Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01955-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01955-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01955-00
Accionantes: Julián Esteban Hurtado Atehortúa y otros
Accionados: Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior
de la Judicatura y otro
Temas: Acción de tutela por presunta violación de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y trabajo, por tener en cuenta los procesos
redistribuidos al despacho a la hora de realizar el índice de evacuación
parcial. La calificación obtenida impide acceder a la figura del teletrabajo.
DECLARAR IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Julián Esteban Hurtado
Atehortúa, juez del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira; María Teresa
Hincapié Hincapié, secretaria; Ángela Marcela Izquierdo y Estefanía Acosta Ochoa,
oficiales mayores; Heibel Hernando Barona y Marcela Guerrero Varón, escribientes
y María Alejandra Arredondo, asistente judicial, en contra de la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.
ANTECEDENTES
Los accionantes solicitan que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados por la entidad
accionada.
HECHOS
Se resumen de la siguiente manera para un mejor entendimiento
Que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira fue creado mediante el Acuerdo
PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023 e inició su funcionamiento el 22 de
abril de 2024.
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Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda ordenó la redistribución de
207 procesos al despacho antes citado, los cuales fueron registrados «en el Sistema
de Estadística Judicial (SIERJU) bajo la categoría de “ingresos por descongestión”».
Que el Acuerdo PCSJA24-12151 del 28 de febrero de 2024 dispuso que, para
acceder a la modalidad de teletrabajo, los despachos judiciales deben de obtener
un índice de evacuación parcial (IEP) superior al 80%.
Que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico calculó el IEP en un 66%,
incluyendo los procesos recibidos por redistribución, los cuales en criterio de los
accionantes no debieron de haber sido tenidos en cuenta, pues esto impide que los
funcionarios puedan acceder al teletrabajo y genera una situación de desigualdad
con otros despachos que no recibieron dichos procesos y cuyo cálculo de
evacuación se realizó sobre los ingresos efectivos.
Que el 4 (sic) de marzo de 2025 le solicitaron a la accionada la revisión de la
metodología del cálculo del IEP; sin embargo, la entidad mantiene su posición.
Que la Corte Suprema de Justicia en sentencia STP 6631-2024 resolvió acción de
tutela presentada por los juzgados administrativos de Armenia, Buga y Cartago, en
contra del Consejo Superior de la Judicatura por calcular el IEP sin diferenciar los
ingresos efectivos y los procesos redistribuidos, donde consideró que la
metodología aplicada por la entidad viola los derechos fundamentales a la igualdad
y al trabajo.
PRETENSIONES
Solicitan que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar a la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura
recalcular el IEP del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira, excluyendo los
procesos recibidos por redistribución.
De manera subsidiaria, pidieron que en caso de no ser posible el recalculo
inmediato, que se autorice al despacho para acceder a la modalidad de teletrabajo,
exonerando de manera temporal el requisito de obtener un 80% en la evaluación.
Además, exigieron que en caso de proferirse el fallo con posterioridad al vencimiento
del plazo para realizar solicitud de teletrabajo que, se ordene a la autoridad
competente recibir y tramitar dicho requerimiento fuera del plazo ordinario.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 23 de abril de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación de la
accionada y se vinculó al Tribunal Superior de Pereira.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira informó que la solicitud de
teletrabajo diligenciada en el aplicativo que dispuso la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial no figura a nombre del doctor Julián Esteban Hurtado (Juez
Sexto Civil del Circuito de Pereira).
Por otro lado, señaló que actúa como nominador del doctor Esteban Hurtado, en su
condición de juez, y no tiene similar calidad frente a los accionantes de quienes no
tiene información.
Finalmente, indicó que no tiene injerencia alguna en el cálculo del IEP, el cual está
a cargo de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura, por lo que el Tribunal no le ha transgredido a los accionantes derecho
alguno.
La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura manifestó que la acción de tutela resulta improcedente por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad, bajo el entendido que, contra el acto administrativo
que notificó el cálculo del IEP procedía el recurso de reposición y, en caso de no
estar de acuerdo con la decisión adoptada, los medios de control que establece el
CPACA.
En el caso particular, señaló que los accionantes no interpusieron recurso en contra
de la respuesta que brindó la entidad el 13 de marzo de 2025, así como tampoco se
acudió ante el juez administrativo. En la acción de tutela no se alega un perjuicio
irremediable.
Frente al argumento de los accionantes de que existen casos similares en los que
se ha ordenado el amparo, indicó la Unidad que «existe uniformidad de criterio por
parte del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, al establecer la
improcedencia de la acción constitucional como mecanismo para controvertir los
requisitos establecidos en el Acuerdo PCSJA24-12151 de 2024» y citó las
sentencias del 19 de septiembre1 y 9 de julio de 20242 y 26 de marzo3 y 24 y 235 de
abril de 2025.
Por último, dijo que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia ATC1123-2024 del
1 Consejo de Estado providencia del 19 de septiembre de 2024, acción de tutela con radicado número
11001031500020240285202
2 Corte Suprema de Justicia, en sentencia del magistrado ponente Dr. Gerardo Barbosa Castillo del 9 de julio
de 2024 bajo radicado: 11001-02-30-000-2024-00-833-00
3 Corte Suprema de Justicia
en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia STC4000 del 26 de marzo de 2025 radicación 11001-
02-30-000-2025-00233-00
4 Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia STC4548 del 2 de abril de
2025 radicación 11001-02-30-000-2025-00259-00 y ponencia de la Dra. Hilda González Neira
5 Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, sentencia STC5555-2025, radicación
11001-02-30-000-2025-00332-00 y ponencia de la Dra. Martha Patricia Guzmán
Álvarez
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28 de junio de 2024 declaró la nulidad de lo actuado en la providencia STP6631-
2024, en la que presuntamente se accedió a las pretensiones, y, en su lugar, declaró
la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de
tutela y III) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela
Conforme la jurisprudencia desarrollada y reiterada de la Corte Constitucional, esta
acción es eminentemente subsidiaria, de ahí que, en virtud de esta característica,
los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser, en
principio, resueltos por las vías ordinarias -jurisdiccionales y sólo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas y eficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
La existencia de otro mecanismo judicial ha sostenido la Corte, per se, no
constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción, en la
medida que el mismo debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente
apropiado para generar el efecto protector de los derechos fundamentales,
además, debe ser un medio eficaz, esto es, estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
Ahora bien, en torno a la necesidad de examinar la irremediabilidad del perjuicio y
la idoneidad y eficacia de los mecanismos principales de defensa, en uno de sus
tantos pronunciamientos expuso la Corte:
«(…) Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en
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cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su
estructura, como la inminencia, que exige medidas inmediatas, la
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio
inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales» 6.
Por lo demás, tampoco desconoce la Sala la amplia jurisprudencia constitucional con
relación a la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido
particular y concreto; por cuanto es viable controvertirlos e incluso solicitar la
suspensión provisional de sus efectos; mediante los medios de control, así lo dijo la
Corte Constitucional:
«(…) Además, tal y como se señaló anteriormente (ver supra,
fundamentos jurídicos 44-56), la Ley 1437 de 2011 consagró una serie
de posibles medidas cautelares para la protección y garantía provisional
del objeto del proceso o para la efectividad de la sentencia. Entre las
que se cuentan el restablecimiento inmediato de un derecho, la
suspensión de un procedimiento o actuación, o la suspensión de los
efectos de un acto administrativo. Adicionalmente, las medidas
cautelares pueden ser ordinarias o de urgencia. (…)»7
En este entendido, la procedencia de la acción de tutela se torna aún más
excepcional, dada la eficacia de las acciones ordinarias para la protección inmediata
de los derechos fundamentales.
Caso concreto
Alegan los accionantes que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura les transgrede sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo y a la igualdad, por realizar el índice de evacuación parcial
incluyendo los procesos que le fueron redistribuidos al Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Pereira, situación que no les permitió tener una calificación superior al
80% para acceder a la figura del teletrabajo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre
de 20238 en el literal c artículo 7º dispone que una de las condiciones para acceder
al teletrabajo, en el caso de los juzgados, es obtener un índice de evacuación
parcial- IEP igual o superior al 80% calificación que está a cargo de la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura.
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira obtuvo una calificación del 66%;
mediante Oficio núm. 0536 del 5 de marzo de 2025 el despacho le solicitó a la
Unidad revisar la calificación, con fundamento en que «los procesos redistribuidos
6 Sentencia T-570 de 2007, MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7 Sentencia T-149 de 2023
8 «Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria a
nivel nacional»
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deben ser considerados como parte del inventario inicial del juzgado y no como
ingresos efectivos».
El 13 de marzo de 2025, la Unidad negó la petición, bajo el entendido que, «el %IEP
“Índice de Evacuación Parcial” para teletrabajo corresponde a la razón entre el
ingreso total del despacho y el egreso total de este, para su cálculo la UDAE tomó
todos los tipos de ingresos y egresos que el despacho reportó en el sistema SIERJU,
debido a que todos hacen parte de su carga y gestión», por lo que no había lugar a
excluir del cálculo los procesos recibidos por redistribución.
La Unidad en el informe que rindió señaló que contra el cálculo del porcentaje del
IEP procedía el recurso de reposición; sin embargo, los accionantes no lo
interpusieron.
Al respecto, advierte la Sala que la acción de tutela resulta improcedente, dado que
se pretende controvertir la legalidad del acto administrativo de contenido particular,
a través del cual la Unidad calificó al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Pereira con
un 66%, para lo cual, los accionantes tienen el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, que resulta ser idóneo y eficaz, puesto que éste le
permite solicitar medidas cautelares incluso de urgencia, como lo son i) la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo objeto de discusión
hasta que se defina la declaración o no de la nulidad; ii) ordenar la adopción de una
decisión administrativa y iii) impartir órdenes o imponer obligaciones a las
autoridades accionadas. Herramientas que demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite
ser remediada antes de que se profiera una decisión definitiva, como ocurre en el
caso particular.
Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el caso particular no se demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable y tampoco se evidencia que los accionantes
sean personas de especial protección constitucional para dar flexibilidad al requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela, por no cumplir el
presupuesto de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por los
señores Julián Esteban Hurtado Atehortúa María Teresa Hincapié Hincapié, Ángela
Marcela Izquierdo, Estefanía Acosta Ochoa, Heibel Hernando Barona, Marcela
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01955-00
Guerrero Varón y María Alejandra Arredondo, conforme a las consideraciones
plasmadas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC
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