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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01544-00

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01544-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01544-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01544-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Hecho superado.
Subtema 2: Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia
constitucional. Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Cuantum Soluciones Financieras
S.A. en contra del Juzgado 4º Administrativo de Quibdó y del Tribunal Administrativo
del Chocó.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 26 de febrero de 20262, la empresa tutelante interpuso esta acción constitucional
en procura de la protección de sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva, así como de los principios a la igualdad y a la congruencia, los cuales
considera vulnerados con la providencia proferida el 11 de marzo de 2024 por el
Juzgado 4º Administrativo de Quibdó, mediante la cual se modificó el mandamiento
de pago en el proceso ejecutivo que elevó en contra de la Policía Nacional.
Asimismo, cuestiona las decisiones dictadas por el Tribunal Administrativo del
Chocó el 14 de octubre de 2025, que confirmó en segunda instancia la referida
actuación, y el 6 de febrero de 2026, la cual, sin resolver una petición pendiente,
dispuso la devolución del trámite No. 27001333300420110066602 a la autoridad de
origen y ordenó la cancelación del expediente 27001333300420110066601 por
tratarse de una doble radicación.

1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 07883820147EF913

193262FAEF7E9654 D2D950E1F2E6B47A 6984ECEB4FB02E78.
2 Obra acta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado D70907FD6062BA19

A58113E984F79FAE FC6BBB4033C6EB38 309D7C77489374D0.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01544-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.- Hechos

2.1.- La sociedad Cuantum Soluciones Financieras S.A. promovió proceso ejecutivo
en contra de la Policía Nacional con el propósito de obtener el pago de las sumas
derivadas de las providencias dictadas el 27 de mayo de 2013 por el Juzgado 2º
Administrativo de Descongestión de Quibdó, y el 20 de noviembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Chocó. Solicitó (i) librar mandamiento de pago por la
suma de $94.494.025 correspondiente al 30% del capital de la condena impuesta
en el proceso de reparación directa; (ii) el pago de los intereses de mora causados
desde el 22 de julio de 2022 hasta que se verifique el pago total; y (iii) la condena
en costas y agencias en derecho. Como soporte, la parte ejecutante aportó las
sentencias referidas, el contrato de cesión de crédito, el oficio de aceptación de la
cesión por parte de la entidad demandada, la resolución de pago No. 01651 del 13
de junio de 2022 y la constancia de un pago parcial efectuado el 22 de julio de 20223.

2.2.- El trámite de cobro le correspondió al Juzgado 4º Administrativo de Quibdó, el
cual, mediante auto del 3 de mayo de 2023, libró mandamiento de pago por los
conceptos reclamados. Una vez notificada, la Policía Nacional se opuso a las
pretensiones y formuló la excepción de pago total de la obligación. Agotado el
traslado, el 8 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en
el artículo 372 del CGP4.

2.3.- Por sentencia del 11 de marzo de 2024, el a quo analizó la exigibilidad del título
y la eficacia del pago realizado por la deudora. Determinó que, si bien la Policía
Nacional expidió resolución de pago el 13 de junio de 2022 y efectuó un desembolso
el 22 de julio del mismo año, dicha actuación no extinguió la totalidad de la
acreencia, por cuanto omitió liquidar los intereses moratorios causados sobre los
perjuicios materiales durante un lapso de 21 días comprendido entre el 30 de junio
de 2022 y el momento de pago efectivo. No obstante, precisó que, conforme al
artículo 177 del C.C.A., resulta improcedente el cobro de intereses de mora sobre
los perjuicios morales, toda vez que estos ya estaban cubiertos. Así, reconoció de
oficio un pago parcial de la obligación. Bajo esta premisa, modificó el mandamiento
de pago para limitar la ejecución al cobro de (i) los intereses moratorios causados
sobre los perjuicios materiales y (ii) los intereses adicionales que se generen desde

3 A folios 1-3 del archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales administrativos, en el

índice 39, con certificado 1789FDEECB33E220 D7D2653E331CCF28 6F80DA10F9BB764B
856D2F559EE8C73B del expediente 27001333300420110066600.
4 Ibidem.

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Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
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el pago parcial hasta la satisfacción completa del crédito. Luego, ordenó seguir
adelante con la ejecución y condenó en costas a la entidad ejecutada 5.

2.4.- Inconforme, la empresa apeló la decisión referida. El Tribunal Administrativo
del Chocó, por fallo del 28 de noviembre de 2024, modificó la providencia; declaró
probada la excepción de pago parcial; determinó que la deuda ascendía a
$188.100,58 por capital, más los intereses moratorios causados desde el 22 de julio
de 2022; y ordenó seguir adelante con la ejecución en esos términos. En dicha
providencia, la corporación consignó, sin ser cierto, que no existía pronunciamiento
por parte de la ejecutante respecto de las excepciones propuestas. Asimismo,
atribuyó la interposición de la alzada a la ejecutada, cuando esta fue formulada por
la ejecutante, y fundamentó la decisión en el estudio de la excepción de pago total,
sin resolver los puntos específicos de la apelación relacionados con la procedencia
de intereses moratorios sobre perjuicios morales y la metodología de indexación
aplicada por la Policía. Ante esto, la sociedad presentó solicitud de aclaración y
adición con el fin de que se subsanaran los yerros sobre la autoría del recurso y se
emitiera un pronunciamiento de fondo. No obstante, mediante auto del 26 de marzo
de 2025, la colegiatura denegó la solicitud6.

2.5.- Para cuestionar estas deficiencias, Cuantum Soluciones Financieras incoó
acción de tutela. En sede de impugnación, mediante providencia del 16 de
septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó el derecho
al debido proceso y dejó sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024.
Además, ordenó al Tribunal Administrativo del Chocó proferir una decisión de
reemplazo. La corporación señaló que se omitió el pronunciamiento sobre
solicitudes sustanciales y resaltó la existencia de un defecto procedimental derivado
de la falta de motivación y la omisión decisoria7.

2.6.- En cumplimiento de lo anterior, el tribunal accionado profirió providencia del 14
de octubre de 20258, mediante la cual (i) declaró no probada la excepción de pago
total; (ii) declaró probada de oficio la excepción de pago parcial; (iii) modificó el
mandamiento de pago para limitar la ejecución a los intereses moratorios causados

5 A folios 3-5 del archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales administrativos, en el

índice 22, con certificado 01126ED253B141E1 BE670BC70A3B4DE8 ED3316E91CE718EC
E0D0BA66A9ABE249 del expediente 27001333300420110066602.
6 A folios 5-6 del escrito de tutela.
7 Ibidem, a folios 6-7.
8 Obra sentencia en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales administrativos,

en el índice 22, con certificado 01126ED253B141E1 BE670BC70A3B4DE8 ED3316E91CE718EC
E0D0BA66A9ABE249 del expediente 27001333300420110066602.

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durante 21 días respecto de los perjuicios materiales, junto con los intereses que se
devenguen desde el 22 de julio de 2022 hasta el pago efectivo; y (iv) ordenó seguir
adelante con la ejecución por un saldo de $188.100,58.

2.6.1.- La colegiatura centró el problema jurídico en determinar si procedía el
reconocimiento de intereses moratorios en relación con perjuicios morales tasados
en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al respecto, precisó que, conforme
al artículo 177 del C.C.A. y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, la
actualización y los intereses moratorios son factores incompatibles, pues ambos
persiguen la finalidad de preservar el valor adquisitivo del dinero. En tal sentido, al
haberse ordenado el pago de los perjuicios morales con base en el salario mínimo
vigente a la fecha del desembolso, se garantizó la actualización del valor real de la
condena, lo que excluye jurídicamente la aplicación simultánea de intereses de
mora en ese punto.

2.6.2.- No obstante, el tribunal evidenció errores en la liquidación efectuada por la
Policía Nacional frente a los perjuicios materiales. Observó que la entidad aplicó
una centésima en lugar de la décima ordenada en la sentencia original y,
fundamentalmente, omitió liquidar 21 días de intereses moratorios causados entre
el 30 de junio de 2022 y el 21 de julio de 2022, día anterior al pago efectivo. En
consecuencia, determinó que la obligación no fue cancelada en su totalidad, por lo
que procedió a realizar una nueva liquidación del crédito y aplicó la imputación de
pago prevista en el artículo 1653 del Código Civil, esto es, primero a intereses y
luego a capital.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostiene que las providencias proferidas por el Juzgado 4º
Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó incurrieron en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial. Afirma que esas
autoridades se abstuvieron de aplicar las normas imperativas de los artículos 176,
177 y 178 del C.C.A., las cuales regulan la causación de intereses moratorios en el
cumplimiento de sentencias contra entidades públicas. Según la censura, los
convocados sustituyeron la aplicación de este régimen legal por una supuesta
“indexación” que consistió en la simple actualización nominal del monto en salarios
mínimos al valor vigente al momento del pago, lo que omitió que dichas normas
operan de pleno derecho desde la ejecutoria de la providencia.

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Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Cuantum Soluciones Financieras argumenta que tanto el juzgado como el cuerpo
colegiado incurrieron en una interpretación errónea sobre la incompatibilidad entre
indexación e intereses moratorios, al extender dicha tesis a un supuesto que no
corresponde a una verdadera indexación técnicamente definida. Aduce que las
convocadas utilizaron de manera indebida e inconducente precedentes
jurisprudenciales que versan sobre asuntos con supuestos fácticos distintos, con lo
cual eludieron la ratio decidendi pertinente sobre el carácter sancionatorio y
resarcitorio de los intereses de mora ante el pago tardío de sumas líquidas. Según
la censura, este proceder vulneró el régimen legal imperativo y desconoció que la
actualización por salarios mínimos no sustituye la indemnización por la mora en el
cumplimiento de la obligación.

4.- Fundamentos de la acción de tutela únicamente frente al Tribunal
Administrativo del Chocó

A su vez, la sociedad señala que el auto del 6 de febrero de 2026 carece de una
motivación suficiente. Enfatiza que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus
garantías al disponer la devolución del expediente al juzgado de origen sin haber
desatado de fondo los cuestionamientos planteados en su solicitud de aclaración y
adición. En su criterio, la corporación utilizó una respuesta meramente formal para
evadir el pronunciamiento sobre la ausencia de liquidación de intereses moratorios,
con lo que cerró el trámite de segunda instancia de forma precipitada. Esta
situación, sumada a la remisión del proceso al a quo sin sanear los yerros
denunciados, trasgrede las garantías constitucionales.

5.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) declarar que las decisiones cuestionadas adolecen de
defectos fácticos y sustantivos; y (iii) ordenar al Tribunal Administrativo del Chocó
que emita una sentencia de reemplazo en la que se pronuncie de fondo sobre la
liquidación de intereses moratorios respecto de los perjuicios morales, de
conformidad con los artículos 176 y 177 del C.C.A. y el precedente invocado.

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6.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

6.1.- Mediante auto del 2 de marzo del 2026 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Policía Nacional.

6.2.- El Juzgado 4º Administrativo de Quibdó defendió la legalidad de sus
actuaciones y manifestó que el proceso se adelantó con debida diligencia, en
estricto acatamiento de las formas procesales y con observancia de los derechos
fundamentales. Acotó que sus decisiones se fundamentaron en la normativa vigente
y la jurisprudencia aplicable, y resaltó que el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó íntegramente su decisión, lo que ratifica la solidez de los argumentos
jurídicos y la valoración probatoria realizada. Así, pidió negar las pretensiones de la
acción de tutela al considerar que las providencias cuestionadas están debidamente
motivadas, son razonables y se ajustaron al ordenamiento jurídico.

6.3.- El Tribunal Administrativo del Chocó acotó que sus actuaciones están
revestidas de la presunción de legalidad y acierto. Aclaró que la cancelación del
radicado terminado en 01 obedeció estrictamente a la detección de un expediente
duplicado en el aplicativo SAMAI para un mismo proceso ejecutivo. En tal sentido,
precisó que la solicitud de aclaración presentada contra la sentencia de reemplazo
del 14 de octubre de 2025 será estudiada dentro del expediente vigente terminado
en 02. Asimismo, sostuvo que la acción resulta improcedente por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, toda vez que la sociedad accionante omitió interponer
los recursos ordinarios de reposición o súplica contra el auto que ordenó la
cancelación del radicado duplicado. Adicionalmente, enfatizó que el demandante no
agotó el recurso extraordinario de revisión, el cual constituye el mecanismo de
defensa idóneo para controvertir la providencia atacada. Concluyó que la
corporación dio pleno cumplimiento a las órdenes impartidas por el Consejo de
Estado en el fallo de tutela previo y profirió una sentencia de reemplazo acorde a
este.

6.4.- La Policía Nacional solicitó su desvinculación del trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que los hechos y pretensiones
alegados por Cuantum Soluciones Financieras no corresponden a acciones u
omisiones de su misionalidad, sino que se derivan estrictamente de la actividad de
los despachos accionados. En este sentido, sostuvo que carece de competencia

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legal y funcional para liquidar los intereses moratorios pretendidos, toda vez que
dicha potestad reside exclusivamente en el Juzgado 4º Administrativo de Quibdó y
en el Tribunal Administrativo del Chocó. Precisó que su intervención se limita al
cumplimiento de lo ordenado en el título ejecutivo y que no existe una relación de
dependencia o vinculación jerárquica que permita atribuirle responsabilidad por
presuntas omisiones judiciales. Por lo anterior, pidió ser exonerada de cualquier
responsabilidad.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Cuantum
Soluciones Financieras S.A. en contra del Juzgado 4º Administrativo de Quibdó y
del Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión previa: carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
ausencia de pronunciamiento sobre la solicitud de aclaración y adición

2.1.- Se debe destacar, en primer lugar, que la Corte Constitucional, en repetidas
ocasiones9, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando, frente
a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el
juez se torna inane. Específicamente, esta figura ocurre cuando se presenta un
daño consumado10, un hecho superado11 o una situación sobreviniente12.

9 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.
10 Se da cuando se materializa la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que

el juez no puede emitir una orden al respecto, con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se
consume el peligro. Sobre el asunto, consultar la sentencia SU-225 de 2013, dictada por la Corte Constitucional.
M.P. Alexei Julio Estrada.
11 Tiene cabida entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo. Se apercibe cuando, como

consecuencia del obrar de la accionada, cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el
accionante. Se configura si se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la
afectación, por lo que resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado. Sobre los casos en que cesó la vulneración de
derechos fundamentales ver las sentencias de la Corte Constitucional T-970 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-597 de 2015 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
T021 de 2017 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre
otras. En lo relacionado con la terminación de la afectación, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 establece
“[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes”.
12 Se evidencia en aquellos casos en que, sin que haya una actuación previa de la accionada, la protección

solicitada no se hace relevante, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o porque

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2.2.- En el caso concreto, la empresa tutelante cuestiona que el Tribunal
Administrativo del Chocó omitió el trámite de la solicitud de aclaración y adición
presentada contra la sentencia del 14 de octubre de 2025 y, en su lugar, dispuso la
devolución del expediente al juzgado de origen sin haber desatado de fondo dicho
asunto.

Sin embargo, con posterioridad a la admisión de la presente acción de tutela, se
advierte que el Tribunal Administrativo del Chocó profirió auto del 20 de marzo de
202613, mediante el cual resolvió de fondo la solicitud de aclaración y adición de la
providencia referida. En esa oportunidad, la corporación accionada analizó los
argumentos del apoderado de la ejecutante y decidió negar lo pretendido en la
aclaración, al considerar que no existían conceptos ambiguos o frases que
generaran duda en la parte resolutiva del fallo.

2.3.- Con base en lo anterior, se concluye que, respecto al cargo específico de
omisión de pronunciamiento, se configuró la carencia actual de objeto por la
ocurrencia de un hecho superado. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial ya
ejerció su competencia para resolver la solicitud de aclaración y complementación
que motivó este segmento del reproche constitucional. Tal determinación le resta
relevancia jurídica al argumento de la falta de decisión, en la medida en que la
pretensión procesal de obtener una respuesta sobre la aclaración fue satisfecha por
el tribunal.

En consecuencia, este hecho hace inocuo cualquier pronunciamiento de fondo o
mandato de protección dirigido a ordenar la resolución de la precitada solicitud, sin
perjuicio de que la Sala continúe con el examen de los cargos restantes.

3.- Cuestión previa: crítica sobre la congruencia

La parte accionante sostiene que las providencias cuestionadas vulneraron el
principio de congruencia, al considerar que los cuestionados desbordaron el marco

la nueva situación no da lugar a conceder el derecho. La Corte empezó a diferenciar, a través de su
jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto, cuando acaece un hecho posterior a la
demanda. Por ejemplo, las sentencias T-988 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010
(M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (M.P. Alberto
Rojas Ríos), entre otras.
13 Obra auto en el archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales administrativos, en

el índice 30, con certificado AFE93DD4FE8A7D85 322CE61AF1C96C3C BABBD624886E2331
05FFBA03B2A4A88D del expediente 27001333300420110066602.

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del litigio al introducir fundamentos normativos y jurisprudenciales ajenos a la
liquidación de intereses moratorios. Según la censura, esta “incongruencia material”
alteró el eje de la controversia y afectó la determinación del quantum de la
obligación.

No obstante, esta Sala advierte que, si bien el actor califica este cargo como una
violación al principio de congruencia, el contenido sustancial de su queja no se dirige
a cuestionar una desarmonía entre lo pedido y lo resuelto o frente al grado de
competencia, sino que cuestiona la elección y aplicación del marco jurídico y
jurisprudencial utilizado por las autoridades accionadas para negar los intereses de
mora. En esa medida, el reproche se centra en que se aplicó una tesis jurídica que,
a juicio del actor, es errónea y desconoce las reglas fijadas por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado para estos casos.

En consecuencia, dado que el núcleo de la discrepancia radica en la selección de
la norma aplicable y el respeto a las reglas de las altas cortes, se abordará dicho
planteamiento bajo la óptica de los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, y no como una vulneración al principio de congruencia. Lo
anterior, por cuanto dicho principio es un presupuesto de correspondencia y
coherencia, mientras que el yerro denunciado por la sociedad apunta a una falta de
acierto en el juicio jurídico de fondo y en la observancia de la línea jurisprudencial
obligatoria.

4.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos denunciados por la parte actora.

Esta Sala limitará su análisis a la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó,
en atención a que fue esta la que resolvió el recurso de apelación propuesto por la
empresa accionante dentro del proceso ejecutivo y la que puso fin a ese trámite
judicial.

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5.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

6.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

6.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”16.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202218, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión

14 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
18 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01544-00
Accionante: Cuantum Soluciones Financieras S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

6.2.- En el caso concreto, la parte accionante cuestiona, en esencia, que el Tribunal
Administrativo del Chocó (i) se abstuvo de aplicar de forma injustificada las normas
imperativas de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. que regulan la causación de
intereses moratorios; (ii) sustituyó el régimen legal de intereses de mora por una
actualización nominal basada en el salario mínimo vigente al momento del pago; (iii)
incurrió en una interpretación errónea sobre la incompatibilidad entre la indexación
y los intereses moratorios al aplicarla a un supuesto que no constituye una
verdadera indexación; (iv) utilizó de manera indebida precedentes jurisprudenciales
con supuestos fácticos distintos al cumplimiento de sentencias de reparación
directa; (v) eludió la ratio decidendi sobre el carácter sancionatorio y resarcitorio de
la mora ante el pago tardío de sumas líquidas; y (vi) desconoció que las normas
sobre intereses moratorios en condenas contra el Estado operan de pleno derecho
y son obligatorias.

6.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no estar
debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una instancia
adicional al proceso ordinario, según se explicará.

6.4.- Al verificar los argumentos contenidos en la providencia del 14 de octubre de
2025, se dilucida el siguiente análisis textual:

“Del mismo modo, liquidó intereses moratorios sobre los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante, a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia (18/02/2016) hasta el 30 de
junio de 2022, y determina como valor total de la obligación la suma de quinientos tres millones
cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa pesos con cuarenta y seis centavos
($503.455.590,46), así: (…)

Así mismo, dispuso que, de dicha suma, se le debía pagar a CUANTUN SOLUCIONES
FINANCIERAS S.A. el valor de $151.036.677,14, en calidad de cesionario del 30% de los derechos
derivados de la sentencia, que por concepto de honorarios profesionales le correspondían al señor
JUAN JOSÉ GÓMEZ ARANGO, como se refleja a continuación: (…)

Se evidencia además que, mediante orden de pago N° 213067422 del 19 de julio de 2019, la entidad
descuenta al valor liquidado a favor del demandante ($151.036.677,14), la suma $1.643.387,84, por
concepto de retención en la fuente y ordena pagar un valor neto de ciento cuarenta y nueve millones
trescientos noventa y tres mil doscientos ochenta y nueve pesos con treinta centavos
($149.393.289,30), los cuales cancela finalmente el 22 de julio de 2022.

De lo anterior, se colige que la entidad demandada calculó los perjuicios morales y los perjuicios por
alteración de las condiciones de existencia, tomando como base el salario mínimo legal vigente para
el año 2022 ($1.000.000), año en que se efectuó el pago, conforme a lo ordenado en la sentencia.

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Sobre estos perjuicios, no se calcularon intereses moratorios de conformidad con el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo (CCA), los cuales son reclamados por la parte demandante.

Al respecto, esta Sala aclara que no procede la liquidación de intereses moratorios conforme al
artículo 177 del CCA, toda vez que, al liquidar los perjuicios con el salario mínimo legal mensual
vigente al momento del pago, se busca cancelar el valor real de la condena, es decir, sin devaluación.
Esta situación no es compatible con la liquidación simultánea de intereses moratorios, dado que
tanto la indexación como los intereses obedecen a la misma finalidad: preservar el valor adquisitivo
de la condena.

En relación con ello, conviene precisar el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia del doctor
Martín Bermúdez Muñoz, en sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación
25000233600020170020901 (62416), en la cual se indicó: (…)

Con lo cual, queda claro que, la actualización del valor reconocido por concepto de perjuicios morales
mediante la aplicación del salario mínimo legal vigente excluye la posibilidad de reconocer intereses
moratorios, por cuanto ambos mecanismos buscan preservar el poder adquisitivo de la suma
reconocida; salvo que exista una obligación legal o contractual expresa que así lo disponga, lo cual
no ocurre en el presente caso.

En consecuencia, no es jurídicamente viable aplicar ambos correctivos de manera simultánea.

Por ello, la entidad el 22 de julio de 2022, efectuó un abono a la liquidación del crédito, en
consecuencia, este abono deberá imputarse de conformidad con el artículo 1653 del Código Civil,
es decir, primero a intereses y luego a capital. Así las cosas, la liquidación de intereses moratorios
sobre los perjuicios materiales, deberá extenderse hasta el 21 de julio de 2022 y sobre el valor total
de la liquidación a esta fecha (capital más intereses moratorios) se aplicará el abono efectuado.

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que la entidad ejecutada no canceló el total de la
obligación, por lo tanto, deberá continuarse con la ejecución del proceso, por el saldo de la obligación
a 21 de julio de 2022, como se indicó en precedencia, más los intereses moratorios causados desde
el 22 de julio del mismo año hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Con las precisiones anotadas, se procede a realizar la liquidación de la sentencia 098 del 27 de mayo
de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Quibdó, confirmada y modificada
en su artículo segundo literal A, mediante providencia 114 del 20 de noviembre de 2015, por el
Tribunal Administrativo del Chocó: (…)

Conforme lo anterior, la entidad demandada adeuda a fecha 21 de julio de 2022, la suma de ciento
ochenta y ocho mil cien pesos con cincuenta y ocho centavos M/CTE ($188.100,58), por concepto
capital, más los intereses moratorios que se causen desde el 22 de julio de 2022 hasta que se
verifique el pago total de la obligación.
Observaciones a la liquidación efectuada por la entidad ejecutada.

En relación a la liquidación realizada por la Policía Nacional, se observa que, en la parte decimal de
la cifra determinada como perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, tomó una
centésima y no una décima como fue ordenado en la sentencia, de aquí una pequeña diferencia en
los intereses moratorios calculados por la sala.

Igualmente, liquida intereses moratorios sobre los perjuicios materiales hasta el 30 de junio de 2022
y efectúa el pago el 22 de julio del mismo año, es decir, deja sin liquidar 21 días de intereses, pues
la liquidación debió efectuarse hasta el 21 de julio, un día antes del pago realizado.

En ese orden de ideas, se concluye que la entidad ejecutada no canceló el total de la obligación, por
lo tanto, deberá continuarse con la ejecución del proceso, por el saldo de la obligación a fecha 21 de
julio de 2022, como se indicó en precedencia, más los intereses moratorios causados desde el 22
de julio del mismo año hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Así las cosas y con base a lo anteriormente expuesto, la Sala modificará los numerales tercero y
cuarto de la Sentencia No. 088 de fecha 11 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante la cual declaró no probada la excepción de pago
propuesta por la entidad ejecutada, declaró de oficio pago parcial de la obligación, modificó de oficio
el mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito, por cuanto la entidad
demandada no logró demostrar el cumplimiento total de las órdenes dadas en la sentencia N° 098

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del 27 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Quibdó y confirmada por esta Corporación, mediante providencia 114 del 20 de noviembre de 2014.

Y, en su lugar se dispone:

Que la entidad demandada adeuda a la demandante sociedad CUANTUM SOLUCIONES
FINANCIERAS S.A, la suma de ciento ochenta y ocho mil cien pesos con cincuenta y ocho centavos
M/CTE ($188.100,58), por concepto capital, más los intereses moratorios que se causen desde el
22 de julio de 2022, hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligación, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

Se ordena SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal
tercero, del numeral segundo, de esta providencia.

Y, se confirma la sentencia en lo demás”19.

6.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado analizó la
liquidación de la condena y concluyó que la entidad ejecutada no canceló la totalidad
de la obligación, toda vez que incurrió en errores técnicos y omisiones temporales
en el cálculo de los intereses. Específicamente, advirtió que la Policía Nacional
liquidó los intereses moratorios sobre los perjuicios materiales únicamente hasta el
30 de junio de 2022, a pesar de que el pago efectivo se realizó el 22 de julio de la
misma anualidad, lo que dejó insolutos 21 días de réditos. Adicionalmente, señaló
una inconsistencia en el manejo de las cifras decimales de la indemnización por
lucro cesante, lo que derivó en una diferencia frente a lo ordenado en la sentencia
base de recaudo.

A su vez, el tribunal sostuvo que no procedía el reconocimiento de intereses
moratorios sobre los perjuicios morales, por cuanto estos fueron pagados con base
en el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha del desembolso. Al respecto,
planteó que dicha actualización constituye una forma de indexación incompatible
con la causación simultánea de intereses de mora, en tanto ambos mecanismos
persiguen la misma finalidad de preservar el poder adquisitivo del dinero.
Finalmente, determinó que el abono realizado debía imputarse primero a intereses
y luego a capital, lo que implica un saldo pendiente de $188.100,58, razón por la
cual ordenó seguir adelante con la ejecución por dicha suma y los intereses
causados desde el 22 de julio de 2022 hasta el pago total.

6.6.- En atención a lo expuesto, resulta claro que la empresa convocante pretende
utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional. Como se
observó, la autoridad judicial estudió minuciosamente las particularidades del

19 A folios 10-15 del archivo digital subido en el SAMAI dispuesto para juzgados y tribunales administrativos, en

el índice 22, con certificado 01126ED253B141E1 BE670BC70A3B4DE8 ED3316E91CE718EC
E0D0BA66A9ABE249 del expediente 27001333300420110066602.

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asunto y, a partir de ese análisis, determinó que la actualización de los perjuicios
morales con base en el incremento del salario mínimo, que es distinto a una
indexación simple que se limita a conservar el poder adquisitivo de la moneda,
garantizaba el mantenimiento del valor real de la condena y cumplía la misma
función que los intereses perseguidos. Por ende, resulta diáfano que las quejas
elevadas por Cuantum Soluciones Financieras S.A. se limitan a criticar lo resuelto
en el proceso No. 27001333300420110066602 con el fin de que se desconozca la
tesis del Tribunal Administrativo del Chocó respecto de la incompatibilidad entre la
actualización en salarios mínimos y los intereses moratorios.

Ahora bien, advierte esta Sala que, aunque la empresa accionante cuestiona la
pertinencia fáctica de los conceptos y providencias invocados por el Tribunal
Administrativo del Chocó, los referentes que ella misma aporta tampoco guardan
una identidad material con el sub examine ni fijan una regla de unificación
indiscutible para el caso concreto. En efecto, la sentencia C-188 de 1999 declaró la
inexequibilidad del plazo de gracia para la causación de intereses, sin abordar
específicamente la compatibilidad de estos con la actualización en salarios mínimos
de los perjuicios morales; por su parte, la C-250 de 2011 versa sobre la estructura
del incidente de reparación integral en el proceso penal, tema ajeno a la liquidación
de créditos en procesos ejecutivos contenciosos. En ese orden de ideas, lo que se
evidencia es una compleja discusión interpretativa sobre el alcance de la
jurisprudencia y no un desconocimiento flagrante del precedente. Por consiguiente,
al margen del criterio que esta Sala pueda tener sobre el fondo del asunto, en su
calidad de juez de tutela no le es permitido intervenir ante una divergencia de
criterios jurídicos razonables, pues no se advierte, prima facie, una inobservancia
clara y expresa de una regla jurisprudencial obligatoria y vinculante que configure el
defecto endilgado.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

6.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer

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la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ejecutivo21.

7.- En consecuencia, se observa que ninguno de los cargos formulados en la
solicitud de amparo satisface la totalidad de los requisitos generales de
procedibilidad, razón por la cual el depreco resulta improcedente en su totalidad y
así se declarará.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

20 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
21 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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