Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01733-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01733-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01733-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 9 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01733-01
Accionante: Leonardo José Mestre Socarrás
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto procedimental –
concede amparo
Síntesis del caso: La parte actora cuestionó la sentencia de segunda instancia, mediante la
que se revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, se adecuó el medio de control de
reparación directa presentado al de nulidad y restablecimiento del derecho y se declaró
la caducidad de este.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 28 de
abril de 2025, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 21 de marzo de 2025, Leonardo José Mestre Socarrás presentó una
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cesar, por la
aparente vulneración de sus derechos al debido proceso e igualdad, y los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la Sentencia de 24 de octubre de 20243,
proferida por la autoridad judicial accionada, en el medio de control de
reparación directa4 No. 20001-33-33-002-2021-00001-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y Acuerdo
No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
2 “NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Leonardo José Mestre Socarrás en contra
del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.”
3 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 28 de octubre de 2024.
4 El cual fue adecuado por la autoridad judicial accionada al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01733-01
Accionante: Leonardo José Mestre Socarrás
Accionado: Tribunal Administrativo de Cesar
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – concede amparo
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Primera. AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad de trato jurídico,
a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, al debido proceso que fueron
violados por el Tribunal Administrativo del Cesar al proferir la Sentencia de
segunda instancia del 24 de octubre de 2024, en el que se REVOCÓ la sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar, de fecha 19 de diciembre de 2022, y, en su lugar, DECLÁRASE la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la parte actora, conforme a las razones expuestas en esta
providencia.
Segunda. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del 24 de
octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
medio de control de reparación directa dentro del radicado 20001-33-33-002-
2021-00001-00
Tercera. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar proferir, dentro del
término de 10 días, una nueva sentencia de segunda instancia en la que sí: (i)
apliquen los precedentes horizontales y en la materia (ii) y en consecuencia
decida de fondo la acción de reparación directa que formulé contra la
Procuraduría General de la Nación, esto es, para que aplique la tesis
jurisprudencial que permite ejercer la acción de reparación directa para
reclamar perjuicios derivados de un acto administrativo particular que, por
ilegal, es revocado por la propia administración”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 14 de diciembre de 2020, Leonardo José Mestre Socarrás, a través
de apoderado judicial, presentó una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación - Procuraduría General de la
Nación.
5. La demanda buscaba la reparación del daño causado a Leonardo
José Mestre Socarrás, quien fue destituido e inhabilitado por 12 años para
ejercer funciones públicas mediante los fallos disciplinarios de la
Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa, en virtud de la elección de una persona
inhabilitada como contralor municipal. Los fallos disciplinarios fueron
revocados el 1 de junio de 2020 por la Procuraduría General de la Nación,
en atención a una solicitud de revocatoria directa presentada por el señor
Mestre Socarrás y otros concejales, motivo por el que se declaró la
inexistencia de la falta disciplinaria y fue absuelto de responsabilidad.
6. 2) El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado 2
Administrativo de Valledupar que, mediante Sentencia de 19 de diciembre
de 2022, declaró responsable a la Procuraduría General de la Nación por el
daño causado al señor Mestre Socarrás y la condenó a pagar una
indemnización por concepto de perjuicios materiales e inmateriales.
7. La autoridad judicial indicó que cuando un acto administrativo de
carácter individual, como lo era una sanción disciplinaria, era revocado por
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Decisión: Revoca – concede amparo
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la propia administración, el medio de control adecuado para solicitar la
indemnización de los perjuicios causados con esa actuación era la
reparación directa. Adicional a lo anterior, señaló que la sanción
disciplinaria impuesta al demandante se fundó en causas inexistentes y que,
aunque la Procuraduría actuó dentro de un marco legal, se configuró un
daño especial al imponerse una carga excepcional e injustificada al
demandante.
8. 3) La anterior decisión fue apelada por la Procuraduría General de la
Nación, con fundamento en que (a) la autoridad judicial no realizó un
estudio adecuado respecto de la procedencia del medio de control
elegido por la parte demandante pues debió tener en cuenta la postura del
Consejo de Estado que limitaba la aplicación del medio de control de
reparación directa únicamente a ciertos eventos y que, en este caso, el
mecanismo idóneo para reclamar indemnización por daños era el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, no de reparación
directa; y (b) Las decisiones disciplinarias adoptadas se ajustaron al marco
normativo vigente para la época y se fundamentaron en la jurisprudencia y
pruebas existentes, y aunque la sanción luego fue revocada por la
Procuraduría General de la Nación tras unos cambios jurisprudenciales y
normativos, indicó que ello no transformó automáticamente la sanción en
un daño antijurídico indemnizable.
9. 4) El Tribunal Administrativo de Cesar, mediante Sentencia de 24 de
octubre de 2024, revocó la sentencia de primera instancia, adecuó el
trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
declaró la caducidad de dicho medio de control. Lo anterior en
consideración a que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de
Estado5, cuando la revocatoria de un acto administrativo sancionatorio fue
solicitada y sustentada por el propio afectado (como sucedió en este caso),
y la administración acoge sus argumentos, el medio de control adecuado
para reclamar los perjuicios era el de nulidad y restablecimiento del
derecho, no el de reparación directa, toda vez que el afectado pudo
conocer el daño desde la notificación del acto administrativo y estaba
habilitado para demandar por nulidad y restablecimiento del derecho en el
término de 4 meses.
10. En consecuencia, señaló que el fallo disciplinario de segunda
instancia cobró ejecutoria el 23 de octubre de 2019, por lo que el término
para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
vencía el 24 de febrero de 2020. Sin embargo, la solicitud de conciliación
5 Para ello citó la Sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 1 de
noviembre de 2023 en el expediente Rad. 25000-23-36-000-2015-02954-01.
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prejudicial solo se presentó hasta el 26 de octubre de 2020, fecha en la que
ya había operado la caducidad del medio de control.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora consideró que
la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental porque
adecuó de manera indebida el trámite del asunto al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en lugar del de reparación directa,
lo cual consideró que vulneró el derecho al debido proceso y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. En ese sentido indico que
la sentencia cuestionada se basó en criterios subjetivos y desconoció la
situación fáctica particular del caso, lo cual implicó una negación de
justicia.
12. Adicional a ello sostuvo que se desconoció el precedente ante la
fundamentación de la decisión con un precedente jurisprudencial que no
correspondía al caso concreto y no se respetaron precedentes vinculantes6
que, a su juicio, admitían la procedencia de la acción de reparación directa
para reclamar perjuicios derivados de actos administrativos revocados por
la administración, con lo cual también se vulneró el derecho a la igualdad y
los principios a la seguridad jurídica y confianza legítima.
1.2. Sentencia de primera instancia7 e impugnación
13. Mediante Sentencia de 28 de abril de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Pese a
ello, como sustento de su decisión, indicó que los cargos de la tutela, más
allá de la posible configuración de los defectos procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente, realmente se dirigían a cuestionar la
interpretación realizada por la autoridad judicial del asunto con
fundamento en los supuestos fácticos del caso y la jurisprudencia.
14. Además, hizo referencia a que la autoridad judicial accionada
estudió el asunto de acuerdo con la postura más reciente del Consejo de
Estado8 respecto de la escogencia del medio de control en ese tipo de
asuntos y, luego de ese análisis, adecuó el medio de control al de nulidad y
restablecimiento del derecho, y estableció que se configuró la caducidad.
6 Tales como la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cesar, de 19 de diciembre de 2022, proferida en el
expediente con Rad. 20001- 33- 33- 002- 2021-00001- 00; y la Sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, proferida el 23 de abril de 2015, en el expediente Rad. 11001-03-15-000-2014-03055-00.
7 Mediante Auto de 27 de marzo de 2025, el despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Cesar, y (3) vincular, en calidad de terceros, al Juzgado
2 Administrativo de Valledupar, a la Procuraduría General de la Nación y a los demandantes, demandados y
terceros vinculados en el proceso de reparación directa con radicado núm. 20-001-33-33-002-2021-00001-00/01.
8 Sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 1 de noviembre de
2023 en el expediente Rad. 25000-23-36-000-2015-02954-01.
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15. Así concluyó que el tribunal demandado realizó un estudio que se
ajustó a las particularidades del caso y al precedente judicial aplicable.
16. Inconforme con la decisión anterior, Leonardo José Mestre Socarrás
presentó escrito de impugnación.
17. Para ello, en primer lugar, indicó que hubo un error jurídico en la
decisión impugnada ante el desconocimiento del precedente establecido
en casos como la acción de tutela resuelta en el expediente Rad. 11001-03-
15-000-2014-03055-00, en la que se reconoció la procedencia excepcional
del medio de control de reparación directa para reclamar perjuicios
derivados de actos administrativos que fueron revocados por la propia
administración.
18. Adicional a ello, hizo referencia a que se vulneró el derecho a la
igualdad ya que se le dio un trato diferenciado, ante la no aplicación de la
sentencia proferida en el asunto con Rad. 11001-03-15-000-2014-03055-00, la
cual consideró que tenía características fácticas y jurídicas idénticas a su
caso.
19. En segundo lugar, insistió en la configuración del defecto
procedimental tras considerar que la autoridad judicial demandada
privilegió aspectos formales sobre el derecho sustancial, e ignoró que la
revocatoria directa fue solicitada de manera diligente y oportuna, y que se
agotaron simultáneamente las vías administrativas y judiciales disponibles.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de defectos alegados
y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.
2.1. Identificación de derechos
20. Pese a que la parte accionante señaló en su solicitud de amparo
como vulnerados varios derechos, esta Sala centrará su análisis en la
violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, pues ante una aparente vulneración de garantías
constitucionales en el marco de una actuación judicial, cobra relevancia
estudiar si estos derechos fueron lesionados durante el desarrollo del trámite
judicial ordinario. Así mismo, la vulneración de los demás derechos
invocados surge como consecuencia de la misma afrenta de los derechos
a estudiarse. En consecuencia, en el evento de encontrarlos lesionados,
existirá razón suficiente para conceder el amparo.
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2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
21. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso judicial
idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha en que se notificó la
providencia enjuiciada (30/10/20249) y la de interposición de la presente
acción de tutela (21/3/2025). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia, proferida
en un proceso de reparación directa, el cual fue adecuado al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la aparente afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia con ocasión de una providencia judicial que revocó la de primera
instancia y cuyo debate central es que no haya estudiado ala demanda
través del medio de control de reparación directa, tal como se presentó,
sino mediante el medio de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que,
en definitiva, conllevó a la declaratoria de caducidad, decisión respecto de
la cual la parte actora no pudo presentar reparos, en la medida que la
sentencia de primera instancia le había sido favorable.
2.3. Fijación de la controversia
22. Determinar si el Tribunal Administrativo de Cesar vulneró, o no, los
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
parte accionante, por incurrir en los defectos procedimental y/o
desconocimiento del precedente, ante la adecuación del medio de control
de reparación directa presentado al de nulidad y restablecimiento del
derecho y, en virtud de ello, haber declarado la caducidad. Como
consecuencia de lo anterior, se procederá a confirmar, modificar, o revocar
la sentencia impugnada.
2.4. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
23. La Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, accederá a la
solicitud de amparo, de conformidad con las razones que a continuación se
exponen:
9 El mensaje de datos fue enviado el 28 de octubre de 2024.
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24. El Tribunal Administrativo de Cesar, dentro del medio de control de
reparación directa presentado por la parte actora10, revocó la decisión de
primera instancia, que había accedido a las pretensiones de la demanda11
y, en su lugar, adecuó el medio de control de reparación directa
presentado al de nulidad y restablecimiento del derecho y declaró su
caducidad.
25. Para sustentar esa posición la autoridad judicial se fundamentó en la
Sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
proferida el 1 de noviembre de 2023, en el expediente Rad. 25000-23-36-000-
2015-02954-01, en la cual se estudió un asunto en el que se solicitó, a través
del medio de control de reparación directa, el reconocimiento y pago de
los perjuicios causados con ocasión de la revocatoria, por parte de la
Procuraduría General de la Nación, de una sanción disciplinaria que se
había impuesto a la parte demandante. En ese caso, se indicó que hubo
una indebida escogencia del medio de control porque el daño alegado fue
causado por un acto administrativo, el cual podía demandarse a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en virtud de
lo anterior, declaró su caducidad.
26. En este punto, cabe recordar que la Sección Tercera del Consejo de
Estado también ha establecido una postura12 respecto de la procedencia
del medio de control de reparación directa para reclamar perjuicios
derivados de la entrada en vigor de un acto administrativo, que
posteriormente es revocado por la administración o declarado nulo por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (se trascribe):
“Como se indicó anteriormente, la Sección Tercera de la Corporación
también ha contemplado otra hipótesis en la cual procede la acción de
reparación directa relativa a actos administrativos, en este segundo caso el
mecanismo procesal en comento resulta procedente para demandar los
perjuicios causados con ocasión de la entrada en vigor de un acto
administrativo que a la postre sería revocado por la entidad pública o
anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En la hipótesis a la que se ha venido haciendo referencia, es decir en los
eventos en que la acción de reparación directa cuya pretensión resarcitoria
la constituyan los perjuicios generados por la vigencia del acto
administrativo que a la postre sería declarado ilegal o revocado por la
propia Administración Pública, los casos respecto de los cuales se ha
pronunciado la Sala tienen que ver principalmente con perjuicios derivados
de la entrada en vigencia y ejecución del acto administrativo ilegal
sufridos por quien vio mermado su patrimonio por la existencia misma del
acto. (…) “Así las cosas, tres son las hipótesis que hasta este momento se han
10 Rad. 20001-33-33-002-2021-00001-01.
11 El Juzgado 2 Administrativo de Valledupar declaró la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación
por el daño causado al señor Mestre Socarrás con la revocatoria de unos fallos disciplinarios que habían declarado
su destitución e inhabilidad y condenó a esa autoridad a pagar una indemnización por perjuicios materiales e
inmateriales.
12 Revisar, entre otras sentencias: de 13 de abril de 2013, proferida en el expediente No. 26.437 y de 4 de noviembre
de 2015, Rad. 52001-23-31-000-2000-00003-01.
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identificado para concluir acerca de la procedencia de la acción de
reparación directa cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: i) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios
causados por los actos administrativos ajustados al ordenamiento jurídico,
siempre y cuando no se cuestione en sede judicial la legalidad del acto
administrativo en cuestión; ii) Cuando se pretenda la condena por los
perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo
ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa;
y, iii) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por
la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere sido
favorable al actor, cuando quiera que la anulación o revocatoria directa
hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del
procedimiento administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de
la actividad administrativa que tiene a su cargo la Administración Pública.”
27. Pese a la existencia de dicha postura, el Tribunal Administrativo de
Cesar desconoció la posibilidad de demandar los perjuicios ocasionados
con la expedición y ejecución de un acto administrativo, que con
posterioridad fue objeto de revocatoria directa, a través del medio de
control de reparación directa.
28. En esa medida, para la Sala se configuró un defecto procedimental
ante la decisión de la autoridad judicial accionada de adecuar el
mecanismo presentado al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y declarar su caducidad.
29. La actuación referida es contraria a las garantías de acceso a la
administración de justicia, efectividad de los derechos y prevalencia del
derecho sustancial, ya que no permite que la parte afectada con el acto
administrativo, posteriormente revocado, acceda a la reparación de los
perjuicios ocasionados con este, sino que genera una barrera que impide
que pueda reclamar sus derechos y que su controversia sea estudiada por
la autoridad judicial natural del asunto, más allá del formalismo que impone
el hecho de no haber demandado a través de uno u otro medio de control.
30. En ese orden, la autoridad judicial demandada debió analizar el
asunto bajo la posición más favorable para la parte actora, es decir, debió
continuar con el estudio del caso a través del medio de control presentado,
el cual, como lo ha determinado esta corporación, era procedente para
resolver la controversia planteada.
31. Adicionalmente, es importante destacar que, si bien la autoridad
judicial accionada sustentó su decisión en la Sentencia de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 1 de noviembre
de 2023 en el expediente Rad. 25000-23-36-000-2015-02954-01, lo cierto es
que dicha decisión no es una postura de unificación, ni fijó reglas de
obligatoria aplicación que impidieran que el tribunal accionado diera por
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superada esa aparente indebida escogencia del medio de control, para
estudiar la reparación de los perjuicios solicitada en la demanda.
32. En atención a lo expuesto, la Sala considera que el Tribunal
Administrativo de Cesar incurrió en un defecto procedimental pues, al
margen del medio de control presentado para el estudio del caso, se
decidió declarar la indebida escogencia del medio de control y rechazar la
demanda por caducidad, pese a que se debió propender por priorizar el
análisis del derecho sustancial por encima del derecho formal.
33. Por ende, se considera necesario que el Tribunal Administrativo de
Cesar profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta las
consideraciones anteriormente expuestas.
34. Ello no quiere decir que, de manera automática, la autoridad judicial
deba acceder a las pretensiones del proceso ordinario, pues, la discusión
sobre si en este caso hay lugar al reconocimiento de los perjuicios
reclamados, corresponde al juez natural del asunto.
35. Finalmente, es necesario manifestar que, ante la configuración del
defecto procedimental alegado, no es necesario estudiar el
desconocimiento del precedente en los términos invocados, ya que la
configuración del aludido defecto es razón suficiente para conceder el
amparo solicitado.
2.5. Conclusiones
36. Por lo anterior, tras encontrar configurado el defecto procedimental
alegado, y con ello la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de la parte demandante,
la Sala revocará el fallo impugnado y, en su lugar, dejará sin efectos la
sentencia objeto de reproche de la presente acción de tutela y ordenará
que se profiera una nueva decisión en la que se tengan en cuenta las
consideraciones anteriormente expuestas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 28 de abril de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de
la cual se negaron las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de Leonardo José Mestre Socarrás, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el
24 de octubre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cesar en el
expediente Rad. 20001-33-33-002-2021-00001-01, y ORDENAR a dicho tribunal
que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una sentencia de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta
decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.
CUARTO: Por Secretaría General, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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