Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04159-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04159-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-04159-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 04159 00
Accionante: Daniel Ricardo Ramírez Roldán
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Derecho fundamental de petición
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Daniel Ricardo Ramírez Roldan
en contra del Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá1 – Centro de Documentación
Judicial – Grupo Archivo Central Bogotá2.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de las
referidas autoridades, y para ello, formuló las siguientes pretensiones3:
1. Se declare que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera -
Subsección B, el Consejo de Estado - Sección Tercera – Bogotá, Archivo, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ), ha vulnerado mi derecho fundamental de
petición.
2. Se tutele mi derecho fundamental de petición.
3. Como consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera - Subsección B, al Consejo de Estado - Sección Tercera – Bogotá,
Archivo y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ), que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establecen la
normatividad y la jurisprudencia colombianas.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que el 23 de febrero de 2026 presentó derecho de petición ante
varias dependencias de la Rama Judicial, entre ellas el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el Consejo de Estado, la Dirección Seccional y el CENDOJ, con el fin de
1 En adelante la Dirección Seccional.
2 En adelante CENDOJ.
3 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04159 00.
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Accionante: Daniel Ricardo Ramírez Roldán
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección C y otros
obtener copias del expediente identificado con el radicado núm. 25000 23 26 000 2003
00759 01, correspondiente a la acción de reparación directa promovida por su padre,
Ricardo Ramírez Ibáñez (Q.E.P.D.).
Explicó que la solicitud obedecía al interés suyo y de su familia de conocer las
actuaciones y decisiones adoptadas dentro de dicho proceso judicial.
Indicó que el 24 de febrero de 2026, el Grupo de Archivo Central de Bogotá le informó
que el expediente había sido archivado en la Caja núm. 756, según la información
consultada en los registros de la Rama Judicial, sin suministrarle mayores detalles sobre
el acceso a las copias solicitadas.
Manifestó que, ante la ausencia de una respuesta de fondo, el 4 de marzo de 2026 reiteró
su solicitud a través de la plataforma SAMAI, donde fue registrada bajo el radicado
2633265. Sin embargo, afirmó que desde la presentación de dicha petición y hasta la
fecha de la presentación de la acción constitucional no había recibido una respuesta
sustancial sobre lo solicitado, por lo que consideró que las autoridades accionadas
desconocieron los términos legales y constitucionales previstos para la atención de los
derechos de petición y vulneraron su derecho fundamental de acceso a la información
requerida.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada el 29 de mayo de 20264 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 2 de junio de 20265 la admitió y dispuso notificar6 al Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección C, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección B, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá - Centro de Documentación Judicial - Grupo Archivo Central Bogotá,
como autoridades accionadas.
3.2. La directora del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo Superior
de la Judicatura rindió informe7 en el que indicó que no es responsable de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegada por el accionante, pues no recibió ni
conoció la solicitud objeto de la tutela, razón por la cual solicitó que se declare su falta de
legitimación en la causa por pasiva, se le desvincule del proceso y se nieguen las
pretensiones formuladas en su contra.
3.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá allegó escrito8 en el que
señaló que aún se encuentra recopilando información del Archivo Central para verificar
la atención brindada a la solicitud del accionante y dar respuesta de fondo a los hechos
objeto de la tutela, por lo que adelanta las gestiones necesarias para garantizar sus
derechos fundamentales y cumplir las órdenes judiciales que correspondan.
4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04159 00.
5 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04159 00.
6 Esta orden se cumplió el 4 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04159 00.
7 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04159 00.
8 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04159 00.
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Accionante: Daniel Ricardo Ramírez Roldán
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección C y otros
3.4. La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca9
presentó informe donde indicó que el expediente del proceso de reparación directa con
radicado núm. 25000 23 26 000 2003 00759 01 fue archivado físicamente desde el 30 de
noviembre de 2015 en el Archivo de Descongestión.
Adujo que el accionante presentó el 4 de marzo de 2026 una solicitud de expedición de
copias a través de la Ventanilla Virtual del aplicativo SAMAI; sin embargo, dicha
radicación no contenía documento, memorial ni soporte alguno que permitiera identificar
con claridad el alcance de la petición o los documentos requeridos.
Asimismo, señaló que el accionante no figura como parte dentro del proceso ni existe
actuación de apoderado que lo represente, por lo que no era posible reconocerle
intervención procesal. Agregó que, tras revisar el expediente, no encontró documentos
que acreditaran o sustentaran la solicitud de copias mencionada por el actor,
circunstancia que impidió darle trámite oportuno.
Por estas razones, sostuvo que no incurrió en ninguna acción u omisión vulneradora de
derechos fundamentales y solicitó negar las pretensiones de la tutela respecto de esa
dependencia.
3.5. La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 10 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
El Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en el informe
rendido dentro del presente trámite, solicitó su desvinculación de la acción constitucional
de la referencia. Al respecto, la Sala considera que no hay lugar a acceder a dicha
solicitud, toda vez que su vinculación obedeció a que el accionante lo señaló como una
de las autoridades presuntamente responsables de la vulneración de su derecho
fundamental de petición.
9 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 04159 00.
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Accionante: Daniel Ricardo Ramírez Roldán
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En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria no solo para garantizar
la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para asegurar el
respeto de los principios de contradicción y defensa, permitiéndole pronunciarse frente a
los cargos formulados por la parte accionante.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
4.3.1. Del ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales
Esta Sala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de
petición no es procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un
juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para
lograr dicho cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si
el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas,
pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 200814, precisó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento
de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en
el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse
dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las
14 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.
Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento
de la actividad judicial (Negrilla fuera del texto)
Descendiendo al análisis del caso concreto, la Sala advierte que dentro del acervo
probatorio no obra la petición que el accionante afirma haber presentado el 23 de febrero
de 2026 ante las entidades accionadas. No obstante, sí aportó copia de un mensaje de
datos con asunto “Acuso solicitud de copias en Rad. 25000232600020030075901”
enviado el 5 de marzo de 2026 desde el correo electrónico de notificaciones de SAMAI
al correo electrónico del accionante, tal como se evidencia a continuación:
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Conforme lo anterior, la Sala consultó, a través del aplicativo SAMAI, el expediente
identificado con el radicado núm. 25000 23 26 000 2003 00759 01 y evidenció que en el
índice núm. 47 aparece registrada una solicitud presentada por el accionante, así:
De lo anterior, es posible advertir que, el 4 de marzo de 2026, por medio del aplicativo
SAMAI, el accionante solicitó la expedición de copias simples de la totalidad del citado
expediente, solicitud a la que se le asignó el código núm. 2633265 y fue repartida al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ese sentido, la Sala considera que la solicitud elevada por el accionante se encuentra
directamente relacionada con el acceso a un expediente judicial y la expedición de copias
de las actuaciones que lo integran, asunto que corresponde al ámbito propio de la gestión
y trámite de un proceso judicial. Por tal razón, su atención y resolución deben surtirse
conforme a los procedimientos y reglas previstos por el ordenamiento jurídico para el
acceso a los expedientes judiciales y la expedición de copias.
En consecuencia, la controversia planteada no involucra una actuación de carácter
administrativo susceptible de protección a través del derecho fundamental de petición,
sino una solicitud vinculada a una actuación judicial que debe ser atendida por la
autoridad competente dentro de los cauces procesales correspondientes.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el amparo solicitado resulta improcedente
respecto del derecho fundamental de petición invocado, por cuanto la solicitud formulada
se enmarca en una actuación judicial sometida a reglas y procedimientos específicos,
cuya resolución corresponde a la autoridad judicial competente, sin que se advierta una
vulneración autónoma del derecho de petición susceptible de ser amparada por vía de
tutela15.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, por las razones expuestas en la esta providencia.
15 Esta postura ha sido reiterada por esta Sección en diferentes oportunidades. Al respecto, ver: (i) Consejo
de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de noviembre de 2025. Radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-06426-00. Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes; (ii) Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 5 de febrero de 2026. Radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07716 00. Consejero
Ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04159 00
Accionante: Daniel Ricardo Ramírez Roldán
Accionados: Consejo de Estado - Sección Tercera – Subsección C y otros
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 25 de
junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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