Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06426-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06426-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06426-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: CARLOS AUGUSTO AGUILAR RODAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Tema: DERECHO DE PETICIÓN. Se declara improcedente el mecanismo
de amparo frente al derecho de petición - se declara la carencia actual de
objeto por hecho superado frente a los demás derechos.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Carlos Augusto Aguilar Rodas solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y dignidad humana cuya vulneración le atribuyó a la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la “[…] exigencia de comparecencia personal impuesta por el Tribunal […]” para
la “[…] entrega de copia puntual de documentos […]” del expediente de la acción
de nulidad y restablecimiento de derecho con número de radicación 25000-23-25-
000-2002-07612-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que el 24 de septiembre de 2025 solicitó ante la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
“[…] a) Se me expida copia auténtica del derecho de petición radicado por mi
apoderado dentro del expediente 2002-7612.
b) Se me certifique si el Ejército Nacional de Colombia o el Ministerio de
Defensa dieron respuesta a dicho derecho de petición y se allegue copia de la
misma, en caso de existir.
c) Se me certifique si la parte demandada (Ejército Nacional / Ministerio de
Defensa) dio contestación a la demanda dentro del expediente 2002-7612, y en
caso afirmativo, se me entregue copia […]”. [Negrilla original del texto].
2.2. Refirió
que mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2025, la
Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le
informó que:
“[…] el expediente de la referencia se encuentra archivado, por lo tanto, se
indica que para solicitar el desarchive del mismo se puede acercar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Diagonal 22 B Nº 53-02 Torre C-D, Tel:
4233390 ext. 8045-8044, Bogotá D.C., y dirigirse a la oficina de Gestión
Documental con el fin de tener acceso al expediente y verificar la información
que usted requiere […]”
2.3. Manifestó que “[…] no cuento con empleo ni ingresos estables y que carezco de
recursos económicos para cubrir los gastos de transporte, alimentación y
alojamiento que implica un viaje a Bogotá, por lo cual me resulta imposible
desplazarme hasta las oficinas del Tribunal […]”.
2.4. Resaltó que su solicitud “[…] no exige el desarchivo total del expediente, sino la
entrega de copia puntual de documentos y la confirmación sobre la eventual
respuesta del Ejército Nacional, trámites que pueden y deben ejecutarse por
medios electrónicos cuando el peticionario carece de recursos para desplazarse
[…]”.
2.5. Señalóque exigirle la comparecencia personal ante el Tribunal vulnera sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se tutele mi derecho fundamental de petición, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.
2. Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección A, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia remita por correo
electrónico a la dirección carlosaugustoaguilarrodas@gmail.com copia del
derecho de petición presentado por mi apoderado en el proceso No.
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Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
25000232500020020761201 y que informe si el Ejército Nacional dio o no
respuesta a dicha petición.
3. Que se PREVENGA al Tribunal para que, en lo sucesivo, habilite medios
electrónicos y procedimientos que permitan el acceso efectivo a documentos
archivados para personas con limitaciones económicas, evitando imponer
cargas desproporcionadas.
4. Que se condene en costas si la conducta del accionado se configura como
actuación arbitraria y contraria a derecho […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 17 de octubre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como tercero
con interés directo en el resultado del proceso a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegó el siguiente informe:
5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca informó que el expediente núm. 25000-23-25-000-2002-07612-01
fue archivado desde el 2 de julio de 2008, razón por la cual el expediente dejó de
estar en custodia de ese Tribunal, lo que indica que las solicitudes que se presenten
requieren “[…] adelantar el trámite correspondiente para desarchivar el informativo,
verificar las piezas procesales de interés, digitalizarlas y disponer su remisión al
petente […]”.
5.2. Indicó que “[…] se coordinó con la Secretaría de la Subsección el desarchivo
inmediato del expediente, para verificar lo requerido y entregar la respuesta que
procuró el actor, con la novedad de que, revisados uno a uno los folios que integran
el expediente físico 25000-23-25-000-2002-07612-01, no se logró ubicar la referida
petición […]”.
5.3. Solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
mediante Oficio núm. TAC-D08-AJQG-032-25, notificado por correo electrónico el
24 de octubre de 2025 se dio respuesta al accionante.
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Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Problema jurídico
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) La procedencia del ejercicio del derecho de petición ante autoridades
judiciales.
b) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
VI.3. Caso concreto
8. El señor Carlos Augusto Aguilar Rodas solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y dignidad humana cuya vulneración le atribuyó a la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la “[…] exigencia de comparecencia personal impuesta por el Tribunal […]” para
la “[…] entrega de copia puntual de documentos […]” del expediente de la acción
de nulidad y restablecimiento de derecho con número de radicación 25000-2325-
000-2002-07612-01.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
VI.3.1. Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales
9. Esta Sala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho
de petición no es procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte
de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los
trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se
encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el
segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
10. Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 20087, precisó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el
criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio
del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de
un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por
fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia,
pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso
judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales
en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato
judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida
a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir
transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;
pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces
pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de
otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las
normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso
Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones
judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del
proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)
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Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los
cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del
accionante en detrimento de la actividad judicial […]”. (Negrilla fuera del texto)
11. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el señor Carlos Augusto
Aguilar Rodas solicitó dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 25000-23-25-000-2002-07612-01, la remisión de copias auténticas y
la certificación de actuaciones surtidas al interior del proceso.
12. Como se puede apreciar, la citada solicitud implica que la autoridad judicial
accionada decida sobre una cuestión propia del proceso judicial, la cual debe ser
dirimida conforme a los procedimientos legales previstos para tal fin.
13. En ese sentido, la Sala considera improcedente el amparo solicitado respecto al
derecho de petición alegado.
VI.3.2. De la configuración de un hecho superado frente a los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
14. En el presente proceso el accionante indicó que el 24 de septiembre de 2025
radicó ante la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la
siguiente solicitud:
“[…] a) Se me expida copia auténtica del derecho de petición radicado por mi
apoderado dentro del expediente 2002-7612.
b) Se me certifique si el Ejército Nacional de Colombia o el Ministerio de
Defensa dieron respuesta a dicho derecho de petición y se allegue copia de la
misma, en caso de existir.
c) Se me certifique si la parte demandada (Ejército Nacional / Ministerio de
Defensa) dio contestación a la demanda dentro del expediente 2002-7612, y en
caso afirmativo, se me entregue copia […]”. [Negrilla original del texto].
15. A su vez señaló que, mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2025,
la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
le informó que:
“[…] el expediente de la referencia se encuentra archivado, por lo tanto, se
indica que para solicitar el desarchive del mismo se puede acercar al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Diagonal 22 B Nº 53-02 Torre C-D, Tel:
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
4233390 ext. 8045-8044, Bogotá D.C., y dirigirse a la oficina de Gestión
Documental con el fin de tener acceso al expediente y verificar la información
que usted requiere […]”.
16. El accionante manifestó que exigirle la comparecencia personal ante el Tribunal,
para que se le expidan las copias y certificaciones, vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
17. Al respecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que mediante Oficio núm. TAC-D08-AJQG-032-25 notificado por correo
electrónico el 24 de octubre de 2025 dio respuesta a la solicitud en los siguientes
términos:
“[…] A la solicitud: “a) Se me expida copia auténtica del derecho de petición
radicado por mi apoderado dentro del expediente 2002-7612.”
Respuesta: Le informo que, una vez desarchivado el expediente 25000-23-25-
000-2002- 07612-01, y revisados uno a uno sus folios, salvo las distintas piezas
procesales que conforman dicho proceso, no se encontró evidencia o soporte de
alguna solicitud presentada por usted o algún apoderado que hubiese constituido.
A la solicitud: “b) Se me certifique si el Ejército Nacional de Colombia o el
Ministerio de Defensa dieron respuesta a dicho derecho de petición y se allegue
copia de la misma, en caso de existir.”
Respuesta: Teniendo en cuenta que no se logró ubicar la petición aludida, puesto
que no se indicó la fecha de radicación, número de consecutivo o su contenido,
resulta imposible certificar si el Ejército Nacional o el Ministerio de Defensa
Nacional respondieron el requerimiento aludido.
A la solicitud: “c) Se me certifique si la parte demandada (Ejército Nacional /
Ministerio de Defensa) dio contestación a la demanda dentro del expediente 2002-
7612, y en caso afirmativo, se me entregue copia.”
Respuesta: Al respecto se le informa que, verificado el expediente y su
trazabilidad en las plataformas Consulta de Procesos y SAMAI, así como en el
auto del 3 de marzo de 2006 y la sentencia del 15 de mayo de 2008, se estableció
que la parte demandada dentro del proceso 25000-23-25-000-2002-07612-01, no
ejerció su derecho a la defensa mediante la respectiva contestación de la
demanda.
Teniendo en cuenta lo anterior y, en consideración a la ambigüedad del objeto de
su petición del 25 de septiembre de 2025, le remito en archivo adjunto, copia
digitalizada y completa del expediente 25000-23-25-000-2002-07612-01 para su
consulta, el cual también podrá revisar en la plataforma SAMAI, introduciendo el
siguiente enlace en el navegador de internet de su preferencia, así como los
caracteres de validación de seguridad que allí aparecerán. […]”
18. Para tal efecto, el Tribunal allegó copia de la constancia de notificación del oficio
mencionado supra al accionante:
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
19. Así las cosas, en criterio de la Sala se ha configurado la carencia actual de objeto
por hecho superado porque en el trámite de esta acción constitucional8 la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
adelantó las actuaciones procesales respectivas remitiéndole copia total del
expediente para su revisión.
20. En razón a lo anterior, la Sala concluye que se satisfizo lo pretendido en el escrito
de tutela.
21. En tal sentido, es de resaltar que la Corte Constitucional, ha entendido el
concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor […]”9.
22. El accionante mediante escrito de 30 de octubre de 2025 informó haber recibido
la respuesta a la petición, sin embargo, expuso:
“[…] 2. En dicha comunicación, el Tribunal reconoce expresamente que dentro del
expediente 2002-7612, correspondiente a mi demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ejército Nacional – Ministerio de Defensa,
la parte demandada no contestó la demanda, es decir, no ejerció su derecho
de defensa.
Este reconocimiento es de gran relevancia jurídica, ya que confirma que la
entidad demandada guardó silencio procesal, y que la sentencia que me
fue desfavorable se profirió sin contradicción de la parte contraria, lo cual
constituye vulneración al debido proceso.
3. No obstante, el Tribunal también afirma que no encontró constancia de un
derecho de petición radicado en 2002 por mi apoderado dentro del expediente.
Sin embargo, en la página 8 del archivo digital remitido por el mismo Tribunal,
aparece el sello de recibido del Ejército Nacional, fechado 27 de febrero de
8
La acción de tutela se presentó el 14 de octubre de 2025.
9
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Exp. T-7.084.677, Sentencia T-342 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; 19 de julio de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
2002, suscrito por la Cabo Primero Liliana, lo cual desvirtúa la afirmación del
Tribunal.
4. Por lo tanto, la respuesta del Tribunal, aunque fue emitida, resulta incompleta
e inexacta, vulnerando el derecho fundamental de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1755 de 2015, al
no resolver de manera clara, veraz y congruente lo solicitado.
5. También se debe tener en cuenta Artículo 16, parágrafo único, de la Ley 1437
de 2011 (CPACA) […]”
23. De lo anterior, la Sala advierte que lo expuesto en dicho memorial no desvirtúa
la carencia actual de objeto por hecho superado expuesta supra, en la medida en
que el Tribunal en razón a la “[…] ambigüedad del objeto […]” de lo solicitado,
remitió copia digitalizada y completa del expediente requerido para la consulta del
accionante.
24. Debido a lo anterior la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente a la
presunta vulneración del derecho de petición, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente al
derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06426-00
Accionante: Carlos Augusto Aguilar Rodas
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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