Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00349-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00349-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00349-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00349 00
Accionante: Alexis Mora Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y Otro.
Acción: Acción de tutela
Tema: Petición presentada ante autoridad judicial
Decisión: Declara la improcedencia de la solicitud de amparo y se
declara la carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Alexis Mora Valencia en contra
del Tribunal Administrativo de Córdoba y el Ministerio de Defensa Nacional, con ocasión
a la presunta falta de respuesta a la solicitud de expedición de copias auténticas y
constancia de ejecutoria de las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 23001 23 31 000 2010 004000 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Alexis Mora Valencia, actuando a través de apoderado, promovió acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba y el Ministerio de Defensa
Nacional, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
[…] se tutelen los derechos fundamentales invocados como vulnerados y como
consecuencia de esa declaración se ordene a la Corporación judicial accionada
que en un termino perentorio, resulta de fondo de manera definitiva la solicitud de
constancia de ejecutoria de la sentencia proferida en segunda instancia por la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de mayo de 2025, en el expediente
radicado 23001233100020100040000.
Se disponga igualmente que la demora en la presentación de la referida
constancia no puede conllevar al desistimiento de la solicitud presentada el 9 de
diciembre de 2025.
Así mismo, ruego se adopten las medidas o correctivos que se estimen
procedentes o necesarios para garantizar el restablecimiento de los derechos
fundamentales de la [sic] accionante y el cese en su vulneración […].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que promovió acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
de Córdoba y el Ministerio de Defensa Nacional con el fin que resuelva de fondo y de
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2026 00349 00.
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Accionante: Alexis Mora Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
manera definitiva la solicitud de expedición de constancia de ejecutoria de la sentencia
del 19 de mayo de 2025, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el
núm. de radicado 23001 23 31 000 2010 004000 00/01
Señaló que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2,
mediante sentencia del 30 de mayo de 2019, modificada por la sentencia del 19 de mayo
de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, declaró
patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por
las lesiones que padeció el señor Alexis Mora Valencia el 22 de octubre de 2008, con
ocasión de la activación de una mina antipersonal instalada por las FARC.
Manifestó que la sentencia quedó ejecutoriada el 8 de julio de 2025 y que el expediente
regresó al Tribunal Administrativo de Córdoba el 22 de julio de ese mismo año.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2025 ingresó al despacho para emitir el auto de
«estese a lo dispuesto por el superior»
Relató que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del CPACA, el 9 de
septiembre de 2025 solicitó la expedición de copias auténticas de las sentencias con la
constancia expresa de ejecutoria; sin embargo, no recibió respuesta, por lo que el 10 de
noviembre y el 15 de diciembre de 2025 reiteró dicha solicitud.
Indicó que el 9 de diciembre de 2025 radicó ante el Ministerio de Defensa la respectiva
cuenta de cobro, adjuntando «copias informales» obtenidas de la plataforma Samai.
Frente a ello, mediante oficio del 12 de diciembre de 2025, el Ministerio requirió allegar
la constancia de ejecutoria de la sentencia para continuar con el procedimiento de
asignación de turno para pago, advirtiendo que, de no cumplirse, se declararía el
desistimiento tácito de la solicitud.
En virtud de lo anterior, el accionante solicitó nuevamente al Tribunal Administrativo de
Córdoba la expedición de la constancia de ejecutoria de la sentencia mencionada el 15
de enero de 2026.
Teniendo en cuenta lo anterior, el accionante alegó que:
[…] resulta evidente la transgresión de los derechos fundamentales enunciados,
en tanto que, el Tribunal accionado a ignorado y/o echado de menos las solicitudes
que se le han formulado con el ánimo de contar con el insumo requerido por la
entidad pública condenada para proceder con la sentencia que le ordena reparar
al accionante, sin que se haya notificado a éste o al suscrito abogado respuesta
alguna que justifique o respalde dicha dilación.
En cuanto al reproche que puede formularse en contra de la cartera Ministerial
accionada, debemos señalar que pese a que se ha indicado que se ha solicitado
en sendas oportunidades la constancia exigida, no se ha cumplido con ese
requerimiento, por una situación que no le es atribuible al actor, por lo que
consideramos no debe ser tenida en cuenta esa circunstancia para que se
indilguen efectos adversos como puede ser el desistimiento de la solicitud
presentada el 9 de diciembre de 2025 y por cuenta de esto la perdida de los
intereses por no presentar de manear oportuna la cuenta de cobro […] (SIC a toda
la cita).
2 En virtud del Acuerdo PCSJA18-11134 del 31 de octubre de 2018 y mediante Oficio SGTAC-554 el
Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba remitió el 21 de noviembre de 2018 el expediente al
Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Accionante: Alexis Mora Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 21 de enero de 20263 a través de la ventanilla virtual de esta
Corporación y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 27 de enero de
20264 requirió al señor John Jairo Colorado Villa, para que, indicara en que calidad
presentaba la acción de tutela, frente a ello, el 30 de enero de 20265 allegó la información
solicitada. Por lo tanto, a través de auto del 11 de febrero de 20266 la admitió y dispuso
notificar7 al Tribunal Administrativo de Córdoba y a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional, como parte accionada.
3.2. La secretaria del Tribunal Administrativo de Córdoba allegó escrito8 en el que
manifestó que:
Revisado el sistema SAMAI, se observa que el expediente llegó del Consejo de
Estado en fecha 22-07 2025 e ingresó al Despacho 01 del Tribunal Administrativo
de Córdoba para obedecer y cumplir lo resuelto por el superior en fecha 25-08-
2025, siendo recibidas todas las peticiones de constancia de ejecutoria cuando se
encontraba el expediente a Despacho, situación que no le permitió a esta
Secretaría emitir la constancia solicitada, es por ello, que una vez se profirió dicha
actuación se procedió a la expedición de la constancia de ejecutoria y su remisión
de forma inmediata al apoderado de la parte demandante, como se podrá observar
en los documentos que se anexan.
Posteriormente, a través de la ventanilla virtual, aportó al expediente la certificación de
constancia de la ejecutoria de la sentencia con fecha del 13 de febrero de 2026.
3.3. El Ministerio de Defensa guardó silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00349 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00349 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00349 00.
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00349 00.
7 Esta orden se cumplió el 12 de febrero de 2026. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00349 00.
8 Visto en los índices 11 y 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 00349 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Accionante: Alexis Mora Valencia
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sala observa que el señor Alexis Mora Valencia, a través de apoderado, elevó petición
el 9 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba en que solicitó la
constancia de ejecutoria de la sentencia del 19 de mayo de 2025, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, bajo el núm. de radicado 23001 23 31 000 2010 004000
00/01. Solicitudes que fueron reiteradas en tres ocasiones: i) 10 de noviembre de 2025,
ii) 15 de diciembre de 2025 y iii) 15 de enero de 2026.
El accionante alegó que, a la fecha de radicación de esta acción de tutela (21 de enero
de 2026), no había recibido respuesta por parte del tribunal accionado, por lo que
consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, de petición y acceso a
la administración de justicia.
Sobre el ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Sala de
Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de petición no es
procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho
cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si
el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas,
pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 200813, precisó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento
de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en
el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse
dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.
Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento
de la actividad judicial (Negrilla fuera del texto)
En el caso sub examine, se advierte que las solicitudes radicadas por el accionante el 9
de septiembre de 2025 y subsiguientes comportan que la autoridad judicial accionada se
pronuncie sobre una cuestión inherente al trámite de un proceso judicial, la cual debe ser
atendida y resuelta con sujeción a los procedimientos legalmente establecidos para el
acceso a expedientes y la expedición de copias.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el amparo solicitado resulta improcedente
respecto del derecho fundamental de petición invocado14.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, por oficio del 13 de febrero de 2026, la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba certificó lo siguiente15:
En fecha 19 de mayo del año 2025, el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, con
ponencia del Magistrado Nicolás Yepes Cabrales, profirió sentencia de segunda
14 Esta postura ha sido reiterada por esta Sección, Consejo de Estado- Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, expediente núm. 11001-03-15-
000-2025-06426-00, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
15 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
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instancia mediante la cual, MODIFICÓ la sentencia del 30 de mayo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
La sentencia de segunda instancia antes mencionada fue suscrita por la Sala De
Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, notificada a las
partes a través de edicto electrónico fijado el 07 de julio de 2025 y desfijado el 9 de
julio de 2025; por lo tanto, quedó ejecutoriada el día 14 de julio de 2025.
En las providencias en mención se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Conforme lo anotado, la Sala estima que, se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado, comoquiera que lo pretendido por el actor en la acción de tutela era que
se expidiera las copias auténticas y constancia de ejecutoria de las sentencias proferidas
en el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 23001 23 31 000
2010 004000 00/01
Al respecto, se observa que, en el trámite de la acción de tutela, la secretaria del Tribunal
Administrativo de Córdoba por oficio del 13 de febrero de 2026 expidió la constancia de
ejecutoria solicitada.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que está configurado el fenómeno de carencia
actual de objeto por hecho superado, porque los motivos que originaron la presentación
de la acción de tutela ya fueron satisfechos en el transcurso del presente trámite tutelar.
Al efecto, se recuerda que, la acción de tutela fue establecida por la Constitución Política
de 1991 con la finalidad de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y
sumario, solicite la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en
ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que
dieron origen a la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de
amparo pierda su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial”16.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura “cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío” (…)”17 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado o (iii) una
situación sobreviniente.
En cuanto al hecho superado, se presenta cuando:
[…] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza
o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia
de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas
las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los
derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita)
[…]18.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que:
[…] la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son
concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una
parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción a los
presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una
amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de
decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las
pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser […]19.
En consecuencia, como la situación fáctica que dio lugar a la presentación de la solicitud
de amparo ya fue atendida por la autoridad judicial accionada en el trámite de la tutela,
la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Alexis Mora Valencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela interpuesta por el señor Alexis Mora Valencia, según
lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de
marzo de 2026.
19 Ibidem.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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