Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01805-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01805-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01805-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., primero (1. °) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01805-01
Accionantes: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior
de la Judicatura
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: índice de evaluación parcial (IEP).
Fórmula para calcular el IEP. Subtema 2: requisito para solicitud teletrabajo en la
Rama Judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de impugnación interpuesto por los señores Diana Marcela Rodríguez Bermúdez,
Diego Fernando Perdomo Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado contra la
sentencia del 5 de mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta corporación.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros interpusieron solicitud de
amparo de su derecho fundamental a la igualdad, que consideraron vulnerado por la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura 1, al
no determinar correctamente el porcentaje del IEP del Juzgado Noventa y Dos Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá para el año 2024, lo que les
impidió acceder a la modalidad de teletrabajo.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. Los señores Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo
Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado son servidores judiciales adscritos
al Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
en la condición de jueza, secretario y oficial mayor, respectivamente.
1 En adelante UDAE.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (60-1) 350-6700 Bogotá, D. C. (Colombia)
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3. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA23-12124 de 2023, modificado
por el Acuerdo PCSJA24-12134 de 2024, la UDAE expidió la Resolución No. UDAER24-
6 del 11 de enero de 2024 en la que modificó el código de asignación de algunos
juzgados pertenecientes a la jurisdicción ordinaria y cambió la denominación del
Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá a Juzgado
Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
4. Asimismo, estableció en los artículos 15 y 16 ibidem los ajustes en el Sistema de
Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU) para la modificación del código,
en este sentido:
ARTÍCULO 15. Ajustes en SIERJU para la modificación del código. Para hacer efectivo
el cambio de la nomenclatura de los despachos modificados en esta resolución en el
sistema SIERJU, en el reporte que haga el funcionario del periodo del 01 al 10 de enero
de 2024, bajo la anterior denominación, deberá dejar en cero (0) los inventarios finales
de las secciones del formulario que manejen inventarios, de conformidad con el Artículo
12, literal d) del Acuerdo PSAA16-10476 de 2016, diligenciando los inventarios finales
en la columna de egresos no efectivos de las respectivas secciones del formulario e
informará al consejo seccional de la judicatura respectivo, quien verificará y solicitará a
la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico que ajuste el código en el sistema.
ARTÍCULO 16. De los inventarios iniciales en el reporte SIERJU para los despachos que
se les modifica el código. Para el reporte de la gestión judicial a partir del 11 de enero de
2024 en el sistema SIERJU, bajo la nueva denominación del despacho, se deben
diligenciar las cifras correspondientes al conteo de procesos a 10 de enero del año 2024,
en la casilla correspondiente al inventario inicial del periodo.
5. El despacho al que pertenecen los accionantes, en cumplimiento de lo dispuesto
en la resolución mencionada y una vez se efectuó el requerimiento del ajuste del
código en el SIERJU, reportó para el año 2024 el inventario activo a 31 de diciembre de
2023, así: i) 69 procesos de primera instancia de la Ley 906 de 2004; ii) 441 procesos
de primera instancia de la Ley 1826 de 2017; iii) 15 acciones de tutela; y iv) 5 incidentes
de desacato; para un total de 530.
6. Según informaron los accionantes, la UDAE determinó el porcentaje del IEP del
despacho para el 2024 con la sumatoria de los procesos correspondientes al inventario
final del 2023 y los ingresos por reparto. Esta metodología, afirmaron, generó un
incremento que calificaron como «desproporcionado», al arrojar un total de 1.063
ingresos. Como resultado, el Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Bogotá obtuvo un IEP del 75 %.
7. Ahora bien, el Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de 2024 prevé que uno de
los requisitos para poder acceder a la modalidad de teletrabajo es que el despacho
judicial tenga un IEP igual o superior al 80%.
8. Por otra parte, el Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá presentó un escrito ante la UDAE, el 5 de marzo del año en
curso, en el que solicitó la verificación y posible corrección del IEP del despacho para
el año 2024, por cuanto el indicador se encuentra en el 75%, situación que no
concordaba con los datos debidamente reportados en SIERJU.
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9. Finalmente, la UDAE negó la petición, para lo cual indicó que tomó todos los tipos
de ingresos y egresos que el despacho reportó en la plataforma SIERJU en las
secciones que acopian movimiento de procesos para el año 2024, y explicó que «dicho
acuerdo no autoriza a esta Unidad para hacer cálculos diferentes para situaciones
particulares, lo que podría afectar el derecho a la igualdad de los despachos judiciales
que no recurran al derecho de petición para pretender el ajuste de su %IEP»2.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico, que recalcule el IEP del Juzgado 092 Penal Municipal de Conocimiento de
Bogotá, excluyendo de la carga activa los procesos que corresponden al inventario final
del periodo 2023-4 y que fueron reingresados en el periodo 2024-1.
2. Efectuado lo anterior, se ordene habilitar el aplicativo de teletrabajo para que los
servidores judiciales podamos realizar la solicitud de anuencia y el trámite respectivo. En
defecto de lo anterior, se nos permita presentar la petición referida por escrito al
respectivo nominador.
3. De manera subsidiaria solicitamos se nos exonere del requisito previsto en el literal c)
del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política, pues en este caso concreto la
aplicación de la norma es desproporcionada y genera consecuencias que contravienen
el contenido del art. 13 ibídem, si se considera que es la accionada UDAE quien ha fijado
el %IEP mediante un trato desigual para nosotros3.
11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que, a pesar
de que la UDAE reportó un IEP inferior al 80% para el Juzgado Noventa y Dos Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá al incluir dentro de los ingresos
los procesos inventariados al cierre de 2023, el despacho tuvo más egresos que
ingresos reales. Al respecto, explicó lo siguiente:
Conforme a lo anterior, al haberse tenido en cuenta todos los ingresos reportados en
2024, incluyendo la proporción considerable de los procesos inventariados al final de
2023, que no fueron ingresos reales del Despacho, sino que se incluyeron en el
formulario SIERJU para cumplir con las indicaciones debido al cambio de nomenclatura,
no se vio reflejada la evacuación o egresos del mismo periodo, fijada por la UDAE en
793; generando como consecuencia que el IEP de 2024 se estableciera de forma
negativa en un 75%, pese a que la realidad en la gestión del Juzgado 092 es otra.
12. Afirmó que, al descontar los 530 procesos del inventario final de 2023, de los 1.063
ingresos reportados, se obtendrían 533 ingresos efectivos, lo que arrojaría un IEP real
del 149 %. Sin embargo, esta situación no fue corregida por la UDAE a pesar de la
solicitud que presentó el 5 de marzo de 2025, lo que se tradujo en la imposibilidad de
acceder al teletrabajo por no cumplir formalmente con el requisito del IEP y en la
afectación de sus derechos laborales. Frente a este punto, expuso lo que se cita a
continuación:
Situación que fue distinta para los demás Juzgados pese a que todos nos
encontrábamos en las mismas circunstancias de cara a los ajustes que debieron
2
Transcrito con errores de texto.
3 Transcrito con errores de texto.
3
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realizarse a los formularios; y que, a la postre, solo a nosotros nos ha generado
consecuencias negativas al no poder acceder al teletrabajo por no cumplir con el
requisito del IEP; afectando así nuestros derechos laborales ya que el aplicativo para
realizar la petición no permitió realizar la petición.
13. La negativa de la UDAE sin justificación suficiente y bajo el argumento de evitar una
supuesta vulneración de derechos de otros despachos, constituyó un trato desigual
que solo afectó al juzgado accionado, razón por la cual los tutelantes acuden al amparo
constitucional como mecanismo idóneo para la protección de sus derechos
fundamentales.
2.3. Trámite procesal
14. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió auto del 1
de abril de 2025 en el que admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la
UDAE y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal Superior de Bogotá, a la
Unidad de Transformación Digital del Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en calidad de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
15. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá4 indicó que el 12 de marzo de
2025 dio respuesta a la petición formulada por la parte actora en la que le indicó que
el IEP es gestionado y emitido exclusivamente por la UDAE y no por ese consejo
seccional.
16. En dicha comunicación, se proporcionó la información necesaria para orientar la
consulta y el procedimiento a seguir en caso de presentarse inconvenientes al acceder
al documento o al realizar una solicitud de teletrabajo. Precisó que el IEP
correspondiente al año 2024 fue remitido por la UDAE a todos los consejos seccionales
del país y se encuentra publicado.
17. Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva frente a las
pretensiones de los accionantes, toda vez que los fundamentos fácticos del amparo
solicitado no guardan relación con las funciones administrativas asignadas a esa
corporación.
18. El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció frente a los hechos y pretensiones
del escrito de amparo y afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, al
tener en cuenta que la función de corregir las estadísticas judiciales o modificar el IEP
fueron atribuidas a la UDAE, conforme lo establecido en los Acuerdos PSAA16-10476
de 2016 y PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 20245.
19. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 estimó que no está
legitimada en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la demanda de tutela están
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01805-00, índice 9, certificado núm. B74866B97F473C96
EA859A80000134EA 4F78F1C192B0747B 2A747544A5563FE0.
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01805-00, índice 10, certificado núm. B74866B97F473C96
EA859A80000134EA 4F78F1C192B0747B 2A747544A5563FE0.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01805-00, índice 11, certificado núm. 88700A412979DD3A
1D357124F2561A0E 9113DB972D553E60 E2977B97A7EF010B.
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dirigidas, en principio, contra el Consejo Superior de la Judicatura y la UDAE al ser las
autoridades que determinan el IEP como presupuesto para acceder a la solicitud de
teletrabajo.
20. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura7 solicitó declarar la improcedencia de la acción constitucional, con el
argumento de que los actores no agotaron los mecanismos administrativos y judiciales
ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, tales como el recurso de reposición y
las acciones contencioso-administrativas de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho. En consecuencia, arguyó que no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad exigido por el artículo 86 de la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional.
21. Agregó que la respuesta emitida por la UDAE frente a la solicitud de corrección del
IEP fue expedida conforme a la normativa vigente, en particular, el Acuerdo PCSJA24-
12151 de 2024 y la Resolución UDAER24-6 de 2024. Explicó que el cálculo del IEP se
realizó con base en la información reportada por el propio despacho judicial en la
plataforma SIERJU y que los errores en la clasificación de los procesos «como
reingresos en lugar de inventario inicial» fueron atribuibles a los accionantes.
22. Finalmente, reiteró que el teletrabajo en la Rama Judicial es una modalidad
reglamentada por el Consejo Superior de la Judicatura, y que el cumplimiento del IEP
mínimo del 80% es un criterio objetivo y general aplicable a todos los despachos
judiciales. En ese sentido, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la procedencia excepcional de la tutela.
23. Por lo anterior, se solicitó al juez constitucional declarar la improcedencia de la
acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo solicitado por no haberse
configurado vulneración alguna de derechos fundamentales.
2.5. Sentencia de primera instancia
24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia el 5 de mayo de 2025, en la que declaró improcedente la acción
de tutela con fundamentó en que se incumplió el requisito de subsidiariedad, ya que
consideró que las inconformidades planteadas se relacionan con los porcentajes,
requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos que regulan el IEP y
el acceso al teletrabajo en la Rama Judicial.
25. En ese sentido, precisó que las actuaciones cuestionadas fueron adelantadas por
la UDAE conforme a los lineamientos fijados por el Consejo Superior de la Judicatura
en sus respectivos acuerdos reglamentarios.
2.6. Impugnación
26.La parte actora presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 5 de mayo
de 20258, en el que recalcó que lo pretendido con la solicitud de amparo no es
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01805-00, índice 13, certificado núm. 887F9C2C3686187F
76B1E629DC269F3B 3FB13DF3BBF26CFF FA25E50AB91777B6.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01805-00, índice 20, certificado núm. 7FBBFD9BA6338B0E
7E198B1252DCF8FF B6A825C91CFC0256 0DE3FF2263715410.
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controvertir la legalidad del acuerdo referido, pues las disposiciones allí previstas no
son contrarias a la ley ni a la Constitución; y no se trata de un inconformismo con los
requisitos fijados para acceder al teletrabajo.
27. Sostuvo que la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre la
pretensión principal de la tutela y se limitó a declarar la subsidiaria sin analizar los
fundamentos fácticos del caso. Alegó que el cálculo erróneo del IEP del Juzgado
Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá para el año
2024, atribuido a un supuesto reingreso indebido del inventario final de 2023, vulneró
el derecho a la igualdad, ya que otros juzgados en idéntica situación no sufrieron
consecuencias similares.
28. Además, cuestionó que, según el fallo, el despacho reportó los procesos en una
casilla inexistente del formulario SIERJU, cuando en realidad se diligenció conforme al
manual de la UDAE, con la clasificación de procesos en «otras entradas no efectivas»,
las cuales no debían computarse como ingresos efectivos. La parte accionante
también advirtió que, aunque posteriormente evidenció un IEP del 120 % para el
segundo semestre de 2024, ello no fue tenido en cuenta para efectos de acceder a la
modalidad de teletrabajo.
29. Por lo anterior, solicitó que se revocara la decisión impugnada, se estudiara de
fondo las pretensiones principales y se concediera el amparo constitucional, dada la
inexistencia de otro mecanismo judicial eficaz y el riesgo de un perjuicio irremediable.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia del 5 de
mayo de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa por activa de los señores Diana Marcela Rodríguez
Bermúdez, Diego Fernando Perdomo Perdomo y María Alejandra Tierradentro
Colorado se encuentra acreditada, por cuanto pertenecen al Juzgado Noventa y Dos
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá que obtuvo un IEP inferior
al requerido para acceder a la medida de teletrabajo, situación que, afirmaron, vulnera
sus derechos fundamentales.
32. También está acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que
fue la autoridad que se abstuvo de atender favorablemente la solicitud de reajuste en
el cálculo del IEP correspondiente al Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá para el año 2024, actuación que, a juicio de los
accionantes, vulneró sus derechos constitucionales.
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33. Por otro lado, se advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el
Tribunal Superior de Bogotá y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitaron la desvinculación del trámite constitucional al considerar que no están
llamadas a responder por la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la
parte accionante.
34. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
terceros con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción,
dada su participación al interior de la actuación administrativa. En ese orden, al no
acudir a este trámite constitucional como autoridades accionadas, no es posible
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos expuestos, se
negará la solicitud.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
35. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez9.
36. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable10; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»11.
3.3.1. De la subsidiariedad
37. Los señores Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo
Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado interpusieron acción de tutela con
la pretensión principal de que se ordene a la entidad accionada recalcular el IEP del
Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
con la exclusión de la carga activa de los procesos correspondientes al inventario final
del cuarto trimestre del 2023, que fueron reingresados en el primer trimestre de 2024.
38. Asimismo, se ordene la habilitación del aplicativo de teletrabajo para que puedan
realizar la solicitud y, como pretensión subsidiaria, que se exonere del requisito
previsto en el literal c) del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de
2024, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política.
39. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6° del Decreto 2591
de 199112 que el juez constitucional, por un lado, verifique que los accionantes no
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
10 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
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Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela:
«La acción de tutela no procederá:
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cuenten con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y
eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las
particularidades de cada caso13.
40. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables14.
41. En el asunto bajo estudio, contrario a lo que indicó el juez de tutela de primera
instancia, esta Sala considera que los señores Diana Marcela Rodríguez Bermúdez,
Diego Fernando Perdomo Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado no
pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para discutir las
pretensiones de amparo, porque los reparos de tutela no controvierten las normas que
regulan el IEP o el teletrabajo, y, en todo caso, el ejercicio de un medio de control
judicial no sería un mecanismo eficaz y oportuno para obtener la recalificación del IEP
o la autorización para acceder al teletrabajo.
42. En ese orden, se concluye que la tutela cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que los accionantes no disponen de otro medio de defensa judicial idóneo
para controvertir la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad.
3.3.2. De la inmediatez
43. La Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, toda vez que la respuesta
de la entidad accionada a la solicitud, que presuntamente vulneró los derechos
fundamentales de los tutelantes, es del 19 de marzo de 2025 y el escrito de amparo
fue interpuesto el 26 de marzo siguiente, es decir, dentro de un plazo oportuno y
razonable.
3.4. Problema Jurídico
44. A esta Subsección le corresponde determinar si revoca o modifica la sentencia del
5 de mayo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Para lo anterior, tendrá que establecer si la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental a la
igualdad de Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo Perdomo
y María Alejandra Tierradentro, en su condición de jueza, secretario y oficial mayor del
Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
con la calificación del IEP para el año 2024 y la respuesta que emitió a la solicitud
radicada el 5 de marzo de 2025.
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]».
13
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
14 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
8
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3.4.1. Generalidades del derecho fundamental a la igualdad
45. Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución Política dispone que toda persona
nace libre e igual ante la ley; por ende, deberá recibir un trato igual de las autoridades,
gozará de derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. En
lo que refiere a este derecho, la Corte Constitucional ha establecido que15:
La Constitución Política consagra este derecho fundamental en su artículo 13. A partir
del contenido de esta norma superior, la Corte Constitucional ha determinado que el
concepto de igualdad tiene tres dimensiones: (i) igualdad formal, “lo que implica que la
legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra
quienes se dirige” ; (ii) igualdad material, según la cual se debe “garantizar la paridad
de oportunidades entre los individuos”; y (iii) prohibición de discriminación, lo que
significa que “el Estado y los particulares no pued[e]n aplicar un trato diferente a partir
de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen
étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”
40. Esta corporación también tiene precisado que las dos facetas de la igualdad -formal
y material- no son excluyentes sino complementarias. La Carta reconoce que no todas
las personas se encuentran en las mismas condiciones, lo que implica que el Estado
tiene el deber de adoptar medidas para que la igualdad sea real y efectiva. Esto se
logra mediante la aplicación de alguno de los siguientes mandatos: “(a) trato igual a
personas en circunstancias idénticas; (b) trato paritario a personas que no están en
circunstancias idénticas, pero cuyas similitudes son más relevantes que sus
diferencias; (c) trato diferenciado a personas que no están en circunstancias idénticas,
pero cuyas diferencias son más relevantes; y (d) trato desigual a personas en
circunstancias desiguales y disímiles.
3.4.2. Caso concreto
46. En el presente asunto, los señores Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego
Fernando Perdomo Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado acudieron al
juez de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental a la igualdad,
por cuanto consideraron que hubo una incorrecta calificación del IEP del Juzgado
Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá por el
resultado inferior al 80% que les impidió acceder a la modalidad de teletrabajo.
47. Pues bien, de conformidad con la contestación de tutela que presentó la UDAE, el
Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá
incurrió en un error al reportar los respectivos datos en la plataforma SIERJU, puesto
que debía consignar la información de procesos vigentes al 10 de enero de 2024 en la
casilla de «inventario inicial», al ser un juzgado cuya denominación fue ajustada, pero,
por una indebida interpretación de lo dispuesto en la Resolución núm. UDAER24-6 11
de enero de 2024, lo hizo como si dichos procesos hubieran reingresado.
48. Lo anterior tiene coincidencia con lo que la misma parte actora expuso en el escrito
de amparo, en cuanto afirmó que «[e]n cumplimiento de lo ordenado [en la resolución
UDAER24-6 11], se hizo el ajuste respectivo a los inventarios de este Despacho, de
modo que el 2024 inició con cero (0) procesos en la casilla “inventario al iniciar el
15 Corte Constitucional, sentencia T-470 de 2022.
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período”, al tiempo que se reingresaron los procesos que se encontraban activos a
corte del 31 de diciembre de 2023, que fueron [530]»16.
49. Así también se puede inferir de lo que la titular del despacho judicial indicó en el
escrito que presentó el 5 de marzo de 2025 ante la UDAE, en el que explicó que, «al
momento de reportar la información, se nos indicó que las carpetas correspondientes
al inventario activo al inicio del periodo debían ser marcadas como “reingresos”, dado
que en el formulario anterior se habían dejado los inventarios en cero […], se trata de
más de 400 procesos que “reingresaron”, y si se contabilizan como ingresos, se afecta
de forma errada el IEP»17.
50. De tal manera, al tener en cuenta la información reportada por el Juzgado Noventa
y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá y los demás
documentos allegados al expediente de tutela, el total de ingresos que tuvo ese
despacho judicial fue 1.063, correspondientes a 533 «reingresos» y 530 «ingresos
reales», y los egresos totales fueron 795. En esos términos, la aplicación de la fórmula
IEP «(total de egresos / total de ingresos) *100» arroja por aproximación un 75% de
evacuación parcial, tal y como lo explicó la UDAE en la contestación al escrito del 5 de
marzo de 2025.
51. De lo expuesto, la Sala observa, por un lado, que la situación a la cual la parte
accionante atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad fue el
resultado de una actuación realizada por ella misma, en la medida en que no cumplió
con los parámetros previstos en la Resolución núm. UDAER24-6 11 de enero de 2024
al momento de reportar la información de ingresos y egresos de los procesos en
SIERJU; y, por otro lado, que la aplicación de la fórmula para establecer el IEP fue
correcta, cuestión distinta es que los datos que registró el despacho judicial en la
plataforma tuvieran algún tipo de inconsistencia.
52. En este punto, es preciso destacar que, si bien en el escrito del 5 de marzo de
2025 la titular del Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá solicitó la «verificación» o «de ser el caso, corrección» del IEP
de ese despacho judicial, lo cierto es que lo procedente era realizar los trámites
necesarios tendientes a corregir la información inexacta reportada en SIERJU por esa
misma autoridad, toda vez que el IEP, se reitera, estuvo ajustado a la fórmula
establecida.
53. En cuanto al reproche de tutela de que a los empleados del Juzgado Noventa y
Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá se les imposibilitó
acceder a la medida de teletrabajo, se advierte que dicha imposibilidad fue la
consecuencia de que el despacho judicial no cumpliera con el porcentaje mínimo
exigido para tal fin18, y no de una incorrecta aplicación de las normas que regulan la
materia, de manera que tampoco es asunto imputable a la UDAE.
16 La Sala resalta.
17 La Sala resalta.
18 El Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, reguló
de manera específica lo correspondiente, en los términos que se indican a continuación:
«Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al teletrabajo todos los servidores judiciales
vinculados en cargos de carrera, de libre nombramiento y remoción y de descongestión, cualquiera que sea su
forma de provisión, que cumplan las siguientes condiciones, según corresponda:
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54. En relación con los cargos de amparo que afirman la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad, la Subsección encuentra que la parte tutelante no demostró
que otro despacho judicial hubiera incurrido en el mismo defecto en el reporte de la
información en la plataforma SIERJU y que la UDAE aplicara la fórmula «(total de egresos
/ total de ingresos) *100» de un modo distinto. Por lo tanto, no están acreditados los
elementos mínimos requeridos para efectuar un juicio de igualdad o de comparación.
55. Por último, la parte accionante presentó como pretensión subsidiaria de tutela que,
en virtud del artículo 4 de la Constitución Política, se exonerara al juzgado del
cumplimiento del requisito contenido en el literal c del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024 porque su aplicación en el caso concreto era
desproporcionada y generaba un trato desigual. Frente a esto, la Sala cita lo que ha
dicho la Corte Constitucional sobre la excepción de inconstitucionalidad:
161. […] es una herramienta a través de la cual las autoridades judiciales cumplen con
la “facultad-deber” de inaplicar en un caso concreto una norma por contrariar la
Constitución Política. Es una figura jurídica que se fundamenta en el artículo 4 de la
Constitución, el cual prevé que “[l]a Constitución es norma de normas” y que “[e]n todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales”. Precisamente, de la referida disposición
constitucional “se deriva la obligación de aplicar preferentemente las normas
constitucionales, cuando las normas de inferior jerarquía resultan incompatibles con las
primeras”. La excepción de inconstitucionalidad aplica sin necesidad de ser “alegada o
interpuesta como acción”. Además, es una herramienta que “se usa con el fin de
proteger, en un caso concreto y con efecto inter-partes, los derechos fundamentales que
se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma
clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”.
162. La jurisprudencia constitucional ha establecido “tres escenarios puntuales” en los
que procede dar aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, a saber:
(i) La norma es contraria a las [sic] cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad […];
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya
sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte
Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una
acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea
el caso; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la
aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del
ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, “puede ocurrir también que se
esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la
a. Desempeñar cargos o cumplir funciones que no demanden presencia física para la prestación del servicio. No
se podrá acceder al teletrabajo desde el exterior.
b. Tener un (1) año de antigüedad en la Rama Judicial, aun cuando sea de manera discontinua, en los últimos tres
(3) años.
c. Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de Evacuación Parcial igual o superior al 80%
conforme a la publicación realizada por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura. Si el juzgado o despacho judicial no cumple con esta condición, ninguno de sus servidores podrá
teletrabajar. Los funcionarios judiciales deberán, además, estar al día en el reporte de información del SIERJU.
Parágrafo. El índice de evacuación parcial de que trata este artículo será el consolidado a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud».
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Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar
disposiciones constitucionales”19.
56. Pues bien, además de que la parte tutelante no expuso en su escrito de amparo
una carga argumentativa suficiente que justifique la inaplicación de una norma que
goza de legalidad y que tiene fuerza vinculante; no es cierto que la aplicación del
artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024 sea
desproporcionada en el caso concreto, dado que, según el artículo 1 ibidem, el
teletrabajo es una modalidad laboral alternativa para desempeñar las funciones en un
lugar distinto al de trabajo habitual.
57. De todas maneras, no se demostró un trato desigual a los accionantes frente a
otros funcionarios y empleados judiciales que se encuentran en la misma situación del
Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
IV. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, la Sala modificará la sentencia del 5 de mayo de 2025
proferida en primera instancia por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y, en su lugar, negará las pretensiones de la solicitud de amparo que
presentó Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo Perdomo y
María Alejandra Tierradentro Colorado contra la UDAE.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 5 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos
en esta providencia. En su lugar, quedará así:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la tutela interpuesta por los señores
Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo Perdomo y
María Alejandra Tierradentro Colorado, frente al derecho a la igualdad, de
acuerdo con las razones consignadas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
19 Se transcribe incluso con errores de texto.
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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
KVTB/DACJ/SEJV
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