RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01946-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01946-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01946-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 22 de mayo de 2025 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que NEGÓ la solicitud de amparo, para en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01946-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de agosto de 2025

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno [21] de agosto de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01
Demandante: SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS
SISPRO S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa – Revoca
y declara la improcedencia por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de
22 de mayo de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 26 de marzo de 2025, la empresa Soluciones Integrales de Servicios y
Proyectos [en adelante SISPRO S.A.S.], a través de abogada, instauró acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con el fin de
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con la expedición de la
providencia de 11 de octubre de 2024, por medio de la cual se definió la demanda
de nulidad y restablecimiento identificada con el radicado 76001-23-33-004-2016-
00183-01 [71.375], en el sentido de negar las pretensiones.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sección, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• SISPRO S.A.S. e Ingeniería y Líneas LINCI S.A.1 presentaron demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las Empresas Municipales de Cali

1
Se precisa que el consorcio «PRO&TEL» fue uno de los oferentes vencidos de la oferta pública
de cuantía superior de EMCALI, y esta asociación la integraron SISPRO S.A.S. [73%], LINCI S.A.
[12%], y CME - Construcción y Manutención Electromecánica [15%], pero solo los dos primeros
presentaron la demanda contenciosa.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

[en lo sucesivo EMCALI], con el fin de que se declarare la nulidad del acto de
adjudicación2 del contrato que buscaba construir y adecuar las redes de energía
de media y baja tensión en tres sectores de la ciudad de Cali.

• El 12 abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que «se “produjo
una indebida y extemporánea modificación de los términos de referencia
contenidos en los pliegos de condiciones”, al convertir un “requisito formal a uno
sustancial” […]».».

• Esta decisión fue objeto de apelación por ambas partes.

• El 11 octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
revocó lo decidido en primera instancia. Para llegar a esa conclusión en primer
lugar precisó que, según el precedente unificado, la «controversia precontractual,
por ser de una empresa de servicios públicos domiciliarios (EMCALI), si bien esta
sometida al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no
correspond[ía] al trámite propio de la nulidad y restablecimiento del derecho sino al
de la reparación directa, porque los actos que esta emana en la formación de los
contratos son de derecho privado, y no de administrativos».

• Luego, destacó que «si los documentos debían ser entregados de manera
presencial ante la mencionada dependencia, es claro que los proponentes no
podían allegarlos por medio de mensaje de datos, lo cual excluye la aplicabilidad
de la Ley 527 de 1999 invocada en la demanda, […]».

• Resaltó que:

los términos de referencia que instauraron el formato impreso como vía de
presentación correcta de los documentos de la oferta económica no fueron puestas
en duda, ni fueron objeto de solicitudes de aclaración, por parte del Consorcio ni de
ningún otro oferente o interesado. En ese sentido, como lo indicó el reglamento de
participación, la formulación de la propuesta implicó la aceptación de todas las
pautas procedimentales y sustanciales que hicieron parte del procedimiento de
escogencia, aspecto que el extremo accionante no podía desconocer en sede
precontractual, ni tampoco en este escenario judicial, so pena de contrariar el
mandato de buena fe que igualmente le asiste.

• Agregó que, en el marco de un procedimiento estatal de escogencia de
proposiciones contractuales sometido al derecho privado, la imposición de un
formato determinado de presentación de ofertas, y su desconocimiento como
causal de rechazo, no implican la instauración de requisitos excesivamente
formales.

• Resaltó que se probó que la entidad sí previó, de manera clara, esa medida
desde los términos de referencia, con lo cual su aplicación en la etapa de
evaluación de las ofertas no resultó ser una actuación que hubiese sorprendido a
los proponentes.

• Indicó que quedó demostrado que las demandantes no protestaron la aplicación
de esta regla, ni sus motivos. Por lo tanto, la actuación de la demandada no

2
El contrato fue adjudicado a Unión Temporal M&S 45.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

quebrantó los deberes de buena fe, ni se apartó de los principios de la función
administrativa. Así las cosas, no se configuró la responsabilidad patrimonial
precontractual de la entidad.

• La providencia de segunda instancia fue notificada el 24 de octubre de 2024 y la
acción de tutela de la referencia fue radicada el 26 de marzo de 2025.

1.3. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

PRIMERO: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
(art. 29 C.P.) y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (arts. 228 y 229
C.P.) de SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.S. -
SISPRO SAS, vulnerados por la SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DE
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO,
mediante la sentencia del 11 de octubre de 2024 proferida dentro del proceso con
radicación 76001-23-33-004-2016-00183-01 (71.375).

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ANULE Y/O DEJE SIN
EFECTOS la sentencia del 11 de octubre de 2024 proferida por el CONSEJO DE
ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
TERCERA - SUBSECCIÓN A, por incurrir en defectos sustantivos al interpretar
restrictivamente la Ley 527 de 1999, defecto procedimental absoluto por excesivo
rigor formal, y violación directa de la Constitución Política al desconocer los
principios de prevalencia del derecho sustancial, buena fe, igualdad y la prohibición
de exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley.

TERCERO: Que se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
proferir una nueva sentencia dentro del mismo proceso, en la que:

1. Se realice una interpretación conforme a la Constitución y la ley de la normativa
sobre validez jurídica de los mensajes de datos (Ley 527 de 1999), reconociendo
que los CD y otros medios magnéticos son medios ópticos comprendidos en la
definición legal de "mensaje de datos".
2. Se respete el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancia sobre
las formas (art. 228 C.P.), evaluando la propuesta del Consorcio PRO&TEL por su
contenido material y no por el medio físico de presentación.
3. Se aplique un trato igualitario en la evaluación de las ofertas presentadas en el
proceso de contratación, sin privilegiar aspectos formales sobre los sustanciales.
4. Se valore adecuadamente que la información presentada en medio magnético por
el Consorcio PRO&TEL era idéntica en contenido a la que se habría presentado en
papel y permitía verificar y evaluar integralmente la propuesta conforme a los
términos de referencia3.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante considera que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental y de violación directa de la Constitución.

En primer lugar, destacó que no era razonable que se descalificara la oferta del
Consorcio por el simple hecho de haber presentado parte de la documentación en
medio óptico [disco compacto] y no en formato impreso. Ello a pesar de que la
información digital era idéntica a la que habría sido presentada en papel y permitía
la evaluación completa de la propuesta, como incluso lo señaló inicialmente el

3
Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

Comité Evaluador.

Agregaron que la decisión judicial que se cuestiona desconoce los principios
constitucionales de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, buena fe e
igualdad, así como la Ley 527 de 1999 que establece la validez jurídica de los
mensajes de datos, sin embargo, la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación restrictiva y formalista de esta ley, y estableció una distinción
artificial del mensaje de datos para excluir a los documentos presentados a través
de medios ópticos.

Precisó que la providencia «atacada convalidó una actuación administrativa
incoherente, pues inicialmente el comité evaluador de EMCALI consideró que la
oferta del Consorcio cumplía con los requisitos exigidos. En ese sentido, reconoció
expresamente que la documentación presentada en CD "permite verificar y validar
la información". No obstante, posteriormente cambió su criterio para descalificarla
por un mero formalismo tuvo por no presentada la información. Esta conducta
administrativa errática y contradictoria fue respaldada por el Consejo de Estado,
en contravía de los principios que orientan el debido proceso administrativo».

1.5. Trámite procesal de la acción

El 23 de abril de 2025 el magistrado sustanciador de la primera instancia admitió
la acción y se ordenó la notificación de la autoridad judicial accionada.

Por su parte ordenó notificar de la existencia del mecanismo constitucional a
EMCALI y la Unión Temporal M&S45.

El 27 de junio de 2025 el despacho instructor de segunda instancia puso en
conocimiento de la empresa Líneas S.A., de CME y del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, la nulidad saneable que se presentaba en el proceso de la
referencia.

Por su parte, dispuso requerir a la señora Johanna Fernández Morales, con el fin
de que aclarara si la facultad para actuar al interior de esta tutela devenía del
certificado de existencia y representación legal de SISPRO SAS, o si en su
defecto obedecía a una omisión en aportar el poder que la faculte para actuar,
caso en el cual, se podía acreditar el otorgamiento del mandato en debida forma.

El 24 de julio de 2025, se emitió un nuevo proveído, ya que si bien existía un
pronunciamiento de la profesional del derecho en mención, frente a su facultad
para actuar, llamó la atención del despacho que la abogada anunciara que
adjuntaría, como anexo, «Copia del Poder General (Escritura No. 4.605) [y]
Certificado de Existencia y Representación Legal», de los cuales se podría colegir
que tiene la facultad de «[p]romover y contestar acciones judiciales y
constitucionales, incluida la presente acción de tutela», pero tal documental no
constaba en el aplicativo Samai.

El 1. º de agosto de 2025, la abogada aportó poder general a ella conferido a
través de escritura pública.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, luego de recordar
los fundamentos de la decisión controvertida, señaló que la solicitud de amparo
carece de relevancia constitucional, comoquiera que los planteamientos que se
hacen ya fueron esbozados en el trámite del proceso de reparación directa.

Destacó que «el fallo en ningún momento cuestionó la “validez” de los documentos
presentados en medio magnético por el consorcio del cual formó parte la
accionante, sino que halló razonable el rechazo de la propuesta por tener sustento
en el marco normativo que rigió la fase selectiva y que ese proponente aceptó».

Resaltó que «el consorcio, integrado por la accionante, no cumplió con todas las
reglas del proceso de selección que aceptó respetar y que ahora repudia».

1.6.2. La EMCALI señaló que el propósito del mecanismo es usar la tutela como
una tercera instancia. Además, pidió que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que las pretensiones de la tutela se dirigen en contra de una
autoridad judicial.

1.7. Fallo impugnado

El 22 de mayo de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó lo pretendido en el mecanismo al exponer que si bien la «solicitante
del amparo considera que la autoridad judicial privilegió aspectos formales sobre
sustanciales porque el requisito de aportar la documentación impresa era
meramente formal; sin embargo, como lo enfatizó el juez natural, el Consorcio, en
su calidad de oferente, aceptó las condiciones establecidas por EMCALI, conforme
a su autonomía, para la participación en el procedimiento de selección, por lo cual
era contrario a la buena fe que luego pretendiera desconocerlas, […]».

1.8. Impugnación4

La accionante reiteró lo expuesto en la solicitud de amparo, particularmente
precisó que la decisión controvertida implementó un rigorismo que privilegió lo
formal sobre lo sustancial.

1.9. Trámite para resolver impedimento

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la sala, no obstante, el 11
de agosto de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal
5. ° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en atención a que sostiene
una amistad íntima con el magistrado Fernando Alexei Parto Flórez, quien

4
El fallo fue notificado el 27 de mayo de 2025, la impugnación se presentó el 30 siguiente.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

suscribió la sentencia controvertida. Razón por la cual el proyecto tuvo que ser
aplazado, ya que no había quorum para resolver dicha manifestación, porque la
magistrada Gloria María Gómez Montoya se encontraba ausente con permiso.

Con providencia de 21 de agosto de 2025, la referida manifestación se declaró
infundada debido a que el consejero Pardo Flórez no es sujeto procesal en el
presente proceso y, si bien es partícipe en la Subsección A de la Sección Tercera
de esta corporación, que profirió la sentencia objeto de reclamo, lo cierto es que
actuó en calidad de magistrado del Consejo de Estado y no en nombre propio. Por
tal motivo, no es posible entender que aquel actúa como parte o tercero
interesado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por SISPRO S.A.S., de conformidad con lo establecido en los
Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 22 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al interior del
presente mecanismo constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

5
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.9

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201410, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.

8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Énfasis de la sala.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia11.

Sobre el particular, se considera que, diferente a lo expuesto por el a quo, este
asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primer lugar, se recuerda que el fundamento de la autoridad judicial accionada
para negar las pretensiones de los accionantes al interior del proceso contencioso
fue que no se probó que los demandantes protestaran acerca de la regla
contractual consistente en la imposición de un formato determinado de
presentación de ofertas, ni mucho menos que su aplicación sorprendiera a los
oferentes. Por lo tanto, concluyó que la actuación de la demandada no quebrantó
los deberes de buena fe, ni se apartó de los principios de la función administrativa,
y por lo mismo, no se configuró la responsabilidad patrimonial precontractual de la
entidad.

En esta oportunidad la tutelante busca que se declaren los defectos sustantivo,
procedimental y de violación directa de la Constitución, porque, a su juicio, el
tribunal accionado implementó un criterio riguroso y formal, que no permitió
evaluar sustancialmente cuál era la oferta más favorable.

Aclarado lo anterior, en primera medida se debe enfatizar que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional
inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa,
por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del trámite de tutela,
ya que de no hacerlo, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así,
en últimas, se convertiría el mecanismo en una tercera instancia.

Además, que si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es
importante resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial
énfasis en la carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin
efectos una decisión de la Sección que la Constitución Política12 y la Ley13
determinaron como suprema autoridad en la materia, lesión que se podría
sintetizar en una actuación «arbitraria o violatoria de derechos fundamentales14».

11
Énfasis de la sala.
12
«Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
13
Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis
de la Sala).
14
Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

Ahora bien, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que los cargos
de la impugnación se podrían resumir en la oposición que tiene la tutelante frente
a la forma como se interpretó la Ley 527 de 1999, comoquiera que en su sentir
esta normativa permite la equivalencia funcional del mensaje de datos y los
documentos físicos, por lo que no era razonable aceptar la viabilidad de rechazar
la oferta por el solo hecho de que se aportara a través de medios ópticos.

Por su parte, se tiene que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se opone a tales argumentos, comoquiera que advierte que en ningún
momento cuestionó la «“validez” de los documentos presentados en medio
magnético por el consorcio del cual formó parte la accionante, sino que halló
razonable el rechazo de la propuesta por tener sustento en el marco normativo
que rigió la fase selectiva y que ese proponente aceptó».

En este orden de ideas, esta colegiatura no pasa por alto que en la solicitud de
amparo no se controvirtieron la razón principal por la cual la autoridad judicial
accionada negó las pretensiones de la demanda, esto es que, para esa
dependencia, como los demandantes no protestaron acerca de la aplicación de la
regla consistente en aportar la documentación de su oferta en físico, la actuación
de la entidad demandada no quebrantó los deberes de buena fe, ni se apartó de
los principios de la función administrativa, consideraciones que, prima facie, no se
advierten irrazonables o arbitrarias, máxime cuando, de entrada, se evidencia que
el ad quem sí se refirió acerca de la normatividad que se alude como desconocida,
sólo que de su estudio concluyó que esas disposiciones frente al valor probatorio
del mensaje de datos no tenían la incidencia de modificar los parámetros de la
condiciones precontractuales, máxime cuando los oferentes aceptaron esos
términos.

Al respecto, esta Sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación de la norma, y
no le corresponde al juez constitucional señalar cuál es la «correcta», ni mucho
menos el alcance de la misma cuando de estrada se evidencia un
pronunciamiento expreso, pues se vulneraría la independencia y autonomía con la
que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe destacar
que, de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.

En consecuencia, se considera que si bien la parte actora intentó exponer las
razones por las cuales considera que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en su condición de alta corte, incurrió en una «vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» o en «una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales», en realidad lo que se evidencia
es una mera inconformidad con el análisis probatorio efectuado por el ad quem.

ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

En otras palabras, constituye un deber para la accionante exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia.

Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 573 de 2019 y
215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta
transgresión de algunos derechos fundamentales, en reabrir el debate ya zanjado
en sede contenciosa.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»15.

2.5. Conclusión

Así las cosas, esta Sala revocará la decisión del a quo en cuanto a la negativa del
amparo, y declarará la improcedencia de este mecanismo, en atención a que no
puede el juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo,
toda vez que no se supera el requisito de relevancia Constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 22 de mayo de 2025 de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que NEGÓ la solicitud de amparo,
para en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

15
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Soluciones Integrales de Servicios y Proyectos SISPRO S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01946-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.