 4 de septiembre de 2025, confirmado en auto de 24 de septiembre de 2025, proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán dentro del proceso con radicado núm. 2022-00050-00, así como las actuaciones posteriores y, 4. Ordenar al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2025-00180-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de diciembre de 2025

Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de Popayán

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa.
Excepción de inepta demanda. Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 20 de octubre de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cauca,
que resolvió:

«PRIMERO.- NEGAR por improcedente el amparo tutelar de los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y otro, pretendidos por el señor
MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa del presente fallo.

SEGUNDO.-LEVANTAR la medida provisional ordenada en el numeral quinto del auto
interlocutorio No. 246 del 8 de octubre de 2025, proferido dentro de la tutela de la
referencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de octubre de 2025, el señor Miguel Ángel Mosquera Becerra interpuso acción de
tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, y los principios de legalidad y confianza legítima. En
consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales (…) vulnerados al señor MIGUEL
ANGEL MOSQUERA BECERRA, por EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE POPAYAN, al proferir El Auto I – 735 de Cuatro (4) de septiembre de 2025
y el Auto I – 799 de veinticuatro (24) de septiembre de 2025, dictado por la señora Juez
Dra. MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ (…).

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior SE DEJE SIN EFECTOS El Auto I –
735 de Cuatro (4) de septiembre de 2025 y el Auto I – 799 de veinticuatro (24) de
septiembre de 2025, proferido por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE POPAYÁN a través de la señora Juez Dra. MARIA CLAUDIA VARONA
ORTIZ.

TERCERO: Se ORDENE AL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
POPAYAN, a través de su señora Juez Dra. MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ que
profiera Auto Interlocutorio mediante el cual se REVOQUE El Auto I – 735 de Cuatro (4)

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Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

de septiembre de 2025 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la
jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.»

2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Antecedentes administrativos

El señor Miguel Ángel Mosquera Becerra fue incluido en la nómina general de
pensionados del sector público administrada por el Consorcio FOPEP desde enero de
2011.

En febrero de 2020, al intentar realizar el cobro de su mesada pensional, advirtió la
ausencia del depósito en su cuenta bancaria. Al indagar ante el FOPEP, se le informó
que la Registraduría Nacional del Estado Civil había expedido el Registro Civil de
Defunción con serial núm. 5253486, inscrito en la Registraduría Municipal de Popayán
el 14 de febrero de 2020, motivo por el cual su cédula de ciudadanía núm. 10´515.432
figuraba como «cancelada por muerte», por lo que, se le informó que «solo la
Registraduría puede certificar que el señor Miguel Ángel Mosquera está vivo y debe gestionar
nuevamente la vigencia de su cédula».

Como consecuencia, se generó la suspensión del pago de sus mesadas pensionales
y la desafiliación del sistema de seguridad social en salud.

El 2 de marzo de 2020, el señor Mosquera Becerra radicó petición ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil y, ante la falta de respuesta oportuna y la
persistencia de la afectación, interpuso acción de tutela.

Mediante Resolución 3193 del 20 de abril de 2020, la Registraduría Nacional del
Estado Civil procedió de oficio a decretar la revocatoria directa de las resoluciones
que habían cancelado la cédula de ciudadanía del actor por muerte. En consecuencia,
se restableció la vigencia del documento de identidad en el Archivo Nacional de
Identificación (ANI), tras corroborar mediante cotejo dactiloscópico que el ciudadano
no había fallecido.

Del proceso judicial con radicado núm. 2022-00050-00

El 15 de marzo de 2022, Miguel Ángel Mosquera Becerra, en nombre propio y en
representación de su núcleo familiar radicó demanda de reparación directa contra la
Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se declarara la
responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la falla en el servicio
derivada de la cancelación de su cédula de ciudadanía.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la responsabilidad
patrimonial de la entidad demandada y se ordenara el pago de lucro cesante
(correspondiente a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993, generados por el pago tardío de las mesadas pensionales retenidas entre
febrero y junio de 2020), daño emergente (por los préstamos que se vio obligado a
adquirir para su subsistencia durante el bloqueo de sus cuentas y los intereses de
mora cobrados por entidades bancarias sobre créditos vigentes) y perjuicios morales.

El Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, en auto del 7 de julio de 2022,
admitió la demanda de reparación directa. En dicha providencia, el despacho difirió el
estudio sobre la caducidad para una etapa posterior, a la espera de contar con el
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Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

expediente administrativo completo, y ordenó la notificación personal a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

El 4 de septiembre de 2025, la autoridad judicial accionada dictó auto en el que, en
uso de las facultades de saneamiento previstas en el artículo 207 del CPACA, adoptó
las siguientes decisiones:

(i) Modificó el medio de control elegido por el accionante de reparación directa a
nulidad y restablecimiento del derecho, porque la fuente del daño no fue un
hecho u omisión, sino que provenía de un acto administrativo particular,
específicamente, la Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020,
mediante la cual se canceló la cédula del actor.

Al respecto, citó jurisprudencia del Consejo de Estado para sostener que la
excepción que permite demandar en reparación directa actos administrativos
revocados no aplica cuando el ciudadano tuvo conocimiento de la ilegalidad
del acto antes de su revocatoria y no lo demandó en nulidad oportunamente.

(ii) Al adecuar el trámite a nulidad y restablecimiento del derecho, advirtió que de
caducidad (4 meses) ya había vencido. En consecuencia, ordenó tramitar el
fallo como sentencia anticipada para resolver, como único problema jurídico,
si operó la caducidad de la acción respecto del mencionado acto
administrativo.

Inconforme con la decisión, la apoderada de los demandantes interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación el 9 de septiembre de 2025, con fundamento en los
siguientes argumentos:

(i) el acto administrativo que mediante el cual se ordenó cancelar la cédula fue
revocado por la propia entidad mediante la Resolución 3193 del 20 de abril
de 2020, por lo que dicho acto desapareció de la vida jurídica y no es
susceptible de control de legalidad.

(ii) La demanda no buscó la nulidad de un acto que ya no existe, sino la
indemnización de los perjuicios causados por un «servicio defectuoso»,
circunstancias que habilitaban el medio de control de reparación directa.

(iii) Adecuar el proceso a nulidad y restablecimiento del derecho implicaba una
denegación de justicia, pues obligaba a tramitar una acción caducada.

El 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Popayán no repuso
su decisión y reiteró la tesis inicial. Además, señaló que el demandante «conoció del
yerro de la administración, al menos el 2 de marzo de 2020» (fecha en que presentó
petición), por lo que tenía la carga de demandar la nulidad en ese momento,
independientemente de la revocatoria posterior.

Por otro lado, rechazó por improcedente el recurso de apelación, con fundamento en
que, de conformidad con el artículo 243 del CPACA, el auto que decide sobre el
saneamiento o la adecuación del trámite no es susceptible de alzada.

3. Argumentos de la acción de tutela

El señor Miguel Ángel Mosquera Becerra alegó que la autoridad judicial accionada,
(en auto de 4 de septiembre de 2025, confirmado en reposición el 24 de septiembre
del mismo año) incurrió en «defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
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Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

judicial», al sanear el proceso y adecuar el medio de control de reparación directa al
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, afirmó que se desconoció la realidad procesal y fáctica del litigio, dado
que la pretensión de la demanda nunca estuvo dirigida a cuestionar la legalidad de un
acto administrativo que ya había desaparecido del mundo jurídico; por el contrario, el
objeto de la litis se circunscribía exclusivamente a la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado por la falla en el servicio derivada del error en la cancelación
del documento de identidad.

En esa misma línea, explicó que, al encauzar la demanda por el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, se impuso la aplicación de un término de
caducidad de 4 meses que, para la fecha de la providencia, se encontraba
ampliamente superado. De este modo, alegó que la decisión judicial cerró
definitivamente la posibilidad de obtener una reparación por los daños sufridos, no por
falta de diligencia de su parte, sino por la imposición de una vía procesal improcedente
frente a un acto revocado.

Asimismo, resaltó que la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
reconocer su error y revocar el acto de cancelación, confirmó la existencia de una falla
en el servicio que debe ser indemnizada en el proceso de reparación directa. En sus
argumentos, destacó que «el error en que incurrió la REGISTRADURIA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL demuestra la falencia en el incumplimiento de un deber normativo, ajustando
su conducta a la noción de imputación jurídica de responsabilidad subjetiva».

Aunado a lo anterior, señaló que jurisprudencia del Consejo de Estado habilita la
procedencia de la reparación directa cuando un acto administrativo ha sido revocado
por la propia administración (como ocurrió con la Resolución que canceló su cédula,
la cual fue revocada por la Resolución 3193 del 20 de abril de 2020), por lo que no es
exigible demandar su nulidad.

En su criterio, exigir el control de legalidad sobre un acto inexistente constituye un
formalismo excesivo que ignora la excepción jurisprudencial aplicable a los daños
derivados de actos revocados.

Alegó que, en casos similares al presente, otros tribunales1 y juzgados realizaron el
estudio de fondo de la demanda de reparación directa.

Por tanto, insistió en que la controversia versa sobre la responsabilidad del Estado por
la prestación defectuosa del servicio de identificación y no sobre la validez de un acto
administrativo que la misma entidad expulsó del ordenamiento, lo cual refuerza la
idoneidad del medio de control originalmente escogido.

Sostuvo que la decisión judicial vulneró el principio de confianza legítima, al modificar
sorpresivamente las reglas procesales en su perjuicio, y afectó su dignidad humana,
al impedirle acceder a una reparación por la afectación a su mínimo vital que le causó
el error administrativo.

Finalmente, solicitó como medida provisional la suspensión del proceso con el objeto
de que no se dicte sentencia anticipada.

1
Sentencia de 12 de septiembre de 2018, Exp. núm. 2007-00211-01, Tribunal Administrativo de Boyacá: sentencia de 2 de marzo
de 2018, Exp. núm. 2014-00237-01, Tribunal Administrativo de Sucre; sentencia de 16 de octubre de 2018, Exp. 2017-00064-00;
sentencia de 1 de septiembre de 2023, Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá.
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Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

4. Trámite previo de la acción de tutela

Mediante auto de 8 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca decretó
la medida provisional de suspensión del asunto al encontrar acreditados los requisitos
de apariencia de buen derecho, riesgo probable y proporcionalidad.

Además, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad
judicial accionada. Adicionalmente, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como
terceros con interés.

5. Oposiciones

El Juzgado Sexto Administrativo de Popayán solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito relevancia constitucional,
porque la inconformidad del actor radica en una interpretación que es de competencia
exclusiva del juez natural del proceso.

Señaló que la adecuación del medio de control se fundamentó en las facultades de
saneamiento previstas en los artículos 171 y 207 del CPACA, con el fin de evitar
futuras sentencias inhibitorias. Sostuvo que la fuente del daño alegado por la parte
actora no correspondía a un hecho u omisión, sino a un acto administrativo expreso,
esto es, la Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020, mediante la cual se
canceló la cédula de ciudadanía.

Explicó que aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado, específicamente la
sentencia del 1 de noviembre de 20232, la cual establece que la excepción para acudir
a la reparación directa frente a actos revocados no opera de manera automática. A su
juicio, dicha excepción es improcedente cuando el administrado tuvo conocimiento de
la ilegalidad del acto antes de su revocatoria y, por ende, tuvo la oportunidad de ejercer
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Frente al caso concreto, señaló que se probó en el expediente que Miguel Ángel
Mosquera Becerra conoció el «yerro de la administración» al menos desde el 2 de marzo
de 2020, fecha en la que presentó petición y acción de tutela en las que pidió la
corrección del error. De modo que, al haberse percatado de la irregularidad con
anterioridad a la expedición del acto de revocatoria (ocurrida el 20 de abril de 2020),
el actor tenía la carga procesal de demandar la nulidad del acto inicial dentro del
término de caducidad de cuatro meses, obligación que incumplió.

Con base en lo anterior, la juez afirmó que la decisión de adecuar el trámite a nulidad
y restablecimiento del derecho y estudiar la caducidad era la única vía jurídicamente
viable, pues permitir la reparación directa implicaría desconocer las reglas de orden
público sobre la caducidad de las acciones.

6. Intervención de los terceros con interés

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó ser desvinculada del presente
trámite porque, considera, carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva, en
el entendido que la presunta vulneración de derechos fundamentales invocada por el
accionante no se originó en una acción u omisión administrativa de la entidad, sino en
una decisión jurisdiccional adoptada por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán.

2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas., 01 de noviembre de 2023, Radicado
número: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185).
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Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Asimismo, argumentó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales, toda vez que el accionante pretende
utilizar la tutela para cuestionar la interpretación realizada por el operador judicial
sobre la escogencia de la acción procedente, lo cual desborda el objeto del juez
constitucional y atenta contra el principio de subsidiariedad.

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia
mediante la cual negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por Miguel
Ángel Mosquera Becerra.

En primer lugar, abordó el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, concluyó que la
demanda no superó los presupuestos de relevancia constitucional ni de
subsidiariedad.

Sobre la relevancia constitucional, sostuvo que la controversia planteada por el
accionante se trataba de un debate meramente legal relacionado con la interpretación
de normas procesales sobre la escogencia del medio de control. Argumentó que el
juez de tutela no podía inmiscuirse en la autonomía del juez natural para definir cuál
era la vía procesal adecuada, máxime cuando dicha decisión estaba sustentada en
precedentes del Consejo de Estado.

En cuanto a la subsidiariedad, señaló que el proceso ordinario aún se encontraba en
curso y no había culminado con una sentencia definitiva. Por tanto, consideró que el
accionante debía esperar las resultas del litigio y agotar los mecanismos ordinarios
dentro del mismo, sin que fuera procedente utilizar la tutela como una instancia
adicional o paralela para corregir supuestos errores de procedimiento antes de que se
profiriera el fallo de fondo.

A pesar de haber encontrado improcedente la acción por razones formales, el Tribunal
se pronunció sobre el defecto sustantivo invocado por la parte actora. En su análisis,
desestimó la configuración de dicha causal, argumentando que la Juez Sexta
Administrativa no actuó de manera caprichosa o arbitraria.

Sobre el particular, indicó que la decisión de adecuar el trámite a nulidad y
restablecimiento del derecho se encontraba respaldada en jurisprudencia del Consejo
de Estado, la cual limita la procedencia de la reparación directa frente a actos
revocados cuando el ciudadano tuvo conocimiento previo de la ilegalidad. Concluyó
que, al existir un fundamento jurisprudencial razonable para la decisión cuestionada,
no era posible predicar la existencia de un error, independientemente de que el
accionante no compartiera la interpretación acogida.

8. Impugnación

El señor Miguel Ángel Mosquera Becerra impugnó la sentencia de primera instancia
con fundamento en que esa decisión, al avalar la actuación del Juzgado Sexto
Administrativo de Popayán legitimó una barrera para acceder a la administración de
justicia.

Explicó que la adecuación del medio de control a nulidad y restablecimiento del
derecho, respecto de un acto administrativo proferido en el año 2020, conduce a la
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declaratoria de caducidad del medio de control, lo que impide que se estudie de fondo
la responsabilidad del Estado por los daños causados.

Insistió en que la controversia planteada en la demanda ordinaria no giró en torno a la
legalidad de un acto administrativo vigente, sino a la reparación de los perjuicios
derivados de un error de la administración que ya fue corregido por ella misma. Explicó
que la Resolución 3193 del 20 de abril de 2020 revocó las decisiones que cancelaron
su cédula, retirándolas del ordenamiento jurídico, por lo que exigirle demandar la
nulidad de un acto que ya no existe carece de sentido.

Advirtió que el fallo de primera instancia ignoró el precedente del Consejo de Estado
que habilita la acción de reparación directa en casos de actos administrativos
revocados. Sostuvo que, al tratarse de una falla en el servicio por la prestación
defectuosa de la función de identificación, la vía procesal idónea era la reparación
directa, tal como ha sido reconocido en casos similares por la jurisprudencia
contencioso administrativa. Afirmó que desconocer esta subregla vulnera su derecho
a la igualdad y el principio de confianza legítima.

Frente al requisito de subsidiariedad, aclaró que sí hizo uso de todos los mecanismos
ordinarios a su alcance. Precisó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación contra el auto que ordenó la adecuación del trámite, pero estos fueron
resueltos desfavorablemente.

9. Trámite en segunda instancia

El conocimiento del presente asunto correspondió inicialmente por reparto al
despacho del consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño, sin embargo la ponencia
presentada no obtuvo la mayoría suficiente, por lo que, mediante auto del 14 de
noviembre de 2025, se ordenó remitir el expediente al siguiente consejero en turno.

En cumplimiento de lo anterior, el 19 de noviembre de esta anualidad, se efectuó el
cambio de ponente, por lo que el despacho de la consejera Claudia Rodríguez
Velásquez asumió la sustanciación del asunto, con el fin de proferir la sentencia de
segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela.

En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de
procedencia, y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los
defectos invocados. En síntesis, la parte accionante sostiene que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial por
interpretar erróneamente las normas sobre la procedencia del medio de control y
desconocer el precedente jurisprudencial que habilita la reparación directa cuando el
acto administrativo causante del daño ha sido revocado por la propia administración.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del actor, por encontrar demostrado que el
Juzgado Sexto Administrativo de Popayán incurrió en los defectos alegados.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al
debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión
judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad
o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la
decisión.

3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que contra el auto de 4 de septiembre de 2025 (que ordenó la adecuación
del medio de control), la parte actora interpuso oportunamente recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación. Sin embargo, mediante providencia del 24 de septiembre
de 2025, el juzgado accionado confirmó su decisión y rechazó por improcedente el
recurso de alzada.

Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría
realizado una interpretación errónea de las normas sobre la escogencia del medio de
control.

Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados, como se señaló anteriormente.

Además, es necesario advertir que esta Sección ha admitido, excepcionalmente, la
procedencia de la acción de tutela contra autos proferidos en un proceso ordinario que
se encuentran en trámite6. Dicho análisis se fundamentó en que se trataban de
decisiones determinantes en el proceso, con clara potencialidad de transgredir los
derechos fundamentales de las partes7.

Al respecto, en el presente asunto se encuentra demostrado que el juzgado advirtió
expresamente que el objeto de la sentencia anticipada sería resolver exclusivamente
sobre la caducidad de la acción. Por tanto, de no intervenir el juez constitucional, se
consolidaría un perjuicio irremediable consistente en la finalización del proceso por la
configuración de un fenómeno extintivo, lo que impediría el acceso material a la
administración de justicia y la afectación al derecho al debido proceso.

En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio
de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que el auto que negó la
reposición fue dictado el 24 de septiembre de 2025, notificado por estado electrónico
del 25 de septiembre de ese mismo año, y el ejercicio de la acción de tutela tuvo lugar
el 30 de septiembre octubre de 2025.

En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.

Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.

6
En ese sentido se pronunció la Sección en las sentencias de 20 de abril de 2023, expediente 2023-00361-00, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Arguello, y; de 23 de agosto de 2018, expediente 2018-02227-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Se reitera el criterio adoptado por la Sección en fallo de 29 de febrero de 2024, expediente 2023-01171-01, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Del defecto sustantivo8 y desconocimiento del precedente judicial9 en el caso
concreto

La parte accionante alegó que el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán incurrió
en defecto sustantivo y en defecto por desconocimiento del precedente judicial, con la
decisión que dispuso adecuar el medio de control de reparación directa al de nulidad
y restablecimiento del derecho, con fundamento en que los autos cuestionados se
fundamentaron en que la Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020, emitida
por la Registraduría del Estado Civil, constituía la fuente del daño.

A juicio de la autoridad judicial demandada, al haber tenido el demandante
conocimiento del error administrativo antes de la revocatoria directa, estaba obligado
a ejercer el control de legalidad sobre dicho acto dentro de los términos de caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por el contrario, la parte accionante adujo que dicha resolución fue expresamente
retirada del ordenamiento jurídico por voluntad de la propia entidad demandada
mediante la figura de la revocatoria directa, materializada en la Resolución 3193 del
20 de abril de 2020, razón por la cual, carecía de objeto demandar su nulidad al haber
desaparecido sus efectos jurídicos.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la autoridad judicial demandada concluyó
erróneamente que el medio de control idóneo era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, a pesar de que la causa petendi se circunscribía a la falla en el servicio
derivada de la cancelación injustificada del documento de identidad, actuación cuyos
perjuicios debían ser reclamados mediante la acción de reparación directa, conforme
con la excepción jurisprudencial aplicable a los actos administrativos revocados.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, se encuentra necesario identificar las
pretensiones y fundamentos de la demanda ordinaria que ejerció el señor Miguel
Ángel Mosquera Beccera.

8
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
9
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

De la lectura del expediente ordinario se advierte que solicitó las siguientes
pretensiones:

«PRIMERO: PRIMERO: Declárese patrimonialmente responsable a LA REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por los perjuicios causados POR LA FALLA EN EL
SERVICIO en que incurrió con ocasión a la cancelación de la cédula de ciudadanía del
señor MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA y su posterior suspensión en el pago de
las mesadas pensionales reconocidas por EL FOPEP por los periodos comprendidos:
Desde el mes de febrero de 2020 hasta junio de 2020 y la desafiliación al sistema de
seguridad social en salud.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior condénese a la REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a pagar a título de:

A. Perjuicios Materiales en la modalidad de;

• LUCRO CESANTE:

a. A favor del señor MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA, el valor de los intereses
moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados como
consecuencia del pago tardío de las mesadas pensionales dejadas de pagar
oportunamente al señor MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA desde el mes de
febrero de 2020 hasta junio de 2020 como consecuencia de la falla en el servicio atribuible
a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

• DAÑO EMERGENTE:

Las sumas de dinero correspondiente a los préstamos que realizó para poder sobrevivir y
cumplir con sus compromisos familiares sociales y personales que ascienden a la suma
de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.800.000).

El pago de los intereses moratorios por valor de UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($1.065.561) que debió cancelar el señor
MIGUEL ANGEL MOSQUERA por concepto del préstamo bancario No 86844002228 que
tiene con Bancolombia

B. Perjuicios inmateriales en la modalidad de morales (…)»

Frente al daño antijurídico y el nexo causal, explicó lo siguiente:

«La REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL infringió, el contenido del artículo
13 de la Ley 89 de 1948, Ley 490 de 1998, Decreto 2241 de 1986 mediante el cual se
adoptó el Código Electoral, Decreto 1010 de 2000 y Decreto 2751 de 2002, ya que ella es
la entidad facultada para expedir los documentos de identidad, dictar las medidas
concernientes a la preparación, tramitación, rectificación, altas, bajas y cancelaciones de
las cédulas, atender lo relativo al manejo de la información, las bases de datos y todo lo
referente al registro civil e identificación de los ciudadanos.

La anotación errónea de fallecido en el registro civil y la cancelación de la cédula de
ciudadanía del señor MIGUEL ANGUEL (sic) MOSQUERA por muerte, fue reportada a los
diferentes sistemas de información y bases de datos, función que recae en cabeza de
dicha entidad, desconociendo las funciones específicas del artículo 13 de la Ley 89 de
1948, por la omisión en el cumplimiento cabal de la obligación de vigilar correctamente la
cedulación y el movimiento de las oficinas de los Registradores del Estado Civil en todo el
país, directamente o por medio de sus Delegados, generando un daño al interés
jurídicamente tutelado de la personalidad jurídica De identificación de mi mandante.

Ahora bien, es claro que el servicio público de identificación ciudadana, es un derecho de
rango constitucional, amparado por normas internacionales, en la medida que afecta no
solo derechos personales, sino políticos y sociales, función de competencia de la
demandada, por lo que la omisión en corregir oportuna y diligentemente la información
ingresada incorrectamente, genera la declaratoria de responsabilidad, en la medida que el
servicio se prestó de manera defectuosa.

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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Además, porque para el caso en estudio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
cancelar la cédula de ciudadanía por muerte de su titular, ingresando dicha información
en la base de datos de identificación de las personas a nivel nacional, produciendo: El
retiro de la nómina de pensionados y, la suspensión en el pago de las mesadas
pensionales por parte del FOPEP en los siguientes periodos de tiempo: a. Desde el mes
de febrero de 2020 hasta junio de 2020.

Dicha omisión afectó la titularidad del derecho a percibir la mesada pensional del
demandante en los periodos referidos, advirtiéndose además el desconocimiento de las
funciones propias de la entidad demandada en procura de perseguir los fines de la función
pública.

Avizorando la Sala que la revocatoria de la cancelación de la cédula de ciudadanía de la
demandante, fue promovida con la expedición de la Resolución No. 3193 de 20 de abril
de 2020, mediante la cual se otorga vigencia a la cédula de ciudadanía del señor Miguel
Ángel Mosquera Becerra y reincorporándolo al Archivo Nacional de Identificación —ANI,
al corroborar que no había fallecido, la cual no produjo los efectos jurídicos de eficacia,
firmeza y validez, en la medida que las inconsistencias en el sistema de identificación
permanecieron hasta junio de 2020, a causa de la no vigencia de la cédula de ciudadanía.

Por el contrario, se considera que la omisión de la entidad se mantuvo, a través de una
actitud de indiferencia desde febrero de 2020 hasta junio de 2020, consistente en la
cancelación de la cédula por fallecimiento, tomando en cuenta un registro de defunción sin
autorización y validez, no encontrando justificación el actuar de la demandada en la
obligación de garantizar un sistema de información de identificación confiable y seguro que
no afectara los derechos personales, civiles, políticos y sociales de mi mandante.

Así las cosas, el señor MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA, sufrió un daño que no
estaba en la obligación de soportar, consistente en la desafiliación del sistema de
seguridad social, así como la suspensión en el pago de las mesadas pensionales de
jubilación reconocidas por El FOPEP, para los periodos comprendidos: i) Desde el mes de
febrero de 2020 hasta el mes de junio de 2020.»

De lo transcrito, se concluye que los demandantes circunscribieron el daño antijurídico
a lo siguiente: (i) la suspensión del pago de la mesada pensional entre febrero y junio
de 2020; (ii) la desafiliación al sistema de seguridad social en salud; y (iii) la necesidad
de acudir a créditos y pago de intereses de mora para subsistir.

En cuanto al nexo causal, la parte actora atribuyó de manera directa dicho daño a la
conducta omisiva y negligente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien
incurrió en una falla en el servicio al incumplir sus deberes de custodia, vigilancia y
actualización de la información en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).

Específicamente, señaló que la «anotación errónea de fallecido» y la consecuente
cancelación de la cédula de ciudadanía constituyeron una prestación defectuosa del
servicio público de identificación, la cual tuvo la potencialidad de generar efectos
nocivos inmediatos en otras esferas de la vida del accionante, como su estatus de
pensionado y afiliado al sistema de salud.

En el acápite de pruebas del libelo introductorio, la parte actora relacionó y aportó una
serie de documentos con el fin de acreditar la existencia del daño, la falla en el servicio
y el nexo de causalidad.

Entre los medios de convicción documentales allegados para sustentar las
pretensiones de la demanda de reparación directa, se destacan los siguientes:

• Documentos presentados para a demostrar la calidad de pensionado del
demandante y la suspensión de sus derechos patrimoniales.

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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

• Solicitaron pruebas testimoniales de las señoras Alva de Jesús Cabrera Salas y
Victoria Eugenia Cerón Ruiz, con el objeto de que informaran sobre los
problemas económicos y el préstamo de dinero que el actor debió realizar para
su subsistencia

• Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020, mediante el cual se canceló
la cédula del señor Mosquera Becerra por muerte.

• Petición radicada el 2 de marzo de 2020 ante la Registraduría de Popayán, en
el cual el señor Miguel Ángel Mosquera Becerra puso en conocimiento de la
autoridad registral que, de manera sorpresiva, su cédula de ciudadanía aparecía
cancelada por muerte y, como consecuencia de ello, se habían suspendido el
pago de su mesada pensional y su afiliación al sistema de seguridad social en
salud.

En las solicitudes, pidió expresamente que se corrigiera el yerro en el registro
civil y en las bases de datos de identificación y se oficiara al FOPEP para
reanudar el pago de las mesadas pensionales.

• Copia de la acción de tutela promovida en 2020 por el señor Miguel Ángel
Mosquera Becerra contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante la
ausencia de una respuesta oportuna a su derecho de petición y la persistencia
de la suspensión de su pensión y de su afiliación al sistema de salud.

En consecuencia, pidió que se ordenara a la Registraduría, responder el derecho
de petición, corregir la información de su estado civil, restablecer la vigencia de
su documento de identidad y comunicar dicha corrección a las entidades
encargadas del pago de la pensión y de la atención en salud.

• El conocimiento de esa acción de tutela le correspondió al Juzgado Tercero Civil
de Popayán, asunto identificado con radicado núm. 2020-00036-00.

• En escrito de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil dentro de
la acción de tutela con radicado núm. 190013103003-2020-00036-00, puso en
conocimiento del despacho que ya había corregido el error en la cancelación de
la cédula de ciudadanía del señor Miguel Ángel Mosquera Becerra.

Al respecto, allegó comunicación enviada al señor Mosquera Becerra en esa
misma fecha, en la que advirtió que la cédula 10.515.432 se encontraba vigente,
según lo expuesto en la Resolución 3193 de 20 de abril de 2020.

• Resolución 3193 del 20 de abril de 2020, suscrita por el Director Nacional de
Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual, en
ejercicio de la facultad de revocatoria directa prevista en el artículo 93 del
CPACA, reconoció que se habían presentado errores en la cancelación de varias
cédulas de ciudadanía por muerte y, en consecuencia, decidió dejar sin efectos
dichas cancelaciones y restablecer la vigencia de los documentos afectados.

En la parte motiva, la Registraduría fundamentó su decisión en los cotejos
técnicos dactiloscópicos practicados por los técnicos adscritos a la Dirección
Nacional de Identificación, quienes certificaron que las impresiones dactilares de
los materiales de primera vez correspondían, en realidad, a los ciudadanos a
quienes se les había cancelado la cédula por fallecimiento, lo que evidenció el
yerro en el registro de defunción y en la consecuente cancelación de los cupos
numéricos.

Con base en dicho dictamen, la administración concluyó que «es procedente
revocar parcialmente las Resoluciones que dieron origen a la cancelación de las

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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

cédulas de ciudadanía (...) y en consecuencia, restablecer la vigencia de las
mismas».

Por lo que, en su parte resolutiva, dispuso: «(…) Revocar parcialmente las
Resoluciones que cancelaron por MUERTE las cédulas de ciudadanía que se
relacionan a continuación para restablecer su vigencia».

En el listado anexo a dicha resolución, se incluyó expresamente la cédula No.
10.515.432 a nombre de Miguel Ángel Mosquera Becerra.

• El 29 de abril de 2020, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popayán dictó
sentencia de tutela en la que ordenó:

«(…) TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contados a partir de la notificación de la presente providencia, informe al
Consorcio FOPEP y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL- UGPP, que la cédula de ciudadanía N° 10.515.432 asignada al señor
MIGUEL ÁNGEL MOSQUERA BECERRA, a la fecha se encuentra vigente, lo
anterior, para efectos de actualización de las bases de datos de las entidades
accionadas y vinculada, y se proceda a cancelar al actor las mesadas
pensionales adeudadas a partir del mes de febrero de 2020 hasta la fecha de la
presente providencia. (…)»

En este contexto, en el auto de 4 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto
Administrativo de Popayán centró su argumentación en que la Resolución 212023133
del 20 de febrero de 2020 era el acto administrativo que constituía la verdadera fuente
del daño. Advirtió que, si bien esa resolución desapareció del mundo jurídico, lo cierto
era que «el acto se presume legal hasta la fecha en que estuvo vigente.».

En ese mismo sentido, indicó que, al ser este acto administrativo la causa del perjuicio,
la demanda debió presentarse como nulidad y restablecimiento del derecho, y no
como reparación directa.

Para fundamentar la decisión de adecuar el medio de control, citó la sentencia de 1
de noviembre de 2023 emitida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado10. Con fundamento en dicha jurisprudencia, analizó la excepción sobre la
procedencia de la reparación directa frente a actos revocados y sostuvo que no era
aplicable al caso concreto por cuanto el actor tuvo conocimiento previo del error
administrativo.

Con base en lo anterior, concluyó que la única vía procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho, y adecuó el trámite. Además, advirtió que, como
problema jurídico, únicamente resolvería lo atinente a la caducidad.

Mediante providencia del 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo
de Popayán desató los recursos de reposición y apelación. En la parte motiva de la
decisión, el despacho judicial abordó los argumentos del recurrente y ratificó su
postura inicial bajo los siguientes fundamentos:

(i) Sobre la escogencia del medio de control y la fuente del daño reiteró que, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la elección de la acción
no es discrecional del demandante, sino que está determinada por la fuente del
daño. En este caso, insistió en que el perjuicio alegado (suspensión de la

10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 1 de noviembre de
2023, radicado número: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185).
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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

pensión y servicios de salud) tuvo su origen directo en un acto administrativo
particular (Resolución No. 212023133 del 20 de febrero de 2020), mediante la
cual se canceló la cédula de ciudadanía del señor Mosquera Becerra. Por
consiguiente, reafirmó que la vía procesal idónea para controvertir dicho acto y
reclamar los perjuicios es el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho.

(ii) Frente a la procedencia del medio de control de reparación directa porque el acto
administrativo había sido revocado por la propia entidad (Resolución 3193 de
abril de 2020), el Juzgado sostuvo que dicha excepción jurisprudencial no era
aplicable al caso concreto.

Para sustentar esta negativa, el despacho analizó las pruebas obrantes en el
plenario y concluyó que el demandante tuvo conocimiento del error
administrativo antes de la revocatoria. Específicamente, señaló que el 2 de
marzo de 2020, el actor radicó una petición solicitando la corrección del yerro y
que, posteriormente, interpuso una acción de tutela con el mismo fin. A juicio de
la Juez, este actuar demuestra que el ciudadano «se percató del yerro de la
administración» en una fecha anterior a la expedición del acto que lo revocó (20
de abril de 2020).

(iii) Con base en lo anterior, y citando la sentencia del Consejo de Estado del 1 de
noviembre de 2023, argumentó que, al haber conocido la ilegalidad del acto de
manera previa, el demandante tenía la carga de ejercer el control judicial de
nulidad dentro de los 4 meses siguientes, sin que pudiera esperar a la
revocatoria administrativa para luego acudir a la reparación directa.

En este contexto, la Sala encuentra relevante precisar que la jurisprudencia
consolidada del Consejo de Estado ha señalado que «(…) la fuente del daño determina
la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a
su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la
demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional».11

En ese sentido, quien pretenda el resarcimiento de daños causados por la
administración, o el restablecimiento de derechos vulnerados por ésta, no puede
escoger a su libre arbitrio o discrecionalidad el medio de control que ha de poner en
ejercicio, puesto que son normas de orden público y de imperativo cumplimiento las
que establecen el criterio que rige el asunto.

Como regla general, se ha indicado que, si la causa del daño reside en la ilegalidad
de una decisión de la administración (un acto administrativo) que crea, modifica o
extingue una relación jurídica particular y concreta, el medio de control procedente es
el de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero, también que, si la fuente del
daño radica en un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación
de un inmueble, entonces la vía judicial pertinente es el medio de control de
reparación directa12.

No obstante, la Sección Tercera del Consejo de Estado (en la misma providencia de
1 de noviembre de 2023 que tomó como referencia el Juzgado) explicó un escenario
excepcional en el que, pese a que el daño proviene de un acto administrativo de
contenido particular, resulta procedente acudir al medio de control de reparación
directa y no al de nulidad y restablecimiento del derecho. Ese evento se presenta
cuando el acto administrativo que causó el perjuicio ha sido revocado por la propia
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 26758. Asimismo, ver, entre otras, las sentencias
de 7 de junio de 2007, exp. 16474; del 19 de julio de 2007, exp. 30905; y del 31 de agosto de 2005, exp. 29511.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, fallo del 4 de junio de 2019, exp. 43758; y Subsección A, sentencia del
16 de julio de 2021, exp. 50146.
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Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01
Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Administración, pero, aun así, subsiste un daño antijurídico en cabeza del
administrado que requiere reparación.

Sin embargo, advirtió una distinción fundamental para la aplicación de esta excepción,
basada en el origen de la revocatoria, a saber:

(i) Cuando la administración revoca el acto de oficio al advertir su ilegalidad, se
entiende que el ciudadano pudo no haber tenido conocimiento previo del vicio.
En este escenario, se habilita la acción de reparación directa para reclamar los
perjuicios causados durante la vigencia del acto, pues no sería razonable exigirle
al administrado haber demandado la nulidad de una decisión que la propia
entidad corrigió unilateralmente.

(ii) Por el contrario, cuando la revocatoria se produce a solicitud de parte, se
demuestra que el ciudadano tenía pleno conocimiento de la ilegalidad del acto y
del daño que este le estaba causando.

Bajo este segundo supuesto, la jurisprudencia estableció que el administrado tiene la
carga procesal de interponer el control de legalidad del acto (medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho) dentro del término de caducidad de 4 meses,
contados a partir de la notificación de la decisión lesiva, sin que pueda excusarse en
el trámite administrativo de revocatoria para dejar vencer dicha oportunidad judicial.
Se transcribe lo pertinente:

«(...) si la revocación se produce a solicitud de parte, significa ello que el administrado
estaba al tanto de las razones de ilegalidad y, en lugar de demandar en nulidad y
restablecimiento del derecho como corresponde, optó por la vía de la solicitud de
revocatoria (...) Por consiguiente, con independencia del momento en que se decida la
revocación (...), cuando es a solicitud de parte, no hay una razón jurídicamente avenible
para considerar que el administrado pueda acudir en reparación directa, porque
permitírselo, implicaría trasgredir la regla según la cual, el medio de control no está al
arbitrio de la escogencia del demandante».

En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado restringe
la procedencia del medio de control de reparación directa a aquellos casos en los que
la revocatoria es oficiosa.

Con fundamento en las pruebas anteriormente reseñadas, para la Sala es evidente
que, en el presente asunto, el derecho de petición radicado el 2 de marzo de 2020 no
tuvo como pretensión la revocatoria directa de la resolución de cancelación (pues el
actor ni siquiera conocía su existencia o número), sino que tuvo por objeto informar a
la administración sobre un error material y solicitar la corrección del sistema de
información.

En efecto, del análisis del escrito de petición, se desprende que el señor Miguel Ángel
Mosquera Becerra se limitó a poner en conocimiento de la Registraduría que aparecía
como fallecido y solicitó «realizar la corrección en el sistema y las aclaraciones o
cancelaciones a que haya lugar, para que no aparezca en ninguna base de datos que el
suscrito ha fallecido».

De modo que dicho escrito, por su contenido y alcance, constituye una manifestación
de inconformidad y una solicitud de corrección de datos, pero no reúne los requisitos
formales ni materiales para ser catalogado como una solicitud de revocatoria directa
a petición de parte, reglamentada en el artículo 93 y siguientes del CPACA. En
particular, el peticionario no dirigió su solicitud contra un acto administrativo específico,

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Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

ni formuló cargos de ilegalidad frente a su motivación o validez, sino que reclamó la
subsanación de una situación irregular en el registro de su estado civil.

Luego, la Resolución 3193 del 20 de abril de 2020, mediante la cual la entidad dejó
sin efectos la cancelación de la cédula, debe ser entendida como una revocatoria de
oficio, puesto que fue la propia administración la que, tras verificar mediante cotejo
dactiloscópico que el ciudadano estaba vivo, decidió por iniciativa propia retirar del
ordenamiento jurídico dicha decisión y restablecer la vigencia del documento de
identidad, sin que mediara un procedimiento administrativo de revocatoria formal bajo
los rituales del CPACA.

Así las cosas, la conclusión a la que llegó el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán
es contraria a lo expuesto en la misma jurisprudencia del Consejo de Estado que citó
para fundamentar su decisión. Al equiparar un derecho de petición orientado a la
corrección de datos con una solicitud formal de revocatoria directa, el despacho erró
en la calificación del origen de la actuación administrativa y, por ende, aplicó
indebidamente la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación.

Se reitera, cuando la revocatoria del acto lesivo proviene de una actuación oficiosa de
la administración, se abre la posibilidad excepcional de acudir al medio de control de
reparación directa para reclamar los perjuicios que subsisten pese a la desaparición
del acto, pues no es razonable exigir al ciudadano que hubiera demandado la nulidad
de una decisión que la propia entidad corrigió al advertir su falencia técnica.

Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que, el actor carecía de cualquier
otra oportunidad para controvertir la actuación realizada al interior del proceso
ordinario.

Sobre el particular, se advierte que, aunque el demandante interpuso recurso de
apelación contra el proveído del 4 de septiembre de 2025 (que ordenó el saneamiento
y la adecuación del medio de control), dicho recurso fue rechazado por improcedente
en auto de 24 de septiembre de 2025. El juzgado accionado fundamentó su decisión
en el artículo 243 del CPACA, pues la providencia que decide sobre la adecuación del
trámite no se encuentra taxativamente enlistada entre los autos susceptibles de
alzada.

Por ende, dicha decisión cobró firmeza y delimitó el proceso, puesto que, además de
adecuar el trámite a nulidad y restablecimiento del derecho, el juzgado invocó la
aplicación del artículo 182A del CPACA, circunscribiendo el objeto del proceso y de la
futura sentencia anticipada exclusivamente al estudio de la excepción de caducidad.
Ante la imposibilidad de cuestionar nuevamente esa delimitación en etapas
posteriores, la intervención del juez constitucional se torna imperiosa para restablecer
el ordenamiento jurídico conculcado y evitar la consumación de una denegación de
justicia.

En consecuencia, se concluye que el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán
incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, porque, si
bien invocó la jurisprudencia aplicable, desconoció la subregla específica que habilita
la acción de reparación directa cuando la revocatoria del acto administrativo ha sido
expedida de oficio por la administración.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia. En su lugar, se
amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Miguel Ángel Mosquera Becerra. En
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consecuencia, se dejarán sin efecto las providencias cuestionadas (que ordenaron la
adecuación del trámite) y las actuaciones posteriores y se ordenará al juzgado
accionado que, en el término de 10 días contados a partir de la notificación de esta
decisión, dicte providencia de remplazo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca. En su lugar:
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Miguel Ángel Mosquera Becerra. En
consecuencia:
3. Dejar sin efecto el auto de 4 de septiembre de 2025, confirmado en auto de 24 de
septiembre de 2025, proferidos por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán
dentro del proceso con radicado núm. 2022-00050-00, así como las actuaciones
posteriores y,
4. Ordenar al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán que, en el término de diez
(10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Salva voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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