Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01915-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01915-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01915-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
16 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01915-01
Demandante: Cuantum Soluciones Financiera S.A
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto procedimental -
Ampara
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia, por
medio de las cuales se accedió parcialmente a las pretensiones de una demanda
ejecutiva, así como el auto que negó una solicitud de aclaración, corrección y adición de
sentencia.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver
la impugnación presentada por Cuantum Soluciones Financieras S.A contra
la Sentencia de 15 de mayo de 2025, por medio de la cual la Sección Cuarta
del Consejo de Estado decidió declarar improcedente la acción de tutela
por falta del requisito de subsidiariedad2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 1 de abril de 2025, Cuantum Soluciones Financieras S.A, mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 4
Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo de Chocó, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la tutela judicial efectiva. Lo anterior, con ocasión de las Sentencias de 11
de marzo de 2024 y 28 de noviembre de 2024, proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, respectivamente, así como por el Auto de 26 de
marzo de 2025 que negó una solicitud de aclaración, corrección y adición
de sentencia, dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 27001-33-31-
002-2011-00666-00/01/02.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Horacio Gómez Henao y otros,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01915-01
Demandante: Cuantum Soluciones Financiera S.A
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Que se declare que la sentencia del 11 de marzo de 2024, proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó, así como la sentencia fechada del
28 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Quibdó, junto con el
auto del 26 de marzo de 2025, proferidos dentro del proceso ejecutivo conexo,
identificado con radicado 270013333004201100666000, se desconocieron los
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de
Cuantum Soluciones Financieras S.A
2. Que se declare que dicha sentencia adolece de defectos fácticos y
sustantivos, que hace procedente la tutela como mecanismo de protección de
los derechos fundamentales.
3. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva de Cuantum Soluciones Financieras S.A, ordenándole al
Tribunal Administrativo del Chocó que emita un fallo dentro del cual corrija los
defectos fácticos y sustantivos que en este escrito se han desarrollado.
En particular, deberá el Tribunal Administrativo del Chocó resolver el problema
jurídico bajo la óptica de presentación del Escrito de apelación por parte de la
parte EJECUTANTE y no EJECUTADA, valorando adecuadamente el escrito de
pronunciamiento de contestación de demanda y, con ello, pronunciarse
adecuadamente sobre los argumentos facticos y jurídicos respecto a la
ausencia de liquidación de intereses moratorios de los perjuicios morales
reconocidos en la sentencia proferida en el proceso de reparación directa,
yendo esto en contravía de lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del C.C.A,
desconociendo además los parámetros jurisprudenciales que ha citado en
múltiples ocasiones el H. Consejo de Estado respecto a las reglas de liquidación
de intereses de este tipo de obligaciones derivadas de providencias judiciales.“
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 10 de junio de 2016, el señor Juan José Gómez Arango cedió a la
Sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A. los derechos económicos
que le correspondían por concepto de honorarios, equivalentes al 30% de
la condena impuesta dentro del proceso de reparación directa con
radicado No. 27001-33-31-002-2011-00666-00, en el cual se declaró
responsable a la Policía Nacional por la muerte de un auxiliar de policía.
5. 2) El 25 de julio de 2016, la Policía Nacional aceptó como cesionario a
la Sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A., y, mediante Resolución
No. 01651 de 13 de junio de 2022, la entidad ordenó el pago de la aludida
condena. Sin embargo, dicho pago se efectuó, según la accionante, sin
incluir los intereses moratorios sobre los perjuicios morales reconocidos en la
sentencia.
6. 3) El 8 de septiembre de 2022, la accionante inició proceso ejecutivo
en contra de la Policía Nacional, con el fin de obtener el pago de los
intereses moratorios referidos. Dicho proceso se tramitó bajo el mismo
radicado de la reparación directa en el Juzgado 4 Administrativo de
Quibdó.
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Demandante: Cuantum Soluciones Financiera S.A
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
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7. 4) El 3 de mayo de 2023, el juzgado de conocimiento libró
mandamiento de pago contra la Policía Nacional por el 30% de la condena
proferida en el proceso de reparación directa y por los intereses causados
desde el día en que se realizó el pago parcial y hasta la fecha del pago total
de la obligación.
8. 5) La Policía Nacional propuso como excepción el pago de la
obligación y, mediante Sentencia de 11 de marzo de 2024, el Juzgado 4
Administrativo de Quibdó declaró probada la excepción de pago parcial,
modificó el mandamiento de pago para excluir los intereses moratorios
sobre los perjuicios morales, al considerar que el monto por dicho perjuicio
ya se encontraba indexado. Para el juzgado, la indexación y los intereses
moratorios eran figuras incompatibles porque obedecían a la misma causa.
En consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución teniendo en
cuenta la modificación realizada y condenó en costas a la entidad
ejecutada, entre otras disposiciones.
9. 6) En contra de esta decisión, Cuantum Soluciones Financieras S.A.
presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. En su escrito
cuestionó que el juzgado hubiera excluido los intereses moratorios sobre los
perjuicios morales, pues la Policía Nacional, al efectuar el pago parcial, solo
multiplicó los salarios mínimos reconocidos en la condena, sin aplicar los
intereses moratorios que, conforme con el Código Contencioso
Administrativo (CCA), se causan desde la ejecutoria de la sentencia. Sostuvo
que el juzgado aplicó jurisprudencia de manera errónea, al basarse en
decisiones de procesos laborales de reintegro, cuando el caso correspondía
a una reparación directa. Por ello, solicitó la reliquidación de la condena
con inclusión de los intereses moratorios sobre los perjuicios morales y
materiales, y que se mantuviera la condena en costas.
10. 7) El juzgado rechazó por improcedente el recurso de reposición y
concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Chocó.
El 28 de noviembre de 2024, el Tribunal profirió sentencia en la que modificó
la decisión de primera instancia. En ese sentido, confirmó la excepción de
pago parcial de la obligación, pues consideró que la Policía Nacional omitió
la liquidación de 21 días de intereses moratorios sobre los perjuicios
materiales, sin embargo, modificó la liquidación del saldo pendiente y
condenó en costas de segunda instancia a la entidad ejecutada.
11. 8) La parte demandante presentó solicitud de aclaración y adición de
sentencia. Expuso que el tribunal ignoró el pronunciamiento oportuno frente
a las excepciones propuestas en la contestación de demanda y trató
erróneamente a Cuantum como si fuera la parte ejecutada, por lo que la
sentencia debía aclararse sobre esos 2 aspectos. Además, solicitó adición
porque estimó que el tribunal no resolvió el punto central del recurso de
apelación, el cual fue el mismo que motivó el proceso ejecutivo,
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y ampara
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relacionado con la falta de liquidación de intereses moratorios sobre los
perjuicios morales reconocidos en la sentencia de reparación directa.
12. 9) Mediante Auto de 26 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
de Chocó negó la solicitud de aclaración y adición presentada por
Cuantum Soluciones Financieras S.A. Consideró que no hubo omisiones ni
frases que generaran duda en la sentencia, y que si bien se presentaron
errores de trascripción, los cuales fueron advertidos por el apelante, estos no
afectaron el sentido de la decisión. Aunque no se pronunció de manera
expresa sobre la solicitud de adición, señaló que se valoraron integralmente
los argumentos del apelante y que no se vulneraron sus derechos
procesales. Finalmente, pese a que negó la aclaración solicitada, reiteró
que Cuantum fue el único recurrente en el trámite de apelación.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que las
decisiones cuestionadas incurrieron en:
14. Defecto fáctico: Las autoridades judiciales cuestionadas omitieron
analizar los argumentos expuestos por la parte actora en la contestación a
las excepciones de la demanda. Además, el Tribunal incurrió en un error al
tratar el recurso de apelación como si hubiera sido interpuesto por la parte
ejecutada, lo cual desvió el análisis jurídico correspondiente. Como
consecuencia, se omitió el estudio de los motivos de inconformidad
planteados en el recurso y se limitó el análisis a verificar si estaban probadas
las excepciones presentadas por la entidad demandada. Aunque, en el
Auto del 26 de marzo de 2025, el Tribunal afirmó que dicho error de
transcripción no afectaba la decisión, lo cierto es que sí tuvo un impacto
sustancial en la providencia, al no haberse abordado de manera adecuada
los reparos planteados en la apelación.
15. Defecto sustantivo: El Tribunal no se pronunció sobre el argumento
central de la controversia, puesto de presente tanto en la demanda
ejecutiva como en el recurso de apelación: la ausencia de liquidación de
intereses moratorios sobre los perjuicios morales. En efecto, al referirse a la
liquidación del crédito realizada por el juez de primera instancia, el Tribunal
se limitó a reproducir el cuadro de liquidación de perjuicios morales
contenido en la Resolución 1651 del 13 de junio de 2022, sin ofrecer ningún
argumento de por qué esa liquidación era correcta o incorrecta.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
16. Mediante Sentencia de 15 de mayo de 2025, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela, en
la medida en que no se superó el requisito de subsidiariedad. Estimó que los
reparos planteados por la parte actora se encuadraban en la causal de
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Decisión: Revoca y ampara
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nulidad originada en la sentencia, por violación de los principios de no
reformar para empeorar y congruencia, para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ese era el mecanismo idóneo para
resolver la solicitud de amparo. Además, estimó que no se acreditó un
perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez
constitucional.
17. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia con
fundamento en que, aunque la Sala consideró que existía otro medio
judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión, dicho mecanismo no
era idóneo ni eficaz debido a la falta de consenso jurisprudencial sobre su
procedencia para casos de violación de los principios de congruencia y non
reformatio in pejus. Además, sostuvo que las decisiones judiciales atacadas
incurrieron en errores graves al omitir la liquidación de intereses moratorios
sobre perjuicios morales y, en el caso del tribunal, dejó de resolver el reparo
central del recurso lo que genera un perjuicio inminente para la entidad
accionante. Por ello, solicitó que se tutelara su derecho fundamental al
debido proceso, se dejara sin efecto la sentencia de segunda instancia del
28 de noviembre de 2024 y se ordenara al Tribunal emitir una nueva decisión
en la que se pronunciara sobre la ausencia de liquidación de intereses
moratorios sobre los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de
reparación directa que dio origen al proceso ejecutivo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de los
defectos alegados. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
18. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Chocó de 28 de noviembre de 2024, pues pese a que también se enjuició la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 4 Administrativo de
Quibdó, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión
del tribunal fue la que resolvió el litigio. Asimismo, ante una eventual decisión
favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la
controversia en segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo
que se ordene.
2.2. Identificación de los defectos alegados
19. La Sala pone de presente que, si bien la parte actora alegó en su
escrito de tutela la existencia de un defecto sustantivo y un defecto fáctico,
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Decisión: Revoca y ampara
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sus reparos serán analizados bajo la óptica del defecto procedimental. Lo
anterior, en consideración a que se cuestiona la omisión del Tribunal al
pronunciarse sobre uno de los reparos formulados en el recurso de
apelación.
2.3. Fijación de la controversia
20. Determinar si el asunto de la referencia satisface, o no, el requisito de
subsidiariedad. De llegar a ser afirmativa la respuesta a este interrogante y
verificarse los demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, deberá establecerse si el Tribunal Administrativo
de Chocó incurrió en un defecto procedimental, al modificar la decisión que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda ejecutiva, rad.
2011-00666-00/01/02, interpuesta por la parte accionante. En consecuencia,
se procederá a revocar, modificar o confirmar la decisión del juez de tutela
de primera instancia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
21. Contrario a lo decidido en primera instancia, la Sala considera que sí
se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Si bien la Sección Cuarta del
Consejo de Estado concluyó que no se cumplió con este requisito, dado que
el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión para
cuestionar la decisión, lo cierto es que los reparos alegados no encuadran
en ninguna de las causales taxativas de procedencia previstas en el artículo
250 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, no existe un recurso judicial
idóneo y eficaz distinto a la acción de tutela que permita a la parte actora
alegar los cuestionamientos planteados y procurar la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
22. En esa medida, para la Sala la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre la
fecha de notificación de la providencia enjuiciada (5/12/24)3 y la de
interposición de la presente acción de tutela (1/4/25). (3) No se enjuició un
fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una providencia de
segunda instancia dictada en el marco de un proceso ejecutivo. (4) Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos. (5) Tiene relevancia constitucional
por tratarse de la presunta afectación de los derechos fundamentales de la
parte actora con ocasión de una decisión proferida en el marco de un
3 Según consta en SAMAI el mensaje de datos fue remitido el 3 de diciembre de 2024.
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proceso ejecutivo, respecto de la cual se analizará un defecto
procedimental.
2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales
23. En el presente caso, la Sala revocará la sentencia de primer grado que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, y en su lugar concederá
el amparo solicitado, por las siguientes razones:
24. La Sala considera que se encuentra configurado un defecto
procedimental, comoquiera que el tribunal omitió pronunciarse sobre la
ausencia de liquidación de intereses moratorios respecto de los perjuicios
morales reconocidos en la sentencia objeto de ejecución. Este aspecto
constituía no solo un argumento central del recurso de apelación, sino
también el fundamento fáctico que motivó la interposición de la demanda
ejecutiva.
25. En efecto, la parte actora, en su escrito de demanda expresó (se
trascribe):
“TERCERO. Siendo claro entonces que CUANTUM SOLUCIONES FINANCIERAS S.A,
ostentaba la calidad de CESIONARIO y titular del treinta por ciento (90%) los
derechos económicos incorporados dentro del proceso de reparación directa
tramitado bajo el radicado No. 27001-33-31-002-2011-00666-00, la POLICÍA
NACIONAL profirió el oficio de liquidación No. 01651 del 13 de junio del 2022, en
donde, en el acápite de consideraciones, se logra evidenciar que la entidad, de
forma equivocada, no está haciendo cálculo de intereses alguno sobre el monto
de perjuicios morales reconocidos en la sentencia, sino que, arbitrariamente,
simplemente liquido los perjuicios tomando como base el salario mínimo actual, lo
cual, según como se explicará más adelante, constituye un profundo error de
liquidación que afecta gravemente los derechos de los beneficiarios finales,
incluyendo, entre estos, a los beneficiarios iniciales de la sentencia que seguían
ostentando el 70% del valor total de la condena.”.
26. Asimismo, en su recurso de apelación contra la sentencia de 11 de
marzo de 2024, dictada por el Juzgado 4 Administrativo de Quibdó,
manifestó en las pretensiones (se trascribe)
“SEGUNDA - INTERESES DE MORA. Que se liquiden los intereses de mora sobre
la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL VEINTICINVO PESOS (COP$ $ 94.494.025), desde el día 22 de julio
del 2022, fecha del pago parcial, hasta el pago total y efectivo de la
obligación de acuerdo con lo señalado en los artículos 176, 177 y 178 del
C.C.A.”
27. Sobre este aspecto, el tribunal accionado no hizo mención alguna en
sus consideraciones y mucho menos en la parte resolutiva de su decisión,
pues en su decisión, indicó de manera errónea que el recurso de apelación
lo había presentado la parte ejecutada. Incluso, a la hora de definir los
problemas jurídicos a resolver, lo omitió por completo, (se trascribe):
“El problema jurídico.
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Decisión: Revoca y ampara
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Está encaminado en definir si ¿La decisión contenida en la providencia del 11
de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Quibdó, se encuentra ajustada a derecho o debe modificarse o revocarse?
Para este efecto, se plantearán y desarrollarán los siguientes puntos a fin de
dilucidar el presente asunto así: I) de las excepciones en el proceso ejecutivo
ante la jurisdicción administrativa y II) solución al caso concreto.”
28. Por esta razón, la parte actora presentó solicitud de aclaración y
adición de sentencia, en la que solicitó (se trascribe):
“PRIMERO. Que se sirvan, comedidamente, ACLARAR la sentencia notificada por
estados del 03 de diciembre de 2024 en los dos puntos explicados con detalle en el
acápite segundo de esta solicitud.
SEGUNDO. Que se sirvan, comedidamente, ADICIONAR en su sentencia su
exposición de motivos sobre el objeto central del recurso de apelación interpuesto
por la parte EJECUTANTE, que versa sobre la ausencia total de liquidación de
intereses moratorios por los perjuicios morales reconocidos en la sentencia proferida
dentro del proceso de reparación directa tramitado inicialmente con el radicado
27001-33-31-002-2011-00666-00, en donde resultó condenada la Policía Nacional,
adecuando en consecuencia la decisión final según corresponda, una vez se
incluyan los argumentos que no fueron incluidos en la sentencia de segunda
instancia objeto de la presente solicitud.”
29. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Chocó solo se pronunció
sobre los reparos relacionados con la solicitud de aclaración, esto es, el
hecho de haber tenido como apelante a la parte ejecutada y la valoración
de la contestación a las excepciones de la demanda4, pero nada dijo sobre
la procedencia, o no, de reconocer intereses moratorios sobre los perjuicios
morales reconocidos en la sentencia ejecutada. En ese orden de ideas, es
claro que existió una falta de congruencia entre lo pedido en el recurso de
apelación presentado por la parte actora, marco de competencia del juez
de segunda instancia para el caso concreto, y la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Chocó, argumento suficiente para tener por
configurado el defecto procedimental.
30. En ese orden, es necesario aclarar que, el hecho de que se considere
que deba hacerse un pronunciamiento expreso de cara a los argumentos
del recurso de apelación, no significa que deban accederse de forma
automática a la pretensiones de la demanda o a los reparos del recurso de
apelación, pues debe ser el Tribunal Administrativo de Chocó, como juez
natural de esa causa, quien en el marco de su autonomía judicial, analice
el caso concreto y establezca si procede, o no, reconocer los intereses
moratorios solicitados.
2.6. Conclusión
4 “En cuanto al error involuntario de transcripción cometido en esta instancia, al mencionar como recurrente la
parte ejecutada y no la parte ejecutante, y que en las consideraciones se expusiera que no existió
pronunciamiento de la parte demandante durante el término de traslado, no influye en la decisión adoptada, ya
que, esta Sala, al momento de proferir sentencia, valoró integralmente todas las pruebas y pronunciamientos
existente en el plenario y por consiguiente, se verificó el argumento de la parte ejecutante”.
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Decisión: Revoca y ampara
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31. En consecuencia, la Sala revocará el fallo de primera instancia y, en
su lugar, amparará el derecho al debido proceso de la parte actora,
comoquiera que se configuró un defecto procedimental.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 15 de mayo de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia en el
proceso de tutela de la referencia. En su lugar, se dispone AMPARAR el
derecho al debido proceso de Cuantum Soluciones Financiera S.A.
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, se ordena DEJAR SIN EFECTOS la
Sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida dentro del proceso
ejecutivo No. 2011-00666-02, por el Tribunal Administrativo de Chocó.
Asimismo, ORDENAR a esa autoridad judicial que, dentro de 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera sentencia de
reemplazo en la cual atienda lo expresado en esta decisión, sin que ello
implique, como se anotó previamente, que se acceda de forma
automática a las pretensiones de la demanda o a los reparos del recursos
de apelación contra la sentencia de primera instancia en el proceso
ejecutivo.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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