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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01967-00

Fecha
20 de febrero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01967-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Steven Smith Becerra Castro contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Sala Segunda de Decisión, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 15 Radicación:11001-03-15-000-2025-01967-00 Accionante: Steven Smith Becerra Castro Acción de tutela–Primera instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01967-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

20 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01967-00

Accionante: STEVEN SMITH BECERRA CASTRO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Steven Smith Becerra Castro contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que revocó la sentencia de primera instancia
del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali, y negó las pretensiones de
la demanda de reparación directa 2 del accionante contra la Nación–Rama Judicial–
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial–Fiscalía General de la Nación–Policía
Nacional.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 3 de abril de 2025, Steven Smith Becerra Castro, actuando mediante apoderado
judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad, reparación integral y tutela
judicial efectiva; que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al haber proferido la sentencia del 2 de diciembre de 2024, dentro del proceso de

1 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-001-2019-00202-02.
2 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-001-2019-00202-02.

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Acción de tutela–Primera instancia

reparación directa promovido contra la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial–Fiscalía General de la Nación–Policía Nacional, mediante la cual
se revocó la sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Cali y negó las pretensiones orientadas a declarar administrativamente
responsable a la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial–
Fiscalía General de la Nación–Policía Nacional por la privación injusta de la libertad de la
cual fue objeto el señor Steven Smith Becerra Castro desde el 5 de diciembre de 2011
hasta el 13 de septiembre de 2012.

En virtud del amparo, el accionante solicitó textualmente:

«PRIMERO. – AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales de
igualdad, debido proceso y tutela judicial efectiva del señor STEVEN SMITH
BECERRA CASTRO, en consecuencia;

SEGUNDO. – ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir
una nueva sentencia en la cual aplique la regla de decisión del precedente judicial
de la materia de acuerdo con la fundamentación en derecho de la presente
acción.»

2. Hechos relevantes

El 5 de diciembre de 2011, el señor Steven Smith Becerra Castro fue capturado por
miembros de la Policía Nacional en el municipio de Dagua (Valle del Cauca), quienes
reportaron su aprehensión en flagrancia por el presunto porte ilegal de un arma de fuego
y tráfico de estupefacientes, luego de un operativo en el que, según el informe policial, el
accionante habría intentado darse a la fuga y se le habría incautado un arma de fuego de
fabricación artesanal con una vainilla y un cartucho calibre 38 especial. Como
consecuencia, fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional.

El Juzgado 9 Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías legalizó la
captura, formuló imputación y, ante la no aceptación de cargos por parte del indiciado, le
impuso medida de aseguramiento intramural en la cárcel Villahermosa de Cali.
Posteriormente, el 8 de febrero de 2012, la Fiscalía presentó escrito de acusación; el 6
de junio de 2012 se celebró la audiencia preparatoria y el 9 de julio de 2012 dio inicio el
juicio oral. El 13 de septiembre de 2012, el Juzgado 12 Penal Municipal de Cali ordenó la
libertad del señor Becerra Castro por vencimiento de términos, luego de haber
permanecido privado de la libertad durante nueve (9) meses y ocho (8) días, desde el 5
de diciembre de 2011.

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
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Finalmente, el 23 de agosto de 2017, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Cali profirió
sentencia absolutoria, considerando que la Fiscalía y el Juez habían sido «inducidos al
error» y que, ante la falta de pruebas técnicas y las contradicciones testimoniales de los
policías, «no se logró probar en este caso ni la materialidad de la conducta, ni mucho
menos la responsabilidad del acusado [...] por lo tanto, se aplica el principio in dubio pro
reo».

Ante ello, el absuelto y su grupo familiar presentaron demanda de reparación directa el
29 de octubre de 20193, por la privación injusta de su libertad, con el fin de declarar
administrativamente responsable a la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial–Fiscalía General de la Nación–Policía Nacional por la privación
injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Steven Smith Becerra Castro desde el
5 de diciembre de 2011 hasta el 13 de septiembre de 2012.

En dicho proceso formuló tres pretensiones: (i) que se declare administrativamente
responsable a la Nación–Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial–
Fiscalía General de la Nación–Policía Nacional por la privación injusta de la libertad de la
cual fue objeto el señor Steven Smith Becerra Castro desde el 5 de diciembre de 2011
hasta el 13 de septiembre de 2012; (ii) que se les condene a pagar perjuicios materiales,
por lucro cesante y daño emergente y perjuicios morales.

El proceso fue conocido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali,
que mediante sentencia de primera instancia del 29 de septiembre de 2023 consideró
que eran extracontractualmente responsables la Nación–Ministerio de Defensa–Policía
Nacional al encontrar acreditado un daño antijurídico, consistente en la privación de la
libertad del señor Steven Smith Becerra Castro durante nueve (9) meses y ocho (8) días,
daño que el afectado no estaba en el deber jurídico de soportar, toda vez que el proceso
penal culminó con sentencia absolutoria en la que se concluyó que no se probó ni la
materialidad de la conducta ni la responsabilidad penal, aplicándose el principio in dubio
pro reo. En ese contexto, el despacho sostuvo que la restricción de la libertad resultó
desproporcionada e irrazonable, a la luz de los parámetros fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021, al haberse impuesto
una medida severa que finalmente se reveló injustificada.

3 Proceso identificado con número de radicación: 11001-3335-010-2023-00225-00/01.

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Acción de tutela–Primera instancia

Asimismo, el Juzgado consideró que no se configuraba ninguna causal eximente de
responsabilidad, en particular la culpa exclusiva de la víctima, pues recordó que el juez
contencioso no puede valorar conductas preprocesales ni reabrir el juicio penal ya
resuelto, so pena de desconocer la presunción de inocencia. En consecuencia, imputó el
daño al constatar que la privación de la libertad se produjo como resultado del
funcionamiento del aparato judicial y de investigación penal, sin que existiera una
justificación constitucionalmente válida para trasladar al ciudadano las cargas derivadas
de una investigación que concluyó con su absolución definitiva

En consecuencia de lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Cali i) declaró extracontractualmente responsables a la Nación–Ministerio de Defensa–
Policía Nacional por el daño antijurídico ocasionado a los demandantes derivado de la
privación injusta de la libertad del demandante; ii) condenó a la Nación–Ministerio de
Defensa–Policía Nacional, a pagar, por concepto de perjuicios inmateriales a título de
daño moral; iii) condenó a la Nación–Ministerio de Defensa–Policía Nacional a pagar, por
concepto de perjuicios morales de las víctimas indirectas; y, iv) negó las demás
pretensiones de la demanda.

Posteriormente, el 17 de octubre de 2023, la Nación–Ministerio de Defensa–Policía
Nacional presentó recurso de apelación contra la sentencia del 29 de septiembre de 2023,
en el que argumentó que no se configuró un daño antijurídico, pues la captura y la medida
de aseguramiento del señor Steven Smith Becerra Castro se adoptaron conforme a la
ley, en situación de flagrancia, y fueron legalizadas por la autoridad judicial competente.
Sostuvo que la absolución penal posterior no genera automáticamente responsabilidad
del Estado, que el juzgado valoró indebidamente las pruebas al desconocer la legalidad
del procedimiento policial y judicial, y que no se analizó la culpa de la víctima ni la falta
de legitimación en la causa por pasiva, razones por las cuales pidió negar las
pretensiones.

La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca–Sala
Segunda de Decisión, que mediante sentencia del 2 de diciembre de 2024 revocó la
decisión adoptada en primera instancia y consideró que aunque el señor Steven Smith
Becerra Castro fue absuelto penalmente, la privación de la libertad no fue antijurídica. La
Sala sostuvo que la absolución se produjo por aplicación del in dubio pro reo, derivada

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
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de contradicciones probatorias surgidas en el juicio, pero no porque el hecho no existiera,
fuera atípico o se demostrara una captura ilegal. Por ello, la absolución no implicaba
automáticamente responsabilidad estatal. Además, reiteró que la legalización de la
captura y la imposición de la medida de aseguramiento fueron adoptadas por un juez
competente, con base en elementos probatorios existentes al momento procesal
correspondiente. El Tribunal concluyó que la medida de aseguramiento cumplió los
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues se apoyó en indicios serios,
como el informe de captura en flagrancia, el acta de incautación del arma y el estudio
balístico. En consecuencia, estimó que el demandante tenía el deber jurídico de soportar
la detención preventiva, razón por la cual no se configuró un daño antijurídico imputable
al Estado

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial del accionante Becerra Castro.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la providencia cuestionada incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial, en particular, de la Sentencia de Unificación 072
de 2018 de la Corte Constitucional, así como las subreglas desarrolladas por el Consejo
de Estado para establecer la responsabilidad administrativa del Estado en este tipo de
eventos.

En su criterio, el Tribunal restringió indebidamente la procedencia de la responsabilidad
estatal a los supuestos en los que la absolución penal se produce porque el hecho no
existió o la conducta era objetivamente atípica, omitiendo considerar que, conforme al
precedente constitucional, la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo
también, como el presente caso, puede dar lugar a responsabilidad objetiva.

Afirma además que, el Tribunal encasilló el análisis exclusivamente en la falla en el
servicio como título de imputación del daño, que no se encontró probada, cuando ha
debido analizar este caso como un daño especial, es decir, de responsabilidad objetiva,
con el fin de verificar si se produjo un desbalance en las cargar públicas que el ciudadano
no estaba en deber jurídico de soportar.

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
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Finalmente, la parte actora reitera sus argumentos en el proceso ordinario, acerca de los
vicios de los medios de conocimiento que se allegaron a la Fiscalía y al Juez de Control
de Garantías, que fue inducido al error al decretar la medida de aseguramiento intramural.

4. Trámite procesal

El 21 de abril de 2025, se admitió la acción de tutela4 y se ordenó su notificación a los
magistrados que profirieron la providencia enjuiciada, así como a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional y Nación-Fiscalía General de la Nación, como tercera
interesada. Se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se publicó
la providencia en la página web de esta Corporación. Igualmente, se solicitó al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle enviar
copia digital del expediente del medio de control. Finalmente, se le reconoció personería
para actuar al apoderado.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el Magistrado Ponente de la
sentencia enjuiciada, contestó la demanda de tutela 5 y solicitó que se declare
improcedente la medida, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional
dado que «el actor no cumple con la carga argumentativa» que la justifique. Además,
considera el ponente, que se está buscando reabrir el debate de instancia. En cualquier
caso, considera que no existe violación a los derechos fundamentales de la accionante.

En su escrito de contestación6, la Policía Nacional manifestó que la acción de tutela
incoada no procede, ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
del accionante. En conclusión, determinó que la accionante pretendía abrir el debate ya
zanjado en las instancias. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a pesar de
figurar como tercera con interés, solicitó ser desvinculada por «falta de legitimación por
pasiva» 7 . Finalmente, el Juez Primero Administrativo de Cali, envió copia digital del
expediente del proceso ordinario8.

4 SAMAI, índice 4.
5 SAMAI, índice 11.
6 SAMAI, índice 12.
7 SAMAI, índice 13.
8 SAMAI, índice 10.

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Acción de tutela–Primera instancia

Posteriormente, el 30 de mayo de 20259, este despacho profirió sentencia de primera
instancia, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela promovida por
Steven Smith Becerra Castro contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca–Sala
Segunda de Decisión. Dicha providencia fue impugnada por el apoderado de la parte
accionante10.

La Sala de lo Contencioso Administrativo–Sección Primera11, estando el proceso en su
despacho para decidir la impugnación del fallo de primera instancia, puso en
conocimiento de la Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y los
señores Diana Patricia Nazarith González en nombre propio y en representación de sus
hijos menores de edad L.S.B.N y A.M.B.N., María Nancy Castro Lince, Luigi Murillo
Castro, Angie Lorena Murillo Castro, Marlyn Yulieth Trujillo Castro, Luz Edith Castro,
Deiby Cardona Castro, Cenobia Castro Lince, Melany Sofia Murillo Londoño, Mirian Stela
Castro, Cristian Andrés Lugo Castro, Rafael Lugo Castro, Didier Alexander Cardona
Castro, Carolina Ipiales Cardona y Erika Ipiales Cardona, una posible nulidad. Ello, por
no haber sido vinculados ni notificados del auto admisorio de la acción de tutela, pese a
haber sido parte en el proceso de reparación directa relacionado y tener interés directo
en el resultado del proceso.

El 3 de octubre de 202512, el apoderado judicial de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, solicitó la nulidad de todo lo actuado dentro de la acción de tutela
desde el auto admisorio del 21 de abril de 2025, al considerar que no fue debidamente
vinculada ni notificada desde dicha actuación. Sostuvo que la omisión vulneró su derecho
al debido proceso, defensa y contradicción. En consecuencia, solicitó declarar la nulidad
de lo actuado y ordenar la debida vinculación de las entidades y terceros con interés en
el proceso.

El 5 de noviembre de 202513, mediante auto proferido por la Sección Primera, se declaró
la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, para que se integrara
en debida forma el contradictorio.

El 1 de diciembre 202514, este despacho admitió nuevamente la demanda demanda y
se ordenó su notificación a los magistrados que profirieron la providencia enjuiciada, así

9 SAMAI, índice 19.
10 SAMAI, índice 23.
11 SAMAI, índice 5 de segunda instancia.
12 SAMAI, índice 10 de segunda instancia.
13 SAMAI, índice 18 de segunda instancia.
14 SAMAI, índice 32.

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Acción de tutela–Primera instancia

mismo, se vinculó como terceros interesados a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, Nación-Fiscalía General de la Nación Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; y a los señores Diana Patricia Nazarith González en nombre
propio y en representación de sus hijos menores de edad L.S.B.N y A.M.B.N., María
Nancy Castro Lince, Cenobia Castro Lince, Luigui Murillo Castro, Angie Lorena Murillo
Castro, Marlyn Yulieth Trujillo Castro, Luz Edith Castro, Deiby Cardona Castro, Melany
Sofia Murillo Londoño, Mirian Stela Castro Castro, Cristian Andrés Lugo Castro, Rafael
Lugo Castro, Didier Alexander Cardona Castro, Carolina Ipiales Cardona y Erika Ipiales
Cardona. Igualmente, se solicitó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali y
al Tribunal Administrativo del Valle enviar copia digital del expediente del medio de
control. Finalmente, se le reconoció personería para actuar al apoderado.

La Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, en su escrito de contestación15,
solicitó negar el amparo al considerar que no se configura una vulneración de derechos
fundamentales, ni existe legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad,
pues la tutela se dirige realmente contra una providencia judicial. Sostuvo que la acción
resulta improcedente, al pretender reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción
contencioso-administrativa y fungir como una tercera instancia, sin acreditarse ninguno
de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. Indicó, además, que la decisión cuestionada no es arbitraria ni caprichosa, sino
que se encuentra debidamente motivada y ajustada a derecho, por lo que no se evidencia
defecto alguno que habilite la intervención del juez constitucional.

Por su parte, la Policía Nacional, solicitó en su contestación16 negar la tutela al
considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, pues la
sentencia cuestionada valoró correctamente las pruebas y concluyó que la medida de
aseguramiento fue legal, pese a la posterior absolución por duda. Sostuvo que dicha
absolución no implica automáticamente privación injusta de la libertad ni responsabilidad
estatal, y que la acción de tutela es improcedente al pretender reabrir un debate ya
resuelto sin acreditarse un perjuicio irremediable

De igual forma, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, reiteró17 la contestación
presentada el 25 de abril de 2025, en la cual solicitó que se declare improcedente la
medida, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional dado que «el actor

15 SAMAI, índice 38.
16 SAMAI, índice 41.
17 SAMAI, índice 42.

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no cumple con la carga argumentativa» que la justifique. Adicionalmente, sostuvo que se
está buscando reabrir el debate de instancia, y que, en todo caso, no se configura
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

Finalmente, el Juez Primero Administrativo de Cali, envió copia digital del expediente del
proceso ordinario18.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia del 2
de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle-Sala Segunda de
Decisión, mediante la se revocó la sentencia de primera instancia del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Cali y negó las pretensiones formuladas en el proceso
de reparación directa19, promovido por el accionante contra la Nación–Rama Judicial–
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial–Fiscalía General de la Nación–Policía
Nacional.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental20. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se

18 SAMAI, índice 39.
19 Proceso identificado con número de radicación: 76001-33-33-001-2019-00202-02.
20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela21.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional22: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los

21 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
22 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

El señor Steven Smith Becerra Castro promovió acción de tutela contra la sentencia del
2 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
considerar que dicha providencia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la dignidad humana, a la reparación integral y a la tutela judicial efectiva.

La Sala advierte que, la tutela promovida por el señor Becerra Castro será declarada
improcedente, toda vez que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional. Esto, pues la Sala observa que lo que pretende la accionante es reabrir el
debate que quedó zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamento principal de la acción de tutela, el accionante sostiene
que existió un desconocimiento del precedente constitucional fijado en la Sentencia de
Unificación 072 de 2018, debido a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
estudió el caso aplicando un título de imputación objetiva, como lo es el daño especial.

Al respecto, la sentencia SU-072 de 201823, al fijar las reglas jurisprudenciales aplicables
al título de imputación en los casos de privación injusta de la libertad, analizó el alcance
de la responsabilidad estatal y concluyó lo siguiente:

«Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la
absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del
principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se
acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser
condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación

23 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de
la cual se restringió́ preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto
erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.»

De lo anterior se desprende que el precedente constitucional no impone al juez la
obligación de analizar en todos los casos la responsabilidad del Estado bajo un régimen
objetivo, ni tampoco exige que dicho análisis se realice de manera subsidiaria y
automática. Por el contrario, la SU-072 de 2018 reconoce un margen de apreciación
judicial para definir el título de imputación aplicable, el cual depende del análisis
minucioso de las particularidades del caso concreto y del ejercicio de la discrecionalidad
razonada del juez natural.

En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por el accionante corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar la responsabilidad estatal. Sin
embargo, tal pretensión desconoce que la definición del título de imputación hace parte
del fuero interno del juzgador, siempre que se encuentre debidamente motivada, como
ocurrió en el presente caso.

De igual manera, la Sala advierte que la providencia cuestionada no desconoció el
precedente fijado en la Sentencia SU-072 de 2018, pues el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca analizó expresamente los criterios establecidos por la Corte
Constitucional en dicha sentencia así:

«El Consejo de Estado ha venido aplicando el régimen objetivo de responsabilidad
y mediante sentencia de unificación del 17 de octubre de 201311, la Sección
Tercera del Consejo de Estado aclaró que privación de la libertad también era
injusta cuando la absolución o preclusión se decretaba por aplicación del in dubio
pro reo y que se tiene que aplicar el régimen objetivo cuando la absolución o
preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el
sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o en aplicación del indubio pro reo.
En los demás casos debía aplicarse un régimen subjetivo.

Sin embargo, en julio de 2018 (acá hizo citó la sentencia SU-072 de 2028 en el pie
de página), la Corte Constitucional abordó, desde una perspectiva constitucional,
el tema de la responsabilidad del Estado por privación de libertad y realizó algunas
observaciones a la jurisprudencia que, hasta ese momento, sostenía el Consejo
de Estado.

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Radicación:11001-03-15-000-2025-01967-00
Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Acción de tutela–Primera instancia

Señaló que, a pesar de la significativa importancia que tienen dentro del Estado
Social de Derecho, la libertad podía ser restringida por razones de prevención y
persecución de delitos, protección a las víctimas, comparecencia de presuntos
infractores a la ley, entre otras razones de interés general, circunstancias que en
nada afectaban el principio de presunción de inocencia en materia penal. Agregó
que la privación preventiva de la libertad resultaba válida a la luz de la Constitución
si se respetan los criterios de necesidad y proporcionalidad.

Explicó que la mera privación de la libertad y la posterior absolución o preclusión
del proceso penal no eran suficientes para asumir la existencia de un daño
antijurídico, pues la restricción de la libertad sí podía resultar válida y, por ende,
jurídica en términos de la Constitución. A partir de lo anterior, indicó que, en los
casos de privación de la libertad, el análisis del daño antijurídico no puede
circunscribirse a la forma de terminación del proceso penal, sino que debe recaer
sobre la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida restrictiva de la
libertad.

En ese sentido, recordó que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 fue
condicionado13 y expresó que “una interpretación adecuada del artículo 68 de la
Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos
casos [privación injusta de la libertad], impone considerar, independientemente del
título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial
penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad».

Al hacer alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional
estimó que era válido asumir la existencia del daño antijurídico cuando la
preclusión o absolución se daba porque el hecho no existió o la conducta era
atípica, porque en esos casos era evidente que la restricción de la libertad
resultaba irrazonable y desproporcionada. A juicio de la corte, las autoridades que
ejercen jurisdicción penal están en condiciones de verificar los presupuestos de la
existencia del hecho y la tipicidad de la conducta desde la etapa preliminar de la
investigación y, de no tener certeza sobre ellos, lo razonable y proporcional era
abstenerse de imponer medidas restrictivas de la libertad a una persona.

En cambio, respecto de los eventos en que la absolución o preclusión se da porque
el investigado no cometió el delito o por aplicación del principio de indubio pro reo
o atipicidad subjetiva, la corte consideró que no permitían deducir directamente la
falta de razonabilidad o desproporción de la medida preventiva de la libertad, en
tanto que las autoridades que ejercen jurisdicción penal solo podrían tener certeza
de esos supuestos cuando culminara la etapa investigativa o la etapa del juicio.
Por lo tanto, en esos casos lo procedente era que el juez administrativo analizara
las pruebas y las particularidades del caso para determinar si la medida respetó
los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.»

Se evidencia así que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no solo tuvo en
cuenta la Sentencia SU-072 de 2018, sino que aplicó los criterios y lineamientos fijados
por la Corte Constitucional, al reconocer que la absolución penal, incluso por aplicación
del principio in dubio pro reo, no conlleva automáticamente la declaratoria de

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Acción de tutela–Primera instancia

responsabilidad objetiva del Estado. En ese marco, la providencia cuestionada efectuó el
análisis exigido sobre la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento.

En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia del accionante con el ejercicio legítimo
de la función jurisdiccional y con la interpretación del precedente en materia de privación
injusta de la libertad.

En suma, la Sala concluye que la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía
judicial y aplicó correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por el
accionante en sede de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación
adoptada y a intentar reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.

Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones
expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Steven Smith Becerra
Castro contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-Sala Segunda de Decisión,
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Acción de tutela–Primera instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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