Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07716-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07716-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07716-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07716-00
Accionante: Alfonso Manuel Payares Villarreal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y
Secretaría General- Oficina de Archivo
Acción: Acción de tutela-Primera Instancia
Tema: Derecho de petición- desarchivo de expediente y copias
Decisión: Niega la acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Alfonso Manuel Payares
Villarreal, en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y la
Secretaría General del Consejo de Estado - Oficina de Archivo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Alfonso Manuel Payares Villarreal, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra del Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección B y la
Secretaría General del Consejo de Estado-Oficina de Archivo, y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
[…] 1En un término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la sentencia, EMITA RESPUESTA DE FONDO,
CLARA Y OPORTUNA a la solicitud presentada por el señor Alfonso Manuel
Payares Villarreal el 28 de octubre de 2025.
2. La respuesta deberá contener la información solicitada: - El número completo y
actualizado del radicado del proceso 110010325000201200459 00 (1902-2012). -
La COPIA DIGITAL O ESCANEADA COMPLETA del expediente, la cual deberá
ser remitida al correo electrónico del accionante: alfomapavi@gmail.com, o en su
defecto, justificar de manera motivada y legal las razones específicas por las
cuales no es posible el envío digital, indicando la fecha y forma en que se
garantizará el acceso a las copias solicitadas. […] (Mayúscula del texto original de
tutela.)
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07716 00.
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Accionante: Alfonso Manuel Payares Villarreal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que es demandante en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Ministerio de Defensa- Policía Nacional, por ello, presentó derecho
de petición al Consejo de Estado- Sección Segunda, el día 28 de octubre de 2025.
Relató que el objeto de la solicitud es acceder y obtener copia del expediente con
radicado nro. 110010325000201200459 00 (1902-2012).
El accionante narró que2:
[…]El demandante solicitó específicamente que se le informara: o El número
completo del radicado asignado al proceso. o La posibilidad de recibir copia digital
o escaneada del expediente en su correo electrónico: alfomapavi@gmail.com.
[…].
Alegó que3:
[…]A la fecha de interposición de esta acción (3 de diciembre de 2025), han
transcurrido más de treinta (30) días hábiles desde la presentación de la petición,
superando el término legal para que la entidad accionada resuelva de fondo y de
manera oportuna la solicitud.
Concluyó que4:
La falta de respuesta constituye una violación directa al derecho fundamental de
petición (Art. 23 C.P.) al impedir al ciudadano obtener una respuesta clara y de
fondo sobre el estado y la posibilidad de acceso a la documentación de un proceso
judicial en el que es parte.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 3 de diciembre de 20255 a través del aplicativo de recepción
de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a
esta Sección que, por auto del 10 de diciembre de 20256 la admitió y dispuso notificar7 a
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Secretaría General del
Consejo de Estado y la Oficina de Archivo del Consejo de Estado, como parte accionada;
así como vincular8 a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como
tercero con interés directo en el resultado del proceso.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 07716 00.
6 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 07716 00.
7 Esta orden se cumplió el 10 de diciembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 07716 00.
8 Ibidem.
2
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Accionante: Alfonso Manuel Payares Villarreal
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3.2. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado9 allegó escrito en el que
indicó que dio respuesta a la solicitud presentada por el actor el mismo día de su
radicación, informándole los datos de archivado del expediente para efectos de
trazabilidad, así como los costos de reproducción, de conformidad con el cuadro de tarifas
vigentes para copias, escaneo y gastos de envío.
Asimismo, precisó que a la parte actora se le indicó el procedimiento a seguir para
continuar con el trámite correspondiente.
Resaltó que10:
Hasta la fecha, no se ha recibido la confirmación del accionante (aceptación de costos y
modalidad de entrega), requisito indispensable para concluir la cotización y expedir las
copias solicitadas. La Secretaría ha permanecido disponible en los canales institucionales
para resolver cualquier inquietud y proceder de inmediato una vez se reciba la
confirmación.
Concluyó su intervención señalando que la respuesta brindada al derecho de petición
presentado por el accionante fue oportuna, y que la materialización del servicio solicitado
requiere la aceptación expresa, por parte del actor, de los costos y de la modalidad de
prestación, confirmación que no ha sido recibida por la Secretaría.
3.3. La Secretaría General del Consejo de Estado rindió informe11 donde solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.
Anotó que12:
Por lo expuesto, esta Secretaría recibió la solicitud a la que se refiere el accionante
y la remitió a la secretaría competente dentro de los 5 días hábiles siguientes a su
recepción y, en esa medida, actuó conforme al ordenamiento legal en el trámite
de la solicitud.
3.4. La Oficina de Archivo y la Sección Segunda -Subsección B del Consejo de Estado
guardaron silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del
9 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 07716 00.
10 Ibidem.
11 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 07716 00.
12 Ibidem.
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Accionante: Alfonso Manuel Payares Villarreal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:
4.2.1. El señor Alfonso Manuel Payares Villarreal, presentó derecho de petición el 28 de
octubre de 2025, a la Secretaría General del Consejo de Estado y a la Secretaría de la
Sección Segunda de esta Corporación, en donde solicitó i) el número de radicado
asignado al proceso y ii) la posibilidad de recibir copia digital del expediente de su interés.
4.2.2. El 28 de octubre de 2025, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado dio respuesta a la solicitud del actor, señalando los precios establecidos para el
desarchivo y folios del expediente requerido, como lo indicó:
4.3. CUESTIÓN PREVIA
Frente a la solicitud de desvinculación de la Secretaría General del Consejo, la Sala
advierte que la misma no está llamada a prosperar, por cuanto dicha entidad fue
vinculada al trámite de tutela al ostentar interés en el resultado del proceso, toda vez que
el derecho de petición fue elevado también a esa dependencia.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
4.4.1. Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales
Esta Sala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de
petición no es procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un
juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para
lograr dicho cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si
el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas,
pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 200818, precisó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 Visto en los índices 2 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2025 07716 00.
18 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento
de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en
el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse
dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.
Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento
de la actividad judicial (Negrilla fuera del texto)
Descendiendo al análisis del caso concreto, se advierte que el accionante solicitó lo
siguiente:
1. El numero [sic] completo del radicado asignado al proceso.
2. La posibilidad de recibir copia digital o escaneada del expediente por este
mismo correo electrónico alfomapavi@gmail.com.
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Dicha solicitud comporta que la autoridad judicial accionada se pronuncie sobre una
cuestión inherente al trámite de un proceso judicial, la cual debe ser atendida y resuelta
con sujeción a los procedimientos legalmente establecidos para el acceso a expedientes
y la expedición de copias.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el amparo solicitado resulta improcedente
respecto del derecho fundamental de petición invocado19.
Ahora bien, de la respuesta emitida a la solicitud antes referida, y conforme a los medios
de prueba aportados por la entidad accionada, se evidencia que esta dio oportuna
contestación al actor, informándole que20:
[…] En respuesta a su solicitud de copia del expediente con radicado
11001032500020120045900 (Número Interno 1902-2012), le informamos que
actualmente el mismo se encuentra en la oficina de archivo del Consejo de Estado.
Para continuar con el trámite, es necesario realizar el pago del desarchivo. A
continuación, se detallan las tarifas establecidas por el Acuerdo PCSJA23-12106
del 31 de octubre de 2023:
Copias simples físicas: $200 por folio
Copias simples digitales: $300 por folio
Copias auténticas: $300 por folio
Copias en DVD: $1.700
Desarchivo: $8.250
El pago debe realizarse en el Banco Agrario, cuenta corriente No. 3-082-00-
00636-6, convenio 13476, a nombre de la Rama Judicial - Cuenta Única Nacional.
Adjunte el comprobante de pago al correo ces2secr@consejodeestado.gov.co
o por ventanilla virtual.
Una vez recibido el pago, le informaremos el valor total de las copias. Le
agradecemos indicar si requiere copias simples o auténticas de todo el
expediente o solo de folios específicos. El expediente permanecerá en
Secretaría por ocho (8) días hábiles desde su recepción, tiempo durante el cual
podrá consultarlo o tomar fotografías si lo desea. Cumplido este plazo, será
devuelto al archivo.
Quedamos atentos a su respuesta para continuar con el trámite. […] (Negrilla del
texto original.)
De igual manera, se tiene que la parte vinculada allegó prueba que acredita la remisión
de la respuesta al señor Alfonso Manuel Payares Villarreal el mismo 28 de octubre de
2025, a la dirección electrónica alfomapavi@gmail.com, esto es, el correo reportado por
el propio accionante en el escrito de tutela y utilizado en la solicitud elevada.
Lo anterior se constata, en la respuesta emitida a la parte accionante, en la que se
observa el envío del mensaje de datos a dicha cuenta de correo electrónico21:
19 Esta postura ha sido reiterada por esta Sección, Consejo de Estado- Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, expediente núm. 11001-03-15-
000-2025-06426-00, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
20 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 07716 00.
21 Ibidem.
6
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Accionante: Alfonso Manuel Payares Villarreal
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En el escrito de tutela, el actor sostiene que no ha recibido respuesta a su solicitud. No
obstante, del material probatorio se advierte que dicha petición sí fue oportunamente
atendida, informándole, además, los valores correspondientes al desarchivo del
expediente requerido.
De otro lado, habida cuenta de que el trámite solicitado exige, como presupuesto sine
qua non, el pago previo de los costos asociados a folios, copias y desarchivo, el cual
debe efectuarse ante la entidad bancaria correspondiente, resulta indispensable que el
accionante realice dicho pago y manifieste su consentimiento expreso. Solo así la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado podrá continuar con la
actuación administrativa, esto es, adelantar el desarchivo y proceder a la remisión del
expediente solicitado.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
7
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 07716 00
Accionante: Alfonso Manuel Payares Villarreal
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría General
del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 5 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
8
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