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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01749-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01749-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al Centro de Servicios Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital, al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la parte actora, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho horas (48), adelante las gestiones necesarias para garantizar, de manera continua, los aportes al sistema de salud correspondientes durante el tiempo de gestación y hasta que culmine el periodo de licencia de maternidad, siempre y cuando no se acredite que tiene un vínculo laboral, con el fin de que se le garanticen los servicios de salud que requiera. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01749-00 acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SÉPTIMO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01749-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Carolina Villegas Marulanda.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01749-00.
Asunto: Tutela contra autoridades. Estabilidad laboral reforzada de mujer
en estado de embarazo. Se niega frente al reintegro o reubicación laboral
y la prórroga de la medida de descongestión porque la terminación de la
relación laboral obedeció a una razón objetiva, general y legítima. Se
ampara para garantizar los aportes al sistema de salud como medida
sustitutiva de protección.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante Acuerdo PCSJA25-12258 de 24 de enero de 2025, el
Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas transitorias en
algunos tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional,
dentro de las cuales creó un cargo de oficial mayor o sustanciador con
carácter transitorio, a partir del 3 de febrero y hasta el 31 de diciembre de

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2025, en el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Medellín.

1.2. La señora Carolina Villegas Marulanda fue nombrada en el cargo de
oficial mayor en descongestión, mediante Resolución 003 de 6 de febrero
de 2025 expedida por la Juez Primero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Medellín, posesionándose ese
mismo día.

1.3. El 22 de enero de 2026, la accionante solicitó ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia reconsideración de la prórroga de
la medida de descongestión en el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín,
argumentando que se encontraba en estado de embarazo por lo que
gozaba de estabilidad laboral reforzada, aunado a la necesidad de
mantener la medida de descongestión en ese despacho.

1.4. La anterior petición fue trasladada por competencia a la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura
mediante oficio CSJANTOP26-186 del 29 de enero de 2026.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus “[…]
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada por embarazo,
igualdad, trabajo, mínimo vital, salud, seguridad social, protección de la familia,
derechos prevalentes de los niños y derechos del nasciturus […]”, con ocasión
de la no prórroga de un nombramiento provisional en planta transitoria de
descongestión.

Refirió que se encuentra en estado de embarazo y que, en el reporte oficial del
mes de diciembre de 2025, se dejó constancia expresa de que el resultado
obtenido demuestra la necesidad de mantener la medida de descongestión.

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Adujo que su mínimo vital se “[…] encuentra gravemente comprometido, toda
vez que mi compañero permanente FELIPE PÉREZ VILLEGAS fue despedido
sin justa causa el 28 de agosto de 2025, quedando el hogar sin una fuente
estable de ingresos […]”, aunado a que es madre de la menor G.P.V. quien
depende económicamente de ella.

Enfatizó en que “[…] la no prórroga del vínculo de una mujer gestante vulnera
el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, que constituye una
manifestación concreta de la protección especial a la maternidad […]”.
Asimismo, que la Corte Constitucional ha sostenido que cualquier decisión que
tenga como efecto desproporcionado la desvinculación de una mujer gestante,
sin una justificación constitucional suficiente ni medidas compensatorias
efectivas, configura una vulneración del derecho a la igualdad material y real.

Sostuvo que la estabilidad laboral reforzada durante el embarazo se encuentra
estrechamente ligada a la garantía del mínimo vital, en tanto la pérdida del
ingreso durante la gestación compromete las condiciones materiales
necesarias para una vida digna de la madre y del núcleo familiar.

Expuso que la “[…] interrupción o el riesgo de pérdida de afiliación al sistema
de salud durante el embarazo vulnera directamente los derechos
fundamentales a la salud y a la seguridad social, los cuales gozan de
protección reforzada cuando se trata de mujeres gestantes y de sus hijos […]”.
Igualmente, que la “[…] protección reforzada a la mujer gestante se
fundamenta también en la tutela del derecho a la vida y en la protección del
que está por nacer […]”.

Concluyó que la no prórroga del nombramiento en su caso constituye “[…] una
vulneración múltiple y concurrente de derechos fundamentales, que impone al
juez constitucional la adopción de una medida efectiva, preferentemente el
reintegro o la prórroga del vínculo, conforme a la Constitución y al precedente
vinculante de la Corte Constitucional. (Arts. 1, 11, 13, 25, 42, 43, 44, 48, 49,
53 y 86 CP; SU-070/2013, SU-075/2018, T-426/2022 y T-392/2024) […]”.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales invocados.

SEGUNDO: Que se ordene a las entidades accionadas el REINTEGRO
de la accionante al cargo de Oficial Mayor Transitorio en Descongestión,
o a uno equivalente, o en su defecto la PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL
VÍNCULO, al menos hasta que se configure y se disfrute efectivamente la
licencia de maternidad.

TERCERO: Que se ordene el pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir desde el 1 de enero de 2026, así como la realización de los
aportes al sistema de seguridad social correspondientes.

Subsidiariamente, en caso de considerarse materialmente imposible el
reintegro o la prórroga, que se ordenen medidas sustitutivas plenas que
garanticen:

• Continuidad en salud
• Seguridad social
• Protección efectiva del mínimo vital del núcleo familiar ordenando el
pago de salarios y prestaciones sociales durante el periodo de protección.
[…]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 11 de marzo de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Medellín y al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de
Medellín, en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.
Igualmente, se negaron tanto la medida provisional como las pruebas
solicitadas por la parte actora.

III. INTERVENCIONES

1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín –
Antioquia manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque
si bien funge como empleador en atención a sus funciones netamente
ejecutivas, no es quien nombra a los empleados judiciales toda vez que ello

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corresponde al titular de cada despacho y es de acuerdo con las novedades
reportadas por ellos que el Grupo de Asuntos Laborales adscrito a la Dirección
Seccional efectúa su procesamiento.

2. La Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín solicitó su
desvinculación dado que no ha participado en los hechos que dieron origen a
la presente acción de tutela ni ha intervenido en las actuaciones señaladas por
la accionante. Por tanto, no existe acción u omisión que le sea atribuible.

3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia rindió informe en el que
expuso lo siguiente:

i) que no ha vulnerado ningún derecho a la accionante, en tanto no ha
incumplido con deber legal alguno y le ha dado trámite a las peticiones
presentadas por la señora Carolina Villegas Marulanda.

ii) dentro del marco de sus competencias adelantó las gestiones pertinentes
ante el Consejo Superior de la Judicatura para la prórroga de las medidas
transitorias, mediante oficio CSJANTOP25‑2229 del 20 de noviembre de 2025,
sin que la creación o continuidad de dichos cargos dependa de esa
Corporación, sino de la disponibilidad presupuestal y de los criterios de
priorización definidos por el órgano competente.

iii) que no ostenta competencia nominadora ni facultad para efectuar
reintegros, reubicaciones o movimientos de personal en los despachos
judiciales, dado que su función en cuanto a planta de personal se limita a la
administración de la carrera judicial en los Distritos Judiciales de Medellín y
Antioquia.

Por los anteriores argumentos, solicitó “[…] declarar la improcedencia de la
acción de tutela respecto del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia,
por falta de legitimación en la causa por pasiva […]” o, en su defecto, negar el
amparo frente a esa entidad por inexistencia de la vulneración.

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4. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Medellín informó que la accionante fue nombrada en
el cargo de oficial mayor en descongestión, cumpliendo “[…] con todos los
requisitos para el cargo encomendado, aportó hoja de vida, y certificados
judiciales, que dan fe de que no tenía pendientes con la justicia, sumado a que
tenía la experiencia exigida, pues había laborado en la Rama Judicial,
concretamente en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema de
Responsabilidad Penal Para Adolescentes […]”.

Destacó que “[…] el actuar del Juzgado y concretamente esta funcionaria ha
sido transparente, sin dilaciones, y en concordancia con las normas legales y
constitucionales, dando prioridad a las acciones constitucionales, como
consecuencia, este despacho no ha vulnerado derechos fundamentales de la
accionante […]”.

Por lo expuesto, manifestó que “[…] coadyuva las pretensiones de la acción
de tutela, al considerar que la protección solicitada resulta constitucionalmente
fundada y necesaria para garantizar de manera efectiva los derechos
fundamentales invocados, en consecuencia, se deja a consideración del juez
constitucional la adopción de la medida que estime más adecuada para la
protección integral de los derechos fundamentales comprometidos, conforme
a la Constitución Política y al precedente vinculante de la Corte Constitucional
[…]”.

Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite “[…] por NO
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES a la accionante […]”.

5. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico refirió que la accionante conocía desde el mismo momento de su
vinculación y posesión que el cargo era de carácter transitorio y su
nombramiento o permanencia en el mismo estaba condicionado a la
terminación de la medida de descongestión, es decir, hasta el 31 de diciembre
de 2025, por lo que la causa de su desvinculación laboral no fue su estado de
gestación.

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Indicó que la acción de tutela deviene improcedente frente a la pretensión
relacionada con la creación o prórroga de cargos, tal como lo ha señalado
reiteradamente la jurisprudencia constitucional.

En cuanto a la pretensión de reubicación laboral, señaló que dicha corporación
no funge como autoridad nominadora, por lo que la misma escapa de su
competencia.

Respecto de la pretensión asociada con que se garantice la continuidad en
salud, seguridad social y protección efectiva del mínimo vital, manifestó que la
misma le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
su condición de autoridad ordenadora del gasto de la Rama Judicial.

Concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora
en razón a que su desvinculación obedeció a un criterio objetivo, como lo es
la vigencia de las medidas de descongestión adoptadas con el Acuerdo
PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Antioquia, el Centro de Servicios Judiciales del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado Primero Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín
solicitaron sus desvinculaciones del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín – Antioquia y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia fueron relacionados por la parte accionante como las
posibles entidades que ocasionaron la vulneración de sus derechos
fundamentales, les asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se negarán sus solicitudes de
desvinculación.

Respecto de la desvinculación solicitada por el Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín
la misma será negada en atención a que fungió como autoridad nominadora
de la accionante, por lo que le asiste interés en los resultados de esta acción.

En cuanto a la solicitud de desvinculación formulada por el Centro de Servicios
Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de
Medellín, la Sala accederá a la misma debido a que no se evidencia relación
o injerencia alguna de dicha autoridad con los hechos expuestos en el escrito
de tutela.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

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A) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora, con ocasión de la negativa de
reintegrarla o de prorrogar la medida de descongestión adoptada en
el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función
de Control de Garantías de Medellín, pese a que se encuentra en
estado de gestación.

4. Caso concreto

Del análisis del escrito de tutela se advierte que la parte actora plantea
pretensiones principales consistentes en obtener su reintegro laboral o la
prórroga de su nombramiento y, subsidiariamente, solicita que se le garantice
la continuidad en salud, seguridad social y el pago de salarios y prestaciones
sociales durante el periodo de protección.

En atención a lo anterior, la Sala estudiará de manera conjunta las
pretensiones principales y, en caso de que no prosperen, analizará la
pretensión subsidiaria.

4.1. Análisis de las pretensiones principales en el caso concreto

El artículo 43 de la Constitución Política reconoce una especial protección a
favor de la mujer en estado de embarazo dado que señala que “[…] durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del
Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada […]”.

La Corte Constitucional2 reiteradamente ha señalado que el fin de la
salvaguarda de la mujer embarazada o lactante es impedir la discriminación
que por ese estado pueda sufrir, específicamente la terminación o la no
renovación del contrato. De ahí que se constituyan acciones afirmativas a su
favor con especial énfasis en el ámbito laboral, como la estabilidad laboral
reforzada, comoquiera que “[…] una de las manifestaciones más claras de

2 Sentencias SU-070 de 2013, T-353 de 2016, SU-077 de 2018.

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discriminación sexual ha sido y sigue siendo, el despido injustificado de las
mujeres que se encuentran en estado de gravidez, debido a los eventuales
sobrecostos o incomodidades que tal fenómeno puede implicar para las
empresas […]”3.

En sentencia SU-070 de 2013, la Corte Constitucional unificó los criterios de
la protección laboral reforzada de la mujer embarazada frente a cualquier
forma de vinculación existente tanto en el sector público como en el privado.
En ese sentido, estableció la siguiente regla jurisprudencial:

“[…] Procede la protección reforzada derivada de la maternidad, luego la
adopción de medidas protectoras en caso de cesación de la alternativa
laboral, cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la
existencia de una relación laboral o de prestación y, b) que la mujer se
encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al
parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación. De igual
manera el alcance de la protección se determinará según la modalidad de
contrato y según si el empleador (o contratista) conocía o no del estado
de embarazo de la empleada al momento de la desvinculación […]”. [Se
destaca]

Posteriormente, en sentencia SU-075 de 2018 la Corte Constitucional con el
fin de unificar nuevamente aspectos relacionados con la estabilidad laboral
reforzada de mujeres en estado de embarazo, procedió a explicar la finalidad
de las reglas anteriormente mencionadas y, a su vez, definió cuáles eran los
tipos de medidas que podía aplicar el Juez Constitucional dependiendo de la
modalidad del vínculo laboral, veamos:

“[…] En este sentido, la Sala Plena estableció dos reglas principales en
relación con esta materia:

(i) La protección reforzada a la maternidad y la lactancia en el ámbito del
trabajo procede cuando se demuestre, sin ninguna otra exigencia
adicional, lo siguiente:

(a) La existencia de una relación laboral o de prestación y;

(b) Que la mujer se encuentra en estado de embarazo o dentro de los tres
meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de
prestación.

3 Sentencia C-005 de 2017.

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(ii) No obstante, el alcance de la protección se debe determinar a partir
de dos factores:

(a) El conocimiento del embarazo por parte del empleador; y

(b) La alternativa laboral mediante la cual se encontraba vinculada la
mujer embarazada.

En otras palabras, se configura el derecho a la estabilidad laboral
reforzada siempre que se demuestre el estado de embarazo de la
trabajadora desvinculada durante la vigencia del contrato laboral, pero el
grado de protección judicial derivada del fuero de maternidad y lactancia
dependerá de si el empleador conocía del estado de gestación de la
trabajadora y de la modalidad del contrato laboral en el cual se hallaba
vinculada, pues se trata de proteger el derecho a la igualdad de la mujer
gestante y garantizar la no discriminación por esa causa.

De este modo, pueden existir distintos tipos de medidas entre las cuales
se encuentran: (i) el reintegro de la trabajadora; (ii) el pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir; (iii) las indemnizaciones previstas en
el CST; (iv) la obligación de reconocer las cotizaciones durante el período
de gestación y hasta que la empleada tenga derecho a la licencia de
maternidad, entre otras.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional ha
establecido que la protección a la estabilidad laboral reforzada de las
mujeres se concreta, en principio, mediante el reintegro o la renovación
del contrato de trabajo (según el caso). No obstante, también ha señalado
que la salvaguarda de la alternativa laboral de las mujeres gestantes y
lactantes también se protege “desde la óptica de la garantía de los medios
económicos necesarios para afrontar tanto el embarazo como la
manutención del(a) recién nacido(a)”.

Por consiguiente, cuando es improcedente el reintegro o la renovación,
resulta viable la modalidad de protección consistente en reconocer las
cotizaciones respectivas a seguridad social, después de la cesación de la
relación laboral o el contrato y hasta el momento en que la mujer acceda
a la prestación económica de la licencia de maternidad. […]” [Subrayas
de la Sala]

En el caso concreto, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

i) Que la accionante estuvo vinculada a la Rama Judicial como oficial
mayor en descongestión, desempeñando dicho cargo en el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Medellín desde el 6 de febrero hasta el 31 de diciembre de
2025.

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ii) Que la terminación del nombramiento de la actora obedeció a haberse
concluido el plazo fijado en el Acuerdo PCSJA25-12258 de 24 de enero
de 2025 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en el que se
fijó el 31 de diciembre de 2025 como la fecha de finalización de la medida
de descongestión.

iii) Que la accionante se encontraba en estado de embarazo a 31 de
diciembre de 2025 dado que, según la historia clínica que obra en el
expediente, al 16 de enero de 2026 contaba con cinco (5) semanas de
gestación.

iv) Que el 22 de enero de 2026, la accionante solicitó ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia reconsideración de la prórroga de
la medida de descongestión en el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín.

v) Que el 2 de febrero de 2026, la actora solicitó ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia su reintegro laboral, petición que fue negada
por dicha Corporación mediante oficio del 12 de febrero de 2026.

De lo anterior, para la sala resulta claro que la aquí accionante cumple con los
requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional previamente citada
para gozar de la protección de estabilidad laboral reforzada dado que se
encontraba en estado de embarazo para el momento en que finalizó la
vinculación laboral.

Sin embargo, el alcance de la protección de la que goza aquí accionante no
implica acceder a su pretensión de reubicación o reintegro al cargo de oficial
mayor que venía desempeñando en el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, dado que su
desvinculación se dio con ocasión de la terminación de la medida de
descongestión que creó el Consejo Superior de la Judicatura mediante
Acuerdo PCSJA25-12258 de 24 de enero de 2025, cuyo límite era el 31 de
diciembre de 2025.

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Así las cosas, para la Sala resulta claro que la no continuidad del vínculo
laboral de la aquí accionante se originó por la naturaleza misma del cargo que
ocupaba -que era de carácter transitorio-, quedando plenamente desvirtuado
que el mismo haya obedecido a su estado de embarazo, razón por la que no
hay lugar a acceder a la pretensión de reubicación o reintegro laboral.

En ese mismo sentido, se han pronunciado esta Corporación4 y la Corte
Constitucional5. Precisamente, en sentencia de 29 de mayo de 20256 esta
Sección indicó que:

“[…] hay lugar a negar lo pretendido frente al reintegro al cargo que venía
desempeñando, en la medida en que de conformidad con lo expuesto por
la Corte Constitucional, en el caso objeto de estudio, se evidencia que la
terminación del trabajo de la actora no constituyó un acto discriminatorio
por su condición, sino que obedeció a una razón objetiva, general y
legítima (finalización del término de los cargos transitorios creados por el
Consejo Superior de la Judicatura), que impide que materialmente pueda
ser reintegrada […]”.

En esta misma línea argumentativa, resulta preciso señalar que tampoco es
procedente acceder a la pretensión de la actora tendiente a que se ordene la
prórroga de la medida de descongestión en razón a que, tal como lo ha
considerado esta Sección, “[…] la creación de cargos y/o plantas de personal
están presididas por decisiones administrativas que requieren un estudio
presupuestal y de planeación, lo cual no puede ser ordenado por el Juez
Constitucional, pues ello afectaría la libre configuración de la política pública,
la autonomía administrativa de la referida autoridad y generaría un gasto no
planeado en el respectivo presupuesto de la Rama Judicial […]”7.

Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones de amparo
asociadas con el reintegro o reubicación laboral y con la prórroga de la medida
de descongestión.

4 Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de 2025, exp. 110010315000202500055-00.

Sección Primera, 29 de mayo de 2025, exp. 110010315000202501846-00. Sección Cuarta,
sentencia de 24 de julio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-03352-00. Sección Cuarta,
sentencia de 19 de junio de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-00055-02. Entre otras.
5 Sentencias T-633 de 2007 y T-353 de 2016.
6 Expediente 110010315000202501846-00.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

18 de marzo de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-00765-00.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01749-00

4.2. Análisis de la pretensión subsidiaria en el caso concreto

Tal como se dijo en el acápite anterior, la aquí accionante gozaba de
estabilidad laboral reforzada en consideración a que quedó en estado de
embarazo cuando se encontraba desempeñando el cargo de oficial mayor
creado en descongestión en el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín hasta el 31 de
diciembre de 2025.

Por lo anterior, las entidades accionadas se encontraban en la obligación de
adoptar las medidas afirmativas que permitieran la protección de los derechos
fundamentales de la accionante, inclusive después de la expiración del periodo
del cargo en descongestión para el que fue nombrada, sin que así se hiciera,
circunstancia que acredita la vulneración de las garantías fundamentales a la
dignidad humana, mínimo vital, al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral
reforzada.

Así las cosas, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional y
lo resuelto por esta Sala8 en casos con supuestos fácticos y jurídicos similares
al de la referencia, la medida que debe adoptar la Sala en el presente caso
para garantizar la protección de dichos derechos consiste en ordenarle a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín que, en
el término de cuarenta y ocho horas (48), adelante las gestiones necesarias
para garantizar, de manera continua, los aportes al sistema de salud
correspondientes durante el tiempo de gestación y hasta que culmine el
periodo de licencia de maternidad, siempre y cuando no se acredite que tiene
un vínculo laboral.

Esto tiene como finalidad asegurar que la accionante pueda acceder a los
servicios de salud requeridos y disfrutar de manera efectiva del derecho a la
licencia de maternidad que le asiste, sin que implique el reconocimiento de los
salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

20 de marzo de 2025, número único de radicación 110010315000202500055-00.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01749-00

laboral, pues como se vio la desvinculación se dio por una razón objetiva,
general y legítima concerniente a la finalización del término para el cual fue
creado el cargo que ocupaba en descongestión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín –
Antioquia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Juzgado
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al Centro de Servicios
Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de
Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la dignidad humana,
mínimo vital, al trabajo, a la salud y a la estabilidad laboral reforzada de la parte
actora, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho horas (48), adelante
las gestiones necesarias para garantizar, de manera continua, los aportes al
sistema de salud correspondientes durante el tiempo de gestación y hasta que
culmine el periodo de licencia de maternidad, siempre y cuando no se acredite
que tiene un vínculo laboral, con el fin de que se le garanticen los servicios de
salud que requiera.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones que fueron propuestas dentro de la

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acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SÉPTIMO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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