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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01965-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01965-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. 28 Esta postura ha sido reiterada por esta Sección, Consejo de Estado- Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, expediente núm. 11001-03-15- 000-2025-06426-00, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 29 Visto en el índice 169 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del incidente de regulación de perjuicios del proceso de reparación directa con radicado nro. 25000-23-26-000-1997-05432-01. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01 Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y Otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-01965-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección A y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial y petición presentada
ante autoridad judicial.
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y, en su lugar, declara
la improcedencia de la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección B, Sección Tercera del
Consejo de Estado que, por una parte, negó la solicitud de amparo frente a las
pretensiones formuladas en contra de la providencia proferida el 17 de marzo de 2025
por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, por
otra, amparó el derecho fundamental de petición de la accionante.

1. SÍNTESIS DEL CASO

(i) La señora Elizabeth Caviedes Sáenz, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Distrito de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá – Alcaldía Local
Rafael Uribe Uribe.

En el escrito inicial de tutela presentado, manifestó lo siguiente1:

Realizo la siguiente denuncia ante la corte suprema de justicia ya que a finales del
año 2024 y comienzos de 2025 es emitido por pare de las entidades aquí
señaladas una serie de documentaciones en las cuales realizan actuaciones
irregulares por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca una como
también por parte de la alcaldía local de Refael Uribe Uribe dichas actuaciones
VAN EN CONTRA DE LA LEY y sobre todo VAN EN MI CONTRA, ya que
desestiman documentación que se le ha sido expuesta a todos los actores
procesales (entidades gubernamentales, personas naturales y jurídicas), esta
documentación no es nueva ni mucho menos ha sido escondida para ninguno de
los anteriores mencionados. (Sic en toda la cita).

Con posterioridad, citó la parte resolutiva de un auto proferido el 28 de octubre de 2024
por quien la accionante señaló “la Magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos” y plasmó

1 Aparte del escrito de subsanación de la acción tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.

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Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

una captura de pantalla de un correo electrónico del 4 de julio de 2024 remitido por el
Distrito de Bogotá a la precitada magistrada en el que se solicitaba la expedición de
constancia de ejecutoria de una sentencia dictada en un proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 25000 23 26 000 1997 05432 01, así como, del auto
que resolvió la liquidación de incidente de perjuicios en dicho proceso.

En igual sentido, hizo referencia a un contrato denominado “contrato de cesión de
derechos de honorarios”, suscrito por el señor Luis Alfredo Caviedes Pastor y las señoras
Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, hoy accionante, y Flor María Guerrero Rodríguez.

Al respecto, adujo lo siguiente:

[…] este contrato ha sido expuesto ante el: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, como también se le expuso al concejo de estado (el cual se
abstuvo de pronunciarse ante la “SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE CREDITO”),
ante la alcaldía loca de Rafael Uribe Uribe (entidad que responde que está
actuando en base a lo dispuesto en la CONSTANCIA EJECUTORIA EMITIDA
POR RL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA) […].

Adicionalmente, indicó lo siguiente:

Teniendo en cuenta las pronunciaciones dadas por parte de las entidades
señaladas es claro su DESCONSIDERACION ANTE EL CONTRATO DE CECION
DE CREDITO PACTADO Y DADO POR EL ABOGADO LUIS ALFREDO
CAVIEDES PASTOR en el proceso de reparación directa, y sobre todo que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca a manos de la Magistrada Beatriz
Teresa Galvis Bustos, autorizo a el apoderado judicial del Distrito Capital la
ejecución de la condena impuesta en una Constancia de Ejecutoria que a todas
luces al parecer insiste en afectar mis intereses.

(…)

Es irresponsable emitir por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
permitir COBRAR UNAS CANTIDADES DE PORCENTAJES QUE EXCEDEN
LAS CUANTIAS QUE CADA PERSONA PUEDA RECLAMAR, dado esto señalo
y responsabilizo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al apoderado
judicial de Distrito capital por desestimar y no tener en cuenta (acción
inconstitucional) el contrato realizado entre el abogado Luis Alfredo Caviedes
Pastor, Elizabeth Caviedes Sáenz y Flor María Guerrero Rodríguez, que cumple
con los requisitos necesarios para ser exigible ante la ley, de no ser así se mes
sea explicado el artículo que le permite tanto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como al apoderado judicial del Distrito Capital favorecer unas
partes y las otras no […].

(ii) Ante la falta de claridad del precitado escrito, el despacho de conocimiento de la
Subsección B, Sección Tercera de esta Corporación requirió a la accionante para que (1)
relatara de manera coherente los hechos que generaron la presunta vulneración, (2)
determinara con mayor claridad el fundamento de la vulneración a sus derechos
fundamentales, (3) manifestara si lo que busca es enjuiciar una providencia judicial y, de
ser así, especificara cuál es la providencia, el proceso y la autoridad que la profirió y (iv)
adujera las pretensiones de la tutela.

(iii) Atendiendo el anterior requerimiento, la accionante allegó un nuevo escrito en el que
expuso que “con el fin de poder acceder a la administración de justicia” y en reclamación
2

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Otros

de sus “derechos humanos: vida digna, la dignidad humana, el derecho a la vida,
igualdad, la verdad, debido proceso”, ponía en conocimiento “las acciones perpetradas
por parte del: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá y
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe”; y, en consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones2:

1. Revocar auto del día 17 de marzo de 2025 emitido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

2. Anular constancia ejecutoria del proceso emitida el 08/11/2025 No.
25000232600019970543201, dado que aún no ha finalizado el proceso y emitir
una constancia sin tener en cuenta autos en los cuales reconoce distribuciones de
los dineros es a todas luces presuntamente es una perjudicarían dolosa de
quienes son acreedores de las cesiones de crédito.

3. Emitir las constancias o certificaciones para el cobro de los contratos de
cesión de crédito (20% al Abogado Luis Alfredo Caviedes Pastor y 28% a los
demandantes) información que se encuentra en SAMAI, en el archivo del Concejo
de Estado como del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Alcaldía Local de
Rafael Uribe Uribe.

4. Informar y EMITIR a la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe sobre las
cesiones de crédito, ordenar a devolución de los dineros que
inconstitucionalmente se les entregaron a quien se les haya entregado

5. Tramitar las ordenes de embargo pertinentes a cargo de quien se
considere con el fin de no ver afectado mis intereses personales.

6. RESPETAR y hacer valer los contratos que están FIRMADOS,
AUTENTIDADOS, NOTARIADOS Y HUELLADOS.

7. Garantías jurídicas y procesales como acreedora de cesiones de crédito.

8. De no ser alguna de las pretensiones de su competencia remita las peticiones
al órgano correspondiente y/o copias, con el fin de preservar mis derechos
inalienables.

9. La respectiva documentación en la cual soporto las afirmaciones se encuentra
en el documento trasladado por parte de la corte suprema, la cual compone esta
tutela como el documento inicial. Expediente: 11001-02-03-000-2025-01529-00, si
el Concejo de Estado considera que necesita algo adicional puede solicitar lo que
se considere necesario. También se cuenta con el archivo del proceso el cual
reposa en el ecosistema SAMAI. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela. Sic a toda la cita).

Adicionalmente, junto con los escritos presentados, la accionante allegó documentación
de la cual se puede identificar la siguiente situación fáctica:

La señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, junto con otros3 ciudadanos, presentaron
demanda a través del medio de control de reparación directa en contra del Distrito Capital

2 Aparte del escrito de subsanación de la acción tutela. Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
3 Flor María Guerrero Rodríguez, Gladys Munévar Caballero, Jorge Arturo López Cañón, Arsenio Guerrero

Acevedo (fallecido), Hugo Alonso García, Graciela Romero Maldonado, Ana Herminda Sáenz Mendoza,
Olga María de la Hoz Rincón, Margarita Inés Poveda Castellanos, Carmen Alicia Rodríguez, Héctor Alfonso
3

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Otros

de Bogotá por los perjuicios derivados de la incautación y destrucción de mercancía
pirotécnica. En dicho proceso, alegaron vulneración del debido proceso, comoquiera que,
al ejecutarse el allanamiento, se realizó sin orden escrita, sin reintegro de la mercancía
ni compensación económica.

La demanda fue asignada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A que, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2002, negó las
pretensiones.

Inconformes con la decisión anterior, los demandantes presentaron recurso de apelación,
y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 28 de
mayo de 2015, la revocó y declaró la responsabilidad extracontractual del Distrito Capital
por la afectación al debido proceso y ordenó a los demandantes adelantar incidente de
liquidación de perjuicios materiales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Para dicha liquidación de perjuicios el Consejo de Estado estableció criterios específicos:
i) determinar el valor comercial de la mercancía incautada al 8 de noviembre de 1996
conforme al acta de incautación, verificación aritmética y precios de mercado, ii) pruebas
sobre la cantidad y propiedad de cada demandante o, en su defecto, reparto igualitario,
iii) exposición de fundamentos y cálculos periciales, iv) actualización de las sumas hasta
la fecha del auto resolutivo, y v) límite al monto solicitado en la demanda inicial.

Mediante sentencia complementaria del 25 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” resolvió que el pago de la condena a favor de la señora
Concepción Caballero de Munévar se efectuara en su sucesión.

La parte demandante promovió el incidente de liquidación y aportó un dictamen pericial
que estimó los perjuicios en $8.822.885.976,04. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección A resolvió dicho incidente mediante providencia del 13 de
diciembre de 2017, en la cual fijó en $1.500.000.000 el valor del daño y ordenó distribuirlo
en partes iguales entre los demandantes. A pesar de que el avalúo pericial arrojaba un
monto superior al solicitado, el tribunal consideró que la condena no podía exceder lo
pedido en la demanda.

Contra la anterior decisión, los accionantes interpusieron recurso de apelación bajo el
argumento de que la cuantía inicial era estimatoria y el daño real se probaría en el
proceso, esto con respaldo en el peritaje desglosado: daño emergente $1.871.135.605,
lucro cesante $4.718.175.792,78 e intereses $2.233.574.575,26.

Por auto del 11 de octubre de 2023, la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de
Estado, en Sala Unitaria, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra, modificó la decisión
y liquidó los perjuicios en $9.617.783423, al concluir que las pretensiones superaban los
$1.500.000.000, pues los demandantes estimaron dicho valor como mínimo y no como
máximo.

Jiménez Cañón, Rafael Gómez, Gerardo Chala Buitrago, Luz Olga López Cañón, Juan Emilio López
Cañón, Javier Celis Piernagorda, Martha Yaneth Pedraza Pinto, Lilia Piernagorda Medina, Claribel López
Cañón, Miguel Antonio Cañón Mora, Luz Marina Munévar Caballero, Alberto Antonio Sáenz, Concepción
Caballero de Munévar, Gloria Marlene Sánchez Gómez, Vicenta Niño de Montaña, Nohora Maldonado de
Rico, Cristina Mario Garzón, Gladys Maldonado, María del Carmen Cortés de Casas, María del Carmen
Vega, José Domingo Piñeros, María Patricia Guaqueta Quiroz, María Josefa Quiroz, María Margarita Arias
Rivera y María Lourdes Lara.
4

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Otros

Posteriormente, el señor Jorge Alberto Munévar Caballero solicitó la adición del auto del
11 de octubre de 2023 para asignar sus derechos herenciales a su hermana Ana Victoria
Munévar Caballero. A su turno, la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, hoy
accionante, pidió corregir su nombre, registrado erróneamente como "Caviedes Cañón".

Por proveído del 23 de febrero de 2024, el consejero Ponente aceptó la solicitud de
corrección del nombre y denegó la solicitud adición por extemporánea.

Luego, en mayo de 2024, el Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá notificó el
embargo y retención sobre los dineros que correspondieran al señor Jorge Alberto
Munévar Caballero a título de indemnización.

El 17 de mayo de 2024, el apoderado Luis Alfredo Caviedes Pastor impulsó incidente de
regulación de honorarios y aceptación de cesiones de crédito en 28% del monto
indemnizatorio autenticadas y notariadas por algunos demandantes4, en favor de las
señoras Flor María Guerrero Rodríguez y Elizabeth Esther Caviedes Saénz

Además, el 28 de mayo de 2024, el abogado Caviedes Pastor solicitó aceptar la cesión
efectuada por Flor María Guerrero Rodríguez y Elizabeth Esther Caviedes Sáenz del 20%
de su indemnización a su favor, como pago de los honorarios pactados.

El 11 de junio de 2024, los demandantes Jorge Arturo López Cañón, Graciela Romero
Maldonado, Margarita Inés Poveda Castellanos, Héctor Alfonso Jiménez Cañón, Gerardo
Chala Buitrago, Luz Olga López Cañón, Juan Emilio López Cañón, Claribel López Cañón,
Miguel Antonio Cañón Mora, Nohora Maldonado de Rico, Cristina Mariño Garzón, Gladys
Maldonado de Ahumada, María del Carmen Cortés de Casas, María del Carmen Vega
de Piñeros, José Domingo Piñeros, María Patricia Guaqueta Quiroz, Amparo Orjuela
Manrique (cónyuge del causante Hugo Alonso García), Jhon Michell Alonso Martínez (hijo
del causante Hugo Alonso García), Jennifer Alonso Orjuela (hija del causante Hugo
Alonso García), Johana Alonso Orjuela (hija del causante Hugo Alonso García) y María
Beatriz Gómez Parra (hija del causante Rafael Gómez) manifestaron oposición a las
cesiones de crédito, sin embargo no lo hicieron por intermedio de apoderado judicial.

Por auto del 28 de octubre de 2024, el tribunal accionado resolvió: i) reconocer la medida
cautelar laboral de retención sobre dineros de Jorge Alberto Munévar Caballero, ii) dar
traslados al incidente de honorarios por 3 días, iii) aceptar las cesiones del 28%
presentadas por Olga María de la Hoz Rincón, Carmen Alicia Rodríguez, Javier Celis
Piernagorda, Martha Yaneth Pedraza Pinto, Lilia Piernagorda Medina, Gloria Marlene
Sánchez Gómez, María Margarita Arias Rivera, Arsenio Guerrero Acevedo, María Josefa
Quiroz y Denis Elvira Caviedes Sáenz, en favor de las señoras Flor María Guerrero

4 Jorge Arturo López Cañón, Graciela Romero Maldonado, Olga María de la Hoz Rincón, Margarita Inés

Poveda Castellanos, Carmen Alicia Rodríguez, Héctor Alfonso Jiménez Cañón, Gerardo Chala Buitrago,
Luz Olga López Cañón, Juan Emilio López Cañón, Javier Celis Piernagorda, Martha Janeth Pedraza Pinto,
Lilia Piernagorda Medina, Claribel López Cañón, Miguel Antonio Cañón Mora, Gloria Marlene Sánchez
Gómez, Nohora Maldonado de Rico, Cristina Mariño Garzón, Gladys Maldonado de Ahumada, María del
Carmen Cortés de Casas, María del Carmen Vega de Piñeros, José Domingo Piñeros, María Patricia
Guaqueta Quiroz, María Margarita Arias Rivera, Amparo Orjuela Manrique (en condición de cónyuge o
compañera permanente del causante Hugo Alonso García), John Michell Alonso Martínez (en condición de
hijo del causante Hugo Alonso García), Jennifer Alonso Orjuela (en condición de hija del causante Hugo
Alonso García), Johanna Alonso Orjuela (en condición de hija del causante Hugo Alonso García), María
Beatriz Gómez Parra (en condición de hija del causante Rafael Gómez), Arsenio Guerrero Acevedo
(fallecido.), María Josefa Quiroz (fallecida) y Denis Elvira Caviedes Sáenz (en condición de hija de la
causante Ana Herminda Sáenz Mendoza).
5

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Otros

Rodríguez y Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, iv) validar las cesiones mutuas entre Flor
María Guerrero Rodríguez y Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, v) reconocer la cesión del
20% a favor del abogado Luis Alfredo Caviedes Pastor, y vi) conceder 5 días a los
opositores para reiterar excepciones frente a las cesiones mediante apoderado.

Contra dicho auto, los apoderados de los herederos de Concepción Caballero de
Munévar5 interpusieron recurso de reposición en el que cuestionaron la adjudicación del
20% al apoderado sobre derechos sucesorales y solicitaron la venta de tales derechos.

Paralelamente, el 6 de marzo de 2025, Elizabeth Esther Caviedes Sáenz dirigió petición
al tribunal en la que solicitó: i) copias de las sentencias consideradas para la constancia
de ejecutoria, ii) copia total de liquidación de perjuicios, iii) el oficio remisorio de la
constancia ejecutoria al apoderado del Distrito Capital de Bogotá Álvaro Camilo Bernate
Navarro. Al respecto, aseguró que no recibió respuesta a su petición.

Por auto del 17 de marzo de 2025, el tribunal accionado resolvió el recurso presentado y
resolvió reponer el auto del 28 de octubre de 2024 y, su lugar, revocó íntegramente la
anotación de la medida cautelar del Juzgado 27 Laboral de Bogotá, la aceptación de
cesiones de crédito entre demandantes y con el abogado Caviedes Pastor, y la orden de
nueva oposición a cesiones mediante apoderado.

Dicha revocatoria se fundamentó en la ejecutoria de la sentencia principal con liquidación
de perjuicios, por cuanto, conforme se expuso en la citada providencia, el juez
contencioso administrativo carece de competencia para intervenir en ejecución de
medidas cautelares posteriores a la condena, asignación sucesoral de porcentajes
herenciales, adjudicación de transferencias por negocios privados o litigios sobre
cesiones posteriores a la ejecutoria, materias reservadas a la entidad condenada o al
juez civil competente.

Adicionalmente, el mismo 17 de marzo de 2025, el tribunal accionado profirió otro auto
en el que, entre otras cosas, dispuso que “(…) la solicitud de copia elevada por los
señores Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, Carmen Alicia Rodríguez, Arsenio Guerrero,
Sandra Milena Guerrero, Teodolinda Guerrero y Carlos Guerrero Rodríguez, sean
impetradas a través del apoderado de los citados ante la secretaria de la Sección Tercera
del Tribunal, a quien corresponde resolver sobre su expedición (…)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, la accionante alega que la vulneración de
sus derechos fundamentales se origina en que la autoridad judicial accionada dejó sin
efecto las cesiones de crédito, a pesar de encontrarse debidamente suscritas,
autenticadas en notaría y otorgadas a su favor por los demás demandantes, en
reconocimiento de que fue quien soportó la mayor afectación al ser la propietaria
mayoritaria de la mercancía incautada.

Sostuvo que, la autoridad judicial omitió adoptar medidas para proteger los recursos que
le correspondían en su calidad de acreedora derivada de dichas cesiones.

Adicionalmente, argumentó que la autoridad judicial pasó por alto que las cesiones
reunían cabalmente los presupuestos de los artículos 1959, 1960, 1961, 1963 y 1965 del
Código Civil para ser aceptadas.

5 Fanny, Ana Victoria, Jorge Alberto y Hernando Munévar Caballero.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

Por último, cuestionó la falta de respuesta a su solicitud del 6 de marzo de 2025 por parte
del tribunal accionado, con lo que consideró transgredido su derecho fundamental de
petición.

2. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 3 de abril de 20256 y correspondió por reparto a la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, que por auto del 9 de mayo del
mismo año7 la admitió y dispuso notificar8 a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Distrito Capital de Bogotá, a la Alcaldía
Mayor de Bogotá y a la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, como parte accionada; así
como vincular a los señores Arsenio Guerrero Acevedo, Lilia Piernagorda Medina, Martha
Yaneth Pedraza Pinto, Javier Celis Piernagorda, Gloria Marlene Sánchez Gómez,
Carmen Alicia Rodríguez, Olga María de la Hoz Rincón, Flor María Guerrero Rodríguez
y María Margarita Arias Rivera, como terceros interesados en el resultado del proceso.

3.2. Por auto del 22 de julio de 2025, el despacho de conocimiento de la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó vincular al despacho del magistrado
Fredy Ibarra Martínez de la misma Subsección del Consejo de Estado y a los señores
Gladys Munévar Caballero, Jorge Arturo López Cañón, Hugo Alfonso García, Graciela
Romero Maldonado, Margarita Inés Poveda Castellanos, Héctor Alfonso Jiménez Cañón,
Rafael Gómez, Gerardo Chala Buitrago, Luz Olga López, Juan Emilio López Cañón,
Claribel López Cañón, Miguel Antonio Cañón Mora, Luz Marina Munévar, Alberto Antonio
Sáenz, Vicenta Niño de Montaña, Nohora Maldonado de Rico, Cristina Mariño de Garzón,
Gladys Maldonado, María del Carmen Cortés de Casas, María del Carmen Vega, José
Domingo Piñeros, María Patricia Guáqueta Quiroz, María Lourdes Lara, Ana Herminda
Sáenz Mendoza (o las personas que representen su masa sucesoral), Concepción
Caballero de Munévar (o a quienes representen su masa sucesoral) y María Josefa
Quiroz (o las personas que representen su masa sucesoral), como terceros con interés
en el asunto.

3.3. El magistrado Fredy Ibarra Martínez rindió informe9 en el que expuso los
antecedentes del proceso adelantado en su despacho bajo el radicado número 25000-
23-26-000-1997-05432-02.

Sostuvo que el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia proferida por
el tribunal accionado y condenó al Distrito Capital de Bogotá al pago de perjuicios
materiales, los cuales liquidó el 11 de octubre de 2023 en $9.617.783.423, distribuidos
equitativamente entre los demandantes, incluida la accionante

6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 01965 00.
7 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
8 Esta orden se cumplió el día 15 de mayo de 2025. Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
9 Visto en el índice 64 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

En el informe el magistrado precisó que ninguna providencia de su despacho fue
cuestionada directamente, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Además, argumentó que la acción de tutela resulta improcedente por ausencia de
relevancia constitucional, dado que la controversia involucra asuntos económicos entre
particulares sin vulneración de derechos fundamentales ni arbitrariedad en sus
decisiones, las cuales respetaron el debido proceso.

3.4. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe10 en el que hizo un
recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso de reparación directa y
sostuvo que la solicitud de amparo resultaba improcedente, pues consideró que no
superaba el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la controversia planteaba
una discusión de contenido legal y económico, aunado al hecho de que pretendía
utilizarse como una instancia adicional al mecanismo judicial ordinario existente.

De otra parte, defendió la legalidad del auto acusado al indicar que no incurrió en la
vulneración de derechos alegada porque no desconoció los negocios jurídicos celebrados
con las cesiones de crédito, sino que señaló que no era procedente aceptar esas
cesiones, toda vez que el proceso judicial se encontraba finalizado y ejecutoriado,
respetando la autonomía de la voluntad y competencias del deudor para aceptarlas.

3.5. La Alcaldía Mayor de Bogotá, por intermedio del Director Distrital de Gestión Judicial
de la Secretaría Jurídica Distrital, allegó respuesta11 en la que solicitó su desvinculación
de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Argumentó que no intervino directamente en los hechos cuestionados, los cuales
recayeron en decisiones judiciales autónomas del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sobre el proceso de reparación directa número. 25000-23-26-000-1997-
05432-01, y carece de competencia para inmiscuirse en funciones jurisdiccionales.

Adicionalmente, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por ausencia de
relevancia constitucional, ya que no configuró perjuicio irremediable ni violación grave de
derechos fundamentales como seguridad económica, igualdad o buena fe procesal.

3.6. La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de
Rafael Uribe Uribe, a través de la Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno,
rindieron respuesta a la acción de tutela12 mediante la cual solicitaron se declarara la
inexistencia de vulneración a derechos fundamentales por parte de la entidad.

De otra parte, requirieron la desvinculación de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe del
proceso tutelar, dado que los hechos impugnados correspondían a providencias
judiciales emitidas en el marco del proceso de reparación directa tramitado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

3.7. Los herederos del señor Arsenio Guerrero Acevedo — Carmen Alicia Rodríguez,
Carlos Alberto Guerrero Rodríguez, Raúl Arsenio Guerrero Correa y Sandra Milena

10 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00
11 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
12 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
8

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

Guerrero Rodríguez — allegaron escritos13 por medio de los cuales coincidieron en
solicitar la revocatoria del auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 17 de
marzo de 2025, la nulidad de la constancia de ejecutoria del 8 de noviembre de 2024 en
el proceso de reparación directa, la anulación de la Resolución núm. 424 del 20 de
diciembre de 2024 de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la restitución de los valores
pagados al abogado Luis Alfredo Caviedes Pastor y la determinación de su respectiva
participación en la indemnización por perjuicios reconocida en ese expediente.

3.8. La señora Gloria Marlene Sánchez Gómez, en su respuesta a la acción de tutela 14,
alegó perjuicio derivado del pago excesivo realizado al abogado Luis Alfredo Caviedes
Pastor, por lo que demandó la declaratoria de ilegalidad de la Resolución núm. 424 del
20 de diciembre de 2024 expedida por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la cual
calificó de apropiación indebida de recursos por parte del mencionado profesional.
Adicionalmente, requirió la liquidación de la indemnización por perjuicios que le
correspondía como demandante en el proceso de reparación directa.

3.9. La señora Flor María Guerrero Rodríguez presentó un escrito, como respuesta a su
vinculación en la acción de tutela15, en el que suscribió íntegramente las pretensiones
formuladas por la parte accionante.

Además, allegó queja disciplinaria contra la abogada Mónica Esther Sandoval Orozco,
así como denuncia en contra de Claribel López Cañón, Gladys Maldonado de Ahumada,
María Beatriz Gómez Parra, Juan Emilio López Cañón, Jorge Arturo López Cañón,
Margarita Inés Poveda Castellanos, María del Carmen Vega Piñeros, José Domingo
Piñeros, John Michell Alonso Martínez, Jennifer Alonso Orjuela, Hugo Alonso García,
Amparo Orejuela Manrique, Gerardo Chala Buitrago, Nohora Maldonado de Rico, María
del Carmen Cortés de Casas, Luz Olga López Cañón, Miguel Antonio Cañón Mora,
Héctor Alfonso Jiménez Cañón, Cristina Meriño Garzón, Graciela Romero Maldonado,
Johanna Alonso Orjuela y María Patricia Guaqueta Quiroz, por los delitos de injuria,
fraude procesal, falsa denuncia, abuso de confianza y concierto para delinquir.

3.10. Los señores Javier Celis, Lilia Piernagorda Medina, María Margarita Arias Rivera y
Martha Janeth Pedraza Pinto, en sus respuestas a la acción de tutela16, denunciaron un
pago excesivo y presunta apropiación indebida a favor del abogado Luis Alfredo Caviedes
Pastor, lo que a su juicio les generó agravio directo. En consecuencia, solicitaron la
determinación de la indemnización por perjuicios que a cada uno le correspondía como
demandante en el proceso de reparación directa.

3.11. Los señores José Domingo Piñeros, Graciela Romero Maldonado, Olga María de
la Hoz Rincón, Gladys Munévar Caballero, Héctor Alfonso Jiménez Cañón, Jorge Arturo
López Cañón, Luz Olga López, Margarita Inés Poveda Castellanos, Rafael Gómez,
Claribel López Cañón, Hugo Alfonso García, Juan Emilio López Cañón, Gerardo Chala
Buitrago, Miguel Antonio Cañón Mora, Luz Marina Munévar, Alberto Antonio Sáenz,
Vicenta Niño de Montaña, Nohora Maldonado de Rico, Cristina Mariño de Garzón, María

13
Visto en los índices 35, 37, 38, 41, 43 y 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
de primera instancia con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
14 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
15 Visto en los índices 22 y 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera

instancia con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
16 Visto en los índices 33, 34, 39, 40 y 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de

primera instancia con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
9

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

del Carmen Cortés de Casas, María del Carmen Vega, Gladys Maldonado, María Patricia
Guáqueta Quiroz, María Lourdes Lara, junto con quienes representen las masas
sucesorales de Ana Herminda Sáenz Mendoza, Concepción Caballero de Munévar y
María Josefa Quiroz, vinculados al presente trámite constitucional, guardaron silencio.

3. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante providencia del 26
de septiembre de 2025, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: SEPARAR DEL CONOCIMIENTO del presente asunto al magistrado
Fredy Ibarra Martínez por encontrarse impedido para actuar, como fue
manifestado en la providencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por Elizabeth Esther Caviedes
Sáenz contra el Auto proferido 17 de marzo de 2025 por la Subsección A, de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con los argumentos expuestos.

TERCERO: AMPARAR el derecho de petición de Elizabeth Caviedes por las
razones expuestas.

CUARTO: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta decisión, proceda a remitir la petición presentada por Elizabeth
Esther Caviedes Sáenz a la autoridad que considere es la competente para
resolverla.

QUINTO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Alcaldía
Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, por los motivos
expresados en esta providencia.

Para ello, la Sala delimitó el objeto de la controversia a los reparos formulados contra el
auto del 17 de marzo de 2025 por el supuesto desconocimiento de la cesiones de crédito
celebradas entre los demandantes en el proceso de reparación directa adelantado contra
el Distrito Capital de Bogotá.

Incluyó también la falta de respuesta a la solicitud de copias integras de sentencias,
liquidación de perjuicios y oficio de remisión que fue presentada el 6 de marzo de 2025
ante la autoridad judicial accionada por la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz.

De otra parte, desestimó cualquier pronunciamiento sobre las pretensiones planteadas
por los terceros con interés que resultaron diferentes a la solicitud de amparo.

También, negó las solicitudes de desvinculación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, por su calidad de terceros interesados en el medio
de control de reparación directa.

Asimismo, sostuvo que el despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez de la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado contaba con legitimación
en la causa por pasiva debido a su participación dentro del incidente de liquidación de
perjuicios, pues fue ese despacho quien resolvió la apelación mediante auto del 11 de
octubre de 2023. Sin embargo, ordenó separarlo del conocimiento del asunto, por
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Otros

encontrarse impedido por la causal sexta del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal.

A su turno, frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, aseguró que la solicitud de amparo cumplía con ellos al considerar
que (i) “no existe recurso adicional idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante
alegar los reparos planteados vía tutela”; (ii) hubo un plazo razonable entre la fecha en
que se notificó la providencia acusada y la presentación de la tutea; (iii) no se controvierte
un fallo de tutela; y “la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
aparente afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia”.

Posteriormente, advirtió que, si bien la accionante no encuadró sus reparos en causales
específicas, de sus reparos se podía derivar que (i) la inconformidad frente al presunto
desconocimiento de las cesiones de crédito suscritas y autenticadas en notaria podía
estudiarse a través del defecto fáctico; y (ii) el cuestionamiento referente a que las
cesiones de crédito cumplían con los requisitos establecidos en el Código Civil, podía
analizarse mediante el defecto sustantivo.

En ese sentido, descendió a estudiar dichos defectos y sostuvo que la decisión judicial
no incurrió en defecto fáctico, pues el tribunal valoró las cesiones aprobadas en auto del
28 de octubre de 2024, aunque las revocó por conflictos entre particulares surgidos tras
ejecutoria de la sentencia, cuya solución correspondía a la jurisdicción ordinaria.

Igual resultado obtuvo el análisis respecto del defecto sustantivo, pues consideró que los
artículos invocados por la demandante no imponen al juez de lo contencioso
administrativo la obligación de pronunciarse sobre negocios jurídicos celebrados entre
particulares, que requieren notificación o aceptación por parte del deudor, trámite en el
cual no interviene el juez de reparación directa y que tal obligación resulta aún más
improcedente una vez surtido el curso completo del asunto.

Finalmente, el amparo del derecho de petición se fundamentó en que el auto del 17 de
marzo de 2025 dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca únicamente indicó que la petición elevada por la señora
Elizabeth Esther Caviedes Sáenz debía reiterarse por intermedio de apoderado judicial
ante la Secretaría de la Sección, sin efectuar la remisión directa que ordena el artículo 21
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
el cual impone a la autoridad que reconoce no ser la competente para absolver la petición
remitirla a la dependencia idónea e informar al peticionario.

4. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

4.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante presentó “recurso de
reposición en subsidio de apelación”17, en los siguientes términos:

[…] considero que hay afectaciones a mis garantías constitucionales. Esto ya que
la trayectoria procesal en el proceso No. 25000-23-26-000-1997-05432-01 ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tenido una serie de actuaciones que

17 Visto en el índice 85 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
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tienen merito para ser corregidas, esto no para beneficiar o perjudicar si no para
actuar conforme a la responsabilidad de implica un fallo o una sentencia, y
teniendo en cuenta a todas las partes actoras dentro de las diferentes etapas e
instancias del mencionado proceso (…).

Adicionalmente, hizo referencia al auto del 28 de octubre de 2024 proferido por el tribunal
accionado, así como el auto del 17 de marzo de 2025 acusado e indicó que se ratificaba
en la vulneración de sus derechos fundamentales conforme lo expuso en el escrito de
tutela.

4.2. El despacho de conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, allegó copia del 17 de octubre de 202518 en el que resolvió lo
siguiente:

Primero: Obedecer y cumplir lo dispuesto por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en decisión del 26 de septiembre de 2025, en los
términos expuestos en la parte motiva.

Segundo: A través de la Auxiliar Judicial del Despacho, remítase de manera
inmediata con destino a la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, la petición radicada por la señora Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
el 6 de marzo de 2025 visible en el índice 157 del expediente digital, en los
términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que conforme a lo
previsto en el artículo 114 del C.G.P. es dicha dependencia a la que le
corresponde resolver sobre la solicitud de copias impetrada por la citada señora.
Dejando las respectivas constancias en el expediente digital.

Tercero: Por Secretaría de la Sección, remítase copia de la presente decisión a
la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2025-01965-00, junto con el trámite de
remisión ordenado en el numeral anterior.

Cuarto: Comuníquese la presente decisión a la demandante Elizabeth Esther
Caviedes Sáenz. (…). (Negrillas del texto).

4.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió19 el recurso
de reposición y, en subsidio, el de apelación interpuestos contra la sentencia de tutela de
primera instancia proferida el 26 de septiembre de 2025.

Al respecto, por una parte, declaró improcedente el recurso de reposición, pues ninguna
norma expresa habilita la presentación de dicho recurso contra del fallo de tutela; y por
otra, frente al recurso de apelación, lo adecuó al trámite de una impugnación para
garantizar el debido proceso y, en tales términos, lo concedió.

18 Visto en el índice 86 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
19 Visto en el índice 89 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01965 00.
12

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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 20, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201521, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202122, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201923, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

5.2. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo expuesto en la impugnación, se advierte que la accionante se
ratificó en lo señalado en los escritos de tutela inicialmente presentados.

En ese sentido, y comoquiera que los reproches de la accionante estaban dirigidos, por
un lado, a las inconformidades planteadas en contras del auto del 17 de marzo de 2025
proferido por la autoridad judicial accionada; y por otro, por la presunta falta de respuesta
a su petición radicada el 6 de marzo de 2025, la Sala analizará cada uno de ellos por
separado.

5.2.1. Frente a los reproches en contra del auto del 17 de marzo de 2025 dictado
por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el incidente de regulación de perjuicios adelantado en el proceso de reparación
directa identificado con el radicado núm. 25000 23 26 000 1997 05432 01

En el asunto bajo examen, el a quo descendió al estudio de los defectos fácticos y
sustantivos que consideró invocó la accionante y negó la solicitud de amparo. Por tal
motivo, la Sala estima necesario determinar, en primer lugar, si en este evento se cumple
el requisito general de relevancia constitucional, y para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

20 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
21 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
22 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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5.2.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

5.2.1.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá en el
examen en el examen del primer y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) restringir
el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
los derechos fundamentales, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

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5.2.1.2.1. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
explicó que este primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe
involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental (…)”.

En esa medida, este primer criterio, supone que la acción de tutela que se promueva
contra una providencia judicial debe proponer un debate sobre el contenido, alcance o
goce de un derecho fundamental, pues sólo así se podrá establecer que el asunto es
evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que, quien interpone
una acción de tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada
lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel”.

El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias, consistente en que, para
superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos
fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que compone a la relevancia constitucional,
la parte interesada en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera la sentencia atacada
está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que
exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para
afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el
núcleo esencial del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a
las autoridades y a los particulares”24 y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte
del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin
el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que
caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia
fundamental”25.

Conforme lo expuesto, la Sala advierte que la accionante invocó la vulneración de sus
derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia proferida el 17

24 Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
25 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.

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Otros

de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que dispuso reponer el auto del 28 de octubre de 2024 y, en consecuencia
revocó las decisiones relacionadas con la anotación de la medida cautelar del Juzgado
27 Laboral de Bogotá, la aceptación de cesiones de crédito entre demandantes y con el
abogado Caviedes Pastor, y la orden de nueva oposición a cesiones mediante
apoderado.

Sin embargo, no cumplió con la exigencia de explicar los motivos por los cuales la
providencia atacada vulnera la faceta constitucional de estos derechos, puesto que no
identificó cuál de las garantías que componen el núcleo esencial resulta amenazada por
la providencia que controvierte, ni de lo expuesto se advierte prima facie que, en este
caso, la sentencia cuestionada comprometa o involucre el contenido de estos derechos
fundamentales, por lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista
constitucional.

En ese sentido, la Sala considera que el requisito general de relevancia constitucional no
se cumple frente a los derechos fundamentales invocados.

5.2.1.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” […]26.
(Subrayado fuera de texto).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, circunstancia que:

[…] excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que
dieron origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial […]. (Subrayado fuera de texto).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

26 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la parte accionante pretende que se revoque el auto del 17 de
marzo de 2025, proferido en el incidente de regulación de perjuicios del proceso de
reparación directa No. 25000-23-26-000-1997-05432-01 y que, en su lugar, se ordene la
expedición de constancias o certificaciones para el cobro de los contratos de cesión de
crédito otorgados a su favor por los demás demandantes, los cuales obran en el
expediente debidamente suscritos y autenticados notarialmente. A su juicio, dichas
cesiones reúnen los presupuestos de los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, los
cuales fueron pasados por alto por la autoridad judicial accionada al reponer el auto del
28 de octubre de 2024 y no aceptarlos.

Por lo tanto, es claro que la actora busca ventilar sus inconformidades frente a las
conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado, y que el
juez constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y distinta
resolución sobre el particular, lo que hace evidente que la solicitud de amparo se está
utilizando como una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente este
mecanismo excepcional de protección.

En esa medida, la Sala discrepa de la decisión adoptada por el a quo frente a los
reproches elevados por la parte actora contra la providencia judicial objeto de debate,
toda vez que, la solicitud de amparo no supera el requisito general de relevancia
constitucional, por lo que la acción de tutela se torna improcedente.

5.2.2. Frente al derecho de petición radicado por la accionante el 6 de marzo de
2025 ante la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el incidente de regulación de perjuicios adelantado en el proceso
de reparación directa identificado con el radicado núm. 25000 23 26 000 1997 05432
01

La Sala observa que Elizabeth Esther Caviedes Sáenz elevó petición el 6 de marzo de
2025 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en que solicitó copias de las
sentencias consideradas para la constancia de ejecutoria del 8 de noviembre de 2024, la
liquidación de perjuicios efectuada por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, y el oficio remisorio mediante el cual se entregó dicha constancia al apoderado
del Distrito de Bogotá.

La accionante alegó que, a la fecha de radicación de esta acción de tutela (28 de marzo
de 2025), no había recibido respuesta por parte del tribunal accionado, por lo que
consideró vulnerado su derecho fundamental de petición.

Sobre el ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Sala de
Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de petición no es
procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho
cometido.

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01965 01
Accionante: Elizabeth Esther Caviedes Sáenz
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y
Otros

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si
el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas,
pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.

Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 200827, precisó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento
de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en
el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse
dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.
Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar

27 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.

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gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento
de la actividad judicial (Negrilla fuera del texto)

En el caso sub examine, se advierte que la solicitud radicada por la accionante el 6 de
marzo de 2025 comporta que la autoridad judicial accionada se pronuncie sobre una
cuestión inherente al trámite de un proceso judicial, la cual debe ser atendida y resuelta
con sujeción a los procedimientos legalmente establecidos para el acceso a expedientes
y la expedición de copias.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que el amparo solicitado resulta improcedente
respecto del derecho fundamental de petición invocado28.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto previamente, de la revisión del expediente, la
Sala observa que mediante auto del 17 de marzo de 2025 29 la autoridad judicial
accionada se refirió a la solicitud presentada por Elizabeth Esther Caviedes Sáenz, en
los siguientes términos:

(…) Tercero: Que la solicitud de copias elevada por los señores Elizabeth Esther
Caviedes Sáenz, Carmen Alicia Rodríguez, Arsenio Guerrero, Sandra Milena
Guerrero, Teodolinda Guerrero y Carlos Guerrero Rodríguez sean impetradas
través del apoderado de los citados ante la secretaria de la Sección Tercera del
Tribunal, a quien corresponde resolver sobre su expedición (…). (Negrillas propias
del texto).

Por lo tanto, se advierte que, desde antes de presentar la acción de tutela, la autoridad
judicial accionada ya se había pronunciado frente a la solicitud de la accionante.

En consecuencia, la Sala revocará el fallo de tutela proferido por el a quo y, en su lugar,
declarará improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 26 de septiembre de 2025 por la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Elizabeth Esther Caviedes Sáenz,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

28 Esta postura ha sido reiterada por esta Sección, Consejo de Estado- Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, expediente núm. 11001-03-15-
000-2025-06426-00, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
29 Visto en el índice 169 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del incidente de regulación de

perjuicios del proceso de reparación directa con radicado nro. 25000-23-26-000-1997-05432-01.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 26
de febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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