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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02226-00

Fecha
9 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02226-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. 2º) Niéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02226-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

9 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Demandantes: HERNANDO DÍAZ FRANCO Y OTROS
Demandado: UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA –
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: los demandantes alegaron la vulneración de su derecho fundamental de
igualdad, con fundamento en que la autoridad pública demandada negó la corrección del
Índice de Evacuación Parcial del juzgado en el cual laboran y ello les impidió acceder a la
modalidad de teletrabajo. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
se acreditó el cumplimiento del requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Hernando Díaz Franco,
Juan Camilo Rodríguez y Natali Rodríguez Gelis 1 en contra de la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura para la
protección de su derecho fundamental de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política, presuntamente vulnerado por la negativa de dicha autoridad
pública a corregir el Índice de Evacuación Parcial del Juzgado 105 Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Bogotá, en el cual laboran, lo cual les impidió
acceder a la modalidad de teletrabajo.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito del 11 de abril de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

1) Los señores Hernando Díaz Franco, Juan Camilo Rodríguez y Natali Rodríguez
Gelis se desempeñan como juez, secretario y escribiente del Juzgado 105 Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, respectivamente.

2) Mediante Resolución UDAER24-6 de 11 de enero de 2024 la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico (UDAE) del Consejo Superior de la Judicatura asignó el código
de identificación a los despachos creados, transformados y trasladados de manera
permanente en la Jurisdicción Ordinaria, mediante Acuerdo PCSJA13-13134 de 2023
del 19 de diciembre de 2023, modificado por el Acuerdo PCSJA24-12134 del 10 de
enero de 2024.

3) En los artículos 15 y 16 de la mencionada resolución se dispuso que, con ocasión
de la modificación del código, debía ajustarse la información estadística en el sistema
SIERJU y para ello los funcionarios de los correspondientes despachos debían dejar
en cero los inventarios finales del periodo comprendido entre el 1 y el 10 de enero de
2024, bajo la denominación anterior del juzgado, y registrar dicha información como
“egresos no efectivos”. Posteriormente, debían reportarla al respectivo Consejo
Seccional de la Judicatura, a fin de que este solicitara formalmente a la UDAE la
actualización del código en el sistema. A su vez, se indicó que, a partir del 11 de
enero de 2024, ya bajo la nueva denominación del despacho, el conteo de procesos
activos a 10 de enero debía ser reportado en la casilla correspondiente “al inventario
inicial del periodo”.

4) En cumplimiento de lo dispuesto, el Juzgado 105 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá hizo los ajustes correspondientes, por lo cual registró cero
procesos en la casilla de “inventario al iniciar el período” del año 2024 y reingresó
como “otras entradas no efectivas” los procesos activos al 31 de diciembre de 2023,
discriminados así: 75 de Primera Instancia (Ley 906 de 2004), 368 de primera
instancia (Ley 1826 de 2017), 22 tutelas y 16 incidentes de desacato.

5) Para calcular el porcentaje del Índice de Evacuación Parcial (IEP) del juzgado en
2024, la UDAE sumó tanto los procesos correspondientes al inventario final de 2023,
como los nuevos ingresos por reparto, lo cual, generó un aumento desproporcionado
de los ingresos totales a 604 procesos, cuando en realidad, los ingresos efectivos del
periodo fueron únicamente 123.

3
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Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

6) Como consecuencia de esa metodología de cómputo, en la cual no se reflejaron
adecuadamente los egresos reportados, el IEP del despacho resultó negativo,
situándose en un 54%e, lo cual no reflejó la verdadera dinámica de evacuación
procesal registrada durante el periodo evaluado.

7) Conforme al artículo 7 literal c) del Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de
2024, uno de los requisitos para acceder al teletrabajo es que el despacho registre un
IEP igual o superior al 80%, por lo cual ninguno de los demandantes pudo radicar su
solicitud a través del aplicativo dispuesto para dicho fin.

8) El 5 y el 12 de marzo de 2025 los demandantes presentaron una petición ante la
UDAE, en la cual solicitaron, por una parte, la corrección del IEP asignado a su
despacho y, por otra, la habilitación del aplicativo que les permitiera registrar la
solicitud de acceso a la modalidad de teletrabajo.

9) Mediante comunicación del 31 de marzo de 2025 la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico negó las solicitudes, con fundamento en que el documento aportado por
los demandantes para demostrar la corrección del IEP no coincidía con la información
reportada en los informes estadísticos rendidos en el año 2024.

10) Igualmente, indicó que el cálculo del % del IEP se realiza bajo la fórmula % IEP =
(total de egresos / total de ingresos * 100) por lo cual la UDAE tomó todos los tipos de
ingresos y egresos que el despacho reportó en el sistema SIERJU en las secciones
que acopian movimiento de procesos.

2. Los fundamentos de la vulneración

Los demandantes alegaron que la UDAE asignó al Juzgado 105 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá un IEP inferior al 80% al incluir dentro del total
de ingresos los procesos que correspondían al inventario final del año 2023, lo cual, a
su juicio, distorsionó el cálculo real del índice. Alegaron que, si se excluyeran dichos
procesos (481 en total) del conjunto de ingresos reportados (869), el resultado sería
un total real de 388 ingresos efectivos.

Para los actores, dicha premisa y la aplicación de la fórmula oficial para el cálculo del
IEP = (total egresos / total de ingresos) * 100), por lo que el indicador del despacho

4
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Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

ascendería al 100%, lo cual reflejaría correctamente su desempeño durante el
periodo evaluado.

Además, señalaron que la situación del despacho fue distinta para los demás
juzgados en circunstancias similares, a quienes les fue aplicada la fórmula
debidamente, por lo cual se generó un trato desigual e injustificado en su contra.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior los actores solicitaron lo siguiente:

“(...) 1. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico, que recalcule el IEP del Juzgado 105
Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, excluyendo de la carga activa
los procesos que corresponden al inventario final del periodo 2023-4 y que
fueron reingresados en el periodo 2024-1.

2. Efectuado lo anterior, se ordene habilitar el aplicativo de teletrabajo para
que los servidores judiciales podamos realizar la solicitud de anuencia y el
trámite respectivo. En defecto de lo anterior, se nos permita presentar la
petición referida por escrito al respectivo nominador.

3. De manera subsidiaria solicitamos se nos exonere del requisito previsto
en el literal c) del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero
de 2024, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución
Política, pues en este caso concreto la aplicación de la norma es
desproporcionada y genera consecuencias que contravienen el contenido
del art. 13 ibídem, si se considera que es la accionada UDAE quien ha fijado
el % IEP mediante un trato desigual para nosotros.

4. Subsidiariamente, solicitamos a esa Honorable Corporación estudie la
acumulación jurídica de esta tutela, a otros, que conocemos se han
instaurado por estos mismos hechos, presentándose una identidad de las
partes, hechos y pretensiones.”. (Índice 2 aplicativo SAMAI - mayúsculas y
negrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 23 de abril de 2025 2 se admitió la acción de tutela, se notificó al
director o quien haga sus veces de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura y se vinculó como terceros con interés a los
directores o quienes hagan sus veces del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, a la Unidad de Transformación Digital del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) y al presidente

2
Índice 5 del expediente digital en Samai.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

o quien haga sus veces del Tribunal Superior de Bogotá, entregándoles copia de la
demanda y los anexos.

El 28 de abril de 2025 3, la Secretaría General informó que el 2 de abril de 2025 se
había notificado el auto proferido el 1 de abril de 2025 por el despacho del magistrado
Fernando Alexei Pardo Flórez de la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación en el proceso con radicación 1100-03-15-000-2025-01805-00, en el cual
se admitió una acción de tutela con similitud fáctica y jurídica respecto del presente
caso, por lo cual, mediante auto del 6 de mayo de 2025 4 el presente expediente fue
remitido a dicho despacho para que se evaluara la procedencia de su acumulación.

No obstante, mediante auto del 21 de mayo de 2025 5 ese despacho negó la
acumulación de los procesos, tras considerar que, aunque ambas acciones de tutela
perseguían idénticas pretensiones, los hechos que las originaban eran distintos.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El abogado adscrito a la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 6 solicitó su desvinculación del presente
proceso de tutela con fundamento en que esa autoridad no se encuentra legitimada
para resolver la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por
los demandantes.

El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca 7 solicitó su
desvinculación de la acción de tutela, en tanto no es la autoridad competente para dar
respuesta de fondo a las pretensiones de los demandantes, sino que le corresponde
a la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura
y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 8 solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y la ausencia de vulneración
de los derechos fundamentales de los demandantes y afirmó que no tiene injerencia

3
Índice 13 del expediente digital en Samai.
4
Índice 20 del expediente digital en Samai.
5
Índice 26 del expediente digital en Samai.
6
Índice 9 del expediente digital en Samai.
7
Índice 11 del expediente digital en Samai.
8
Índice 12 del expediente digital en Samai.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

alguna en la plataforma de teletrabajo, cuya gestión corresponde a la Dirección de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de
la Judicatura 9 afirmó que la acción de tutela es improcedente, pues el mecanismo
para debatir la legalidad del Acuerdo PCSJA24-12151 es la acción de nulidad simple.

Además, precisó que los días 5 y 12 de marzo de 2025 los demandantes solicitaron la
corrección del IEP asignado al juzgado, con fundamento en que su cálculo había sido
defectuoso por cuanto la UDAE sumó, de forma indebida, los ingresos por reparto con
los procesos correspondientes al inventario final de 2023, los cuales habían sido
reportados como “otras entradas no efectivas”. No obstante, indicó que el artículo 16
de la Resolución UDAER24-6 de 2024 estableció expresamente que, a partir del 11
de enero de 2024, bajo la nueva denominación del despacho, el conteo de procesos
activos al 10 de enero debía registrarse en la casilla de “inventario inicial del periodo”,
por lo cual era claro que el juzgado no cumplió con esa directriz y reportó
erradamente dicha información en una casilla distinta, lo cual impidió una correcta
consolidación de los datos estadísticos.

El medio judicial ordinario para cuestionar el acto administrativo de carácter particular
por medio del cual se notificó a los demandantes el porcentaje del IEP era, en primer
lugar, la interposición del recurso de reposición ante la misma autoridad; y, en caso
de ser desfavorable la decisión adoptada, el ejercicio de los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 2011.

La Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 10
afirmó que dicha autoridad no se encarga de sistematizar las estadísticas de
productividad de los despachos judiciales, pues dicha labor es realizada por la UDAE
adscrita al Consejo Superior de la Judicatura.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
9
Índice 14 del expediente digital en Samai.
10
Índice 18 del expediente digital en Samai.

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Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las
solicitudes de desvinculación procesal y 3) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para
revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. Las solicitudes de desvinculación

Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva que formularon la
División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la Sala considera que, en la medida
en que esas autoridades fueron vinculadas como terceros con interés por solicitud
expresa de la parte demandante y porque dirigió peticiones ante ellos, su
participación dentro del presente trámite resulta procedente para efectos de
garantizar sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa y contradicción

3. El caso concreto

En el presente asunto se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

que se ampare el derecho fundamental de igualdad, supuestamente vulnerado por la
negativa de dicha autoridad pública a corregir el Índice de Evacuación Parcial (IEP)
asignado al Juzgado 105 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, lo
cual les impidió acceder a la modalidad de teletrabajo, toda vez que el IEP
determinado (54%) resultó inferior al umbral mínimo del 80% exigido por el literal c)
del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, como
condición habilitante para el acceso a dicho beneficio.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las
razones que aquí se expondrán.

3.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad

1) La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

2) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3) La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las
personas hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para
conjurar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo
que se restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional
como vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o
reemplazar a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la
protección de los derechos.

4) En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

5) Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto
por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo
definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste
no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de
tutela procede como mecanismo transitorio.

6) En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se
pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio
irremediable.

3.2 Verificación del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

1) En el presente caso, los demandantes pretenden que se ampare su derecho
fundamental de igualdad y que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico: i)
recalcule el Índice de Evacuación Parcial del Juzgado 105 Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá, de manera que excluya del cómputo los
procesos correspondientes al inventario final del periodo 2023 que fueron
reingresados en el periodo 2024; ii) habilite el aplicativo de teletrabajo para que
puedan realizar la solicitud de anuencia y el trámite respectivo o, en su defecto, que
se les permita presentar la petición al respectivo nominador y; iii) les exonere del
cumplimiento del requisito previsto en el literal c) del artículo 7 del Acuerdo PCSJA23-
12151 del 28 de febrero de 2024.

2) Para efectos de resolver la presente controversia es pertinente señalar que el
Acuerdo PCSJA23-12151 del 28 de febrero de 2024 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, reguló las condiciones para el acceso a la modalidad de
teletrabajo en la Rama Judicial. En particular, su artículo 7 estableció:

“Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al
teletrabajo todos los servidores judiciales vinculados en cargos de carrera,
de libre nombramiento y remoción y de descongestión, cualquiera que sea

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

su forma de provisión, que cumplan las siguientes condiciones, según
corresponda:

a. Desempeñar cargos o cumplir funciones que no demanden presencia
física para la prestación del servicio. No se podrá acceder al teletrabajo
desde el exterior.

b. Tener un (1) año de antigüedad en la Rama Judicial, aun cuando sea de
manera discontinua, en los últimos tres (3) años.

c. Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de
Evacuación Parcial igual o superior al 80% conforme a la publicación
realizada por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura. Si el juzgado o despacho judicial no
cumple con esta condición, ninguno de sus servidores podrá
teletrabajar. Los funcionarios judiciales deberán, además, estar al día
en el reporte de información del SIERJU.

Parágrafo. El índice de evacuación parcial de que trata este artículo será el
consolidado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha
de la solicitud.”. (negrillas de la Sala)

3) En la respuesta remitida por la UDAE a los demandantes el 31 de marzo de 2025,
se indicó que el cálculo del IEP se realiza de conformidad con la fórmula establecida
(% IEP = total egresos / total de ingresos) x 100. Para ello, se tomaron en cuenta
todos los ingresos y egresos reportados por el juzgado, conforme a los datos
registrados en el sistema SIERJU.

4) En primer lugar, los demandantes solicitaron que se les inaplicara el requisito
previsto en el literal c) del artículo 7 del referido acuerdo, no obstante, la Sala
considera que si se encuentran en desacuerdo con la legalidad de dicho requisito
contenido en un acto administrativo de carácter general, pueden acudir al medio de
control de nulidad simple, consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

5) Por otra parte, los actores pretenden que se habilite el aplicativo de teletrabajo a fin
de permitir la radicación de sus solicitudes y que se ordene a la UDAE recalcular el
IEP del juzgado, con la exclusión del total de ingresos de los procesos
correspondientes al inventario final del año 2023 que fueron reingresados en 2024.

6) Frente a este punto, la Sala constató que el 5 de marzo de 2025 los demandantes
presentaron un escrito titulado “recurso de reposición para corrección de la
COMUNICA IEP 2024 – ACUERDO PCSJA24-12151 GENERADO POR LA UDAE”,
en el cual solicitaron la corrección del IEP asignado a su despacho y argumentaron
que los procesos reportados como “otras entradas no efectivas” en el formulario

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

SIERJU del trimestre 2024, correspondían en realidad al inventario del año 2023 y
que dicho reporte se hizo conforme a las instrucciones recibidas por la propia UDAE.

7) Posteriormente, el 12 de marzo de 2025 presentaron un nuevo requerimiento en el
cual solicitaron la habilitación del aplicativo de teletrabajo y adjuntaron los informes
estadísticos correspondientes al año 2024.

8) Mediante oficio UDAEO25-1214 del 31 de marzo de 2025, la autoridad demandada
resolvió desfavorablemente ambas solicitudes y señaló que el porcentaje del IEP del
Juzgado 105 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá fue calculado
en un 54%, con base en un total de ingresos de 869 procesos y un total de egresos
de 467, conforme a la información reportada por el despacho entre el 1 de enero y el
30 de septiembre de 2024.

9) Adicionalmente, indicó que al verificar los reportes ingresados al sistema SIERJU
para el año 2024, se encontró que la estadística del cuarto trimestre fue remitida de
forma extemporánea, el 19 de febrero de 2025, y que el 18 de febrero de 2025 se
realizaron ajustes a los datos del segundo trimestre, motivo por el cual estos reportes
fueron excluidos del cálculo.

10) En consecuencia, la Sala considera que, si los demandantes se encuentran en
desacuerdo con el acto administrativo que resolvió sus solicitudes, cuentan con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en la Ley
1437 de 2011 para solicitar que se declare su nulidad total o parcial.

11) Resulta pertinente precisar que, en casos similares, esta Corporación ha
concluido que la acción de tutela no es procedente para cuestionar lo dispuesto en el
literal c) del numeral 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024 o el
oficio mediante el cual la autoridad demandada resolvió negativamente la solicitud de
corrección del Índice de Evacuación Parcial o la habilitación de la autorización para
solicitar la modalidad de teletrabajo11.

12) Tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que torne
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues los demandantes se

11
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de septiembre de 2024,
radicación 11001-03-15-000-2024-02852-02 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de mayo de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-01805-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

limitaron a alegar la transgresión de su derecho fundamental de igualdad derivada de
su imposibilidad de acceder al teletrabajo, sin que acreditaran afectaciones graves,
inminentes o irreversibles.

13) En ese orden, se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para
suplir mecanismos idóneos de defensa judicial y/o para revivir términos, pues una
interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento
para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta
acción que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

14) Por último, se advierte que según lo informado por la UDAE, el artículo 16 de la
Resolución UDAER24-6 de 2024 estableció que los juzgados cuya denominación fue
modificada debían reportar, a partir del 11 de enero de 2024, el conteo de procesos
activos al 10 de enero en la casilla correspondiente al inventario inicial del periodo.

15) En ese sentido, se indicó que el dato debía registrarse en la casilla de inventario
inicial y no en la casilla de “otras entradas no efectivas”, como lo hicieron los
demandantes, en consecuencia, el error atribuido a la UDAE en realidad obedeció a
una incorrecta interpretación normativa por parte del juzgado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Declárase la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.

2º) Niéganse las solicitudes de desvinculación presentadas por la División de
Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02226-00
Actores: Hernando Díaz Franco y otros
Acción de tutela

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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