Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01805-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01805-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01805-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01805-00
Accionante: DIANA MARCELA RODRÍGUEZ BERMÚDEZ Y OTROS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derecho fundamental a la igualdad / Acuerdo PCSJA24-
12151 de 2024 – Requisitos para acceder al teletrabajo en la Rama Judicial / ÍNDICE DE
EVALUACIÓN PARCIAL – IEP – Fórmula para calcular el porcentaje de información
estadística de trabajo en los juzgados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por los ciudadanos Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo
Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado, de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 26 de marzo de 2025 la parte accionante, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura (en adelante UDAE), por la presunta vulneración
de su derecho fundamental a la igualdad.
Hechos relevantes
2. Los accionantes Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo
Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado se desempeñan,
respectivamente, como jueza, secretario y oficial mayor del Juzgado Noventa y Dos
Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá con código SIERJU núm.
110014009092, despacho judicial que anteriormente se denominaba Juzgado Once
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá.
3. El 11 de enero de 2024, la UDAE expidió la Resolución núm. UDAER24-6, por
medio de la cual se realizó la asignación del “código de identificación a los
despachos creados, transformados y trasladados de manera permanente en la
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Que ingresó para fallo el 9 de abril de 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01895-00
Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Jurisdicción Ordinaria, mediante Acuerdo PCSJA23-12124 de 2023 del 19 de
diciembre de 2023, modificado por el Acuerdo PCSJA24-12134 del 10 de enero de
2024”.
4. En los artículos 15 y 16 de la mencionada decisión se indicó que debían realizarse
ajustes en el SIERJU, así:
“ARTÍCULO 15. Ajustes en SIERJU para la modificación del código. Para
hacer efectivo el cambio de la nomenclatura de los despachos modificados
en esta resolución en el sistema SIERJU, en el reporte que haga el
funcionario del periodo del 01 al 10 de enero de 2024, bajo la anterior
denominación, deberá dejar en cero (0) los inventarios finales de las
secciones del formulario que manejen inventarios, de conformidad con el
Artículo 12, literal d) del Acuerdo PSAA16-10476 de 2016, diligenciando
los inventarios finales en la columna de egresos no efectivos de las
respectivas secciones del formulario e informará al consejo seccional de la
judicatura respectivo, quien verificará y solicitará a la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico que ajuste el código en el sistema.
ARTÍCULO 16. De los inventarios iniciales en el reporte SIERJU para los
despachos que se les modifica el código. Para el reporte de la gestión
judicial a partir del 11 de enero de 2024 en el sistema SIERJU, bajo la
nueva denominación del despacho, se deben diligenciar las cifras
correspondientes al conteo de procesos a 10 de enero del año 2024, en la
casilla correspondiente al inventario inicial del periodo”.
5. En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal de
Conocimiento de Bogotá –despacho en el que los accionantes Diana Marcela
Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo Perdomo y María Alejandra
Tierradentro Colorado se desempeñan, respectivamente, como jueza, secretario y
oficial mayor– ajustó su inventario “de modo que el 2024 inició con cero (0) procesos
en la casilla “inventario al iniciar el periodo” al tiempo que se “reingresaron” los
procesos que se encontraban activos a corte del 31 de diciembre de 2023, que
fueron: “69 de primera instancia conocimiento Ley 906, 441 de primera instancia
conocimiento Ley 1826, 15 tutelas y 5 incidentes de desacato”.
6. Afirman que la UDAE, para determinar el porcentaje del Índice de Evaluación
Parcial – IEP del Juzgado, “sumó los procesos que correspondían al inventario final
de 2023, más los ingresos por reparto, generándose con ello un aumento
desproporcionado de los ingresos totales, en concreto, 1.063 […] generando como
consecuencia que el IEP de 2024 se estableciera de forma negativa en un 75%,
pese a que la realidad en la gestión del Juzgado 092 es otra”.
7. Como consecuencia de lo anterior y en atención a que el Acuerdo PCSJA-12151
del 28 de febrero de 20242 señala que uno de los requisitos para poder acceder a
la modalidad de teletrabajo es que el despacho judicial tenga un IEP igual o superior
al 80%, ninguno de los accionantes pudo realizar la solicitud en el aplicativo
dispuesto para tal fin.
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“Por el cual se regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial”. Artículo 7° literal c.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01895-00
Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
8. Inconformes con ello, el 5 de marzo de 2025 presentaron petición ante la UDAE
con el fin de obtener la corrección del IEP, frente a lo cual la entidad respondió que
“todos los tipos de ingresos y egresos que el despacho reportó en el sistema
SIERJU en las secciones que acopian movimiento de procesos”. Además, que el
Acuerdo de Teletrabajo “no autoriza a esta Unidad para hacer cálculos diferentes
para situaciones particulares, lo que podría afectar el derecho a la igualdad de los
despachos judiciales que no recurran al derecho de petición para pretender el ajuste
de su %IEP”.
Pretensiones
9. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico, que recalcule el IEP del Juzgado 092 Penal Municipal
de Conocimiento de Bogotá, excluyendo de la carga activa los procesos que
corresponden al inventario final del periodo 2023-4 y que fueron
reingresados en el periodo 2024-1.
2. Efectuado lo anterior, se ordene habilitar el aplicativo de teletrabajo para
que los servidores judiciales podamos realizar la solicitud de anuencia y el
trámite respectivo. En defecto de lo anterior, se nos permita presentar la
petición referida por escrito al respectivo nominador.
3. De manera subsidiaria solicitamos se nos exonere del requisito previsto
en el literal c) del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero
de 2024, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución
Política, pues en este caso concreto la aplicación de la norma es
desproporcionada y genera consecuencias que contravienen el contenido
del art. 13 ibídem, si se considera que es la accionada UDAE quien ha fijado
el %IEP mediante un trato desigual para nosotros. […]”.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte accionante sostiene que a pesar de que la UDAE determinó un IEP
inferior al 80% al haber contabilizado dentro de los ingresos los procesos
inventariados al final de 2023, es claro que “este Despacho sí tuvo más salidas que
entradas, pues si a los 1.063 ingresos se le restaran los 530 procesos que
corresponden al inventario final de 2023, nos arrojaría un total de ingresos de 533;
y aplicando la formula % IEP = (total de egresos / total de ingresos) *100, nos daría
como resultado un IEP del 149%, siendo que ello refleja el índice de producción real
del Juzgado”.
11. Afirma que la situación de los demás juzgados es distinta puesto que todos
debieron hacer los ajustes a los formularios relacionados con el inventario, pero sólo
al Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá le generó la
consecuencia negativa de no poder acceder al teletrabajo por no cumplir con el
requisito del IEP, situación que afecta sus derechos laborales y el derecho
fundamentales a la igualdad.
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Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Trámite en primera instancia
12. Por medio de auto del 1° de abril de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura como accionado y al
Tribunal Superior de Bogotá, a la Unidad de Transformación Digital del Consejo
Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá como
terceros con interés en las resultas del proceso. De igual modo, ordenó la
vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como tercero
interesado.
Intervenciones
13. La UDAE solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de
tutela dado que no se acreditó el cumplimiento al requisito de subsidiariedad. Lo
anterior con fundamento en que la acción de amparo no es el mecanismo idóneo
para solicitar la inaplicación del Acuerdo PCSJA24-12151, como tampoco para
resolver controversias que se hayan originado a partir de la respuesta emitida por
la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico frente a la solicitud de corrección del
IEP, dado que los accionantes cuentan con otros medios judiciales de defensa y no
se está ad-portas de la materialización de un perjuicio irremediable.
14. Adujo que la inclusión del criterio de tener un Índice de Evacuación Parcial igual
o superior al 80% pretende que los despachos judiciales se puedan articular de
forma armónica, de tal manera que se logre precisamente una respuesta adecuada
a la prestación del servicio de justicia, lo que requiere un lapso mínimo de
funcionamiento presencial del despacho judicial, fomentando aspectos de clima
laboral y cultura del servicio.
15. Resaltó que fue la intención del Consejo Superior de la Judicatura establecer el
cálculo del % IEP por juzgado o despacho judicial y no por servidor judicial, teniendo
en cuenta que pueden presentarse situaciones en las que los distintos servidores
cambien de cédula judicial. Pues esto conllevaría, en la práctica, a tener que realizar
múltiples cálculos del índice, lo cual vulneraría el derecho a la igualdad.
16. Expuso que el error que hoy atribuyen al Consejo Superior de la Judicatura,
obedeció, aparentemente, a una inadecuada interpretación de la norma, pues los
servidores judiciales, al reportar el inventario final del despacho hasta el 10 de enero
de 2024 en la casilla de reingresos del despacho, ocasionaron que estos fueron
sumados con los ingresos efectivos reportados en el 2024, lo que implicó que se
sumaran a los ingresos por reparto, calculándose así un ingreso total de 1.063
procesos frente a los 793 egresos efectivos del despacho, situación que arrojó como
IEP un 75% para el Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá.
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Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
17. Finalmente manifestó que los accionantes no presentaron de forma concreta la
causación de un perjuicio irremediable derivado del acto administrativo mediante el
cual se resolvió su solicitud de recalcular el % IEP. Lo anterior, toda vez que, el
acceso al teletrabajo se encuentra reglamentado por el Acuerdo PCSJA24-12151
del 28 de febrero de 2024, “por el cual se regula la modalidad de teletrabajo en la
Rama Judicial” y corresponde a una de las modalidades para ejercer las funciones
propias de cada empleo, la cual en todo caso es facultativa y no exime a los
servidores de cumplir con las obligaciones naturales con los usuarios, así como
tampoco afecta las condiciones de trabajo de funcionarios y empleados.
18. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura pidió su desvinculación
de la acción de la referencia por no tener legitimación en la causa por pasiva,
teniendo en cuenta que los fundamentos fácticos del amparo deprecado no guardan
relación con las funciones administrativas de esa corporación.
19. Precisó que no son la entidad responsable de calcular el IEP y que la manera
en como calcula la Unidad de Desarrollo de manera consolidada por año y por
despacho, desconoce los casos especiales de aquellos funcionarios que se han
desempañado en uno o más despachos judiciales, “lo cual perjudica a los mismos
a acceder al derecho de teletrabajo”.
20. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial solicitaron su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
21. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con un presupuesto general de
procedibilidad.
22. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política3,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 19914 precisan el carácter subsidiario de
la acción de tutela, por cuanto ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.
23. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
3
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
“(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (se destaca).
4
“ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (se destaca).
5
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Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
24. En ese sentido, el artículo 5.° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”.
25. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…] para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’5(se
destaca)6.
26. En el presente asunto, la parte accionante solicita la protección de su derecho
fundamental a la igualdad, presuntamente vulnerado con ocasión del cálculo del
Índice de Evaluación Parcial efectuado por la UDAE para el Juzgado Noventa y Dos
Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, el cual quedó en un 75%, porcentaje
que no cumple con el requisito previsto en el literal c) del artículo 7 del Acuerdo
PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024 para que los servidores judiciales
puedan solicitar el teletrabajo dentro de la Rama Judicial.
27. Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
5
Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
6
T-346-10.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01895-00
Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
28. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA24-12151
del 28 de febrero de 2024, reguló la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial y
fijó unos requisitos para el acceso de los servidores judiciales, estableciéndose en
el artículo 7° las siguientes condiciones:
“Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al
teletrabajo todos los servidores judiciales vinculados en cargos de carrera,
de libre nombramiento y remoción y de descongestión, cualquiera que sea
su forma de provisión, que cumplan las siguientes condiciones, según
corresponda:
a. Desempeñar cargos o cumplir funciones que no demanden presencia
física para la prestación del servicio. No se podrá acceder al teletrabajo
desde el exterior.
b. Tener un (1) año de antigüedad en la Rama Judicial, aun cuando sea de
manera discontinua, en los últimos tres (3) años.
c. Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de
Evacuación Parcial igual o superior al 80% conforme a la publicación
realizada por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura. Si el juzgado o despacho judicial no cumple con
esta condición, ninguno de sus servidores podrá teletrabajar. Los
funcionarios judiciales deberán, además, estar al día en el reporte de
información del SIERJU.
Parágrafo. El índice de evacuación parcial de que trata este artículo será el
consolidado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha
de la solicitud”.
29. Para el cumplimiento de lo fijado en dicha norma, la UDAE estableció el Índice
de Evaluación Parcial – IEP que consiste en un cómputo que se realiza en los
despachos durante el año anterior a la fecha de la solicitud y es calculado como el
total de egresos sobre el total de ingresos, multiplicado por 100. Para poder acceder
a la herramienta del teletrabajo, se requiere un porcentaje igual o superior al 80% y
el conteo se realiza por despacho y no por funcionario, pues se tiene en cuenta que
pueden presentarse situaciones en las que los distintos servidores cambien de
cédula judicial.
30. En el caso bajo estudio, la parte accionante alega que hubo un error en la
determinación del Índice de Evacuación Parcial del Juzgado Noventa y Dos Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, pues consideran que el IEP se
calculó de manera equivocada al sumar los ingresos por reparto con los reportados
en la vigencia 2023 y que fueron ingresados en la casilla de reingreso de procesos
del despacho.
31. Frente a este tema, la UDAE, al responder la petición de corrección interpuesta
por los demandantes, indicó que el artículo 16 de la Resolución núm. UDAER24-6
de 2024 sobre los inventarios iniciales en el reporte SIERJU dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 16. De los inventarios iniciales en el reporte SIERJU para los
despachos que se les modifica el código. Para el reporte de la gestión
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Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
judicial a partir del 11 de enero de 2024 en el sistema SIERJU, bajo la nueva
denominación del despacho, se deben diligenciar las cifras
correspondientes al conteo de procesos a 10 de enero del año 2024, en la
casilla correspondiente al inventario inicial del periodo”.
32. En ese sentido, de acuerdo con la norma citada, para el caso de los juzgados
cuya denominación fue ajustada, estos debían reportar la información de
movimiento de procesos en la casilla de inventario inicial, sin embargo, en el
despacho correspondiente al Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con Función
de Conocimiento de Bogotá se consignó el reporte en la casilla de reingreso de
procesos.
33. Sobre ello, indicó la UDAE:
“La normativa que precede, la cual es conocida por los accionantes
conforme los extractos del escrito de tutela; de manera clara y sin lugar a
interpretaciones establece que para el caso de los juzgados cuya
denominación fue ajustada, resultaba imperativo reportar la información de
movimiento de procesos en la casilla de inventario inicial y no en la casilla
de reingreso de procesos, como erradamente estos lo hicieron.
Así pues, el error que hoy atribuyen al Consejo Superior de la Judicatura,
obedeció, aparentemente, a una inadecuada interpretación del artículo
arriba transcrito, quienes, al reportar el inventario final del despacho hasta
el 10 de enero de 2024 en la casilla de reingresos del despacho,
ocasionaron que estos fueron sumados con los ingresos efectivos
reportados en el 2024, lo que implicó que estos se sumaran a los ingresos
por reparto, calculándose así un ingreso total de 1.063 procesos, frente a
los 793 egresos efectivos del despacho, que arrojó como IEP un 75% para
el Juzgado 092 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá”.
34. En ese sentido, pese a que los accionantes solicitan que no se les exija el
requisito consistente en un IEP igual o superior al 80% conforme a la publicación
realizada por la UDAE, no es posible inaplicar lo previsto en el literal c) del artículo
7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, pues ello contrariaría no
sólo la facultad del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus funciones
constitucionales para reglamentar el teletrabajo en la Rama Judicial, sino que
desconoce el carácter residual de la acción de tutela.
35. Al respecto, esta corporación al resolver casos relacionados con la aplicación
del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, ha señalado que la acción
de tutela es improcedente para cuestionar lo dispuesto en dicho acto administrativo,
dado que no es el medio idóneo para controvertir la legalidad de lo reglado por el
Consejo Superior de la Judicatura, a saber:
“[…] la acción de tutela es abiertamente improcedente, pues para cuestionar
lo dispuesto en el literal c) numeral 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28
de febrero de 2024, la accionante debe acudir al medio de control de simple
nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA, de lo cual no se acredita que
haya ocurrido, lo que, en principio, evidencia una validación de lo allí
previsto, ya que el mecanismo de amparo no es el medio judicial para
controvertir la legalidad de lo reglado en dicho Acuerdo, máxime cuando lo
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Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
discutido compromete no solo su situación jurídica sino también la de otros
servidores judiciales que pueden compartir iguales situaciones fácticas a las
aquí narradas”7.
36. Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que la UDAE publica el cálculo del
Índice de Evaluación Parcial con base en información suministrada por los mismos
despachos que aspiran a acceder a la modalidad de teletrabajo, datos que
provienen de lo diligenciado directamente por los funcionarios de cada juzgado en
el Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial – SIERJU, por lo que los
presuntos errores, en principio, no pueden ser endilgados a la entidad encargada
de su recopilación y no de su reporte.
37. En efecto, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la gestión
consolidada para el año 2024 del Juzgado Noventa y Dos Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá fue la siguiente:
Nombre del despacho Nombre del Fecha Fecha final Meses Total Total %IEP
funcionario inicial del del último reportados ingresos egresos
primer reporte del
reporte del despacho
despacho
Juzgado 092 Penal DIANA 01/01/2024 31/12/2024 12 1063 793 75%
Municipal con Función MARCELA
de Conocimiento de RODRIGUEZ
Bogotá BERMUDEZ
38. De esta manera, el cálculo efectuado por la UDAE se fundamenta en datos
registrados por el mismo despacho y la entidad sólo toma los tipos de ingresos y
egresos reportados en el sistema SIERJU en las secciones que acopian movimiento
de procesos y, con base en ello, determina el % del IEP y el cumplimiento o no del
porcentaje requerido para que los funcionarios puedan acceder al teletrabajo.
39. Al respecto, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió
el Acuerdo núm. PSAA16-10476 del 1° de marzo de 2016, por medio del cual ajustó
el Reglamento del Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial –
SIERJU y estableció el deber de los jueces y funcionarios de reportar la estadística
de manera veraz y oportuna y la posibilidad de corregir los errores en el reporte.
40. Según la norma jurídica citada, la recopilación de la información estadística de
los despachos tiene como finalidad la conservación de la memoria histórica de las
cifras de la gestión judicial y se constituye en el insumo básico para la toma de
decisiones, la generación de los indicadores de gestión de la Rama Judicial, “el
control de rendimiento de las Corporaciones y Despachos judiciales y el
establecimiento de los indicadores requeridos para la calificación del factor
eficiencia o rendimiento de los funcionarios de carrera”.
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Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2024.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2024-02852-02.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01895-00
Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
41. Es así como el artículo 5° del Acuerdo en mención dispone que los funcionarios
responsables del diligenciamiento y reporte de los formularios únicos de recolección
son todos los magistrados de las altas cortes, de los tribunales, salas
jurisdiccionales disciplinarias y jueces de la República, función que debe ejercerse
dentro de las fechas y los términos establecidos en el reglamento.
42. Asimismo, señala como deberes los siguientes:
“ARTÍCULO 8°.- Deberes del funcionario.- Son deberes de los funcionarios
en el SIERJU:
1. Reportar todas las solicitudes relacionadas con el SIERJU al
Administrador Seccional.
2. Reportar oportunamente al Administrador Seccional la salida temporal o
definitiva del funcionario y su respectivo reemplazo.
3. Diligenciar oportunamente la información de la gestión estadística.
4. Diligenciar verazmente la información en el sistema.
5. Verificar durante el periodo de reporte que la información diligenciada
corresponda a la realidad y en caso de ser necesario, solicitar la autorización
a la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional para la
modificación de las cifras ya reportadas en el SIERJU, con su respectiva
justificación.
6. Verificar la consistencia de la información dentro del año calendario,
teniendo en cuenta: i) Que el inventario inicial a 1° de enero del año
reportado, corresponda con el inventario final, a 31 de diciembre del año
anterior. ii) Que el inventario inicial a 1° de enero, con sus movimientos
(ingresos - egresos) reportados en diferentes períodos sean concordantes
con el inventario final a 31 de diciembre”.
43. En atención a lo expuesto, las actuaciones adelantadas por la UDAE están en
consonancia con los lineamientos fijados por el Consejo Superior de la Judicatura
en sus acuerdos reglamentarios. De esta manera, si la parte accionante está
informe con los porcentajes, los requisitos o las condiciones establecidas en los
actos administrativos que regulan el IEP y el acceso al teletrabajo en la Rama
Judicial, puede cuestionar la legalidad de estos a través de los medios de control
establecidos en el CPACA, dado que se trata de asuntos fuera de la órbita de
competencia del juez constitucional.
44. En ese orden de ideas, no advierte esta Sala de Subsección que en el presente
asunto se haya incurrido en una vulneración del derecho fundamental a la igualdad
de la parte accionante, por lo que se declarará improcedente la acción de tutela de
la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01895-00
Accionante: Diana Marcela Rodríguez Bermúdez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
ciudadanos Diana Marcela Rodríguez Bermúdez, Diego Fernando Perdomo
Perdomo y María Alejandra Tierradentro Colorado, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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