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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00303-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00303-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela proferida el 3 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará de la siguiente manera: PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Elizabeth Huertas Núñez, frente a la presunta mora judicial alegada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Elizabeth Huertas Núñez, respecto a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 29Esta postura ha sido reiterada por esta Sección, Consejo de Estado- Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, expediente núm. 11001-03-15- 000-2025-06426-00, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01 Accionante: Elizabeth Huertas Núñez Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2025-00303-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Villavicencio
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela por presunta mora judicial en el trámite de
un proceso ejecutivo y por presunta vulneración del
derecho fundamental de petición
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Elizabeth Huertas Núñez en
contra la sentencia de tutela proferida el 3 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Meta, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Elizabeth Huertas Núñez, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio y para
ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERA: - Se declare que la JUEZ SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE
Villavicencio – Meta, ha vulnerado los derechos fundamentales de petición,
acceso a la administración de justicia, mora judicial y derechos de los
demandantes.

SEGUNDA: Se tutele los derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, mora judicial y debido proceso y derecho fundamental de petición.

TERCERA: Como consecuencia, se ordene a la JUEZ SEPTIMO
ADMINISTRATIVO DE Villavicencio – Meta, entregar a los demandantes los
dineros consignados a órdenes del proceso hasta el monto de la liquidación
aprobada por el juzgado.

CUARTO: Su señoría ruego a usted para que la Dra. CLARA PIEDAD
RODRÍGUEZ CASTILLO que los principios de celeridad, eficiencia y efectividad
en toda la actuación procesal en este proceso. (Negrillas y mayúsculas originales
del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00303 01.

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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

La accionante informó que dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado núm. 50001 33 31 004 2010 00005 00 se profirió sentencia el 21 de abril de
2015, mediante la cual se condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) a pagar, a su favor y al de los demás demandantes, perjuicios inmateriales en
la modalidad de morales equivalentes a cincuenta 50 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Manifestó que, ante el incumplimiento del INPEC en el pago de lo ordenado en la
sentencia, por intermedio de apoderado judicial promovió proceso ejecutivo con el fin de
obtener el pago de las sumas adeudadas, el cual correspondió por reparto al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio bajo el radicado núm. 50001 33 33
007 2016 00442 00.

Señaló que dentro de ese proceso ejecutivo se profirieron sentencias de primera y
segunda instancia que accedieron a sus pretensiones. Posteriormente, el 3 de octubre
de 2022 presentó la liquidación del crédito, la cual fue aprobada mediante providencia del
7 de noviembre de 2024.

Sostuvo que el despacho judicial tardó aproximadamente dos años en resolver la
liquidación del crédito, pese a los requerimientos formulados por su apoderada dentro del
proceso.

Expuso que dentro del trámite ejecutivo se decretaron medidas cautelares y desde el año
2018 se encuentran consignados a órdenes del juzgado dineros por valor de
$144.656.289,86, según consta en la sabana de títulos expedida por el despacho judicial.

Indicó que, una vez quedó en firme la liquidación del crédito, su apoderada presentó
varias solicitudes para que se ordenara la entrega de los dineros consignados a órdenes
del proceso, con fundamento en el artículo 447 del Código General del Proceso. Precisó
que dichas solicitudes fueron radicadas el 9 de diciembre de 2024, el 17 de enero de
2025, el 26 de junio de 2025, el 8 de agosto de 2025 y el 20 de agosto de 2025.

Anotó que, pese a las solicitudes presentadas, el juzgado no resolvió oportunamente la
entrega de los recursos. Agregó que mediante auto del 28 de abril de 2025 el despacho
dispuso que, una vez vencido el traslado correspondiente, el proceso ingresara al
despacho para ordenar la entrega de los dineros consignados.

Adujo que, posteriormente, mediante auto del 25 de agosto de 2025 el despacho no
resolvió la solicitud de entrega de los recursos y en su lugar, dispuso verificar por
secretaría las sumas de dinero consignadas por el INPEC dentro del proceso.

Afirmó que, al revisar otro proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 2015-
00036-00, adelantado por José Luis Rodríguez Conde contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, observó que en dicho expediente se resolvió una petición
posterior a las presentadas dentro de su proceso, mientras que en su caso aún no se
había adoptado decisión frente a las solicitudes de entrega de dineros.

Finalmente, reprochó que desde el año 2018 los recursos permanecen consignados a
órdenes del juzgado sin haber sido entregados a los demandantes, pese a las múltiples
solicitudes presentadas por su apoderada. Alegó que esta situación configura una mora
judicial injustificada que le ocasiona perjuicios, en la medida en que los dineros retenidos
no generan intereses ni reconocimiento de indexación, lo que implica la pérdida de su
2

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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

poder adquisitivo con el paso del tiempo y vulnera sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y de petición.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 10 de septiembre de 20252 y correspondió por reparto al
Tribunal Administrativo del Meta que, por auto del 16 del mismo mes y año3 la admitió y
dispuso notificar4 al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, como
parte accionada.

3.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio5, expuso que el
proceso ha surtido diversas actuaciones desde 2016, entre ellas el mandamiento de
pago, la práctica de medidas cautelares, la decisión de seguir adelante con la ejecución
confirmada en segunda instancia, la aprobación de la liquidación del crédito en noviembre
de 2024 y posteriores actuaciones relacionadas con cesiones de crédito, sucesión
procesal y verificación de consignaciones.

Señaló que tales decisiones han sido necesarias para garantizar los derechos de todas
las partes antes de proceder a la entrega de los dineros consignados, por lo que negó la
existencia de mora judicial o vulneración de derechos fundamentales. Agregó que el
despacho tramita aproximadamente 304 procesos y que en el último trimestre ha
proferido alrededor de 85 sentencias ordinarias, además de las acciones
constitucionales, lo que incide en los tiempos de respuesta. En consecuencia, solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela al considerar que las actuaciones del
juzgado se han ajustado al debido proceso.

3.3. Por sentencia de primera instancia proferida el 25 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Meta negó la solicitud de amparo6.

3.4. Inconforme con la precitada decisión, la parte actora presentó impugnación 7, la cual
fue concedida por auto del 3 de octubre de 20258.

3.5. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 6 de octubre de
20259.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
4 Esta orden se cumplió el día 16 de septiembre de 2025. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 50001 23 33 000 2025 00303 01.
5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 00.
8 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
9 Ibidem.

3

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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

3.6. Por auto del 28 de octubre de 202510 el despacho ponente advirtió que en el trámite
de primera instancia no se vinculó al INPEC, ni a los señores Félix Huertas Núñez, Juliana
Núñez de Huertas, Leonor Huertas, Celia Huertas Núñez, Aurora Huertas Núñez, Luis
Eduardo Lizarazo, Livis Huertas Núñez, Luz Dary Huertas Núñez y Vitalia Huertas Núñez,
quienes tienen interés directo en el resultado del proceso, en razón a que son parte en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 50001 33 33 007 2016 00442 00,
objeto de esta solicitud de amparo, por lo que se podría estar incurso en la causal de
nulidad establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso.

Por lo anterior, en el precitado auto se dispuso poner en conocimiento de los interesados
de la posible causal de nulidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 ejusdem.

3.7. La precitada providencia fue notificada a la accionante, al juzgado accionado y al
INPEC el 4 de noviembre de 202511 y a los demás interesados el 24 de noviembre de
202512.

3.8. Mediante escrito radicado el 7 de noviembre de 202513, la coordinadora del Grupo
de Tutelas de la Dirección General del INPEC manifestó que esa entidad no fue vinculada
al trámite de primera instancia, razón por la cual consideró que se configuró la causal de
nulidad prevista en el artículo 133 del Código General del Proceso. En consecuencia,
solicitó que se declarara la dicha nulidad y que el expediente fuera remitido al despacho
de origen para que se le permitiera ejercer su derecho de pronunciarse dentro del trámite.

3.9. El señor Luis Eduardo Lizarazo León allegó escrito dentro del presente trámite de
tutela en el que informó que, dentro del proceso ejecutivo, que cursa ante el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, le fue reconocida la cesión de
derechos, por lo que tiene interés directo en los títulos consignados a órdenes de dicho
proceso.

Señaló que en múltiples oportunidades se ha solicitado la entrega de los dineros sin que
el despacho haya adoptado una decisión, situación que a su juicio evidencia una mora
judicial injustificada y afecta sus derechos al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, petición, mínimo vital y seguridad jurídica14.

3.10. Mediante auto del 15 de diciembre de 202515, el despacho declaró la nulidad de lo
actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela del 16 de septiembre de 2025,
al advertir que no fueron vinculados ni notificados el INPEC ni otros sujetos con interés
en las resultas del proceso. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al Tribunal
Administrativo del Meta para que integrara debidamente el contradictorio y adelantara
nuevamente el trámite de primera instancia.

10Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
11Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

50001 23 33 000 2025 00303 01.
12Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
13Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
14Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
15Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
4

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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

3.11. Mediante auto del 21 de enero de 202616, el Tribunal Administrativo del Meta
obedeció y cumplió lo resuelto en providencia del 15 de diciembre de 2025, que había
declarado la nulidad de lo actuado por indebida integración del contradictorio. En
consecuencia, ordenó vincular al INPEC y a los demás interesados directos en el proceso
ejecutivo y dispuso que se pronunciaran dentro del término de 2 días hábiles sobre los
hechos de la acción de tutela.

3.12. El INPEC17, contestó y señaló que la entidad ha adelantado las actuaciones
necesarias para dar cumplimiento a la sentencia proferida dentro del proceso de
reparación directa y al posterior proceso ejecutivo, para lo cual expidió las resoluciones
correspondientes y efectuó las gestiones necesarias para la constitución de los depósitos
judiciales.

Sostuvo que la eventual demora en la entrega de los dineros obedece a actuaciones
propias del trámite judicial, ajenas a la órbita de competencia del INPEC, por lo que
consideró que no existe vulneración de derechos fundamentales atribuible a esa entidad.
En consecuencia, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

3.13. Los señores Félix Huertas Núñez, Juliana Núñez de Huertas, Leonor Huertas, Celia
Huertas Núñez, Aurora Huertas Núñez, Livis Huertas Núñez, Luz Dary Huertas Núñez y
Vitalia Huertas Núñez, guardaron silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 3 de febrero de 2026, negó
la acción de tutela promovida por la señora Elizabeth Huertas Núñez.

Indicó que la solicitud de amparo se sustentaba en la presunta mora judicial del Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio en el trámite del proceso ejecutivo
radicado núm. 50001 33 33 007 2016 00442 00, particularmente por la ausencia de
pronunciamiento oportuno frente a las solicitudes de entrega de los dineros consignados,
pese a encontrarse en firme la liquidación del crédito.

Sin embargo, tras revisar el informe rendido por el juzgado accionado y las actuaciones
del expediente, concluyó que no se configuraba una mora judicial injustificada, pues
durante el período comprendido entre diciembre de 2024 y agosto de 2025 el despacho
había adoptado diversas decisiones procesales orientadas a resolver aspectos
necesarios antes de disponer la entrega de los recursos.

En particular, señaló que se ordenó correr traslado frente a requisitos advertidos por el
INPEC para el cumplimiento de la sentencia, se requirió a los herederos de una
ejecutante fallecida para acreditar su fallecimiento e impulsar la sucesión procesal, se
dispuso verificar la distribución de los depósitos judiciales, se aumentó el límite de la
medida cautelar de embargo y se admitió una cesión de crédito a favor de un tercero.

16Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
17Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

En ese contexto, precisó que dichas actuaciones incluían la verificación de depósitos
judiciales y la ampliación de medidas cautelares, diligencias que resultaban necesarias
antes de ordenar la entrega material de los recursos. Por ello concluyó:

De esta manera, lo probado en el expediente muestra que la aparente tardanza
en la entrega de dineros no obedeció a una omisión arbitraria, sino a la necesidad
de resolver aspectos procesales previos que condicionaban la entrega, entre ellos
la sucesión de una ejecutante fallecida, la validez de cesiones de derechos
litigiosos y la confirmación de las consignaciones efectuadas por la entidad
ejecutada.

De otra parte, al estudiar la alegada vulneración del derecho fundamental de petición,
explicó que las solicitudes formuladas por la accionante se encontraban directamente
vinculadas al trámite del proceso ejecutivo y, por tanto, debían resolverse conforme a las
reglas procesales aplicables.

En ese sentido adujo que, tratándose de solicitudes elevadas dentro de un proceso
judicial, la eventual falta de respuesta no configura una vulneración del derecho de
petición, sino que debe analizarse en el marco del debido proceso y del acceso a la
administración de justicia. Al respecto señaló lo siguiente:

Por tal razón, la omisión de respuesta frente a las solicitudes elevadas por las
partes en virtud del proceso judicial y las funciones que sobre él ostenta el
funcionario judicial no vulneran el derecho fundamental de petición sino el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, siempre que dicha omisión se
encuentre injustificada al interior del proceso judicial.

Con fundamento en estas consideraciones, concluyó que las actuaciones desplegadas
por el juzgado accionado demostraban que el proceso había continuado su trámite y que
la tardanza alegada encontraba justificación en las decisiones adoptadas para resolver
aspectos procesales indispensables, por lo que no se acreditó vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

Advirtió que, el 26 de enero de 2026, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Villavicencio profirió una providencia dentro del proceso ejecutivo mediante la cual
resolvió aspectos relacionados con la sucesión procesal de una ejecutante fallecida y
dispuso la entrega de los depósitos judiciales constituidos, decisión que fue recurrida por
la apoderada de los ejecutantes.

Finalmente, concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales
de petición, debido proceso ni acceso a la administración de justicia, razón por la cual
negó el amparo solicitado.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia la accionante lo impugnó18 con el fin de
que se revocara la decisión y en su lugar, se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ordenando la entrega de la
totalidad de los dineros consignados dentro del proceso ejecutivo.

18 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

Sostuvo que el juez de tutela no valoró las pruebas aportadas por la accionante, pues se
limitó a acoger el informe rendido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Villavicencio, sin efectuar a su juicio una valoración probatoria imparcial.

Manifestó que, aunque el despacho accionado ha realizado actuaciones dentro del
proceso, la controversia no radica en la existencia de actividad procesal sino en la demora
para resolver la solicitud de entrega de los dineros, pese a que según indicó se
encuentran cumplidos los presupuestos procesales para ello.

Afirmó que el juzgado ha incurrido en actuaciones dilatorias, al ingresar el proceso al
despacho en varias oportunidades sin resolver todas las solicitudes pendientes y
postergar la decisión sobre la entrega de los recursos, lo cual según señaló ha obligado
a la parte ejecutante a esperar durante meses la resolución de su petición.

Agregó que tal situación desconoce los principios de celeridad, economía procesal y el
deber del juez de decidir oportunamente, así como la jurisprudencia constitucional sobre
la prohibición de dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

Igualmente, indicó que la negativa a ordenar la entrega de los dineros le ha generado un
perjuicio irremediable, en la medida en que los recursos permanecen consignados desde
hace tiempo y ello implica la pérdida de su valor adquisitivo, pese a que según afirmó los
requisitos previstos en el artículo 447 del Código General del Proceso se encuentran
cumplidos desde hace más de dos años.

Finalmente, reiteró que ha presentado múltiples solicitudes de entrega de los recursos
entre ellas el 9 de diciembre de 2024, el 17 de enero, el 26 de junio, el 8 de agosto y el
20 de agosto de 2025 sin que el juzgado accionado haya resuelto de fondo dicha petición,
razón por la cual solicitó revocar el fallo de primera instancia y ordenar la entrega de los
dineros consignados.

5.2. Por auto del 12 de febrero de 2026 se concedió la impugnación19 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 17 de febrero de 202620.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 21, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo

19 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
20 Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 50001

23 33 000 2025 00303 01.
21 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
7

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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

de 201522, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202123, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201924, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.2.1. Mediante sentencia proferida el 21 de abril de 2015, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado núm. 50001 33 31 004 2010 00005 00, se
condenó al INPEC al pago de perjuicios morales a favor de la señora Elizabeth Huertas
Núñez y otros demandantes.

6.2.2. Ante el incumplimiento de dicha condena, los demandantes promovieron proceso
ejecutivo, el cual correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Villavicencio, bajo el radicado núm. 50001 33 33 007 2016 00442 00.

6.2.3. Dentro del citado proceso ejecutivo se practicaron medidas cautelares, en virtud
de las cuales desde el año 2018 se encuentran consignados a órdenes del despacho
depósitos judiciales por valor de $144.656.289,86.

6.2.4. El 3 de octubre de 2022 la parte ejecutante presentó la liquidación del crédito, la
cual fue aprobada mediante providencia del 7 de noviembre de 2024.

6.2.5. Con posterioridad a la aprobación de la liquidación del crédito, la apoderada de la
accionante presentó varias solicitudes para que se ordenara la entrega de los dineros
consignados, las cuales fueron radicadas el 9 de diciembre de 2024, el 17 de enero de
2025, el 26 de junio de 2025, el 8 de agosto de 2025 y el 20 de agosto de 2025.

6.2.6. Durante el trámite del proceso ejecutivo, el despacho judicial profirió diversas
providencias orientadas a continuar con el trámite del proceso. En particular, mediante
auto del 28 de abril de 2025 decretó la ampliación de la medida cautelar de embargo
decretada previamente dentro del proceso.

6.2.7. Posteriormente, mediante auto del 25 de agosto de 2025, el juzgado admitió la
cesión de crédito realizada por la señora Aurora Huertas Núñez a favor del señor Luis
Eduardo Lizarazo León y dispuso verificar las consignaciones efectuadas dentro del
proceso.

6.2.8. Finalmente, mediante auto del 26 de enero de 2026, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Villavicencio decretó la sucesión procesal derivada del
fallecimiento de una de las ejecutantes, reconoció a sus herederos y dispuso la entrega
de los depósitos judiciales constituidos dentro del proceso ejecutivo.

22 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
23 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
24 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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Radicado: 50001 23 33 000 2025 00303 01
Accionante: Elizabeth Huertas Núñez
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la señora Elizabeth Huertas Núñez interpuso acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales, cuya vulneración
atribuye a la presunta mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo identificado con el
radicado núm. 50001 33 33 007 2016 00442 00, adelantado ante el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Villavicencio.

Para sustentar su solicitud de amparo, sostuvo que, pese a que dentro de dicho proceso
se encuentran consignados depósitos judiciales desde el año 2018 y que la liquidación
del crédito fue aprobada el 7 de noviembre de 2024, el despacho judicial no resolvió
oportunamente las solicitudes presentadas para la entrega de los dineros consignados,
lo cual a su juicio configura una mora judicial injustificada.

Para resolver, la Sala recuerda que, en relación con la mora judicial, la Corte
Constitucional en sentencia SU 179 de 202125, indicó lo siguiente:

[…] la mora judicial ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un
“fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad
humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos”26. De ahí que, la mora judicial se presenta cuando, por fuera de los
términos legales previstos en los códigos de procesales, los jueces omiten proferir
las decisiones a su cargo […].

En esa misma oportunidad, la Corte Constitucional precisó que27:

[…] 74. Frente a la tardanza o mora por parte de los jueces en el cumplimiento de
los términos judiciales, esta Corte ha determinado que es posible promover acción
de tutela para reclamar la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que estos pueden
resultar afectados por dicha omisión judicial. En estos eventos, corresponde al
juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora judicial justificada o
injustificada, teniendo en consideración que son hipótesis que surgen por distintas
causas y tienen diferentes implicaciones. En ese sentido, este tribunal ha reiterado
que “no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales
de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un
desconocimiento de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo
justifique”. Para tal efecto, deberán examinarse, en cada caso concreto, las
condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicial, evaluarse si existe
o no una justificación debidamente probada que explique la mora […]”.

75. En esa medida, la Corte ha entendido que, aun cuando se superen los
términos procesales para que el juez adopte una determinación, no hay violación
de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por
consiguiente, no se desconoce la garantía a obtener una decisión de fondo sin
dilaciones injustificadas y dentro del plazo razonable, cuando se constata que
existe un motivo válido que justifica la mora judicial, es decir, cuando se trata de
una mora judicial justificada. Ello, exige analizar si el incumplimiento del término
procesal “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se

25 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
26 Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018.
27 Corte Constitucional Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan
otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”.

[…]

77. En concordancia con lo anterior, esta Corte ha señalado que es dado afirmar
que existe mora judicial injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite
que el juez no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una
omisión en el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, de manera reiterada,
ha sostenido que la dilación injustificada que viola los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se configura cuando
está demostrado que “(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de la autoridad judicial” […]. (Se destaca).

En el asunto bajo examen, se encuentra acreditado que dentro del proceso ejecutivo en
cuestión se practicaron medidas cautelares en virtud de las cuales desde el año 2018 se
encuentran consignados a órdenes del despacho depósitos judiciales por valor de
$144.656.289,86. Posteriormente, el 3 de octubre de 2022 la parte ejecutante presentó
la liquidación del crédito, la cual fue aprobada mediante providencia del 7 de noviembre
de 2024.

Con posterioridad a dicha decisión, la apoderada de la accionante presentó varias
solicitudes dirigidas a obtener la entrega de los dineros consignados dentro del proceso,
radicadas el 9 de diciembre de 2024, el 17 de enero de 2025, el 26 de junio de 2025, el
8 de agosto de 2025 y el 20 de agosto de 2025.

No obstante, revisadas las actuaciones surtidas dentro del expediente, se advierte que el
despacho judicial continuó adelantando actuaciones procesales dirigidas a impulsar el
trámite del proceso ejecutivo. En particular, mediante auto del 28 de abril de 2025 se
dispuso la ampliación de la medida cautelar de embargo; posteriormente, mediante auto
del 25 de agosto de 2025 se admitió la cesión de crédito realizada por una de las
ejecutantes y se ordenó verificar las consignaciones efectuadas dentro del proceso; y
finalmente, mediante auto del 26 de enero de 2026 se decretó la sucesión procesal
derivada del fallecimiento de una de las ejecutantes, se reconoció a sus herederos y se
dispuso la entrega de los depósitos judiciales constituidos, decisión contra la cual se
presentó recurso de reposición.

Conforme a lo anterior, la Sala concluye que no se encuentra acreditada una mora judicial
injustificada, pues del expediente se evidencia que el despacho accionado adelantó
diversas actuaciones orientadas a continuar el trámite del proceso ejecutivo, dirigidas a
resolver asuntos procesales necesarios antes de disponer la entrega de los depósitos
judiciales, tales como la sucesión procesal de una ejecutante fallecida, la cesión de
derechos litigiosos y la verificación de los depósitos judiciales. En ese contexto, no se
advierte una omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, como la parte accionante no logró demostrar la configuración de una
mora judicial injustificada, no hay lugar a conceder el amparo por este concepto.

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Ahora bien, también corresponde a la Sala pronunciarse respecto de la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición alegada por la accionante, quien
sostuvo que, a pesar de las solicitudes presentadas y de que la liquidación del crédito
había sido aprobada mediante providencia del 7 de noviembre de 2024, el despacho
judicial no resolvió oportunamente la entrega de los recursos consignados, razón por la
cual estimó vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

Sobre el ejercicio del derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Sala de
Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que el ejercicio del derecho de petición no es
procedente cuando se pretende obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho
cometido.

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si
el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas,
pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.

Al respecto, la Sala en sentencia de 17 de julio de 200828, precisó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos;
y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento
de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-
00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en
el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse
dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los
lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las

28 Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.

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solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos
que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el
juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como
tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos.
Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar
gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento
de la actividad judicial (Negrilla fuera del texto)

En ese contexto, la Sala advierte que las solicitudes presentadas por la accionante se
formularon dentro del trámite de un proceso judicial y se encontraban encaminadas a
obtener decisiones propias del desarrollo del proceso ejecutivo, razón por la cual su
análisis no corresponde al ámbito del derecho fundamental de petición, sino al de las
actuaciones procesales que deben resolverse conforme a las reglas propias del proceso
judicial.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que el amparo solicitado resulta improcedente
respecto del derecho fundamental de petición invocado29.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala modificará el fallo de primera instancia en el
sentido de, por una parte, negar el amparo respecto de la mora judicial alegada; y por
otra, declarar improcedente la acción de tutela respecto del derecho fundamental de
petición, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela proferida el 3 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará de la siguiente manera:

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Elizabeth Huertas Núñez,
frente a la presunta mora judicial alegada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Elizabeth Huertas Núñez, respecto a la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

29Esta postura ha sido reiterada por esta Sección, Consejo de Estado- Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de noviembre de 2025, expediente núm. 11001-03-15-
000-2025-06426-00, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 26
de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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