Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00094-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00094-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2007-00094-02
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de agosto de 2026
Radicado: 68001-23-31-000-2007-00094-02 (70532)
Demandante: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Reparación directa – CCA
Radicación: 68001-23-31-000-2007-00094-02 (70532)
Demandante: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Floridablanca
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda y la caducidad de la
acción. La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve la
apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, que conoció
el proceso en primera instancia debido a la naturaleza y cuantía del asunto, en virtud
del numeral 6 del artículo 132 del Decreto 1 de 1984, Código de lo Contencioso
Administrativo (en adelante, “CCA”)1.
SÍNTESIS2
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. (en adelante, el
“Acueducto”) tenía a su cargo la prestación del servicio público de agua potable los
usuarios de estratos 1, 2, y 3 del Municipio de Floridablanca (en adelante, el
“Municipio”), durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005. El Acueducto interpuso
demanda en contra del Municipio para que se declarara su responsabilidad por
omitir la asignación de recursos suficientes para cubrir los subsidios de los usuarios
durante los años mencionados y por no informarle oportunamente esa decisión. El
Tribunal declaró la ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción y
la caducidad de la acción. La Sala confirmará parcialmente la decisión de primera
instancia y, en lo demás, denegará las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El 19 de diciembre del 20063, el Acueducto interpuso demanda en ejercicio de la
1 El artículo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establecía que los Tribunales Administrativos
conocían en primera instancia de las demandas de reparación directa “cuando la cuantía exceda de quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales”. Para el año de presentación de la demanda, tal suma era
equivalente a $204.000.000 y la cuantía de la demanda ascendió a $4.000.000.000 (folio 81 del cuaderno 1).
2 Temas: Reparación directa – indebida escogencia de la acción – caducidad.
3 Folio 83 del cuaderno 1.
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Demandante: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
acción de reparación directa en contra del Municipio, en la que formuló las
siguientes pretensiones:
PRIMERA: Declarar responsable extracontractualmente al MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA (Santander) al no advertir oportunamente al ACUEDUCTO
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. que no estaba dispuesto a
conceder los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 durante los años 2004, 2003 y 2002
y a los estratos 1 y 2, durante el año 2005 para que ésta hubiera podido
incrementar sus tarifas tal y como lo prevé el Decreto 565 de 1996, Artículo 6º,
Parágrafo, y por cuanto no habiéndose advertido oportunamente tampoco se
asignó los recursos necesarios para el cubrimiento de dichos subsidios con cargo
a las transferencias de la Ley 715 de 2001, ni efectuó los trámites necesarios para
que dentro de su presupuesto (el Municipio de Floridablanca) se incluyeran las
partidas transferidas por el Gobierno Nacional, Ley 715 de 2001 y el 10% del
Impuesto Predial Unificado para ser aplicados a los subsidios.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior determinación se condene al
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (Santander) a pagar a la Demandante las
sumas que por concepto de subsidios otorgados en la Tarifa de Acueducto a los
suscriptores del Municipio de Floridablanca a los cuales la entidad que represento
prestó el Servicio Público Domiciliario de Acueducto, correspondientes a los años
2005, 2004, 2003, y 2002, de acuerdo a lo que determinen los peritos en el
transcurso del proceso.
TERCERA: Que sobre las anteriores sumas se condene al Municipio de
Floridablanca a pagar al Acueducto metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.
intereses de mora desde la fecha en que el Acueducto aplicó los subsidios mes a
mes para los beneficiarios del mismo, hasta que el Municipio demandado
efectivamente haga el pago de las sumas que por este concepto se ordene pagar.
QUINTA (sic): Ordenar que la sentencia con que termine este Proceso, se le de
(sic) cumplimiento conforme a los Artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
SEXTA (sic): Condenar en Costas al Demandado, Municipio de Floridablanca4.
2. El fundamento fáctico de la demanda se basó, en síntesis, en lo siguiente:
2.1. El Acueducto tiene por objeto la prestación del servicio público de agua potable.
En desarrollo de su objeto presta el servicio a los usuarios del Municipio.
2.2. De acuerdo con el artículo 368 constitucional5, los artículos 49 y 89 de la Ley
142 de 1994 y el Decreto 565 de 19966, a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 se les
aplican subsidios en la tarifa cobrada por el acueducto.
2.3. En la normativa referida se ordenó a los Concejos Municipales la creación de
Fondos de Solidaridad y Redistribución, para incorporar en sus presupuestos los
recursos necesarios para cubrir los subsidios. También se dispuso que, en el evento
que los recursos de los Fondos de Solidaridad y Redistribución no fueran suficientes
4 Folios 67 y 68 del cuaderno 1.
5 Constitución Política, artículo 368: “La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de
menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades
básicas”.
6 Decreto 565 de 1996, artículo 6: “El Alcalde municipal o distrital o el Gobernador, según sea el caso, definirán
los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios, en concordancia
con lo establecido por la Ley 142 de 1994 y por este Decreto”.
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Demandante: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
para cubrir la totalidad de los subsidios, “la diferencia sería cubierta con otros
recursos de los presupuestos de las entidades del orden nacional, departamental,
distrital o municipal”7.
2.4. El artículo 6 del Decreto 565 de 1996 “estableció que cuando los Municipios no
estén dispuestos a conceder los subsidios deberán informarlo a las Empresas (sic)
de servicios públicos domiciliarios para que estos (sic) puedan incrementar sus
tarifas”.
2.5. El Municipio omitió informar oportunamente al Acueducto su falta de disposición
para “conceder los subsidios en cada una de las vigencias respectivas”8, lo cual
implicó que el Acueducto continuara aplicando el descuento del subsidio en las
tarifas cobradas a los estratos 1, 2 y 3 durante esas vigencias.
2.6. Adicionalmente, el Municipio asignó recursos insuficientes para cubrir subsidios
de las vigencias referidas, por lo cual hubo un balance deficitario en el Fondo de
Solidaridad y Redistribución. El Acueducto entendió que las sumas faltantes para el
pago de los subsidios que habían sido aplicados serían asumidas por el Municipio.
En ese sentido, el Acueducto remitió al Municipio “oportunamente y por escrito (…)
la proyección de los subsidios para los años 2005, 2004, 2003 y 2002, a la vez que
advirtió que el balance para cada año (…) arrojaba un faltante a financiar por el
Fondo de Solidaridad y Redistribución”. Asimismo, en reiteradas ocasiones el
Acueducto solicitó al Municipio que incluyera en su presupuesto las partidas
correspondientes para cubrir los subsidios pendientes.
2.7. A pesar de lo anterior, el Municipio no adoptó decisión ni desplegó actuación
administrativa alguna para cubrir el déficit en los subsidios, a pesar de contar con
los recursos “para el cubrimiento de los subsidios al menos de los estratos 1 y 2”9.
2.8. El 11 de agosto de 2005, el Municipio informó al Acueducto “la necesidad de
proceder a hacer los ajustes tarifarios correspondientes”10.
B. Posición de la parte demandada
3. El Municipio se opuso a las pretensiones, pues las omisiones atribuidas por el
demandante no fueron probadas, por lo cual no se demostró la responsabilidad de
la administración.
3.1. Además, la demanda no cumplía con el requisito procesal de la estimación
razonada de la cuantía. Asimismo, las cuentas presentadas por el acueducto no
fueron tenidas en cuenta en la medida que “no existe convenio alguno, tal y como
lo dispone la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1013 de 2005”. También indicó que, de
7 Folio 69 del cuaderno 1.
8 Idem.
9 Folio 71 del cuaderno 1.
10 Folio 72 del cuaderno 1.
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acuerdo con lo establecido en el Decreto 565 de 1996, “cuando no existan subsidios,
o los mismos no alcancen a cubrir los estratos favorecidos, las entidades
prestadoras del servicio público tienen la obligación de efectuar el ajuste tarifario”,
deber que fue desatendido por el Acueducto “al aplicar los subsidios a su arbitrio sin
atender (…) el [presupuesto aprobado] por el Concejo Municipal”11.
3.2. Finalmente, propuso dos excepciones: por una parte, la indebida escogencia de
la acción, al considerar que “las razones por las cuales la administración municipal
no accede al pago se han materializado en actos cuya legalidad no ha sido
cuestionada”12. En concordancia con esto, propuso la excepción de caducidad de
la acción, respecto de los hechos ocurridos entre el 2002 y el 2004.
C. Tramite relevante en primera instancia
4. Mediante auto del 7 de febrero de 201213, el Tribunal rechazó la demanda por
caducidad, en tanto que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento
del derecho, pues en las comunicaciones 024440 de 2002 y 053028 de 2004, el
Municipio le informó al Acueducto que no pagaría los subsidios. En ese sentido,
sostuvo que el actor pretendía impugnar los presupuestos de cada vigencia y que
“no es posible adecuar la acción impetrada a la de nulidad, porque para la época de
presentación de la demanda (…) se encontraba caducada: nótese que se interpone
en el 2006 y los presupuestos fiscales (…) corresponden a los años 2002 a 2005”14.
5. El Consejo de Estado revocó esa decisión en el auto del 29 de octubre del 201215,
dado que consideró que en tal momento procesal no era procedente pronunciarse
sobre la decisión de fondo respecto de las excepciones de caducidad o de indebida
escogencia de la acción.
D. Sentencia de primera instancia
6. En la sentencia del 10 de agosto de 202316, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró probada las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda
y caducidad de la acción, en los siguientes términos:
Primero. DECLARAR probada la excepción de INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA
DEMANDA y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN y como consecuencia, se pone fin al
proceso promovido por el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE
BUCARAMANGA S.A E.S.P. en contra del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,
acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin costas en esta instancia.
11 Folios 98 y 99 del cuaderno 1.
12 Folio 99 del cuaderno 1.
13 Folios 141 a 143 del cuaderno 1.
14 Reverso del folio 142 del cuaderno 1.
15 Folios 185 a 190 del cuaderno 1.
16 Índice 2 de Samai, documento 26.
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Demandante: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
Tercero. En firme esta decisión, procédase al archivo de las diligencias, dejando
las constancias de rigor en el sistema Justicia Siglo XXI17 (negrillas y mayúsculas
originales).
7. Como fundamento de la decisión, el tribunal expuso, en síntesis, lo siguiente:
7.1. De acuerdo con el CCA, la acción procedente depende del origen del perjuicio
alegado. En tal sentido, la reparación directa procede respecto de hechos,
omisiones u operaciones administrativas, razón por la cual es improcedente cuando
se controvierte la legalidad de actos administrativos.
7.2. El demandante alegó como causa del daño la omisión del Municipio de no
otorgar los subsidios ni advertir oportunamente dicha decisión. Sin embargo, la
negativa del Municipio no fue una omisión, sino una decisión contenida en actos
administrativos particulares y concretos. En efecto, en los oficios 024440 de 2002 y
053028 de 2004, se sostuvo lo siguiente:
Por efectos del cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo de los
recursos con destino a los subsidios de servicios públicos (agua, aseo y
alcantarillado), el Municipio de Floridablanca, según acuerdo Municipal 047 de
2001 (Sobre el Presupuesto General del Municipio Vigencia Año 2002), apropió la
suma de $819.000.000, financiada con recursos de Ingresos Corrientes de la
Nación (para la fecha en la cual se aprobó el presupuesto) y que posteriormente
por efecto de la Ley 715/2001 se financió con recursos del Sistema General de
Participaciones. Una vez asignados estos recursos el Municipio trasladó como
aporte del Municipio los recursos apropiados a la cuenta bancaria denominada
FONDO DE SOLIDARIAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SERVICIOS DE
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, en cumplimiento a las normas legales
en cuanto a las fuentes de recursos para otorgar subsidios. Recursos que deben
cumplir todo el trámite legal y de procedimiento para el respectivo giro18.
7.3. Así, las pretensiones del Acueducto se orientan al restablecimiento de un
derecho afectado por los mencionados oficios. El demandante omitió demandar
tales actos, que eran susceptibles de control judicial. Por esta razón, la acción
adecuada era la de nulidad y restablecimiento del derecho, y no la de reparación
directa, lo cual demuestra la ineptitud sustantiva de la demanda.
7.4. Como la acción adecuada era la de nulidad y restablecimiento del derecho, el
término de caducidad era el establecido para estas acciones, es decir, cuatro meses
contados desde la notificación de los actos administrativos. De esta manera, los
oficios 024440 y 053028 fueron notificados en diciembre del 2002 y diciembre del
2004; no obstante, la demanda se presentó en diciembre de 2006, por lo cual se
produjo la caducidad de la acción.
17 Índice 2 de Samai, documento 26, página 17.
18 Índice 2 de Samai, documento 26, página 13, la cita corresponde a un extracto del oficio 024440 de 2002; el
oficio 053028 de 2004 fue referido, mas no citado, por la sentencia de primera instancia.
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E. Recurso de apelación y su trámite
8.La parte demandante interpuso recurso de apelación. Solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, que la acción “se tenga como pertinente”19 y que se
analice la caducidad de la acción con base en las reglas de la reparación directa,
con fundamento en los siguientes reparos:
8.1. La declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda vulnera el derecho
fundamental al debido proceso, en la medida que tal excepción solamente podía
alegarse “como reposición al auto admisorio de la demanda, como lo señala el
artículo 143”20 del CCA.
8.2. El Tribunal analizó la caducidad con base en las reglas establecidas para la
nulidad y restablecimiento del derecho, ignorando que la acción de reparación
directa resulta procedente, en tanto que se pretende el resarcimiento de perjuicios
causados por las omisiones del demandado. Así, la demanda fue presentada
oportunamente dentro del término de caducidad correspondiente para la acción
procedente.
8.2.1. El Tribunal consideró, erróneamente, que la acción procedente era la de
nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que debían atacarse los actos
administrativos que negaron el pago de los subsidios no cubiertos por el Fondo de
Solidaridad. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal hizo referencia a dos
comunicaciones enviadas por el Municipio, la 024440 del 18 de diciembre de 2002
y la 053028 del 23 de diciembre de 2004, aunque analizó únicamente la primera de
ellas, la cual solo indica que la razón para no pagar los subsidios obedeció a trámites
legales y procedimentales, “sin que pueda colegirse como lo hace el despacho que
esta comunicación contenga una negativa de pago, o una negativa de giro
susceptible de atacarse por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento el
derecho”21.
8.2.2. Al margen de lo anterior, en tales comunicaciones se acreditan “las omisiones
en que incurrió el municipio, porque las mismas solo dan cuenta de la falta de
oportunidad del municipio para comunicar los aspectos relevantes de los subsidios
como son la suficiencia de fondos”22.
8.2.3. Además, las omisiones del Municipio se derivan del hecho de que, “ya había
otorgado los subsidios” mediante el Acuerdo Municipal 053 de 199923, de modo que
“nos e (sic) trataba de una negativa de pago, ni una negativa a reconocer subsidios,
sino de una serie de omisiones en la planeación de los mismos, y en la formalidad
19 Índice 2 de Samai, documento 31, página 3.
20 Idem.
21 Índice 2 de Samai, documento 31, página 7.
22 Índice 2 de Samai, documento 31, página 6.
23 Acuerdo Municipal 053 de 1999, “por medio del cual se crea el Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos del orden municipal para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”.
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y requisitos para su desembolso que solo puede ser atribuible al municipio”24. Una
muestra de lo anterior es que el Municipio se abstuvo de suscribir un contrato para
el reconocimiento y pago de los subsidios, lo cual evidencia la omisión en la
planeación y la omisión en los requisitos para el pago de los subsidios. Estas
omisiones indujeron al Acueducto en error, pues aplicó los subsidios a los usuarios
al confiar en que el Municipio asumiría el pago de los subsidios.
8.2.4. El Tribunal omitió analizar “la conducta omisiva de la administración municipal
de Floridablanca frente al reclamo oportuno, permanente y justificado que el
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga efectuó durante más de 4 años, para
reivindicar los subsidios irrogados y aplicados”25; tampoco analizó la omisión
consistente en no haber informado durante varias vigencias que los recursos
destinados para los subsidios no eran suficientes.
8.2.5. Por último, el hecho de que el Acueducto hubiese aplicado los subsidios
implicaba que el Municipio debía proceder al reconocimiento y pago. Como ello no
sucedió, tal omisión causó perjuicio económico para el Acueducto.
9.El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 22 de septiembre de
202326 y admitido por este despacho en el auto del 5 de diciembre de 202327. Por
medio del auto del 25 de febrero de 2024, se corrió traslado para alegar de
conclusión28, oportunidad en la que ocurrió lo siguiente:
9.1. El Municipio solicitó confirmar la sentencia de primera instancia; consideró que
la fuente del perjuicio alegado por el Acueducto no era una omisión administrativa,
sino una decisión contenida en actos administrativos; afirmó que el demandante
debió promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del
término legal, contra tales decisiones; sostuvo que el Tribunal analizó la caducidad
respecto de los actos administrativos contenidos en los oficios de 2002 y 2004, y
concluyó que la acción estaba caducada29.
9.2. Por su parte, el Acueducto reiteró los argumentos del escrito de apelación;
señaló que no hubo actos administrativos objeto de control judicial y que el daño fue
causado por las omisiones atribuidas al Municipio, por lo cual la acción ejercida era
procedente30.
9.3. El Ministerio Público guardó silencio.
24 Índice 2 de Samai, documento 31, páginas 4 y 5.
25 Índice 2 de Samai, documento 31, página 7.
26 Índice 2 de Samai, documento 34.
27 Índice 4 de Samai.
28 Índice 13 de Samai.
29 Índice 17 de Samai.
30 Índice 18 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES
F. Asuntos procesales previos
10. Antes de estudiar los reparos formulados, la Sala debe, de antemano, referirse
a algunos argumentos que no pueden ser estudiados por cuanto se modificaría la
causa petendi de la demanda. Así, en el escrito de apelación se formularon
argumentos orientados a atribuir al demandado algunas omisiones que no fueron
planteadas desde el escrito de demanda.
10.1.Al respecto, debe recordarse que, en virtud del principio de congruencia, la
sentencia debe guardar correspondencia con los hechos y pretensiones de la
demanda, por lo cual no es posible “modificar la causa petendi a través del
señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación
de las pretensiones en una oportunidad diferente a la legalmente prevista para la
modificación, adición o corrección de la demanda, respectivamente” 31. Lo anterior
se desprende del artículo 137 del CCA, que dispone que, toda demanda debe
contener, los hechos, las pretensiones y “los fundamentos de derecho de las
pretensiones”, todo lo cual limita el marco de decisión del juez.
10.2. De esta manera, el apelante afirmó que el Municipio incurrió en omisiones “en
la planeación de los recursos, así como en las formalidades para su giro”32, también
refirió que el municipio omitió “diligenciar o suscribir”33 un contrato para el
desembolso de los recursos y que debía analizarse si incurrió “en omisión, al no
haber gestionado el giro de los recursos en forma debida”34. Todos estos
argumentos formulados en relación con omisiones que no se formularon desde la
demanda, no serán tenidos en cuenta dentro de la decisión a adoptar.
G. Sentido de la decisión
11. En el presente asunto, se alegan dos omisiones: (i) no asignar anualmente los
recursos suficientes al Fondo de Solidaridad y Redistribución, asunto que es
decidido en los presupuestos municipales; y (ii) no haber puesto en conocimiento
del Acueducto la decisión de no asignar los recursos para los subsidios. En relación
con la primera omisión, la Sala confirmará la decisión de primera instancia de
declarar que prosperan parcialmente las excepciones de inepta demanda por
indebida escogencia de la acción. No obstante, en torno a la segunda omisión, la
Sala desestimará las pretensiones, dado que, si bien la acción de reparación directa
sí era procedente, no se demostró la existencia de una falla del servicio.
12.Para fundamentar la decisión anterior, la Sala desarrollará su argumentación en
dos partes: en la primera, se indicarán las razones de la ineptitud sustantiva de la
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero del 2017, expediente 11001-
03-26-000-2016-00052-00 (56703), MP Hernán Andrade Rincón.
32 Índice 2 de Samai, documento 31, páginas 4 y 5.
33 Ídem.
34 Índice 2 de Samai, documento 31, página 9.
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Demandante: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
demanda respecto de la primera omisión de asignación de subsidios; en la segunda,
se desarrollará la argumentación sobre la procedencia de la reparación directa
sobre la omisión de informar al Acueducto la no asignación de recursos.
H. Ineptitud sustantiva de la demanda respecto de las decisiones que se
adoptan por acto administrativo
13. En relación con el estudio de la acción procedente en la causa, debe recordarse
que esta corporación ha señalado que, “si la causa del daño reside en la ilegalidad
de una decisión de la administración (un acto administrativo) que crea, modifica o
extingue una relación jurídica particular y concreta, la acción (…) procedente es el
de nulidad y restablecimiento del derecho”35. Por otro lado, si la fuente del daño
radica en un hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación de
un inmueble, entonces la acción procedente es la de reparación directa. De este
modo, la fuente del daño invocado determina la acción procedente para atender a
las pretensiones formuladas
13.1. En el presente asunto, la omisión imputada corresponde a no haber
incorporado suficientes recursos en el Fondo de Solidaridad y Redistribución para
cubrir los subsidios aplicados por el Acueducto entre el 2002 y el 2005. De
conformidad con el artículo 89 de la Ley 142 de 1993, los Concejos Municipales
deben incorporar en el presupuesto municipal los recursos, con destino al Fondo de
Solidaridad y Redistribución, para atender los subsidios de los usuarios de estratos
1, 2 y 336. En concordancia con lo anterior, el artículo 105 del Decreto-Ley 111 de
199637 dispuso:
En desarrollo del artículo 368 de la Constitución Política, los gobiernos nacional,
departamental y municipal, podrán incluir apropiaciones en sus presupuestos para
conceder subsidios a las personas de menores ingresos, con el fin de pagar las
cuentas de servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.
13.2.A su turno, el artículo 315 de la Constitución Política indica que el Alcalde
Municipal debe presentar al Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo del
presupuesto, y que, luego de que el Acuerdo sea probado por este, debe
sancionarlo y promulgarlo38. Particularmente, la Ley 136 de 199439 facultó a los
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 01 de noviembre del 2023, expediente
25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185), MP Jaime Enríque Rodríguez Navas.
36 Ley 142 de 1994, artículo 89: “Los concejos municipales están en la obligación de crear "fondos de solidaridad
y redistribución de ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a
dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 89.2 de la presente Ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar
subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de esta Ley”.
37 Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.
38 Constitución política artículo 315: “Son atribuciones del Alcalde: (…) 5. Presentar oportunamente al Concejo
los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas,
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.
6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere
inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico” (destacado fuera del texto).
39 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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Concejos Municipales para expedir anualmente el presupuesto municipal40. Lo
anterior pone de presente que la omisión atribuida al Municipio consiste en la falta
de asignación de recursos presupuestales para cubrir los subsidios, de modo que
el daño invocado se deriva de los actos administrativos de asignación presupuestal
para las anualidades 2002, 2003, 2004 y 2005.
13.3.Esto implica que la omisión atribuida resulta ser un cuestionamiento al
contenido de tales actos, pues supone que el Municipio incumplió el presunto deber
de asignar más recursos para los subsidios en los presupuestos anuales. De modo
que la pretensión del actor supone una discusión en torno de los actos
administrativos presupuestales, lo cual requiere analizar de fondo la legalidad de
dichos actos, razón por la cual debe tramitarse mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
13.4. En ese sentido, las comunicaciones del Municipio que dieron respuesta a las
solicitudes del Acueducto no constituyeron actos administrativos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la medida que
tales misivas no crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas ni fueron
la culminación de algún proceso administrativo.
14. Lo anterior es claro con las comunicaciones aportadas por el actor, que emplea
como sustento de las omisiones atribuidas:
14.1. En la Comunicación 24440 del 18 de diciembre del 2002, el Municipio
responde a la comunicación 35260 del 11 de diciembre del 2002 del Acueducto, que
solicitó el reconocimiento de sumas dinerarias por los subsidios causados en el
tercer trimestre del 200241. En esta respuesta el Municipio refiere que se agotaron
los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución y que no cuenta con los
recursos para pagar la totalidad de los subsidios cobrados por el Acueducto, así:
“Bajo la imposibilidad de aportar más recursos a este fondo, al municipio le es
imposible subsidiar el 100%”42.
14.2. En la Comunicación 53028 del 23 de diciembre del 2004, el Municipio
responde nuevamente a una solicitud del Acueducto para el pago de los subsidios
insolutos del mes de agosto de 2004. En ella pone de presente al Acueducto el límite
presupuestal disponible para el pago de subsidios e indica que no cuenta con la
disponibilidad presupuestal para cubrir el déficit de subsidios del año 200443.
40 Ley 136 de 1994, artículo 32, numeral 9: “Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la
ley, son atribuciones de los concejos las siguientes (…) 9. Dictar las normas de presupuesto y expedir
anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de
desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal
definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación”.
41 Folio 9 del cuaderno 1.
42 Folio 11 del cuaderno 1.
43 “(…) estableciendo el valor del aporte del municipio en la suma de TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS ($335.000.000), que corresponde al saldo total de los recursos presupuestales
disponibles en esta Administración. Lamentablemente, (…) no existe la disponibilidad presupuestal que respalde
tal compromiso. Como lo manifestamos reiteradamente, Floridablanca no dispone de tales fondos y tampoco
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14.3.En la Comunicación 000106 del 30 de diciembre de 2004, el Municipio informa
al Acueducto que “el presupuesto municipal fue elaborado y aprobado con una
apropiación definitivamente insuficiente” para atender los subsidios requeridos por
el Acueducto44.
14.4. En la Comunicación 011027 del 11 de agosto del 2005, el Municipio informó al
acueducto que “El presupuesto asignado para el fondo de solidaridad y
redistribución de ingresos del municipio para la presente vigencia fiscal es de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100.000.000.00) los cuales deben ser distribuidos entre
las diferentes empresas de servicios públicos”45.
14.5. Además, el Acueducto indicó que la omisión se demostró porque, previo a que
se adoptaran los respectivos presupuestos anuales, le informó al Municipio
oportunamente sobre el déficit del Fondo de Solidaridad y Redistribución. Así, es
claro que el Acueducto sabía que la asignación se adoptaba anualmente en actos
administrativos. Como ejemplo de ello, se tienen las comunicaciones del 1 de
noviembre del 200246, del 17 de septiembre de 200347, del 16 de septiembre de
200448 y del 13 de julio de 200549.
puede generar falsas expectativas de pago futuro, incrementando los pasivos de dudoso cobro en esa entidad”.
Folio 35 del cuaderno 1.
44 Folio 44 del cuaderno 1.
45 Folio 55 del cuaderno 1.
46 “Atentamente me permito remitir la Proyección para la vigencia 2003 del Balance de Subsidios y Aportes
Solidarios Legales otorgados por la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, a los
suscriptores del servicio de Agua Potable Domiciliaria residentes en el Municipio de Floridablanca. Este Balance
arroja un faltante a financiar por el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Municipio de
Floridablanca o por el Municipio de Floridablanca, por un valor de $1.860.177.530, como resultado de la
aplicación de subsidios a los suscriptores de los Estratos 1,2 y 3”. Folio 6 del cuaderno 1.
47 “Atentamente me permito remitir la Proyección para la vigencia 2004 del Balance de Subsidios y Aportes
Solidarios Legales otorgados por la Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, a los
suscriptores del servicio de Agua Potable Domiciliaria residentes en el Municipio de Floridablanca. Este Balance
arroja un faltante a financiar por el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Municipio de
Floridablanca o por el Municipio de Floridablanca, por un valor de $1.875.068.903, como resultado de la
aplicación de subsidios a los suscriptores de los Estratos 1, 2 y 3”. Folio 22 del cuaderno 1.
48 “Atentamente me permito remitir la Proyección para la vigencia 2005 del Balance de Subsidios y Aportes
Solidarios Legales otorgados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, a los suscriptores del
servicio público domiciliario de agua potable residentes en los estratos 1 y 2 del Municipio de Floridablanca,
según el detalle presentado en el Anexo. Este Balance arroja un faltante a financiar por el Fondo de Solidaridad
y Redistribución del Ingreso del Municipio de Floridablanca o por el Municipio de Floridablanca, por un valor de
$1.432.793.071, como resultado de la aplicación de subsidios a los suscriptores de los Estratos 1 y 2 los aportes
solidarios a los suscriptores de los Estratos 5 y 6 y de los Usos comercial e industrial”. Folio 30 del cuaderno 1.
49 “Dentro del término estipulado, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP presenta al Señor
Alcalde, las proyecciones 2006 del Balance de Subsidios y Aportes Solidarios con el monto total de los
subsidios otorgados, los aportes cobrados en la tarifa, así como la información del número total de usuarios
atendidos, discriminados por estrato y uso, la desagregación de consumos según rango básico, complementario
o suntuario y el monto total de los recursos a aportar por el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso
del municipio, para obtener el equilibrio. Estas proyecciones contemplan los niveles de los subsidios y aportes
solidarios vigentes y sus resultados son altamente deficitarios. La información 2006, adjunta, se proyecta con
base en los resultados generales obtenidos en el balance de subsidios y aportes solidarios durante el año 2004
y el primer trimestre de 2005, contiene la estructura tarifaria Proyectada, los factores de subsidio y de aportes
aplicados, los usuarios atendidos y los consumos registrados. El Balance de Subsidios y Aportes se presenta
desagregado por usos y sus resultados económicos son altamente deficitarios y en conjunto representan un
serio riesgo para la estabilidad del esquema de subsidios y de la viabilidad financiera del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP. Para la vigencia 2006, el déficit del Balance de Subsidios y Aportes
solidarios en las tarifas del servicio de acueducto, alcanza un total $1.316.727.184 para el municipio de
Floridablanca”. Folios 51 y 52 del cuaderno 1.
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14.6.En conclusión, las misivas referidas dan cuenta de que el Municipio informó,
en más de una ocasión, la ausencia de recursos presupuestales para cubrir los
subsidios que le solicitaba el Acueducto. Ello permite concluir que, efectivamente,
las omisiones que el actor atribuye al demandado estarían contenidas en los actos
administrativos presupuestales, lo cual confirma que la acción procedente era la de
nulidad y restablecimiento del derecho.
15. Lo anterior es central en el presente asunto. En efecto, para garantizar la
efectividad del derecho de acción, el legislador del CCA previó acciones concretas
cuya procedencia depende de los fines, móviles y motivos que sustentan la
demanda, razón por la cual, si el perjuicio cuya reparación se pretende proviene de
un acto administrativo y es necesario desvirtuar la presunción de legalidad que lo
ampara, la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho.
15.1. Así, al no hallarse el subjudice dentro de los supuestos excepcionales
previstos por la jurisprudencia para demandar por vía de la reparación directa el
resarcimiento de un daño causado por actuaciones administrativas 50, es preciso
confirmar la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
15.2. Ahora bien, resulta necesario aclarar que, en el estatuto procesal que rige el
presente asunto, no es posible readecuar la acción. En efecto, en el CCA, a
diferencia de las reglas procesales establecidas por la Ley 1437 de 2011 51, el juez
no puede readecuar la acción presentada.
15.3.Con lo anterior basta para declarar la excepción de ineptitud de la demanda
por indebida escogencia de la acción, lo cual, consecuentemente, enerva la
pretensión del actor de resarcimiento del daño derivado de los actos administrativos
de presupuesto anual. Por tal razón, no es necesario llevar a cabo análisis alguno
respecto de la caducidad, ni se confirmará la decisión que la declaró.
16. Ahora bien, el apelante también reprocha la declaratoria de la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que dicha excepción no fue
propuesta en la oportunidad procesal adecuada. Fundamenta su reproche en el
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 2013, expediente 52001-23-31-000-1999-
00959-01(26437), CP Mauricio Fajardo Gómez: (…) son cuatro las excepciones que hasta este momento se
han identificado en la jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de reparación directa es el cauce
procesal idóneo cuando el origen del daño lo constituya una actuación administrativa: (i) reparación de perjuicios
causados por la ejecución de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en los que no se
controvierta su legalidad y se atente contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas; (ii) reparación
de perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya
sido objeto de revocatoria directa por la propia administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo
del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la configuración de un daño derivado de una
manifestación de la administración contra la cual no procede la acción de legalidad pertinente, como ocurre con
los actos preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación o revocatoria
directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado al actor, cuando la anulación o revocatoria directa
hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las
normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa. Criterio reiterado, en sentencia del 24 de enero de
2019, expediente 25000-23-26-000-2008-10182-01 (46806), CP Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 3 de
abril de 2020, 25000-23-26-000-2010-00281-01 (45650), CP Alberto Montaña Plata.
51 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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artículo 143 del CCA52, el cual establecía que “[c]ontra el auto admisorio sólo
procederá recurso de reposición (…) los recursos podrán fundarse también en las
causales de que trata el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil”.
16.1. A su turno, el artículo 97 del Decreto 1400 de 1970, Código de Procedimiento
Civil (en adelante, “CPC”), establecía que el demandado, dentro del término de
traslado de la demanda, podía interponer, entre otras, las excepciones de: “7.
Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida
acumulación de pretensiones. 8. Habérsele dado a la demanda el trámite de un
proceso diferente al que corresponde”.
16.2. Sin embargo, debe recordarse que la aptitud de la demanda es un presupuesto
procesal que en este caso fue alegado como excepción por el municipio demandado
y, por ende, puede ser evaluado en la sentencia de conformidad con lo previsto en
el inciso segundo del artículo 164 del CCA. Así, en providencia de unificación de la
Sección Tercera, se ha establecido que el juez de segunda instancia tiene
competencia para “pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que
sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como (…) la indebida
escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante” 53.
Por ello, se evidencia que el Tribunal sí estaba facultado para declarar la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda en la sentencia.
17. En conclusión, al verificarse que la acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho y que el Tribunal declaró acertadamente la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró la excepción de ineptitud de la demanda en relación con la
falta de asignación de los recursos para cubrir los subsidios aplicados por el
Acueducto durante los años 2002, 2003 2004 y 2005.
I. No se demostró que la omisión del Municipio en comunicar el monto
asignado al Fondo de Solidaridad y Redistribución constituya una falla
del servicio
18. Ahora bien, en lo concerniente a la omisión de advertencia oportuna de la
decisión del Municipio acerca de los recursos presupuestales asignados para cubrir
los subsidios, se debe precisar que sí es procedente la reparación directa. Pues, si
“la fuente del daño es un hecho, omisión u operación administrativa, la
responsabilidad de la administración se debe perseguir a través de la acción
de reparación directa”54.
18.1. En tal sentido, la omisión de informar la decisión administrativa no supone un
52 Modificado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, expediente
05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), CP Danilo Rojas Betancourth.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de septiembre de 2021, expediente
25000-23-26-000-2005-02103-01 (40791), MP Guillermo Sánchez Luque.
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reproche de legalidad de la actuación, sino que implica que se debe constatar si
constituyó una falla del servicio de la administración. Al respecto, esta corporación
ha señalado que los defectos relativos a dar publicidad a un acto administrativo no
afectan su validez, motivo por el cual “tales hechos jamás pueden aducirse como
circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo”55.
18.2. De esta manera, como el actor imputa una omisión de comunicar la decisión
administrativa, es preciso revocar parcialmente la decisión de instancia que declaró
la ineptitud sustantiva de la demanda. En efecto, el reproche de la publicidad de un
acto administrativo no es propio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, pues no puede afectar la legalidad del acto. Así, en torno a esa omisión,
sí era procedente la acción de reparación directa.
19. De esta manera, para que prosperen las pretensiones del actor en materia de
la responsabilidad del Estado, el demandante debe acreditar la falla del servicio,
alegada, en virtud de los artículos 1757 del Código Civil56 y 177 del Código de
Procedimiento Civil57 que establecen que corresponde al actor demostrar los
supuestos de hecho alegados.
20. Para demostrar la falla, el actor debe acreditar que la conducta del Estado fue
contraria a los deberes y obligaciones que jurídicamente se le atribuyen58. Así, es
necesario estudiar si el Municipio desconoció una obligación a su cargo. Al respecto,
el demandante afirma que el parágrafo del artículo 6 del Decreto 565 de 199659
“estableció que cuando los Municipios no estén dispuestos a conceder los subsidios
deberán informarlo a las Empresas de servicios públicos domiciliarios para que
estos puedan incrementar sus tarifas”60. Para constatar si el Municipio incurrió en la
falla atribuida es necesario verificar el contenido de la norma aludida, cuyo tenor
dispone:
Artículo 6. Criterios de asignación. El Alcalde municipal o distrital o el Gobernador,
según sea el caso, definirán los criterios con los cuales deberán asignarse los
recursos destinados a sufragar los subsidios, en concordancia con lo establecido
por la Ley 142 de 1994 y por este Decreto.
Parágrafo: Cuando el monto de los recursos aprobado por las autoridades
competentes en el Fondo de Solidaridad no sea suficiente para cubrir la
totalidad de los subsidios previstos, la entidad prestadora de los servicios
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, expediente: 54001-
23-31-000-1999-0111-01 (23358), MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Esta postura fue reiterada
recientemente por la Subsección B: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de octubre
del 2025, expediente: 70001-23-33-000-2024-00066-01 (73252), MP Diego Enrique Franco Victoria. El
Magistrado Alberto Montaña Plata salvó el voto por un asunto diferente.
56 “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.
57 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”. El CPC es aplicable al presente asunto en materia de carga de la prueba, pues la demanda se
interpuso en vigencia de dicha norma. En efecto, el Código General del Proceso fue expedido con la Ley 1564
de 2012, la cual fue promulgada en el Diario Oficial 48489 de 12 de julio de 2012, esto es, más de 5 años
después de que se presentada la demanda.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de marzo del 2012, expediente 25000-
23-26-000-1996-03282-01 (20042), MP Hernan Andrade Rincón.
59 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los Fondos de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos del orden departamental, municipal y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”.
60 Folio 69 del cuaderno 1.
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públicos domiciliarios, deberá prever el plan de ajuste tarifario requerido
(destacado fuera del texto).
20.1. De la norma citada no se deriva un deber u obligación para el Municipio de
informar o advertir su decisión de no prever presupuestalmente los subsidios. Por
el contrario, la citada norma del Decreto 565 de 1996 dispone que, cuando los
recursos aprobados por el presupuesto municipal, destinados al Fondo de
Solidaridad y Redistribución, no resulten suficientes para cubrir los subsidios
previstos, la entidad prestadora del servicio deberá llevar a cabo el plan de ajuste
tarifario correspondiente. De modo que el reajuste tarifario ante el agotamiento de
los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución es un deber para la empresa
prestadora del servicio, que no depende de una advertencia o comunicación previa
por parte de la entidad territorial.
20.2. En gracia de discusión, en el expediente se hallan, las proyecciones de
subsidios enviadas anualmente por el Acueducto, que reflejaban un constante
déficit61; asimismo, se encuentran comunicaciones cruzadas entre el Acueducto y
el Municipio, en las cuales el primero solicitó al segundo el pago de los subsidios
insolutos de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, al haberse agotado los recursos del
Fondo de Solidaridad y Redistribución62. En ese sentido, esas pruebas
documentales dan cuenta de que el Acueducto conocía que en el presupuesto se
definían los montos aprobados para los subsidios y que dichos montos resultaron
insuficientes para algunas anualidades.
20.3.En todo caso, la Sala destaca que los presupuestos anuales, que son
adoptados por acuerdos municipales, no deben ser comunicados, ni notificados,
sino publicados. Al respecto, el artículo 116 del Decreto Ley 1333 de 1986, por el
cual se expidió el Código de Régimen Municipal, señala lo siguiente:
Artículo 116. Los acuerdos expedidos por los Concejos y sancionados por los
alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de
la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha posterior
para el efecto. La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días
siguientes a su sanción (destacado fuera del texto).
21. Por lo anterior, no se encuentra acreditada la falla del servicio del demandado,
pues no se acreditó que el Municipio debiera informar al Acueducto de las
apropiaciones presupuestales que se adoptaron por el Concejo Municipal.
J. Condena en costas
22. En los términos de los artículos 171 del CCA63, al no observar temeridad o mala
fe por parte del apelante, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
61 Folios 6, 22, 30, 51 y 52 del cuaderno 1.
62 Folios 2, 9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59 y 60 del Cuaderno 1.
63 CCA, artículo 171, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998: “En todos los procesos, con excepción
de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍCASE parcialmente la sentencia del 10 de agosto de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual quedará así:
Primero. DECLARAR probada la excepción de INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA
DEMANDA respecto del daño derivado de la falta de asignación de los recursos
necesarios para cubrir los subsidios aplicados por el Acueducto durante los años
2002, 2003 2004 y 2005.
Segundo. DENEGAR las pretensiones relativas a la omisión de poner en
conocimiento la falta de asignación de recursos necesarios para cubrir los
subsidios aplicados por el Acueducto durante los años 2002, 2003 2004 y 2005.
Tercero. Sin costas en esta instancia.
Cuarto. En firme esta decisión, procédase al archivo de las diligencias, dejando
las constancias de rigor en el sistema Justicia Siglo XXI.
SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO: por secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto
Sigue leyendo
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