RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01544-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01544-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01544-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales de
procedibilidad. Subtema 2: carencia actual de objeto por hecho superado.
Subtema 3: procedencia de intereses moratorios sobre perjuicios morales
reconocidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Cuantum Soluciones Financieras S.A. contra la
sentencia del 10 de abril de 2026, proferida por la Sección Tercera, Subsección C,
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela promovida
contra las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso ejecutivo con
radicación 27001-33-33-004-2011-00666-02, en el que se controvierte la liquidación
de la condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

1. Síntesis del caso

Cuantum Soluciones Financieras S.A. interpuso acción de tutela contra las
providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó
y el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del proceso ejecutivo con radicación
27001-33-33-004-2011-00666-02, promovido para obtener el pago de las sumas
derivadas de una condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional. La sociedad accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al
estimar que las autoridades judiciales incurrieron en defectos sustantivo y fáctico y
desconocieron el precedente judicial aplicable, principalmente porque negaron el
reconocimiento de intereses moratorios sobre los perjuicios morales liquidados en

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha del pago, con
fundamento en una interpretación que, a su juicio, desconoce el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo. Del mismo modo, cuestionó la falta de
pronunciamiento oportuno sobre la solicitud de aclaración y adición presentada
contra la sentencia del referido Tribunal, proferida el 14 de octubre de 2025.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente, es posible
reconstruir los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

2.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de
Quibdó, el 27 de mayo de 2013, profirió la sentencia No. 098 dentro del medio de
control de reparación directa radicado 27001-33-31-002-2011-00666-00, mediante
la cual declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación -
Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte del auxiliar de policía Obed
Antonio García Jaramillo. Como consecuencia de dicha declaración, condenó a la
entidad al pago de perjuicios morales, perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante y perjuicios por alteración de las condiciones de existencia, señalando que
la providencia debía cumplirse conforme a los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo.

3.
El Tribunal Administrativo del Chocó, el 20 de noviembre de 2015, profirió la
sentencia No. 114, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia y
modificó parcialmente el reconocimiento de perjuicios materiales por lucro cesante.
La providencia quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 2016.

4.
El abogado Juan José Gómez Arango, el 10 de junio de 2016, celebró un
contrato de cesión mediante el cual transfirió a la sociedad Cuantum Soluciones
Financieras S.A. el treinta por ciento (30%) de los derechos económicos que le
correspondían por concepto de honorarios derivados de la sentencia de reparación
directa1. Posteriormente, mediante oficio del 25 de julio de 2016, la Policía Nacional
aceptó a Cuantum Soluciones Financieras S.A. como cesionaria y beneficiaria de
dicho porcentaje de los derechos económicos reconocidos en la condena judicial.

5.
La Policía Nacional, mediante resolución No. 01651 del 13 de junio de 2022,
dispuso el cumplimiento de las sentencias proferidas dentro del proceso de
reparación directa. En dicha resolución liquidó los perjuicios morales tomando como
referencia el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 y liquidó
intereses moratorios únicamente respecto de los perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante. Con base en esa liquidación, ordenó el pago de las

1 Esta información se encuentra reconstruida en Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó,
sentencia No. 088 del 11 de marzo de 2024, proferida dentro del proceso ejecutivo con radicado 27001-33-33-
004-2011-00666-00. En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 14, certificados
1ED544D5EB8CD3EC 7EF1D1A1E314AA97 1822BD4266760802 3897E6747A0BCCC0 y
FBA3D923C1B6BB1E 64869469855C615B EB4806BC1A8D4AD6 488A4EC13E57F038.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

sumas reconocidas a los beneficiarios de la condena y a la sociedad Cuantum
Soluciones Financieras S.A. en su condición de cesionaria.

6.
El 22 de julio de 2022 se efectuó el pago correspondiente a la participación
reconocida a Cuantum Soluciones Financieras S.A., por valor de $149.393.289,30,
luego de las deducciones aplicadas por la entidad.

7.
Cuantum Soluciones Financieras S.A., el 8 de septiembre de 2022, promovió
proceso ejecutivo contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional con
fundamento en las sentencias de reparación directa, el contrato de cesión, la
aceptación de la cesión por parte de la entidad y la resolución de pago expedida por
la Policía Nacional. En la demanda solicitó el pago de sumas que consideraba
insolutas y de los intereses de mora derivados del pago parcial efectuado.

8.
Mediante auto de 3 de mayo de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Quibdó libró mandamiento de pago a favor de Cuantum Soluciones
Financieras S.A. por el valor reclamado como capital y por los intereses causados
desde la fecha del pago parcial hasta la satisfacción total de la obligación.

9.
Una vez notificada, la Policía Nacional contestó la demanda y propuso la
excepción de pago de la obligación. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2023 se
celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código General del
Proceso, en la que se fijó el litigio y se incorporó el respectivo material probatorio.

10.
Mediante sentencia No. 088 del 11 de marzo de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó resolvió la excepción propuesta. Consideró
que la Policía Nacional había liquidado intereses moratorios sobre los perjuicios
materiales, pero no sobre los perjuicios morales, los cuales habían sido liquidados
con base en el salario mínimo vigente para el año 2022.

11.
Asimismo, advirtió que los intereses moratorios sobre los perjuicios materiales
se habían liquidado únicamente hasta el 30 de junio de 2022, pese a que el pago
se efectuó el 22 de julio de ese mismo año. En consecuencia, declaró no probada
la excepción de pago total, declaró probada de oficio la excepción de pago parcial,
modificó el mandamiento de pago para circunscribirlo al valor correspondiente a
veintiún (21) días de intereses moratorios sobre los perjuicios materiales y ordenó
seguir adelante con la ejecución en esos términos.

12.
La sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A. interpuso recurso de
apelación contra dicha sentencia. En desarrollo de la segunda instancia, el asunto
fue conocido por el Tribunal Administrativo del Chocó, que profirió la
correspondiente sentencia el 28 de noviembre de 2024, que, a su turno, modificó la
decisión de primera instancia, declaró probada la excepción de pago parcial,
determinó el saldo pendiente de la obligación y ordenó continuar con la ejecución
por la suma que consideró adeudada, junto con los intereses moratorios
correspondientes.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

13.
Inconforme con esa decisión, la parte ejecutante presentó solicitud de
aclaración y adición de sentencia. En dicho escrito expuso que el tribunal había
señalado erróneamente que no existía pronunciamiento de la parte ejecutante frente
a las excepciones formuladas por la entidad demandada, había atribuido el recurso
de apelación a la parte ejecutada y no había resuelto expresamente algunos de los
planteamientos formulados en la apelación.

14.
Mediante auto No. 229 del 26 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del
Chocó negó la solicitud de aclaración y adición.

15.
Como consecuencia de lo anterior, el 1 de abril de 2025, Cuantum Soluciones
Financieras S.A. promovió una acción de tutela contra las providencias proferidas
dentro del proceso ejecutivo. Esa actuación culminó con la sentencia de 16 de
septiembre de 2025 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado2, que amparó el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, dejó
sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024 y ordenó al Tribunal
Administrativo del Chocó proferir una sentencia de reemplazo atendiendo los
aspectos señalados en dicha providencia.

16.
En cumplimiento de esa orden, el 14 de octubre de 2025 el Tribunal
Administrativo del Chocó emitió la sentencia no. 155, que declaró no probada la
excepción de pago total, declaró probada de oficio la excepción de pago parcial,
modificó parcialmente la liquidación efectuada en la sentencia de primera instancia,
fijó como saldo pendiente la suma de $188.100,58 más los intereses moratorios
causados desde el 22 de julio de 2022 hasta el pago total y ordenó seguir adelante
con la ejecución.

17.
Posteriormente, el 17 de octubre de 2025, la parte ejecutante presentó una
nueva solicitud de aclaración y adición contra la sentencia de reemplazo.

18.
Mientras dicha solicitud se encontraba pendiente, el Tribunal Administrativo
del Chocó advirtió la existencia de dos registros del mismo proceso ejecutivo en el
sistema Samai, identificados con exactamente el mismo número de veintitrés (23)
dígitos, pero con los consecutivos terminados en 01 y 02. Por tal motivo, mediante
auto interlocutorio No. 55 del 6 de febrero de 2026, dispuso la cancelación de uno
de los registros y la devolución del trámite correspondiente al expediente principal3.

19.
Frente a la sentencia No. 88 del 11 de marzo de 2024 del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó, a la sentencia No. 155 del 14 de octubre de
2025 y al auto No. 55 del 6 de febrero de 2026 del Tribunal Administrativo del Chocó,
la sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A. presentó la acción de tutela que
dio origen al presente trámite constitucional.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de septiembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2025-

01915-01, M.P. Alberto Montaña Plata. En Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-01915-01, índice 10, certificado
09F184704AA8AB8C FD965C41E514C65B 8C7FCBF763C809AC 67E890552EB62062.
3 Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, memorial con destino al presente proceso

fechado el 6 de marzo de 2026, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 15, certificado
376B583BEE52343D 31F933F78278BAB0 759D266750966D47 2D1A7876722AB26B.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

20.
Finalmente, mientras se tramitaba la primera instancia de la acción de tutela,
y según consta en el expediente 27001-33-33-004-2011-00666-02, el Tribunal
Administrativo del Chocó expidió el auto interlocutorio No. 32 del 20 de marzo de
2026, mediante el cual se negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia
No. 155 del 14 de octubre de 20254.

2.2. Argumentos y pretensiones de la tutela

21.
La sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A., rl 26 de febrero de 2026,
promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó5, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva con ocasión
de las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo derivado del cumplimiento
de una sentencia de reparación directa.

22.
La accionante sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en
defectos que trascendían el plano de la simple legalidad. Afirmó que el juzgado de
primera instancia y el tribunal de segunda aplicaron indebidamente las reglas
relativas a la liquidación de intereses moratorios sobre condenas impuestas a las
entidades públicas, al concluir que respecto de los perjuicios morales no era
procedente reconocer intereses moratorios por haberse efectuado una actualización
del valor de la condena mediante la aplicación del salario mínimo legal vigente al
momento del pago. Según la parte actora, ese entendimiento desconoció el régimen
jurídico previsto en los artículos 176, 177 y 178 del derogado Código Contencioso
Administrativo6, así como la jurisprudencia que, a su juicio, regula la forma de
liquidar este tipo de obligaciones judiciales.

23.
De igual forma, Cuantum Soluciones Financieras S.A. alegó que durante el
trámite de la segunda instancia se presentaron irregularidades relacionadas con el
estudio del recurso de apelación. En particular, cuestionó que el Tribunal
Administrativo del Chocó hubiera atribuido erróneamente dicho recurso a la parte
ejecutada y que hubiera señalado que no obraba pronunciamiento de la parte
ejecutante frente a las excepciones formuladas por la entidad demandada, pese a
que, según afirmó la sociedad accionante, sí había presentado escrito en ese
sentido. Asimismo, sostuvo que el Tribunal omitió resolver expresamente los
argumentos que constituían el núcleo de la apelación, particularmente aquellos
relacionados con la ausencia de reconocimiento de intereses moratorios sobre los
perjuicios morales.

4 Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Segunda de Decisión, auto interlocutorio No. 32 del 20 de marzo de

2026, en Samai, exp. 27001-33-33-004-2011-00666-02, índice 30, certificado AFE93DD4FE8A7D85
322CE61AF1C96C3C BABBD624886E2331 05FFBA03B2A4A88D.
5 En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 2, certificado 07883820147EF913
193262FAEF7E9654 D2D950E1F2E6B47A 6984ECEB4FB02E78.
6 Para la causación y liquidación de los intereses moratorios derivados de la condena impuesta en el proceso

ordinario de reparación directa, resultó aplicable el Decreto 01 de 1984, por cuanto dicho proceso se inició
durante su vigencia.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

24.
La tutela también cuestionó la actuación posterior del Tribunal Administrativo
del Chocó frente a las solicitudes de aclaración y adición formuladas por la sociedad
ejecutante. Según lo expuesto por la accionante, el tribunal no dio respuesta efectiva
a varios de los planteamientos formulados respecto de la sentencia de reemplazo
dictada en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado en
septiembre de 2025 y, posteriormente, profirió una decisión relacionada con la
existencia de una doble radicación del proceso en el sistema Samai sin resolver de
fondo los cuestionamientos formulados por la parte interesada.

25.
Con fundamento en esas circunstancias, la sociedad Cuantum Soluciones
Financieras S.A. solicitó lo siguiente:

Que se declare que la sentencia del 11 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Quibdó, así como la sentencia No. 155 del catorce (14) de
octubre de dos mil veinticinco (2025), así como el Auto interlocutorio No. 55 del seis
(06) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferidos dentro del proceso ejecutivo
conexo, identificado con radicado 270013333004201100666 01 y 02, se
desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva de Cuantum Soluciones Financieras S.A

Que se declare que dicha sentencia adolece de defectos fácticos y sustantivos, que
hace procedente la tutela como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales.

Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva de Cuantum Soluciones Financieras S.A, ordenándole al Tribunal
Administrativo del Chocó que emita un fallo dentro del cual corrija los defectos
fácticos y sustantivos que en este escrito se han desarrollado.

En particular, deberá el Tribunal Administrativo del Chocó pronunciarse
adecuadamente sobre los argumentos facticos y jurídicos respecto a la ausencia de
liquidación de intereses moratorios de los perjuicios morales reconocidos en la
sentencia proferida en el proceso de reparación directa, yendo esto en contravía de
lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del C.C.A, desconociendo además los
parámetros jurisprudenciales que ha citado en múltiples ocasiones el H. Consejo de
Estado respecto a las reglas de liquidación de intereses de este tipo de obligaciones
derivadas de providencias judiciales.

2.3. Trámite procesal

26.
Mediante auto de 2 de marzo de 20267, la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela promovida por Cuantum Soluciones
Financieras S.A. contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó, al considerar satisfechos los requisitos formales previstos
en el Decreto 2591 de 1991. Igualmente, dispuso la vinculación de la Policía

7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 5, certificado 3B9622573D712064 6EC735C31EF4114D

8B5DEB911AD65FAA 5FB7D14DA69D5278.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Nacional, en su condición de demandada dentro del proceso ejecutivo que dio
origen a la controversia, para que ejerciera su derecho de defensa.

27.
Adicionalmente, el despacho observó que en el expediente existían solicitudes
de aclaración y adición relacionadas con la sentencia de reemplazo proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó y advirtió que, a partir de la información visible en
el sistema Samai, no encontraba una decisión expresa sobre tales solicitudes. Por
tal razón, ordenó requerir al Tribunal para que informara el estado actual de dichos
memoriales y explicara, en caso de no haberse resuelto, las razones que impedían
la respuesta. Igualmente, solicitó la remisión digital íntegra del expediente del
proceso ejecutivo y ordenó la suspensión de los términos del trámite de tutela
mientras se allegaba la documentación requerida.

2.4. Intervenciones

2.4.1. Intervención del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó
28.
A través de memorial radicado el 6 de marzo de 20268, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó defendió la legalidad de las actuaciones
surtidas dentro del proceso ejecutivo y manifestó que todas sus decisiones fueron
adoptadas con observancia de las formas propias del proceso, con fundamento en
las normas aplicables y en la jurisprudencia que consideró pertinente para resolver
la controversia sometida a su conocimiento. Igualmente, destacó que la decisión
adoptada por el despacho fue objeto de revisión por parte del Tribunal
Administrativo del Chocó, el cual la confirmó en lo sustancial dentro de la segunda
instancia. Con base en ello, sostuvo que no existió vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la sociedad accionante y solicitó que las pretensiones
de la tutela fueran negadas.

2.4.2. Intervención del Tribunal Administrativo del Chocó
29.
Mediante memorial radicado el 9 de marzo de 20269, el Tribunal Administrativo
del Chocó explicó que en la plataforma Samai existían dos registros del mismo
proceso ejecutivo, identificados con los consecutivos terminados en 01 y 02, ambos
con idénticas partes, objeto y pretensiones. Indicó que la sentencia del 28 de
noviembre de 2024 fue proferida dentro del expediente terminado en 02 y que
posteriormente, al advertirse la duplicidad, se expidió el auto No. 55 del 6 de febrero
de 2026 mediante el cual se ordenó cancelar el radicado terminado en 01 para evitar
la coexistencia de dos actuaciones paralelas sobre el mismo asunto, y
eventualmente un detrimento patrimonial para el Estado, dada la posibilidad de una
doble ejecución contra la Policía Nacional.

30.
De igual forma, señaló que la solicitud más reciente de aclaración y adición
presentada contra la sentencia de reemplazo sería estudiada dentro del expediente

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 14, certificado 685C28DC13045A08
4DDCF1B769366B3C 96A1C442C57315B2 C17D10B3CC6C77F5.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 15, certificado 376B583BEE52343D
31F933F78278BAB0 759D266750966D47 2D1A7876722AB26B.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

vigente. Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela era improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debido a que la parte accionante no
interpuso recursos contra el auto que dispuso la cancelación del radicado duplicado
y tampoco acudió al recurso extraordinario de revisión.

2.4.3. Intervención de la Policía Nacional

31.
Mediante oficio radicado el 13 de marzo de 202610, la Policía Nacional solicitó
su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que las pretensiones de la tutela están dirigidas exclusivamente contra
decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó y el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del proceso ejecutivo, por lo que cualquier
controversia relacionada con la procedencia de intereses moratorios o con el
alcance de las providencias judiciales corresponde al ámbito funcional de dichas
autoridades judiciales y no a la entidad policial.

32.
Añadió que carece de competencia para definir o liquidar judicialmente los
intereses reclamados por la accionante, pues su actuación se limitó al cumplimiento
de lo ordenado dentro del proceso correspondiente. En consecuencia, pidió que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y que cualquier análisis
sobre la vulneración alegada se realizara respecto de las autoridades judiciales
accionadas.

2.5. Sentencia de primera instancia

33.
Mediante sentencia de 10 de abril de 202611, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela promovida
por Cuantum Soluciones Financieras S.A. Como cuestión previa, la Sala constató
que la solicitud de aclaración y adición formulada contra la sentencia de reemplazo
del Tribunal Administrativo del Chocó ya había sido resuelta mediante auto de 20
de marzo de 2026. Por tal motivo, concluyó que, respecto de la alegada omisión de
pronunciamiento sobre dicha solicitud, se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado, al haber desaparecido la situación que motivaba ese reproche
constitucional.

34.
Frente a los demás cuestionamientos, la Sala consideró que la controversia
carecía de relevancia constitucional, señalando que la inconformidad de la
accionante se dirigía esencialmente contra la interpretación jurídica adoptada por el
Tribunal Administrativo del Chocó sobre la procedencia de intereses moratorios
respecto de los perjuicios morales y sobre la incompatibilidad entre esos intereses
y la actualización de la condena mediante salarios mínimos legales vigentes. Tras
examinar la sentencia de reemplazo del 14 de octubre de 2025, concluyó que el
tribunal sí había estudiado la liquidación de la condena, había explicado las razones

10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 17, certificado 0FA14FB801683FB0
12E8E5159890FEAC 6FD09FB24E01354A 3A1FF9D6852B0F5B.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 20, certificado 8EC71A23C70AEE22
CD1DC07FF0A76B16 1994EC46EE06A997 B4582EC6694913C8.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

por las cuales consideraba improcedente reconocer intereses moratorios sobre los
perjuicios morales y había fundamentado su decisión en criterios jurídicos
expresamente desarrollados en la providencia.

35.
Con base en ello, el Consejo de Estado estimó que la tutela pretendía reabrir
una discusión propia del proceso ejecutivo y utilizar el amparo como una instancia
adicional para cuestionar la interpretación efectuada por el juez natural. Añadió que
los referentes jurisprudenciales invocados por la accionante no evidenciaban, prima
facie, el desconocimiento de una regla vinculante y obligatoria, sino una divergencia
interpretativa acerca del alcance del régimen aplicable. En consecuencia, concluyó
que no se satisfacía el requisito general de relevancia constitucional exigido para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales y, por tal razón, declaró
improcedente la solicitud de amparo.

2.6. Impugnación contra la sentencia de primera instancia

36.
A través del recurso de impugnación, radicado el 18 de junio de 202612, la parte
accionante solicitó revocar la sentencia de 10 de abril de 2026 al considerar que el
Consejo de Estado erró al concluir que el asunto carecía de relevancia
constitucional y al reducir la controversia a una simple discrepancia interpretativa
sobre la procedencia de intereses moratorios. Sostuvo que la tutela no busca
convertir al juez constitucional en una instancia adicional del proceso ejecutivo, sino
cuestionar una providencia judicial que, a su juicio, construyó una regla jurídica
incompatible con el régimen especial previsto en los artículos 176, 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de condenas contra
entidades públicas. En ese sentido, afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó
eliminó indebidamente las consecuencias jurídicas derivadas de la mora estatal al
considerar que la actualización de los perjuicios morales mediante el salario mínimo
vigente excluía el reconocimiento de intereses moratorios.

37.
Asimismo, la impugnante adujo que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto sustantivo, pues creó una excepción no prevista por la ley ni reconocida por
la jurisprudencia del Consejo de Estado, sustituyendo el régimen legal aplicable por
una regla de creación judicial. Añadió, además, que el Tribunal apoyó su decisión
en precedentes relacionados con supuestos fácticos distintos y desconoció la
naturaleza de los intereses moratorios como consecuencia legal del incumplimiento
oportuno de una sentencia. A su juicio, la sentencia de tutela omitió analizar si la
interpretación acogida por el Tribunal permanecía dentro de los límites
constitucionales de la autonomía judicial o si, por el contrario, desbordaba dichos
límites al modificar el contenido de las normas aplicables y desconocer el
precedente invocado por la accionante.

38.
Finalmente, la sociedad accionante sostuvo que persistía una vulneración del
debido proceso porque la sentencia de reemplazo no resolvió materialmente los

12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 24, certificado 24C2E9A2374FEBF0
5584CFDC8B35C1FF A9107086DCFF61E3 ECEBE4A495D9FE73.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

planteamientos formulados en la apelación, sino que sustituyó el problema jurídico
originalmente planteado por otro distinto relacionado con la compatibilidad abstracta
entre indexación e intereses moratorios. También afirmó que la sentencia de
primera instancia en tutela omitió verificar si el Tribunal Administrativo del Chocó
había dado cumplimiento material al fallo de tutela proferido por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en septiembre de 2025, limitándose a
constatar la existencia formal de una nueva decisión judicial. Con fundamento en
ello, solicitó revocar la sentencia impugnada, conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados y dejar sin efectos la sentencia de reemplazo proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

39.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
impugnación interpuesta contra la sentencia del 10 de abril de 2026, proferida por
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

40.
La legitimación en la causa por activa de Cuantum Soluciones Financieras S.A.
está acreditada, por cuanto actuó como parte ejecutante dentro del proceso con
radicación 27001-33-33-004-2011-00666-02, en el que se profirieron las
providencias judiciales que cuestiona mediante la presente acción de tutela. En
consecuencia, es titular de los derechos fundamentales cuya vulneración alega.

41.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó y en el Tribunal Administrativo del Chocó,
autoridades judiciales que profirieron las decisiones a las que Cuantum Soluciones
Financieras S.A. atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

42.
Asimismo, se encuentra justificada la vinculación de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, en calidad de tercero con interés, pues intervino como
parte ejecutada dentro del proceso judicial de origen y cualquier decisión que se
adopte en sede de tutela respecto de las providencias cuestionadas puede incidir
directamente en el alcance de la obligación cuyo cumplimiento se persigue. Por esa
razón, conserva un interés legítimo en las resultas del presente trámite
constitucional.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

43.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional14.

44.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

45.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

46.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos o causales:
(i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v)
error inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii)
desconocimiento del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la
Constitución15.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto

47.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.

48.
En primer lugar, el asunto reviste relevancia constitucional. Aunque la
controversia tiene un componente económico relacionado con la liquidación de los
intereses moratorios derivados de una condena judicial, los reproches formulados
por Cuantum Soluciones Financieras S.A. no se limitan a manifestar su desacuerdo
con el monto reconocido en el proceso ejecutivo. La accionante sostiene que la
sentencia de reemplazo del 14 de octubre de 2025 incurrió en un defecto sustantivo
y en desconocimiento del precedente, porque habría interpretado de manera
manifiestamente irrazonable el régimen previsto en los artículos 176, 177 y 178 del
Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de condenas contra
entidades públicas. Además, plantea que esa forma de resolver el recurso de
apelación comprometió sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia.

49.
Esta conclusión no significa que el juez de tutela deba aceptar la interpretación
jurídica propuesta por Cuantum Soluciones Financieras S.A., ni supone anticipar
que sobre los perjuicios morales reconocidos en el proceso de reparación directa
debían necesariamente liquidarse intereses moratorios. Tampoco implica que
cualquier discrepancia acerca de la compatibilidad entre la actualización de una
condena expresada en salarios mínimos y los intereses de mora adquiera dimensión
constitucional. Significa únicamente que los cargos formulados permiten examinar
si la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó se mantuvo
dentro de los márgenes constitucionalmente admisibles de la autonomía judicial y si
observó razonablemente las disposiciones y los precedentes que resultaban
aplicables.

50.
Asimismo, se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
controversia fue tramitada mediante proceso ejecutivo ante el Juzgado Cuarto
Administrativo de Quibdó y contó con segunda instancia ante el Tribunal
Administrativo del Chocó. La sentencia del 11 de marzo de 2024 fue apelada por
Cuantum Soluciones Financieras S.A. y, luego de que el fallo inicialmente proferido
por el Tribunal el 28 de noviembre de 2024 fuera dejado sin efectos por el juez
constitucional, esa corporación resolvió nuevamente la alzada mediante la
sentencia de reemplazo del 14 de octubre de 2025. Contra esta última no procedía
un recurso ordinario idóneo para controvertir la interpretación jurídica que ahora se
cuestiona mediante la acción de tutela.

51.
Para efectos de la subsidiariedad tampoco resulta exigible, como lo sostuvo el
Tribunal Administrativo del Chocó en su informe, el agotamiento del recurso
extraordinario de revisión. La sola existencia de ese mecanismo no torna
improcedente la tutela, pues es necesario verificar si los reproches formulados
12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

pueden subsumirse efectivamente en alguna de las causales taxativas del artículo
250 del CPACA y si, por esa vía, es posible obtener una protección integral de los
derechos fundamentales invocados. La Corte Constitucional ha precisado que el
recurso de revisión no está diseñado para reabrir el debate jurídico ni para
controvertir el criterio con el cual el juez interpretó o aplicó la ley16.

52.
En este caso, los cuestionamientos contra la sentencia de reemplazo del 14 de
octubre de 2025 se refieren, esencialmente, a la interpretación y aplicación de los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, a la forma como el
Tribunal entendió la actualización de los perjuicios morales expresados en salarios
mínimos y al supuesto desconocimiento de la jurisprudencia aplicable sobre
intereses moratorios. Tales reparos se dirigen, por tanto, contra el criterio jurídico
acogido para resolver la apelación y no corresponden, en principio, a ninguna de las
causales extraordinarias de revisión. Además, el Tribunal no identificó en su informe
cuál de esas causales resultaría aplicable al caso concreto.

53.
Tampoco modifica esta conclusión el hecho de que, al momento de interponerse
la tutela, estuviera pendiente de resolución la solicitud de aclaración y adición
presentada el 17 de octubre de 2025. Ese mecanismo tenía una finalidad procesal
limitada y no permitía obtener la revocatoria o reforma de la interpretación sustantiva
contenida en la sentencia de reemplazo. En consecuencia, su trámite pendiente no
constituía un medio judicial alternativo idóneo para corregir los defectos sustantivos
y de precedente alegados por la accionante.

54.
También se cumple el requisito de inmediatez, pues la principal providencia
cuestionada fue proferida el 14 de octubre de 2025 y la acción de tutela se presentó
el 26 de febrero de 2026, esto es, dentro de un término inferior a cinco meses.
Además, el auto interlocutorio No. 55, respecto del cual también se formularon
reproches, fue expedido el 6 de febrero de 2026. En consecuencia, el amparo fue
promovido dentro de un lapso razonable y proporcionado respecto de las
actuaciones que constituyen actualmente el objeto del control constitucional.

55.
Por otra parte, aunque los cuestionamientos formulados contra la sentencia del
14 de octubre de 2025 no se agotan en irregularidades estrictamente procesales,
algunos de los reproches asociados a los defectos fáctico y sustantivo también
comprometen la regularidad de la actuación judicial y, de acreditarse, tendrían
incidencia directa en el sentido de la decisión. En efecto, la forma en que el Tribunal
abordó los argumentos y elementos relevantes para resolver la procedencia de los
intereses moratorios sobre los perjuicios morales determinó el alcance económico
de la obligación objeto de ejecución y, por consiguiente, el contenido de la
providencia cuestionada.

16 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021. En esta providencia se precisó que la sola existencia formal

del recurso extraordinario de revisión no basta para desplazar la acción de tutela. Su idoneidad y eficacia deben
examinarse en concreto, atendiendo a la naturaleza de la vulneración alegada y a la cobertura real de las
causales taxativas de revisión. En particular, la Corte señaló que dicho recurso resulta adecuado cuando los
hechos denunciados pueden subsumirse en alguna de esas causales y, de prosperar, permite restablecer de
manera suficiente e integral el derecho fundamental comprometido. En sentido contrario, la tutela no pierde
procedencia cuando las causales de revisión no comprenden los hechos que sustentan el reproche
constitucional o cuando ese mecanismo no ofrece una protección integral frente a la vulneración invocada.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

56.
De igual manera, la solicitud de amparo identifica suficientemente los hechos
que la accionante considera generadores de la vulneración, las providencias
cuestionadas y los derechos fundamentales presuntamente afectados. En
particular, atribuye a la sentencia del 14 de octubre de 2025 un defecto sustantivo
derivado de la interpretación de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo y un desconocimiento del precedente que, a juicio de Cuantum
Soluciones Financieras S.A., regulaba la causación de intereses moratorios sobre
las condenas judiciales. Tales planteamientos permiten delimitar con claridad el
objeto del control constitucional.

57.
Finalmente, las providencias objeto de reproche no fueron dictadas dentro de
otro trámite de tutela. Si bien la sentencia del 14 de octubre de 2025 fue proferida
en cumplimiento de la orden impartida por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado en el fallo de tutela del 16 de septiembre de 2025, aquella
conserva la naturaleza de una providencia expedida dentro del proceso ejecutivo y
no de una sentencia proferida en virtud del recurso de amparo.

58.
En consecuencia, la Sala considera satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad y, en este aspecto, se aparta de la conclusión de la primera instancia
acerca de la falta de relevancia constitucional del asunto.

59.
Ahora bien, antes de abordar el estudio de los defectos atribuidos a la sentencia
del 14 de octubre de 2025, corresponde, sin embargo, precisar el alcance que tuvo,
durante el trámite de la presente acción, la expedición del auto del 20 de marzo de
2026 mediante el cual el Tribunal Administrativo del Chocó resolvió la solicitud de
aclaración y adición que se encontraba pendiente, a efectos de determinar si,
respecto de alguno de los reproches formulados, se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado.

60.
Para resolver dicho asunto, la Sala considera necesario identificar con precisión
las pretensiones formuladas en la solicitud de amparo y los cargos específicos
dirigidos contra la actuación del Tribunal Administrativo del Chocó, pues solo a partir
de esa delimitación es posible establecer cuál fue el alcance de la circunstancia
sobreviniente advertida durante el trámite constitucional.

61.
Como quedó expuesto en el acápite de hechos relevantes de esta providencia,
Cuantum Soluciones Financieras S.A. cuestionó la sentencia del 11 de marzo de
2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Quibdó; la sentencia No.
155 del 14 de octubre de 2025 y el auto interlocutorio No. 55 del 6 de febrero de
2026, dictados por el Tribunal Administrativo del Chocó. En términos generales,
solicitó que se declarara la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, por considerar que esas providencias
incurrieron en defectos fácticos y sustantivos. Como medida de protección,
pretendió que se ordenara al Tribunal proferir una nueva decisión en la que
corrigiera los defectos denunciados y, particularmente, examinara de manera
adecuada los argumentos relacionados con la ausencia de liquidación de intereses
14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

moratorios sobre los perjuicios morales reconocidos en la sentencia de reparación
directa, a la luz de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y
de la jurisprudencia que, según la parte actora, resultaba aplicable.

62.
Dentro de ese conjunto de reproches, la accionante formuló uno específico
respecto del trámite dado a la solicitud de aclaración y adición presentada contra la
sentencia del 14 de octubre de 2025. Argumentó que el Tribunal no había emitido
una decisión de fondo sobre esa petición y que, mediante el auto del 6 de febrero
de 2026, se había limitado a resolver una cuestión de carácter administrativo y
registral relacionada con la existencia de dos radicaciones del mismo proceso en el
aplicativo SAMAI, sin abordar los planteamientos contenidos en aquella solicitud. A
juicio de la parte actora, esa actuación implicó cerrar el trámite sin resolver los
cuestionamientos que había formulado frente a la sentencia de reemplazo.

63.
Durante el trámite de esta acción, sin embargo, el Tribunal Administrativo del
Chocó profirió el auto del 20 de marzo de 2026, mediante el cual resolvió la solicitud
de aclaración y adición y negó lo pretendido. Frente a esta circunstancia, la
sentencia de primera instancia efectuó un análisis específico y diferenciado. La
Sección Tercera, Subsección C, consideró que la expedición de esa providencia
hacía desaparecer únicamente el reproche consistente en la falta de decisión de la
solicitud de aclaración y adición, pues la conducta cuya omisión se denunciaba ya
había sido realizada. En consecuencia, encontró configurada la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto de ese aspecto, sin extender esa conclusión a
los demás cargos formulados contra la sentencia del 14 de octubre de 2025.

64.
En efecto, la primera instancia dejó expresamente a salvo el examen de los
restantes cuestionamientos y continuó con el estudio de los cargos dirigidos contra
la sentencia de reemplazo, particularmente los relacionados con la interpretación
del régimen de intereses moratorios y el supuesto desconocimiento del precedente.
De esa manera, la respuesta emitida por el Tribunal en marzo de 2026 no fue
entendida como una satisfacción integral de las pretensiones de la tutela ni como
una circunstancia que eliminara el objeto de control constitucional respecto de la
sentencia cuestionada.

65.
La Sala comparte ese entendimiento, pues la expedición del auto del 20 de
marzo de 2026 hizo desaparecer únicamente la situación consistente en la falta de
pronunciamiento sobre la solicitud de aclaración y adición, pero no modificó ni dejó
sin efectos la sentencia del 14 de octubre de 2025, ni resolvió los demás reproches
constitucionales formulados contra ella. En consecuencia, esta Sala declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto del reproche relacionado
con la ausencia de pronunciamiento sobre aquella solicitud, sin que esa
circunstancia incida en el examen de los cargos restantes planteados por Cuantum
Soluciones Financieras S.A.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

3.5. Problema jurídico

66.
Habiéndose determinado que la acción de tutela superó los requisitos generales
de procedibilidad, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del
proceso ejecutivo adelantado por Cuantum Soluciones Financieras S.A. incurrieron
en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial
alegados por la accionante y, en consecuencia, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva?

3.6. Cuestión preliminar

67.
La Sala concentrará el análisis constitucional en las providencias proferidas por
el Tribunal Administrativo del Chocó, en particular en la sentencia del 14 de octubre
de 2025, por cuanto esa autoridad resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Quibdó y, al
hacerlo, examinó nuevamente el punto central que sustenta la presente acción de
tutela, esto es, la procedencia de intereses moratorios sobre los perjuicios morales
reconocidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes. A ello se suma que
dicha providencia fue dictada precisamente en cumplimiento del fallo de tutela del
16 de septiembre de 2025, que había dejado sin efectos la anterior sentencia de
segunda instancia y ordenado resolver expresamente un argumento previamente
omitido. Por tanto, es esa decisión de reemplazo, junto con las actuaciones
posteriores del Tribunal relacionadas con su aclaración y adición, la que
actualmente define la situación jurídica controvertida y sobre la cual debe recaer el
examen de los defectos constitucionales alegados.

3.7. Análisis de los defectos invocados en la acción de tutela

68.
La jurisprudencia constitucional ha determinado que el defecto sustantivo se
configura, entre otros eventos, cuando la autoridad judicial funda su decisión en una
disposición que no resulta aplicable al caso, deja de aplicar la norma que debía
gobernarlo o atribuye a una regla un alcance incompatible con su contenido,
vigencia o ámbito material. Su configuración exige que el yerro sea determinante
para la decisión y trascienda una simple diferencia interpretativa17.

69.
La Corte Constitucional ha precisado, a su vez, que el desconocimiento del
precedente se configura cuando una autoridad judicial deja de aplicar, a un asunto
fáctica y jurídicamente equivalente, la regla de decisión contenida en un precedente
que le resultaba vinculante, bien porque fue fijada por ella misma (precedente
horizontal) o por el órgano de cierre correspondiente (precedente vertical). La fuerza
vinculante del precedente no impide que el juez se aparte de él, pero exige que
identifique la regla aplicable y exponga razones claras, serias, suficientes y

17 Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, SU-155 de 2023, SU-

556 de 2016, SU-395 de 2017, SU-116 de 2018, SU-453 de 2019, SU-574 de 2019, SU-424 de 2021, y T-084
de 2025.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

razonables que justifiquen una solución diferente. Por consiguiente, este defecto
solo se presenta cuando existe un precedente efectivamente aplicable al caso y la
autoridad judicial lo desconoce o se separa de este sin satisfacer esa carga
argumentativa18.

70.
Sentado lo anterior, esta Sala considera que los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente invocados por Cuantum Soluciones Financieras
S.A. pueden ser examinados conjuntamente, pues, aunque corresponden a
causales específicas de procedibilidad diferenciadas, en el presente asunto parten
de un mismo cuestionamiento. En efecto, la sociedad accionante sostiene que el
Tribunal Administrativo del Chocó interpretó indebidamente el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo al concluir que no procedía reconocer intereses
moratorios sobre los perjuicios morales liquidados con fundamento en el salario
mínimo legal mensual vigente para la fecha del pago y, al mismo tiempo, afirma que
esa interpretación desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado que, según
su criterio, imponía una solución distinta.

71.
La Sala no comparte esos planteamientos porque la sentencia del 14 de octubre
de 2025 no omitió la aplicación del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo ni prescindió del estudio de la cuestión planteada por la parte
apelante. Por el contrario, el Tribunal identificó expresamente como problema
jurídico la procedencia de intereses moratorios respecto de los perjuicios morales
reconocidos en salarios mínimos y explicó las razones por las cuales consideró que
dichos réditos no podían reconocerse de manera simultánea con la actualización
derivada de la utilización del salario mínimo vigente al momento del pago.

72.
Para sustentar esa conclusión, el Tribunal acudió, entre otros referentes, a una
providencia de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado del 2 de
agosto de 201919, en la que se examinó precisamente la relación entre la
actualización de perjuicios morales reconocidos en salarios mínimos y el cobro de
intereses moratorios, así como a otros pronunciamientos de esta corporación sobre
la incompatibilidad entre actualización monetaria e intereses de mora. Con
fundamento en esos criterios, concluyó que el pago de los perjuicios morales
conforme al salario mínimo vigente para la fecha de su desembolso preservaba el
valor de la condena y excluía, en las circunstancias concretas del asunto, el
reconocimiento simultáneo de intereses moratorios20.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-484 de 2024. En esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional

reiteró que la fuerza vinculante del precedente impone, a primera vista, aplicar la regla de decisión previamente
establecida cuando se resuelve un problema fáctica y jurídicamente equivalente.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2019, exp. 25000-23-36-

000-2017-00209-01 (62416), M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
20 La sentencia atacada vía tutela señala, en ese sentido, que «[a]l respecto, esta Sala aclara que no procede

la liquidación de intereses moratorios conforme al artículo 177 del CCA, toda vez que, al liquidar los perjuicios
con el salario mínimo legal mensual vigente al momento del pago, se busca cancelar el valor real de la condena,
es decir, sin devaluación. Esta situación no es compatible con la liquidación simultánea de intereses moratorios,
dado que tanto la indexación como los intereses obedecen a la misma finalidad: preservar el valor adquisitivo
de la condena». Ver Tribunal Administrativo del Chocó, sentencia No. 155 del 14 de octubre de 2025, exp.
27001-33-33-004-2011-00666-02, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01544-00, índice 14, certificados
1ED544D5EB8CD3EC 7EF1D1A1E314AA97 1822BD4266760802 3897E6747A0BCCC0 y
FBA3D923C1B6BB1E 64869469855C615B EB4806BC1A8D4AD6 488A4EC13E57F038.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

73.
En esas condiciones, el reproche de Cuantum Soluciones Financieras S.A. no
evidencia que el Tribunal hubiera dejado de aplicar una disposición manifiestamente
pertinente, hubiera fundado la decisión en una norma inexistente o hubiera realizado
una interpretación que resultara abiertamente incompatible con el ordenamiento
jurídico. Lo que plantea es una interpretación distinta acerca del alcance del artículo
177 del Código Contencioso Administrativo y de la naturaleza de la actualización de
los perjuicios expresados en salarios mínimos. Tal discrepancia, por sí sola, no
permite configurar un defecto sustantivo, pues la acción de tutela contra
providencias judiciales no tiene por finalidad determinar cuál de varias
interpretaciones jurídicamente defendibles resulta más acertada, sino establecer si
la seleccionada por el juez natural desbordó manifiestamente los límites de la
autonomía judicial.

74.
A lo anterior se suma el hecho de que las sentencias que integran el título
ejecutivo dispusieron que los perjuicios morales fueran reconocidos en salarios
mínimos legales mensuales vigentes para la fecha del pago. Sin embargo, dentro
de la sustentación del defecto sustantivo, Cuantum Soluciones Financieras S.A.
afirma que esa determinación fue jurídicamente equivocada y que, en el proceso
ejecutivo, debía tomarse como referencia el salario mínimo vigente para la fecha de
ejecutoria de la sentencia y, a partir de allí, liquidarse los intereses moratorios
correspondientes. Incluso sostiene que el juez de la ejecución debía corregir la
supuesta imprecisión contenida en las providencias que conformaban el título.
Efectivamente, argumentó el recurso de amparo lo siguiente:

Por otra parte, tanto el artículo 178 del C.C.A, como los pronunciamientos del H.
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, indican que las sumas de dinero que se
deban pagar en salarios mínimos se deben tomar con base al Salario Mínimo Vigente
al momento de la ejecutoria de la sentencia y NO al momento del pago, tal y como
erróneamente quedo consignado en la Sentencias Nº 098 del 27 de mayo de 2013,
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito
de Quibdó, y del 20 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó.

En ese sentido, a pesar de que en el texto de las citadas sentencias se ordenó que el
pago de los perjuicios morales reconocidos se efectuara con base en el salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha del pago, lo cierto es que el Juzgado y el Tribunal
(dentro del proceso de reparación directa) incurrieron en un error de derecho o
concretamente en una incongruencia jurídica —posiblemente derivado de una
imprecisión en la redacción de la providencia—, toda vez que estos órganos
jurisdiccionales desconocieron que dicha orden implicaba necesariamente la
actualización del valor de la indemnización, lo cual, tal y como lo afirma el Tribunal, no
es compatible con el reconocimiento de los intereses moratorios correspondientes,
pese a que la aplicación de estos es obligatoria conforme a las normas de carácter
imperativo que regulan el cumplimiento de sentencias y conciliaciones judiciales.

En consecuencia, en el marco del proceso ejecutivo, el operador judicial debió corregir
tal imprecisión y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente ordenando a la Policía
hacer el pago según lo dispone la Ley, esto es la tasación del valor de los salarios
mínimos con base al año de la fecha de ejecutoria de la sentencia y, el pago de los
18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

intereses moratorios sobre la sentencia conforme lo dispone los artículos del C.C.A
(normatividad aplicable para el caso concreto). Se tiene entonces que, al omitir el
reconocimiento de los intereses moratorios sobre los perjuicios morales, las
autoridades judiciales se apartaron de lo dispuesto en dichas normas imperativas, las
cuales resultan de obligatorio acatamiento y no admiten margen de discrecionalidad en
su aplicación.

75.
Sin embargo, ese planteamiento tampoco permite concluir que la sentencia
cuestionada incurrió en un defecto constitucional, porque el proceso ejecutivo
estaba encaminado a hacer efectiva la obligación contenida en las providencias
ejecutoriadas y no a reformular los términos en los que quedó estructurada la
condena. Por ello, no resulta manifiestamente irrazonable que el Tribunal
Administrativo del Chocó partiera del contenido del título y valorara, a partir de este,
si la forma de pago utilizada por la entidad ejecutada daba lugar o no al
reconocimiento adicional de intereses moratorios.

76.
Por razones semejantes tampoco se configura el desconocimiento del
precedente alegado. Cuantum Soluciones Financieras S.A. invoca distintos
pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para sostener
que los intereses moratorios previstos en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo se causan de pleno derecho desde la ejecutoria de la sentencia. Sin
embargo, no identifica una regla jurisprudencial obligatoria que, bajo supuestos
fácticos y jurídicos equivalentes a los del presente asunto, establezca de manera
inequívoca que deben reconocerse esos intereses cuando la propia condena
dispuso que los perjuicios morales fueran liquidados con el salario mínimo vigente
para la fecha del pago.

77.
Por el contrario, la existencia de pronunciamientos utilizados por el Tribunal para
sustentar una solución distinta evidencia que el asunto admite una discusión
interpretativa que corresponde resolver, únicamente, al juez natural. Por eso, la
circunstancia de que Cuantum Soluciones Financieras S.A. considere que tales
precedentes no son aplicables, o que otros pronunciamientos debieron recibir mayor
peso, no transforma esa discrepancia en un desconocimiento del precedente con
relevancia constitucional.

78.
En cuanto al defecto fáctico, la Sala observa que, aunque la solicitud de amparo
utiliza expresamente esa denominación y solicita que se declare su configuración,
frente a la sentencia de reemplazo del 14 de octubre de 2025 no se desarrolla un
reproche probatorio autónomo. Los argumentos formulados contra esa providencia
se concentran en la interpretación de las disposiciones que regulan los intereses
moratorios y en la selección de los precedentes que el Tribunal consideró aplicables,
cuestiones que corresponden esencialmente al ámbito jurídico y no a la valoración
de los medios de prueba.

79.
Si bien Cuantum Soluciones Financieras S.A. también cuestionó que, durante
el trámite del proceso ejecutivo, se hubiera afirmado que no obraba pronunciamiento
suyo frente a las excepciones formuladas por la entidad ejecutada, ese reparo se

19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

relacionaba particularmente con las decisiones anteriores a la sentencia de
reemplazo. La providencia del 14 de octubre de 2025 fue expedida precisamente
después de que el juez constitucional dejara sin efectos la sentencia inicialmente
proferida en segunda instancia y ordenara resolver nuevamente el recurso de
apelación. En consecuencia, no se advierte que la decisión actualmente
cuestionada se hubiera fundado en la omisión o valoración manifiestamente
irrazonable de un elemento probatorio determinante.

80.
Finalmente, tampoco prospera el argumento planteado en la impugnación
según el cual la sentencia del 14 de octubre de 2025 habría incumplido
materialmente el fallo de tutela proferido el 16 de septiembre de 2025. En aquella
oportunidad, la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado advirtió que
el Tribunal no había resuelto uno de los argumentos centrales formulados por
Cuantum Soluciones Financieras S.A. en el recurso de apelación y, por esa razón,
dejó sin efectos la providencia entonces cuestionada y ordenó emitir una nueva
decisión que se pronunciara sobre ese aspecto.

81.
Entonces, el referido fallo constitucional no determinó que los intereses
moratorios reclamados fueran procedentes, ni fijó la interpretación que el Tribunal
debía adoptar respecto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Por
el contrario, dejó a salvo la autonomía del juez natural para resolver el asunto. La
sentencia de reemplazo identificó expresamente la cuestión omitida, la examinó y
expuso las razones jurídicas por las cuales consideró que los intereses moratorios
no eran procedentes respecto de los perjuicios morales. En ese sentido, que la
respuesta haya sido contraria a los intereses de Cuantum Soluciones Financieras
S.A. no significa que se hubiera incumplido el fallo de tutela anterior.

82.
En consecuencia, la Sala concluye que los argumentos formulados por
Cuantum Soluciones Financieras S.A. expresan una inconformidad con la
interpretación jurídica acogida por el Tribunal Administrativo del Chocó, pero no
demuestran que la sentencia del 14 de octubre de 2025 hubiera incurrido en alguno
de los defectos constitucionales alegados. Por consiguiente, aunque el asunto
supera los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el amparo de los derechos fundamentales invocados será
negado, pues se considera que el operador judicial no incurrió en vulneración
alguna.

4. Conclusiones

83.
La acción de tutela no acredita la configuración de los defectos específicos
invocados, toda vez que la accionante no demostró que la sentencia del 14 de
octubre de 2025 hubiera efectuado una interpretación manifiestamente irrazonable
del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, desconocido una regla
jurisprudencial vinculante claramente identificable o incurrido en un defecto fáctico.
Por el contrario, el Tribunal Administrativo del Chocó examinó expresamente la
procedencia de intereses moratorios sobre los perjuicios morales y sustentó
jurídicamente las razones por las cuales consideró que estos no podían reconocerse
20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

simultáneamente con la actualización derivada de su liquidación con fundamento en
el salario mínimo vigente para la fecha del pago.

84.
Los cuestionamientos formulados por Cuantum Soluciones Financieras S.A.
expresan, en esencia, una discrepancia frente a esa interpretación y pretenden que
el juez constitucional adopte una lectura distinta del artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo y de la jurisprudencia relacionada con su aplicación.
Además, la sentencia de reemplazo atendió la orden impartida en el fallo de tutela
del 16 de septiembre de 2025, pues resolvió expresamente el argumento que había
sido omitido, sin que aquella decisión constitucional hubiera impuesto al Tribunal
una determinada solución sobre la procedencia de los intereses moratorios.

85.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia en cuanto
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional y,
en su lugar, negará la protección de los derechos fundamentales invocados, toda
vez que no se acreditó que la sentencia del 14 de octubre de 2025 hubiera incurrido
en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente, defecto fáctico o alguna otra
causal específica de procedibilidad que justificara la intervención excepcional del
juez constitucional. Asimismo, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto del reproche relacionado con la falta de pronunciamiento sobre
la solicitud de aclaración y adición, pues durante el trámite de la acción de tutela el
Tribunal Administrativo del Chocó resolvió dicha petición mediante auto del 20 de
marzo de 2026.

86.
Finalmente, se negará la desvinculación del presente proceso solicitada por la
Policía Nacional, pues cualquier decisión que se adopte en relación con la validez
constitucional de las providencias cuestionadas puede incidir directamente en la
obligación cuyo cumplimiento se persigue dentro del proceso ejecutivo y, por tanto,
en la situación jurídica de esa entidad. En consecuencia, la Policía Nacional
conserva un interés legítimo en las resultas del presente trámite y su permanencia
resulta necesaria para garantizar adecuadamente los principios de contradicción y
debido proceso.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 10 de abril de 2026, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la
acción de tutela promovida por Cuantum Soluciones Financieras S.A. por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.

21

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01544-01 (8696)
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro

Segundo: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del
reproche relacionado con la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de aclaración
y adición presentada contra la sentencia del 14 de octubre de 2025, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva invocados por Cuantum Soluciones Financieras S.A., por las
razones expuestas en esta providencia.
Cuarto: Negar la solicitud de desvinculación formulada por la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.
Quinto: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de
conformidad con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.