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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02852-02

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-02852-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 8 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dadas las consideraciones que preceden. Segundo. Rechazar por improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mayra Viviana Sánchez Navarra, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-02852-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de septiembre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-02852-02
Demandante: Mayra Viviana Sánchez Navarro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02852-02
Demandante: Mayra Viviana Sánchez Navarro
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Tutela contra actos administrativos. Incumplimiento de requisito de
procedibilidad. Subsidiariedad de la acción. Ausencia de perjuicio
irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala las impugnaciones presentadas en contra de la sentencia del 8 de julio
de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
concedió el amparo invocado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Mayra Viviana Sánchez Navarro, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad y al
trabajo en condiciones dignas y justas.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se inaplique el Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024, en su numeral 7, literal c, ponderando de manera

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Demandante: Mayra Viviana Sánchez Navarro

correcta y respetando el derecho a la igualdad entre despachos, el índice de
evacuación de procesos del Juzgado 5 Civil Municipal de Girón, teniendo en cuenta
tanto la fecha de inicio de labores como la entrega de procesos nuevos y por
redistribución durante el año 2023.

Asimismo, que una vez se inaplique el índice de evacuación de procesos en un 80%,
que se abra la plataforma de registro de teletrabajo para poder acceder a realizar el
debido registro y proseguirse con el cumplimiento de los demás requisitos que solicita
el acuerdo; y que, además, se vincule al trámite de tutela a los empleados del Juzgado
5 Civil Municipal de Girón, quienes se encuentran en iguales condiciones a las
expuestas y que podrán dar fe de lo relatado.

1.1.2. Los hechos

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) Mediante Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, el Consejo Superior de
la Judicatura reglamentó el teletrabajo, y en su artículo 7, señaló con respecto de las
condiciones para su acceso, las siguientes:

Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al teletrabajo
todos los servidores judiciales vinculados en cargos de carrera, de libre nombramiento y
remoción y de descongestión, cualquiera que sea su forma de provisión, que cumplan
las siguientes condiciones, según corresponda:

a. Desempeñar cargos o cumplir funciones que no demanden presencia física para la
prestación del servicio. No se podrá acceder al teletrabajo desde el exterior.

b. Tener un (1) año de antigüedad en la Rama Judicial, aun cuando sea de manera
discontinua, en los últimos tres (3) años.

c. Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de Evacuación Parcial
igual o superior al 80% conforme a la publicación realizada por la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. Si el juzgado o despacho
judicial no cumple con esta condición, ninguno de sus servidores podrá teletrabajar. Los
funcionarios judiciales deberán, además, estar al día en el reporte de información del
SIERJU.

Parágrafo. El índice de evacuación parcial de que trata este artículo será el consolidado
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

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ii) Ahora bien, el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, artículo 52,
literal b, dispuso con respecto del traslado de los juzgados civiles municipales, lo
siguiente:

Artículo 52. Traslado de unos juzgados civiles municipales. Trasladar, con carácter
permanente, a partir del once (11) de enero de 2023, los siguientes juzgados:
[…]
b. Los juzgados 028 y 029 Civil Municipal de Bucaramanga, del Distrito Judicial de
Bucaramanga, con toda su planta de personal, a Girón, mismo distrito judicial, los cuales
se denominarán Juzgados 004 y 005 Civil Municipal de Girón, respectivamente.

iii) Posteriormente, el Acuerdo CSJSAA23-275 del 9 de agosto de 2023, artículo 3,
ordenó:

Artículo 3: Disponer que el Juzgado 3° Civil Municipal de Girón remita ochocientos
treinta y ocho (838) procesos al Juzgado 5° Civil Municipal de Girón. Los procesos que
se remitieron debían cumplir los siguientes criterios:

a) Demandas pendientes de calificación de admisión o de librar mandamiento ejecutivo.

b) Demandas admitidas en las que ningún demandado esté notificado del auto
admisorio; este criterio no se aplica a los procesos ejecutivos.

c) Procesos en los que se hubiere convocado a la audiencia inicial o única con
posterioridad abril de 2024.

d) Se remitirán el número de procesos hasta equilibrar las cargas laborales. Se
exceptúan de la anterior remisión los procesos cuya demanda se admitió bajo la vigencia
del CPC.

iv) El 19 de diciembre de 2023, el Juzgado 3 Civil Municipal de Girón remitió la totalidad
de 752 procesos distribuidos en 6 entregas.

v) Desde el 10 de agosto de 2023, el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón entró a reparto
en igualdad de condiciones con los demás juzgados del municipio, distribuyendo 1 a 1
los procesos que se iban radicando.

vi) El Juzgado 29 Civil Municipal laboró hasta el 27 de julio de 2023, cumpliendo
funciones de trámite y evacuación de procesos de manera continua e ininterrumpida,
teniendo un índice de evacuación del 501%, contado desde el 1° de enero de 2023
hasta el 30 de septiembre de 2023.

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vii) El Juzgado 5 Civil Municipal de Girón registró un índice de evacuación del 13%,
contabilizado desde el 2 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, siendo
imposible tener un índice superior, puesto que lo que se recibió fueron demandas
nuevas y demandas remitidas por el otro despacho con trámite de notificaciones y con
fechas para llevar a cabo audiencias, siendo los únicos procesos que para ese
entonces podían registrar salidas eran las acciones constitucionales.

viii) El Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, artículo 7, literal c, vulnera
de manera directa su derecho a la igualdad para acceder a la modalidad de teletrabajo,
pues el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón no se encuentra en igualdad de condiciones
a los del resto del país, en tanto entre el mes de enero hasta el mes de julio fungió
como Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga.

ix) Consecuencia de lo anterior, solicitó al Consejo de la Judicatura, Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico, el cómputo de los índices de evacuación de los
referidos Juzgados, pero la entidad le dio una respuesta desfavorable a su pedimento,
desconociendo de esta forma el trabajo surtido por los empleados de los despachos,
lo cuales son los mismos en los dos despachos judiciales.

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 11 de junio de 2024, el consejero de Estado César Palomino Cortés
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído, en
calidad de demandados, al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, Unidad de Recursos Humanos, y como terceros con interés,
a los Juzgados 3 y 5 Civil Municipal de Girón, remitiéndoles copia del escrito de tutela,
para que, en el término de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación,
rindieran el informe señalado en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, y/o hicieran
las manifestaciones que consideraran pertinentes.

De igual forma, ordenó oficiar al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, Unidad de Recursos Humanos, para que,

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dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación, allegaran los antecedentes
administrativos que dieron origen a los Acuerdos PCJA22-12028 de fecha 19 de
diciembre de 2022 y el CSJSAA23-275 de fecha 9 de agosto de 2023, como los informes
concernientes a la evacuación de los procesos asignados al Juzgado Quinto Civil
Municipal de Girón con ocasión de dichos acuerdos, y la reglamentación relacionada
con la figura de teletrabajo para los servidores judiciales; así como los demás
relacionados con la solicitud de la tutelante; y tuvo como pruebas los documentos
aportados con el escrito de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico. La directora de la Unidad, Clara Milena Higuera Guío, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o en su defecto denegar el amparo invocado, dados
los siguientes argumentos:

i) La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para que la accionante solicite la
inaplicación del literal c) del numeral 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024, emitido
por el Consejo Superior de la Judicatura, pues este corresponde a un acto
administrativo de contenido general que goza de presunción de legalidad, por lo que
para su cuestionamiento se debe acudir a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Además, en el caso de marras, la accionante contaba con el recurso
de reposición para debatir el cálculo del porcentaje del Índice de Evaluación Parcial
(%IEP) realizado por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, no obstante, no
hizo uso de ese instrumento.

ii) Téngase en cuenta que el %IEP corresponde a la razón entre el ingreso total del
despacho y el egreso total del despacho, multiplicado por 100, y que, para su cálculo,
la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico contabiliza todos los tipos de ingresos y
egresos que el funcionario judicial reportó, debido a que todos hacen parte de su carga
y gestión. Este mismo cálculo fue aplicado para el año 2023, mediante el Acuerdo
PCSJA22-12024 de 2022, modificado parcialmente con el Acuerdo PCSJA23 12042 de

2023, y que en la evaluación realizada se pudieron observar resultados positivos, lo

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que generó que mediante el Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024 se diera continuidad a
la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.

iii) La corporación podría afectar el derecho a la igualdad de los servidores judiciales
al aplicar unos criterios para unos despachos y otros diferentes a los despachos de
funcionarios que recurrieron a acciones constitucionales para modificar el cálculo de
su %IEP. El criterio aplicado se basó en la información estadística que reportaron los
funcionarios judiciales y no difiere para casos puntuales, sino que garantiza una
igualdad a todos los despachos. Adicionalmente, la inclusión del criterio de tener un
IEP igual o superior al 80%, pretende que los despachos judiciales se puedan articular

de forma armónica, de tal manera que se logre, precisamente, una respuesta
adecuada a la prestación del servicio de justicia, lo que demanda un lapso mínimo de
funcionamiento presencial de despacho judicial, fomentando aspectos de clima laboral
y cultura del servicio.

iv) La exoneración del cumplimiento de los requisitos contenidos en el literal c) del
artículo 7 del Acuerdo PCSJA-12151 del 28 de febrero de 2024 configuraría una
evidente violación al derecho a la igualdad que le asiste a los demás servidores
judiciales a nivel nacional, por cuanto los requisitos deben ser iguales, a menos que
se presente la necesidad de aplicar un trato diferencial por situaciones concretas como
sería el caso de mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia o ante
personas en condición de discapacidad. En el caso, la servidora judicial no cumple con
las condiciones establecidas en dicha normativa para solicitar la modalidad del
teletrabajo, como tampoco demostró tener alguna situación especial que justifique un
tratamiento especial para acceder a la modalidad de teletrabajo.

v) En el caso, se dio aplicación a la metodología para el cálculo del %IEP, conforme a
lo reglamentado en el Acuerdo PSAA16-10476, obteniendo para el despacho un
resultado del 13%, es decir, el %IEP contabilizó los ingresos reportados y no tuvo en
cuenta los inventarios iniciales del despacho o una fórmula distinta a la aplicada para
el resto de juzgados del país.

1.3.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. El presidente de la
corporación, Alonso Alberto Acero Martínez, solicitó la desvinculación de la

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corporación, al no ser de su competencia el aprobar o reglamentar lo relacionado con
el teletrabajo, ya que ello se encuentra en cabeza del superior.

1.3.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga. La apoderada Juliana Andrea Gómez Sandoval solicitó declarar
improcedente la acción de tutela con respecto de la entidad. Señaló que las situaciones
de hecho y de derecho planteadas en el libelo desbordan las funciones que la
Constitución y la Ley 270 de 1996 le han asignado. Además, dijo que los competentes
para remitir los antecedentes administrativos de los acuerdos requeridos como de los
informes concernientes a la evacuación de los procesos asignados al Juzgado 5 Civil
Municipal de Girón, son el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander, respectivamente.

1.3.4. El Juzgado 3 Civil Municipal de Girón. La jueza Elsa Liliana Alvarado
Villamizar solicitó la desvinculación del trámite de tutela, en atención a que las
decisiones que son flanco de ataque dentro de la acción constitucional fueron
adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, limitándose la agencia judicial a
dar cumplimiento a lo ordenado por dicha autoridad, según se pasa a explicar:

i) El Juzgado fue creado mediante el Acuerdo PCSJA22-11975 del 28 de julio de 2022,
emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, y la suscrita jueza tan solo tomó
posesión del cargo el día 13 de septiembre de 2022, y los demás servidores judiciales
a partir del día siguiente, fecha desde la cual se ha trabajado con total compromiso en
procura de impartirle trámite a cada uno de los asuntos que le fueron asignados.

ii) Al despacho fueron remitidos todos los procesos que en su momento estaban
asignados a los Juzgados 1 y 2 Civil Municipal de Girón, que cumplían con las
exigencias previstas en el numeral 1º del artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11686 de
2020, por lo que recibió 1651 expedientes, y por reparto directo, 599 asuntos entre los
años 2022 y 2023, aunado a que por disposición del Acuerdo CSJSAO22-370 de 2022,
se exoneró del reparto de procesos ordinarios al Juzgado 2 Civil Municipal de Girón.

iii) Ante la evidente sobrecarga que presentaban los Juzgados Civiles Municipales de
Girón, el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa, adoptó como medida

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la transformación de los Juzgados 28 y 29 Civiles Municipales de Bucaramanga, para
convertirlos en los Juzgados 4 y 5 Civiles Municipales de Girón, por lo que mediante
Acuerdo CSJSAA23-275 del 9 de agosto de 2023, artículo 3, acordó que el despacho
remitiera 838 procesos al Juzgado 5 Civil Municipal de Girón. De manera que, una vez
dicho despacho entró en funcionamiento, se remitieron 834 procesos, que cumplían
con las condiciones previstas en el numeral 1º del Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-
11686-2020, distribuidos en 6 entregas, realizadas entre agosto de 2023 y abril de
2024, lo cual permitió disminuir la mora juridicial.

1.3.5. La señora Claudia Ximena Santodomingo Torres. En calidad de oficial mayor
del Juzgado 5 Civil Municipal de Girón solicitó su vinculación al trámite de tutela, a fin
de esclarecer los hechos materia del asunto. Señaló lo siguiente:

i) La petición de compensación de estadística y/o ponderación se presentó ante el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE)
y el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, dentro del término en que estuvo
abierta la plataforma de teletrabajo, con miras a que no la cerraran hasta tanto se diera
contestación a lo peticionado, esto es, modificando el índice de evacuación de manera
proporcional para el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón.

ii) Lo anterior, por cuanto el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón, durante enero a julio
de 2023 fue Juzgado 29 Civil Municipal, con índices excelentes de estadística,
superándose el 100%, y en el mes de julio, al ser convertido en Juzgado 5 Civil
Municipal de Girón, le entregaron 830 procesos de otros despachos, más demandas
nuevas, con la premisa de que fueran evacuados en menos de 3 meses.

iii) El trato es desigual, pues el Consejo Superior de la Judicatura no evalúo la situación
de los despachos judiciales transformados, por el contrario, pese a todos los esfuerzos
y cartas allegadas se limitaron a decir que lo que el acuerdo decía, era lo conveniente.
Además, no revisó que los derechos fundamentales de los empleados del Juzgado 5
Civil municipal se vieron afectados, pues se les exigió cumplir con un 80% de
estadística para acceder al teletrabajo, atentando contra sus capacidades físicas,
mentales y emocionales, cuando lo cierto es que el 80% de procesos que se previó en
el Acuerdo que implementó el teletrabajo es por toda la vigencia del año 2023, es decir,

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que la UDAE comparó el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón con un juzgado que laboró
todo el año 2023, bajo una misma denominación.

1.4. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 8 de julio de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, aceptó la coadyuvancia solicitada por la señora Claudia Ximena
Santodomingo Torres; amparó los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo
en condiciones dignas y justas de la accionante, Mayra Viviana Sánchez Navarro, y de
la coadyuvante, Claudia Ximena Santodomingo Torres; ordenó al Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en el término de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la providencia, realizar las gestiones necesarias
para calcular de forma proporcional el %IEP del año 2023 del Juzgado 5 Civil Municipal
de Girón, con inclusión de aquel reportado en su momento por el Juzgado 29 Civil
Municipal de Bucaramanga, y una vez se tuviera, se remitiera de forma inmediata al
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y al
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga; y ordenó a las mencionadas autoridades
que, una vez recibido el cálculo referido, procedieran, dentro de los diez (10) días
siguientes, a pronunciarse nuevamente acerca de la solicitud de teletrabajo de las
demandantes, tomando como %IEP el certificado por la UDAE. Para dichos efectos,
presentó los siguientes considerandos:

i) En la medida en que la interviniente expuso las razones por las cuales se debe
acceder a las pretensiones del libelo introductorio, el interés que le asiste y lo hizo de
manera oportuna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del CGP —aplicable por
remisión expresa del artículo 4 del Decreto 306 de 1992—, es del caso acceder a su
solicitud de coadyuvancia.

ii) Ahora bien, aunque la demandante solicitó que, en amparo de sus derechos
fundamentales, se inaplique el Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024,
numeral 7, literal C, lo cierto es que la argumentación traída no se dirige a cuestionar
su legalidad, sino el hecho que al revisar el %IEP del Juzgado 5 Civil Municipal de
Girón, para optar por la modalidad del teletrabajo, se desconoció que dicho despacho

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fue producto de la transformación del Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga. De
manera que el estudio del caso se debe dirigir a la presunta omisión en que pudieron
incurrir las demandadas al momento de establecer el %IEP del Juzgado 5 Civil
Municipal de Girón, antes Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, en aras de
definir la modalidad de teletrabajo en favor de la demandante y la coadyuvante.

iii) En tal sentido, la solicitud de tutela se torna procedente, pues no trata de cuestionar
o desconocer la legalidad del Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024, como mal lo señalaron
las entidades demandadas en sus informes, sino de establecer que la aplicación en su
caso se diera en condiciones justas y de igualdad, en atención a la situación
administrativa de transformación presentada en el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón,
antes Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, en el año 2023. Ello, por cuanto al
definir el cumplimiento de lo previsto en el literal c) del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024, artículo 7, referente «al Índice de Evacuación Parcial
igual o superior al 80% conforme a la publicación realizada por la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura», tuvo en cuenta,
únicamente, el reportado por el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón del 29 de julio al 31
de diciembre de 2023, con pleno desconocimiento del proceso de trasformación que
tuvo ese despacho, antes Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, que reportó
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 un %IEP más que satisfactorio.

iv) Así, analizadas las circunstancias administrativas del caso, se encontró: a) que la
demandante ha estado vinculada al Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga,
transformado en Juzgado 5 Civil Municipal de Girón, junto con toda su planta de
personal; b) que el nuevo juzgado entró en funcionamiento el 29 de julio de 2023; c)
que a partir del 10 de agosto siguiente ingresó a reparto en igualdad de condiciones
con los despachos homólogos; d) que entre el 23 de agosto y 31 de diciembre de 2023,
recibió 838 procesos provenientes del Juzgado Tercero Civil Municipal de Girón, de
conformidad con el Acuerdo CSJSAA23-275 del 9 de agosto de 2023; y e) que para la
vigencia del año 2023, la planta de personal a la que pertenece la accionante fungió
hasta el 27 de julio como Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, con un IEP del
501%, y a partir del 29 de julio siguiente fue trasformado a Juzgado 5 Civil Municipal
de Girón, con un IEP del 13%.

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v) Es decir, que sin perjuicio del proceso administrativo de trasformación del Juzgado
29 Civil Municipal de Bucaramanga en Juzgado 5 Civil Municipal de Girón, el desarrollo
de funciones y producción de su planta de personal no cesó en ningún momento
durante el año 2023. Asimismo, que la calificación recibida por el Juzgado 29 Civil
Municipal de Bucaramanga en la vigencia del año 2023, se contabilizó por un periodo
de 9 meses, mientras que, el mismo despacho, pero ya como como Juzgado 5 Civil
Municipal de Girón, incluyó un tiempo de 5 meses, por lo que pareciera que laboró
simultáneamente por un periodo bajo ambas denominaciones.

vi) Si bien en el Acuerdo 738 de 2000,1 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, estableció la forma como se pueden tomar medidas en caso de
congestión de los despachos judiciales —tales como el traslado de funcionarios y la
redistribución de los asuntos—, lo cierto es que la transformación de los juzgados no
puede desconocer la labor de los funcionarios y empleados que han desempeñado el
servicio de la administración judicial de forma continua e ininterrumpida.

vii) Además, de acuerdo con el Acuerdo PCSJA19-11207 del 8 de febrero de 2019,2 el
índice de evacuación parcial efectivo es el porcentaje resultante de la división de
egresos efectivos entre ingresos efectivos de un despacho, por lo que el análisis de la
información que realiza la UDAE reconoce las variables de los ingresos y egresos
efectivo mensual y la acumulación de inventarios, pues el rango de datos determina
los despachos susceptibles de analizar. En tal sentido, las entidades demandadas
deben lograr, bajo criterios de igualdad, la calificación del %IEP del despacho al que
pertenece Mayra Viviana Sánchez Navarro, de conformidad a la gestión reportada en
la vigencia de 2023, esto es, como Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga y como
Juzgado 5 Civil Municipal de Girón, promediándose los valores correspondientes
debidamente reportados para ese año.

viii) Finalmente, aunque la señora Claudia Ximena Santodomingo Torres fue
reconocida como coadyuvante de la parte demandante, lo cierto es que se encuentra
en idénticas condiciones que esta, pues las estadísticas del despacho en el que labora

1 Por el cual el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó el artículo 63 de la Ley 270 de 1996.
2 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo PSAA16-10476 de 2016, relacionado con el informe

de análisis de los Consejos Seccionales de la Judicatura de la gestión reportada al SIERJU, y se
derogan los Acuerdos PCSJA17-10714 de 2017 y PCSJA1710745 de 2017”

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junto con la demandante, también le afectaron negativamente en su interés de acceder
a la modalidad del teletrabajo, en los términos solicitados por el Consejo Superior de
la Judicatura, es del caso, de igual forma, amparar sus derechos fundamentales.

1.5. Impugnaciones

1.5.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico. La directora, Clara Milena Higuera Guío, impugnó la decisión de primera
instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se declare la improcedencia de la
acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Para dichos efectos,
argumentó lo siguiente:

i) La acción de tutela se encuentra afectada por subsidiariedad. El a quo no valoró de
manera adecuada la diferente jurisprudencia en torno a la improcedencia de la acción
de tutela en contra de actos administrativos. En el caso, el acto generador de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante se materializó
en la respuesta otorgada el 2 de mayo de 2024, acto administrativo de carácter
particular por medio del cual se le notificó a la peticionaria el cálculo del %IEP, y frente
al cual procedía el recurso de reposición y, en caso de no estar de acuerdo con la
decisión adoptada, los medios de control previstos en el CPACA, junto con las distintas
herramientas ahí establecidas, tales como la medida cautelar de suspensión de actos
administrativos, herramientas de las que la accionante no hizo uso.

ii) Sumado a lo dicho, la accionante no manifestó de forma concreta la causación de
un perjuicio irremediable derivado del acto administrativo mediante el cual se resolvió
su solicitud de recalcular el porcentaje de Índice de Evacuación Parcial (%IEP), máxime
cuando el no acceder al teletrabajo por la aplicación de unos criterios objetivos que se
aplicaron de manera igual a todos los servidores judiciales no genera un riesgo
inminente a los derechos de los servidores. Es de tener en cuenta que el acceso al
teletrabajo corresponde a una de las modalidades para ejercer las funciones propias
de cada empleo, el cual, en todo caso, es facultativo y no afecta las condiciones de
trabajo de funcionarios y empleados.

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iii) Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. Los requisitos para
acceder a la modalidad de teletrabajo, previstos en el artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-
12151 del 28 de febrero de 2024, se aplicaron a todos los despachos judiciales del
nivel nacional en condiciones de igualdad. Es decir, se utilizó la fórmula del %IEP, dada
por el cociente entre los egresos totales y los ingresos totales, multiplicado por 100, y
en la sentencia impugnada, el a quo desconoció que el cálculo del %IEP debe realizarse
por juzgado o despacho judicial, individualmente considerado, y no mediante cálculos
acumulativos o ponderados.

iv) La realización de cálculos acumulativos implica considerar como un mismo
despacho judicial a dos juzgados totalmente diferentes, en los cuales, si bien, para el
caso en concreto, las servidores judiciales accionante y coadyuvante son iguales,
pueden darse escenarios en los cuales existan cambios y modificaciones en el
personal. De igual forma, podrían presentarse situaciones en las cuales el servidor que
interpone la acción de amparo haya cambiado de Juzgado, lo que obligaría a realizar
cálculos por cada uno de los despachos en los cuales el servidor haya estado
vinculado, lo cual conllevaría, en la práctica, a tener que realizar múltiples variaciones
para el cálculo del índice y a desnaturalizar lo dispuesto en el Acuerdo. La intención
del Consejo Superior de la Judicatura fue la de establecer el cálculo del % IEP por
juzgado o despacho judicial, y no por servidor judicial, toda vez que este indicador mide
la gestión conjunta de la célula judicial y no marginalmente.

v) El a quo no valoró adecuadamente los contenidos establecidos jurisprudencialmente
respecto del derecho a la igualdad material, pues tanto el Acuerdo PCSJA24-12151 de
2024, como el acto administrativo del 2 de mayo de 2024, por el cual se atendió la
solicitud realizada por la actora, se generaron en un marco legal capaz de concretar y
garantizar el acceso a la prerrogativa del teletrabajo en condiciones de igualdad,
evitando la materialización de exclusiones odiosas e injustificadas.

1.5.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. La abogada Andrea
Lyzeth Londoño Restrepo de la Unidad de Asistencia Legal impugnó el numeral cuarto
de la sentencia de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado. Señaló que mediante Oficio
UDEAE24-2220 del 2 de agosto de 2024, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

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(UDAE) remitió el nuevo cálculo del %IEP, con un valor del 57%, y teniendo en cuenta
lo anterior, la Unidad de Recursos Humanos, División de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Teletrabajo Nivel Central, se pronunció nuevamente respecto de la solicitud
de teletrabajo de las accionantes.

1.5.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga. La abogada Juliana Andrea Gómez Sandoval también impugnó el
numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, en orden a que se revoque y, en
su lugar, se declare improcedente la acción o se denieguen las pretensiones respecto
de la entidad, dados los siguientes argumentos:

i) Comoquiera que las solicitudes de teletrabajo fueron presentadas por la accionante
ante el Consejo Superior de la Judicatura, es dicha autoridad la competente para
resolverlas y adelantar todas las gestiones pertinentes frente al cálculo del porcentaje
del Índice de Evacuación Parcial (%IEP) del despacho al que pertenece.

ii) Con todo, en atención a la orden impartida en el numeral cuarto de la providencia,
se procedió a dar cumplimiento, en los siguientes términos: En primer lugar, a través
del Oficio udaeO24-2219 del 2 de agosto de 2024, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), a través de la directora
Clara Milena Higuera Guío, informó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga del nuevo cálculo requerido en el fallo. Y, en
segundo lugar, la entidad a través de su director, Jorge Eduardo Vesga Carreño,
remitió el Oficio DESAJBUO24-1786 del 6 de agosto de 2024, al Juzgado 5 Civil
Municipal de Girón, jueza Andrea Johanna Martínez Eslava, como nominadora, para
que se pronunciara sobre su solicitud de teletrabajo de sus empleadas.

iii) Asimismo, debe indicarse que la Seccional, aparte de no tener la competencia para
resolver las solicitudes de teletrabajo de la accionante y la coadyuvante, tampoco tiene
injerencia alguna en el manejo del aplicativo dispuesto para el teletrabajo, pues ello se
encuentra exclusivamente en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, entiéndase Nivel Central, en tanto así lo dispone expresamente el numeral 1
del artículo 10 del Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024.

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1.5.4. La señora Claudia Ximena Santodomingo Torres, coadyuvante en la acción
de tutela y a quien también le fueron amparados sus derechos fundamentales en la
sentencia de primera instancia, impugnó la decisión, en atención a lo siguiente:

i) El numeral cuarto del fallo de tutela que amparó sus derechos fundamentales, tales
como igualdad frente al índice de evacuación, debe ser aclarado y/ o modificado, en el
sentido de ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga que, una
vez recibido el cálculo referido, procedan, dentro de los 10 días siguientes, a
pronunciarse nuevamente acerca de la solicitud de teletrabajo de las demandantes,
tomando como % IEPel certificado por la UDAE, y abriendo el aplicativo de gestión de
teletrabajo, a fin de que las solicitudes de teletrabajo sean tramitadas legalmente por
ese medio, y en iguales condiciones que se hicieron para todos los juzgados del país,
quienes registraron su solicitud a través de dicha plataforma y pudieron demostrar por
ese medio el cumplimiento de todos los requisitos del Acuerdo.

ii) Lo aquí reseñado fue señalado dentro de la tutela que presentó la señora Mayra
Viviana Sanchez Navarro y que coadyuvo, pues en los hechos se indicó que no pudo
acceder a la plataforma, desde el principio, para que allí se tramitara la solicitud de
teletrabajo; asimismo, en las pretensiones se expuso exactamente lo descrito, y es
que, a través del aplicativo la accionada revisaba el cumplimiento de todos los demás
requisitos del Acuerdo diferentes al del índice de evacuación, ya que este desde el
inicio era un excluyente registrado en el aplicativo que clasificaba a los juzgados en si
podían seguir o no con la valoración de acceder o no a teletrabajar.

iii) Lo anterior no quiere decir que con la apertura de la plataforma para registrar la
solicitud de teletrabajo se esté afirmando que se cumplen con todos los requisitos del
acuerdo, sino, por el contrario, que al poder acceder al aplicativo y registrar su solicitud
de teletrabajo, y con el índice de evacuación ponderado en los límites establecidos en
el fallo, se podrá continuar con la etapa siguiente de demostrar ante las accionadas el
cumplimiento de los requisitos finales exigidos.

1.6. Otras actuaciones

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Por medio de auto del 5 de agosto de 2024, el consejero Juan Enrique Bedoya, en
encargo, concedió la impugnación presentada en contra de la sentencia del 8 de julio
de 2024, por la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bucaramanga y la coadyuvante Claudia Ximena Santodomingo Torres.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20193, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dilucidar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para cuestionar los actos administrativos por medio de los
cuales el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico negó a la accionante la solicitud de «modificación de la estadística para
IEP-teletrabajo de Girón». En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con

la referida decisión se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo
en condiciones dignas y justas invocados.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

3 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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2.3.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos

Es de amplio conocimiento dentro de la jurisprudencia constitucional que la acción de
tutela contra actos administrativos es improcedente, en atención a que contra estos el
legislador ha dispuesto de las vías judiciales ordinarias para su cuestionamiento, de
forma tal que aceptar su procedencia directa desdibujaría su carácter excepcional y,
además, contravendría lo previsto en el artículo 86 constitucional, en el que de manera
clara se señala que el mecanismo de amparo procede solamente cuando el afectado
no dispone de otro medio de defensa judicial.

Sin embargo, el referido artículo presenta la excepción de que la acción de tutela puede
proceder en caso de que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional debe cumplir con las características de ser i) actual o inminente, es
decir, está ocurriendo o está próximo a ocurrir;4 ii) grave, o tiene la potencialidad de
dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado
relevante; iii) requiere de medidas urgentes; e iv) impostergable, a fin de garantizar el
adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad.

Y a más de lo anterior, la Corte Constitucional desarrolló como excepción adicional, el
evento en el que el mecanismo de amparo procede como solución definitiva del
asunto, en casos en que el medio judicial ordinario no sea idóneo u eficaz dadas las
circunstancias del caso concreto, o las condiciones personales de vulnerabilidad o
debilidad del afectado.5

Quiere decir lo anterior que el mecanismo de amparo solo tiene lugar cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá

4 la Corte ha señalado que para la comprobación de la inminencia de un perjuicio irremediable que

justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben observar criterios como i) la edad de la persona,
por ser sujeto de especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; ii) el estado de salud
del solicitante y su familia; y iii) las condiciones económicas del peticionario del amparo 4 o de las
personas obligadas a acudir a su auxilio. Consultar entre otras las sentencias T-229 de 2006, T-935 de
2006, T-376 de 2007, T-529 de 2007, T-607 de 2007, T-652 de 2007, T-762 de 2008 y T-716 de 2013.
En los referidos eventos, la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal
administrativa mínima por parte del interesado. Al respecto, ver sentencia T-881 de 2010.
5 Posición reiterada en las sentencias T-396 de 2009, T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013,

T-491 de 2013, T-327 de 2014, T-471 de 2014, T-222 de 2014, entre otras.

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probarse —caso en el cual el juez de tutela podrá dar órdenes transitorias que brinden
protección al derecho fundamental hasta tanto el juez ordinario o la autoridad
competente se pronuncie sobre las pretensiones—, o cuando dentro de los diversos
medios legales existentes ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el
derecho que se alegue conculcado —evento en el cual las decisiones del juez de tutela
deben ser definitivas—.6

De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.

2.3.2. Sobre el traslado del Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, del
Distrito Judicial de Bucaramanga, con toda su planta de personal, al Juzgado 5
Civil Municipal de Girón, la redistribución de procesos y las condiciones para
acceder a la modalidad de teletrabajo

Por medio del Acuerdo CSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura creó cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados
de la Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, y
estableció, en sus artículos 52 y 64, lo siguiente:

Artículo 52. Traslado de unos juzgados civiles municipales. Trasladar, con carácter
permanente, a partir del once (11) de enero de 2023, los siguientes juzgados:
[…]
b. Los juzgados 028 y 029 Civil Municipal de Bucaramanga, del Distrito Judicial de
Bucaramanga, con toda su planta de personal, a Girón, mismo distrito judicial, los cuales
se denominarán juzgados 004 y 005 Civil Municipal de Girón, respectivamente.

[…]

Artículo 64. Equilibrio de cargas laborales. Los consejos seccionales de la judicatura
efectuarán la redistribución de procesos que garantice el equilibrio de las cargas
laborales, entre los despachos judiciales existentes y los creados en el presente
Acuerdo, correspondiente a los distritos judiciales de su competencia, teniendo en
cuenta la demanda del servicio de justicia.

Para tal efecto, los consejos seccionales respectivos, deberán tener en cuenta el número
de procesos en el inventario final, la distribución de procesos entre los despachos
judiciales y el equilibrio de cargas de trabajo. Se entenderá el equilibrio de cargas de
trabajo cuando el promedio del inventario total de procesos de los despachos judiciales

6 Sentencias T-308 de 2016 y SU-691 de 2017, entre otras.

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creados o transformados, sea igual al promedio del inventario total de procesos que
tenían los despachos judiciales existentes, en los respectivos distritos judiciales, con
corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2022.

Para la redistribución de procesos, los consejos seccionales de la judicatura aplicarán
las mismas reglas del Acuerdo PCSJA20-11686 de 2020, en lo pertinente a cada
especialidad.

Con ocasión de lo anterior, a través del Acuerdo CSJSAA23-275 del 9 de agosto de
2023, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander redistribuyó procesos de
los Juzgados 1, 2 y 3 Civiles Municipales de Girón a los Juzgados 4 y 5 Civiles
Municipales de Girón, transformados mediante el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de
diciembre de 2022, disponiendo en su artículo 3, lo siguiente:

Artículo 3: Disponer que el Juzgado 3 Civil Municipal de Girón remita ochocientos treinta
y ocho (838) procesos al Juzgado 5 Civil Municipal de Girón.

Posteriormente, mediante el Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, el
Consejo Superior de la Judicatura reguló la modalidad de teletrabajo en la Rama
Judicial, y señaló en el artículo 7, las condiciones para su acceso, así:

Artículo 7. Condiciones para acceder al teletrabajo. Pueden acceder al teletrabajo
todos los servidores judiciales vinculados en cargos de carrera, de libre nombramiento y
remoción y de descongestión, cualquiera que sea su forma de provisión, que cumplan
las siguientes condiciones, según corresponda:

a. Desempeñar cargos o cumplir funciones que no demanden presencia física para la
prestación del servicio. No se podrá acceder al teletrabajo desde el exterior.

b. Tener un (1) año de antigüedad en la Rama Judicial, aun cuando sea de manera
discontinua, en los últimos tres (3) años.

c. Los juzgados o despachos judiciales deberán tener un Índice de Evacuación Parcial
igual o superior al 80%, conforme a la publicación realizada por la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura. Si el juzgado o despacho
judicial no cumple con esta condición, ninguno de sus servidores podrá teletrabajar. Los
funcionarios judiciales deberán, además, estar al día en el reporte de información del
SIERJU.

Parágrafo. El índice de evacuación parcial de que trata este artículo será el consolidado
a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

2.4. Hechos probados

De los documentos obrantes en el expediente de tutela, la Sala establece lo siguiente:

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i) El 14 de marzo de 2024, a través del Oficio UDAEO24-632, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), brindó respuesta a la
solicitud de la accionante, respecto de la compensación de la estadística obtenida en
el Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, con el Juzgado 5 Civil Municipal de
Girón, al cual fue trasladado, para efectos de sacar el porcentaje del índice de
evacuación parcial (%IEP) para teletrabajo, en los siguientes términos:

En respuesta a su comunicación, de manera atenta me permito informarle que de
conformidad con el literal c) del artículo 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 «Por el cual se
regula la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial», el índice de evacuación parcial
(%IEP) para teletrabajo calculado para todos los despachos a nivel nacional corresponde
al cociente entre los egresos totales y los ingresos totales, multiplicado por 100.

Particularmente para el Juzgado 5 Civil Municipal de Girón, se tiene lo siguiente:

Es importante mencionar que esta Unidad proporcionó, por una única vez, la información
que se solicita según el Acuerdo PCSJA24-12151 a la respectiva área encargada, de
conformidad con los reportes estadísticos diligenciados y finalizados en el Sistema de
Información Estadística de la Rama Judicial (SIERJU), tomando el periodo comprendido
entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2023, con el corte oficial realizado el pasado
30 de enero, según los lineamientos del Acuerdo PSAA16-10476.

ii) El 24 de abril de 2024, a través del Oficio UDAEO24-1065, el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), dio respuesta a la
accionante, en cuanto a la reiteración de la solicitud de compensación del %IEP, en los
siguientes términos:

En relación con su correo electrónico de fecha 2 de abril de 2024, con el cual reitera la
petición radicada el pasado 8 de marzo, en la cual solicita que se compense la estadística
del Juzgado 29 Civil Municipal de Bucaramanga, despacho que fue trasladado al
municipio de Girón, como Juzgado 5 Civil Municipal de Girón mediante el Acuerdo
PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, de manera atenta y en los términos del
inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, me permito reiterar lo señalado
en el oficio UDAEO24-632 del 14 de marzo del presente año, el cual anexo a la presente
comunicación.

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iii) El 2 de mayo de 2024, por el Oficio PCSJO24-422, el Consejo Superior de la
Judicatura, Presidencia, dio respuesta a la accionante, en torno a la solicitud de
revisión del cálculo del índice de evacuación (%IEP), así:

En relación con su solicitud de revisión del cálculo del índice de evacuación parcial
(%IEP), correspondiente para el año 2023, para que se tenga en cuenta en el análisis
el impacto que se tuvo con los ingresos por redistribución —en virtud de la
transformación del Juzgado 029 Civil Municipal de Bucaramanga, dispuesta en el
Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022—, de manera atenta me permito informarle que el
%IEP total corresponde a la razón entre el ingreso total del despacho y el egreso total
del despacho.

La metodología para el cálculo tuvo en cuenta lo reportado por los funcionarios
judiciales, conforme lo reglamentado en el Acuerdo PSAA16-10476 de 2016. De esta
manera, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, tomando el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, con el corte oficial
realizado el pasado 30 de enero, contabilizó todos los tipos de ingresos y egresos
reportados, debido a que todos hacen parte de su carga y gestión.

La metodología aplicada no excluye los ingresos por redistribución, porque estos
representan un ingreso al despacho judicial y, más importante aún, para los
despachos que están en proceso de implementación o fueron objeto de una medida
de optimización, como ocurre en el caso bajo cuerda, los cuales afrontan desafíos
para la mejora de la administración de justicia.

De esta manera, la corporación definió unas pautas objetivas para acceder a la
modalidad de teletrabajo, las cuales guardan congruencia con la Ley 1221 de 2008 y
el resultado obtenido corresponde a un cálculo de una ciencia exacta como lo es la
matemática, con base en los datos reportados por la juez, con un procedimiento claro
y objetivo que garantiza transparencia en el dato final obtenido.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

Se controvierte, en sede de impugnación, el hecho de no analizarse en debida forma
la jurisprudencia constitucional relacionada con la improcedencia de la acción de tutela
cuando se dirige a controvertir actos administrativos y, por contera, la acreditación de
la causación del perjuicio irremediable derivado del acto administrativo mediante el
cual se resolvió la solicitud de recalcular el porcentaje de Índice de Evacuación Parcial
(%IEP) del Juzgado 5 Civil de Girón.

Asimismo, el hecho de no estudiarse adecuadamente los contenidos establecidos
jurisprudencialmente respecto del derecho a la igualdad material, ya que tanto el
Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024, como el acto administrativo del 2 de mayo de 2024,
por el cual se atendió la solicitud realizada por la actora, se generaron en un marco

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legal capaz de concretar y garantizar el acceso a la prerrogativa del teletrabajo en
condiciones de igualdad, evitando la materialización de exclusiones odiosas e
injustificadas.

Pues bien, se tiene que en el caso la señora Mayra Viviana Sánchez Navarro, actuando
en nombre propio, promovió acción de tutela en orden a que se inaplicara el literal c)
numeral 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024 y, en consecuencia,
que se ordenara abrir nuevamente la plataforma del teletrabajo para poder realizar el
respectivo registro y proseguir con el cumplimiento de los demás requisitos exigidos
para acceder a dicha modalidad de trabajo.

Lo anterior, al no estar de acuerdo, y considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas con la decisión
del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en
no compensar el porcentaje del índice de evacuación parcial (% IEP) obtenido para los
Juzgados 29 Civil Municipal de Bucaramanga y 5 Civil Municipal de Girón, teniendo en
cuenta su proceso de transformación.

En esos términos, puede colegirse, contrario a lo señalado por el juez constitucional
de primera instancia, que lo puesto en discusión por la señora Mayra Viviana Sánchez
Navarro dentro de la presente acción de tutela es tanto el contenido del literal c)
numeral 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, acto administrativo
de contenido general, como los oficios por medio de los cuales la UDAE ―con base en
la información estadística reportada en el SIERJU―, negó la petición de compensación
del %IEP de los despachos judiciales en los que ha laborado, que corresponden a
decisiones de contenido particular.

Respecto del primero, puede advertirse que la acción de tutela es abiertamente
improcedente, pues para cuestionar lo dispuesto en el literal c) numeral 7 del Acuerdo
PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, la accionante debe acudir al medio de

control de simple nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA, de lo cual no se acredita
que haya ocurrido, lo que, en principio, evidencia una validación de lo allí previsto, ya
que el mecanismo de amparo no es el medio judicial para controvertir la legalidad de
lo reglado en dicho Acuerdo, máxime cuando lo discutido compromete no solo su

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situación jurídica sino también la de otros servidores judiciales que pueden compartir
iguales situaciones fácticas a las aquí narradas.

Ahora bien, en la sentencia SU-037 de 2009, reiterada en múltiples oportunidades, la
Corte Constitucional explicó que la acción de tutela contra actos de contenido general,
impersonal y abstracto, solo procederá de manera excepcional y como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales, cuando se trate de conjurar
la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer
que el contenido del acto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una
persona determinada o determinable, y que solo en estos casos el juez puede hacer
uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la inaplicación del acto para el
caso concreto, con un carácter eminentemente transitorio mientras se produce la
decisión de fondo por parte del juez competente.

En el caso, no se acredita un perjuicio de carácter irremediable con la aplicación de la
normativa enjuiciada ni tampoco que su contenido afecte de manera directa los
derechos fundamentales invocados por la accionante, puesto que, como lo refirió la
autoridad accionada, el teletrabajo es una modalidad de prestación del servicio por
parte del servidor judicial y no afecta, en estricto sentido, la garantía ius fundamental
de su derecho al trabajo.

Sumado a lo dicho, es dable señalar que, para este momento, la accionante también
tiene a su disposición la acción de nulidad por inconstitucionalidad, prevista en el
artículo 135 del CPACA, si considera que la disposición aquí censurada infringe la
garantía constitucional a la igualdad al no tomar en cuenta el proceso de
transformación de los despachos judiciales del país, mecanismo que tampoco acredita
haber ejercido.

Igual razonamiento debe darse en torno al cuestionamiento de los Oficios UDAEO24-
632 del 14 de marzo de 2024, UDAEO24-1065 del 24 de abril de 2024 y PCSJO24-422
del 2 de mayo de 2024, emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, pues es
diáfano que estos pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del CPACA, por tratarse de actos administrativos de carácter

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definitivo7 que contienen la manifestación plena y acabada de la voluntad de la entidad
en torno a la obligatoriedad del despacho judicial de cumplir con los requisitos
consignados el numeral 7 del Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, para
acceder a la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.

Además, es sabido que el referido medio de control se otorga a la parte demandante
la posibilidad de solicitar la medida cautelar preventiva, conservativa, anticipativa o de
suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 230 del CPACA, y que conforme
al artículo 233 ibidem, se puede pedir desde la presentación de la demanda y en
cualquier estado del proceso, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

En el caso, la decisión de la entidad accionada de no compensar el %IEP del Juzgado
5 Civil Municipal de Girón, con el obtenido por el Juzgado 29 Civil Municipal de
Bucaramanga, comprende para sus servidores la definición de su situación jurídica
respecto del cumplimiento de los requisitos para el acceso a la modalidad de
teletrabajo, por lo que el medio de control resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz
para precaver el perjuicio irrogado.

En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada, con fundamento en la cual se pretende que el juez de tutela realice
un pronunciamiento respecto de la directriz implementada en el literal c) numeral 7 del
Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024, como de las decisiones
particulares que negaron la compensación del %IEP del Juzgado 5 Civil Municipal de
Girón —teniendo en cuenta la fecha de inicio de labores como de entrega de procesos
nuevos y por redistribución durante el año 2023—, contenida en los Oficios UDAEO24-
632 del 14 de marzo de 2024, UDAEO24-1065 del 24 de abril de 2024 y PCSJO24-422
del 2 de mayo de 2024.

Así las cosas, se concluye que la presente acción de tutela se encuentra afectada por
las causales de improcedencia descritas en los numerales 1° y 5 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, que disponen que el mecanismo de amparo no procederá:

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 9 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-03-15-000-2021-05927-01 AC.

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«cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales» o «cuando se trate de
actos de carácter general, impersonal y abstracto».

De esta forma, al no ser procedente el análisis de fondo del asunto, no cabe
pronunciamiento alguno en torno a los expuestos por la coadyuvante, señora Claudia
Ximena Santodomingo Torres, dentro de su escrito de impugnación, en el que solicitó
la modificación de la orden contenida en el numeral cuarto de la sentencia, frente a lo
que, dicho sea de paso, aunque se encuentre en similar situación fáctica y jurídica a
la aquí accionante, no es de su atributo el presentar peticiones particulares.

Es de vital importancia tener en cuenta, sobre el asunto, que «quien coadyuva lo hace
para apoyar las razones presentadas, bien por el actor o por las partes que conforman
el extremo pasivo de la litis, y nunca persiguiendo pretensiones propias»,8 de manera
que, que si se actúa bajo la figura jurídica de la coadyuvancia se interviene en el
proceso como tercero con interés en participar y/o para apoyar las reclamaciones de
alguna de las partes, sin que, para el efecto, se puedan presentar nuevos
planteamientos o realizar reclamaciones propias.

En tal sentido, la participación del coadyuvante debe entenderse, en estricto sentido,
como apoyo a las pretensiones de tutela, sin que se pueda tener en cuenta aquella
que se dirija a la protección de su situación particular, ya que para ello debe hacer uso
de la acción de tutela, a título personal.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar,
rechazará por improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

8 Sentencia T-269 del 2018.

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F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 8 de julio de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, dadas las consideraciones que preceden.

Segundo. Rechazar por improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Mayra Viviana Sánchez Navarra, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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