Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01967-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01967-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01967-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 01967 01
Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 20 de febrero de 2026 por la Sección Tercera – Subsección “C” del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Steven Smith Becerra Castro, actuando a través de apoderado, interpuso acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
PRIMERO. – AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales de
igualdad, debido proceso y tutela judicial efectiva del señor STEVEN SMITH
BECERRA CASTRO, en consecuencia;
SEGUNDO. – ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir
una nueva sentencia en la cual aplique la regla de decisión del precedente judicial
de la materia de acuerdo con la fundamentación en derecho de la presente acción.
(Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que fue capturado el 5 de diciembre de 2011 por miembros de la
Policía Nacional, quienes reportaron que la aprehensión ocurrió en flagrancia por el
presunto porte ilegal de un arma de fuego y tráfico de estupefacientes. Según el informe
policial, el capturado habría intentado huir y se le habría incautado un arma de fabricación
artesanal, junto con una vainilla y un cartucho calibre 38 especial.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 01967 00.
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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
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El Juzgado Noveno Penal Municipal de Cali, con función de control de garantías, legalizó
la captura, llevó a cabo la formulación de imputación y, ante la no aceptación de cargos,
impuso medida de aseguramiento intramural en la cárcel Villahermosa de Cali.
Continuó relatando que, el 8 de febrero de 2012 la Fiscalía presentó escrito de acusación
en su contra, el 6 de junio de 2012 se celebró la audiencia preparatoria y el 9 de julio de
2012 inició el juicio oral.
Señaló que, mediante decisión del 13 de septiembre de 2012, el Juzgado Doce Penal
Municipal de Cali ordenó la libertad del señor Becerra Castro por vencimiento de
términos, luego de haber permanecido privado de la libertad durante 9 meses y 8 días.
Indicó que, mediante sentencia del 23 de agosto de 2017, el Juzgado Décimo Penal del
Circuito de Cali lo absolvió al considerar que la Fiscalía y el juez de control de garantías
fueron inducidos en error, pues existían contradicciones relevantes en las declaraciones
de los policiales y no se practicaron pruebas técnicas que permitieran acreditar la
materialidad de la conducta ni la responsabilidad penal del procesado, por lo tanto, se
aplicó el principio in dubio pro reo.
Manifestó que, junto con su grupo familiar presentó demanda de reparación directa contra
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pretendiendo
que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de dichas entidades por
la privación injusta de la libertad que soportó desde el 5 de diciembre de 2011 hasta el
13 de septiembre de 2012, y que se les reconocieran perjuicios materiales y morales.
El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cali que, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023 absolvió a la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, pero declaró extracontractualmente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional al estimar que se configuró un daño antijurídico
derivado de la privación de la libertad del demandante, pues la sentencia penal
absolutoria concluyó que no se probó la materialidad de la conducta ni la responsabilidad
penal.
Inconforme con la decisión anterior, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
interpuso recurso de apelación en el que alegó que no se configuró un daño antijurídico,
porque la captura y la medida de aseguramiento se adoptaron conforme a la ley, fueron
legalizadas por la autoridad judicial competente y estuvieron soportadas en elementos
materiales probatorios existentes para ese momento. También sostuvo que la absolución
penal no generaba automáticamente responsabilidad estatal y que el juzgado valoró
indebidamente las pruebas.
La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión, autoridad judicial que, mediante sentencia del 2 de diciembre de
2024 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que, si bien el señor Becerra Castro fue absuelto penalmente, ello
no implicaba, por sí solo, que la privación de la libertad hubiera sido antijurídica.
Lo anterior, debido a que la absolución se produjo por aplicación del principio in dubio pro
reo, debido a contradicciones probatorias advertidas en el juicio oral, pero no porque se
hubiera demostrado que el hecho no existió, que la conducta fuera objetivamente atípica
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o que la captura hubiese sido ilegal. Asimismo, indicó que la captura fue legalizada por
un juez de control de garantías y que la medida de aseguramiento fue impuesta por una
autoridad judicial competente, con base en elementos de convicción disponibles para ese
momento procesal. Por ello, concluyó que la medida no fue arbitraria, desproporcionada
ni contraria a los procedimientos legales, y que el demandante tenía el deber jurídico de
soportarla.
En el escrito de tutela, el accionante adujo que la sentencia acusada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial. En particular, sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca desconoció la Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional y las subreglas fijadas por el Consejo de Estado en materia de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
Expuso que la autoridad accionada restringió indebidamente la responsabilidad estatal a
los eventos en los que la absolución penal se produce porque el hecho no existió o porque
la conducta era objetivamente atípica; sin embargo, afirmó que, conforme al precedente
constitucional, la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo también puede
dar lugar a responsabilidad del Estado.
Agregó que la autoridad judicial accionada centró el análisis en la falla del servicio y omitió
estudiar el asunto bajo el título de imputación de daño especial. En su criterio, el Tribunal
debió verificar si la privación de la libertad generó una carga desproporcionada que el
demandante no estaba en el deber jurídico de soportar.
Finalmente, reiteró que los medios de conocimiento que dieron lugar a la captura y a la
medida de aseguramiento estaban viciados, pues, según afirmó, fueron elaborados por
agentes policiales de forma arbitraria e ilegal, lo que habría inducido en error a la Fiscalía
y al juez de control de garantías.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 3 de abril de 20252 y correspondió por reparto a la Sección
Tercera – Subsección “C” de esta Corporación que, por auto del 21 de abril de 20253 la
admitió y dispuso notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad
judicial accionada y vincular a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Nación-
Fiscalía General de la Nación, como terceros con interés.
Surtido el trámite correspondiente, la primera instancia profirió sentencia del 30 de mayo
de 20254, decisión que fue impugnada. El conocimiento de la segunda instancia
correspondió a la Sección Primera de esta Corporación.
Estando el proceso para fallo de segunda instancia, la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial alegó la nulidad de lo actuado, por indebida
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
4 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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integración del contradictorio y mediante proveído del 5 de noviembre de 20255, el
despacho a cargo de la segunda instancia en aquel momento declaró la nulidad de lo
actuado desde el auto admisorio de la demanda de tutela y ordenó impartir un nuevo
trámite.
En cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 1 de diciembre de 20256, el despacho
de conocimiento de la Sección Tercera – Subsección “C” de esta Corporación admitió
nuevamente la acción de tutela, y dispuso notificar7 al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, como parte accionada.
Adicionalmente, ordenó vincular8 a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
Nación-Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; y a los señores Diana Patricia Nazarith González en nombre
propio y en representación de sus hijos menores de edad L.S.B.N y A.M.B.N., María
Nancy Castro Lince, Cenobia Castro Lince, Luigui Murillo Castro, Angie Lorena Murillo
Castro, Marlyn Yulieth Trujillo Castro, Luz Edith Castro, Deiby Cardona Castro, Melany
Sofia Murillo Londoño, Mirian Stela Castro Castro, Cristian Andrés Lugo Castro, Rafael
Lugo Castro, Didier Alexander Cardona Castro, Carolina Ipiales Cardona y Erika Ipiales
Cardona como terceros con interés.
De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegaran copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 76001 33 33 001 2019
00202 00/01/02, el cual fue remitido9.
3.2. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó
informe10 en el que solicitó negar el amparo. Para el efecto, propuso la falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la acción de tutela no se dirige
contra una actuación atribuible a esa entidad, sino contra la sentencia del 2 de diciembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Señaló que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y que, en
este caso, la parte actora pretende reabrir un debate ya resuelto por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En ese sentido, sostuvo que el mecanismo constitucional no
puede ser utilizado como una tercera instancia ni como un medio para obtener una nueva
valoración del asunto.
Agregó que no se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Además, indicó que la decisión
cuestionada no fue arbitraria ni caprichosa, sino que estuvo debidamente motivada y se
profirió con observancia de las garantías procesales de las partes. Por último, afirmó que
no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales invocados ni defecto alguno
5 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 01.
6 Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
7 Esta orden se cumplió el 11 de diciembre de 2025. Visto en los índices 35 y 36 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 01967 00.
8 Ibidem
9 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 01967 00.
10 Visto en el índice 38 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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que habilite la intervención del juez constitucional, razón por la cual pidió desestimar las
pretensiones de la solicitud de amparo.
3.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali11 manifestó que no ha
amenazado o vulnerado los derechos fundamentales del accionante.
3.4. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional allegó escrito12 en el que solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela. Señaló que no se acreditó la vulneración
de los derechos fundamentales invocados, pues el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca valoró los medios de prueba obrantes en el proceso ordinario y concluyó que la
medida de aseguramiento impuesta al señor Becerra Castro fue legal, razonable y
proporcional.
Sostuvo que la absolución penal posterior, fundada en la aplicación del principio in dubio
pro reo, no implica automáticamente la configuración de una privación injusta de la
libertad ni la responsabilidad patrimonial del Estado. Agregó que la parte actora pretende
reabrir un debate ya resuelto por el juez natural y que no acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional.
3.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca también allegó escrito13 en el que
solicitó negar el amparo. Señaló que la parte actora atribuyó a la sentencia del 2 de
diciembre de 2024 la configuración de un defecto fáctico, sin desarrollarlo, y el
desconocimiento del precedente, por la presunta aplicación indebida de la Sentencia SU-
072 de 2018.
Sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues el accionante no asumió la carga argumentativa necesaria para
demostrar una vulneración concreta de derechos fundamentales. Agregó que la
providencia cuestionada revocó la sentencia de primera instancia con fundamento en el
precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los criterios de
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida privativa de la libertad.
Finalmente, indicó que la controversia planteada no puede reabrirse en sede
constitucional, porque ello implicaría convertir la tutela en una instancia adicional. Por
tanto, afirmó que no se configuraron los defectos alegados ni se vulneraron los derechos
fundamentales invocados.
3.6.La Nación-Fiscalía General de la Nación y los señores Diana Patricia Nazarith
González en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad L.S.B.N
y A.M.B.N., María Nancy Castro Lince, Cenobia Castro Lince, Luigui Murillo Castro, Angie
Lorena Murillo Castro, Marlyn Yulieth Trujillo Castro, Luz Edith Castro, Deiby Cardona
Castro, Melany Sofia Murillo Londoño, Mirian Stela Castro Castro, Cristian Andrés Lugo
Castro, Rafael Lugo Castro, Didier Alexander Cardona Castro, Carolina Ipiales Cardona
y Erika Ipiales Cardona, guardaron silencio.
11 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
12 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
13 Visto en el índice 42 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera – Subsección “C” del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20
de febrero de 202614, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
requisito general de relevancia constitucional.
Sostuvo que el señor Steven Smith Becerra Castro pretendía reabrir el debate resuelto
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 2 de diciembre de
2024, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia y se negaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa.
Señaló que el accionante alegó el desconocimiento de la Sentencia SU-072 de 2018,
porque, a su juicio, el Tribunal debió estudiar la responsabilidad del Estado bajo un título
de imputación objetivo, como el daño especial. Sin embargo, precisó que dicho
precedente no impone al juez la obligación de analizar todos los casos de privación injusta
de la libertad bajo un régimen objetivo, ni exige declarar automáticamente la
responsabilidad estatal cuando la absolución penal se produce por aplicación del principio
in dubio pro reo.
Agregó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí tuvo en cuenta la Sentencia
SU-072 de 2018 y aplicó sus criterios, pues analizó la legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento impuesta al actor. En ese sentido,
consideró que la providencia cuestionada estuvo debidamente motivada y que la
controversia planteada correspondía a un desacuerdo del accionante con la
interpretación efectuada por el juez natural.
Por lo anterior, concluyó que no se acreditó una actuación arbitraria o caprichosa de la
autoridad judicial accionada, ni una vulneración directa de derechos fundamentales. En
consecuencia, estimó que la acción de tutela no podía utilizarse como una instancia
adicional para revisar el criterio adoptado por el Tribunal dentro del proceso ordinario.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el accionante la impugnó15
manifestando que la solicitud de amparo sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues no pretende reabrir un debate meramente legal ni convertir la tutela
en una instancia adicional, sino obtener un juicio de validez constitucional frente al
presunto desconocimiento del precedente judicial aplicable.
Sostuvo que la decisión impugnada no aplicó correctamente los criterios fijados en la
Sentencia SU-215 de 2022 sobre relevancia constitucional, porque omitió verificar que la
controversia involucra el alcance de los derechos fundamentales a la dignidad humana,
igualdad de trato jurídico y tutela judicial efectiva.
En su criterio, el defecto alegado se relaciona con la inaplicación de la ratio decidendi de
la Sentencia SU-072 de 2018, según la cual la absolución penal por aplicación del
principio in dubio pro reo puede comprometer la responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad.
14 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
15 Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
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Agregó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debió analizar el caso bajo el
régimen objetivo de responsabilidad o daño especial, de manera subsidiaria, conforme a
las reglas fijadas por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado en asuntos
similares. Por ello, afirmó que la sentencia de primera instancia desconoció la dimensión
constitucional del debate y solicitó su revocatoria.
5.2. Por auto proferido el 20 de mayo de 2026 se concedió la impugnación16 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 19 de junio de 202617.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 18, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201519, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202120, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201921, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente22:
6.2.1. El señor Steven Smith Becerra Castro y su núcleo familiar promovieron demanda
a través del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios derivados de la privación
de la libertad que soportó desde el 5 de diciembre de 2011 hasta el 13 de septiembre de
2012.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Cali que, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2023, absolvió a la
16 Visto en el índice 53 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 00.
17 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 01967 01.
18 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
19 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
20 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
21 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
22 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 76001 33 33 001 2019 00202
00/01/02.
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Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, declaró extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y la condenó al pago de perjuicios morales.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional interpuso recurso de apelación.
6.2.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión, mediante
sentencia del 2 de diciembre de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala considera
necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en
el escrito de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito
general de relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]23.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
23 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que24:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
24 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo está siendo utilizada por la parte actora
para reabrir el debate resuelto en el proceso de reparación directa, comoquiera que sus
reproches están orientados a controvertir lo resuelto por la autoridad judicial accionada
respecto del título de imputación aplicable.
En la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó
que la absolución penal por aplicación del principio in dubio pro reo no implica, de manera
automática, la responsabilidad objetiva del Estado. Por el contrario, sostuvo que,
conforme al precedente constitucional, era necesario analizar si la medida restrictiva de
la libertad cumplió con los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
En ese sentido, el tribunal advirtió que la medida de aseguramiento impuesta al señor
Becerra Castro fue adoptada por autoridad judicial competente y estuvo soportada en los
elementos de convicción existentes para ese momento procesal, entre ellos, el informe
de captura en flagrancia, el acta de incautación del arma y el estudio balístico.
Así, la Sala observa que la inconformidad del accionante corresponde a un desacuerdo
con la interpretación jurídica efectuada por el juez natural, pues pretende que el juez
constitucional imponga una forma específica de analizar la responsabilidad del Estado,
bajo el título de imputación de daño especial.
Sin embargo, la definición del título de imputación aplicable y la valoración de las pruebas
hacen parte de la autonomía del juez ordinario, siempre que la decisión se encuentre
debidamente motivada, como ocurrió en este caso. Por tanto, no se advierte una
actuación arbitraria o caprichosa, ni un desconocimiento del precedente constitucional
alegado.
En consecuencia, la controversia propuesta no evidencia un problema de relevancia
constitucional, sino una discrepancia con la decisión adoptada en el proceso ordinario.
Por ello, la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2026 proferida por la Sección
Tercera – Subsección “C” de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
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Accionante: Steven Smith Becerra Castro
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de julio
de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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