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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01846-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01846-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Lorena Cristina Reyes Salamanca al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y a la 27 Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00 Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca estabilidad laboral reforzada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como autoridad ordenadora del gasto de la Rama Judicial, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), adelante las gestiones necesarias para garantizar, de manera continua, los aportes al sistema de salud correspondientes durante el tiempo de gestación y hasta que culmine el periodo de licencia de maternidad, siempre y cuando no se acredite que tiene un vínculo laboral, con el fin de que se le garanticen los servicios de salud que requiera. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01846-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca
Demandada: Corte Suprema de Justicia1

Tema: Procedencia de la acción de tutela para proteger a los sujetos de especial
protección constitucional/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo; ii) mínimo vital; iii) seguridad
social; iv) debido proceso; v) salud; y vi) estabilidad laboral reforzada

Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo; ii) mínimo vital: iii) seguridad
social; iv) salud; y v) estabilidad laboral reforzada

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Presidencia de
la Corte Suprema de Justicia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “23ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

1. La actora2, a través de apoderada3, presentó solicitud de tutela contra la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque, a su juicio, vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, al debido
proceso, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada, con ocasión a que “[…] A
pesar de haber informado oportunamente el estado de embarazo y solicitar una
reubicación laboral, […] no tomó ninguna medida para proteger mi estado de salud ni
brindó condiciones adecuadas para el desempeño y protección laboral […]”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela son
los siguientes:

3. Señaló que “[…] El día 1 de marzo de 2024, se suscribió un contrato con el
ACUERDO PCSJA24-12152 del, (sic) mediante el cual se crean unos cargos
transitorios en la Corte Suprema de Justicia. Tomé posesión del cargo de Asistente
Administrativo Grado 05 el 18 de marzo de 2024, conforme al Acta de Posesión
Número 358, con una fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de
2024 […]”.

4. Sostuvo que el 9 de septiembre de 2024, informó a la Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia, vía correo electrónico, de su estado de embarazo, indicando
que se encontraba en la quinta semana de gestación.

5. Manifestó que, “[…] El 19 de septiembre de 2024, se presentó nuevamente la
notificación de embarazo mediante correspondencia formal […]”.

6. Indicó que “[…] El 12 de noviembre de 2024, se le notificó […] mediante un
comunicado dirigido a la doctora Damaris Orjuela Herrera que, debido al carácter

2
Quien manifestó “[…] Tomé posesión del cargo de Asistente Administrativo Grado 05 el 18 de marzo de 2024,
conforme al Acta de Posesión Número 358, con una fecha de terminación prevista para el 13 de diciembre de
2024 […] Como resultado, del contrato laboral terminado el 13 de diciembre de 2024, sin que se garantizara
la estabilidad laboral ni acceso a un sistema de salud, afectando el bienestar y el del bebe (sic) que esta por
nacer […]”.
3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “21ED_CorreoElectronico(.pdf) Nro. Actua 2(.pdf) Nro.

Actua 2”. Archivo aportado en forma digital.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

transitorio del cargo, el vínculo laboral finalizaría el 13 de diciembre de 2024, sin
que se reconocieran medidas de protección a la maternidad […]”.

7. Expuso que “[…] El 3 de diciembre de 2024, […] recibe respuesta del
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, donde se
reafirmó que mi contrato no podría ser extendido debido a restricciones
presupuestales […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD LABORAL REFORZADA, PROTECCION (sic)
CONSTITUCIONAL A LA PROTECCION (sic) DURANTE EL EMBARAZO Y
POSTERIOR AL PARTO Y AL TRABAJO.

SEGUNDO: Ordenar a la PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, reintegre a la
accionante al puesto que desempeñaba, asegurando su derecho a la igualdad, la no
discriminación y la protección durante el embarazo y postparto. Adicionalmente, se
le ordene el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, así como la afiliación
inmediata al sistema de seguridad social.

TERCERO: En caso de tutelarse los derechos invocados, prevenir a la
PRESIDENCIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA frente al incumplimiento o
desacato del fallo que se profiera dentro del presente proceso. […]”.

8.1. Como fundamento de su solicitud, la actora expuso lo siguiente:

“[…] Como resultado, del contrato laboral terminado el 13 de diciembre de 2024, sin
que se garantizara la estabilidad laboral ni acceso a un sistema de salud, afectando el
bienestar y el del bebe (sic) que esta por nacer.

8. Adicionalmente, tenía una expectativa de reingreso y reincorporación laboral, la cual
se ha visto frustrada, generando inestabilidad, periodos de depresión y ansiedad
debido a la incertidumbre sobre mi futuro y la imposibilidad de suplir o cubrir elementos
vitales para la protección del bebé que está por nacer. Esto ha afectado
significativamente mi estado de salud y mi embarazo.

9. Debido a esta expectativa y la falta de recursos, no contaba con los medios para
acceder a herramientas judiciales y poder poner en conocimiento mi caso para hacer
valer mis derechos a la estabilidad laboral reforzada, protección al sistema de salud y
acceso al mínimo vital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

10. El artículo 43 de la Constitución Política de Colombia establece que las mujeres
embarazadas tienen derecho a igualdad de derechos y oportunidades sin
discriminación. Sin embargo, en este caso, las restricciones presupuestales han
dejado en total desprotección mi estabilidad laboral y el derecho a la maternidad, lo
que coloca en riesgo tanto mi bienestar como el de mi hijo.

11. Actualmente la señora LORENA CRISTINA REYES SALAMANCA no cuenta con
una pareja que la apoye en este proceso ni con familiares que la ayuden
económicamente a soportar los gastos para ella y su bebé, lo que agrava aún más mi
situación y hace indispensable la intervención del Estado para garantizar sus
derechos. […]”.

[…]

“[…] En el caso particular, la desvinculación de una persona en estado de debilidad
manifiesta debe ser revisada por el Ministerio de Trabajo, ya que no existe una justa
causa que fundamente la legalidad del despido. La estabilidad laboral reforzada exige
una evaluación integral para determinar si la desvinculación, además de ser legal, es
también constitucionalmente válida. En el caso que nos atañe, se requiere que la
desvinculación de esta persona con debilidad manifiesta se ponga en consideración
del Ministerio de Trabajo, dado que no existe justa causa, no funda la legalidad del
despido, porque la estabilidad laboral reforzada por fuero dado su estado de
embarazo, se espera una evaluación más íntegra para conocer si el despido o la
desvinculación, además de ser legal, llega a ser también constitucional.

A la señora LORENA CRISTINA REYES SALAMANCA se le vulneró el derecho al
debido proceso al ser despedida de manera unilateral, sin una motivación clara
respecto a su estado de embarazo. No se explicó por qué era imposible mantenerla
en su cargo, lo que implica un desconocimiento del principio de estabilidad laboral
reforzada y afecta directamente su derecho al trabajo y su mínimo vital. avocando
literalmente el concepto de la Corte cuando si parafrasear cuando señala que: […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de abril de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al presidente de la Corte Suprema de Justicia;
y iii) vinculó a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Unidad
de Desarrollo y Análisis Estadístico, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2025, vinculó a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de accionada,
concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

11. El presidente de la Corte Suprema de Justicia rindió informe en los siguientes
términos:

“[…] 1. Expresamos en primer lugar nuestra solidaridad con Lorena Cristina Reyes
Salamanca y lamentamos que esté pasando las dificultades mencionadas en la
solicitud de tutela. No nos resulta indiferente el apremio que se expresa ante la
situación de incertidumbre en un momento de tanta relevancia como el nacimiento
de un hijo.

2. La solicitante fue nombrada en provisionalidad mediante el Acuerdo No. 2248 del
7 de marzo de 2024 en el cargo de Asistente Administrativo Grado 05 de la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Dicho cargo fue creado como
transitorio mediante Acuerdo PCSJA24-12152 de 2024 del Consejo Superior de la
Judicatura hasta el 13 de diciembre de la mencionada anualidad.

3. Mediante oficio OSG No. 1294 del 7 de marzo de 2024 de la Secretaría General
de la Corte, se comunicó a la solicitante que había sido nombrada y las condiciones
de su nombramiento en provisionalidad hasta el 13 de diciembre de 2024.

4. El nombramiento en tales condiciones fue aceptado por Lorena Cristina Reyes
Salamanca, según lo manifestó en escrito dirigido al presidente de la Corte el 8 de
marzo de 2024.

5. La nombrada tomó posesión del cargo el 18 de marzo de 2024 según consta en
el acta No. 358 de la misma fecha.

6. El 19 de septiembre de 2024, la solicitante presentó ante la Secretaría General de
la Corporación un escrito en el que comunicó que había informado sobre su estado
de embarazo «actualmente en la 6 semana de gestación poniendo en conocimiento
a la empresa de este hecho a fin de que adopte las medidas de prevención, previstas
en la ley de protección de riesgos laborales especialmente en el artículo 26 relativas
de la protección de la maternidad» (sic).

7. El 20 de septiembre de 2024, la demandante envió a la Secretaría General de la
Corte Suprema un mensaje por correo electrónico en el cual reiteró que se
encontraba en embarazo en la sexta semana de gestación, a la vez que manifestó
lo siguiente: «Dado que mi contrato con la entidad es provisional, me gustaría saber
cuáles son los pasos a seguir en relación con mi situación laboral. Me interesa
conocer cómo afectará mi estado a mi contrato y qué opciones tengo disponibles.
Agradezco su atención y orientación en este asunto. Por favor, no duden en
hacérmelo saber si necesitan cualquier documentación médica o información
adicional».

8. En respuesta a las solicitudes anteriores, se informó sobre el trámite impartido y
se dio respuesta en los siguientes términos:

1. Mediante oficio OSG No. 5537 de fecha 26 de septiembre 2024 la Secretaría
General de la Corte Suprema de Justicia remitió su solicitud al Consejo Superior de
la Judicatura.

2. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior
de la Judicatura, mediante oficio UDAEO24-3832 del 12 de noviembre de 2024, dio
respuesta al oficio mencionado en el numeral precedente indicando lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

• El cargo ocupado por Usted fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante el Acuerdo PCSJA24-12152 de 2024 con carácter transitorio a partir del 4
de marzo y hasta el 13 de diciembre de 2024 como consecuencia de las restricciones
de la presente vigencia fiscal.

Debido al ejercicio fiscal y a las limitaciones presupuestales, no le es posible al
Consejo Superior de la Judicatura exceder el monto global fijado en la ley de
apropiaciones iniciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
270 de 1996.

3. Teniendo en cuenta el carácter transitorio del cargo que Usted desempeña, su
permanencia en dicho empleo se encuentra sujeta al límite temporal fijado por el
Consejo Superior de la Judicatura en el acto de creación del cargo, tal como se indicó
expresamente en el nombramiento (Acuerdo 2248 del 7 de marzo de 2024) y en el
oficio OSG1294 de la misma fecha por el cual se le comunicó dicho nombramiento.

4. El Consejo Superior de la Judicatura no ha modificado el límite temporal de los
cargos transitorios, razón por la cual, una vez llegada la fecha final, estos expirarán,
dando lugar a la consecuente terminación del vínculo laboral.

5. En cuanto a su solicitud «de que se adopte las medidas de prevención, previstas
en la ley de protección de riesgos laborales especialmente en el artículo 26 relativas
a la protección de la maternidad» (sic); informo a Usted que, en su condición de
servidora judicial se encuentra afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales y,
como tal, está amparada contra los riesgos cubiertos por el Sistema mientras
subsista su vinculación.

9. El 13 de diciembre de 2024, como consecuencia del hecho objetivo de la
terminación de los cargos transitorios creados por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo PCSJA24-12152 de 2024, tuvo ocurrencia la terminación
del vínculo laboral.

A partir de los hechos expuestos, cuyo soporte documental se adjunta a este informe,
deben ser precisadas algunas de las afirmaciones que hace la abogada de la
solicitante en la demanda de tutela:

• La vinculación de Lorena Cristina Reyes Salamanca con la Corte Suprema de
Justicia no estuvo mediada por un contrato como se indica en el hecho número 1,
sino que se consolidó bajo una relación legal, estatutaria y reglamentaria como
empleada judicial de carácter transitorio.

• En los hechos 4 y 5 se afirma que la Corte Suprema no tomó ninguna medida para
proteger el estado de salud de la solicitante, ni brindó condiciones adecuadas para
el desempeño y protección laboral. Ante dicha manifestación se pone de presente
que la demandante comunicó su estado de embarazo sin reportar situación alguna
de riesgo en su salud que determinara su «reubicación laboral» o la adopción de
medida alguna para su adecuado desempeño o protección laboral. Las peticiones
que presentó Lorena Reyes ante la Corte se referían a su preocupación por la
continuidad de su vínculo laboral y ante ello se dio traslado de la solicitud al Consejo
Superior de la Judicatura, puesto que la Corte Suprema de Justicia no tiene la
competencia para crear cargos en la Rama Judicial ni para extender la vinculación
de sus servidores más allá del límite temporal de existencia de los cargos
transitorios.

• En el hecho 6 se menciona que en la respuesta del Presidente de la Corte Suprema
de Justicia a las peticiones se indicó que por restricciones presupuestales no era

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

posible extender el «contrato»; lo cual es impreciso si se tiene en cuenta que fue la
Directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante oficio UDAEO24-3832 del 12 de noviembre de 2024, la que
hizo referencia a limitaciones de tal índole que impedían «exceder el monto global
fijado en la ley de apropiaciones iniciales».

• La terminación de la vinculación de Lorena Cristina Reyes Salamanca como
Asistente Administrativo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se
produjo por el hecho objetivo, cierto y conocido desde el mismo momento del
nombramiento y la aceptación del cargo de su carácter transitorio. No fue producto
de ninguna decisión arbitraria y mucho menos en el marco de alguna situación que
implicara el agotamiento de un debido proceso (páginas 6 y 7).

• Por último, tampoco resulta admisible que la abogada de la demandante afirme que
fue «despedida de manera unilateral, sin una motivación clara respecto a su estado
de embarazo» (página 7) o que invoque la presunción de despido discriminatorio por
causa del embarazo (página 17), cuando la razón objetiva de la terminación del
vínculo fue la expiración del cargo por haber llegado la fecha límite de duración del
empleo. […]”.

12. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó su desvinculación o, en su defecto, negar la acción de tutela, al
considerar lo siguiente:

“[…] I COMPETENCIAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN EL
PRESENTE ASUNTO

Para efectos de establecer si es posible endilgarle alguna responsabilidad al Consejo
Superior de la Judicatura, lo primero es señalar algunas de las precisas funciones
atribuidas a la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, que se
enuncian a continuación: […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura, en uso de su autonomía,
teniendo en cuenta los estudios adelantados, y las facultades establecidas en el
artículo 63 de la citada disposición, mediante Acuerdo PCSJA24-12152 del 1 de
marzo de 2024, adoptó una serie de medidas transitorias en la Corte Suprema de
Justicia , entre ellas la creación de 21 cargos de asistente administrativo grado 05 en
la Presidencia de la Corporación, a partir del 4 de marzo y hasta el 13 de diciembre
de 2024, tal como se constata en el artículo 1 del referido acto administrativo.

Ahora bien, se destaca que estas medidas tienen el carácter de transitorias, según lo
establecido en el Plan Nacional de Descongestión, y sobre el cual la Corte
Constitucional señaló: […]”.

[…]
“[…] Así las cosas y una vez superado el límite temporal dispuesto por el Consejo
Superior de la Judicatura para el cargo que venía desempeñando la accionante, la
consecuencia jurídica de dicha situación fue la desvinculación del cargo en el que la
actora fue nombrada.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

Bajo esta línea argumentativa debe advertirse que la peticionaria conocía
previamente la transitoriedad de las medidas de descongestión, siendo esta la causa
de su desvinculación laboral y no su estado de gestación, razón suficiente para
determinar que existe una causal objetiva, razonable, relevante y suficiente en la
finalización de la relación laboral, que no obedece a su estado de gravidez. Respecto
a este punto la Corte manifestó: […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, se debe tener en cuenta que la supresión o prórroga de las
medidas de descongestión, está sustentada en criterios de eficiencia y eficacia de las
mismas, y a la luz de los recursos presupuestales asignados a la Rama Judicial, de
conformidad con lo establecido en la Constitución Política Nacional y en la Ley 270
de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, que indica que el Consejo
Superior de la Judicatura“… no podrá establecer con cargo al tesoro, obligaciones
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de
apropiaciones iniciales”.

En este orden de ideas, se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura no ha
vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante, toda vez que las medidas de
descongestión tienen una transitoriedad previamente establecida, y debe consultar a
la existencia de recursos presupuestales so pena de incurrir en las faltas disciplinarias
a que esto conllevaría.

En este mismo sentido es improcedente la solicitud de continuidad en los pagos de
salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados por la actora,
fundamentado en un primer momento en la inexistencia de relación legal que permita
dicho pago. Así mismo tal como fue expuesto en líneas precedentes, la Corporación
carece de la disponibilidad presupuestal para asumir dichos pagos, dada la
finalización del cargo en referencia […]”.

[…]

“[…] La solicitud realizada por la accionante se torna improcedente teniendo en cuenta
que, el Consejo Superior de la Judicatura no puede asumir la continuidad de las
medidas transitorias sin el debido soporte presupuestal […]”.

[…]

“[…] Por último es necesario indicar que, mediante el Acuerdo PCSJA25-12257 del
24 de enero de 2025 el Consejo Superior de la Judicatura adoptó unas medidas
transitorias en la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, en el artículo 1 del
referido acto administrativo se determinó la creación con carácter transitorio, a partir
del 3 de febrero y hasta el 12 de diciembre de 2025 de 10 cargos de asistente
administrativo grado 05 en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto debe recordarse tal como se expuso en el acápite precedente, que
la vinculación de la referida servidora en el cargo en referencia deberá realizarse por
parte del nominador tal como establece el artículo 131 de la Ley 270 de 1996. […]”.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación
y, en su defecto, declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, al considerar
que:

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

“[…] Nótese prima facie que las pretensiones de la demanda de tutela se dirigen
exclusivamente contra la Corte Suprema de Justicia y no ante la DEAJ, de allí que
mi representada no se encuentra legitimada materialmente en la causa por pasiva
para soportar la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Lo anterior, sin perjuicio de insistir que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial constituye un órgano técnico y administrativo del orden nacional que tiene a
su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial con
sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, conforme lo previsto en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024. Razón por la cual, no tiene una
incidencia en la nominación o las directrices sobre la continuidad del vínculo laboral
de los servidores del nivel jurisdiccional.

Adicionalmente, se advierte que, de un análisis de las pruebas aportadas a la
solicitud de amparo, no se observa que la actora haya radicado alguna petición a la
DEAJ, relacionada con los hechos y pretensiones formulados en la demanda que
hoy se invoca, de allí que no se justifica la vinculación de la DEAJ como extremo
accionado.

En gracia de discusión, la presente demanda se torna improcedente por no cumplir
con el principio de subsidiariedad conforme lo previsto en el numeral 1º del artículo
6 del Decreto 2591 de 199117, al existir otros mecanismos judiciales idóneos para
cuestionar las diferencias surgidas en el marco del vínculo laboral entre la actora y
la Corte Suprema de Justicia; por tal razón, el accionante cuenta con otros medios
de defensa para cuestionar el procedimiento adoptado por el Consejo Superior de la
Judicatura frente a las directrices de descongestión en la Rama Judicial.

En todo caso, se destaca que la actora no probó siquiera la utilidad del amparo
solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que haga
procedente la demanda de tutela, razón suficiente para desestimar las pretensiones
de la demanda […]”.

13.1. La División de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial rindió informe en los siguientes términos:

“[…] Como bien lo indica el Despacho en proveído del 2 de mayo de 2025, dentro de
las competencias en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
DEAJ- señaladas por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia -LEAJ-, se encuentra la de actuar como ordenador del gasto, más
específicamente y, en lo que respecta al caso particular, la Unidad de Talento
Humano le corresponde la liquidación y proceso de nómina de los empleos
pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de
Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
y DEAJ.
Lo anterior, comprende tanto a las plantas permanentes de personal, así como de
aquellas plantas creadas como parte de las medidas transitorias adoptadas por
Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de sus atribuciones y constitucionales
conferidas en el artículo 63 de Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 15 de la
Ley 1285 de 2009.

En virtud de facultades contenidas en las normas citadas, el Consejo Superior de la
Judicatura emitió el Acuerdo PCSJA24-12152 del 1 de marzo de 2024, en el que

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

creo unos cargos transitorios en la Corte Suprema de Justicia, a partir del 4 de marzo
hasta el 13 de diciembre de 2024.

En este sentido, corresponde señalar que el empleo que ocupaba la accionante
Asistente Grado 05, en la Corte Suprema de Justicia, corresponde a uno de creación
transitoria en el acuerdo citado, esto es, aquel del cual se predica, desde el primer
momento, una duración determinada en el tiempo y definido en el acto de creación.
En este punto, conforme a las prescripciones legales contenidas en la Ley 270 de
1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” modificada por la Ley 2430 del 9
de octubre de 2024, que regula la Administración de la Rama Judicial, ha definido
claramente que la competencia para el estudio y la definición de las situaciones
administrativas en los que se puedan ver inmersos los funcionarios y empleados,
radica en cabeza de la autoridad nominadora del despacho al cual está vinculado el
servidor judicial (art. 131, 132, 149, 167 y 175 numeral 4), para el caso, el nominador
de la accionante, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

[…]

“[…] En este orden de ideas y en ejercicio de las competencias legales, se realizaron
en debida forma los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, por la totalidad
del tiempo de vinculación al cargo, a nombre de la exservidora Lorena Cristina
Reyes, es decir, hasta el mes de diciembre de 2024, con el número. de Planilla
9479249210 […] En armonía con lo anterior y en especial con lo consagrado en el
artículo 122 de la Constitución Nacional, el nombramiento de la accionante, no se
podría extender en el tiempo más allá de lo previsto en el acto que la crea, toda vez
que no se puede de una parte desempeñar un cargo que no ha sido creado en una
planta de personal y mucho menos generar erogación alguna por el mismo […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 136 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

11

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15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

17. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[9]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

19. La Sala advierte que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

20. Al respecto, es preciso indicar que la Unidad de Desarrollo fue vinculada al
proceso de tutela de la referencia como tercero con interés10, en la medida en que
fue la autoridad que dio respuesta a la remisión de la solicitud de la actora que

9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
10 La Sala precisa que, de conformidad con el Oficio UDAEO24-3832 de 12 de noviembre de 2024 que allegó

la actora con el escrito de tutela, el Despacho sustanciador, al admitir la acción de tutela, advirtió que hubo un
pronunciamiento de la Directora de dicha Unidad frente al caso de la actora, en el sentido de indicar que “[…]
la servidora judicial conocía de la transitoriedad de su nombramiento, máxime cuando debido al ejercicio fiscal
y a las limitaciones presupuestales, no le es posible a esta Corporación exceder el monto global fijado en la
ley de apropiaciones iniciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 […]”.

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realizó la Corte Suprema de Justicia, es decir, que a dicha autoridad le asiste
interés en el resultado del proceso de la referencia.

21. En lo que concierne a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Sala advierte que fue vinculada como accionada, en la medida en que, de
conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, es la entidad
ordenadora del gasto de la Rama Judicial.

22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala denegará las solicitudes de
desvinculación presentadas por las citadas entidades por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

Problemas Jurídicos

23. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de
ser así, ii) establecer si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales de
la actora, con ocasión a que “[…] A pesar de haber informado oportunamente el estado
de embarazo y solicitar una reubicación laboral, […] no tomó ninguna medida para
proteger mi estado de salud ni brindó condiciones adecuadas para el desempeño y
protección laboral […]”.

24. Para resolver los anteriores interrogantes esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la solicitud de tutela; ii) el marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iii) el marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental mínimo vital; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; v) el marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al trabajo; vi) el marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada; vii) el marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; viii) el análisis del caso concreto,
y finalmente ix) las conclusiones de la Sala.

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Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto

25. Sobre el particular, la Sala advierte que se cumplió el requisito de la
inmediatez, dado que la desvinculación cuestionada por la actora se efectuó el 13
de diciembre de 2024 y la acción de tutela fue radicada el 21 de marzo de 2025, lo
que representa un plazo razonable para su interposición.

26. Igualmente, se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, toda vez
que la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela es el mecanismo
eficaz para garantizar la protección al derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada en casos como el de la actora, quien se encuentra en estado de
gestación. En efecto, en la sentencia SU-075 de 2018, la Corte Constitucional
señaló que:

“[…] Así las cosas, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que aunque
en principio la acción de tutela (dada su naturaleza subsidiaria), no es el mecanismo
adecuado para solicitar el reintegro laboral y el pago de las acreencias derivadas de
un contrato de trabajo, en los casos en que el accionante sea titular del derecho a la
estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el
mecanismo de protección preferente.

En este orden de ideas, la procedencia del amparo constitucional se justifica en la
necesidad de un mecanismo célere y expedito que permita dirimir esta clase de
conflictos, en los cuales se vea inmerso un sujeto de especial protección
constitucional, como es el caso de la madre gestante.

La procedencia de la tutela en estos asuntos como mecanismo preferente, se ha
justificado dado que, si bien en la jurisdicción ordinaria existe un mecanismo para
resolver las pretensiones de reintegro, este no tiene un carácter sumario para
restablecer los derechos de sujetos de especial protección constitucional que,
amparados por la estabilidad laboral reforzada, requieren una medida urgente de
protección y un remedio integral.

En síntesis, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y el carácter legal de las
relaciones laborales implican, en principio, la improcedencia del amparo, pues los
trabajadores tienen a su disposición acciones judiciales específicas para solicitar el
restablecimiento de sus derechos cuando consideran que han sido despedidos. No
obstante, la Corte Constitucional ha reconocido que en circunstancias especiales,
como las que concurren en el caso del fuero de maternidad, las acciones ordinarias
pueden resultar inidóneas e ineficaces para brindar un remedio integral, motivo por
el cual la protección constitucional procede de manera definitiva […]”.

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

27. De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

29. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

11 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

16

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“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

30. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho12:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto
de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones materiales
mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo comporta la
negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho se proyecta
en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.),
el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta forma, la
protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor relevancia en
el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

31. De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

12 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

17

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No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

32. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:13

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado14.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”15. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”16 […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

33. El artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

34. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente17:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho

13 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
15 Sentencia T-173 de 2016.
16 Ibídem.
17 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada

35. De conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:

“[…] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad […]”. (Resaltado
por la Sala).

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, como “[…] el derecho a conservar el empleo; (ii) a
no ser despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en
el empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva
que conlleve la desvinculación del mismos y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de
la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del trabajador,

18 Corte Constitucional, Sentencia T- 320 de 21 de junio de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena que, de no
establecerse, el despido sea declarado ineficaz […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

37. De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de
1991 y el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201519 sobre el
derecho fundamental a la salud.

38. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional20, ha definido este
derecho como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de
oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de
integralidad.

Análisis del caso concreto

39. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, porque, a su juicio, vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso, a
la salud y a la estabilidad laboral reforzada, con ocasión a que “[…] A pesar de haber
informado oportunamente el estado de embarazo y solicitar una reubicación laboral,
[…] no tomó ninguna medida para proteger mi estado de salud ni brindó condiciones
adecuadas para el desempeño y protección laboral […]”.

40. De acuerdo con el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala realizará el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

19 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

42.2. Informes rendidos por la autoridad demandada y el tercero con interés
legítimo, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis de los reparos que propuso la actora relacionados con su
desvinculación y el desconocimiento de su estabilidad laboral reforzada

43. La Sala advierte que la actora presentó acción de tutela contra la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que “[…] A pesar de
haber informado oportunamente el estado de embarazo y solicitar una reubicación
laboral, […] no tomó ninguna medida para proteger mi estado de salud ni brindó
condiciones adecuadas para el desempeño y protección laboral […]”.

44. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de mayo de 2025, vinculó a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de accionada, por ser
la ordenadora del gasto de la Rama Judicial.

45. Frente a la estabilidad laboral reforzada que alega la actora fundamentada
en su estado de embarazo, la Sala examinará si se configuran las circunstancias
que permitan la procedencia excepcional del presente mecanismo constitucional.

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46. Al respecto, la Sala advierte que la Corte Constitucional, mediante la
sentencia SU-070 del 13 de febrero de 2013, unificó los criterios en lo que se refiere
a la protección laboral reforzada de la mujer embarazada frente a cualquier forma
de vinculación existente tanto en el sector público como en el privado. En ese
sentido, estableció la siguiente regla jurisprudencial:

“[…] 46. Para efectos de claridad en la consulta de los criterios, se listarán a
continuación las reglas jurisprudenciales resultantes del análisis precedente:

• Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la adopción de
medidas protectoras en caso de cesación de la alternativa laboral, cuando se
demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la existencia de una relación
laboral o de prestación y, b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o
dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de dicha relación laboral o
de prestación. De igual manera el alcance de la protección se determinará según la
modalidad de contrato y según si el empleador (o contratista) conocía o no del estado
de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación […]”.

47. Igualmente, mediante la sentencia SU-075 de 24 de julio de 2018, la Corte
Constitucional consideró que:

“En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en relación con esta
materia:

(i) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del trabajo
procede cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia adicional, lo siguiente:

(a) La existencia de una relación laboral o de prestación y;

(b) Que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres meses
siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación.

(ii) No obstante, el alcance de la protección se debe determinar a partir de dos
factores:

(a) El conocimiento del embarazo por parte del empleador; y

(b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la mujer
embarazada.

En otras palabras, se configura el derecho a la estabilidad laboral reforzada siempre
que se demuestre el estado de embarazo de la trabajadora desvinculada durante la
vigencia del contrato laboral, pero el grado de protección judicial derivada del fuero
de maternidad y lactancia dependerá de si el empleador conocía del estado de
gestación de la trabajadora y de la modalidad del contrato laboral en el cual se
hallaba vinculada, pues se trata de proteger el derecho a la igualdad de la mujer
gestante y garantizar la no discriminación por esa causa.

De este modo, pueden existir distintos tipos de medidas entre las cuales se
encuentran: (i) el reintegro de la trabajadora; (ii) el pago de los salarios y

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prestaciones dejados de percibir; (iii) las indemnizaciones previstas en el CST;
(iv) la obligación de reconocer las cotizaciones durante el período de gestación
y hasta que la empleada tenga derecho a la licencia de maternidad, entre otras.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional ha establecido que la
protección a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres se concreta, en principio,
mediante el reintegro o la renovación del contrato de trabajo (según el caso). No
obstante, también ha señalado que la salvaguarda de la alternativa laboral de las
mujeres gestantes y lactantes también se protege “desde la óptica de la garantía de
los medios económicos necesarios para afrontar tanto el embarazo como la
manutención del(a) recién nacido(a)”.

Por consiguiente, cuando es improcedente el reintegro o la renovación, resulta viable
la modalidad de protección consistente en reconocer las cotizaciones respectivas a
seguridad social, después de la cesación de la relación laboral o el contrato y hasta
el momento en que la mujer acceda a la prestación económica de la licencia de
maternidad […]” (Resaltado por la Sala).

48. Nótese como la Corte Constitucional unificó aspectos relacionados con la
estabilidad laboral reforzada de mujeres en estado de embarazo y, en esa medida,
definió cuáles eran las medidas sustitutivas de protección del fuero de maternidad
en los eventos en los que no sea factible ordenar el reintegro o reubicación, por
haber operado causas objetivas, generales y legítimas que ponen fin a la relación
laboral.

49. Ahora bien, frente a las particularidades del caso de la actora, la Sala
advierte que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-353 de 6 de julio de
201621, frente a situaciones relacionadas con funcionarias que desempeñaban
cargos en descongestión en la Rama Judicial y estando en estado de gestación
fueron retiradas al quedar suprimido el empleo por la terminación de la medida,
consideró lo siguiente:

“[…] el empleador no puede ampararse en la modalidad del contrato, para evadir
sus obligaciones ni tampoco puede escudarse en que se enteró del estado de
gravidez de la trabajadora después de haberle comunicado que no prorrogaría su
vinculación. Por lo que, si la trabajadora quedó embarazada durante la vigencia
de la relación laboral “cualquiera que sea la alternativa laboral que sustente
la relación laboral que vinculaba a la mujer gestante –, el empleador debe
reconocerle las prestaciones económicas y en salud que tal protección
comprende o garantizarle el reintegro o renovación del contrato en
consonancia con lo dispuesto por la Constitución, el Código Sustantivo del
Trabajo y los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la
materia”.

21 Corte Constitucional. Sentencia T-353 de 6 de julio de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

3.9. Así que una de las medidas de protección del fuero de maternidad es el
reintegro o renovación del contrato. No obstante, en el evento de que dichas
medidas se tornen imposibles desde el punto de vista fáctico, es procedente la
medida de protección sustitutiva, es decir, “el reconocimiento de las prestaciones
en materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer
adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de
maternidad”. Por esto la Corte ha establecido ciertos casos en que la medida de
reintegro no procede:

1) Cuando la empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona
jurídica que la sustenta.

2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada
ocupaba ha sido provisto por concurso de méritos.

3) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer
embarazada ocupaba fue creado por la administración pública, para el
desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad
y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos
denominados de descongestión y,

4) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer gestante y empleador
dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado por el
empleador […]”.

[…]

“[…] Así que para determinar cuál es el alcance de las medidas de protección para
restituir los derechos de la mujer en estado de embarazo, es necesario que el juez
constitucional decida en cada caso bajo su conocimiento, la especificidad de la
naturaleza y la forma en que ocurrió la terminación del vínculo laboral. Esto por
cuanto “La primera, que existe una imposibilidad de crear un estándar único de
órdenes de reintegro o renovación, pues para esta Sala es claro que cada caso,
cada labor o función, y cada empresa presenta posibilidades distintas para brindar
la garantía de estabilidad de la alternativa laboral de la mujer gestante. La segunda
responde a que, si bien en un determinado caso la orden de reintegro puede
ser fácticamente imposible, no se justifica dejar sin ningún tipo de protección
a la mujer embarazada siendo procedente reconocerle, conforme a las
particularidades del caso y como medida sustituta, las cotizaciones
respectivas a seguridad social, después de la cesación de la relación laboral
y hasta el momento en que la mujer acceda a la prestación económica de la
licencia de maternidad […]”.

[…]

“[…] (a) La accionante prestaba sus servicios en la Rama Judicial desde el 24 de
febrero de 2014, desempeñando el Cargo de Citador grado 3. Asimismo, que

(b) antes de ser desvinculada informó sobre su estado de gestación al Juez
Segundo Civil Municipal de Descongestión de Barrancabermeja, y a la Oficina de
Talento Humano del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander (ambos, el
21 de julio de 2015).

(c) El cargo que ocupaba la demandante fue prorrogado hasta el 31 de diciembre
de 2015 conforme con el Acuerdo PSAA15-10413, quedando desvinculada desde
el 1º de enero de 2016 y cuando tenía aproximadamente 16 semanas de embarazo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

(iv) Se tiene que: (a) el cargo de Citador grado 3 en el Juzgado Segundo Municipal
de Descongestión de Barrancabermeja, era un cargo de descongestión, por ende,
transitorio. Este hecho que no era desconocido por la actora desde su
nombramiento; (b) en el momento en que se suprimió el cargo con fundamento en
la finalización de la medida de descongestión, según lo dispuesto en el Acuerdo
PSAA15-10413 del 30 de noviembre de 2015, se encontraba en estado de
embarazo; (c) la desvinculación se realizó durante el período de gestación
(aproximadamente 16 semanas de embarazo) y (d) sin mediar autorización del
Inspector del Trabajo.

Entonces, se evidencia que la terminación del trabajo no constituye un acto
discriminatorio por su condición de mujer en estado de gravidez, sino que la
decisión fue adoptada con base en una razón objetiva, general y legítima,
como es la expiración de período por el cual fue creado el cargo de
descongestión de Citador grado 3, por lo que no es fácticamente posible
ordenar el reintegro de la petente.

No obstante lo anterior, como lo ha señalado esta Corporación las mujeres
trabajadoras en estado de embarazo, con ocasión a la especial protección
constitucional que gozan, no tienen la obligación de soportar la carga que se
deriva de la finalización del vínculo laboral por causas objetivas. Por ello, al
no ser posible el reintegro, puede la Sala adoptar en favor de la actora
medidas sustitutivas de protección.

(v) Asimismo, advierte la Sala que el pago de la indemnización establecida en el
artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo, no procede, ya que la causa que
motivó la terminación laboral, como se dijo, fue objetiva, general y legítima.

(vi) En virtud de lo anterior, la Sala protegerá los derechos fundamentales
invocados por la accionante, procederá a revocar el fallo de tutela de segunda
instancia y ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo ha hecho, tome las medidas
necesarias para reconocer a la señora Lizeth Christina Landínez Tami el valor de
los salarios dejados de percibir, desde cuando fue retirada hasta tres meses
después del parto, y pague las cotizaciones a la E.P.S. a la cual se encontraba
afiliada la actora, desde el momento de su retiro hasta cuando el bebé cumpla un
año de vida.” […]”. (Resaltado por la Sala)

50. De acuerdo con lo anterior y en relación con el caso concreto, la Sala
advierte que: i) la actora gozaba de una estabilidad laboral reforzada, dado que
estuvo vinculada a la Rama Judicial como asistente administrativo grado 05,
desempeñando dicho cargo en la Corte Suprema de Justicia, desde el 18 de marzo
hasta el 13 de diciembre de 2024, período durante el cual quedó embarazada; ii)
el 19 de septiembre de 2024 la actora presentó ante la Secretaría General de la
Corte Suprema de Justicia un escrito en el que informó sobre su estado de
embarazo, el cual reiteró el 20 de septiembre de 2024; y iii) mediante oficio OSG
núm. 5537 de 26 de septiembre 2024, la Secretaría General de la Corte Suprema
de Justicia remitió la solicitud de la actora al Consejo Superior de la Judicatura.

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51. La Sala advierte que, el Consejo Superior de la Judicatura debió adoptar las
medidas afirmativas que permitieran la protección de los derechos fundamentales
de la actora, inclusive después de la expiración del periodo del cargo transitorio
para el que fue nombrada, sin que así se hiciera, circunstancia que acredita la
vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital,
al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en estado
de gestación.

52. En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional y lo resuelto por esta Sala en casos con supuestos fácticos y
jurídicos similares22, la medida que se debe adoptar para garantizar la protección
de dichos derechos consiste en ordenarle a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, como autoridad ordenadora del gasto de la Rama Judicial,
que en el término de cuarenta y ocho horas (48), adelante las gestiones necesarias
para garantizar, de manera continua, los aportes al sistema de salud
correspondientes durante el tiempo de gestación y hasta que culmine el periodo de
licencia de maternidad, siempre y cuando no se acredite que tiene un vínculo
laboral. Esto tiene como finalidad asegurar que la accionante pueda acceder a los
servicios de salud requeridos y disfrutar de manera efectiva del derecho a la
licencia de maternidad que le asiste.

53. Sin embargo, respecto de la pretensión de la actora relacionada con su
reintegro al cargo de asistente administrativo grado 05 que venía desempeñando
en la Corte Suprema de Justicia, la Sala pone de presente que no es viable acceder
a la misma, teniendo en cuenta que su desvinculación se dio con ocasión de la
terminación de la medida de descongestión que creó el Consejo Superior de la
Judicatura mediante Acuerdo PCSJA24-12152 del 7 de marzo de 2024, cuyo límite
era el 13 de diciembre de 2024. Por consiguiente, es claro que la desvinculación la
produjo un hecho objetivo, ajeno a la voluntad del nominador y del propio sistema
de descongestión definido por el Consejo Superior de la judicatura.

54. En ese orden de ideas, la Sala precisa que si bien se adoptará la medida de
amparo expuesta supra, hay lugar a negar lo pretendido frente al reintegro al cargo

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de

2025, número único de radicación 110010315000202500055-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
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que venía desempeñando, en la medida en que de conformidad con lo expuesto
por la Corte Constitucional, en el caso objeto de estudio, se evidencia que la
terminación del trabajo de la actora no constituyó un acto discriminatorio por su
condición, sino que obedeció a una razón objetiva, general y legítima (finalización
del término de los cargos transitorios creados por el Consejo Superior de la
Judicatura), que impide que materialmente pueda ser reintegrada, sin que esto sea
óbice para adoptar la medida sustitutiva de protección que en efecto dispondrá la
Sala.

Conclusiones de la Sala

55. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) amparará los derechos fundamentales de la
actora al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y a la estabilidad
laboral reforzada; ii) ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
como autoridad ordenadora del gasto de la Rama Judicial, que en el término de
cuarenta y ocho horas (48), adelante las gestiones necesarias para garantizar, de
manera continua, los aportes al sistema de salud correspondientes durante el
tiempo de gestación y hasta que culmine el período de licencia de maternidad,
siempre y cuando no se acredite que tiene un vínculo laboral; y iii) negará las demás
pretensiones que fueron propuestas dentro de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva presentadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Lorena Cristina
Reyes Salamanca al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y a la

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Núm. único de radicación: 110010315000202501846-00
Actora: Lorena Cristina Reyes Salamanca

estabilidad laboral reforzada, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como
autoridad ordenadora del gasto de la Rama Judicial, que en el término de cuarenta
y ocho horas (48), adelante las gestiones necesarias para garantizar, de manera
continua, los aportes al sistema de salud correspondientes durante el tiempo de
gestación y hasta que culmine el periodo de licencia de maternidad, siempre y
cuando no se acredite que tiene un vínculo laboral, con el fin de que se le
garanticen los servicios de salud que requiera.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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